Polémica compa?ía de seguridad privada se instala en EE.UU.
Erik Prince, responsable del grupo empresario due?o de Blackwater USA, dando testimonio por la responsabilidad de civiles muertos en Irak y Afganistán a manos de miembros de su empresa de seguridad privada.
Las manifestaciones en contra expresadas por la ciudadanía y la demanda legal interpuesta por la ciudad de San Diego no lograron frenar los planes de la compa?ía de seguridad privada Blackwater Worldwide de instalarse en la frontera de Estados Unidos con México. La controvertida empresa, con sede en Carolina del Norte y dedicada al reclutamiento, capacitación y servicio de seguridad de tipo militar para contratistas públicos y privados, entre ellos el Gobierno Federal de los Estados Unidos, fijó su mirada en esta región por intereses que no han sido revelados.
"Algo huele mal cuando vemos que una empresa como Blackwater quiere instalarse en una comunidad a escondidas, sin rendir cuentas y sin informar cuales son sus verdaderos propósitos", le dijo a Terra Magazine el periodista estadounidense Jeremy Schaill, autor del libro Blackwater: The Rise of the Most Powerful Mercenary Army (Blackwater: el ascenso del ejército más poderoso y mercenario).
Luego de que en el a?o 2007 la comunidad del poblado Potrero, ubicado en el límite Este del condado de San Diego, frustrara los intereses de la compa?ía de construir un centro de adiestramiento, Blackwater cambió de estrategia e inició los trámites para adecuar sus instalaciones al parque industrial de Mesa de Otay, situado a escasos 500 metros de la frontera estadounidense con Tijuana, México.
El pasado mes de abril, el departamento de Servicios Urbanos del condado de San Diego, dio a conocer que, valiéndose del nombre de dos empresas constructoras, Blackwater solicitó de manera discrecional los permisos de construcción y operación de un centro de capacitación bajo el giro de "escuela vocacional". Ante la irregularidad en el trámite y la presión que ejercieron organizaciones civiles y el sector empresarial, las autoridades locales demandaron a la compa?ía, que interpuso una queja legal, argumentando que al retrasar su apertura se ponía en riesgo el contrato que mantiene para capacitar en el inmueble de Mesa de Otay a elementos de la Marina.
Sorpresivamente, el miércoles 3 de junio la Juez Federal Marilyn Duff entregó la aprobación para que Blackwater iniciara sus actividades en el centro de capacitación militar, que cuenta con un área para la práctica de tiro. Esta acción fue leída por el investigador Jeremy Schaill y por activistas sociales como uno de los tantos favores del gobierno federal a Blackwater. "Es fácil suponer que la compa?ía pretende iniciar sus operaciones en Otay para posteriormente expandirse en más zonas del Condado y del Estado; es lo que ya han hecho en otras regiones", argumentó el periodista, quien también se refirió al caso del asesinato de 17 civiles en Irak, suceso por el que elementos de Blackwater y la misma compa?ía son investigados.
De la misma manera, Schaill indicó que recientemente Gary Jackson, presidente de la organización mercenaria, se presentó ante el Congreso de la Nación para proponer un proyecto de privatización de la Patrulla Fronteriza; argumentó que, de ser entrenada a través de Blackwater, esta corporación representaría un costo más bajo para el erario público y tendría mejores resultados. "No podemos permitir que en este momento que vive la historia fronteriza, con tanta xenofobia y racismo hacia los migrantes, se den cosas así", puntualizó Schaill.
Las instalaciones de Blackwater en Mesa de Otay ya se encuentran en funcionamiento, y la latente amenaza de sus intenciones por blindar la frontera y convertirse en exterminadores de migrantes seguramente impulsará la realización de más manifestaciones en su contra, aseveró el activista Pedro Ríos, director del Comité de Servicios de los Amigos. Ríos, Schaill y otro centenar de ciudadanos acudieron a manifestarse en las afueras del centro de capacitación, que luce remozado con una lona institucional que muestra la leyenda "orgullosamente, sirviendo a la fuerza naval de los Estados Unidos". El regidor Benjamín Hueso y el congresista federal Bob Filner oficializaron su apoyo hacia la causa. Por su parte, Nativo López, presidente nacional de la Asociación Política México-Americana (MAPA), se?aló que aunque la administración federal del presidente George W. Bush facilite el crecimiento de la corporación de seguridad privada en la frontera sur del país, "la comunidad debe oponerse y continuar con la lucha". Para Lópéz, "Bush ya tiene las patitas en la calle, y el pueblo debe movilizarse para desenmascarar a las personas que dieron el permiso para que Blackwater llegara aquí. Debemos seguir hasta acabar con Blackwater", remató
