?Para cuando la convocatoria de la Junta Local?
M. ROSA FONT
Huelva. De este a oeste de la provincia, atravesando la Costa e incluyendo la capital, la Subdelegación del Gobierno tiene abiertos serios frentes en materia de seguridad ciudadana pendientes de resolución, que se suman a los datos oficiales (y precisos) sobre la actividad delictiva en el territorio onubense. La misma Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva ha hablado con claridad al subrayar que, ante la reducción porcentual de la criminalidad en la provincia el pasado a?o (de sólo un 0,02 por ciento respecto al ejercicio precedente), sólo puede hablarse de una cierta estabilización y que, en modo alguno, esta ínfima reducción puede interpretarse como una tendencia definitiva. El mensaje entre líneas, el mismo que el apuntado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria anual, no es otro que lejos de lanzar campanas al aire no hay que bajar la guardia.
En uno de estos frentes, se sitúa la delincuencia juvenil. Según los datos del Ministerio del Interior respecto a 2005 en este apartado, en el conjunto del territorio nacional los delitos cometidos por jóvenes y menores se redujeron un 5,20 por ciento (fundamentalmente los robos violentos y los delitos contra el patrimonio).
En Huelva, en el mismo periodo, ha sucedido lo contrario: se ha registrado un ligero incremento de la delincuencia juvenil (1.571 causas el pasado a?o frente a las 1.326 abiertas a menores en 2004) y, lo más preocupante, según la propia Fiscalía, es que las estadísticas no recogen ni por asomo la realidad de este tipo de criminalidad.
La delincuencia ha llegado a tocar de lleno al Cuerpo de Policía Nacional en Huelva y buena parte de la plantilla está a punto de estallar. Los apedreamientos y ataques que comenzaron a registrarse hace ya varios a?os -de forma puntual- contra las patrullas que realizaban algún servicio en las barriadas más conflictivas de la ciudad (El Torrejón o Marismas del Odiel) no sólo no han desaparecido sino que las agresiones contra los efectivos, tanto físicas como verbales, se producen un día sí y dos no y ya no sólo tienen como escenarios las zonas conflictivas o más marginales.
Cuando aún no se ha cerrado el conflicto sin precedentes que se inició en noviembre de 2005 en la Guardia Civil de Almonte, donde tanto la totalidad de los miembros de este puesto como los del Destacamento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Deprona) de Do?ana se dieron de baja masiva después de ser objeto de una campa?a de amenazas y da?os en bienes de su propiedad, en el seno de la Policía Nacional el malestar entre los efectivos comienza a tomar tintes similares. No habrá una baja masiva pero sí denuncias constantes.
Hace tan sólo unos días, se producía el último incidente: la rotura de la luna trasera de un vehículo policial. En poco más de dos meses, las agresiones contra los agentes y contra los coches oficiales no han parado. Primero, vieron como se les lanzaba una bombona de butano desde un balcón en la barriada de La Navidad cuando varios agentes realizaban un control rutinario, después se produjeron disparos a un vehículo con un arma de calibre bajo y, días después, un nuevo ataque a otro coche patrulla (le pincharon las cuatro ruedas) y cinco agentes resultaban heridos cuando intervinieron para disolver una reyerta entre dos bandas en la Calle Antonio Rengel.
Los datos hablan por sí mismos: a lo largo de 2005, las fuerzas del orden (Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local) fueron objeto de 301 agresiones de todo tipo. A la Subdelegación del Gobierno le está lloviendo dentro de casa porque, además, las agresiones han abierto una brecha en las filas de la Policía Nacional. En el seno del Cuerpo hay quien achaca la situación al poco aguante y corta experiencia en las calles de las nuevas hornadas incorporadas a la plantilla en los últimos meses. La lectura es bien distinta para la Confederación Espa?ola de Policía (CEP), para la que esta situación no es más que una herencia de la dinámica con que ha funcionado la Policía Nacional en Huelva y del deterioro progresivo de la autoridad, avalado incluso desde la Subdelegación por su inacción y absoluta falta de apoyo a los efectivos que han sido diana de agresiones.
Fuera de la casa, hay más cuestiones pendientes. Las organiones criminales dedicadas a la falsificación y al tráfico de personas han logrado colarse en la provincia, hasta el punto de que este tipo de redes tienen a Huelva como zona de actuación preferente. Aunque las operaciones desarrolladas por la Guardia Civil, de forma especial en el último a?o, han logrado desmantelar varias de estas bandas con origen en países del Este europeo (algunas incluso vendían o alquilaban a trabajadores por unos cientos de euros), los casos se siguen produciendo y, también en este apartado, la Fiscalía ha lanzado ya la advertencia de que estos grupos no están de paso ni se trata de incursiones puntuales sino que, por el contrario, tienen vocación de afincarse en territorio onubense.
El problema de la inmigración ilegal, acompa?ado de los asentamientos chabolistas de extranjeros subsaharianos -denunciado por el Defensor del Pueblo andaluz por las condiciones infrahumanas de vida del colectivo-, figura también en la lista de asuntos pendientes para el Gobierno.
Mientras, la que ya se conoce como 'banda del Condado', que hizo su aparición en Huelva hace unos cuatro meses después de mantener en vilo varias localidades del Aljarafe sevillano, continúa actuando a sus anchas -el último atraco a empresas se produjo en Moguer- y en toda la franja litoral se continúan produciendo incautaciones de droga, al formar parte la Costa onubense de una de las principales rutas de entrada.
301 agresiones en un a?o. Habrá que pensar en hacer algo ya ?No creeis? 
