Nota informativa
https://www.agpd.es/portalweb/revista_prensa/revista_prensa/2009/notas_prensa/common/diciembre/301209_NotaVideovigilancia.pdfTras la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios, el 27 de
diciembre
Nota informativa sobre la modificación de la Ley Ómnibus en los sistemas de videovigilancia
? Hasta la entrada en vigor de la Ley 25/2009, el 27 de diciembre, sólo era conforme a la legislación de protección de datos personales la utilización de dispositivos de videovigilancia si se había contratado con empresas de seguridad privada, debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior.
? La Ley Ómnibus reforma la Ley de Seguridad Privada, liberalizando esta actividad determinando que la venta, entrega, instalación o mantenimiento de estos sistemas podrá llevarse a cabo por particulares y empresas distintas de las de seguridad privada siempre que la instalación no implique una conexión con centrales de alarma.
? Se modifica por tanto la exigencia de recurrir a empresas de seguridad autorizadas por el Ministerio del Interior y de notificar el contrato a dicho Departamento.
? En todo caso, deberán cumplirse en el tratamiento de imágenes las normas establecidas en la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal, entre las que se incluyen el deber de informar a los interesados, la inscripción de ficheros, y la implantación de medidas de seguridad.
(Madrid, 30 de diciembre de 2009). Hasta la entrada en vigor, el pasado 27 de diciembre, de la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como
?Ley Ómnibus?), la legitimación para el tratamiento por particulares y empresas de
imágenes captadas a través de dispositivos de videovigilancia sólo era posible en caso
de que dichos sistemas hubieran sido contratados con empresas de seguridad privada,
debidamente acreditadas ante el Ministerio del Interior, al que además debía notificarse
el contrato que se hubiese celebrado, conforme a lo exigido por la Ley 23/1992, de 30
de julio de Seguridad Privada.
La Ley Ómnibus ha suprimido para la mayor parte de los casos estas exigencias, al
liberalizar la comercialización, entrega, instalación y mantenimiento de estos
dispositivos, de forma que ya no será necesario acudir para su puesta en funcionamiento
a una empresa de seguridad privada ni cumplir las obligaciones de notificación del
contrato al Ministerio del Interior..
En concreto, el artículo 14 de la nueva Ley modifica el artículo 5.1 e) de la Ley
23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada, a?adiendo una Disposición Adicional
Sexta a la Ley de Seguridad Privada con la siguiente redacción:
?Disposición Adicional Sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad:
Los prestadores de servicios y las filiales de empresas de seguridad que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidas de la legislación de seguridad privada, siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación.?
La interpretación de la mencionada disposición determina que cualquier particular o empresa cuya actividad no sea la propia de una empresa de seguridad privada podrá:
?vender, entregar, instalar y mantener equipos técnicos de seguridad? sin necesidad de
cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada para tales empresas. De
este modo, dado que la ley permite la instalación y mantenimiento de dichos equipos
por empresas distintas a las de seguridad privada, legitima a quienes adquieran de estos
dispositivos para tratar los datos personales derivados de la captación de las imágenes
sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo dicho tratamiento
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.No obstante, la instalación de un sistema de videovigilancia conectado a una central de
alarma, sí seguirá requiriendo la concurrencia de los requisitos exigidos hasta ahora;
esto es, que el dispositivo sea contratado, instalado y mantenido por una empresa de
seguridad privada autorizada por el Ministerio del Interior y que el contrato sea
notificado a dicho Departamento.
En todo caso, el tratamiento de las imágenes deberá cumplir los restantes requisitos
exigibles en materia de protección de datos de Carácter Personal, recogidos en la Ley
Orgánica y, en particular, en la instrucción 1/2006 de la Agencia Espa?ola de
Protección de Datos, como son, entre otros, los relativos a que las imágenes que se
capten sean las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; el deber de
informar a los interesados, tanto a través de la colocación de carteles informativos como
mediante la puesta a disposición de aquéllos de impresos en que se detalle la
información; la notificación de la existencia de los ficheros a la Agencia Espa?ola de
Protección de Datos; o la implantación de medidas de seguridad.
Enlace a la instrucción 1/2006 de la Agencia Espa?ola de Protección de Datos:
https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/
