08.06.2014 Expansión.com/Europa Press 0
El Gobierno cree que en los momentos actuales es "inviable" permitir a los funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y trabajadores de la Administración de Justicia acceder a la jubilación parcial y a la jubilación voluntaria anticipada.
El Gobierno descarta la jubilación parcial de funcionarios
El Gobierno responde así a la portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, quien se ha interesado por saber la situación en que se encuentra el desarrollo normativo de estas opciones, al que el Gobierno estaba obligado en virtud de una disposición de la Ley de Seguridad Social aprobada en 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
El Gobierno recuerda en su respuesta oficial que ya en julio de 2012 se suprimió por decreto el acceso a la jubilación parcial de los funcionarios públicos, así como la previsión de que se pudieran establecer por ley y con carácter excepcional condiciones especiales para la jubilación voluntaria.
"Ello obedece, entre otras razones, a la inviabilidad de su puesta en práctica en los momentos actuales, máxime si se tiene en cuenta la diversidad de los colectivos que integran la Función Pública española", explica.
El Ejecutivo apunta que cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social de 2007 las circunstancias económicas del país eran "completamente distintas" a las que posteriormente obligaron a "tomar graves medidas de ajustes en aras a la contención del déficit público".
Por eso, aunque se llegaron a iniciar los estudios para articular estas medidas, finalmente se concluyó que "en el contexto de grave crisis económica no resultaba oportuno realizar políticas tendentes a la jubilación anticipada y parcial de los funcionarios, cuando por otra parte se retrasaba la edad de jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social" de manera progresiva hasta los 67 años.
"En consecuencia, hasta la fecha no se han desarrollado las previsiones contenidas en la Ley de 2007. Y con independencia de que incluso pudieran reconsiderarse -su cumplimiento o, en su caso, su derogación-, en los momentos actuales no es previsible una regulación inmediata", zanja la respuesta parlamentaria.
