Autor Tema: !Cómo están los Cuerpos!  (Leído 406081 veces)

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3440 en: 04 de Febrero de 2024, 13:08:18 pm »

TSJPV confirma la pena de ocho años de prisión para un guardia civil del aeropuerto de Bilbao por tráfico de droga



Europa Press País Vasco
Publicado: 2/02/2024 10:24

@epeuskadi
Se ratifica la anulación de unas escuchas y la absolución del agente y de otros tres procesados de pertenencia a grupo criminalBILBAO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de ocho años de cárcel impuesta por la Audiencia de Bizkaia a un guardia civil destinado en el aeropuerto de Bilbao al que interceptaron en marzo de 2020 en un vuelo a Mallorca con 3.179 gramos de anfetamina y 477 gramos de cocaína para su "distribución a terceros".


En su resolución, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, el TSJPV ha rechazado el recurso interpuesto por el agente contra la sentencia de la Audiencia vizcaína que, en mayo de 2023, le condenó como autor de un delito contra la salud pública y le impuso también una inhabilitación para empleo o cargo público durante el tiempo de condena.

Según ha informado este viernes el TSJPV, la Sala de lo Penal y Civil del alto tribunal ha desestimado asimismo el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la absolución del agente y de otros tres procesados de varios delitos, entre ellos el de pertenencia a grupo criminal, como consecuencia de la anulación de unas escuchas acordadas por la Audiencia de Bizkaia, una decisión que el alto tribunal vasco ratifica también.

En una sentencia recientemente notificada, el TSJPV considera, al igual que la Audiencia de Bizkaia, que el plazo de tres meses otorgado por el juzgado de instrucción a la policía para captar conversaciones directas entre los acusados en un banco público de una zona rural y en el interior y proximidades de un vehículo de uno de los procesados es "desproporcionado".

Thank you for watching

En la resolución se ratifica el razonamiento dado por el tribunal de instancia de que la intervención de comunicaciones orales directas es "una injerencia" que no tiene la misma naturaleza que las intervenciones telefónicas porque la "expectativa de privacidad de quien elude hablar por teléfono y mantener conversaciones directas en espacios públicos o privados es mayor".

Por eso, según recoge la sentencia, la ley en estos casos "no consigna un plazo e incide en la idea de que la captación se vincula a encuentros concretos y previsibles" y solo excepcionalmente "puede concederse un plazo cuando no sea posible precisar la fecha del encuentro", que debe ser "proporcionado", algo que la Audiencia de Bizkaia y el TSJPV consideran que no sucede en este caso.

En consecuencia, el Tribunal Superior vasco confirma la decisión de la Audiencia de que "las conversaciones orales directas de banco y vehículos no pueden ser tenidas en cuenta como prueba".

PLANTACIONES
El TSJPV estima, por otro lado, otra cuestión planteada por la Fiscalía vinculada con la omisión en el fallo de la Audiencia de Bizkaia de la multa de 120.000 euros impuesta al agente por el delito de tráfico de drogas, que ahora se corrige.

Finalmente confirma dos condenas de tres años y seis meses de cárcel impuestas, respectivamente, a otros dos procesados en esta causa como responsables de dos plantaciones de cannabis.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3441 en: 06 de Febrero de 2024, 07:05:46 am »
Tres años de cárcel para el guardia civil ‘Ojos de Loco’ por cobrar de una de las grandes bandas de tráfico de hachís

Historia de Pedro Águeda



La Audiencia Nacional ha condenado a tres años de cárcel a dos guardias civiles destinados en Tarifa y Algeciras por recibir dinero de una de las principales bandas de narcotráfico asentadas en España, la de los hermanos Al Moudi. Tras un acuerdo con la Fiscalía, el guardia civil Antonio Jesús P. Ll, al que los traficantes llamaban ‘Ojos de loco’, reconoció el delito de cohecho pasivo y se libró de la acusación de narcotráfico en grado de tentativa.

La sentencia de la Sala de lo Penal considera probado que Moustafa Al Moudi, número dos de la banda, se puso en contacto con agentes de la Guardia Civil destinados en los puertos de Algeciras y Tarifa para que, “a cambio de las correspondientes remuneraciones” le permitieran “pasar camiones procedentes de Marruecos cargados con hachís, oculto entre mercancía legal, evitando los controles aduaneros”.
Los investigadores de la Policía Nacional habían comenzado a investigar a la organización de los Al Moudi en agosto de 2020, bautizando sus pesquisas como 'Operación Toga', por la implicación de un abogado en la trama. El 2 de diciembre de ese año, mientras escuchaban la conversación en el coche de uno de los miembros de la organización, entendieron que esta contaba con la ayuda de agentes del instituto armado, lo que provocó que se incorporara a la investigación el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil.

La sentencia de la Sección Segunda, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Andreu, describe a Antonio Jesús, ‘Ojos de loco’, como el guardia civil que “dirige y coordina” a otros agentes en las labores de colaboración con la organización de los Almoudi. Destinado en la Sección Fiscal del puerto de Tarifa informa a Mustafá Almoudi de los turnos de trabajo de sus compañeros para que escoger el momento en que estén vigilando los agentes implicados.

La sentencia recoge que ha sido imposible determinar la identidad de otros guardias civiles implicados pese al convencimiento de que no solo participaron Antonio Jesús y el otro condenado, Vicente José O. R. , destinado en la misma sección que Antonio pero en el puerto de Algeciras y en el servicio cinológico, esto es, con los perros que detectan la droga.

En las grabaciones se escucha a los hermanos Al Moudi hablar de que hacer “un regalo para que pasen buenas Navidades” los guardias civiles. Ese “regalo” se concretó el 17 de diciembre de 2020 con una entrega de 12.000 euros que se repartió de la siguiente forma: 2.000 para “el de los perros (Vicente José)”, 2.000 para ‘Ojos de loco’ (Antonio Jesús P. Ll) y otros 2.000 para un tercer guardia civil que no ha podido ser identificado.

Tres semanas después, el 7 de febrero de 2021, el mismo hermano Al Moudi entregó 50.000 euros, la Udyco y Asuntos Internos de la Guardia Civil controlaron otro encuentro con ‘Ojos de loco’ en el que el primero hizo entrega de 50.000 euros y el agente le entregó el cuadrante de turnos de los colaboradores uniformados y dos fechas posibles “para introducir el camión cargado con el hachís.

Sin embargo, según relata la propia sentencia de la Audiencia Nacional, “no consta que finalmente metieran el cargamento de hachís, ni siquiera que hicieran un intento de prueba”. La Fiscalía retiró la acusación por tráfico de drogas contra los agentes y el tribunal les aplicó un atenuante de confesión tardía, al igual que con el resto de los principales acusados.

Finalmente se llegó a un acuerdo de conformidad según el cual el jefe de los Almoudi, Said, ha sido condenado a 12 años de prisión por tráfico de drogas y a un año más por tenencia de armas y falsificación de documentos. Su hermano Mustafa es quien ha pagado por el soborno de los agentes. A la pena de diez años por tráfico de drogas se suman otros tres por cohecho y seis meses por falsificación de documento público. El tercer hermano, Mohamed, fue condenado a un año y seis meses como cómplice en el tráfico de drogas.

