MURCIA
Los sindicatos policiales de Madrid, Valencia, Castilla La Mancha, País Vasco, Aragón, Catalu?a, Andalucía y Asturias se unirán a la protesta frente al Palacio de Justicia.
El sindicato de policía sale a la calle por la colocación de una cámara en un vestuario
Los sindicatos policiales de Madrid, Valencia, Castilla La Mancha, País Vasco, Aragón, Catalu?a, Andalucía y Asturias se unirán a la protesta frente al Palacio de JusticiaLos sindicatos policiales de Madrid, Valencia, Castilla La Mancha, País Vasco, Aragón, Catalu?a, Andalucía y Asturias apoyarán el próximo jueves al sindicato de policía de la Región en su concentración frente al Palacio de la Justicia por el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia que considera que instalar una cámara de vídeo en el interior de un vestuario no vulnera la intimidad de sus usuarios.
La convocatoria, que se hizo ayer pública congregará a decenas de personas a las 11 horas en Ronda de Garay para pedir explicaciones por un auto que va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Supremo, que concretamente en su sentencia de STC de 10 de abril de 2000, manifestaba que la instalación de tales medios en lugares de descanso o esparcimiento, vestuarios, aseos, comedores y análogos, resulta lesiva e todo caso del derecho a la intimidad de los trabajadores.
La historia comienza a raíz de una denuncia formulada por un miembro de la Policía Local de Murcia, concretamente del cuartel de la pedanía de Beniaján debido a una serie de presuntas manipulaciones y diversos transtornos que venía sufriendo en su propia taquilla ubicada dentro de los vestuarios. Una vez presentada la denuncia, la propia Jefatura de la Policía Local, según los sindicatos, decidió sin autorización judicial previa, y en coordinación con la Policía Nacional, instalar una videocámara en el interior del vestuario del mencionado cuartel.
Con el fin de esclarecer los hechos, los mandos superiores de la Policía Local en dicho cuartel se encargaron durante varios días de grabar con una cámara fija apuntando hacia la taquilla, pero que abarcaba un amplio campo de visión y una zona de paso permanente para todo usuario del vestuario.
Las imágenes ahí captadas fueron aportadas como prueba incriminatoria en el proceso judicial, resultando imputados seis miembros adscritos al cuartel por un delito de coacciones.
Las personas imputadas apelaron a la ilegalidad de las grabaciones al ser tomadas en un lugar privado, pero el juzgado de instrucción número 2 de Murcia estimó que para grabar esas imágenes no hacía falta ninguna autorización, ya que en las imágenes sólo se enfoca una parte concreta del vestuario donde nadie ve coartada su intimidad, a pesar de que la Ley Orgánica 1/1982 del 5 de mayo, relativa a la protección civil del derecho al honor, intimidad personal, y propia imagen matiza que está proscrita toda filmación sin autorización judicial cuando invada el ámbito del domicilio particular o se ejecute en espacios de privacidad de un local público, como son los servicios de WC o vestuarios del personal. Lo que se defiende desde todos los sindicatos son dos ideas, no sólo la falta de intimidad que provoca la colocación de cámaras en vestuarios, sino la posibilidad de que personal superior de la Policía pueda mandar que se coloquen cámaras sin que se pida ningún tipo de autorización judicial, y sin avisar de cuándo se colocan o donde.
