Imputado el alcalde de Brunete por intentar comprar a una edil
Su abogado pedirá el archivo de la causa por entender que la grabación es una prueba irregular.
JAIME G. TRECEÑO
Actualizado: 04/02/2015 23:16 horas
Piden seis años de cárcel y 12 de inhabilitación para el alcalde de BruneteEl alcalde de Brunete durante un Pleno Municipal. Roberto Cárdenas
El alcalde no se acuerda ni quiere recordar
JAIME G. TRECEÑOMadrid
Actualizado 03/12/201500:34
El caso Brunete entra en su tramo decisivo. Una vez finalizada la instrucción, la acusación particular ha pedido a la magistrada Susana González de la Varga, que lleva el asunto en el juzgado número 5 de Móstoles, que abra juicio oral y que condene al alcalde, el popular Borja Gutiérrez, a seis años de cárcel por el intento de compra de una edil.
El pasado 5 de noviembre, la magistrada dictaba un auto bastante duro respecto a la forma de determinar los delitos que se juzgan. En él invitaba a las partes a pedir la apertura de juicio oral por un delito de cohecho o bien pedir su sobreseimiento.
Según el escrito de acusación presentado por la abogada de la que fuera edil de Brunete por UPyD, Isabel Cotrina, y de la propia formación magenta, se considera probado que el alcalde intentó comprar a la concejala. Concretamente, lo acusa de cohecho en lo que define como «transfuguismo político retribuido».
La acusación sustenta su acusación en la grabación del 16 de noviembre de 2012, en el restaurante El Ternasco, en donde Cotrina grabó al regidor sin él saberlo. También la apuntala en la propia declaración del regidor del 28 de noviembre de 2014. En ese audio, en el que el propio regidor admite que es él quien habla, habría intentado disuadir a la edil para que dejase su formación y se uniese al PP, que en aquel momento estaba en minoría.
La acusación no pone ningún reparo a la negociación política, pero pone el acento en el «ofrecimiento personal para ella» y «para quien ella quisiese». Sostiene que esta circunstancia no fue negada por el regidor en su declaración. De hecho, llegó a hablar de que había «personas dispuestas a realizar grandes esfuerzos económicos para que este proyecto se realizase».
Grupo municipal
Dice la acusación que el alcalde «admite haber enviado intermediarios para hacer llegar a la denunciante su oferta de que renunciase a su adscripción al grupo municipal de UPyD y formase parte de la corporación local como concejal no adscrito», precisa.
De igual forma, asegura que queda probado que le ofreció entrar en el Gobierno municipal. Concretamente, en la Tenencia de Alcaldía, a la que añadiría alguna concejalía e ir en un puesto de salida en las siguientes elecciones municipales. Para ello, dice la acusación que le trazó la estrategia a seguir para dejar UPyD para incorporarse en el Gobierno local. Para la acusación, el ofrecimiento de ese puesto remunerado, con 23.800 euros anuales, que Gutiérrez circunscribe a la mera negociación política, es prueba suficiente para confirmar el cohecho por el que está imputado.
«El imputado Sr. Gutiérrez considera legal que un concejal de distinto signo político al suyo sea desleal con la formación política que lo presentó en las elecciones municipales», sentencia la acusación.
De igual forma, también se acusa a la agente de Policía Municipal Susana Corrales del mismo delito por hacer de intermediaria del alcalde. La acusación considera probado que por los SMS aportados y las grabaciones realizadas, que actuaba de parte del regidor y que, además de un puesto político, se le ofreció a la edil un empleo para su hija discapacitada que estaba en paro.
Por todo ello, solicita al juez que imponga al alcalde «la pena de seis años de prisión, multa de 24 de meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 12 años. Así como las costas, incluidas las de la acusación particular». Para la policía Local reclama una «pena de tres años de prisión, multa de 12 de meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete años. Así como las costas, incluidas las de la acusación particular».
Finalmente, le pide a ambos que respondan de forma solidaria al pago de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil en favor de Cotrina y de otros 15.000 euros en favor UPyD. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguire, y el secretario general, Ignacio González, respaldaron la actuación de Gutiérrez y lo pusieron como cabeza de lista en los comicios de mayo.
