El juez procesa al jefe de la comisaría de la Policía Nacional en Jaca y a otros 6 agentes
Considera que podrían ser autores de una docena de delitos, entre ellos, falsificación de documento oficial y encubrimiento. La Jefatura Superior no ha suspendido de empleo a ninguno de los investigados, y esperará a que se dicte sentencia.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Jaca, Ángel de Pedro, ha dictado auto de procesamiento contra el jefe de la comisaría de la Policía Nacional en Jaca y otros seis agentes destinados en la ciudad. Se trata del resultado de un procedimiento que se inició el 19 de mayo de 2009 y que enseguida fue declarado secreto, puesto que se investigaba la posible relación de varios funcionarios públicos con personas detenidas por tráfico de drogas. Según ha podido saber ahora este periódico, practicadas ya numerosas diligencias, el instructor considera que existen indicios racionales para imputar a los investigados una docena de delitos. La mayoría de ellos, por falsificación de documento oficial y encubrimiento.
La Jefatura Superior de Aragón, de momento, no ha adoptado medidas disciplinarias contra ninguno de los investigados, y todos ellos siguen prestando servicio. Según fuentes oficiales, ninguno de los siete será suspendido de sus funciones mientras no se resuelva el asunto y haya sentencia condenatoria.
Como refleja el auto de procesamiento, que tiene fecha 14 de enero, en el sumario se acumulan hasta tres investigaciones distintas. Siguiendo el orden que establece el juez, los primeros hechos investigados se remontarían a julio de 2008, cuando varios de los funcionarios procesados supuestamente orquestaron una coartada para encubrir al dueño de un bar de Jaca, detenido por otros compañeros del Cuerpo Nacional de Policía por la supuesta venta de cocaína.
Las pesquisas dirigidas por De Pedro le han permitido alcanzar la conclusión de que, con la intención de proteger al arrestado, los investigados llegaron a redactar un atestado falso. Y se hizo, recuerda en su auto, «a sabiendas de su falsedad y con conocimiento de que dicho atestado posteriormente iba a ser remitido al Juzgado». Concluye también el juez que estas irregularidades se llevaron a cabo «con la anuencia, o al menos conocimiento, del jefe de la comisaría».
Pero no era la primera vez que se trataba de buscar una coartada a este hostelero de Jaca. De hecho, en el segundo bloque de investigaciones del sumario también aparece el nombre de esta persona. Nuevamente, por un asunto relacionado con la venta de droga. Estos hechos se remontan a enero de 2007, cuando una mujer que fue sorprendida con dos gramos de cocaína aseguró que se la había vendido el mencionado hostelero. De las diligencias se terminó haciendo cargo el Grupo Operativo Local de la comisaría de Jaca. En concreto, tres de los agentes ahora procesados. «Una vez aceptadas las actuaciones, los agentes referidos arbitran, de manera concertada con el detenido, y con su socio, la forma de que el primero pudiera eludir la acción de la Justicia, documentando unas diligencias policiales tendentes a tal fin», dice el instructor. «Faltando a la verdad en la narración de los hechos, creando artificiosamente una coartada para el denunciado», añade.
Cambiaron la imputación inicial
Los procesados llegaron a cambiar la imputación inicial, y el denunciado terminó convertido en perjudicado. No en vano, los agentes atribuyeron una denuncia falsa a la mujer que le había denunciado. Y lo hicieron, explica el juez, «omitiendo cualquier consulta con los agentes de seguridad ciudadana que habían iniciado la intervención», ya que esta gestión podría haber «frustrado» su coartada.
Por último, el instructor dedica un tercer apartado del sumario a unos hechos acontecidos en enero de 2009, también relacionados con el tráfico de drogas. En concreto, con el registro no autorizado del domicilio de un ciudadano de origen colombiano. Según el juez, este hombre «no figuraba como imputado en las diligencias policiales, no figuraba como detenido, ni se le había hecho lectura de sus derechos, tampoco se había pedido su consentimiento para que autorizara, por escrito y con asistencia letrada». «Por supuesto -añade-, tampoco había autorización judicial para llevarlo a cabo», concluye.
Tras la firma del procesamiento, tendrá que ser la Fiscalía la que se pronuncie sobre los hechos y acuse, si así lo estima oportuno, a los funcionarios. Posteriormente, se abriría el juicio oral