En un caso diferente, otro agente de la Guardia Civil de Algeciras, en la misma plantilla que uno de los dos condenados por su vinculación con los Al Moudi, fue condenado a 12 años de cárcel por participar en 2018 en la introducción en España del mayor alijo de cocaína incautado en la historia de nuestro país: 7.337 kilos de cocaína oculta en palés y cajas. En uno de los atestados de Asuntos Internos por el caso de 'Ojos de Loco', los investigadores advertían a la Audiencia Nacional de que existe "un grave problema de corrupción policial en el sur de España". Interior lo niega.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3442 en: 08 de Febrero de 2024, 14:30:58 pm »

Confirman tres años y medio de cárcel para una policía y su marido por perjudicar a un opositor a bombero en Vigo

VIGO CIUDAD
E. V. PITA
vigo / la Voz

El Tribunal Superior considera que la funcionaria cometió un delito de revelación de secretos por funcionarios públicos para satisfacer los intereses particulares del esposo e inductor, un bombero jubilado que quería que aprobasen alumnos de su academia
08 Feb 2024. Actualizado a las 00:29 h.

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Una policía y su marido, un bombero jubilado, tendrán que cumplir tres años y medio de cárcel cada uno por, supuestamente, boicotear a un candidato a las oposiciones de bombero en Vigo y filtrar datos confidenciales para perjudicarle. El asunto estaba en que el esposo regentaba una academia y, probablemente, tenía especial interés en que aprobasen sus propios alumnos, aunque la sala no lo vio probado, por lo que intentaron expulsar de la competición al aspirante que les molestaba.

Así lo ratificado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en una sentencia dictada el 2 de febrero. Les condena por un delito de descubrimiento o revelación de secretos por funcionario público. La policía queda inhabilitada para ejercer su oficio de forma absoluta durante seis años. Ambos tendrán que indemnizar con 2.000 euros al perjudicado.


La sentencia fue dictada hace un año, el 31 de enero del 2023, por la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. La resolución vio probado que el bombero jubilado solicitó a su esposa policía que accediese a la base de datos policial con el fin de obtener información confidencial de un opositor al cuerpo de bomberos. Su intención era perjudicarle en sus aspiraciones a superar la oposición al cuerpo de bomberos de Vigo celebrada en el 2018.

Tres años y medio de cárcel a una policía por acceder a información confidencial de un opositor a bombero de Vigo para facilitársela a su marido, también condenado
J.R.

Según la Audiencia, la esposa se prevalió de su condición de funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía y teniendo perfecto conocimiento de su ilícito proceder, durante varios días consultó los datos y descubrió que tenía una orden de búsqueda de un juzgado de Cangas por tráfico de drogas para averiguar su domicilio y paradero. Luego, la mujer le reveló esa información confidencial a su marido y este la usó para perjudicar al opositor en su proceso de selección del cuerpo de bomberos. Enviaron patrullas de la Policía Local a detener al aspirante justo cuando se encontraba reclamando el resultado de una prueba física en plena oposición. Eso le causó una gran perturbación.

El TSXG, tras revisar el caso, considera que el marido jubilado, aunque su papel era el de inductor, cometió el delito para satisfacción de sus propios intereses particulares, pues era el único que tenía relación con el perjudicado. El esposo también fue el que hizo uso personalmente del contenido de los secretos desvelados y articuló los mecanismos precisos con terceros para lograr su propósito de perjudicar al aspirante.

También descartan que el acceso a la base de datos fuese legal, sino que ya ha quedado probado que era ilícito.
 

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3443 en: 14 de Febrero de 2024, 09:53:44 am »
RO-1
@Undercover_Camo
🔴 #España #PoliciaNacional

Detenido un agente en prácticas de  @policia junto a su novia, su padre que es Policía Local y su tío por tráfico de drogas.

Nada más y nada menos que 300 kg de hachís aproximadamente.
9:01 p. m. · 13 feb. 2024

https://twitter.com/Undercover_Camo/status/1757495304285303066

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3444 en: 14 de Febrero de 2024, 10:05:51 am »
En las redes se está hablando de ello...en una filtración que todavía no se ha dado a conocer oficialmente.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3445 en: 16 de Febrero de 2024, 09:20:41 am »
Sigue sin salir nada en los medios sobre la detención de policías con 300 kilos de hachis.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3446 en: 16 de Febrero de 2024, 20:12:34 pm »

Multa de dos millones de euros a un policía que alquilaba infraviviendas a decenas de migrantes en Mallorca


El agente, al finalizar su jornada laboral en comisaría, gestionaba 73 habitáculos sin luz ni ventilación para, de forma fraudulenta, alquilarlos ilícitamente. Las víctimas residían en graves condiciones de insalubridad. Se trata de la mayor multa de estas características impuesta hasta la fecha
— Detienen a un policía local por alquilar infraviviendas y trasteros insalubres a decenas de migrantes en Palma






Agentes de la Policía Nacional en una de las 'microviviendas' Policía Nacional
Esther Ballesteros

Mallorca —
16 de febrero de 2024 09:58h

Actualizado el 16/02/2024 10:01h
2

El Govern balear ha impuesto una multa de 2.040.068 euros a un policía local de Palma detenido el pasado mes de noviembre que, desde hacía al menos dos años, gestionaba trasteros y locales comerciales sin luz ni ventilación para, de forma fraudulenta, alquilarlos como infraviviendas a migrantes a quienes cobraba ilícitamente entre 300 y 750 euros al mes. En total, el funcionario gestionaba 73 habitáculos en los que las víctimas residían en graves condiciones de insalubridad.


Ahora, la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, ha acordado sancionar, por la comisión de 68 infracciones muy graves, a la sociedad a través de la cual el agente municipal administraba los habitáculos. Se trata de la mayor multa de estas características impuesta hasta la fecha.

De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, el policía, una vez finalizaba su jornada laboral en comisaría, se encargaba de la gestión de varios inmuebles ubicados en plantas bajas y sótanos en Palma que tenía habilitados como trasteros, además de destinar locales comerciales como microviviendas en las que residían decenas de personas, en su mayoría de origen hispanoamericano, en pésimas condiciones.


Las infraviviendas se encontraban situadas en barriadas de la zona de Gomila y en las proximidades de la calle Manuel Azaña, Foners, Lluis Sitjar y sa Indiotería.

Los investigadores comprobaron que muchas de ellas carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de 'vivienda' de unos ocho a 15 metros cuadrados en los que se ubicaba un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico. En algunos de los trasteros también se ha encontrado alguna bombona de gas con el consecuente riesgo para la vida en caso de escape.

El presunto autor de los hechos, arrestado en su día por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, tenía instalado, además, un dispositivo para el control del consumo de electricidad de los habitáculos, lo que le permitía manipular las facturas de la luz para que los supuestos 'inquilinos' pagaran más de luz que lo consumido.

