Pasen...y voten.
Ciudadanos propone aplicar antes la jubilación a los 67 años
El portavoz de C's del Pacto de Toledo ha defendido acelerar la reforma de 2011, "que fue consensuada", para "contener el gasto" en pensiones
Ni el PP, ni el PSOE, ni Unidos Podemos se han sumado a esta propuesta del Ciudadanos en su búsqueda de soluciones para el futuro del sistema público
El portavoz adjunto del PP en el Pacto de Toledo ha afirmado que con la creación de empleo "no se cubre todo el déficit"
Laura Olías
28/05/2018 - 20:46h
El futuro de las pensiones públicas tiene un escenario de debate político por excelencia: la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Los portavoces de esta comisión han debatido este lunes sobre el estado de la negociación entre los partidos, que deben cerrar unas recomendaciones para la sostenibilidad del sistema público. Ciudadanos, que no se suele hacer públicos posicionamientos muy concretos en este tema, ha propuesto acelerar el incremento de la edad de jubilación y otras medidas de la reforma de las pensiones del 2011, aprobada por el Gobierno de Zapatero.
"¿Quién se jubila hoy a los 67 años?". Sergio del Campo, portavoz de Ciudadanos en el Pacto de Toledo, lanzaba la pregunta al aire para anticipar la propuesta del partido. "La edad media está por debajo de los 65 años. Se puede avanzar por ahí para contener el gasto", proseguía en el acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie).
Del Campo ha justificado su propuesta por el consenso que marcó la reforma de las pensiones del Gobierno de Zapatero, acordada con la oposición política y los agentes sociales. "Si tenemos que seguir haciendo ajustes, una de las vías puede ser acelerar la reforma en la que hubo consenso para avanzar hacia el equilibrio del sistema".
La reforma de las pensiones de 2011 aumentó la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, pero se va a materializar de manera progresiva hasta 2027. En la actualidad, la edad de jubilación para optar a la pensión ordinaria está situada en los 65 años y 6 meses, un mes más que la edad vigente en 2017. En 2022, por ejemplo, llegará hasta los 66 años y dos meses.
"No estaría de más pensar en la reforma del año 2011, del partido socialista, que entra en vigor poquito a poquito. Se podría acelerar: el incremento de la edad de jubilación, el incremento de los periodos de cotización para el 100%, ...", explicaba del Campo. Respecto a los años cotizados para optar a la jubilación con el 100% de la pensión, en 2011 también se acordó aumentarlos progresivamente. En la actualidad, esta referencia está situada en los 35 años y medio, que avanzará hasta los 37 años en 2027.
El resto de partidos no es favorable
La iniciativa de Ciudadanos no ha sido secundada por el resto de formaciones políticas. El Partido Popular, representado por su portavoz adjunto en el Pacto de Toledo, José María Barrios, ha señalado que este tipo de reformas "no deben hacerse en un breve espacio de tiempo" y ha defendido que hay que conceder margen para que la población pueda hacer sus cálculos de pensión futura y tomar sus decisiones al respecto.
Mercè Perea, portavoz del PSOE en la comisión parlamentaria, tampoco ha visto con buenos ojos aplicar la reforma de Zapatero en mayor ritmo. Perea ha precisado que esta iniciativa de Ciudadanos, "una ocurrencia", no se ha debatido en el seno del Pacto de Toledo. La representante de Unidos Podemos, Aina Vidal, ha rechazado avanzar en este sentido ya que su grupo parlamentario "tampoco está de acuerdo con la reforma de 2011, qe entendemos que es injusta", aunque ha reconocido que no la ponen "al mismo nivel" que la de 2013, aprobada por el Gobierno de Rajoy de manera unilateral.
Por su parte, el portavoz del PNV, Iñigo Barandiaran, ha preferido no entrar en un tema que "no se ha debatido en la comisión", aunque ha afirmado que no cree que sea "una cuestión primordial" en las negociaciones sobre el futuro del sistema.
PP: "Con empleo no se cubre el déficit"
Entre las cuestiones debatidas en público este lunes por los representantes del Pacto de Toledo, ha quedado constancia de que la recomendación número 2 –la que hace referencia a la revalorización anual de las pensiones– aún se encuentra sin cerrar por las divisiones de los grupos sobre si todas las pensiones deben subir lo mismo en épocas de crisis. Mientras que PP, PDeCAT, PP y Ciudadanos se han mostrado abiertos a que las pensiones más altas no suban con el IPC en tiempos de recesión (y solo se garantice ese incremento para las más bajas), PSOE y Unidos Podemos defienden una revalorización uniforme para todos los pensionistas.
Los portavoces han coincidido en la necesidad de separar fuentes de financiación, es decir, sacar gastos de la caja de la Seguridad Social que consideran que no deberían costearse con cotizaciones. El portavoz del PP ha afirmado, al contrario de lo que ha venido defendiendo el Gobierno, que "con creación de empleo no se cubre todo el déficit, hay que hacer más cosas". Una de las medidas defendidas por José María Barrios ha sido "subir los salarios" para que se incrementen las cotizaciones sociales, así como el impuesto a las empresas tecnológicas anunciado por Montoro.
Los impuestos, a la banca y las transacciones económicas, son propuestas defendidas por PSOE y Unidos Podemos como alternativas para ampliar los ingresos del sistema público en los próximos años, cuando se comenzará a jubilar una generación muy numerosa, la del baby boom. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asistido después al acto de la Apie y ha asegurado que el Gobierno no planea implantar más impuestos para pagar las pensiones, más allá de la "tasa digital" anunciada por Cristóbal Montoro. La ministra ha defendido que se debe sacar algunas partidas de la caja de la Seguridad Social para poder llegar al "déficit cero" en las cuentas en 2021. En la actualidad, este déficit supera los 18.000 millones.
Báñez ha confiado en que los partidos políticos lleguen a un acuerdo en el Pacto de Toledo "antes de verano". Los plazos para un posible pacto se han ido alargando cada vez más y esta semana se vuelve a vivir una moción de censura al Gobierno, tras la sentencia de la trama corrupta Gürtel. Los portavoces han reconocido que la moción altera las negociaciones: si sale adelante con un Gobierno alternativo, todas las formaciones defienden que seguirán negociando; si hay elecciones, las discusiones deberán esperan a la siguiente legislatura.
