Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...

[47ronin]

Interior crea una oficina para investigar si Policía y Guardia Civil torturan a los detenidos


La nueva instrucción afecta también a las policías autonómicas y en medios sindicales se considera que es una continuación de la anunciada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, como concesión a Podemos

Manifestantes agredes a policías en el barrio de Vallecas de Madrid, durante un acto de Vox. Entre los identificados había personas del entorno de Podemos
Manifestantes agredes a policías en el barrio de Vallecas de Madrid, durante un acto de Vox. Entre los identificados había personas del entorno de Podemos FOTO: JMZ AGRE
J.M. ZULOAGA
MADRIDCREADA20-02-2022 | 13:28 H
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN20-02-2022 | 13:28 H

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaria de Estado de Seguridad, ha decidido crear la llamada Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos (ONGADH), cuya finalidad, según el texto de la instrucción a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, es, entre otras, contribuir “al cumplimiento de las normas nacionales e internacionales contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (FCSE), en garantía del respeto a los derechos fundamentales de las personas”.

En medios sindicales consultados por este periódico se ha señalado que esta instrucción parece formar del mismo “pac” que la proyectada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con las que, a la postre, se pone en cuestión la actuación de las Fuerzas de Seguridad, su profesionalidad, el principio de autoridad y se invierte la carga de la prueba. “Parece una nueva cesión a las pretensiones de Podemos”, subrayan. Además, ¿qué ocurre cuando se demuestre que las denuncias son falsas?.

La instrucción se justifica en la necesidad de crear “un mecanismo de seguimiento, coordinación y evaluación que coadyuve a visibilizar e impulsar el compromiso de las FCSE en el respeto a los Derechos Humanos, así como regular los criterios y el procedimiento para la recogida y registro del conjunto de datos necesarios sobre hechos y actuaciones que puedan poner de manifiesto una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de las personas con ocasión de una actuación policial”.

Por lo que respecta al ámbito de aplicación, se dice que es aplicable al conjunto de actividades policiales desarrolladas por los servicios, centros y unidades de la Dirección General de la Policía (DGP) y de la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC), y a las actuaciones profesionales del personal de las FCSE que puedan afectar a los derechos fundamentales de las personas. “Asimismo, podrá resultar de aplicación a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y en los términos que bilateralmente se acuerden”. Es decir, que también están afectados los Mossos D’Esquadra, La Policía Foral Navarra y la Ertzaintza.


En la referida instrucción se dice que tendrá los siguientes cometidos:

-- Comprobar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en instrucciones u otras disposiciones sobre actuaciones policiales que puedan afectar al ejercicio de los derechos fundamentales.

-- Realizar el seguimiento, control y análisis de los sucesos en los que pueda resultar la muerte, suicidio, tentativa de suicidio o lesión de personas durante las actuaciones del personal de las FCSE, en su condición de agentes de la autoridad.

-- Garantizar el tratamiento adecuado de aquellos hechos conocidos a través del programa de quejas y sugerencias regulado en el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, que excedan de una simple manifestación de insatisfacción de los usuarios y puedan suponer una afectación de los derechos fundamentales.

--Actuar como punto de contacto nacional sobre las actuaciones de las FCSE en materia de DDHH, así como del Mecanismo de Denuncias de Frontex. En otro punto se añade que “la ONGADH prestará a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería (DGRIE) los apoyos necesarios en el ejercicio de sus competencias en materia de DDHH”. Es decir, en lo relativo a la inmigración ilegal.



“La ONGADH estará habilitada para solicitar, conocer y obtener copia de cuantos documentos e informaciones, en cualquier tipo de formato y soporte, sirvan para recoger los hechos, situaciones o actuaciones objeto de análisis o evaluación, con respecto de las limitaciones que imponga la normativa procesal sobre el secreto de actuaciones, la relativa a la información clasificada, la seguridad de la información y a la de protección de datos de carácter personal”, agrega.

“El Ministerio del Interior asume con firmeza el fomento de la cultura en el respeto de los Derechos Humanos (DDHH) y, bajo la exigencia del principio de “tolerancia cero”, lidera la respuesta frente a cualquier conducta que pueda menoscabar su respeto”, subraya, como si España fuera un país en el que la actuación de las FCSE esté caracterizada por las torturas y los tratos degradantes e inhumanos.

“Es una prioridad la de mantener la confianza ciudadana en esta materia y, a esos efectos, se apuesta por incrementar el esfuerzo en garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con la normativa vigente”, se justifica.

