Los guardias detenidos era "verdaderos matones"
Canarias7.es / Las Palmas de Gran Canaria
Operación 'Botavara'
Desmontan un grupo mafioso de guardias civiles en Fuerteventura
Están imputados por tráfico de drogas, torturas, amenazas y coacciones
'Eran muy prepotentes, la gente les tenía miedo', aseguran
Efe | Las Palmas de Gran Canaria
Actualizado miércoles 27/03/2013 15:52 horas
La Guardia Civil ha desmantelado en su puesto de Corralejo (Fuerteventura) una
trama mafiosa con nueve agentes implicados que se dedicaba al tráfico de drogas y que cometió torturas, detención ilegal y amenazas, entre otros delitos, para amedrentar y cubrir sus actividades ilícitas.
La Delegación del Gobierno en Canarias y la Comandancia de Las Palmas han hecho público hoy el primer balance de la denominada 'Operación Botavara', de la que ya se conocía que había permitido la detención de cinco guardias civiles en Fuerteventura el 21 de febrero tras llegada a la isla de una patera cargada con hachís.
Esos cinco guardias, que hoy se encuentran en prisión, formaban parte del autodenominado 'Grupo 7' -como el de la película de Alberto Rodríguez-, la cabeza de una banda organizada en la que están implicados otros cuatro funcionarios del cuerpo y once personas ajenas a las fuerzas de seguridad, según ha informado hoy el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz.
El grupo cayó cuando dos de sus integrantes fueron sorprendidos mientras recogían parte del cargamento de una narcopatera que encalló en la playa de El Cotillo en la madrugada del 20 de febrero con una tonelada de hachís a bordo, pero ya estaba sometido a investigación desde finales de 2012, en una diligencias tuteladas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife (Lanzarote).
A los miembros de este grupo, con una estructura "piramidal" y "perfectamente jerarquizada", se les imputan delitos de tráfico de drogas, detención ilegal, contra las garantías constitucionales, torturas, amenazas y coacciones, falsificación de diligencias policiales y omisión del deber de perseguir el delito, entre otros.
"Es decir, un elenco del Código Penal. Quedan pocos delitos sin tocar", ha reconocido el jefe provincial de la Guardia Civil.
La operación sigue bajo secreto de sumario, por lo que sólo se han hecho públicos los detalles que el juez ha autorizado a revelar.
Operación 'dolorosa'
La delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento, ha subrayado que esta operación es "especialmente dolorosa" para la Guardia Civil, por el papel en este grupo delictivo de nueve de sus funcionarios, pero también ha felicitado al cuerpo por haberse comportado de modo "ejemplar" para investigar lo ocurrido.
"Demuestra la seriedad del cuerpo, que no ha tenido ninguna duda en detener a sus miembros implicados. Son nueve, pero recuerdo que la Guardia Civil está formada en Canarias por 3.791 efectivos. Por lo tanto, representan un 0,2%. Es un hecho puntual, aunque importante", ha señalado Hernández Bento.
La Guardia Civil sospecha que este grupo tenía conexiones con bandas de narcotráfico de Marruecos -país del que procedía tanto el hachís aprehendido como dos de los once civiles arrestados- y que no sólo se dedicaba a introducir en Canarias grandes cantidades, sino que también participaba en la distribución de la droga al menudeo.
El coronel Arranz ha precisado que uno de los agentes detenidos ya fue investigado por el departamento de Asuntos Internos del cuerpo mientras estuvo destinado en Tenerife, por hechos similares a los ahora destapados, pero que entonces no se pudieron acreditar.
'Muy prepotentes'
Además, ha señalado que el 'Grupo 7' era una organización "importante" en la delincuencia en Fuerteventura, "muy importante" en el caso del norte de la isla, y que tenía amedrentados a buen número de ciudadanos y a otros miembros del instituto armado.
"Se veían muy seguros, eran muy prepotentes", "la gente les tenía miedo", ha señalado el jefe de la Comandancia de Las Palmas.
La Guardia Civil está revisando todos los atestados en los que participaron los agentes detenidos, porque tiene indicios de que cometieron varias irregularidades destinadas a aparentar ante sus jefes eficacia y buen desempeño policial, en unos casos, y a cubrir sus actividades ilícitas y a amedrentar a otras personas, en otros.
Ricardo Arranz ha rehusado revelar detalles al respecto, pero sí ha confirmado que se les acusa de haber detenido de forma ilegal a personas con antecedentes por narcotráfico o delitos contra la propiedad para favorecer las actividades ilícitas del grupo.
