Autor Tema: Policía, alcaldes y concejales  (Leído 304683 veces)

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1620 en: 14 de Octubre de 2014, 19:43:30 pm »
Lo que viene pasando
Desde hace años. Y al
Jefe, no
Le ocurrirá nada. Así me va a mi.


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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1621 en: 02 de Noviembre de 2014, 19:11:00 pm »
 :Plasplas El alcalde de la localidad de Cazalegas (Toledo) ha sido imputado por un delito de prevaricación administrativa por el juzgado nº 3 de Talavera de la Reina (Toledo). Este señor no daba trámite a las denuncias de sus familiares y amigos. No tengo el enlace para que podáis ver la noticia ampliada, pero lo podéis ver a través de el diario Latribunadetalavera.com,  del día 30 de noviembre de 2014.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1622 en: 02 de Noviembre de 2014, 19:17:56 pm »
Perdonad, la fecha del diario es del 30 de octubre de 2014. L denuncia la inició al Policía Local de la localidad.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1623 en: 02 de Noviembre de 2014, 20:00:23 pm »
:Plasplas El alcalde de la localidad de Cazalegas (Toledo) ha sido imputado por un delito de prevaricación administrativa por el juzgado nº 3 de Talavera de la Reina (Toledo). Este señor no daba trámite a las denuncias de sus familiares y amigos. No tengo el enlace para que podáis ver la noticia ampliada, pero lo podéis ver a través de el diario Latribunadetalavera.com,  del día 30 de noviembre de 2014.


Cazalegas

Ordenan juzgar a un alcalde por impedir que se multe a familiares

J.A.J./Toledo - jueves, 30 de octubre de 2014



Decretan la apertura de juicio oral al regidor Amando Blanco (IU) por una presunta prevaricación al no cursar sanciones de tráfico «a familiares y amigos», según la Fiscalía. Se pide su inhabilitación por 10 años
 
jajuez@diariolatribuna.com

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Talavera de la Reina ha dictado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Cazalegas, Amando Blanco (IU), por una presunta prevaricación administrativa por la que la Fiscalía reclama que se le inhabilite para cargo público durante 10 años. El Ministerio Público y los promotores de esta querella, agentes de la Policía Local de este municipio cercano a la Ciudad de la Cerámica, acusan al regidor de paralizar multas de tráfico a «familiares y amigos», según señala la Fiscalía en su escrito de acusación. El procesado asegura que aún no se le ha notificado la resolución pero defiende su inocencia sobre la base de que la querella obedece a una represalia de los policías locales por un conflicto laboral.
 En su auto, emitido el pasado lunes día 27, la jueza Ángela Sanz Rubio establece que contra el mismo no cabe apelar «excepto en lo relativo a la situación personal del acusado», lo que permite la presentación de un recurso de reforma.
 La querella que llevará a este juicio fue presentada el año pasado por los policías locales, que acusaron al regidor de no cursar a su debido tiempo multas que luego no eran abonadas al pasarse los plazos previstos. Tras haber prestado Blanco declaración en el Juzgado, la Fiscalía avala la acusación. En su escrito, afirma que entre diciembre de 2011 y noviembre de 2012,  «de forma deliberada y con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos», el alcalde no firmó «numerosos expedientes sancionadores de denuncias de tráfico». Impidió su tramitación «manteniéndolos en su poder por un periodo de tiempo superior a seis meses, dando lugar a su caducidad». Entiende que Blanco actuó así «por tratarse de expedientes de familiares y amigos».
El alcalde se defiende asegurando que los policías han promovido esta querella en venganza por un conflicto laboral iniciado cuando se modificó su convenio colectivo. Este conflicto llevó al Ayuntamiento a dictar un expediente sancionador a los agentes por una carta de queja que enviaron a la Consejería de Administraciones Públicas, en la que se calificaba de «necios» a los actuales gobernantes municipales.

No va a dimitir.

Blanco tiene claro que, aunque finalmente deba sentarse en un banquillo de acusados, no tiene previsto dimitir por este asunto. «Eso es lo que ellos quieren», afirma manifestando que no piensa dar ese triunfo a los policías locales que le han demandado.
 Hay que reseñar que Izquierda Unida dispone de un Código Ético desde 2006, que próximamente será sustituido por un borrador elaborado el año pasado. A esto se suma un Compromiso Ético firmado por sus candidatos municipales de los pasados comicios. Ninguno de los documentos vigentes establece de manera explícita que el alcalde de Cazalegas deba dimitir por un asunto como el que le afecta, aunque haya llegado a la fase de juicio oral.
 Sin embargo, el borrador de nuevo Código Ético sí determina que en casos que tengan que ver «con la corrupción política» o «la utilización de recursos públicos en beneficio de intereses privados ilegítimos» y haya habido una imputación judicial ratificada «por una resolución judicial posterior», el cargo afectado deberá presentar su dimisión.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1624 en: 02 de Noviembre de 2014, 20:09:30 pm »


No va a dimitir.



Dimitir?...ese verbo no existe.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1625 en: 09 de Noviembre de 2014, 12:50:14 pm »
:Plasplas El alcalde de la localidad de Cazalegas (Toledo) ha sido imputado por un delito de prevaricación administrativa por el juzgado nº 3 de Talavera de la Reina (Toledo). Este señor no daba trámite a las denuncias de sus familiares y amigos. No tengo el enlace para que podáis ver la noticia ampliada, pero lo podéis ver a través de el diario Latribunadetalavera.com,  del día 30 de noviembre de 2014.