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Una de las víctimas empadronó de forma fraudulenta a otras 12 personas en situación irregular en España y también ha sido detenida por tales motivos.

El funcionario está siendo investigado por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral y estafa a raíz de una denuncia que interpuesta por el servicio de Inspección de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ante la Policía Nacional.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3447 en: 17 de Febrero de 2024, 07:27:09 am »
El jurado declara culpable en Sevilla a un teniente de la Guardia Civil acusado de colaborar con el narco

Historia de Europa Press • 19 h
SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

El jurado popular del juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla contra el teniente de la Guardia Civil acusado de presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto ha declarado a dicho agente culpable de haber obtenido dinero del mundo del narco a cambio de información policial, de haber intentado hurtar 100.000 euros ocultos en un coche depositado en la Comandancia de la Guardia Civil y de haber intentado hurtar 29 fardos de hachís custodiados en dichas instalaciones, para traficar con los mismos.

Así se ha pronunciado, por unanimidad, el jurado popular de este caso a la hora de leer su veredicto en la Audiencia Sevilla, toda vez que durante la fase de conclusiones, la Fiscalía rebajaba dos años y tres meses, o sea de 14 años y cuatro meses a 12 años y un mes, su petición de cárcel para este agente, Raúl P.M., juzgado junto a sus dos presuntos compinches, también declarados culpables.
En concreto, en su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal pedía para el teniente de la Guardia Civil Raúl P.M. ocho años de cárcel y 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por un delito continuado de cohecho. Además, le reclamaba otros cuatro años de cárcel y una multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años más de cárcel por un delito de hurto; cuatro meses de prisión por un delito de hurto en grado de tentativa y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de revelación de secretos.

Empero, merced a la evolución del caso, en el trámite de conclusiones finales, el fiscal modificaba dicho escrito, considerando que los citados delitos de tráfico de drogas y de hurto, asociados a la operación presuntamente promovida por el agente para robar junto a sus supuestos secuaces 29 fardos de hachís del depósito de la Comandancia de Montequinto, tienen el grado de tentativa y no de consumados, al haber sido frustrada la operación con el arresto de los tres inculpados y la intervención de la droga.

"SIEMPRE BAJO CONTROL POLICIAL"

Según el fiscal, dado que en todo momento Asuntos Internos tuvo constancia de la operación y estuvo siguiendo a los acusados, la droga en cuestión, recuperada al ser truncado el robo, "siempre estuvo bajo control policial" y fue "aprehendida" una vez detenidos los dos presuntos colaboradores del agente cuando los mismos intentaban salir de la Comandancia de Montequinto a bordo de una furgoneta donde habían cargado los 29 fardos de hachís.

Como consecuencia de esta rebaja de la calificación de los delitos de tráfico de drogas y hurto desde la inicial de consumados a la definitiva de tentativa, el fiscal redujo de cuatro a tres los años de cárcel pedidos para Raúl P.M. por el delito de tráfico de drogas y de dos años a nueve meses de prisión en el caso del supuesto delito de hurto, con lo que en términos globales, la pena que solicita para el agente cae de 14 años y cuatro meses de cárcel, a 12 años y un mes de prisión.

La defensa de Raúl P.M., de su lado, pedía la absolución del agente, bajo la premisa de que el mismo sería un "chivo expiatorio", solicitando que se apreciase un delito provocado.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3448 en: 17 de Febrero de 2024, 18:11:16 pm »

Un policía local de Benidorm y su hijo, policía nacional en prácticas, detenidos por un alijo de 250 kilos de hachís


Los dos agentes permanecen en prisión por su implicación en las operaciones de una organización criminal que traía la droga desde Melilla

ABC

ALICANTE


17/02/2024
Actualizado a las 16:15h.


Un policía local de Benidorm y su hijo, policía nacional en prácticas, han sido detenidos junto a otras cuatro personas por un presunto delito de organización criminal, tráfico de drogas y revelación de secretos después del hallazgo de un alijo de 250 kilos de hachís camuflado en el doble fondo de una furgoneta en la localidad alicantina de Alfaz del Pi.


Según ha adelantado el diario Información, el policía nacional en prácticas detenido, destinado en Madrid y que iba a jugar su cargo en los próximos días, fue arrestado por agentes de Asuntos Internos. Al mismo tiempo, agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) arrestaron a su padre en Benidorm, así como a su novia, también implicada.



De acuerdo con esta información, los investigadores lograron interceptar una furgoneta procedente de un ferri que partió desde Melilla, que pretendía llegar a la zona alicantina de El Albir. El vehículo tenía un doble fondo en el que guardaban cerca de 250 kilos de hachís.

MÁS INFORMACIÓN

Marihuana oculta en calentadores de agua: así distribuía la droga por Europa una banda desarticulada en Elche
En cuanto al padre, el Ayuntamiento de Benidorm ha tomado la decisión cautelar de suspenderle de sus funciones y retribuciones como policía local después de que el juzgado de Instrucción número 1 de la misma ciudad decretara su ingreso en prisión.


Las pesquisas capitaneadas por la UDYCO en la Comisaría de Málaga se encuentra judicializada en un juzgado de la ciudad de la Costa del Sol, donde las diligencias permanecen bajo secreto de sumario y sin haber revelado más detalles sobre el desarrollo de la operación antidroga.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3449 en: 21 de Febrero de 2024, 18:22:07 pm »

Asuntos Internos detiene a un jefe de la unidad antidrogas de la Policía Nacional


La operación, dirigida por un juzgado y que aún sigue abierta, se salda con varios arrestos en Murcia y Madrid

Alicia Negre


Miércoles, 21 de febrero 2024, 01:36

Un mes después de que la justicia impusiese su castigo a la mafia que anidó, hace ya cerca de una década, en un grupo de agentes del grupo de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia, la sospecha vuelve a recaer sobre esta unidad especializada. Asuntos Internos detuvo ayer al inspector jefe J. G., que se encuentra desde hace años al frente de los 'estupas' de la jefatura superior de Policía de Murcia, en una operación contra el tráfico de drogas, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.


Esta operación, desarrollada por los propios compañeros de Asuntos Internos de Policía Nacional, llevaba meses gestándose y está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. Según explicaron las fuentes consultadas por LA VERDAD, este martes se produjeron varios arrestos en Murcia y en Madrid, entre ellos el de este alto dirigente policial, varios miembros de su familia y un colombiano que presuntamente habría venido dedicándose al tráfico de estupefacientes.


Los agentes registran la sede que la Udyco tiene en Sangonera la Verde, además de viviendas y locales en Molina de Segura y San Javier
La operación, que se encuentra secreta, se desarrolló a lo largo de toda la jornada con diversos registros en Murcia, Molina de Segura y San Javier, según confirmaron fuentes judiciales. Los investigadores de Asuntos Internos escudriñaron además las instalaciones oficiales que la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) tiene en la pedanía murciana de Sangonera la Verde. Los agentes, según pudo saber este diario, también registraron la vivienda de este mando policial, que permanece detenido en instalaciones del Cuerpo hasta su puesta a disposición del juzgado que instruye la causa. La operación continúa abierta y no se descarta que se produzcan más detenciones.

