Asociaciones de periodistas defienden la veracidad de la información sobre el máster de Cifuentes: "La querella es una amenaza indirecta"
Desde la FAPE confían "plenamente" en la veracidad y "ética" de las informaciones de eldiario.es y creen que no puede haber una sanción para el medio, en cuyo caso lo "condenarán inmediatamente"
El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas lo interpreta como "una prueba más del poco respeto que el Gobierno y dirigentes del PP han demostrado hacia el derecho a la información"
Aluden al derecho a rectificación y a la presentación de pruebas contundentes como paso previo "más sensato" que una medida que busca acarrear entre 6 meses y 2 años de cárcel


Comparecencia de Cristina Cifuentes ante la dirección de su partido en la que ha anunciado la querella contra eldiario.es. SOFÍA PÉREZ
Por Belén Remacha
26 mar 201819:26
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado este lunes desde un plasma que interpondrá una querella contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y contra la redactora jefa de Sociedad, Raquel Ejerique. Lo hace debido a la publicación de las irregularidades cometidas en la obtención de su máster en la URJC y, sin detallar el carácter de la denuncia, buscaría acarrear entre 6 meses y dos años de cárcel. A falta de más datos, Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas,declara que aunque "ella puede ejercer los derechos legales que quiera", esta medida es una "amenaza de manera indirecta a periodistas".

Lo que Cifuentes ha dicho es que "se van a solicitar las diligencias de pruebas a efectos de acreditar la falsedad de las afirmaciones". "Estamos muy acostumbrados a la vieja práctica de intentar matar al mensajero cuando no se está de acuerdo con la información", denuncia sobre ello Yanel. Aclara que los profesionales no tienen "inmunidad" para defender "cualquier cosa, aunque no sea cierta":" Y por eso debemos comprobar todo antes de publicar, como supongo que ha hecho Ejerique. Hay bastantes indicios que apuntan a su veracidad".

Carlos Sánchez Almeida, representante legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, explica que para que una información sea veraz "debe haberse hecho uso de todas las herramientas que tiene el periodista, como el contraste con todas las fuentes, para ponerla en conocimiento de los ciudadanos". E incide igual en que las exclusivas y posterior desgrane sobre las incongruencias alrededor del máster de Cifuentes cumplen esas características.
Desde la Federación de Sindicatos de Periodistas, Yanel es contundente: "Cuando un dirigente político dice que va a actuar judicialmente contra un periodista, casi siempre es una manera de presionar". "Aunque dice que es una decisión personal de ella y no de su partido, yo lo interpreto como una prueba más del poco respeto que el Gobierno y los dirigentes del PP vienen demostrando hacia el derecho a la Información de la ciudadanía, y por tanto, hacia los periodistas", expresa aludiendo también a la Ley Mordaza.
Además, recuerda que "como Licenciada en Derecho", la presidenta de la Comunidad de Madrid debería saber "que el Tribunal Constitucional ha emitido numerosas sentencias que concluyen que si un periodista recibe una información y actúa con diligencia profesional, nunca podrá ser condenado". "Por eso sorprende este anuncio", explica Yanel. Piensa que una reacción más coherente hubiese sido acogerse al derecho a rectificación que tiene "cualquier ciudadano", así como la prensa la obligación de corregirse si se demuestra que algo es falso: "Para ello, lo primero que debería haber hecho es presentar el TFM. Hubiera resuelto todas las dudas".
"La decisión es legítima, pero la obligación del periodista se ha cumplido bien"
La presidenta de la FAPE, Elsa González, también cree que un paso previo "más sensato" para una persona con un cargo público es siempre acudir al derecho a rectificación. Describe lo leído como "un buen trabajo de investigación" que forma parte de "la labor de un periodista y del periodismo. Cuando se detecta una información de este tipo, hay que publicarla. Es la obligación de la profesión".

Preguntada acerca de si el anuncio constituye una medida de presión para que cesen las informaciones, desde la asociación dicen que "no se sabe" porque es pronto para "calibrarlo". Pero confían "plenamente" en la "veracidad" y la "ética" de las exclusivas. Por ello creen que no habrá un resultado negativo para eldiario.es, incluso aunque Cifuentes acabe aportando documentación a su favor.
En todo caso, González, candidata a consejera de Telemadrid a propuesta de Ciudadanos, afirma que condenarán "inmediatamente cualquier sanción" derivada de este proceso. No obstante, califica la decisión de Cifuentes de "legítima" si considera que las noticias no son correctas y tiene los datos que lo demuestran: "No solamente por su honor sino porque tiene una lectura y trascendencia política. La decisión de la presidenta entra dentro de la normalidad y los cánones de la sociedad democrática, pero la obligación y misión del periodista se han cumplido bien".
"Estamos hartos de querellas de políticos que solo quieren entorpecer el derecho a la información"
Almeida, en nombre de la PDLI, destaca que Cifuentes tiene que especificar qué tipo de querella va a interponer, pero, en cualquiera caso, si acusa a eldiario.es de calumnias es "una buena noticia" porque "si se demuestra que es verdad, no hay delito. A priori, es bastante difícil que Escolar y Ejerique sean condenados". Menciona casos similares como el archivo de la demanda contra los periodistas de El Mundo que destaparon el caso 'Football Leaks'.
El abogado señala además que todavía no ha visto "que eldiario.es haya atribuido un delito concreto a Cifuentes; para que te puedan condenar por calumnias tienes que acusar de un delito, quizá en este caso de falsedad documental. Pero solo se ha publicado información. Sugerir dudas no es delito; el trabajo de la prensa, precisamente, es hacer preguntas".
"Si se trata de una información de carácter público, en un conflicto entre el derecho al honor y a la información, desde la PDLI siempre apostamos por lo segundo. Estamos hartos de querellas de políticos por honor, que solo quieren entorpecer el derecho a la información", explicita sobre si la denuncia va por esa otra vía. Y Almeida concluye: "Si tanto la URJC como Cifuentes estiman que su honor está dañado, precisamente la máxima transparencia que podrían aplicar sería presentar el TFM".

Desde la Asociación de Periodistas de Madrid todavía no se había emitido ningún comunicado ni hecho ninguna declaración acerca del anuncio de Cristina Cifuentes a la hora de publicarse este artículo.
