Ojala tampoco se olviden de lo nuestro:
Las leyes que Rajoy y el PP han dejado en el cajón de asuntos pendientes
El presidente del Gobierno presume de haber ejecutado y aprobado más del 90% de su programa electoral pero obvia que el Grupo Popular ha aparcado varias propuestas conflictivas, bien por conveniencia electoral o por el rechazo que causaban
Textos como la ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la reforma municipal han sido abandonados
En el Congreso han quedado también sin tramitar más de 68 proposiciones de ley presentadas por los grupos de la oposición a las que el PP no ha dado prioridad
Carmen Moraga
23/10/2015 - 20:56h
Rajoy ha dejado aparcadas iniciativas del Gobierrno y de la oposición
Rajoy hace balance del año: "Lo pasado, pasado está"
El PP ha terminado la legislatura presumiendo de haber cumplido más del 90% de su programa electoral. Pero lo que los populares han omitido de ese balance son aquellas iniciativas y propuestas que se han quedado en el cajón, bien porque el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido aparcarlas por razones electoralistas, o bien porque han causado un gran rechazo político y social. En el Congreso, además, han quedado aparcadas 68 proposiciones de ley presentadas por la oposición a las que los conservadores no les han dado ninguna prioridad.
Los populares aseguran que en estos cuatro años han sacado adelante 125 proyectos de ley, cerca de 500 proposiciones no de ley y así como 61 reales decreto-ley, "un altísimo cumplimiento" del programa con el que se presentaron a las elecciones generales de 2011. Ese triunfalista balance ha quedado reflejado en el documento
www.hacemosespaña.es, que presentó la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el que se destacan "las 100 leyes más relevantes de la X legislatura".
Sin embargo, algunos proyectos de ley se han quedado en el Congreso en plena tramitación porque no ha dado tiempo a aprobarlos o porque no interesaba continuar con ellos.
En trámite se ha quedado la ley de Asistencia Jurídica Gratuita presentada en febrero de 2014, que intentaba paliar los estragos que había causado la ley de Tasas del exministro Alberto Ruiz Gallardón. Su dictamen ha quedado atascado en la Comisión de Justicia del Congreso con las enmiendas de los grupos presentadas al articulado del proyecto.
Precisamente, las reformas que intentó impulsar el extitular de Justicia han sido las peor paradas en esta legislatura. Hasta el punto de que Gallardón dimitió al ver que Rajoy no cumplía con el endurecimento de la ley del aborto -en los términos que él prometió- y dejaba los cambios únicamente en la prohibición de que las menores de edad no puedan interrumpir el embarazo si no obtienen el consentimiento de sus padres. Aun con todo, la oposición se rebeló contra este cambio.
Otro de los incumplimientos del PP es no haber reducido el número de aforados, restringiéndolo a lo que establece la Constitución. Gallardon aseguró que su objetivo era rebajarlos de 17.621 personas a 22, además de los miembros de la familia real.
El Ejecutivo tampoco ha puesto en marcha la Agencia Estatal de Financiación de la Investigación, un organismo cuya creación recogía la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación aprobada por el PSOE en 2011, y que el pasado mes de mayo el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció su puesta en marcha en la Comisión de Economía del Congreso a través de un real decreto.
La frustrada reforma para favorecer a la lista más votada
El ejemplo más signiticativo de las iniciativas que al final se han quedado en el cajón por el rechazo que han causado es el de la reforma del sistema electoral municipal para que gobierne la lista más votada, como pretendió introducir el PP deprisa y corriendo en el Congreso el año pasado. La proposición de ley incluso llegó a ser presentada en rueda de prensa por el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, pero el revuelo que se organizó fue de tal calibre que al final Rajoy decidió olvidarse de ella.
Una de las últimas medidas a las que ha renunciado el presidente del Gobierno ha sido a acabar con los "macropuentes". El jefe del Ejecutivo se comprometió en el debate de investidura a trasladar las fiestas más populares al "lunes más cercano". Pero en vísperas de las elecciones la medida habría causado un gran enfado entre los ciudadanos y los conservadores no están por la labor de crispar el ambiente en la calle.
También se ha paralizado el protocolo que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, había prometido aprobar para impedir el acoso sexual en el Ejéctito. Tal y como ha publicado eldiario.es, el borrador que presentó el ministro a partidos y asociaciones, que daba la posibilidad de acudir directamente a la cúpula del Ejército para denunciar los hechos, se ha quedado en eso, en un simple borrador, por lo que no podrá aplicarse.
Además de estas iniciativas y promesas, en el Congreso han quedado sin tramitar 68 proposiciones de ley presentadas por los grupos de la oposición. Algunas son muy recientes, como la que presentó a finales de septiembre UPyD "sobre la oficialidad del castellano como lengua común española", que a buen seguro habría contado con el respaldo de los conservadores.
Otras proposiciones, en cambio, eran más incómodas para los populares por lo que se han quedado durmiendo el sueño de los justos sin llegar a ser debatidas en la Cámara. Como la petición del PSOE para la supresión de los nuevos copagos sanitarios. O la que el grupo de Pedro Sánchez presentó a finales de 2014 para la derogación de las tasas judiciales establecidas por Gallardón en 2012.
La formación magenta recuerda, asimismo, que el Gobierno no ha dado cumplimiento al llamado "Estatuto del Príncipe", que ha sido reclamado por varios grupos para que se impulse un proyecto de Ley que desarrolle el Titulo II de la Constitución relativo a la Corona.
Tampoco ha llegado a tramitarse la modificación de la Ley General Tributaria, planteada por la Izquierda Plural. O su solicitud de reforma de la Ley de Secretos Oficiales cuya actual regulación consideran "franquista" y "preconstitucional". Los de Cayo Lara, asimismo, han visto atascada su proposición de ley sobre "fiscalidad verde", que data de 2012.
La misma suerte ha corrido la propuesta de CiU sobre creación de un fondo para combatir la pobreza y la exclusión social. Y otras del Grupo Mixto, como la proposicion de ley para la modificación de la ley de Amnistía de 1977 que impide juzgar delitos cometidos durante la dictadura, considerados prescritos, que presentó posteriormente también la Izquierda Plural.