Otro precedente en el grupo

Esta nueva detención ha caído como un jarro de agua fría en un cuerpo que ya afrontó, hace una década, el descabezamiento de esta misma unidad por parte de Asuntos Internos. El exinspector Juan José Ll. C., que durante años estuvo al frente de los 'estupas' y que llegó a encarar hasta dos décadas de prisión por una amplia retahíla de delitos, fue condenado finalmente el pasado enero a seis años de cárcel por un delito de tráfico de drogas. La Audiencia sostiene que este agente, aprovechándose de su papel al frente del grupo policial, se apoderó de parte de algunos alijos de drogas, incautados por el Cuerpo, para entregárselos a uno de sus confidentes, el dominicano Nelson M. N., alias 'Willy' –actualmente en paradero desconocido–, con el objetivo de que éste les diese salida y se repartiesen las ganancias.

También se arrestó a un colombiano que presuntamente se dedicaba al tráfico de estupefacientes
Este exmando policial, que siempre ha defendido su inocencia, ha recurrido, no obstante, la resolución ante el Supremo. Junto a él fueron condenados dos policías que en aquellos años desempeñaban su labor en la comisaría de distrito del Carmen.

El jefe superior de la Policía Nacional en la Región, Ignacio del Olmo, subrayó recientemente, en una entrevista con LA VERDAD, la labor que se realiza desde el Cuerpo para depurar conductas presumiblemente delictivas. «Nosotros no damos espacio a la impunidad por nuestro propio interés», recalcó. «Nos basamos en la legitimidad que nos otorga el ciudadano».


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3450 en: 24 de Febrero de 2024, 20:12:52 pm »
Chalet y BMW con sueldo de funcionario...mala cosa.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3451 en: 25 de Febrero de 2024, 07:24:40 am »
El guardia civil detenido en el 'caso Koldo' amenazó a los vigilantes de seguridad del Ministerio de Ábalos


El subteniente José Luis Rodríguez trabajaba en la seguridad de Nuevos Ministerios y amenazó a los vigilantes del edificio para pasar visitas sin que quedaran registradas

IRENE DORTA 
24/02/24 - 00: 07 
   
La trama de corrupción que asedia el Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos y que afecta directamente a su mano derecha Koldo García implica, además de a empresarios, a un guardia civil. Se trata del subteniente José Luis Rodríguez a quien la Fiscalía Anticorrupción confiere "máxima importancia" en la red fraudulenta de adjudicaciones de contratos de mascarillas durante la pandemia. Este agente estuvo involucrado en un conflicto interno entre algunos miembros de la Benemérita y los vigilantes de Seguridad de Nuevos Ministerios (edificio de Madrid, sede del departamento de Transportes) y llegó a amenazarlos verbalmente ("aquí la autoridad soy yo") para tratar de meter visitas sin identificar, tal y como reveló El Independiente.


La situación de tensión entre los vigilantes de una empresa privada que custodian el interior del edificio y la Guardia Civil, encargada del exterior, llegó a una situación límite en junio del pasado año cuando el coronel jefe de Unidad de Protección de Seguridad de la Benemérita envió una orden "confidencial" que permitía a los agentes entrar en el edificio con armas. Hubo trabajadores entonces que confesaron a este medio tener "miedo" por el clima irrespirable (llegó a haber ocho vigilantes de baja laboral), que ahora dicen entender la actitud con la que actuaba el subteniente Rodríguez, amparado por el "hombre para todo" de Transportes. "Él era íntimo de Koldo", refleja una fuente que trabaja actualmente en el Ministerio.

En el audio que publicó este medio se escucha cómo el subteniente Rodríguez intenta pasar una visita al edificio sin que quede constancia en el registro de entrada, mientras el vigilante de la puerta se opone.

Rodríguez: "Yo siendo el jefe de la sección, o sea de la sección que es la seguridad aquí, no me autoriza una empresa de seguridad privada a pasar un vehículo que yo digo que tiene que pasar. Eso es el mundo al revés. Veremos cómo termina esto"

Trabajador: "Perdón, no le autoriza el área de Seguridad que pertenece al Ministerio"

Rodríguez: "Correcto. Entonces, ocurre lo siguiente, como no quiero más escándalo ya aquí delante de esta persona porque no tengo que dar explicaciones de a qué viene. Viene a tomar un café o a otra cosa. Y me importa muy mucho el buen nombre y ese señor no tiene que saber lo que está pasando... pues le he dicho que se vaya a otro sitio y que curse una disculpa. Esto no va a pasar así. Si un mando viene por aquí y vosotros no me dejáis pasar o me lo impedís físicamente, mandaría a la Fuerza y os detendría por impedir obstrucción del agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones (sic)"

--"Eso es así os lo digo para que lo sepáis. ¿Quién va siempre por delante? Los más débiles, que sois vosotros"


Este audio tiene fecha de julio de 2022, cuando José Luis Ábalos ya había salido de la cartera (la dirigió entre 2018 y 2021). Sin embargo, el sumario del 'caso Koldo' refleja que la trama estuvo actuando al menos hasta finales del año pasado cuando ya se sabían investigados.

"Aquí oír, ver y callar"

Lo cierto es que distintas fuentes consultadas ahora dan un nuevo sentido a por qué el subteniente trataba de entrar y salir del Ministerio con personas sin dar explicaciones y la cierta impunidad con la que buscaba hacerlo. "Cuando venía gente de toda España con el tema de las mascarillas él dijo una vez: 'Aquí oír, ver y callar'", explican.

La querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso en la Audiencia Nacional por el ya bautizado 'caso Koldo' incluye a este guardia entre los siete cabecillas de la trama a los que acusan de delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal. El fiscal dice que él "tendría influencia sobre personal vinculado al Ministerio de Transportes y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados", que fueron Puertos del Estado y Adif.

La red de corrupción sitúa en la cúspide a Koldo García y a los empresarios Víctor Gonzalo de Aldama (presidente del Fútbol Club Zamora) y Juan Carlos Cueto Martín a quienes los investigadores involucran con un negocio de pizarras. Es en éste donde vinculan también al subteniente José Luis Rodríguez que condicía un coche a nombre de una de las sociedades bajo el foco.

La investigación coloca al tricornio en un nivel muy alto de responsabilidad: "La vinculación observada entre Koldo García Izaguirre y José Luis Rodríguez conecta directa de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios". Para Anticorrupción la relación entre el asesor de Ábalos y el agente es "de máxima importancia".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita detuvo el martes el subteniente y le tomaron declaración, si bien después quedó en libertad a la espera de que el juez lo cite a declarar.


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« Respuesta #3452 en: 25 de Febrero de 2024, 20:58:25 pm »
Recuerdo la noticia, un prepotente y ahora corrupto. Lo tiene todo.

