Una policía dividida
El cierre de una unidad de antidisturbios pone al descubierto los problemas internos tras la llegada del nuevo equipo al Ayuntamiento de Madrid
F. Javier Barroso
Madrid 21 FEB 2016 - 00:00 CET
Unos 300 policías municipales persiguieron y obligaron el pasado martes al concejal de Seguridad, José Javier Barbero, y al director del cuerpo, Andrés Serrano, a refugiarse en un bar de Centro hasta que llegó su coche oficial y pudo largarse del lugar. Los agentes estaban manifestándose en la plaza de la Villa cuando salió el concejal. El altercado ha sacado a la luz los problemas internos que sufre la Policía Municipal, tras la llegada del nuevo equipo de gobierno de Ahora Madrid y el cambio de modelo que está efectuando en los últimos meses.
El punto de inflexión fue el pasado patrón de la Policía Municipal, celebrado el día de San Juan (24 de junio) en el parque del Retiro. El entonces inspector jefe, Francisco Caletrio, hizo una férrea defensa de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS, los antidisturbios del cuerpo). De hecho, se los señaló a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena: “Esos de ahí, los de la boina”, le dijo gráficamente. Minutos después, el concejal de Seguridad explicó a los periodistas que no le gustaba que los policías municipales se dedicaran a desahucios. La sentencia de muerte estaba firmada.
Durante estos meses se ha especulado con su futuro, que llegó hace dos semanas tras una charla del actual inspector jefe a la UCS-1, con sede en la Casa de Campo. Los 100 agentes que la integran pasarán a los distintos distritos. El malestar en esta unidad es patente.
“Nos han chuleado. De la noche a la mañana y sin previo aviso, nos dan unas plazas en las que perdemos toda nuestra operatividad. Estamos formados para grandes eventos, para entradas y registros y para contención de masas y ahora nos meten en un patrulla”, se quejan algunos agentes. “Luego, cuando haya problemas como una persona que se quiere suicidar, ¿a quién van a llamar? La seguridad se va a resentir y a no tardar mucho. No nos han preguntado ni nos han tenido en cuenta. Ahora va a haber compañeros que tengan que hacerse muchos más kilómetros porque les han mandado a la otra punta de Madrid”, añade otro policía. “Tampoco han dicho nada de qué va a pasar con todo el material y los vehículos que teníamos asignados. Esto ha sido una venganza por nuestras actuaciones en el 15-M y en el desalojo de sitios como el patio de Maravillas”, protesta otro.
155 plazas para toda la capital
El centenar de integrantes de la Unidad Central de Seguridad 1 (UCS) quedará repartido por las comisarías de los distritos de la capital (Centro dispone de dos), según el listado que ha elaborado el área del director de la Policía Municipal, Andrés Serrano, que incluye 155 plazas. Por tanto, sobrará un tercio de puestos. Los agentes han tenido unos días para seleccionar los lugares en los que querían hacer su trabajo. “Yo he ganado mi puesto por concurso y no me pueden sacar así como así de este puesto”, se queja algún integrante de la UCS-1. Estos agentes dejarán un plus mensual de 360 euros.
Algunos distritos, como los de Barajas, Villa de Vallecas y Arganzuela, recibirán solo dos agentes (uno de mañana y otro de tarde), mientras que Puente de Vallecas podrá llegar hasta los 16 policías. O el de Hortaleza, con 14 funcionarios.
Un detalle que llama la atención es que hay tres distritos (Moncloa, Retiro y San Blas) que no están en el listado de posibles destinos de los exagentes de la UCS-1. La UCS-2, que unificará toda la capital, se quedará con 160 componentes operativos desglosados en un oficial, 6 sargentos, 6 cabos y 147 policías, de los que 32 provendrán de la extinta UCS-1.
La respuesta de los responsables de la concejalía es bien distinta. En primer lugar, dejan claro que su nuevo modelo policial, cuya presentación oficial se hará el 31 de marzo, pasa por potenciar la presencia en los barrios y que la policía esté mucho más cercana a los ciudadanos. “Con los efectivos que tenemos ahora no se cubren los servicios mínimos en muchos distritos. No se pueden atender los requerimientos de la emisora”, explican estos responsables, que ponen como ejemplo Moratalaz. “Los ciudadanos nos han votado y nuestro diseño de la policía no pasa por estas unidades en labores que no correspondan al Ayuntamiento. ¿Qué pasa, que no podemos aplicar nuestro programa y gobernar como creemos?”, añaden estas fuentes.
Segundo, la Policía Municipal no tiene que asumir competencias que son propias de otros cuerpos, en este caso, de la Policía Nacional. Para ello, tiran de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que recoge que en casos de manifestaciones la Policía Municipal colaborará con otros cuerpos (Policía Nacional y Guardia Civil). Estos son los encargados de restablecer el orden público, según esta norma. “Si hay problemas, que intervengan los antidisturbios de la Policía Nacional“, concluyen estos responsables.
Las UCS no desaparecen como tal. Quedará la unidad 2 que asumirá toda la capital en caso de que se requiera su intervención. Eso sí, en breve se le cambiará de nombre y se le darán nuevos cometidos y se le retirarán parte de los actuales. Por supuesto, se quedarán fuera de los desahucios.
El problema de los antidisturbios ha sido solo la punta del iceberg. La división entre los sindicatos ha quedado palpable. La Confederación Profesional de Policía Municipal (CPPM, el mayoritario del cuerpo) ha denunciado en los juzgados de la plaza de Castilla a José Javier Barbero por injurias y calumnias al intentar politizar y menospreciar a los manifestantes. Mientras, el sindicato opuesto, la Unión de Policía Municipal (UPM, más próximo a las tesis de Ahora Madrid) ha acusado a las UCS de ser una unidad “con un superávit de personal insultante” y de manchar el buen nombre de la Policía Municipal con su forma de actuar ante el concejal de Seguridad y el director de la Policía Municipal.
Detrás, hay otro problema como es la falta de personal. En la actualidad hay 6.130 agentes, por lo que no se llegan a cubrir todos los puestos. “Si no hay gente suficiente, ¿por qué nos vamos a meter en temas que no son nuestros?”, añaden fuentes de Seguridad. Esta carencia de efectivos se puede agravar si se reduce la edad de jubilación a los 60 años. Ese déficit se ha traducido en que la policía destinara 10 millones de euros en horas extras. Este enfrentamiento se ha visto también con la destitución del anterior inspector jefe o con la compra de los vehículos patrulla.
“Sí, a mí me destinarán a otra unidad, pero no pienso más que ponerme el uniforme. Que no esperen nada de mí”, afirmaba un expolicía de la UCS-1. Resumen gráfico de lo ocurre en la Policía Municipal de Madrid.
