Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...

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Las torturas a las víctimas de violencia policial en Euskadi: "Le colgaron de la ventana y apagaron cigarrillos en sus brazos"

    El primer informe sobre estas víctimas presentado en el Parlamento Vasco con 35 testimonios de hechos sucedidos entre la dictadura y 1985 alude a un "patrón" de torturas y denuncia que la judicatura fue "connivente" con el "poder policial"
    — Una grabación prueba que Mikel Zabalza murió por las torturas que sufrió en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo


Testimonios de violencia policial

Iker Rioja Andueza / Rubén Pereda
23 de junio de 2021 21:43h

@ikerrioja
@rubenspereda9

"En una detención, ataron al detenido a una litera y fue golpeado con una especie de fusta o látigo que los propios guardias civiles denominaban 'picha de toro', hasta que ambas plantas de los pies terminaron completamente moradas. También relata que le introdujeron la cabeza en el váter, tirando de la bomba, que le colocaron una almohada en la cara y le pisaban hasta hacerle sangrar de la nariz, que le colgaron de una ventana, que le apagaron cigarrillos en los brazos, que le quemaron la oreja con una cerilla, que fue golpeado con los codos en la espalda, y que también recibió golpes con una barra de unos 15 centímetros de diámetro tanto en la espalda como en las nalgas, extremo que él asocia con una rotura de coxis. También recuerda la presencia, en las dependencias, de un perro grande al que llamaban Pelusa. Le daba más miedo que ellos todavía".
Felipe VI y Sánchez inauguran en Vitoria el Memorial a las víctimas del terrorismo que señala al Gobierno de González por crear

El de arriba es uno de los testimonios reales de los primeros 35 casos de víctimas de violencia policial recogidos por la comisión de valoración para el reconocimiento de este colectivo de personas que sufrieron "vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política" al amparo de una ley aprobada en 2016 para el período entre 1978 y 1999 (en democracia) y de un decreto de 2012 para la dictadura. De los casos analizados, 55 en total, once de ellos fallecidos, cinco son de 1985 y dos de 1978 (no se concreta si antes de la promulgación de la Constitución) y el resto son de la dictadura o de la Transición. Serán homenajeadas este sábado y antes, este miércoles, se han presentado sus casos ante el Parlamento Vasco, algo que se hará anualmente a partir de ahora. En total, se han recibido ya 1.017 expedientes que están pendientes de análisis y resolución. Se propone que cada año se haga un acto similar en memoria de este colectivo.

Esta norma vino a complementar un marco jurídico que reconoce a las víctimas del terrorismo (de ETA –con 853 víctimas y 2.597 heridos– pero también del GAL y otros grupos) y a las de la Guerra Civil y la dictadura. Fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy al entender que ponía en cuestión la actuación policial al margen de sentencias judiciales o incluso con sentencias favorables a los denunciados por torturas y el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez alcanzó un acuerdo con el de Iñigo Urkullu para limar los problemas jurídicos más polémicos. También recibió otros recursos de PP, Ciudadanos y sindicatos policiales que fueron decayendo. En Navarra está en vigor un texto similar.
Balmaseda y Landa, en el Parlamento Vasco con otros miembros de la comisión de víctimas EUSKO LEGEBILTZARRA

Repiten los autores de la memoria anual en varios momentos que han detectado "patrones" de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. No detallan si el contexto cambió del paso de la dictadura a la democracia. Un ejemplo de esos episodios que se repetían: "muertes en controles de la Policía en que la víctima es ametrallada al paso del vehículo sin más aviso". Otro: "Graves casos de tortura y malos tratos [...]: la bolsa, la bañera, golpes, el pato, la rueda, humillaciones constantes, privación sistemática del sueño, clima de terror ambiental, amenazas a extender la acción a familiares, amigas, exposición a gritos de terceros reales o grabados". Se alude a un "clima de arbitrariedad y control social mediante el terror y el abuso de autoridad", particularmente en zonas de Bizkaia y se alude al caso de "una veintena de personas que fueron introducidas en un autobús de línea de madrugada para ser conducidas al cuartel de la Guardia Civil de Bermeo". Una persona consta que fue "detenida y maltratada" hasta diez veces y hay más ejemplos con cinco arrestos.

Se destaca también el "componente añadido de humillación por razones de género" a mujeres. "Estaba agotada. Llevaba sin dormir ni comer tres días [...] y me condujeron a un cuarto donde me hicieron desnudarme completamente. Y empezaron a tocarme los pechos, a reírse de mí. Intenté cubrirme y me amenazaron para que no lo hiciera mientras me decían 'Pues vaya mierda de pechos', 'Quién se va a acostar contigo si no vales nada', 'Como mujer no vales nada', 'A ti quién te va a querer', ...", se lee en uno de los testimonios. Y hay más: "En mis dos detenciones se repitieron insultos y amenazas machistas. 'Eres una puta terrorista que te has metido en ETA para follar'. Me abren los pantalones y me dicen que me van a violar y que me van a hacer un hijo policía".

    Me condujeron a un cuarto donde me hicieron desnudarme completamente. Y empezaron a tocarme los pechos, a reírse de mí. Intenté cubrirme y me amenazaron para que no lo hiciera mientras me decían 'Pues vaya mierda de pechos'

De 55 expedientes, 12 víctimas guardan relación con miembros de alguna de las facciones de ETA. En concreto, son tres de la organización antes de las escisiones, dos de ETA militar y otros tantos de la rama político-militar, uno de la sexta asamblea (LCR) y uno de la quinta asamblea, además de otras tres personas. Hay víctimas de CCOO, COA, ELA, PNV, LAIA, EMK, PCE o de las Juventudes Obreras Cristianas. Sin embargo, 26 no tenían afiliación política alguna. ¿Y los victimarios? En 33 casos fue la Guardia Civil, en 16 la Policía Armada (o la Policía Nacional si son más recientes), en cuatro ambos cuerpos y en dos casos o incontrolados o sin precisar.

La comisión de víctimas de violencia policial reseña también las dificultades que se está encontrando para encontrar información y documentos acreditativos de las vulneraciones denunciadas. Constata igualmente que existió en España otro "patrón", el de la "frecuente" omisión del "deber de investigar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos". Si hay investigación, era "superficial y desenfocada". "La actitud de la Fiscalía y de la judicatura, connivente con el poder policial, no es la de velar por las garantías o la legalidad, aunque fuera la franquista, sino más bien la de convalidar actuaciones o simplemente dar curso a las detenciones, ordenar el envío a prisión aunque luego no hubiera causa alguna y siguieran sobreseimientos de las causas. La evidencia de malos tratos cuando comparecían ante el juez nunca llevaba a reprochar ese hecho", critican con dureza.

Durante la presentación parlamentaria, llevada a cabo por Juana Balmaseda y Jon Mirena Landa como presidenta y portavoz de la comisión de valoración, respectivamente, la coalición PP+Cs ha expuesto sus dudas sobre el terreno de "inseguridad jurídica" en el que se mueven estos expedientes por fijar "causantes" con "entrevistas". "Están teniendo funciones cuasi jurisdiccionales", ha enfatizado su portavoz, Carmelo Barrio. Al contrario, Balmaseda y Landa han defendido su función rigurosa y que no pretenden sustituir a los tribunales. Sí han planteado dos necesidades, la de ampliar el objeto y el período temporal para atender a más posibles víctimas y una "campaña específica" y "sostenida" en el tiempo para que cale en la sociedad la importancia del reconocimiento de todas las personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos.



 

[Der Kaiser]

Euskadi homenajeará a 35 víctimas que acusaron de torturas a la Guardia Civil y a la Policía sin sentencias


https://www.elmundo.es/pais-vasco/2021/06/23/60d356d321efa0e4668b45c4.html

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El Gobierno vasco reconoce como víctimas policiales a los acompañantes de Mikel Zabalza, torturado en Intxaurrondo en 1985

    "Nos alegramos, aunque llega tarde. Mi hermana ya no vive", lamenta Ana María, familiar de quien fue pareja de Zabalza, que anima a que se denuncien estos casos ocultos

Iker Rioja Andueza
25 de junio de 2021 06:01h

@ikerrioja

El caso de Mikel Zabalza ha vuelto a la primera línea en 2021. Ha sido este año, merced al documental 'Non dago Mikel?', cuando se ha publicado con sonido una conversación entre el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en la que se aludía claramente a las torturas que sufrió en Intxaurrondo el joven conductor de autobuses de Donostia nacido en la localidad navarra de Orbaizeta y a la relación con su muerte, que se disfrazó como una fuga por el río Bidasoa mientras iba con los agentes buscando un supuesto zulo, ya que Zabalza nada tenía que ver con ETA. El cadáver apareció en un lugar del Bidasoa que ya había sido previamente rastreado. Tres de las 35 víctimas de violencia policial que el Gobierno de Iñigo Urkullu (PNV) va a reconocer formalmente como tales este sábado -aunque cinco de ellas no participarán en el acto institucional- están relacionadas con este episodio. Son sus tres acompañantes, de ellos ya fallecidos por enfermedad. El propio expediente de Zabalza es uno de los 55 ya tramitados, pero no se ha resuelto aún a expensas de que la comisión de valoración de estos casos reciba documentación judicial complementaria para dar luz verde a su caso.
'Non dago Mikel?', el documental que retrata cómo vivió la sociedad vasca la desaparición de Mikel Zabalza, víctima de torturas por la Guardia Civil
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'Non dago Mikel?', el documental que retrata cómo vivió la sociedad vasca la desaparición de Mikel Zabalza, víctima de torturas por la Guardia Civil
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La pareja de Zabalza, Idoia Ayerbe, "sufrió tortura". Ya en 1985, siendo una veinteañera, declaró que vio cómo interrogaban a su novio con "bolsa de plástico amarilla metida en la cabeza". Murió con 56 años en 2018 tras una larga enfermedad. Su hermana, Ana María, cuenta a este periódico que nadie le quitará nunca la idea de que quizás lo que sufrió pudo condicionarle toda la vida. "Me queda la duda. Aparte de la bolsa, le dieron golpes en la cabeza con un listín telefónico. No veía bien y perdió audición y luego le dieron ataques epilépticos", relata.

