Los funcionarios que vienen; examen de rendimiento cada año y con sueldo variable¿Cuántas veces hemos hecho una gestión ante una administración y nos hemos sentido frustrados o maltratados por el funcionario de turno? ¿Cuántas veces hemos intentado utilizar un servicio telemático de gestión de un ministerio o una consejería de una comunidad autónoma y no ha sido posible porque no ha funcionado la web, la pasarela de pago o el sistema?
Este tipo de incidentes es habitual, demasiado habitual en nuestro país, aunque bien es cierto que también es una de las deficiencias estructurales de la función pública en muchos países, no sólo de España. Una de las causas de estas carencias en el servicio público que se ofrece a los ciudadanos es la escasa mejora continua del desempeño del personal y de los procesos, porque las relaciones laborales dentro de la administración son decimonónicas y rígidas.
Ahora, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda pero también de Administraciones Públicas, quiere medir por primera vez el desempeño de los 2,5 millones de funcionarios que trabajan en nuestro país, a través de exámenes periódicos.
Una evaluación, que, si prospera la propuesta actual del comité de expertos que ha elaborado la ponencia, determinará el sueldo de los funcionarios y los ascensos, según ha informado Teintersa.es.
Se trata de cambiar, a través del desarrollo pendiente del Estatuto Básico del Empleado Público, unos hábitos forjados en el siglo XIX. Para ello se propone que todos los funcionarios deberían estar sometidos a la evaluación del desempeño, con la única excepción del personal eventual -los denominados cargos de confianza-.
Por tanto, tendrían que pasar ese examen anual sobre su rendimiento en el trabajo tanto funcionarios como interinos, así como personal laboral. En total, en torno a 2,5 millones de trabajadores. La evaluación, como ocurre en muchas empresas privadas, aumentaría la parte variable del salario, de forma que dos funcionarios que están en el mismo puesto podrían ganar cantidades bien diferentes en función de su evaluación de rendimiento. De este modo se pretendería establecer incentivos para mejorar la productividad de los empleados públicos, superando el esquema actual en el que no existe incentivo alguno para mejorar el rendimiento.
La evaluación continua también debería permitir detectar las carencias de formación del cuerpo de funcionarios, y establecer programas específicos para mejorarla. Pero la revolución que podría suponer esta medida en el funcionamiento de la Administración no acaba ahí. Abre la posibilidad de fijar un procedimiento que permita el despido de funcionarios de carrera por causas no estrictamente disciplinarias. El comité de expertos insta al Gobierno de Rajoy y a comunidades autónomas a desarrollar un procedimiento que regule el "cese de un puesto de trabajo obtenido por concurso" en los casos en que exista una evaluación negativa del desempeño del funcionario en cuestión.
El posible despido de funcionarios, por tanto, ya no dependería únicamente de cuestiones disciplinarias, tal y como prevé la norma actual, sino también del cumplimiento de esos objetivos establecidos para cada puesto y de la positiva evaluación de su desempeño profesional. En casos extremos, el examen de evaluación permitiría el despido de funcionarios en caso de ser negativa de forma reiterada y poner de manifiesto una actitud particularmente negativa hacia el trabajo.
La aplicación de este tipo de despido presenta en todo caso gran dificultad y posiblemente quedará diluida en la reforma . La primera es que si no se objetiva bien quién puede decidir sobre estas medidas disciplinarias se podría abrir un resquicio a las purgas políticas o por amiguismo de funcionarios en todos los niveles, desvirtuando la necesaria preservación de la neutralidad que debe regir el funcionamiento de la Administración. Basta con imaginar qué podría pasar en la Agencia Tributaria si no se establece un procedimiento que dé absolutas garantías a la hora de evaluar y decidir castigos.
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