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« Respuesta #3453 en: 26 de Febrero de 2024, 07:09:59 am »
Los vigilantes de seguridad del Ministerio de Fomento se querellaron contra el guardia civil detenido en la 'trama Koldo'

Historia de Irene Dorta • 6 h

Los vigilantes de seguridad que custodian el interior del edificio del Ministerio de Transportes presentaron una querella contra siete guardias civiles (encargados de la gestión del exterior del complejo) entre los que se encuentra el subteniente José Luis Rodríguez García, que fue detenido la semana pasada en el marco de la investigación sobre corrupción bautizada ya como 'caso Koldo'. La Fiscalía Anticorrupción ubica a este agente como pieza "de máxima importancia" del entramado que tejió presuntamente el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, con una serie de empresarios para quedarse con mordidas millonarias de contratos de mascarillas.

Artículo relacionado: El guardia civil detenido en el 'caso Koldo' amenazó a los vigilantes de seguridad del Ministerio de Ábalos
La denuncia, a la que ha tenido acceso El Independiente, refleja la tensión que en el complejo de Nuevos Ministerios (sede del departamento de Transportes en Madrid) se vivió durante meses por las rencillas entre los trabajadores de la empresa privada y algunos agentes de la Benemérita por la gestión de la seguridad de las instalaciones. Los querellantes exponen cómo algunos guardias civiles querían "privilegios" como entrar visitas sin que quedaran registradas "propiciando quiebras de seguridad muy relevantes que se tratan de impedir el servicio de seguridad, lo que genera situaciones de agrio enfrentamiento con los trabajadores".

El documento lleva fecha del 25 de mayo del pasado año, pero fuentes jurídicas explican que todavía no ha sido admitida a trámite por ningún juzgado porque el proceso se ha ido retrasando entre las distintas huelgas de personal de Justicia. En esa época llegó a haber hasta ocho trabajadores de baja laboral. "Se está sometiendo al personal de la compañía encargada de la seguridad a situaciones límite en los que se ven obstruidos en su trabajo, amenazados, e incluso sancionados en aplicación de la ley de seguridad ciudadana", dictaron en el documento. Los vigilantes apuntan delitos de desobediencia, coacciones y amenazas y falsedad.

La querella describe cómo el subteniente Rodríguez trató de entrar a un hombre y una mujer sin que "en ningún momento" las dos personas fueran "debidamente identificadas". "Se desconoce sus identidades, ni el cometido que vienen a hacer al MITMA [Ministerio], todo ello haciendo uso del uniforme de la Guardia Civil, con lo cual crea una brecha de Seguridad al propio Ministerio, dado que una vez que sortean todos los controles de accesos, quedan al libre albedrio para recorrer todas las Dependencias del edificio sin control alguno", señalaron los denunciantes. Una actitud que también muestra el agente en un audio que ha revelado este medio.

Los vigilantes detallan por fechas todos los episodios en los que se han sentido "intimidados" por algunos guardias. "¿Os lo han dado por escrito?, están jugando con el pan de vuestras familias, con todos mis respetos: quién es un vigilante de seguridad para pedir un DNI, si la seguridad no está funcionando os echamos a todos de aquí", dijo el subteniente Rodríguez en una ocasión, según la querella.

Anticorrupción lo sitúa en el centro de la trama

Todos estos datos a las puertas del edificio del Ministerio de Transportes cobran ahora un nuevo cariz a raíz de que el subteniente Rodríguez haya sido detenido por la 'trama Koldo'. Algunas de las fuentes de la sede ministerial señalan con nombre y apellido a otros agentes que podrían estar implicados, si bien, de momento no figuran en las diligencias.

Rodríguez no sabía que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había empezado a seguir su rastro de cerca y que el pasado 10 de febrero escucharían una de sus conversaciones con Koldo García en el restaurante 'La Chalana' de Madrid. Diez días después fue detenido y acusado de formar parte de una organización criminal dedicada a desfalcar las arcas públicas para cobrar presuntamente comisiones millonarias de contratos de mascarillas durante la pandemia.

La parte en la que Anticorrupción vincula a Rodríguez con la trama ilegal tiene que ver con un negocio de pizarras. En el enredo empresarial destinado presuntamente a blanquear dinero, la empresa adjudicataria de todos los contratos bajo sospecha --Soluciones de Gestión S.L-- empleó parte de las ganancias en la compra de fincas rústicas en la comarca de Barco de Valdeorras, Ourense (Galicia). "En esta operativa, además de Juan Carlos Cueto [uno de los empresarios cabecilla]", dice la Fiscalía, "interviene José Luis Rodríguez García".

Las gestiones relativa a esa finca las hizo un tercer empresario vasco. Los investigadores han analizado sus cuentas bancarias y "hay cinco transferencias por un total de 5.000 euros (entre marzo de 2021 y agosto de 2021) figurando en el concepto de todas las operaciones 'José Luis Rodríguez García'".

La UCO llegó a identificar un viaje de uno de los empresarios claves de la trama con el subteniente a Ourense (Galicia), donde se encuentra, precisamente, la explotación de pizarra. “La vinculación observada entre Koldo García Izaguirre y José Luis Rodríguez García conecta directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios”, expone el Ministerio Público.

Además, este guardia civil es titular de otra sociedad llamada Montajes e Instalaciones Grimbo S.L. Ésta fue constituida en 2012 y tiene como objeto social "la compra, venta, alquiler, comercialización, distribución, reparación, desmontaje, importación y exportación de toda clase de maquinaria y herramientas", se lee en el sumario del caso. Los investigadores buscan ahora poder conectar todas estas piezas para concluir la relación del negocio de las pizarras con le trama de corrupción.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3454 en: 27 de Febrero de 2024, 07:33:38 am »
EL APARTHOTEL PLAYA DE QUENXE
La AN saca a subasta el hotel del exsargento condenado por traer 2.700 kilos de cocaína en barco


José Álvarez Otero, que fue condenado a 12 años de prisión y una multa de 1.800 millones, fue comandante del puesto de Corcubión, en la Costa de la Muerte

Por Carlos Rodríguez
27/02/2024 - 05:00
EC EXCLUSIVO

La Audiencia Nacional ha comenzado a reclamar parte de la multa de 1.800 millones de euros que impusieron al exsargento de la Guardia Civil José Álvarez Otero, que fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico tras el desembarco de 2.718 kilos de cocaína, valorados en casi 500 millones de euros, del mercante SV Nikolay Varna. Este barco fue interceptado por la Policía Nacional cerca del Estrecho, a unas 50 millas de Cádiz, cuando navegaba a Galicia a mediados de 2012. El guardia civil, según la investigación, actuaba como garante, asegurando a quienes financiaban los envíos de droga que se podría desembarcar sin problemas. Todo ello, debido a que José Álvarez Otero llegó a comandante del puesto de Corcubión, en la Costa de la Muerte, tras ingresar en la Guardia Civil en 1975 y pasar por el País Vasco, Navarra y Galicia, estando antes en la Comandancia de La Coruña, en Tráfico y Seguridad Ciudadana. Entre la fortuna que había amasado el exsargento está el Aparthotel Playa de Quenxe, situado en la Rua de Praia de Quenxe-Villa de Corcubión. El establecimiento, que fue renovado en 2005 y tiene un total de seis habitaciones, se encuentra ubicado sobre el paseo marítimo que flanquea la playa de Quenxe, localizada a solo un kilómetro de la pequeña localidad de Corcubión, cuyo casco antiguo fue declarado conjunto histórico artístico. Este activo inmobiliario, el Apartahotel Playa de Quenxe, es el que ha salido a subasta tras la ejecución judicial y lo ha hecho valorado en más de medio millón de euros. En concreto, el valor de subasta es de 540.400 y estará abierto a pujas hasta el próximo lunes, 4 de marzo. Actualmente, se encuentra arrendado tras el contrato realizado por el exsargento con la sociedad Neriotium suscrito a mediados de 2017 por un periodo de diez años y una renta contractual de 1.000 euros revisables de acuerdo con el IPC.