Manuel Vizcay era el primo de Zabalza y también fue maltratado en dependencias policiales. Es el único de aquel grupo que fue arrestado por la Guardia Civil que sigue vivo. Jon Arreche, el cuarto del grupo, murió de cáncer en marzo de 2017, con 52 años. Ayerbe, Vizcay y Arreche ya son oficialmente víctimas al amparo de la ley de 2016 reformada en 2019 y que abarca casos de violencia policial de 1978 y 1999. Con toda probabilidad, pronto se les unirá el propio Zabalza en esa lista, aunque en su caso el expediente acumula un poco más de retraso por la complejidad de los hechos que ocurrieron en 1985, según fuentes oficiales. Esta norma cierra el círculo de otros textos para las víctimas del terrorismo (ETA, GAL y otros grupos) o de la Guerra Civil.

"Nos alegramos, aunque llega tarde. Mi hermana ya no vive", lamenta Ana María, que explica que la familia ha mantenido estos años la batalla para que la documentación que almacenaban sirviera para algo. Ahora espera que pasos como éste sirvan para que otros episodios similares de torturas salgan a la luz. "Hay gente que tiene miedo de denunciar. Son como las mujeres violadas que se avergüenzan. Y ha habido muchas víctimas", explica. El 'caso Zabalza' es prácticamente el único del período democrático, ya que el resto de víctimas homenajeadas el sábado sufrieron vulneraciones de derechos humanos o durante la dictadura o antes de la aprobación de la Constitución de 1978. Éstas ya estaban contempladas en un decreto previo a la ley puesto en marcha en 2012 por la entonces consejera de Justicia y ahora vicelehendakari Idoia Mendia (PSE-EE) -que tuvo como asesora a Manuela Carmena- y con la ley se abrió un nuevo turno para presentar solicitudes.

¿Quiénes son? Felipe Suárez, leonés de 29 años, falleció por un impacto de bala en un control policial en la SS-6017, entre Zarautz y Zestoa, en abril de 1976. Solamente habían pasado unos días desde que la Policía Armada disolviera a tiros una asamblea en el barrio de Zaramaga de Vitoria, actuación que mató a cinco obreros. Iñigo Moyúa era aún más joven, 16, y recibió disparos de metralleta en otro control y resultó herido. Miguel María Azpillaga repartía octavillas del PCE en una manifestación unos pocos meses antes de la muerte de Francisco Franco y salió herido por balazos de agentes de paisano. Y Koldo Arriola murió semanas antes en el cuartelillo de Ondarroa a los 19 años.

A Luis Fermín Orueta, responsable de una organización juvenil del PCE en la Universidad de Valladolid, lo arrestaron y torturaron "en varias ocasiones" entre 1973 y 1976. Este eibarrés tenía 18 años cuando fue detenido por vez primera. Felipe Laraudogoitia fue apresado en Bakio en 1967 por las fuerzas del orden franquistas. Felipe Agirre participaba en labores de propaganda de un Aberri Eguna clandestino en la dictadura, el de Donostia en 1968; detenido y torturado, acabó exiliado en Iparralde y pudo regresar a España en 1977, tras la muerte del dictador. Finalmente, Cayetano Otaegi consta como "detenido en número superior a diez veces" entre 1974 y 1981 (ya en período constitucional), si bien "nunca fue juzgado por ningún delito". Asimismo, Ignacio O'Shea, Enrique Arzubiaga, Juan María Lestón, María Julia Sanz, José Gabriel Larrucea, Teresa Sanz, José María Madariaga, María Josefa Bilbao, Laura Uriarte, Juan Ormaza, Pedro Crucelegui, Miguel Antonio Elguezabal, Joseba Mentxakatorre, Pilar Barayazarra y su hermana Inés Barayazarra y Félix Jauregizar aparecen también como víctimas de torturas.

Todas ellas recibirán este sábado un dictamen, su expediente y el reconocimiento de la mano de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal (PNV). Desde el Gobierno indican que tienen confirmada la asistencia de representantes de los grupos parlamentarios de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, pero no de PP+Cs y Vox. En el caso de los 'populares' y naranjas, esta semana han expresado su temor por que se estén fundamentando resoluciones al margen de procedimientos judiciales o incluso cuando hay sentencias desfavorables. La propia ley de 2016 fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Mariano Rajoy -siendo Macarena Olona de Vox la abogada del Estado en Euskadi-, aunque luego con la llegada de Pedro Sánchez fue modulada para que pudiera aplicarse.

Precisamente esta semana se ha hecho público en el Parlamento Vasco un informe con la memoria anual de la comisión de valoración de estas víctimas, presidida por Juana Balmaseda y con Jon Mirena Landa como portavoz. Este documento habla de "patrones" de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden y recoge testimonios contundentes de algunos casos descubiertos. También denuncia que el poder judicial fue "connivente" con los abusos del poder policial y que, lejos de investigar las denuncias, no les dieron curso.

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https://twitter.com/_Mamua/status/1415005136934645768?s=19

[Heracles_Pontor]

Y todas éstas torturas no dejaron ninguna huella física?. . . si la daban golpes, la pellizcaban los pezones, la desnudaban a la fuerza mientras se resistía, la golpeaban sino respondía rápidamente. . . y nada de todo eso dejó una marca en su cuerpo?. . . sinceramente, no me creo nada. . .

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Testimonios de torturas de la Guardia Civil marcan el juicio a los presuntos miembros del brazo legal de ETA

    "Me empezaron a tocar, me tocaron todo el cuerpo. Un guardia civil se pegó totalmente a mí, sus genitales a mi parte trasera y todo el rato haciendo comentarios de índole sexual, humillándome e insultándome", ha señalado la acusada Naia Zuriarrain ante la Audiencia Nacional
 
Maialen Ferreira
14 de julio de 2021 21:00h
@maialenferreira

"Yo estaba desnuda mientras hacía sentadillas y ellos me pellizcaban los pezones. Me tocaron la vagina dos veces. Yo hacía flexiones y me metían el humo de sus cigarrillos dentro de mi bolsa y no podía respirar. Me tapaban con la mano la boca y la nariz y no podía respirar. En esos momentos me hacían preguntas y si no contestaba con cierta rapidez me tiraban contra la pared o me pegaban o incluso me tiraban al suelo y se me sentaban encima y no podía respirar". Se trata de la declaración de Saioa Aguirre, una de las ocho personas acusadas de integrar "el frente jurídico de ETA, Halboka" en el juicio que está teniendo lugar estos días en la Audiencia Nacional.

Las detenciones de la causa conocida como sumario 13/13, se produjeron por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional y actual Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Bizkaia y Gipuzkoa en el año 2010. Fueron detenidos antiguos presos y abogados de personas acusadas de pertenecer a ETA.

En total, la Fiscalía solicita 86 años de cárcel por delitos que van desde la pertenencia a ETA a colaboración con organización armada para los encausados Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Julen Zelarain, Naia Zuriarrain, Saioa Agirre, Nerea Redondo y Juan Mari Jauregi, acusados de, supuestamente, pertenecer a "la red que controlaba a los presos de ETA". Mientras que la defensa afirma que el proceso "nace viciado de nulidad" porque "hay irregularidades en los registros, escuchas ilegales, evidencias de torturas y malos tratos, y vulneración del derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por la misma causa".

Los principales acusados son los abogados Zulueta y Enparantza. En concreto, el fiscal pide 19 años de cárcel para la abogada Arantza Zulueta, que ya fue condenada en 2019 "como responsable del órgano coordinador del frente de cárceles": 12 años por integración en organización terrorista en condición de dirigente y otros 7 por depósito de armas y explosivos. Para Enparantza la Fiscalía solicita 12 años por integración en organización terrorista en condición de dirigente, mientras que para el resto de los seis acusados de pertenecer a Halboka, la Fiscalía pide penas de 7 a 11 años de cárcel por delitos de integración o de colaboración en organización terrorista.