Cazalegas

Ordenan juzgar a un alcalde por impedir que se multe a familiares

J.A.J./Toledo - jueves, 30 de octubre de 2014



Decretan la apertura de juicio oral al regidor Amando Blanco (IU) por una presunta prevaricación al no cursar sanciones de tráfico «a familiares y amigos», según la Fiscalía. Se pide su inhabilitación por 10 años
 
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Talavera de la Reina ha dictado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Cazalegas, Amando Blanco (IU), por una presunta prevaricación administrativa por la que la Fiscalía reclama que se le inhabilite para cargo público durante 10 años. El Ministerio Público y los promotores de esta querella, agentes de la Policía Local de este municipio cercano a la Ciudad de la Cerámica, acusan al regidor de paralizar multas de tráfico a «familiares y amigos», según señala la Fiscalía en su escrito de acusación. El procesado asegura que aún no se le ha notificado la resolución pero defiende su inocencia sobre la base de que la querella obedece a una represalia de los policías locales por un conflicto laboral.
 En su auto, emitido el pasado lunes día 27, la jueza Ángela Sanz Rubio establece que contra el mismo no cabe apelar «excepto en lo relativo a la situación personal del acusado», lo que permite la presentación de un recurso de reforma.
 La querella que llevará a este juicio fue presentada el año pasado por los policías locales, que acusaron al regidor de no cursar a su debido tiempo multas que luego no eran abonadas al pasarse los plazos previstos. Tras haber prestado Blanco declaración en el Juzgado, la Fiscalía avala la acusación. En su escrito, afirma que entre diciembre de 2011 y noviembre de 2012,  «de forma deliberada y con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos», el alcalde no firmó «numerosos expedientes sancionadores de denuncias de tráfico». Impidió su tramitación «manteniéndolos en su poder por un periodo de tiempo superior a seis meses, dando lugar a su caducidad». Entiende que Blanco actuó así «por tratarse de expedientes de familiares y amigos».
El alcalde se defiende asegurando que los policías han promovido esta querella en venganza por un conflicto laboral iniciado cuando se modificó su convenio colectivo. Este conflicto llevó al Ayuntamiento a dictar un expediente sancionador a los agentes por una carta de queja que enviaron a la Consejería de Administraciones Públicas, en la que se calificaba de «necios» a los actuales gobernantes municipales.

No va a dimitir.

Blanco tiene claro que, aunque finalmente deba sentarse en un banquillo de acusados, no tiene previsto dimitir por este asunto. «Eso es lo que ellos quieren», afirma manifestando que no piensa dar ese triunfo a los policías locales que le han demandado.
 Hay que reseñar que Izquierda Unida dispone de un Código Ético desde 2006, que próximamente será sustituido por un borrador elaborado el año pasado. A esto se suma un Compromiso Ético firmado por sus candidatos municipales de los pasados comicios. Ninguno de los documentos vigentes establece de manera explícita que el alcalde de Cazalegas deba dimitir por un asunto como el que le afecta, aunque haya llegado a la fase de juicio oral.
 Sin embargo, el borrador de nuevo Código Ético sí determina que en casos que tengan que ver «con la corrupción política» o «la utilización de recursos públicos en beneficio de intereses privados ilegítimos» y haya habido una imputación judicial ratificada «por una resolución judicial posterior», el cargo afectado deberá presentar su dimisión.



Cazalegas

El alcalde de Cazalegas insiste en las represalias de la Policía Local por bajarles el sueldo



Leticia G. Colao - domingo, 09 de noviembre de 2014

El regidor de Cazalegas detalló en un Pleno los conflictos con los policías, con lo que justificó la denuncia por paralizar multas a amigos y familiares
 
 El alcalde de Cazalegas explicó ayer largo y tendido los conflictos surgidos durante su mandato con los cuatro policías locales que integran el Cuerpo en el municipio, justificando así la denuncia interpuesta por los mismos contra su persona alegando «paralizar multas de tráfico a familiares y amigos» lo que supondría prevaricación administrativa. Tras ello, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Talavera  ha dictado la apertura de juicio oral y la Fiscalía reclama que se le inhabilite para cargo público durante 10 años.
 En un Salón de Plenos totalmente abarrotado, con muchísimos vecinos además del pasillo de acceso ante la falta de espacio, Amando Blanco, de Izquierda Unida, detalló los conflictos surgidos con los cuatro policías locales del municipio desde que su equipo de Gobierno entró en el Ayuntamiento, en 2011, e inició la regulación de sus condiciones de trabajo y renegociación su convenio colectivo, por lo que les acusó de promover la denuncia como venganza por los conflictos laborales entre ambas partes. En este sentido, aseguró que las denuncias, entre las que había algunas a familiares, «no fueron quitadas sino, no cursadas» tras pasar seis meses y caducar, algo que el edil aseguró no conocer.
 En ellos, Blanco informó de la petición por parte del Ayuntamiento a los policías del cuadrante de trabajo -que en un principio aseguraron no tener, según explicó el edil-; de los sueldos que en el anterior  mandato superaban o rondaban los 3.000 euros o del convenio «abusivo» que después de acordar modificar con condiciones «que siguen siendo buenas pero son más razonables para el municipio, aún no han venido a firmar». En este sentido, el alcalde critica que hasta que no se firme el nuevo acuerdo marco que rige el trabajo de los policías, permanece vigente el anterior, «y por ellos el sindicato UGT y los policías no quieren venir a firmar». No obstante, aseguró que llevarán el convenio hasta el juzgado «para que sea allí donde decidan».

También se refirió el alcalde a las numerosas bajas laborales que acumulan los cuatro efectivos policiales alegando todos ellos enfermedad común. En este sentido, aseguró que uno de ellos ha permanecido de baja durante 707 días, «y aún continúa», mientras que los otros tres lo han hecho por periodos de 542, 490 y 425 días, respectivamente. Así, explicó que solicitó a la Inspección Médica que concretara el tipo de patologías que tienen los efectivos policiales, para justificar más claramente los motivos que les impiden prestar servicio aunque se lo negaron por cuestiones de protección de datos. «Es una pelea continua», explicó indignado.

