Claro que siempre se puede decir que si tenemos que pagar mucho de intereses es porque lo hemos hecho muy mal pero, es bueno saber que no todos opinan igual (es algo largo pero creo que compensa leerlo):
El caso contra las agencias de calificación crediticia
Perros guardianes de los bancos
Michael Hudson
Counterpunch
En la actual inminente confrontación las agencias de calificación
crediticias juegan el papel político de “matones” como guardabarreras del crédito, para aplicar presión a Islandia, Grecia e incluso EE.UU. para que sigan políticas favorables a los acreedores que conducen inevitablemente a crisis financieras.
Estas crisis, por su parte, obligan a los gobiernos deudores a vender sus activos en condiciones de suma necesidad. Al realizar este servicio de perros guardianes de los banqueros del mundo, las agencias de calificación crediticia escalan en una estrategia política que han refinado desde hace tiempo, durante una generación, en la corrupta arena de la política local de EE.UU.
¿Por qué favorecen las agencias calificadoras las privatizaciones en
lugar de una política tributaria sana? El análisis de Kucinich
En 1936, como parte de la reforma del New Deal de los mercados
financieros de EE.UU., los reguladores prohibieron que los bancos y
administradores institucionales de dinero compraran valores considerados
“especulativos” por los “manuales de calificación reconocidos”. Las
compañías de seguros, fondos de pensión y fondos mutuos sometidos a la
regulación pública tienen que “tomar en cuenta” los puntos de vista de
agencias calificadoras de riesgo, que los suministran con un monopolio
sancionado por el gobierno. Esas agencias ganan su dinero ofreciendo sus “opiniones” (de las cuales nunca han sido legalmente responsables) (...)
Este incentivo empresarial provoca antipatía en las agencias de calificación hacia gobiernos que se financian sobre una base de pagos sobre la marcha (como apoyaba por Adam Smith) aumentando impuestos sobre bienes raíces y otras propiedades, impuestos a la renta o a las ventas en lugar de pedir prestado para cubrir sus gastos. El efecto de este prejuicio inherente es no dar una opinión sobre lo que es mejor económicamente para una localidad, sino más bien qué produce más beneficios para ellas mismas.
Se presiona a las localidades cuando el aumento de sus niveles de deuda conduce a una austeridad económica. Los bancos, reducen sus líneas de crédito e instan a ciudades y Estados a pagar sus deudas privatizando sus empresas públicas más viables. La oferta de opiniones sobre esta práctica se ha convertido en un gran negocio para las agencias calificadoras. Por lo tanto es comprensible que su modelo de negocios se oponga a políticas (y a candidatos políticos) que apoyan la idea de basar las finanzas públicas en impuestos en lugar de préstamos. Este interés propio distorsiona sus “opiniones”.
Si esto parece una explicación demasiado cínica para los puntos de vista
basados en los propios intereses de las actuales agencias calificadoras,
existen suficientes ejemplos que datan de hace treinta años para ilustrar su conducta poco ética. El primer caso y el más tristemente célebre ocurrió en Cleveland, Ohio, después que Dennis Kucinich fue elegido alcalde en 1977. Las agencias calificadores habían estado dando buenas notas a la ciudad a pesar de que había estado utilizando fondos de bonos inapropiadamente para propósitos de operaciones generales a fin de cubrir sus déficit presupuestarios mediante préstamos, dejando a Cleveland con deudas de 14,5 millones de dólares con los bancos debido a líneas de crédito abiertas a corto plazo.