Durante la segunda sesión del juicio celebrado este martes, varias acusadas como Aguirre y Naia Zuriarrain han denunciado torturas y agresiones sexuales por parte de agentes de la Guardia Civil que les detuvieron hace 10 años. "Me empezaron a tocar, me tocaron todo el cuerpo. Un guardia civil se pegó totalmente a mí, sus genitales a mi parte trasera y todo el rato haciendo comentarios de índole sexual, humillándome e insultándome", ha confesado Zuriarrain que ha detallado que varios agentes le dejaron "en bragas y camiseta" y le colocaron unas bandas de "gomaespuma" en los brazos para, después, echarle "agua fría por la cabeza". Además de estos procedimientos, Zuriarrain ha acusado a los agentes de obligarle a aprender una serie de respuestas para ofrecerlas en una declaración policial.

Ante los crudos testimonios la coalición Ahora Repúblicas compuesta por EH Bildu, Esquerra Republicana, BNG, Ahora Canarias, Andecha Astur y Puyalón de Cuchas, ha llevado el caso a la Comisión Europea. "Ante el espeluznante testimonio de Naia Zuriarrain, preguntamos a la Comisión sobre los mecanismos que dispone para garantizar que el Estado español cumpla con el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales sobre la prohibición de la tortura en la detención de personas", ha señalado el diputado del Parlamento Europeo por la coalición Ahora Repúblicas.

El abogado Jon Enparantza, también ha denunciado que sufrió amenazas por parte de la Guardia Civil, que le habría enseñado "fotografías" de sus cinco hijos y de su mujer. Además, era consciente de que estaban "torturando" al resto de detenidos por las "referencias" que hacían los agentes, que "entraban a la celda eufóricos y salidos de madre". "Esos fueron los cinco días que pasé. Ni comí, ni bebí y apenas ni dormí. Al cuarto día me llevaron al hospital porque estaba un poco deshidratado y, al negarme a recibir suero, volvieron a llevarme a la celda", ha relatado.

La acusada de liderar Halboka: "Nunca he visto o tocado un arma"

Por su parte, la abogada Arantza Zulueta, acusada de liderar el órgano, ha reiterado durante su testimonio que "nunca" ha "visto o tocado un arma" y que no perteneció a Halboka. Zulueta, para quien la Fiscalía pide 19 años de prisión por los delitos de integración en organización terrorista en condición de dirigente y por depósito de armas y explosivos, ha insistido en que las únicas armas que ha visto "han sido las fotografías" en sumarios y hace años en la Audiencia Nacional, cuando "se traían las armas incautadas y se exponían".

La abogada también ha dejado claro que "nunca" ha "pertenecido" al considerado frente jurídico de la banda ni a "ningún aparato" de la organización. Además, ha negado que participase en el cobro del impuesto revolucionario o en captaciones. Sin embargo, sí que ha reconocido su pertenencia al KT, el conocido como frente de cárceles, desde donde trataba de "coordinar a los presos" para que estos asumieran y admitieran la vía penitenciaria. Precisamente, esta fue la razón por la que tanto ella como Jon Enparantza fueron condenados en septiembre de 2019.

Zulueta, que salió de prisión en febrero de 2020 tras cumplir su condena, ha explicado que si reconoció su pertenencia a la banda terrorista en condición de dirigente fue para evitar que el resto de sus compañeros tuvieran que ingresar en prisión. También lo hizo, ha señalado, porque entendía que de esa forma estaba dando "un buen paso en los pasos" que se estaban dando "en la democracia en la paz y en la convivencia".

Por otro lado, la abogada se ha desmarcado de los alias 'Marxel' o 'Bixer' contenidos en los informes de la Guardia Civil, y que le vincularían con diferentes reuniones con miembros de la organización terrorista ETA. Así, la abogada ha calificado de "extraño o tendencioso" que el Instituto Armado pretenda relacionarle con alguno de esos seudónimos. En su declaración, también ha negado haber participado o facilitado información referida a atentados o acciones violentos de la banda. De igual forma, Zulueta ha asegurado que en su condición de abogada siempre ha tratado de poner a sus clientes -acusados de pertenecer a ETA- a disposición de la Audiencia Nacional.

Dos guardia civiles de testigos

Este miércoles han testificado dos de los guardia civiles que participaron en la investigación. El primero de ellos, se ha tratado del secretario del atestado policial, que según sus palabras, "auxilió" al instructor del atestado para todas las actas y participó en la investigación desde el comienzo de la misma. Según su declaración, todo comenzó en el año 2008 cuando la Guardia Civil contaba con distintas operaciones en el sur de Francia contra aparatos de ETA y en concreto, tenían una contra el aparato político en Burdeos en colaboración con la Policía francesa. En esa operación, según el guardia civil, detienen a los miembros de ETA Xabier López Peña, Ainhoa Ozaeta, Jon Salaberria e Igor Suberbiola y extraen ordenadores y memorias informáticas del piso en el que se encontraban.

Según el testigo, tras analizar la documentación tanto informática como en papel, los documentos se dividen en tres partes: documentación del aparato político, documentación de la gestión y cobro del impuesto revolucionario y documentación relativa a informaciones de potenciales objetivos de la organización terrorista. "Nosotros trabajamos toda la documentación en su conjunto y realizamos distintas operaciones gracias a ella. Entre ellas nos encontramos con una estructura dentro del aparato político que es Halboka", ha argumentado.

Dicha documentación superaba los 120.000 documentos algunos en euskera, otros en castellano e incluso en francés. "Halboka no contiene solamente el frente jurídico, tiene otros departamentos un departamento que controlaba los informes de las caídas policiales o de las caídas de miembros de ETA ante una detención policial o incluso otra de las estructuras que gestionaba las fugas de prisiones o los intentos de fuga de prisión. Nosotros nos centramos en la estructura de Halboka general y dentro de ella nos encontramos el frente jurídico que entendemos que está mayoritariamente conformado por abogados próximos a las organizaciones abertzales o incluso próximos a ETA", ha señalado.

El guardia civil, ha asegurado que "la mayor parte" de los abogados defendían a miembros de ETA, pero había algunos que también "hacían labores de enlace" y otros a los que durante el estudio de la documentación "jamás pudieron relacionarlos" con la banda ni sus actuaciones. Tras analizar dicha información, el propio guardia civil que testifica en el juicio elabora el 'Informe Halboka', un informe que está sin firmar pero que él mismo valida como "jefe de grupo de análisis" y que lo describe como "una investigación preliminar". El 'Informe Halboka' fue entregado en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y con él se solicitó la autorización para realizar los registros de los despachos de abogados de los acusados, ubicados en Hernani y Bilbao, así como las consiguientes detenciones. En esos registros, concretamente en el del despacho de Bilbao donde trabajaba Zulueta, se incautó un pendrive con información de un zulo con armas "armas largas -entre ellas un fusil AK-47-, cortas y sustancias explosivas" en monte Jara de Francia.

Según el guardia civil, dos pendrives cayeron "al mover un cuadro" de la pared del despacho en el que trabajaba Arantza Zulueta. Ante esta acusación, la abogada ha denunciado en su declaración "irregularidades" durante el registro, que tuvo lugar en 2010. "Fue un desastre. Esos pendrives no estaban allí", ha denunciado ante ante el tribunal.

En cuanto a la intervención del CNI en esta información, que la defensa acusa de "realizar escuchas ilegales", el guardia civil ha asegurado que el CNI sí que intervino, pero no entregó las "intervenciones" ni las "conversaciones en bruto" a la Guardia Civil. En su lugar, les aportaban mensajes o extractos de las conversaciones según las iban solicitando.

Un segundo agente de la Guardia Civil también ha sido citado como testigo y ha argumentado que durante el registro del despacho de Zulueta en Bilbao se encontraron dispositivos informáticos detrás de un cuadro o en el baño. Algo que según ha declarado también ocurrió durante el registro en el domicilio de la abogada, donde encontraron dispositivos en una aspiradora e incluso en una tabla de surf.

Tras los dos testimonios, el juicio ha sido interrumpido hasta el próximo lunes 26 de julio. Según el calendario diseñado inicialmente, la vista oral se realizará este mes y se reanudará luego en setiembre.
elDiario.es/Euskadi
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[47ronin]

Investigados dos policías de Sevilla por supuestas torturas a un joven y abandono de su hijo al detenerlo


Un juzgado toma declaración este lunes a dos agentes locales de Guillena después de que se haya tenido en cuenta la denuncia de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que se acumula a la de atentado a la autoridad que atribuyen al joven
Lesión que presentó la víctima tras la presunta agresión el pasado marzo
Lesión que presentó la víctima tras la presunta agresión el pasado marzo APDHA
Javier Ramajo

5 de septiembre de 2021 20:32 h
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 @javierramajo
Dos agentes de la Policía Local de la localidad de Guillena están citados a declarar este lunes en calidad de investigados en un juzgado de Sevilla tras la denuncia de un joven por torturas y abandono de su hijo menor, de tres años, en el momento de su detención el pasado 21 de febrero. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) interpuso una denuncia alertando de ambas cuestiones al juzgado, que ahora acumula las diligencias a las que ya había abierto por supuesto delio de atentado contra la autoridad que atribuyen al joven.