 El primer edil cazalegueño aseguró no creerse las bajas laborales porque, curiosamente, se encontró con alguno de ellos en las fiestas de pueblos vecinos, «uno vestido de faralaes y otro cuando se dirigía con su familia a correr las vaquillas», explicó.

 Por todo ello, y arropado por la mayor parte de los vecinos presentes en el Consistorio, Amando Blanco, aseguró que las nóminas tan elevadas de los policías locales  y sus complementos específicos «nos rompen todos los esquemas del presupuesto» y explicó que actualmente cobran poco más de 1.200 euros. «Nosotros hemos apostado por sacar este dinero del presupuesto y destinarlo a que la gente parada trabaje», indicó.

 Asimismo, explicó que en el próximo Pleno llevarán la aprobación de una auditoría «que levante las alfombras para ciento y un día» y revele la auténtica situación económica del Consistorio.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1626 en: 24 de Noviembre de 2014, 11:34:30 am »
cambian las tornas


La 'venganza' de Ginés: imputan a un edil de Coslada por acosar al exjefe de Policía


Roberto R. Ballesteros
24/11/2014

El Juzgado de Instrucción número 6 de Coslada está investigando al actual jefe de la Policía Local del municipio madrileño, Ángel Cerrato, y al concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Fernando Atienza, por acosar presuntamente al anterior responsable del cuerpo, Ginés Jiménez Buendía. El tribunal, obligado por la Audiencia Provincial, imputa a ambos los delitos de coacción, lesiones, prevaricación y contra la integridad moral.

La apertura de instrucción se produce después de que el exjefe de la Policía Local interpusiera una querella contra su sucesor y el mencionado edil por, según él, llevar a cabo “un continuo acoso laboral” cuando Jiménez se incorporó al cuerpo en noviembre de 2012, después de que el Juzgado de lo Contencioso número 5 de Madrid ordenara hasta en dos ocasiones al Ayuntamiento que le readmitiera. Meses antes, el alcalde, Raúl López, había suspendido a Jiménez por el caso Coslada.

Los juzgados de Coslada investigan al actual jefe de la Policía Local, Ángel Cerrato, y al concejal de Seguridad, Fernando Atienza

Atienza y Cerrato permitieron el reingreso de Jiménez tras los dos requerimientos judiciales, pero no le dieron las atribuciones propias de su nivel profesional. Así al menos lo argumenta el exjefe policial en su demanda, en la que asegura que ambos mandos, “prevaliéndose de su condición de superiores jerárquicos”, le “impidieron el ejercicio de las funciones propias” de alguien de su categoría profesional.

Jiménez arguye que, nada más incorporarse a su trabajo, el concejal y el actual jefe de Policía Local crearon un nuevo destino para él denominado Área de Proyectos y Estrategia Policial con “la clara finalidad de tenerle apartado de las normales funciones operativas del cuerpo”. También le impidieron el acceso al servicio de documentación y a las bases de datos policiales –algo que sí podían hacer sus subordinados– y le denegaron la entrada en los cuadrantes de organización de la plantilla, en los que aparecen todos los componentes. “Como si no existiera”, resume el escrito del querellante.

El alcalde de Coslada, Raúl López (sentado), fue acusado de favorecer a Ginés Jiménez. (Efe)
El alcalde de Coslada, Raúl López (sentado), fue acusado de favorecer a Ginés Jiménez. (Efe)

Asimismo, según Jiménez, los dos imputados le destinaron a “un despacho aislado de la segunda planta”. “Era una antigua biblioteca que no estaba acondicionada en absoluto” y que incluso era muy “fría”, describe la denuncia, que define la decisión de enviarle a ese lugar como “un aislamiento, un destierro y un castigo que forma parte del trato degradante” recibido.

El querellante relata que, incluso cuando faltaba el jefe de la Policía Local, porque libraba, este dejaba al mando a otro suboficial y no a Jiménez, que era el número dos del cuerpo y que tenía mayor rango profesional. “Con esa obsesión de dejarle relegado en su despacho, al oficial querellante" no le comunicaron que Cerrato se había ido de vacaciones o de libranza, denuncia Jiménez, que se queja de que el jefe tampoco solicitara su presencia ni siquiera cuando el 26 de febrero de 2013 varios accidentes provocaron un caos circulatorio que requirió la asistencia de todos los efectivos del cuerpo. El demandante asegura que se enteró por los medios de lo que había pasado.

Según Jiménez, los dos imputados le destinaron a 'un despacho aislado de la segunda planta', 'un aislamiento, un destierro y un castigo que forma parte del trato degradante' recibido

El exjefe de la Policía de Coslada afirma en su escrito que fue sometido a un trato degradante de cara al resto de funcionarios, que se menoscabó su integridad moral y que fue víctima durante varios meses de acciones “hostiles, humillantes y vejatorias”. Entre las tareas que le asignaron, detalla el denunciante, destacan recopilar jurisprudencia con el fin de elaborar un nuevo reglamento y un manual de buenas prácticas, realizar encuestas de calidad o confeccionar una nueva web para el cuerpo. Según arguye, las funciones de los oficiales de Policía Local no se pueden reinventar ni rediseñar, pues son las que marca la ley.

El imputado concejal Atienza ya saltó a la luz pública cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Coslada le condenó a pagar una multa de 650 euros por propinar una patada a un anciano que protestaba por las preferentes durante las fiestas celebradas en el pueblo en 2013. El testimonio de dos policías locales que estaban de servicio en ese momento fue clave para que el edil fuera castigado por la Justicia.

El querellante, Ginés Jiménez, por su parte, fue acusado en 2008 por la Policía Nacional de dirigir una trama organizada en la localidad. Fue el denominado caso Coslada, que tuvo un eco enorme en los medios. Actualmente, de los 26 imputados iniciales se ha pasado a seis, a los que ya no se acusa de blanqueo de capitales o asociación ilícita, sino de asuntos que conllevan penas sustancialmente menores.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1627 en: 24 de Noviembre de 2014, 11:37:19 am »
La venganza es un plato que se sirve frío . . .

