El Ayuntamiento de Madrid aborda este jueves las denuncias de tres funcionarias por acoso laboral y vejaciones machistas
ANíBAL MALVAR | 17 de marzo de 2013
La comisión de personal del Ayuntamiento de Madrid tratará este jueves la denuncia interpuesta el pasado mes de febrero por tres funcionarias que se consideran víctimas de acoso laboral constante. Tirones de pelo, golpes en la mesa, gritos, indeterminación de horarios, intimidaciones, comentarios denigrantes y machistas, encargos para el Partido Popular… Dicha denuncia fue interpuesta primero ante el departamento de Recursos Humanos del consistorio, que la archivó sin dilación por considerarla falsa. Como reacción, las tres funcionarias se dirigieron con la misma queja a la Defensora del Pueblo y a la Inspección de Trabajo.
Alejandra Acosta, Pilar Aller y C.V. están adscritas al departamento de comunicación del ayuntamiento capitalino. Sus problemas laborales se iniciaron hace ya una década, cuando en 2003 el alcalde entrante Alberto Ruiz Gallardón (actual ministro de Justicia) desembarcó en el consistorio con un ejército de asesores que distribuyó por los departamentos más sensibles del Palacio de Cibeles. De hecho, durante su etapa al frente del ayuntamiento, Gallardón llegó a tener en nómina a más de 1.500 funcionarios de confianza y de libre designación, una cifra que triplicaba la de su antecesor, José María Alvarez del Manzano. Esto provocó, según las denunciantes y otras fuentes consultadas, la marginación de los funcionarios, que fueron apartados de sus funciones habituales y, en algunos casos, relegados a la inactividad más absoluta durante años.
Tras conocerse la denuncia y ser publicada el pasado 20 de febrero por cuartopoder.es, “ya, por lo menos, aquí no le pegan gritos a nadie”, señala Acosta. También asegura que ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de sus compañeros, los sindicatos y los grupos de la oposición municipal.
“La situación de los funcionarios, desde la llegada de Gallardón [con su cohorte de cargos de confianza] es una estafa para los ciudadanaos, que siguen pagando sueldos altos a funcionarios a los que no nos dejan hacer apenas nada porque hay una persona de libre designación que realiza ese trabajo, cobrando también. Se duplica el gasto público y, además, esto supone un desprecio a los profesionales de la función pública”, explica Alejandra Acosta.
Resulta paradigmático el caso de Pilar -nombre supuesto-, una funcionaria con más de 30 años de experiencia, que prefiere permanecer en el anonimato por miedo a represalias, y que denuncia haber vivido una década entera en el ostracismo desde que fue apartada de sus funciones por profesionales de libre designación. “Una de las cosas que hicieron conmigo fue cambiarme de departamento durante una baja. Recibí una carta en mi casa comunicándomelo. Cuando me reincorporé, nadie me asignaba trabajo alguno. Tenía que ir mendigando algo que hacer de mesa en mesa. Intenté movilizar a los compañeros que se encontraban en situación más o menos parecida a la mía. Pero nadie se quería mover. Estaban contentos, porque cobraban un buen sueldo, y además no querían arriesgar su posición”, relata.
El caso de Pilar y su miedo a represalias es la razón por la cual solo tres funcionarias se han atrevido a denunciar el acoso, apuntan fuentes sindicales del ayuntamiento. “Oímos cosas, pero la gente no acaba interponiendo denuncias”, señala.
El acoso al que, presuntamente, han sido sometidas las tres denunciantes, ha acarreado en dos de los casos bajas médicas por cuadros de ansiedad. Especialmente significativo es el presentado por una psicóloga del Colegio de Periodistas de Madrid en el caso de Alejandra Acosta: “Aun cuando la evolución de la sintomatología de la paciente es de varios años, mantenemos el diagnóstico de criterio agudo, pues hemos podido comprobar que al separarse de las situaciones laborales por periodos de descanso, los síntomas físicos y psíquicos desaparecen (…). El pronóstico terapéutico es bueno si las condiciones laborales mejoraran”.
Este jueves, la comisión de personal abordará el problema. Y quizá también sea el momento de plantearse si, en plena crisis, no sería conveniente que el consistorio dirigido por Ana Botella estudie la posibilidad de deshacerse de alguno de esos cargos de libre designación que le dejó en herencia Ruiz Gallardón al ascender al ministerio.