Según el escrito de denuncia interpuesto en marzo por el equipo jurídico de APDHA, por el cual han sido llamado ahora los agentes a declarar, un joven identificado como A.J. se encontraba ese día paseando con su hijo de tres años por una calle de Guillena cuando una patrulla de la Policía Local lo detuvo y le trasladó a la Jefatura de la localidad "abandonando al menor en la vía pública". La declaración de los agentes se ha suspendido este lunes y se ha aplazado finalmente hasta el próximo 21 de octubre.


La organización inició un procedimiento penal ante los juzgados de Sevilla, que ahora inicia su recorrido, porque "tras recabar el testimonio de A.J., testigos de la inicial actuación policial así como varios informes clínicos que se elaboraron inmediatamente después de la detención de A.J., apuntan a un posible delito de torturas y de abandono de un menor en la vía pública que podría concurrir con la agravante de motivación racista", ya que el joven es de etnia gitana. Fuentes cercanas al caso apuntan que los agentes confundieron al joven detenido con otro.

Entre las lesiones objetivadas mediante un parte de lesiones conforme al Protocolo de Estambul se evidencia, según APDHA, que durante la detención, traslado y custodia en la Jefatura de la Policía "A.J. fue golpeado en el costado derecho en varias ocasiones". Al mismo tiempo, entre los hechos puestos en conocimiento del órgano jurisdiccional, se refieren "insultos y amenazas de racista de carácter antigitano", según la denuncia que ahora se investiga.


El Ayuntamiento archivó el caso
APDHA, así como el Defensor, solicitaron al Ayuntamiento de Guillena la preservación de las imágenes captadas por el sistema de vídeo-vigilancia de la Jefatura de la Policía Local, aunque advierten que hasta el momento no han recibido respuesta por parte de la entidad local. En la misma petición se solicitaba al Alcalde del municipio la iniciación de un procedimiento disciplinario contra los agentes implicados en los hechos denunciados. Dicha cuestión ha sido archivada "al no encontrar indicios suficientes que lo justifiquen", según comunicó el Ayuntamiento al Defensor del Pueblo de España, que tiene abierto un expediente por estos hechos.

Según ha informado el Defensor a la propia APDHA, un atestado remitido a la Fiscalía de Menores de Sevilla señaló que, en el momento de la detención, un joven cogió en brazos al pequeño, cogió el teléfono móvil del detenido, quien le dijo el patrón de desbloqueo del mismo y llamó a abuela del niño para que se hiciera cargo de él ya que vivían a unos 500 metros del lugar donde ocurrieron los hechos, tal y como se observó en un vídeo que consta en las actuaciones, según informó el Defensor.


Igualmente, APDHA registró una petición a la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, un organismo dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. En su escrito dirigido a la institución presidida por Elías Bendodo solicitaron que se investigaran los hechos denunciados y que, ante la ausencia de una normativa en la materia, se dicte una disposición que regule y prescriba la instalación de sistemas de vídeo-vigilancia en todas aquellas zonas en las que puedan permanecer personas detenidas en las Jefaturas de Policía Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía» Tal y como señala APDHA, se trata de un criterio compartido tanto por el Defensor del Pueblo Andaluz como por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

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El pasado torturador del general Arturo Prieto, nuevo jefe de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana


En 1999 fue condenado por la Audiencia de Vizcaya por tres delitos de torturas contra Juan Ramón Rojo, Francisco Palacios y Xabier Arriaga


Oriol Bäbler

 05.11.2021 10:35


El Boletín Oficial de España (BOE) ha publicado hoy que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha promocionado al general de brigada Arturo Prieto Bozec , de cincuenta y seis años, a jefe de la comandancia de la Guardia Civil española en el País Valenciano . Hasta ahora, ocupaba la comandancia de Almería. Prieto se incorporará de inmediato al nuevo cargo, dado que su antecesor, el general José Hermida , pasó a la reserva el pasado septiembre.

La mayor parte de medios españoles han recogido la noticia, destacando que Prieto, que ha sido ascendido recientemente a general, formó parte del Grupo de Acción Rápida (GAR) , que se creó específicamente para combatir la actividad de ETA . Ahora, en ningún momento se señala ha sido condenado por torturar a personas del entorno.

En 1999, la Audiencia de Vizcaya condenó a Prieto y Daniel Simón Santamaría a dieciocho meses y tres días de cárcel por tres delitos de torturas contra Juan Ramón Rojo, Francisco Palacios y Xabier Arriaga . Además, les impuso una indemnización de dos millones de pesetas. Los hechos ocurrieron a principios de 1992, cuando los tres fueron detenidos y trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Madrid.

“Con independencia de que tomaran parte activa en los malos tratos o no, que los ordenaran, o que simplemente los consintieran, tuvieron conocimiento de que los malos tratos se producían, sin que, con su condición de superiores jerárquicos, […] hicieran absolutamente nada por impedirlos”, dejó patente la sentencia.

En abril de 2001, el Tribunal Supremo español, tal y como ha ocurrido en otros casos de torturas de los cuerpos y fuerzas de seguridad de España, tumbó la condena contra Prieto y Simón.

El caso de Rojo, Palacios y Arriaga estaba relacionado con las torturas contra Kepa Urra , cuando fue detenido a principios de 1992. En esa causa, Prieto también fue investigado por delitos similares y, aunque no compareció ante el juez, va fue finalmente exonerado, como los agentes Alejandro Hernández Mosquera y Diego Pérez de los Cobos .

Por el caso de Kepa Urra , la Audiencia de Vizcaya condenó a tres guardias civiles a doce años y medio de prisión por torturas. Antes de trasladar a Urra al cuartel de La Salve (Bilbao), los agentes se lo llevaron en un descampado y, manteniéndole esposado, “lo desnudaron, golpearon con un objeto ron y lo arrastraron por el suelo”.

[47ronin]

Ni suspendido ni expedientado: Mogán mantiene en activo a un policía condenado por torturar a un vendedor senegalés

    El ayuntamiento se agarra a que la sentencia no es firme mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo solicita que se ratifique la condena


Iván Suárez
Las Palmas de Gran Canaria —
7 de diciembre de 2021 06:01h

@IvanSuarez__

Es 8 de enero de 2011 y faltan veinte minutos para la diez de la noche. Sené, un ciudadano de nacionalidad senegalesa, vende collares en la terraza de un restaurante del centro comercial de Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán. Cuando dos policías locales vestidos de paisano se le aproximan y le piden que los acompañe a un lugar apartado, los reconoce y sale corriendo. Son los mismos que tres días antes habían participado en una intervención en la que un primo suyo, también vendedor ambulante, había resultado lesionado. Sené ha sido citado a declarar como testigo en ese juicio y teme por su integridad. La persecución se inicia en la planta superior y concluye en el supermercado ubicado en la planta baja. Uno de los agentes le alcanza, le zancadillea y, en el suelo, le propina dos fuertes patadas y un puñetazo antes de colocarse encima de él para inmovilizarlo. La agresión queda grabada por las cámaras de videovigilancia.

A Sené lo sacan a rastras del supermercado. Ya en el exterior, fuera del alcance de las cámaras, los dos agentes le golpean con porras u objetos contundentes. El ciudadano senegalés intenta protegerse con el brazo y se lo fracturan. Le sujetan por el cinturón y lo lanzan violentamente contra el suelo, mientras grita de dolor y pide auxilio. Después de ponerle los grilletes, lo llevan a las dependencias policiales situadas en el mismo centro comercial, donde los agentes continúan pegando al vendedor hasta que llegan otros.

Con este relato de hechos probados, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó en febrero de 2021 a dos agentes de la Policía Local de Mogán a siete años y medio de cárcel y diez de inhabilitación absoluta para el desempeño de cualquier empleo público al considerarlos autores de un delito de tortura, en su modalidad de atentado grave a la integridad moral, y otro de lesiones. Además, les impuso una indemnización de 20.745,75 euros por las lesiones causadas, de 2.936,8 por las secuelas, y de 20.000 en concepto de daño moral y declaró responsable subsidiario al Ayuntamiento de Mogán.

Los agentes condenados son Gilberto J.M.R. y Carlos J.H.R. El primero de ellos está en prisión por un caso de violencia de género. El segundo sigue en activo. El gobierno municipal se agarra a que la sentencia no es firme y esperará a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados por los policías y por la propia administración, que pretende no solo librarse de tener que asumir el pago de la indemnización en el caso de que los autores de los delitos no cuenten con recursos suficientes para hacerlo, sino, además, reducir el caso a un simple delito de lesiones leves. Para ello, el ayuntamiento ha adjudicado un contrato menor de 15.000 euros al despacho de un reputado abogado penalista, José Antonio Choclán, el mismo que defiende a la alcaldesa, Onalia Bueno, en la investigación de la presunta trama de compra de votos por parte del partido local Ciuca en las elecciones de 2015 y 2019.