Cleveland tenía una compañía potencialmente muy rentable, Municipal Light, que su alcalde de la Era Progresista, Tom Johnson, creó en 1907 como una de las primeras empresas de servicios públicos de electricidad de propiedad pública. Suministraba electricidad para iluminar las calles de Cleveland y otros usos públicos, así como para suministrar energía a usuarios privados. Mientras tanto, los bancos y sus principales clientes locales habían invertido fuertemente en el competidor de propiedad privada de Muni Light, Cleveland Electric Illuminating Company. Miembros del Cleveland Trust estaban en el consejo de CEI y tenían mucha influencia en el consejo municipal para tratar de adquirirla. En una serie de acciones que funcionarios de la ciudad, el Senado de EE.UU. y las agencias reguladores consideraron inapropiadas (el uso común diría criminales), CEI causó una serie de interrupciones del servicio y trabajó con los bancos y las agencias calificadoras para tratar de obligar a la ciudad a venderle la empresa de servicio público. Los bancos por su parte tenían el ojo puesto en el financiamiento de una privatización y esperaban poder presionar a la ciudad a fin de que vendiera, amenazando con invalidar sus líneas de crédito si no entregaba Muni Light.
El señor Kucinich se presentó como candidato a alcalde para bloquear esa
privatización. Para liberar de la presión financiera por sus intereses
creados (sobre todo de bancos y servicios públicos privados) trató de
colocar las finanzas de la ciudad sobre una base sana mediante el aumento de los impuestos. Esto amenazó con desacelerar los pedidos de préstamos a los bancos (reduciendo así también el negocio de las agencias de calificación), mientras liberaba a Cleveland de las presiones que habían aparecido en todo EE.UU. para que las ciudades vendieran sus empresas públicas, especialmente desde los años ochenta, cuando los políticos que reducían los impuestos las dejaron con más deudas.
Los bancos y agencias calificadoras dijeron al alcalde Kucinich que
apoyarían su carrera política e incluso insinuaron que financiarían una candidatura a gobernador si colaboraba con ellos y aceptaba la venta de la empresa eléctrica. Cuando se negó rotundamente, los bancos dijeron que no podrían renovar sus líneas de crédito a una ciudad tan renuente a equilibrar sus cuentas privatizando sus empresas más lucrativas. (...)
Las agencias calificadoras intervinieron y amenazaron con rebajar la
calificación crediticia de Cleveland si la ciudad no privatizaba su empresa. La téctica financiera era ofrecer la zanahoria de corromper políticamente al alcalde, mientras se usaba la amenaza de forzar a la ciudad a la crisis financiera y de aumentar sus tipos de interés. Si la economía no pagaba precios más elevados al servicio público como resultado de la privatización, tendría que pagar más intereses.
Pero, por principio, el alcalde se negó a vender la empresa y los votantes
prefirieron mantener Muni Light pública por un margen de 2 a 1 en un
referendo. Procedieron a pagar la deuda de la ciudad aumentando su tasa
de impuesto sobre la renta a fin de evitar el pago de precios más altos por
la electricidad privatizada. (...)
La alianza de los banqueros con el posible monopolio de la energía de los ricos de Cleveland llevó a que fuera la primera ciudad de EE.UU. que declaró el default desde la Gran Depresión ya que el Estado de Ohio la obligó a la bancarrota fiscal en 1979. Los bancos utilizaron la crisis para obtener un beneficio fácil al comprar títulos de deuda a corto plazo vendidos bajo condiciones de emergencia exacerbadas por las agencias calificadoras. Los bancos ayudaron a financiar al oponente del alcalde Kucinich en la elección de 1979.
Pero al salvar a Muni Light había ahorrado a los votantes cientos de
millones de dólares que los privatizadores habrían incluido en sus tarifas
eléctricas para cubrir mayores tasas de interés y honorarios financieros,
dividendos a los accionistas y exorbitantes salarios y opciones en acciones.
Finalmente los votantes llegaron a reconocer el logro de Kucinich y lo han enviado al Congreso desde 1997. En cuanto al rival en propiedad privada de Muni Light, Cleveland Electric Illuminating Company, se hizo famosa por ser primordialmente responsable del apagón eléctrico en el noreste de EE.UU. en 2003 que dejó a 50 millones de personas sin electricidad.
(...)