De hecho, y según consta en la información remitida por la Audiencia Nacional para la subasta pública, se aprecia como la sociedad Neriotium se encuentra al corriente de pago. Así, y a fecha de noviembre, se aprecia como había abonado 3.000 euros por el pago del alquiler de junio, julio y agosto de 2023 a la cuenta bancaria del Servicio Común de Ejecutorias Penales de la Audiencia Nacional. Y antes, hizo lo propio con el pago de 9.000 euros por el periodo que va desde septiembre de 2022 a mayo de 2023. Según la sociedad de tasación, el apartahotel presenta un estado de conservación acorde con su antigüedad, necesitando pequeñas actuaciones de mantenimiento y su calidad es estándar. El uso se limitaba al alquiler de temporada de un apartamento, aunque el inmueble se encuentra adaptado para un uso combinado de apartahotel, hotel y local de restauración. De hecho, en portales como Booking o Tripadvisor se pueden realizar reservas con un precio mínimo de 50 euros la noche.

El futuro comprador, no obstante, podría encontrarse con ciertos escollos. ¿El motivo? El inmueble "se encuentra fuera de ordenación al situarse dentro de una parcela de uso viario", según consta en el certificado urbanístico facilitado por el ayuntamiento y únicamente se pueden realizar actuaciones de conservación y mantenimiento del inmueble y usos existentes. Así, no se dispone de licencia municipal de apertura de uso hotelero, por lo que está prohibido dicho uso, aunque no consta en el Ayuntamiento expediente de infracción ni requerimiento. Por otro lado, el contrato de arrendamiento existente exige la obtención de los permisos y licencias correspondientes para el ejercicio de la actividad hotelera, "extremo que no podría obtenerse de acuerdo con las aseveraciones del certificado urbanístico", según señala el tasador de la sociedad Risc Valor.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3455 en: 28 de Febrero de 2024, 08:07:57 am »
Ábalos medió para que el escolta detenido fuese premiado con un puesto en Moscú


Interior designó a los dos agentes en el puesto, dotado con 12.000 euros al mes, antes de que Ábalos dejase Transportes

Ábalos medió para que el escolta detenido fuese premiado con un puesto en Moscú
El exministro Ábalos. | TO

Enrique Recio
@RecioEN
er@theobjective.com
Alberto Sierra
@albsierr
asa@theobjective.com
Publicado: 24/02/2024  •  03:30

Rubén de Aldama, el policía nacional detenido en el marco de la operación Delorme de la UCO de la Guardia Civil, hermano de uno de los principales investigados del presunto caso de corrupción y quien fuese escolta del exministro Jose Luis Ábalos, se ganó la confianza del diputado socialista durante los dos años en los que estuvo en su equipo de seguridad. Lo hizo hasta tal extremo que el titular de Transportes llegó a mediar con el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska y, en concreto, con la Dirección General de la Policía, para que fuese en comisión de servicios a la Embajada de España en Rusia a principios de 2021, pocos meses antes de que Ábalos dejase el Gobierno y la Secretaría de Organización del PSOE.

Según revelan a THE OBJECTIVE fuentes de la Policía Nacional, el entonces ministro decidió premiar no solo al oficial de policía y hermano de uno de los principales implicados en el caso de presunta corrupción que investiga la Audiencia Nacional, Víctor de Aldama, sino también a otro de los escoltas que llevaba largo tiempo con él el Ministerio. Este puesto de libre de designación, con una duración de dos años para labores de seguridad en la delegación diplomática, es de los más disputados entre las fuerzas de seguridad por su alta remuneración: unos 12.000 euros al mes.

Cabe destacar que los dos agentes, ambos funcionarios policiales de la Brigada Central de Escoltas, órgano dependiente de la Unidad Central de Protección de la Policía y encargada de la seguridad de altas personalidades del Estado, fueron los que, revelan las fuentes, acompañaron al ministro en distintos episodios polémicos. Entre ellos, destacan el que ocurrió en un bar de copas de Mérida (Badajoz) en febrero de 2019, cuando un policía nacional retirado le increpó a Ábalos al grito de «rojo», y en el que los escoltas tuvieron que intervenir ante la disputa que provocó poco después Koldo García, el ayudante de Ábalos sobre la que pivota toda la trama en las mordidas de los contratos por las mascarillas.

La primera comida con Ábalos
En el caso del primer policía, ese premio en forma de puesto en Moscú vino precedido también por la buena relación que su hermano, el empresario y presidente del Zamora C.F., investigado en la supuesta trama de corrupción, Víctor Gonzalo de Almada, entabló con el entonces ministro y previamente con su asesor y hombre de confianza de Ábalos. La amistad que mantenían los tres era estrecha y, tal y como reveló THE OBJECTIVE, se fraguó gracias a una comida, organizada por el escolta de Ábalos y el familiar imputado, en un restaurante de la capital madrileña.

El encuentro, que tuvo lugar a finales de 2018, tuvo lugar en un establecimiento hostelero, el Welow Restaurant, situado en la zona financiera de Madrid, en concreto en una de las cinco torres, y cuyo propietario era, precisamente, Víctor de Aldama. A partir de este punto, los cuatro forjaron una relación de confianza y negocios. Tanto es así que el titular de Transportes celebró su 60 cumpleaños en el citado restaurante, en diciembre de 2019, en compañía de Koldo y del empresario madrileño.

Y no solo eso, sino que que los contratos de mascarillas adjudicados a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas por parte de distintos organismos del Ministerio de Transportes, todos ellos investigados por Anticorrupción, se negociaron entre ellos tres desde el piso oficial en el que Ábalos residía en Madrid antes de ser destituido por Pedro Sánchez como ministro, según publicó este periódico.

53 millones

La investigación de la Fiscalía ha revelado que la trama a la que se vincula Koldo García se hizo con ocho contratos públicos por un valor de 53 millones. Además de Transportes e Interior, habría conseguido adjudicaciones de los gobiernos regionales de Baleares y Canarias. Anticorrupción calcula que Soluciones de Gestión pudo obtener unos beneficios cercanos al 32%, en torno a unos 10 millones de euros, tras descontar el pago que hizo a dos suministradores de mascarillas y a las compañías que hicieron su traslado a España.