Cuando las grabaciones salieron a la luz pública, el actual primer teniente de alcalde de Mogán, Mencey Navarro, entonces portavoz de Ciuca en la oposición, pidió al gobierno del Partido Popular (PP) la inmediata apertura de un expediente disciplinario a los agentes implicados. Seis años después de que ese mismo partido se pusiera al frente de la corporación local, ni los agentes han sido suspendidos de empleo y sueldo ni tan siquiera se les ha abierto el expediente que Navarro reclamaba hace años en la oposición. Uno de ellos continúa en activo e incluso participó un mes después de su condena en un acto junto al jefe de la Policía Local para presentar dos equipos de detección de documentos falsos. Fuentes internas han llegado a hablar de "razones de amistad" para justificar su permanencia.

Lo cierto es que casi once años después de que se produjeran los hechos no consta ninguna actuación de los sucesivos gobiernos municipales (primero el PP y después Ciuca) contra los policías implicados en la agresión al vendedor ambulante de origen senegalés. Ni cuando se difundieron las grabaciones, ni cuando ostentaban la condición de investigados en una causa penal, ni cuando se decretó la apertura de juicio oral -en octubre de 2017- ni cuando la Audiencia Provincial de Las Palmas los condenó a siete años y medio de cárcel.

En su artículo 47, la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, aprobada en 1997, tipifica como faltas muy graves, entre otras, cualquier conducta constitutiva de delito doloso, el "abuso de las atribuciones" por parte de los agentes, la "práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejantes a las personas que se encuentren bajo su custodia" o "el incumplimiento del deber de imparcialidad o la actuación discriminatoria por razón de cualquier condición social o personal". La comisión de faltas muy graves se castigan con la separación del servicio y la suspensión de funciones de tres a seis años.

La Fiscalía del Supremo avala la condena

La Fiscalía del Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre los recursos presentados por los condenados y por el Ayuntamiento de Mogán. En un escrito fechado el pasado 4 de noviembre, el Ministerio Público interesa su inadmisión o la desestimación de los motivos esgrimidos por las defensas y, por lo tanto, que se ratifique la condena a los policías locales.

El fiscal José Antonio del Cerro considera que el testimonio de Sené aparece confirmado "de modo concluyente e incuestionable" por "la abundante prueba testifical", no solo de empleados y clientes del centro comercial y del supermercado, sino también por otros agentes de la Policía Local comisionados en el lugar de los hechos, y, sobre todo, por el "contenido revelador" de las imágenes de las cámaras de seguridad de los comercios, así como por los partes médicos de asistencia presentados por la víctima.

La defensa de los condenados alega, entre otras cuestiones, que la sentencia de la Audiencia Provincial no está suficientemente motivada, que no se han tenido en cuenta las declaraciones de los testigos de la defensa, que los agentes cumplieron su deber de perseguir a quien incumple la ley (por la venta ambulante) o que no ha quedado acreditado que fueran los autores del "bastonazo" que provocó la fractura a la víctima. Frente a este argumento, la Fiscalía defiende que el caudal probatorio "es abundante en calidad y cantidad" y que el relato de hechos probados "no ofrece duda alguna".

El recurso del policía que aún sigue en activo sostiene, además, que no se le puede hacer partícipe de la agresión de su compañero en el supermercado, la que quedó registrada en la grabación de la cámara de videovigilancia, y que no hay constancia de que causara un trato inadecuado al vendedor ambulante en su traslado a las dependencias policiales. En este punto, el fiscal vuelve a acudir a los hechos probados de la sentencia y a la alusión que hace, sobre la base del testimonio de la víctima y de la confirmación de algunos de los testigos, de las agresiones que le infligieron en el exterior "con porras u objetos contundentes".

También rechaza el Ministerio Público que haya que catalogar como "muy cualificada" la atenuante de dilaciones indebidas por haber transcurrido más de ocho años entre la imputación de los agentes y la celebración de la vista oral. A juicio del fiscal, esta demora "carece de la relevancia suficiente como para justificar la rebaja (de la pena) en un grado", máxime cuando la dilación no les ha supuesto a los policías "un especial perjuicio", ya que durante el curso de la causa "no se adoptó medida cautelar alguna de suspensión de empleo y sueldo de los agentes acusados en vía disciplinaria por parte del Ayuntamiento de Mogán, con lo que sería la presente sentencia condenatoria la que privaría a los mismos de la condición de funcionario con la inhabilitación absoluta", destaca.

El recurso del Ayuntamiento

El recurso de casación presentado por el abogado José Antonio Choclán en nombre del Ayuntamiento de Mogán es el más extenso. Consta de nueve motivos de impugnación y solicita, en síntesis, que se suprima el subtipo agravado en el delito de lesiones y que se absuelva a los condenados del delito de tortura, al considerar que no ha quedado probada la agresión con la porra y sí que actuaron para represaliar a Sené por su dedicación a la venta ambulante. Además, trata de exonerar de cualquier responsabilidad al ayuntamiento.

"Frente al relato fáctico de la sentencia no se erige ninguna tesis alternativa con visos de razonabilidad que pueda hacer surgir duda alguna sobre la certeza obtenida por el tribunal de instancia, la cual debe ser tenida por ello como objetivamente correcta y aceptable", resume el fiscal, que agrega que se ha ratificado "de forma irrebatible y demoledora" la declaración del perjudicado con la "amplia prueba testifical, documental y pericial".

En su recurso, el Ayuntamiento de Mogán reconoce que los agentes propinaron golpes al vendedor senegalés, pero entiende que de las acciones descritas ninguna conduce a "un sufrimiento moral que menoscabe gravemente la dignidad del detenido". Es decir, entiende que pudo haber un exceso de fuerza en la actuación policial, pero no tortura. El fiscal discrepa. "Los acusados infligieron a la víctima sufrimientos físicos y mentales", subraya haciendo referencia a los pasajes de la sentencia en los que se manifiesta "la especial violencia empleada por los autores", así como "el claro e inequívoco contenido ultrajante y humillante de la intervención policial", por el número de actos atentatorios contra la integridad física y moral, su duración y la intensidad de alguno de ellos. Además, remarca que actuaron en su condición de policías locales y encontrándose de servicio.

En contra del criterio de la administración, la Fiscalía considera también acreditado el uso de una porra o bastón extensible por parte de los agentes para golpear al migrante y causarle la fractura en el brazo. "Todo abuso policial es por definición antijurídico e incompatible con el ejercicio de la función policial en un Estado de Derecho (...) Es absolutamente gratuito y de una brutalidad insostenible. No estamos ante una extralimitación comprensible aunque desproporcionada de una intervención policial, sino ante una actuación arbitraria, desmedida e injustificable con una especial intensidad lesiva y denigratoria para el ciudadano agredido. Que, además, estuvo incluso a punto de generar un problema de orden público ante la movilización pacífica por parte de varios ciudadanos para mostrar su solidaridad con el perjudicado", zanja el escrito presentado por el fiscal del Supremo.

[47ronin]

Y la venta ambulante, una infracción generalmente de tipo administrativo o con la opción de "género abandonado", merece una persecución, un arrastre y una fractura.

En fin...

[Heracles_Pontor]

Sin pretender justificar nada me asaltan dos cuestiones, una, en un pueblo seguro que, tanto el vendedor como los policías, se conocían de anteriores intervenciones, no sería la primera vez que se encontraban, de ahí el exceso de celo en una intervención de venta ambulante que no deja de ser una infracción administrativa. . . después, vistos los hechos declarados probados, estoy más con la postura del Ayuntamiento que reconoce las lesiones y el trato degradante pero sin llegar a las torturas. . . y yo creo que por ahí el recurso puede prosperar, que la condena lo sea por eso junto con las dilaciones indebidas y por eso el Ayuntamiento espera a que la condena sea firme para adoptar medidas contra los policías. . . veremos en qué termina el asunto. . .

Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk

[47ronin]

Sin pretender justificar nada me asaltan dos cuestiones, una, en un pueblo seguro que, tanto el vendedor como los policías, se conocían de anteriores intervenciones, no sería la primera vez que se encontraban, de ahí el exceso de celo en una intervención de venta ambulante que no deja de ser una infracción administrativa. . . después, vistos los hechos declarados probados, estoy más con la postura del Ayuntamiento que reconoce las lesiones y el trato degradante pero sin llegar a las torturas. . . y yo creo que por ahí el recurso puede prosperar, que la condena lo sea por eso junto con las dilaciones indebidas y por eso el Ayuntamiento espera a que la condena sea firme para adoptar medidas contra los policías. . . veremos en qué termina el asunto. . .

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Siempre ha parecido cuestionable la actuación.policial corriendo, saltando y brincando ante lo que son maypritariamente infracciones administrativas, pero fíjese donde vamos a poner la tilde con, en mi opinión, demasiado interés, en aquella venta ambulante de las grandes marcas, mientras que en las alimentarias, y hemos visto a un chino haciéndose una paja mientras hacía bocadillos para su venta, prácticas y ventas  por ende peligrosas para la salud pública, no mostramos el más mínimo interés.

Curioso, no?

[47ronin]

Torturas y corrupción: se conocen más detalles de la unidad antidroga de Mérida
Se empiezan a conocer los pormenores que causaron, hace escasos meses, la detención de cinco policías nacionales y un guardia civil, miembros todos del grupo policial de estupefacientes de Mérida. Torturas y pertenencia a organización criminal son algunos de los delitos imputados.