“Resulta conveniente impulsar, de manera proactiva, acciones que otorguen mayor visibilidad al compromiso real y decidido en el respeto de los derechos fundamentales por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil: en cuanto al ciudadano, como refuerzo del servicio público que recibe; y respecto al personal policial, como estímulo para acomodar su actuación a los estándares y procedimientos exigibles en el ámbito de los DDHH”. “Una de las herramientas sobre las que debe apoyarse la actividad de la ONGADH es la aplicación informática en la que se recopilan datos actualizados de casos que puedan suponer una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que se encuentren bajo custodia policial”, precisa.

“Se considerará como denuncia la atribución al personal de las FCSE de la condición de investigado o encausado en el ámbito procesal penal o disciplinario, por supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales”.

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Agrega que la DGP y la DGGC establecerán los procedimientos y emitirán las directrices oportunas para garantizar el conocimiento y la grabación completa y actualizada de las denuncias definidas en la instrucción anterior, determinando las unidades y el personal responsable de su grabación y seguimiento. La grabación de cada denuncia, así como de cada una de las vicisitudes que se vayan produciendo durante la actividad indagatoria y procesal, se efectuará según vayan siendo conocidas. La unidad administrativa de adscripción de la persona que aparezca como denunciada será la responsable del seguimiento de la causa penal o disciplinaria, “debiendo realizar cuantas gestiones sean necesarias para ello. Dicha información será transmitida sin demora a las unidades grabadoras, sin perjuicio del seguimiento periódico que estas deban desarrollar. Los expedientes que se encuentren activos deberán ser actualizados en el momento que se produzcan cambios en la situación procesal o administrativa del personal denunciado y, en todo caso, cada seis meses”.


“En aras de dar efectividad al principio de cooperación y colaboración entre las FCSE y los cuerpos policiales autonómicos, en particular, Mossos d´Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra, se dará traslado de la presente Instrucción a sus respectivos departamentos competentes con el fin de formalizar, en su caso, los instrumentos jurídicos necesarios para su participación”, concluye.

[Heracles_Pontor]

Y para eso no están los jueces?. . . pues eso. . .

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[47ronin]

https://de-pol.es/wp-content/uploads/2022/02/ADENDA-CJ-07-OFICINA-NACIONAL-GARANTI%CC%81A-DDHH-2022-DEPOL-Ingreso.pdf

[47ronin]

El Constitucional obliga a investigar un caso de torturas policiales por criticar una manifestación de Vox en Granada



M.G.V. fue detenida y afirma que fue agredida por varios agentes de policía en mayo de 2020 tras haber criticado la convocatoria de Vox contra la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. Los juzgados archivaron la causa sin ni siquiera llamar a declarar a los agentes.

Ter García
@tergar_
10 MAR 2022 12:56

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha reconocido un posible caso de torturas por parte de varios agentes de policía que retuvieron y agredieron a una persona en Granada, durante una manifestación de Vox celebrada en mayo de 2020, y obligan a los juzgados ordinarios a investigar la actuación policial.

Marta G.V. estaba paseando a su perro en Granada cuando se cruzó con una manifestación convocada por Vox. Era 23 de mayo de 2020 y el partido de extrema derecha había convocado una protesta, en coche, en contra de la gestión que se estaba haciendo desde el Gobierno frente a la pandemia de coronavirus. Marta no estaba participando en la manifestación. Al revés: pronunció una frase crítica con la convocatoria de Vox. Fue interceptada por varios agentes de policía. Según explica en una denuncia difundida entonces por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Granada, “la retuvieron, le agarraron del cuello fuertemente, zarandearon y golpearon, causándole diversos hematomas”. También la amenazaron afirmando que iban a sacrificar a su perro y con frases como “en comisaría te vas a enterar”, según aparece en el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional, al que ha tenido acceso El Salto.


El recurso explica que, después de esto, Marta fue detenida y llevada a comisaría, sin que los agentes le explicaran el motivo. De comisaría fue trasladada al hospital, por las lesiones que presentaba y porque alertó de que era diabética. En su denuncia afirma que, en el traslado, otro agente le pegó una bofetada, la sacó del coche a la fuerza y la tiró al suelo, propinándole después patadas en la parte baja de la espalda. El recurso señala que los informes médicos avalan las lesiones sufridas a manos de los agentes policiales.