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1628 en: 26 de Noviembre de 2014, 11:55:39 am »

Lora del Río

La Policía Local denuncia al alcalde por prevaricación


Los agentes acusan al regidor de no tramitar deliberadamente numerosas actas por infracciones administrativas.

Fernando Pérez Ávila , lora del río | Actualizado 26.11.2014 -
   
La Policía Local de Lora del Río ha presentado una denuncia por prevaricación contra el alcalde, Francisco Javier Reinoso (PSOE). La Policía acusa al regidor de archivar de manera deliberada la mayoría de las denuncias levantadas por la fuerza municipal en los últimos años. Se trata de denuncias contra establecimientos, actas de seguridad ciudadana, por infracciones a la ley antibotellón o por irregularidades en la venta ambulante. Sólo se han tramitado las de tráfico, según indicaron este martes a este periódico fuentes judiciales.

La denuncia está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 2 de Lora del Río, que ha citado a declarar al alcalde el próximo 13 de enero, según las fuentes. Algunas de las denuncias por infracciones administrativas que se han archivado prescribieron por no haber sido tramitadas en su debido tiempo, pero la Policía tiene constancia de al menos 16 expedientes en los que se sobreseyeron mediante un decreto de la Alcaldía.

El archivo de estos expedientes ha generado un profundo malestar en el seno de la Policía Local de Lora del Río, cuyos agentes han visto que su trabajo de años ha quedado en nada. El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) ya ha anunciado que se personará en la causa contra el alcalde como acusación popular.

Este sindicato ha emitido un comunicado en el que condenó la actitud del regidor, que acusó de "traición a los servidores públicos, de cuyo trabajo debería haber sido el garante y no haber tirado por tierra". El Sppme también denunció las carencias que ha sufrido la Policía Local de Lora del Río en los últimos años, que ha llevado a los funcionarios a concentrarse en las puertas del Ayuntamiento.

La central sindical lamentó que desde el mes de febrero se han dejado de atender algunos servicios, entre ellos la agresión a un vecino cuya vida corrió peligro, así como los dispositivos de la romería o la Semana Santa. El Sppme cifra en un 10% los servicios a los que la Policía no ha podido acudir.

Este periódico intentó este martes sin éxito contactar con el alcalde para ofrecer su versión acerca de este caso. Es la segunda denuncia contra Reinoso que se presenta en los últimos días, después de que el PP anunciara recientemente que llevará a la Fiscalía más de 2.000 contratos irregulares en el Ayuntamiento de este municipio.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1629 en: 02 de Diciembre de 2014, 10:15:20 am »
El alcalde ironiza con que si «el alcalde va a venir en bici» a los policías «se les puede poner en triciclo»
Europa Press - lunes, 01 de diciembre de 2014

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha ironizado este lunes con que si "el alcalde va a venir en bici", según el anuncio realizado con el recién designado candidato del PSOE a la Alcaldía de Valladolid, Óscar Puente, a los agentes de la Policía Municipal "se les puede poner en triciclo".

  En declaraciones recogidas por Europa Press, el regidor vallisoletano ha sido preguntado por la petición formulada este domingo por la superintendente jefe de la Policía Municipal, Julia González Calleja, para que se incremente en 50 efectivos la plantilla del cuerpo y que se adquieran nuevos vehículos.

  En este sentido, ha relacionado el asunto con el anuncio realizado por el ya candidato socialista a la Alcaldía de que si sale elegido alcalde en mayo de 2015 prescindirá de los coches oficiales y se desplazará "en bicicleta o transporte público"; y ha apostillado que si el alcalde "va a venir en bici, a los policías se les puede poner en triciclo.

  En todo caso, ha apuntado que se renovará la flota de vehículos policiales "en la medida de las posibilidades presupuestarias".

  En cuanto a la plantilla, ha aseverado que tiene "intención" de contratar nuevos agentes "pero no posibilidad", porque asegura que la tasa de reposición de funcionarios públicos está limitada por la Ley "de control de los gobiernos locales".

  Así, ha apuntado que se puede reponer hasta un 50 por ciento de las vacantes, pero que aún así "salen cuatro policías y medio". "Ojalá pudiera poner 20", ha aseverado.

  León de la Riva ha añadido que el asunto se "complica" por la "denuncia que puso el sindicato profesional de la Policía Municipal" y que motivó que el Juzgado obligase al Ayuntamiento a situar en régimen de segunda actividad a los agentes mayores de 60 años, lo que afectó a un total de 35, incluido el ex superintendente jefe, Juan López de Haro.

  A este respecto, ha apuntado que el Ayuntamiento formuló a través del Pleno municipal una petición a las Cortes de Castilla y León, que considera que "es probable", para que se admita una enmienda con el fin de que a partir de enero de 2015 el paso a segunda actividad sea de carácter voluntario, salvo aquellos funcionarios policiales que los servicios médicos entiendan que deben pasar a esa situación.

  De hecho, ha advertido de que si no se modifica la normativa, en el año "2018 o 2020" la mitad de la plantilla de la Policía Municipal se encontraría en segunda actividad, al tener más de 60 años.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1630 en: 10 de Diciembre de 2014, 18:40:21 pm »

El ex jefe de la Policía de Écija presenta una querella criminal contra el alcalde

Ricardo Gil-Toresano declara hoy en los juzgados por un supuesto delito contra el derecho de los trabajadores por relegar de funciones al agente


 
  Antonio de la Rosa y el alcalde, Ricardo Gil-Toresano durante un acto. / Foto: M. R.

