El Supremo obliga a Fogasa a resolver en tres meses pero, ¿es esto posible?
18.129 casos pendientes de tramitar colapsan el FogasaLa Sección de Madrid del Fondo de Garantía Salarial incrementa el número de expedientes pese a las medidas del Gobierno
El Tribunal de Cuentas advierte sobre la falta de personal en el Fogasa
F. Javier Barroso Madrid 8 MAY 2015 - 20:48 CEST
La Unidad de Madrid del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), de la que dependen miles de trabajadores para cobrar los salarios no devengados de sus despidos, se encuentra colapsada, pese a las medidas adoptadas por el Ministerio de Empleo para intentar sacar los miles de casos pendientes. A finales del primer trimestre, se acumulaban en las estanterías de este organismo 18.129 expedientes, lo que supone un incremento de 279 más en los últimos tres meses. La situación no parece que vaya a mejorar a corto plazo ya que la plantilla de abogados designados a este servicio quedará en cuatro plazas. La Unión General de Trabajadores (UGT) pide medidas urgentes para solventar el problema, mientras el Ministerio de Empleo asegura que son conscientes del problema y que se intentará reforzar el servicio en breve.
Para que el Fogasa pague es necesario que los integrantes de la Unidad Periférica estudien el expediente y den el visto o que haya recaído una sentencia firme sobre el caso en particular. Para intentar solventar el problema, la Administración acudió a la empresa pública Tragsatec, a la que se pagaba por los expedientes resueltos. El propio Tribunal de Cuentas ya cuestionó en su momento el coste, la dudosa legalidad y la eficacia, según recuerdan desde UGT.
Indemnizaciones por despido o concurso
El Fondo de Garantía Salarial cubre el pago de las indemnizaciones o los salarios de los trabajadores que no han cobrado de sus respectivas empresas. Se debe siempre a dos causas. Una, cuando el empresario no puede hacer frente a esos desembolsos o cuando un tribunal tras resolver un concurso de acreedores o un despido colectivo, entre otros motivos.
Para que el Fogasa pague es preciso que estudie el expediente, que debe incluir una sentencia o una resolución. Después, los letrados son los que deciden la cantidad y la forma de pago. Para el estudio, en la unidad de Madrid hay 29 personas, de las que ocho de ellas son letrados.
El problema fundamental es que tras la tramitación del expediente se esconden muchas veces auténticos dramas humanos, ya que muchas familias dependen de ese expediente para pagar las hipotecas o incluso llegar a final de mes. En ocasiones, se han vivido situaciones de desahucios por no haber contado con el dinero de un despido colectivo o de un concurso de acreedores.
En breve está pendiente que el número de letrados pase de los actuales ocho a cuatro, por lo que será "materialmente imposible" que los letrados acudan a todos los juicios en los que está personado el Fogasa, tanto en la jurisdicción social (expedientes de regulación de empleo, por ejemplo) o en el ámbito mercantil (concurso de acreedores), según denuncia el sindicato. “Esto también redundará en el tiempo y la dedicación técnica que supone la gestión de esos expedientes”, añaden desde el sindicato.
En este primer trimestre ha aumentado la asistencia a juicios directos contra el Fogasa, al pasar de 149 a 553 (un 270% más), pero han bajado en las citaciones y juicios de lo Social y en lo Mercantil.
"Si examinamos los datos estadísticos de la actuación procesal que en el primer trimestre del año 2015 soporta esa exigua y raquítica plantilla de trabajadores, no se puede más que concluir que la debacle del Fogasa en Madrid es sólo cuestión de tiempo, y poco tiempo por desgracia", critica el abogado de UGT, Juan Antonio Lucena.
"El Ministerio de Empleo y Seguridad Social continúa con una política de parches y de decisiones erróneas, que reflejan una vez más la incompetencia y la falta de sensibilidad frente a este grave problema de enorme dimensión social", añade el letrado. Una de esas medidas consiste en pagar 1,8 euros por cada expediente a las personas que tramiten los casos fuera de su horario de trabajo. Para este plan de choque se han vinculado 25 funcionarios instructores.
El problema se acrecienta además porque una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de fecha de 16 de marzo de este año, marca un serio precedente. Si en tres meses desde presentado el expediente el Fogasa no responde, se aplicará el denominado silencio administrativo positivo. Esto supone que el Fondo tendría que pagar las indemnizaciones y salarios sin posibilidad de cuestionar o recurrir las solicitudes. Una resolución parcial o total posterior a esa fecha en contra de la solicitud del trabajador, sería ineficaz "por ser tardía y contraria a derecho positivo", recuerda UGT.
"Esto implica un inmenso agujero legal que debido a la inactividad del Fogasa causada por la falta de medios merme los fondos públicos del mismo que en definitiva pagamos todos, trabajadores, empresas y ciudadanos en general", concluye el letrado.
Según UGT, una medida que está manejando el Ministerio es crear la llamada provincia única. Esto supondría repartir a nivel estatal todos los expedientes y que se tramitarán en otras regiones los de las unidades más sobrecargadas. Es el caso de zonas como Ceuta, Soria, Segovia o Melilla, donde entre todas ellas no superan los 20 casos pendientes de resolver. Hasta el momento, tan solo está en fase de estudio y todavía no se ha tomado.
165 puestos más
Una portavoz del Ministerio de Empleo reconoció que realmente sí existe un problema de muchos expedientes acumulados en Madrid. Una de las soluciones pasa por aumentar la plantilla de personas destinadas a esta unidad. De hecho, la nueva oferta de empleo público para este año recoge 309 personas de funcionarios y de 25 de personal laboral. De estas cifras, 77 pertenecientes al cuerpo general auxiliar y 88 del cuerpo de gestión de la Administración General del Estado se distribuirán entre el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepes) y el Fogasa. "En total son 165 puestos para solucionar el problema", concluye la portavoz.
"Va a haber una respuesta lo antes posible porque tenemos un problema que afrontar, sobre todo cuando estos últimos años solo hemos tenido una tasa de reposición de plazas del 10%. Ahora se podrá contratar a más personas", añade la portavoz ministerial.
Un servicio que tarda 318 en resolver
La Unidad de Madrid del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es una de las más lentas en la tramitación de los expedientes, según una pregunta realizada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia. Si de media se tarda casi 92 días en resolver un expediente, en el caso de Madrid se llega a los 318 días, lo que supone más de tres veces.
La cifra solo es superada por la Unidad de Badajoz, que tiene el récord de lentitud con 458 días, y Pontevedra (320 días), según datos a finales de enero de este año. Detrás de Madrid, están Huelva (307) y Barcelona (298).
Madrid acoge un tercio de todos los casos acumulados en todo el Fogasa a nivel nacional. De los 54.512 expedientes, la región madrileña acumulaba a finales de enero 17.015, es decir, un 31% del global. Esta cifra se ha incrementado en los últimos meses hasta llegar a los 18.129 dossieres. Esta sobrecarga de trabajo contrasta con provincias como Soria o Segovia, cuyas unidades estaban a cero a finales del primer mes del año. Melilla solo tenía un caso y Ávila, dos.