Una rentabilidad que fue repartida entre el asesor de Ábalos, su mujer y su hermano, Patricia Uriz y Joseba García; los empresarios Victor de Aldama, Iñigo Rotaetxe y Juan Carlos Cueto, vinculados a la empresa adjudicataria de las mascarillas, y Jose Luis Rodríguez, un mando de la Guardia Civil en Transportes, en segunda actividad, que la trama empleó para blanquear una parte las mordidas a través de una empresa de minería, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL.

En libertad

En cualquier caso, la organización criminal que integraban estos últimos también hizo lo mismo con una empresa en Brasil, Suro Capital Brasil Participacoes Ltda, y con la compra de bienes inmobiliarios y suelo rústico en la provincia de Alicante, según refleja la querella del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso este diario.

Los investigados fueron citados este jueves para declarar en la Audiencia Nacional. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar. Quedaron en libertad después de que la Fiscalía rehusara solicitar prisión provisional al considerar que no existe riesgo de fuga, de alteración de pruebas ni de reiteración delictiva. A la mayoría se les impuso medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3456 en: 29 de Febrero de 2024, 00:12:58 am »
Chalet y BMW

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« Respuesta #3457 en: 29 de Febrero de 2024, 06:53:24 am »

Tres años de cárcel para un policía nacional de Valladolid por la detención ilegal de un ciudadano


La Audiencia de Valladolid ha condenado a tres años de cárcel al agente de la Policía Nacional A.S.A. que fue juzgado por detener de forma ilegal y golpear a un hombre con problemas mentales que en mayo de 2022 entró en la Comisaría de Parquesol para pedir su ingreso psiquiátrico al creer que se trataba de un hospital, según informan fuentes jurídicas.

En su sentencia, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial considera probada por parte del funcionario público la autoría de un delito de detención ilegal —le aplican la atenuante de reparación del daño—, merecedor de la citada pena de tres años de cárcel y ocho años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, si bien le absuelve del delito contra la integridad moral al entender que el puñetazo y las patadas propinadas a la víctima se incardinan en un delito de maltrato de obra por el que no reclamaron las acusaciones pública y particular, según informan fuentes jurídicas.

Además, en concepto de daños morales, el tribunal impone al policía el pago de una indemnización de 9.000 euros en favor de la víctima, idéntica cuantía que el condenado ya había consignado con carácter previo al juicio y que ha llevado a la sala a aplicarle la citada atenuante de reparación del daño.

El fiscal del caso, que inicialmente pedía siete años y medio de cárcel, y la acusación particular, que solicitaba cinco años, modificaron sus conclusiones el último día del juicio para rebajar la petición global de condena a tres años y medio de prisión —seis meses por delito contra la integridad moral y tres años por detención ilegal—, con la atenuante de reparación del daño, y un total de diez años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de policía.

La defensa, por contra, había solicitado una pena mínima y multa de 90 euros por un delito leve de maltrato e interesó la absolución por el delito de detención ilegal al concurrir, a su juicio, un error invencible. Subsidiariamente, por delito de detención ilegal imprudente había pedido una suspensión de un mes y medio de empleo y sueldo.

"Estaba desbordado pero, desde luego, me arrepiento totalmente de lo que hice", declaró en el juicio el agente de la Policía Nacional Jorge A.S.A, respecto de lo ocurrido la tarde del 25 de mayo de 2022 cuando la víctima acudió a la Comisaría de Parquesol y se topó en el mostrador con el acusado, al que comenzó a realizar preguntas incoherentes sobre el GEO 3 y más tarde por el GEO 2 y el GEO 1, sin que el acusado pudiera resolver sus dudas por cuanto en aquellas dependencias no había ningún grupo o unidad con esta denominación.

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El funcionario aseguró que desconocía que Atila S. se encontrara perturbado —"pues a comisaría viene siempre gente muy rara"— y explicó que durante esa conversación sin sentido tuvo que atender otras incidencias que le obligaron a abandonar el mostrador, tanto la entrada del taxista que había llevado hasta allí al denunciante y que quería cobrar como a otra persona que pretendía aparcar su coche en una zona restringida.

En su defensa, el policía alegó que se encontraba esa tarde con Covid y en estado febril y, además, era la única persona que prestaba servicio de seguridad en puertas, de ahí que en un descuido para atender a estas personas Atila S. se escabulló y desapareció dentro del edificio policial.

La situación le superó, ya que había perdido de vista a Atila y el peligro era evidente porque la Comisaría de Parquesol cuenta con el depósito de explosivos de los TEDAX y otra serie de "material sensible" de otras unidades. "Pensé que me la podía liar", dijo gráficamente el policía.

Ante ello, el agente puso en alerta a otra media decena de compañeros, parte de ellos de la Brigada de Subsuelo recién llegados a comisaría y otros del Grupo de Investigación que ocupaban la primera planta, hasta que finalmente uno de ellos dio con Atila en la segunda planta donde preguntaba ahora por el máximo responsable de la comisaría.

Conducido hasta las escaleras para iniciar el descenso, del denunciante se hizo cargo entonces del acusado, quien en el juicio sostuvo que fue entonces cuando Atila se resistió y llegó a golpearle en la mejilla y la oreja, hasta que segundos más tarde le llevó al hall y allí, como así confesó sin tapujos, le redujo con un puñetazo y una patada cuando ya estaba caído de rodillas en el suelo.

Aunque el agente insistió en que había motivos para la detención al haber sido objeto de un delito de atentado por parte Atila S —sitúa la agresión en las escaleras, donde no hay cámaras de seguridad—, sí reconoció que se extralimitó al golpearle en el recibidor de la comisaría, evidencia que recogen las cámaras y cuya grabación, en parte, fue reproducida en sala.

La víctima, por su parte, indicó que aquella tarde se personó en comisaría pensando que se trataba del hospital y que su deseo era el de ser ingresado al sufrir un brote psicótico. "Yo estaba muy mal. Vi una bandera del Estado Español y me dije a mi mismo, qué bien voy a preguntar por mi psiquiatra", declaró Atila S, quien denunció que minutos después se encontraba en el suelo tras haber sido pegado por el policía del mostrador.

"¡Madre mía, pero dónde me he metido, estoy otra vez en el orfanato!", es lo que Atila, entre sollozos, asegura que pensó tras una agresión en dependencias policiales que le hizo revivir tristes recuerdos de su paso por un hospicio en su país de origen en el que no paraban de pegarle y le metían en un barril con agua a modo de castigo.

El hombre también aseguró que en ningún momento golpeó al policía que ocupaba el banquillo. De hecho, los policías nacionales que se encontraban esa tarde en comisaría y que ayudaron al acusado a localizar a Atila no recordaron haber presenciado acometimiento alguno del denunciante sobre su compañero. Sí precisaron que Atila se encontraba "muy alterado" y comenzó a desnudarse en el recibidor, y tan sólo dos de ellos llegaron a reconocer que el acusado golpeó al ciudadano "de forma sorpresiva, como para calmarle".