El alcalde de Écija, Ricardo Gil-Toresano (PP), declara hoy en el juzgado número 2 de la ciudad tras ser denunciado por el ex jefe de la Policía Municipal, Antonio de la Rosa, por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores, por su paso a la segunda actividad y perder su cargo como jefe del cuerpo. De la Rosa abandonó el servicio activo y pasó a segunda actividad el 1 de enero de 2014 por decisión del alcalde, que destinó al hasta entonces jefe del cuerpo municipal de policía a labores de instrucción de expedientes sancionadores; es decir, a tramitar multas de tráfico, por venta ilegal o sanciones por la botellona, entre otras.

El Gobierno local justificó el pase a segunda actividad del inspector jefe como una «reorganización de la jefatura de la policía». Gil-Toresano señaló en su día que la decisión de apartar a De la Rosa del servicio activo le competía a él y creía que «a lo mejor convendría meter a otra persona» para sustituirle.

Pero De la Rosa interpreta que en la medida «hay represalias por la supresión de un concierto» el pasado verano. El policía presentó una querella criminal contra el alcalde «que es quien dictó el decreto para mi pase a segunda actividad y el juez ve indicios de delito contra el derecho de los trabajadores».

Por su parte, Gil-Toresano niega las acusaciones del ex jefe de una supuesta venganza por la suspensión de ese concierto, «que además suspendí yo como alcalde». «No sé si De la Rosa tiene algún complejo persecutorio pero en ningún momento hay persecución alguna contra él», señala el regidor que asegura estar «muy tranquilo porque no hay materia en la denuncia» del policía.

 El regidor niega que en la decisión de pasar a segunda actividad a De la Rosa haya recibido presiones de su socio de gobierno, el Partido Andalucista, cuya mala relación con el mando policial no es nueva (ya fue apartado del servicio durante el mandato de Julián Álvarez y luego tuvo que ser readmitido), un extremo denunciado por el Sindicato Independiente de Policía (SIP-AN).

Para el alcalde popular, el de jefe de la policía «es un puesto de confianza» y el equipo de Gobierno «tiene que sentirse identificado con esa persona, y creemos que [De la Rosa] lleva una trayectoria larga y sería bueno quizá meter a una persona nueva», una decisión que «compete a la alcaldía».
El funcionario dice que se siente perseguido por el equipo de Gobierno y que su retirada «es una venganza y esta y la persecución van unidas», vinculando su pase a segunda actividad a su actuación en la suspensión del concierto organizado por la concejalía de Juventud y Deportes, dependientes del PA y a presuntas presiones de los andalucistas que el alcalde niega.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1631 en: 27 de Diciembre de 2014, 08:17:09 am »

TRUJILLO COMUNICADO DE FSP-UGT
La policía denuncia por atentar contra su honor e imagen
El veto de aparcar en la plaza Mayor está en el origen de la polémica

Soledad Gómez Cabanillas   Soledad Gómez Cabanillas
27/12/2014

Los delegados de personal de FSP-UGT Trujillo han expuesto, a través de un comunicado, el malestar de la policía local ante las últimas manifestaciones sobre este cuerpo, realizadas en medios de comunicación "por parte de integrantes del equipo de gobierno" y en redes sociales "por parte de ciudadanos", aseguran.

En el comunicado se refieren a la polémica surgida sobre la prohibición de estacionar temporalmente en la plaza Mayor. Señalan que los agentes de policía recibieron orden de permanecer en la plaza y vigilar el cumplimiento de la señalización que vetaba el estacionamiento. A partir de entonces "comenzó una campaña de acoso y derribo contra los policías por el simple hecho de cumplir su trabajo, y formulándose denuncias contra menos del 4% de los vehículos que accedieron a la citada vía". Tras una nueva modificación de la señalización, previa petición de los industriales de la plaza Mayor, "debemos dejar claro que se permite el estacionamiento en cualquier lugar de la plaza y por tiempo ilimitado", indican. La nota añade que si tras formularse una multa alguien la recurre, hay orden de que esta sea sobreseída.

Este colectivo denuncia igualmente que el pasado 26 de noviembre se solicitó a la concejal de Personal, en la mesa general de negociación, que se abriera expediente contra quienes hablaban de los sobresueldos que cobra este cuerpo, un hecho que niegan. Así, el comunicado explica que se han visto obligados a denunciar "a quienes han vertido manifestaciones contra el honor y la imagen de los ellos y de sus familias".

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1632 en: 27 de Diciembre de 2014, 13:54:59 pm »
Piden cárcel para el exalcalde de Monachil por el accidente que sufrió un policía local en 2009
 
Hace 2 horas  - EUROPA PRESS, GRANADA
 
La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de un año y ocho meses de prisión para el que fuera alcalde de Monachil (Granada), el socialista José Luis Samos, y el exconcejal de Seguridad Ciudadana y Transportes, Alberto Contreras, y cuatro meses de cárcel para el jefe de la Policía Local en el municipio por el accidente que sufrió un agente en 2009 en la carretera de Sierra Nevada cuando patrullaba con un vehículo al que le fallaron los frenos.

El exregidor y el exedil están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave, mientras que al jefe de la Policía se le imputa sólo el segundo. Los tres serán juzgados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada los días 20 y 21 de enero próximos.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a las 14,30 horas del 13 de diciembre de 2009, cuando el policía local del Ayuntamiento de Monachil circulaba en servicio de patrulla a bordo del vehículo oficial, titularidad del Ayuntamiento de Monachil, dirección Sierra Nevada. Al llegar al punto kilométrico 1,700 de la citada vía en tramo descendente se percató de que el vehículo no frenaba correctamente, dado que al pisar el freno emitía ruidos extraños, y pese a que pisaba hasta el fondo el coche no respondía.

Ante la presencia de otro vehículo en sentido contrario, el policía intentó sin éxito hacer uso del freno de mano, por lo que de forma definitiva perdió el control del vehículo, que colisionó contra un Seat Toledo. Como consecuencia de esta colisión, el vehículo oficial sufrió un vuelco sobre la calzada en forma de campana saliéndose por el margen derecho en sentido de su marcha, y quedó siniestro total.