... El objetivo es repartirse los activos nacionales, haciendo en Washington lo que trataron de hacer en Cleveland y otras ciudades durante la última generación. Una presión similar ejercen en el ámbito internacional sobre Grecia y otros países. Las agencias calificadoras actúan como “matones” políticos para quebrantar economías que se niegan a vender sus bienes al sector privado (...)
¿Por qué se oponen las agencias calificadoras a los controles públicos
contra el fraude financiero?
El peligro planteado por las agencias calificadoras al presionar a la
economía global a una carrera hacia la deuda y la privatización se hizo aún más flagrante recientemente en su impulso para dar más carta blanca a la conducta financiera abusiva de bancos y aseguradores. El ex miembro del personal del Congreso de EE.UU., , cita un ejemplo suministrado por Josh Rosner y Gretchen Morgenson en Reckless Endangerment sobre su apoyo a los derechos de acreedores a involucrarse en préstamos depredadores y fraude total. El 12 de enero de 2003, el Estado de Georgia aprobó fuertes leyes contra el fraude hechas por defensores de los consumidores. Cuatro días después, Standard & Poor anunció que si Georgia aprobaba castigos antifraude para corredores y prestamistas hipotecarios, los paquetes que incluyan ese tipo de deudas no podrían recibir calificaciones AAA.
Debido a la nueva Ley de Préstamos Justos del Estado, S&P dijo que ya
no permitirá que los préstamos hipotecarios originados en Georgia se
coloquen en los valores hipotecarios que califica. Moodys y Fitch pronto
emitieron advertencias similares.
Fue un golpe crítico. La acción de S&P significó que los prestamistas en
Georgia ya no tendrían acceso a la máquina de titulización monetaria;
tendrían que mantener los préstamos que otorgaban en sus propios libros, o venderlos uno a uno a otras instituciones. Por su parte, aclararon al público que habría menos financiamiento para hipotecas, destruyendo el
sueño de la propiedad de la vivienda.
El mensaje fue no solo que los préstamos bancarios libres de la amenaza
legal contra conducta deshonesta fueran considerados legalmente libres de
riesgo para compradores de valores respaldados por hipotecas
depredadoras o fraudulentas. El riesgo en cuestión era que agencias
estatales reducirían o incluso anularían pagos extorsionados por
corredores inmobiliarios, tasadores y banqueros corruptos. Rosner y
Morgenson lo resumen como sigue:
Standard & Poor dijo que actuaba porque la nueva ley creaba
obligaciones a cualquier institución que participara en una titulización
que contuviera un préstamo que pudiera considerarse depredador. Si una
firma de Wall Street comprara préstamos que violaran la ley y los colocara
en un pool de hipotecas, la firma sería responsable según la ley. Lo
mismo vale para inversionistas que adquirieran participación en los pools.
Las partes en transacciones en titulizaciones, incluidos depositantes,
emisores y servidores, podrían estar todos sujetos a penalización por
trasgresiones según la Ley de Préstamo Justo de Georgia, explicó el
comunicado de prensa de S&P.
La lógica de las agencias calificadoras es que los dueños de bonos no
podrán cobrar si las entidades públicas encausan el fraude financiero
involucrado en el empaquetamiento de paquetes hipotecarios y bonos
engañosos. Es un principio legal básico que receptores u otros
compradores de propiedad robada deben perder el derecho a ella, y el
activo debe devolverse a la víctima. Por lo tanto el encausamiento del
fraude es una amenaza para el comprador -como un coleccionista de arte
que comprá un cuadro robado debe devolverlo, no importa cuánto haya
pagado al perista o al comerciante intermediario-. Las agencias
calificadoras no quieren que este principio se siga en los mercados
financieros.