Cuatro días más tarde denunció a los agentes por torturas, amenazas, detención ilegal y lesiones. La causa cayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada. “En el momento que tuvimos conocimiento de los hechos, desde APDHA y Stop Represión Granada comenzamos el procedimiento judicial, hemos ido acompañando el caso desde el inicio hasta ahora que ha salido la resolución del recurso de amparo, aunque el caso no ha terminado aún”, explica a El Salto Francisco Fernández Caparrós, de APDHA. La abogada de Marta, María Gallego, pidió al juzgado que, entre otras diligencias de investigación urgentes, analizara los informes sobre las lesiones que presentaba Marta y que pidiera las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad de los edificios cercanos al lugar en el que fue retenida por los agentes. También que solicitara a la comisaría el libro de entrada y custodia de la detenida y un informe psicológico forense. Casi un mes después, el juzgado no había comenzado ninguna de estas diligencias de investigación, y Gallego volvió a solicitarlas. El 22 de junio, finalmente, el juzgado ordenó únicamente que se le remitieran las grabaciones y el atestado policial. Ni siquiera tomó declaración a Marta, ni a los policías implicados en la detención, ni a los testigos de los hechos, ni tampoco pidió los informes forenses. Las grabaciones, en su mayoría, ya habían sido borradas y, las que no, no mostraban el lugar de los hechos.


Casi un mes después, el juzgado no había comenzado ninguna de estas diligencias de investigación, ni siquiera tomó declaración a Marta ni a los agentes que la agredieron
El 15 de septiembre de 2020, el juzgado ordenó el sobreseimiento provisional de la causa por las torturas denunciadas por Marta y el archivo de la causa. En el auto, el juzgado afirmaba que no estaba debidamente justificada la perpetración del delito y que el relato de Marta “carece de verosimilitud”. Que, en todo caso, las lesiones sufridas habían sido a raíz de su resistencia y actitud obstructiva a la justicia. Recurrieron el auto, volviendo a pedir diligencias de investigación esenciales como, por ejemplo, tomar declaración a los agentes implicados y los testigos de los hechos, pero, de nuevo, el 5 de noviembre de 2020, el juzgado rechazó investigar los hechos. “Resulta que es procedente acordar el archivo de las actuaciones, sin necesidad de practicar ninguna otra diligencia diferente de las practicadas para alcanzar el convencimiento judicial plasmado en la presente resolución, por no resultar indicios de ser los hechos denunciados constitutivos de delito”, afirmaba el escrito del juzgado, que fue respaldado, ocho días más tarde, por la Audiencia Provincial de Granada.

Desde el Tribunal Constitucional señalan ahora que la justicia de Granada violó el derecho de Marta G.V. a la tutela judicial efectiva sin indefensión en su derecho a no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos o degradantes, por los que anula los autos por los que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada primero y, después, la Audiencia Provincial de Granada dieron carpetazo a su denuncia de torturas, según señala una nota informativa del órgano en el que se anuncian los resultados del orden del día del Tribunal Constitucional del pasado 7 de marzo.


Aunque aún no han podido acceder a la sentencia, desde la APDHA apuntan que la causa aún no ha terminado. “Lo que implica la resolución es que hay que volver al punto en el que se paró la investigación”, explica Francisco Fernández Caparrós. “Para APDHA como para Stop Represión Granada es una muy buena noticia porque por fin la justicia nos da la razón en lo que veníamos denunciando desde un primer momento: que no se había producido una investigación eficaz de los hechos que se habían denunciado”.

“Que tengamos que acudir al Constitucional para poner de manifiesto que los órganos de primera instancia no hacen su trabajo no es buena noticia; en investigación de torturas queda mucho trabajo por hacer”
Pero desde la APDHA también resaltan que sigue siendo una mala noticia tener que acudir hasta al Tribunal Constitucional para que se investiguen los casos de torturas. “Lo que en España es especialmente grave porque la mayor parte de denuncias que tiene nuestro Estado ante el Tribunal de Derechos Humanos es por falta de investigación de las torturas”, afirma Fernández Caparrós. Solo en los tres primeros meses de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hasta dos veces a España por no investigar casos de tortura. En total España cuenta ya doce condenas por este motivo. 


“Que tengamos que acudir al Constitucional para poner de manifiesto que los órganos de primera instancia no hacen su trabajo no es buena noticia; en investigación de torturas queda mucho trabajo por hacer”, concluye Fernández Caparrós.

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https://twitter.com/InesRisotas/status/1520378088542113792?t=g8gaJSTKcAUsr-SXVN89KQ&s=19

[Ragnar]

https://twitter.com/InesRisotas/status/1520378088542113792?t=g8gaJSTKcAUsr-SXVN89KQ&s=19

¿Víctima de qué? cuanto ignorante y guarro hay en este país, la señora Olona está describiendo un asalto a un domicilio de un presunto terrorista.  Asaltos se hacen decenas a diario.