También, entre otros, compareció el coordinador o superior del acusado para defender que la orden de detener a Atila por atentado y trasladarle hasta la Comisaría de Las Delicias para realizar el trámite oportuno la dio él tras escuchar la versión de los hechos facilitada por el encausado, y ello sin haber visionado la cámara de seguridad de lo que de verdad había ocurrido en el hall.

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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3458 en: 04 de Marzo de 2024, 17:27:20 pm »
 
Investigados cuatro policías autonómicos de Andalucía por presunto cobro irregular de kilometraje y dietas


Los cuatro acusados prestaron declaración ante el juez
 
CARMEN LARAÑA
Sevilla Creada: 04.03.2024 12:49
Última actualización: 04.03.2024 12:49
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla tiene actualmente abiertas unas diligencias, por el supuesto cobro irregular de gastos de kilometraje y dietas por parte de agentes de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, según ha adelantado Diario de Sevilla y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En el marco de tales actuaciones, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, figuran como investigadas un total de cuatro personas.

Estas cuatro personas prestaron declaración ante el juez instructor la semana pasada, por su presunta relación con los hechos investigados.


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Re: !Cómo están los Cuerpos!
« Respuesta #3459 en: 05 de Marzo de 2024, 00:56:00 am »


Consternación en la Policía tras detener al tercer jefe antidroga consecutivo en Murcia


El inspector también habría hecho labores de seguridad para la presunta red, liderada por un confidente
ADRIANA CABEZAS

Madrid


04/03/2024
Actualizado a las 18:20h.



El jefe del Grupo de Estupefacientes de Murcia detenido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional está acusado de recibir sobornos de un confidente que lideraba una presunta organización de tráfico de drogas. A cambio, además de hacer la vista gorda, el agente, que responde a las iniciales J. G. y tiene rango de inspector, habría prestado apoyo en materia de seguridad en traslados de efectivo o sustancias ilícitas, según fuentes próximas a las diligencias. Se convierte así en el tercer jefe consecutivo de este Grupo implicado en un caso de narcotráfico.

Tras más de un año de investigación, el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, encargado de las pesquisas, acordó el pasado 22 de febrero su ingreso en prisión provisional. También para el presunto confidente, al frente de una supuesta organización de escala intermedia dedicada al tráfico de cocaína, marihuana y hachís. La causa se sigue bajo secreto por delitos de tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, blanqueo de capitales, y pertenencia a organización criminal.

Hay otros cuatro imputados que, tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad provisional. Y según ha podido saber este diario, los investigadores han tomado declaración a un segundo agente del Grupo de Estupefacientes que dirigía J. G., también en condición de investigado.

«Cruzó la línea»

En la Jefatura Superior de Policía de Murcia, tras el ingreso en prisión del inspector, no salen de su asombro. «Estamos consternados», asegura una fuente policial a este diario. También en Udyco central, pues el inspector J. G. «era un histórico, un veterano de la zona» que contaba con varias condecoraciones –entre las que destaca la cruz al mérito policial con distintivo rojo, dotada con una pensión– por su implicación en operaciones contra el narcotráfico.

Cabe recordar que llevaba al frente del Grupo de Estupefacientes en la región desde 2015, cuando su antecesor en el cargo y el antecesor de este fueron imputados por otro asunto relacionado con el tráfico de drogas. Hace solo un mes la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a seis años de prisión al primero por un delito contra la salud pública e impuesto cuatro al segundo, también por delitos de cohecho y falsedad en documento oficial, tras conseguir una rebaja por confesar los hechos durante el juicio.

En el caso que nos ocupa, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional llevaba más de un año investigando al inspector J. G. «con el máximo sigilo», tras detectar un aumento injustificado en sus movimientos de efectivo. Vigilancias, seguimientos y pinchazos telefónicos habrían arrojado indicios de su presunta colaboración con la red de drogas supuestamente liderada por uno de sus confidentes, que además de facilitarle información sobre otros grupos delincuenciales le habría pagado con dinero en efectivo a cambio de que le permitiera traficar. «Cruzó la línea», explican las fuentes consultadas. Habría evidencias de que además dio a la supuesta organización cobertura en materia de seguridad. El dinero ilícito obtenido, según las pesquisas, lo estaba introduciendo en el circuito legal a través de distintas inversiones, de ahí que también se le atribuya un presunto delito de blanqueo de capitales.

«Limpiamos nuestra casa»
Fuentes policiales ponen en valor que en cuanto se detecta una conducta delictiva dentro de la Policía Nacional se activan mecanismos «sin ninguna demora», gracias a la labor de la Unidad de Asuntos Internos, encargada de investigar los delitos cometidos por agentes del Cuerpo. «Somos nosotros mismos los que limpiamos nuestra casa», añade otra fuente consultada.

No obstante también hay voces críticas que apuntan a que en Murcia están fallando los controles, así como la cadena de mando. «Hace falta una revisión interna». No sólo porque el inspector J. G., ahora en prisión provisional, «llevaba diez años al frente del Grupo, hacía y deshacía a su antojo y le compraban los éxitos policiales sin preguntarse con qué métodos los conseguía». Sino porque no es la primera vez que ocurre. J. G. es el tercer jefe consecutivo del Grupo de Estupefacientes de la Región de Murcia que se ha visto envuelto en un caso de tráfico de drogas.

En enero de este año la Audiencia Provincial de Murcia consideró probado que su antecesor en el cargo, J. Ll., y a su vez, el antecesor de éste, F. M., se apropiaron parte de la cocaína incautada en operaciones para que uno de sus confidentes pudiera hacer negocio.

«El inspector J. Ll. es un funcionario público y cometió el delito abusando de su condición de jefe del Grupo de Estupefacientes de Murcia, precisamente porque entre sus cometidos estaba el de custodiar la sustancia estupefaciente decomisada, lo que le permitió, sin levantar sospechas, acceder a ella, manipularla, sustituirla por otras sustancias, sustraerla y facilitársela a quien, a modo de comisionista, se encargaría de su venta, para finalmente lucrarse ambos», recoge la sentencia a la que tuvo acceso este diario. En total, y con la atenuante de dilaciones indebidas, ha sido condenado a seis años de prisión. Se ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según las fuentes jurídicas consultadas.

En lo que respecta al jefe de Grupo anterior a J. Ll. –que responde a las inciales F. M.–, concluyen los magistrados: «Intervino en al menos dos operaciones en las que los hechos consignados en los atestados como instructor y los ocurridos no eran coincidentes, faltando a la verdad». La carga probatoria resultó suficiente también en su caso para concluir que «ocultó el apoderamiento de la droga, con el mismo fin de venta y reparto» entre él y otro confidente. El propio F. M. reconoció los hechos.

En la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia es de nuevo la relación entre un inspector y su informante la que está bajo la lupa, a la espera de que el volcado de los dispositivos intervenidos en los registros desplegados en Murcia, Molina de Segura y San Javier, aporten más datos.n más datos.
« Última modificación: 05 de Marzo de 2024, 06:46:43 am por 47ronin »