Hemos terminado en un buen embrollo si las agencias calificadoras
adoptan la posición de que las hipotecas empaquetadas solo pueden recibir calificaciones AAA de Estados que no protegen a los consumidores y deudores contra el fraude hipotecario y las finanzas depredadoras. La lógica es que al dar a los tribunales el derecho de encausar el fraude amenaza la viabilidad de las demandas de un acreedor y se apoya una carrera hacia el fondo. Si la honestidad y el crédito viable fueran el objetivo de las agencias calificadoras, darían calificaciones AAA solo a Estados cuyos tribunales disuadan a los prestamistas de involucrarse en el tipo de fraude que ha terminado por destruir el exceso de la hipoteca
titulizada desde septiembre de 2008. (...)
Al disfrazarse de asesores y organizaciones de investigación objetivos, las agencias calificadoras actúan como lobbistas de bancos y aseguradores al apoyar una carrera hacia el fondo -hacia la deuda, ventas de privatización y la erosión de los derechos del consumidor y del control sobre el fraude-. “S&P estaba destruyendo agresivamente la regulación del servicio de las hipotecas y las reglas para impedir los préstamos fraudulentos o depredadores,” concluye Stoller. Naomi Klein escribió sobre el uso de S&P y Moodys por parte de banqueros canadienses a principios de los años noventa para amenazar con una rebaja de la calificación de ese país a menos que se redujera el seguro de desempleo y la atención sanitaria.
El dilema básico es que todo lo que interfiera con el poder acreedor
arbitrario para ganar dinero mediante trucos, explotación y fraude total
amenaza el cobro de deudas. Los bancos y las agencias calificadoras han
esgrimido este poder con tal intransigencia que han corrompido el sistema
financiero hacia los préstamos hipotecarios basura, bonos basura para
financiar a filibusteros corporativos, y juegos computarizados de
“capitalismo de casino”. ¿Cuál es entonces la lógica de dar a esas
agencias un monopolio público para imponer sus “opiniones” por cuenta de sus clientes pagadores, discriminando las políticas a las que se opone el sector financiero -dictámenes que los inversionistas institucionales están legamente obligados a obedecer-?
Amenazas de rebajar a EE.UU. y a otras economías nacionales para
imponer políticas favorables a las finanzas
En el momento en el que las demandas de pago resultan autodestructivas,
los acreedores pasan a su posición de repliegue. El Plan B es embargar,
tomar posesión de la propiedad de los deudores. En el caso de deuda
pública, se dice a los gobiernos que privaticen el dominio público, y los
bancos crean el crédito para que sus clientes compren esos activos,
normalmente bajo condiciones de liquidación total que dejan espacio para plusvalías y otras ventajas financieras. En casos en los que el embargo y las liquidaciones forzadas no logran compensar enteramente a los acreedores (como cuando la economía se desmorona), el Plan C es que los gobiernos simplemente rescaten a los bancos, llevando malas deudas de los bancos y otras obligaciones a las cuentas públicas para que los contribuyentes las compensen.
La amenaza de Standard and Poor de rebajar los bonos del Tesoro de
EE.UU. de AAA a AA+ exacerbaría el problema si realmente desalentara a los compradores de adquirir esos bonos. Pero el lunes 8 de agosto, después de su rebaja del viernes por la tarde, los tipos deudores cayeron, y los bonos del Tesoro a corto plazo estuvieron realmente en territorio negativo. Eso significó que los inversionistas tuvieron que perder un pequeño margen simplemente para mantener seguro su dinero. Por lo tanto las opiniones de S&P son tan ineficaces como guía útil para los mercados como lo son como guía para promover una buena política económica.
Pero la intención de S&P no era realmente afectar la negociabilidad de
bonos del Tesoro. Fue una triquiñuela política para promover la idea de que la solución al actual déficit presupuestario es buscar la austeridad económica. El mensaje es que el presidente Obama debería reducir los derechos a Seguridad Social y Medicare para liberar más dinero para más subsidios, rescates y recortes tributarios para la punta de la cada vez más empinada pirámide de la riqueza. El profesor neoliberal de economía de Harvard Robert Barro lo explica claramente en un artículo de opinión en el Wall Street Journal. Calificando la rebaja de “llamada de atención” para encarar el déficit presupuestario, describió la solución preferida por el sector financiero: una encarnizada guerra de clases contra los trabajadores para reducir los niveles de vida y polarizar aún más la economía de EE.UU. entre acreedores y deudores transfiriendo los impuestos de la especulación financiera e inmobiliaria a empleados y
consumidores.