Redacción El Salto Extremadura
16 dic 2021 07:00

En el año 2017 y 2018, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusieron bajo la lupa a la Brigada de Estupefacientes de la comisaría de Mérida. Uno de los motivos desencadenantes de la investigación fue un suceso acaecido en febrero del 2018. La Policía Nacional, en uno de sus controles, paró en Mérida un vehículo que transportaba droga y unos 60.000 euros en efectivo. La incongruencia de cifras (los 60.000 euros pasaron a ser, oficialmente, 56.000) entre quienes redactaron el informe y la investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, terminó en la detención de cinco de los componentes de la brigada emeritense.

A partir de ese momento, Asuntos Internos y UCO comienzan a indagar. Las pesquisas de las unidades de investigación sitúan algunas de las corruptelas un año antes, en 2017. Presuntamente, según las averiguaciones que se van conociendo de Asuntos Internos, el Policía Nacional J.G.D.B, miembro de la unidad antidroga de la ciudad de Mérida y enlace entre la Policía y los confidentes del narcotráfico, inducía a quienes vendían droga a realizar entregas para atribuirse el mérito de las detenciones a terceros y, de paso, sustraer parte de las sustancias interceptadas. Los atestados reflejaban operaciones policiales que, según las averiguaciones, estaban plagadas de falsedades. Ficciones que el susodicho agente ingeniaba para aparecer como protagonista de los arrestos.

Lo que empezó siendo un posible error humano terminó significando la imputación de diversos delitos, tales como cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, encubrimiento y organización criminal, provocando que otros ejemplos concretos de esta lista interminable de delitos se detallaran con más exactitud.
Torturas

En los dos últimos años previos a la detención del grupo policial de estupefacientes de Mérida, Asuntos Internos cree que se produjeron torturas sistemáticas por parte de los agentes. Lo consideran así por dos conversaciones interceptadas a los componentes de la brigada antidroga.

Cordón policial

En la primera, otra vez con el policía J.G.D.B como protagonista, se escucha cómo este le dice a un narcotraficante que había torturado a un detenido en los calabozos. Un detenido que, según el policía en esa misma conversación, iba diciéndole a otros funcionarios que él (J.G.D.B.) vendía droga y poseía plantaciones de marihuana. Un comentario que la misma Policía reconoció en la desarticulación de este “complejo entramado criminal asentado en la provincia de Badajoz”. Concretamente, tal y como se recoge en un comunicado, este agente y otros muchos otros eran propietarios de “cuatro plantaciones ‘indoor’ de marihuana con un total de más de 3.000 plantas”. Según un informe del Ministerio del Interior, desde 2011, 148 agentes de la Guardia Civil han sido detenidos por su vinculación con delitos de narcotráfico.  El detenido no mentía, y por ello, fue torturado.

El segundo episodio de torturas se conoció gracias a otro agente de la misma brigada. En una conversación en mayo de 2021, reconoció que dos compañeros suyos habían torturado, de nuevo, a otro detenido. Ante el juez negó lo que él mismo había afirmado en una conversación telefónica.

Dinero extraído de incautaciones

En el año 2018, de nuevo el agente J.G.D.B aparece señalado. Esta vez, en la compañía y con la connivencia de su jefe de grupo, el inspector F.J.N.B, los agentes se habrían quedado, según las indagaciones de Asuntos Internos, con parte del dinero intervenido en otra operación antidroga. Tal y como explican los investigadores, 56.000 euros fueron intervenidos de un coche que transportaba una banda de narcos. En este caso, la luz de alarma la dio la abogada de uno de los detenidos, debido a que su cliente puso de manifiesto que en el coche trasladaban 30.000 euros más de los incautados según el registro oficial. Miles de euros que, por arte de magia, habían desaparecido del atestado policial.

Falsedad documental e inducción al tráfico de drogas

Como hemos explicado antes, redactar informes “ad hoc” era una de las prácticas habituales de la unidad antidroga emeritense. A finales de 2020, Asuntos Internos ha probado que la brigada pactó con un narcotraficante la entrega de hachís para poder llevar a cabo detenciones. Arrestos donde, según los investigadores, se olvidaban “deliberadamente” de los verdaderos dueños de la droga intervenida. Tras esto, los policías escribían un registro falso que, gracias a las pesquisas, sabemos no guardaba relación alguna con la realidad.

Aquí, una vez más el agente J.G.D.B. adquiere especial notoriedad. Además de la falsedad documental y de la execrable conducta, se cree que este agente conspiraba con otros dos narcos para que introdujeran hachís en determinadas épocas del año. Inducción al tráfico de drogas que, en febrero de 2021, cristalizó en la organización de un transporte de cocaína por parte de los agentes que, paradójicamente, trabajaban para justo lo contrario. Para ello, se les facilitó a las personas que transportaban la droga desde Madrid hasta Mérida unos dispositivos de geolocalización. Maniobras a las espaldas de las autoridades judiciales.

Este tipo de corruptelas dieron lugar, tras una exhaustiva investigación, a la detención de 22 personas, habiendo realizado más de 20 entradas y registros en domicilios, así como la incautación de dinero, droga, vehículos y útiles diversos. Las investigaciones no están concluidas.

[47ronin]

Dos años de cárcel a un policía por torturar a un detenido: "A los moros solo se les da agua"


El agente la emprendió a puñetazos con el detenido en los calabozos de Alcalá de Henares y luego alegó que él se había autolesionado lanzándose contra los barrotes
— Investigados dos policías de Sevilla por supuestas torturas a un joven
Una patrulla de Policía Nacional
Una patrulla de Policía Nacional POLICÍA NACIONAL
Alberto Pozas

19 de diciembre de 2021 22:16 h
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 @albert_poux
Un agente de Policía Nacional destinado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares ha sido condenado a dos años de cárcel por torturar y humillar a un detenido en los calabozos de la comisaría. El Tribunal Superior de Madrid declara probado que el agente golpeó varias veces con puñetazos, patadas y con la defensa extensible al detenido después de hacer un comentario racista. La sentencia, que no es firme, también apunta a que otro policía intentó encubrirle y ocultar la agresión a los jueces.


Los hechos ocurrieron en los calabozos de la comisaría de la ciudad complutense en enero de 2017. La víctima había sido detenida a primera hora de la mañana en una discoteca de la localidad y acusado de agredir a agentes de Policía y mostrarse nervioso y violento. Una vez en los calabozos, a primera hora de la mañana, pidió algo de comer y recibió una respuesta racista del agente que custodiaba su celda en ese momento: "A los moros sólo se les da agua", espetó el policía.


Fue entonces cuando, según declara probado la Justicia, empezaron los golpes. Varias tandas de puñetazos y patadas por todo el cuerpo que remató con un golpe en la cabeza del detenido con la defensa reglamentaria. Los partes médicos de la Casa de Socorro dejaron constancia de todas estas lesiones y golpes después de que el policía encargado del atestado comprobase alarmado que el detenido tenía unos golpes y magulladuras en la cara que no tenía cuando fue traído al cuartel a primera hora de la mañana.

El resultado es una condena todavía no firme de dos años de prisión para el agente por un delito de torturas y otro leve de lesiones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tal y como adelantó el portal Noticias Jurídicas, ha decidido confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial que también le impuso 8 años de inhabilitación para ejercer como policía nacional, una multa de 240 euros y una indemnización de 6.700 euros para la víctima. El Estado es declarado responsable civil subsidiario.


A lo largo del caso el agente condenado ha intentado, sin éxito, ofrecer una versión distinta de los hechos. Ha asegurado que fue el detenido el que empezó a estrellar la cabeza contra los barrotes mientras amenazaba con denunciar a todos y que él fue agredido cuando entró en la celda a ofrecerle ayuda e intentar calmarle. Explicó durante el juicio este agente que es experto en artes marciales y que le redujo utilizando la técnica de judo denominada "Ippon seoi nage" pero siempre ciñéndose al protocolo y sin aplicar más fuerza de la necesaria.

Los magistrados de la Audiencia y del Tribunal Superior de Madrid no se basan sólo en la declaración del agredido - que fue condenado por el atentado contra la autoridad por el que fue detenido a la salida de una discoteca de Alcalá - sino también en la declaración de otros dos policías y la de los sanitarios que atendieron al arrestado así como los informes en los que reflejaron sus lesiones. Otra prueba determinante ha sido la grabación de las cámaras de seguridad de los calabozos, que no graban lo que pasa en el interior de las celdas pero sí los pasillos.


Unas cámaras que reflejan cómo el policía condenado entró y salió de la celda todas las veces que dijo la víctima, así como la presencia de su compañero viendo lo que pasaba. Un compañero que intentó exculparle durante el juicio en un testimonio al que los magistrados no dan ningún tipo de validez. Dijo por ejemplo la Audiencia Provincial sobre este segundo policía: "Su testimonio, ni corrobora la versión del acusado, ni tiene verosimilitud", asegura la sentencia. El segundo policía llegó a decir que su compañero no había podido usar la porra cuando el propio acusado reconoció haber dado dos golpes con ella.