El conductor tuvo lesiones consistentes en síndrome de latigazo cervical, dorsalgia, policontusiones y cuatro contracturas en trapecios que requirieron de tratamiento médico curativo mediante anelgesia, reposo relativo, y miorrelajantes así como rehabilitación con 55 sesiones curativas. Le han quedado como secuelas cervicalgia por contractura con cefaleas e inestabilidad potenciándose ante esfuerzos.

La causa del accidente, según el fiscal, fue los defectos esenciales y estructurales en los mecanismos básicos del vehículo motor oficial que, existiendo con anterioridad al siniestro, "generaban un riesgo grave para la vida e integridad" al menos de sus usuarios, no sólo del agente lesionado, sino del resto de funcionarios de la Policía Local. De hecho, tenía deficiencias en el sistema de frenado y defectos en los neumáticos como consecuencia del desgaste o mal estado de la rodadura, que fueron detectadas por al menos seis agentes, quienes desde el mes de julio de 2009 habían trasladado a los acusados de forma verbal y escrita los graves defectos mecánicos detectados que finalmente causaron el accidente sin que por parte de ellos se realizara comprobación de los mismos, ni se procuraran las revisiones así como reparaciones necesarias.

Además, la escasa disponibilidad de vehículos de la Policía Local unida el intenso tráfico motivado por la temporada de esquí de Sierra Nevada determinaba que el vehículo siniestrado se viera obligado a efectuar un elevado número de kilómetros (alrededor de 20.000 desde abril a diciembre) provocaba un cambio de circunstancias o de estado del vehículo desde el momento de la ITV (que pasó en abril de 2009) obligando a los procesados a observar "unas mínimas precauciones en orden a la revisión periódica para su correcto mantenimiento".

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1633 en: 30 de Diciembre de 2014, 08:28:07 am »
Las denuncias en Policía Municipal alcanzan ya al concejal Gabriel Viedma

APM atribuye al edil de Seguridad Ciudadana falsedad documental al firmar, “sin pruebas”, una sanción

Expedientó a un agente por venta de droga, cargo que rechazó un juez

Alberto Gil - Patxi Cascante - Martes, 30 de Diciembre de 2014 - Actualizado a las 06:05h


    Gabriel Viedma, a la derecha, en una rueda de prensa junto al alcalde, Enrique Maya.

Pamplona - La delegación en Navarra del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (APM-SPPME) presentó ayer ante el juzgado de instrucción de guardia de la Audiencia una denuncia contra el actual concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, el regionalista Gabriel Viedma, por un supuesto delito de falsedad documental.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1634 en: 08 de Enero de 2015, 15:06:55 pm »

La Guardia Civil abre diligencias ante la aparición de pintadas contra el alcalde de Mijas

 
Hace 1 horas  - EUROPA PRESS, MIJAS (MÁLAGA)
 
La Guardia Civil ha abierto diligencias tras la aparición en espacios públicos y privados del municipio malagueño de Mijas de diversas pintadas contra el alcalde, Ángel Nozal (PP).

Las pintadas fueron detectadas a primera hora del pasado 29 de diciembre sobre la pasarela de la Senda Litoral, donde podía leerse 'Bienvenido al infierno', y en un paso subterráneo que comunica peatonalmente la autovía con la playa, en el que aparecía la frase 'Con cerdos como Nozal cómo levantamos cabeza. Nozal fascista!!!'

También en la fachada de un edificio privado próximo a la oficina en la que trabaja la mujer del alcalde, donde se leía 'Nozal fascista, estás en nuestra lista. Mata-nazis'.

En total, unas cuatro o cinto pintadas, de las que la propia mujer de Nozal y trabajadores municipales alertaron en la mañana del pasado día 29.

Ante esto, la Policía Local inició una investigación, trasladando toda la documentación a la Guardia Civil, una vez que la esposa del regidor denunció los hechos ante este Cuerpo, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Según la investigación llevada a cabo, los autores de estos grafitis contra el alcalde mijeño, que ya han sido retirados, serían tres jóvenes del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Mijas no han querido pronunciarse al respecto, prefiriendo dejar a las autoridades competentes que desarrollen su trabajo.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1635 en: 05 de Febrero de 2015, 16:37:28 pm »
Imputado el alcalde de Brunete por intentar comprar a una edil


Su abogado pedirá el archivo de la causa por entender que la grabación es una prueba irregular.

JAIME G. TRECEÑO 
Actualizado: 04/02/2015 23:16 horas 


El alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez (PP), ha sido imputado por un presunto delito de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, coacción y amenazas. La denuncia ante la Justicia la interpuso UPyD después de que su concejala en la localidad, Isabel Cotrina, hiciese pública una grabación en la que se podía escuchar a Gutiérrez intentando comprar a la edil para que se sumase al PP. Los conservadores gobiernan en la localidad en minoría.

Además, según confirmó el abogado del regidor, Ignacio Gordillo, el pasado 28 de octubre también fue imputada la cabo de la Policía municipal de la localidad, Susana Corrales, a la que UPyD acusó de mediar en nombre del alcalde para que brindase su apoyo a Gutiérrez.

El abogado del regidor quita hierro al asunto de la imputación de su defendido, ya que asegura que se trata de una «garantía jurídica» para que acuda a declarar con su abogado. De hecho, está tan convencido de que la causa no tiene motivación, que pedirá hoy su archivo.

UPyD dice que éste es un ejemplo de cómo el PP se enfrenta a la corrupción

«Se han practicado todas las diligencias, han declarado dos veces los imputados y testigos. Como no hay más trámite pediremos archivo», asegura Gordillo. A su entender «no ha habido delito» y piden su sobreseimiento por entender que hay una «clara motivación política» en la denuncia. «Pasó mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos hasta que se denunciaron y, además, ahora estamos en época electoral», señala. A todo ello, añade que «las fuentes de prueba, la forma de obtener la grabación, fue irregular o ilícita, por lo que se podría declarar nulo todo el proceso. Hay mucha jurisprudencia al respecto», sentencia.