Primero, hacer reformas estructurales de los principales programas de
garantía de acceso a prestaciones, comenzando por aumentos en las
edades de elegibilidad y un cambio a una fórmula de indexación
económicamente apropiada. Segundo, bajar la estructura de tipos
impositivos marginales en el impuesto individual a la renta. Tercero, en el espíritu de la reforma tributaria de Reagan en 1986, pagar por las rebajas
tributarias, eliminando gradualmente los principales items de gastos de
impuestos, incluidas las preferencias para intereses de hipotecas de casas,
impuestos estatales y locales a la renta y beneficios adicionales para
empleados por no mencionar la eliminación de los subsidios al etanol.
Cuarto, eliminar permanentemente los impuestos corporativos y de
propiedad, gravámenes que son ineficientes y producen poco dinero.
Quinto, introducir un impuesto a los gastos de amplia base, como un
impuesto al valor agregado (IVA), con una tasa de cerca de un 10%.
El lobista bancario Anderson Aslund del Instituto Peterson de Finanzas Internacional cogió el tren en marcha aplaudiendo el desastre económico de Letonia (una caída de un 20% en el PIB, una reducción de un 30% en los salarios del sector público y una aceleración de la emigración) como una historia de éxito que debería, seguir otros países europeos.
Como principal propugnador y beneficiario en última instancia de la
privatización, el sector financiero instruye a las economías deudoras para que vendan su propiedad pública y reduzcan los servicios sociales -mientras aumentan los impuestos a los empleados.- Las poblaciones que viven en economías semejantes las llaman infernales y tratan de emigrar para encontrar trabajo o simplemente para huir de sus deudas. ¿Qué otra cosa se podría decir del aumento de la pobreza, de las tasas de mortandad y del alcoholismo mientras unos pocos se enriquecen? (...)
Semejantes planes de austeridad constituyen un modelo económico
fracasado, pero el sector financiero ha logrado sacar ventaja incluso
cuando se desarticulan las economías. Su “Plan B” es el embargo, que
se extiende a escala nacional. Al llegar los años ochenta, las economías
planificadas por los acreedores en países deudores del Tercer Mundo
habían llegado al límite de su poder de crédito. Bajo coordinación del
Banco Mundial, se estableció un vasto mercado de gastos en la
infraestructura nacional para la deuda, bonos y exportaciones de la nación
acreedora. Los proyectos financiados con crédito tenían sobre todo el fin
de facilitar exportaciones y suministrar energía eléctrica a inversiones
extranjeras. Después de que México anunció su insolvencia en 1982,
cuando ya no pudo permitirse el servicio de la deuda en moneda
extranjera, ¿adónde se iban a volver los acreedores?
Su solución fue utilizar la crisis de la deuda como palanca para comenzar
a financiar de nuevo esos mismos proyectos de infraestructura, cuando la
mayoría se habían pagado en gran parte. Esta vez, lo que se estaba
financiando no era nueva construcción, sino compras por el sector privado
de propiedades que habían sido financiada por el Banco Mundial y sus
consorcios aliados de banqueros internacionales. Se habla de que el
gobierno de EE.UU. venda sus parques nacionales y otros bienes raíces, carreteras e infraestructura nacionales, tal vez la reserva petrolera, el servicio postal, etc.
