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La Policía Judicial de Gallardón sigue estancada tres años y medio después
Roberto R. Ballesteros / Seguridad y Tribunales
martes, 05/11/13 - 16:47
Inversiones millonarias en calabozos, arcos de seguridad y formación de funcionarios caen en saco roto tras el estancamiento del proyecto de Policía Judicial emprendido por GallardónEl proyecto de Policía Judicial del Ayuntamiento de Madrid, iniciado durante el mandato del hoy ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, se encuentra actualmente como antes de que se desarrollaran los convenios que llevaron a su implantación.
Tres años y medio después del acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid, ningún miembro de la Policía Municipal de Madrid –a excepción del reducido número que ya cumplía este cometido con anterioridad– lleva a cabo hoy labores de Policía Judicial.
La inversión realizada para construir los calabozos destinados a encerrar a las decenas de detenidos que el Ayuntamiento preveía arrestar, el material que se adquirió para controlar el acceso a las comisarías y la seguridad de las instalaciones policiales así como la inversión en la formación de cientos de funcionarios han caído en saco roto.
En concreto, los calabozos de las dependencias policiales del distrito madrileño de Arganzuela, que se construyeron para acoger este proyecto, están hoy infrautilizados. Además, los escáneres y arcos de seguridad que se compraron por más de 800.000 euros para controlar los accesos a las instalaciones policiales y proteger los edificios con vistas a la enorme afluencia de ciudadanos que se preveía se encuentran desenchufados en algún rincón de las comisarías.
Formación desaprovechada
Por otro lado, la formación que durante los últimos años han recibido los cientos de agentes de la corporación no ha podido ser aplicada, dado que no han asumido nuevas responsabilidades desde que Interior y el Ayuntamiento firmaron los acuerdos. El primer curso, que se celebró en 2008, instruyó a 400 agentes. Desde entonces, se han ido celebrando periódicamente. Incluso en la actualidad se está desarrollando uno.
Desde que Interior y el entonces alcalde de Madrid firmaron el acuerdo en 2010, no se ha producido ningún avance más allá de la aprobación de un protocolo a finales de 2011, que también está sin desarrollar. Los agentes, por lo tanto, llevan a cabo las mismas funciones que hace cuatro años.
“El protocolo no se ha puesto en marcha nunca desde que se aprobó”, aseguran desde la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU). La crisis puede haber tenido algo que ver en el retraso de la puesta en marcha de esta iniciativa, pero también habrían influido otros factores, como la reticencia que en una parte del Cuerpo Nacional de Policía provocó la decisión, ya que al fin y al cabo se trataba de una cesión de competencias al Ayuntamiento.
Asimismo, también ha tenido que ver la oposición de un sector de los mandos de la Policía Municipal, que no tenía demasiado interés en asumir más trabajo. “No existe voluntad política ni tampoco de la escala técnica de mando, que está en contra de su puesta en funcionamiento”, explican desde APMU.
El 22 de junio de 2010, el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid firmaron el denominado Acuerdo Específico de Colaboración para que la Policía Municipal participara en las funciones de Policía Judicial, tradicionalmente competencia del Cuerpo Nacional de Policía. El acuerdo venía a desarrollar el Convenio Marco firmado tres años antes –en febrero de 2007– por el Ministerio y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Previamente a este convenio marco, y gracias a otro acuerdo con el Decanato de los Juzgados de plaza de Castilla, el Consistorio creó la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial, adscrita a estos tribunales. Asimismo, y desde principios de los 90, funciona la Unidad de Atestados, destinada únicamente a procedimientos relativos a la seguridad vial. Se trata de los únicos departamentos de la corporación que realizan labores de Policía Judicial, pero ambos fueron instaurados antes de los acuerdos sellados entre el Ayuntamiento y el Ministerio.