La causa prosigue con los escritos de las partes, la acusación del fiscal y para que luego el juez resuelva. Asimismo, Gordillo asegura que «en el momento en el que el tribunal archive la denuncia iniciará acciones judiciales contra quienes han motivado la denuncia», precisó.

Pero desde UPyD, no se tiene la misma percepción del caso que el abogado del alcalde. «A juicio de la Justicia se trata de un presunto delito grave, porque estamos hablando de corrupción e intento de alterar la normalidad política de un municipio. La imputación viene a demostrar que la denuncia de UPyD es cierta», asegura el responsable de Instituciones de UPyD y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ramón Marcos. Asimismo, el diputado autonómico reprochó al PP su papel en todo este asunto.

«En lugar de apartar al alcalde de Brunete de su cargo, el PP ha demostrado que prefiere exculpar la corrupción con aquella falsa investigación que montó y con la que sólo pretendía lavar su imagen. Esta es la forma de gobernar del PP, de Ignacio González y de Esperanza Aguirre como responsable del partido en Madrid. Prefieren dejar impune la corrupción a castigarla y por eso tenemos problemas en España», sentenció.


El letrado del regidor pide el cierre judicial del asunto «por estar politizado»

«Hay mucha gente detrás de este proyecto, y que avala lo que pienso. Si pienso en estar contigo, avalan que haya que hacer todos los esfuerzos para ayudarte a ti y a quien tú digas para que tú estés conmigo». Esta es una de las frases que los lectores de este diario pudieron leer y escuchar a través de su web el pasado 3 de julio.

Cotrina denunció cómo desde las elecciones de mayo de 2011 diferentes miembros del PP de la localidad le hacían ofrecimientos en nombre del regidor para que les diese su apoyo. La edil difundió una grabación realizada el 16 de noviembre de 2012 durante una comida en la que se podía oír al alcalde realizar todo tipo de ofrecimientos.

El PP de Madrid exoneró a Gutiérrez y este, finalmente, decidió el pasado noviembre aparcar la comisión de investigación a la que se había comprometido.

Pero es que el alcalde también está bajo sospecha por la retirada arbitraria de multas de la Policía Municipal y por la denuncia presentada por su arquitecto, al que el Consistorio le ha abierto un expediente por agredir a una compañera.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1636 en: 10 de Febrero de 2015, 13:07:41 pm »
Un juzgado imputa a la alcaldesa de Carlet (Valencia) acusada de presionar para anular multas de tráfico   

El juzgado de Instrucción número 3 de Carlet (Valencia) ha imputado a la alcaldesa de Carlet, la 'popular' María Ángeles Crespo, en una causa abierta por un supuesto delito de prevaricación administrativa y contra la integridad moral.


 EUROPA PRESS. 09.02.2015

El juzgado de Instrucción número 3 de Carlet (Valencia) ha imputado a la alcaldesa de Carlet, la 'popular' María Ángeles Crespo, en una causa abierta por un supuesto delito de prevaricación administrativa y contra la integridad moral. El proceso se inició con una denuncia de la Fiscalía en base a la documentación y declaración prestada por el jefe de la Policía Local del municipio, quien aseguró que la alcaldesa presionaba y amenazaba para anular determinadas multas de tráfico a vecinos de la localidad, según ha publicado hoy Las Provincias.

La jueza ha citado a declarar a la alcaldesa, en calidad de imputada, el próximo 15 de junio, mientras que el 23 de marzo tendrá que acudir a declarar el policía denunciante, tal y como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1637 en: 11 de Febrero de 2015, 19:35:35 pm »

Policías municipales de Pamplona dicen que exconcejal de UPN tenía síntomas de ir "muy ebrio" y niegan "animadversión"


por UniversoCanario/Agencias el 10/02/2015 a las 08:54 horas


Agentes de Policía Municipal de Pamplona que vieron en la calle al exedil Ignacio Polo y que le dieron el alto tras colisionar con otro vehículo han asegurado que presentaba síntomas de ir "muy ebrio" y han negado que "hayan faltado a la verdad" y que "hayan exagerado los síntomas".

   Además, han afirmado que no sienten "animadversión" hacia el exconcejal, aunque hayan participado en protestas por la situación del cuerpo policial.

   Por contra, el equipo instructor del caso ha asegurado que en dependencias policiales el exedil de UPN en Pamplona "no presentaba síntomas evidentes" y que, por ello, decidieron tramitar el asunto por vía administrativa, y no por vía judicial. Además, han negado que recibieran "cualquier tipo de presión" por parte del algún mando.

   Así lo han afirmado en el juicio que se celebra este martes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona contra el exconcejal Ignacio Polo, para quien la fiscal solicita la privación del carné de conducir durante dos años y una multa de 4.050 euros por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

   En concreto, el primer agente en comparecer como testigo en la vista ha comentado que él se encontraba en la Plaza del Castillo cuando vio pasar a Ignacio Polo, junto a un amigo, "influenciado por bebidas alcohólicas". "Iban agarrados en jarra con los brazos, deambulaban, especialmente Polo", ha asegurado, para señalar que tras ver el "estado en el que iba" se "preocupó" por si iba a coger el coche porque "evidentemente no podía conducir".

   Además, ha afirmado que en el momento en el que salió del vehículo "se le cayeron las llaves y no las encontraba aunque era de día, perdió el equilibrio, se caía y llegó a golpearse contra un vehículo". Es más, ha indicado, en las dependencias de Policía Municipal "olía bastante a alcohol e incluso un compañero abrió una ventana". "Cualquier persona que fuera como él hubiera tenido el accidente que fue de 'Vídeos de primera'", ha destacado.