La “opinión” de S&P fue tratada con suficiente seriedad por John Kerry,
el candidato presidencial demócrata de 2004, como una advertencia de que
EE.UU. debería “poner orden en su casa”. A pesar de que en la página 4
de su explicación de 8 páginas sobre por qué rebajó los bonos del Tesoro,
S&P declaró: “Hemos cambiado nuestra suposición al respecto porque la
mayoría de los republicanos del Congreso se sigue resistiendo a toda
medida que aumente ingresos, una posición que creemos que el Congreso
reforzó al aprobar la ley”, el demócrata Kerry fue uno de tres senadores
nombrados a la comisión según el acuerdo del techo de la deuda. Intervino para apoyar la acción de S&P como un positivo codazo para que el país encare su programa de “derechos a prestaciones” como si la Seguridad Social y la retención de FICA [Ley de contribución al seguro federal, N. del T.]- fueran una especie de ayuda social, no ahorros reales aportados por los trabajadores, para que sean aniquilados mientras el gobierno vacía sus bolsillos a fin de rescatar a los grandes apostadores de Wall Street.
Una publicación financiera que no es nada menos que el Wall Street
Journal ha llegado a la conclusión de que en un mundo perfecto, S&P no existiría. Y tampoco existirían sus rivales Moody's Investors Service y
Fitch Ratings Ltd. Por lo menos no en sus actuales roles de jueces y
jurados globales de bonos corporativos y gubernamentales. Como
escribió de modo bastante elocuente su editor financiero Franceso
Guerrera después de la atrevida amenaza de S&P de rebajar la calificación
crediticia del Tesoro de EE.UU.: “La decisión histórica tomada por S&P
el 5 de agosto es la culminación de 75 años de errores políticos que
terminaron por delegar una función reguladora clave a tres entidades con
fines de lucro”.
La conducta de importantes bancos y agencias calificadoras en Cleveland
y otros casos similares de prometer dar buenas calificaciones a Estados,
condados y ciudades que aceptan pagar deudas bancarias a corto plazo
vendiendo sus joyas de la corona no es ostensiblemente criminal según la
ley (excepto cuando sus sicarios tienen éxito realmente en los asesinatos).
Pero las agencias calificadoras han hecho un pacto con delincuentes para apoyar solo a prestatarios públicos dispuestos a aceptar semejantes políticas y no encausar al fraude financiero.
Consentir una conducta financiera tan económicamente destructiva es lo contrario de la responsabilidad fiscal. La reducción de los impuestos
federales y de los pagos de la Seguridad Social para obtener una
“opinión” más positiva de S&P otorgaría a los bancos la capacidad de
cancelar proyectos e imponer la privatización y planes de austeridad
contrarios a los trabajadores al negarse a extender el plazo de la deuda de EE.UU. y reducir impuestos al estilo del Tea Party en lugar de financiar
los gastos mediante la tributación basada en el sistema de reparto.
El actual descalabro del euro provee una lección objetiva de por qué la
toma de decisiones nunca debe dejarse en manos de los banqueros
centrales, porque su mentalidad favorece a los acreedores. De otra manera no tendrían la confiabilidad política exigida por el sector financiero que ha capturado al banco central, el Tesoro y las agencias reguladoras para conseguir poder de veto sobre quién es nombrado. En vista de su preferencia por la deflación por la deuda de la economía “real” mientras tratan de inflar los precios de los activos al promover el
producto de los bancos (creación de deuda)- las soluciones del banco
central y del Tesoro tienden a agravar las recesiones económicas. Esto es
autodestructivo porque actualmente el principal problema que bloquea la
recuperación es el sobre-endeudamiento.
Michael Hudson es ex economista de Wall Street, distinguido profesor
investigador de la Universidad de Missouri, en Kansas City, y autor de
numerosos libros, entre ellos: �Super Imperialism: The Economic
Strategy of American Empire� (nueva edici�n, Pluto Press, 2002) y
�Trade, Development and Foreign Debt: A History of Theories of
Polarization v. Convergence in the World Economy�. Puede contactarse
con �l en: mh@michael-hudson.com
Fuente:
http://www.counterpunch.org/hudson08192011.html 