Una vez examinadas las imágenes de las cámaras, incluso, los jueces dejan la puerta abierta que haya sido responsable por no haber impedido la agresión que dan por probada: "Pudiera haber tenido una participación omisiva, por la que no se le acusa, que arrancaría de su condición de agente de la autoridad y como tal obligado a la evitación de los delitos y en su caso a su persecución, y mucho más cuando se está cometiendo en su presencia".

El responsable del atestado, jefe de turno en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, no sólo explicó en su declaración que el detenido tenía unas lesiones que no presentaba cuando entró en el calabozo, lo que hizo saltar las alarmas. También explicó que ordenó a estos dos policías que dejaran las incidencias por escrito y que un día después no lo habían hecho y no había quedado reflejado en el atestado.

No se autolesionó
Las dos sentencias del caso evidencian la contradicción de la Fiscalía, que pasó de pedir la absolución en el juicio a solicitar la confirmación de su condena en segunda instancia. Los jueces, que no han presentado dudas hasta el momento, llegan a la conclusión de que el detenido fue víctima de una agresión racista y que no se autolesionó estampándose contra los barrotes de la celda, como llegó a decir el policía nacional acusado. Sus lesiones eran, dijo la Audiencia en primera instancia, "totalmente incompatibles con lesiones producidas por autolesión por el mismo ni en el coche policial ni en el calabozo con las rejas", ya que tenía golpes en la cara pero también en la zona lumbar y la espalda.


Para los magistrados, este detenido fue víctima de torturas: "Sufrió un padecimiento físico y psíquico, además el comportamiento degradante y humillante con especial incidencia en el concepto de dignidad de la víctima" por la expresión racista del principio. Ni siquiera el hecho de que el detenido, una vez encerrado, siguiera insultando a los policías justifica la agresión: "Ni siquiera esa posible infracción de falta de respeto a los agentes de la autoridad puede ser atajada por el policía de forma desproporcionada ilegal y delictiva".

La sentencia de la Audiencia, ratificada ahora por el Tribunal Superior, recuerda que la función de los policías nacionales es la contraria a tratar así a un detenido: "Deben de velar por su seguridad e integridad, por más que el detenido les insultara o incluso hubiera agredido a sus compañeros durante esta madrugada".


Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en una imagen de archivo. EFE/Mariscal
El recurso del policía había sido apoyado por la Abogacía del Estado, en representación de la Administración, y ha sido rechazado en las últimas semanas por el TSJM. El agente condenado e inhabilitado ponía en duda tanto las declaraciones de la víctima como también la interpretación que los jueces habían hecho de las pruebas. Los jueces rechazan su recurso y explican, por ejemplo que no se puede apelar a la falta de exactitud temporal de la declaración de un detenido: "El detenido en la celda es despojado de sus efectos personales, entre ellos el reloj o el móvil", recuerda la sentencia del TSJM.


Los magistrados entienden, además, que si no quiso ser atendido por un médico nada más ser agredido por el agente era porque quería pasar cuanto antes a disposición judicial y dejar de estar en manos del policía que le había pegado una paliza.

El caso ahora tendrá que ser estudiado por la sala de lo penal del Tribunal Supremo después de que su abogado Pedro Chamorro, asesor jurídico del sindicato JUPOL al que pertenece el condenado, haya recurrido reproduciendo sus críticas a la falta de pruebas de la agresión. La declaración firme de su condena no implicaría su entrada en prisión pero sí la retirada de la placa durante 8 años y el pago de una indemnización de la que el Estado debe responder como responsable civil.

[47ronin]

El Ayuntamiento de Mogán asciende a un policía condenado por torturar y lesionar a un migrante senegalés
El gobierno de Onalia Bueno nombra oficial al agente Carlos J.H.R. a través de un concurso de méritos convocado por decreto y por la vía de urgencia y mientras sigue tramitándose un proceso selectivo abierto desde hace dos años para proveer de forma definitiva las plazas

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —
14 de enero de 2022 22:53h

Actualizado el 15/01/2022 05:30h

@IvanSuarez__

Casi un año después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas le condenara a siete años y medio de cárcel y a diez de inhabilitación por torturar y lesionar a un vendedor ambulante de origen senegalés, un agente de la Policía Local de Mogán, municipio turístico del sur de la isla de Gran Canaria, ha sido ascendido a oficial a través de un concurso de méritos convocado por decreto y por la vía de urgencia por el ayuntamiento regido por Onalia Bueno (Ciuca), la alcaldesa investigada por una presunta trama de compra de votos.

La resolución con el nombramiento temporal (de un año, aunque prorrogable) de cinco plazas vacantes de oficial, fechada el pasado martes 11 de enero, está firmada por el primer teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos de la corporación local, Mencey Navarro, el mismo que hace años, actuando como portavoz de Ciuca, entonces en la oposición, pidió al gobierno del PP la apertura de un expediente disciplinario para los dos agentes implicados en la agresión, uno de ellos el recién ascendido, después de que los medios de comunicación difundieran las imágenes captadas por una cámara de vigilancia.


Los hechos ocurrieron la noche del 8 de enero de 2011. Según el relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Las Palmas, los agentes Gilberto J.M.R. (actualmente en prisión por un caso de violencia de género) y Carlos J.H.R. propinaron una paliza a un ciudadano de nacionalidad senegalesa que vendía collares en el Centro Comercial de Puerto Rico después de una persecución por sus instalaciones. La cámara de un supermercado captó como el primero de ellos zancadilleaba al migrante y le daba puñetazos y patadas. Después le golpearon con "una porra o un objeto contundente", causándole una fractura en su brazo. La agresión continuó en las dependencias policiales ubicadas en el mismo centro comercial, según relató la víctima y confirmaron testigos presenciales, entre ellos agentes.


La víctima declara en el juicio ante los dos policías acusados. (EFE/ QUIQUE CURBELO) Quique Curbelo
Ni la difusión de esas imágenes, ni la incoación de diligencias penales, ni la apertura de juicio oral ni, ya por último, la condena han tenido repercusión disciplinaria alguna para los dos policías locales. En ningún momento fueron separados del servicio ni suspendidos de empleo y sueldo, pese a que el artículo 51 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias prevé estas consecuencias para quienes cometan faltas muy graves, descritas en la norma como "cualquier conducta constitutiva de delito doloso", un abuso de las atribuciones en el ejercicio del cargo o la práctica de "tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a personas que se encuentran bajo su custodia", entre otras conductas.

Durante esta década, y a pesar de las manifestaciones públicas realizadas por el hoy primer teniente de alcalde del municipio, tampoco se le ha abierto expediente a ninguno de los policías condenados. El ayuntamiento se escuda en que la sentencia no es firme. La han recurrido al Tribunal Supremo los dos agentes y la propia corporación, que pretende quedar exonerada de la responsabilidad civil subsidiaria para evitar tener que afrontar el pago de los más de 43.000 euros de indemnización al ciudadano torturado en caso de que los autores de los delitos no puedan asumirlo. Para presentar este recurso, el gobierno municipal adjudicó un contrato menor de 15.000 euros (el máximo fijado por ley) para el reputado abogado penalista José Antonio Choclán, el letrado de Onalia Bueno en la causa que la investiga por el presunto pucherazo en las elecciones locales de 2015 y 2019. La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a los recursos y ha pedido que se ratifique la condena.

Organización de servicios y supervisión de unidades
Con la última resolución, el ayuntamiento da un paso más y concede nuevas atribuciones a Carlos J.H.R., que podrá tomar posesión del cargo este mismo mes. Como oficial, participará en el diseño y la organización de los servicios y supervisará diferentes unidades. El puesto conlleva, además, un incremento retributivo que fuentes internas cifran en unos 200 euros mensuales. Lo cierto es que el agente ya ha figurado como responsable de servicios nocturnos durante varias jornadas, según acreditan las hojas de planificación horaria.

Los nombramientos de los oficiales se tramitaron por la vía de urgencia. La convocatoria está fechada el pasado 3 de diciembre y firmada por el concejal de Recursos Humanos. Fue el jefe de la Policía Local de Mogán, Jorge Alemán, quien solicitó en noviembre a través de un informe que se iniciara un procedimiento con carácter "inmediato e inaplazable" ante la necesidad de proveer esas plazas de forma temporal mientras continúa la tramitación del proceso selectivo para la cobertura definitiva de los mandos de primera línea, convocado en 2019. El máximo responsable instaba a realizar estas designaciones para evitar que disminuyera "la eficacia, la eficiencia y la calidad" del servicio prestado por la Policía Local.

El decreto de convocatoria fue publicado en el tablón de anuncios, en la web y en la intranet municipal. Carlos J.H.R., el policía condenado, es uno de los cinco oficiales seleccionados en un concurso de méritos al que se presentaron 13 aspirantes. Este agente, que lleva más de 19 años ejerciendo en la Policía Local de Mogán, obtuvo la tercera mayor puntuación de entre los candidatos. Se valoraba la experiencia en el puesto, la antigüedad o la formación.