   Otro de los agentes que intervino en los hechos, que estaba patrullando "como cualquier día", ha contado que vio a Ignacio Polo pasando por la Plaza del Castillo "bastante influenciado agarrado de otra persona, una manera de agarrar que llamaba la atención".

   En esta misma línea se ha pronunciado en la vista otro de los policías municipales presentes el día de los hechos, que también ha dicho que el exedil iba "perjudicado" y que presentaba "desorientación, ojos vidriosos, mirada perdida, cara desencajada y tenía coloretes". Además, ha destacado que en la maniobra "no tocó el freno" y que se le cayeron las llaves "dos veces".

   También el agente que se encargó de realizar el reportaje fotográfico del accidente ha contado que percibió síntomas en el exedil y que lo primero que le llamó la atención fue "la posición de su vehículo, encaminado para marcharse en dirección prohibida de lo que era el paseo de Hemingway". "Tenía la mirada perdida y dificultades para encontrar la documentación", ha asegurado.

Según el instructor, no presentaba síntomas


   Por el contrario, el instructor del caso ha negado que Ignacio Polo presentara síntomas de embriaguez en dependencias policiales. "No le apreciamos unos síntomas evidentes como para tramitarlo judicialmente", ha señalado el instructor, para explicar que, por ese motivo, se decidió tramitar una denuncia administrativa.

   De este modo, ha señalado que aunque los agentes señalaron que por la calle "se caía y que llamaba la atención por el estado que presentaba, esos síntomas yo no los veo en el despacho". En su opinión, Ignacio Polo presentaba "una deambulación normal, hablaba normal y no olía alcohol", si bien "siempre es cierto que el conductor que se para en la calle no responde igual que en dependencias policiales".

   También el secretario de atestados ha asegurado que él no notó "ningún síntoma" y ha destacado que le sorprendió "la tasa de alcohol tan elevada y la ausencia de síntomas". "No aprecié alitosis etílica, no olía alcohol, no noté ningún síntoma", ha señalado, para explicar, que por este motivo, el equipo instructor no tuvo "ningún género de dudas" de que fuera por la vía administrativa.

   En este sentido, ha asegurado que la forma de proceder fue la misma que "hubiese sido con cualquier otra persona" y ha negado que el equipo instructor sufriera "cualquier tipo de presión". "Ningún mando se dirigió a nosotros para decirnos de ninguna manera cuál tenía que ser la orientación del procedimiento", ha declarado.

   Preguntado por el abogado de la defensa si fue presionado por algún compañero de trabajo para que el asunto se tramitara judicialmente, ha contado que acudieron dos delegados sindicales cuestionando el procedimiento e instando a la vía judicial, con lo que no se sintió "coaccionado, pero sí presionado".

Más testigos

   A solicitud del abogado de la defensa también ha testificado en el juicio una agente de Policía Municipal que se encontraba en dependencias policiales, quien ha indicado que "la deambulación y la forma de expresarse de Polo eran correctas".

   El jefe de sala el día que ocurrieron los hechos y otro de los agentes que se encargaron de realizar el informe solicitado por  Alcaldía sobre el caso también han comparecido como testigos y han explicado que en el mismo se constata que se realizó "un seguimiento" a Polo.

   Otro de los testigos de la defensa ha sido el amigo que acompañaba a Polo el día de los hechos, quien ha indicado que fue él quien pidió al exconcejal que cogiera el coche y que "no" le estuvo sujetando por la calle.

   Por otro lado, en la vista también ha testificado el dueño de la furgoneta contra la que colisionó Ignacio Polo al ir a salir del estacionamiento, quien ha contado que el golpe ya está arreglado y que no reclama ninguna indemnización.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1638 en: 11 de Febrero de 2015, 19:36:08 pm »
Viva el vino!!!!

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1639 en: 17 de Febrero de 2015, 16:29:31 pm »

El exconcejal de Seguridad Ciudadana de Pamplona, condenado a año y medio sin carnet de conducir


Pablo Ojer / Pamplona

Día 16/02/2015 - 11.59h
 

El exconcejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Ignacio Polo, ha sido condenado a pagar una multa de 2.100 euros y a la retirada del carnet de conducir por un periodo de año y medio por un delito contra la seguridad vial.

Ignacio Polo fue cazado el pasado 20 de abril cuando al tratar de sacar el coche de un aparcamiento colisionó contra otro vehículo que se encontraba aparcado. Los agentes de la Policía Municipal que presenciaron el suceso le hicieron la prueba de alcoholemia y dio un resultado de 0,65 miligramos de alcohol cuando el límite se encuentra en 0,25. Al día siguiente, Ignacio Polo presentó su dimisión al alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

El juez no ha aplicado la máxima pena solicitada ya que en el juicio, celebrado el pasado martes, el fiscal solicitaba 4050 euros de multa y dos años sin el carnet de conducir. La acusación particular personificada en la Agrupación Profesional de la Policía Municipal pedía 6 meses de prisión y tres años sin carnet de conducir y la asociación de consumidores Kontuz! solicitaba 10 meses de prisión y la retirada del carnet durante 3 años.

Durante el juicio, Ignacio Polo negó que durante el trayecto hasta el coche diera signos evidentes de estar bajo la influencia del alcohol, como aseguraron los agentes que le detuvieron y que el jueves ratificaron en el juicio. Se «encontraba bien» y no fue consciente de «no estar en condiciones de conducir». No obstante, reconoció que había bebido «3 ó 4 vinos antes de comer, también con vino» y después un combinado «con un poquito de ron».
 
En el turno de los testigos, los policías que detuvieron al exconcejal ratificaron los síntomas evidentes de haber bebido. Sin embargo, los agentes que le atendieron en las dependencias policiales señalaron que la actitud, el habla o la mirada de Polo no hacían presumir la tasa de alcohol tan alta arrojada, algo que influyó en que los trámites iniciales se hicieran como una denuncia administrativa y no por la vía penal