Proceso selectivo para la provisión definitiva
La Unión General de Trabajadores (UGT) denunció en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 20 de diciembre la convocatoria de estas plazas de oficial por decreto y solicitó su anulación alegando que no existía ni urgencia ni necesidad. El sindicato recuerda que ya hay un procedimiento abierto para la provisión definitiva de esos puestos y que incluso está convocada la lista de admitidos desde agosto de 2020. Una relación en la que también figura el agente condenado junto a otros 14 candidatos que deben pasar una fase de oposición con pruebas de aptitud física, conocimientos e idiomas, además de un test psicotécnico, y otra de concurso de méritos que no podrá superar el 45% de la puntación.

Las primeras bases de ese concurso de promoción interna -posteriormente modificadas- fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas el 10 de noviembre de 2019 y exigen a los candidatos no estar inhabilitados por sentencia firme para el ejercicio de la función pública ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública. Por lo tanto, la decisión de los sucesivos gobiernos municipales de mantener en activo al policía condenado por torturar y lesionar al vendedor ambulante senegalés le ha permitido presentarse y ser admitido.

No es la primera vez que la polémica ronda la designación de oficiales en la Policía Local de Mogán. A principios de 2017, ya con Ciuca en el gobierno municipal, la justicia tumbó el nombramiento a dedo de un agente sospechoso de comprar votos para la alcaldesa del municipio sureño. Fuentes internas del cuerpo también aprecian en los últimos nombramientos de oficiales en Mogán un intento del grupo de gobierno de colocar en los puestos de mando a funcionarios afines, entre ellos alguno de los beneficiarios de los complementos específicos que sigue abonando el Consistorio municipal a pesar de haber sido anulados en años precedentes.

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Yo me limpio la polla con la Constitución

Edificante, muy edificante

https://twitter.com/JonInarritu/status/1489872845115203584?t=MJ3hn-1cuG8K5uwzvg4z4g&s=19

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De aquellas lluvias estos lodos.

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https://amp.elperiodico.com/es/politica/20220207/etarra-iratxe-sorzabal-niega-haber-13204342


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[sincadenas]

Tendemos al blanco o al negro cuando la gran mayoría son grises

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Tres jóvenes acusan a policías locales de Granada de torturas y detención ilegal


Según la denuncia, los jóvenes escucharon cómo varios agentes de policía se acercaban a su vehículo al grito de 'estos son los rojos de mierda' para, acto seguido, forzar la puerta de la furgoneta y golpearles.
Imagen cedida por uno de los denunciantes.

Miquel Ramos
16 febrero 2022 Una lectura de 5 minutos

Un vídeo muestra a varios agentes rodeando una furgoneta mientras otros reducen a una persona en el suelo. Se oyen gritos y las sirenas de varios vehículos policiales. Las personas detenidas permanecen en un rincón oscuro inmovilizadas por los policías. Varias personas contemplan la escena atónitas y recriminan a los agentes su actitud. Estos, porra en mano, desalojan a los presentes mientras se escuchan gritos de la persona que está siendo detenida a escasos metros. Un perro camina por la zona desorientado. Es la primera grabación a la que ha tenido acceso Lamarea.com sobre el inicio de los acontecimientos que denuncian tres jóvenes.

Según consta en la denuncia, los tres jóvenes “escuchan cómo varios agentes de policía se acercan al vehículo y dicen: ‘Estos son los rojos de mierda’, y comienzan a forzar la puerta de entrada lateral del vehículo sin mediar palabra y sin ningún motivo justificado”. Los denunciantes se encontraban en el interior, y tenían previsto entrar a la sala de conciertos El Tren, en Granada, cuando, según su versión, los policías rodearon el vehículo y empezaron a golpear y romper con sus defensas reglamentarias los cristales de este, hasta acceder a su interior y rociarlos con un gas de defensa.

Según el atestado policial, los agentes acudieron tras recibir una llamada por la presencia de numerosas personas “colapsando la carretera” adyacente a la sala El Tren. La versión de los policías es que, al llegar, “un perro de raza peligrosa de tipo pitbull estaba suelto y agresivo” y que, tras intentar morder a los agentes, se refugió en una furgoneta. El relato policial asegura que fue entonces cuando los agentes se habrían dirigido al vehículo y solicitaron la identificación de los presentes, los cuales respondieron de manera violenta atacándoles e incluso amenazándoles con una ballesta, aseguran. Los agentes, por su parte, también han presentado un parte de lesiones y daños de los que acusan a los detenidos.

El relato de los jóvenes, que consta en la denuncia, es totalmente opuesto al de los policías. Según los jóvenes, el perro en cuestión tiene 14 años, no es de raza peligrosa y tiene varios problemas de salud. “El animal solo come papillas, no puede ni morder y para nada es un perro agresivo”, explica a Lamarea.com uno de los denunciantes. La ballesta a la que hace referencia la policía en su atestado es, según se observa en la imagen, un arma de juguete.

Uno de los detenidos explica que fueron sacados a la fuerza del vehículo por varios agentes tras romper los cristales y percatarse de que estaban grabando la actuación policial. Ya engrilletados, los agentes siguieron “golpeándoles con la defensa y propinándoles patadas por el cuerpo y la cabeza” mientras permanecían inmovilizados. A una de estas personas, prosigue la denuncia, “le cogen del pelo y le arrastran por el suelo, arrancándole varias rastas mientras ella gritaba de dolor”. Una de las personas que se encontraba en el interior del vehículo asegura que grabó la escena con su teléfono, pero denuncia que los agentes le arrebataron el móvil.

En otro vídeo al que ha tenido acceso Lamarea.com, grabado por un testigo de los hechos, se ve cómo uno de los detenidos permanece en el suelo mientras los agentes alejan a los testigos de la escena y los perros de los detenidos deambulan desconcertados oyendo los gritos de dolor de sus dueños, que posteriormente fueron introducidos en diferentes vehículos policiales. A uno de ellos, tras advertir de la situación de sus mascotas, le dijeron: “Ahora te vas a enterar, rojo de mierda”, asegura.

Los denunciantes afirman que desconocían el motivo de la detención ya que, en el momento de la llegada de los agentes, se encontraban tranquilamente en su vehículo-vivienda. Sin embargo, admiten conocer a uno de los policías “por haber coincidido con él en varias ocasiones, en las que, estando de servicio, le había proferido insultos relacionados con su estética y había hecho comentarios en defensa del partido ultraderechista VOX”, relata el escrito de la abogada, María Gallego.

Los hechos denunciados por estos jóvenes no terminarían aquí. Según prosigue la denuncia, los vehículos policiales que conducían a los detenidos se detuvieron bajo un puente sobre el que pasan las vías del tren, bajando a uno de los denunciantes: “Le tiran al suelo y le propinan numerosas patadas y golpes con la defensa, mientras le profieren insultos como “puto guarro, rojo de mierda, puto mierda”. Una de las patadas, denuncian, impactó en la boca del detenido, que mantenía abierta para poder respirar, y le fracturó tres incisivos.

Los detenidos fueron conducidos a diferentes centros de salud debido a las múltiples heridas que presentaban. En la puerta del centro de salud de La Chana, donde llevaron a uno de ellos, los agentes volvieron a golpearle tras bajarlo del vehículo, hasta que se percataron de la existencia de una cámara de seguridad, denuncian. Las imágenes han sido solicitadas por la abogada que lleva el caso.

Dentro del centro médico, los agentes estuvieron en todo momento junto a los detenidos, quienes alertaron a los médicos de los supuestos malos tratos que habían recibido, a lo que, según la denuncia, hicieron caso omiso “pese a que [a uno de ellos] le sangraba la boca y estaba visiblemente policontusionado”. La letrada afirma que no han tenido acceso todavía al parte médico de dicha atención.

Los denunciantes, que están acusados de resistencia y atentado a la autoridad, tuvieron que volver a sus centros de salud al persistir las heridas y los efectos de la actuación policial, según relatan en la denuncia. Los partes médicos a los que ha tenido acceso Lamarea.com señalan cómo uno de ellos sangraba por el oído incluso días después de los hechos. Otro requirió tres puntos de sutura en la cabeza, y fue explorado en varias ocasiones para descartar hematomas intracraneales. Y otro presentaba policontusiones en la rodilla y en una mano, cuyo dolor persistió durante varios días.

Los jóvenes han denunciado a cuatro agentes de la Policía Local de Granada por varios delitos. En primer lugar, por un presunto delito de tortura del artículo 174 del Código Penal, al considerar que habían sido sometidos a un trato vejatorio y humillante. Por otro, les acusan de un delito de allanamiento de morada del artículo 202 CP en relación con el 204 del mismo texto legal, considerando que han entrado en morada ajena fuera de los casos permitidos por la ley, ya que el vehículo está homologado como vivienda.

También denuncian a los policías por detención ilegal del artículo 163 en relación con el 167 del Código Penal, al considerar que esta “ha sido efectuada sin mediar causa por delito y no cumpliendo la misma con las prescripciones legales”. A estos se les suman los delitos de lesiones, daños, robo con violencia y abandono animal.

La acusación, además, presenta una lista de diez testigos que presenciaron los hechos, y a los que solicita tomar declaración cuanto antes y que las diligencias de investigación se practiquen de carácter urgente, aludiendo a que su práctica tardía ponga en riesgo su efectividad. Se alude a la exploración urgente de las lesiones y a las imágenes de las cámaras de seguridad.