[Ragnar]

[Ragnar]

'Txeroki' admitió que la denuncia de torturas a Portu y Sarasola es falsa

https://www.europapress.es/nacional/noticia-txeroki-admitio-denuncia-torturas-portu-sarasola-falsa-20090302183332.html

[47ronin]

"
La denunciante de una sentencia histórica: "Los policías se reían cuando frenaban para que me golpeara con la mampara


RAFAEL J. ÁLVAREZ
Madrid
Actualizado Martes, 10 mayo 2022 - 15:57
La Audiencia estima vinculantes las resoluciones de la ONU y obliga a España a indemnizar por "trato cruel e inhumano" a una mujer que sufrió la rotura de la nariz en una detención



"Mi caso va a ser un ejemplo para que se tenga en cuenta a Naciones Unidas cuando el Estado se calla y no hace caso a una víctima, como me pasó a mí, que he estado nueve años sin que la Justicia me escuchara y sin posibilidad de tener un juicio".

Lucía tiene 39 años, cotiza desde los 17, se ha formado en el sector social y ha conseguido que la justicia española dé una zancada histórica: por primera vez, la Audiencia Nacional considera que las resoluciones de Naciones Unidas son vinculantes. Es decir, que la Justicia y la Administración españolas deben cumplirlas.

Esta vez, el asunto tiene que ver con un caso de tratos crueles, inhumanos y degradantes. "Mientras no se proceda a la reparación plena, como indica el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, se perpetúa la vulneración de los derechos humanos", sentencia la sentencia.


La espoleta es el caso de una mujer que sufrió la rotura del tabique nasal durante una detención policial en Córdoba en 2013. La demanda que lleva casi nueva años encima de muchas mesas judiciales cuenta que los agentes le tiraron del pelo, la golpearon contra el pico de la puerta del coche patrulla y aplicaron sucesivos frenazos para que su cabeza se estrellara contra la mampara de separación de los asientos delanteros y trasero del vehículo. Lucía pidió que los policías llamaran a los servicios médicos y ante su negativa, utilizó su propio teléfono móvil para llamar a una ambulancia. El vehículo de emergencia sanitaria llegó a la comisaria y trasladó a la mujer a un hospital donde fue operada de la nariz e ingresada durante cinco días.

A través de su abogado, Valentín Aguilar, de la Asociación Pro Derechos Humanos-Andalucía, la víctima denunció los presuntos malos tratos, pero ni el juzgado de instrucción, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Constitucional le dieron nunca la razón.

La mujer y su letrado acudieron entonces al Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), que siete años después de los hechos, les otorgó un amparo. En una resolución del 15 de enero de 2020, el CAT sostuvo que "existieron indicios razonables de tratos crueles, inhumanos o degradantes", afirmó que "el Estado parte ha incumplido su obligación de asegurar una asistencia médica" e instó a España a una "reparación plena, una indemnización y una rehabilitación" para la victima y a una toma de medidas contra los responsables.


Ahora, la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional voltea todas aquellas desestimaciones de los tribunales precedentes y afea el "silencio administrativo" del Estado, que nunca contestó siquiera a las reclamaciones de reparación del daño. La sentencia es tan contundente que copia párrafos enteros de la otra gran resolución de la Justicia española sobre la obligación de obedecer los dictámenes de Naciones Unidas: la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a España a cumplir la orden de la ONU de indemnizar a Ángela González por no proteger a su hija, asesinada por su ex marido durante una visita. "No puede dudarse que los dictámenes tendrán carácter vinculante/obligatorio para el Estado parte", decía aquella sentencia del Supremo copiada literalmente ahora por la Audiencia Nacional.

En el fallo del pasado 27 de abril, la Audiencia Nacional afirma: "Mientras no se proceda a la reparación plena de los daños causados que refleja la resolución del CAT, se mantiene y perpetúa la vulneración de los derechos humanos que aquélla declara; que nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por tanto, una vez declarada la vulneración del derecho en la Decisión del CAT, su falta de ejecución es la que perpetúa dicha infracción".


Es decir, que la Audiencia Nacional considera que a la víctima no solamente se le lesionaron los derechos humanos y se le dio un trato vejatorio, sino que mientras no sea reparada se la sigue maltratando. Por eso ordena una indemnización de 3.000 euros en base a los 21 días que tardó en recuperarse físicamente, la "ligera desviación del tabique nasal" y el "agravamiento de un previo trastorno ansioso depresivo". Sin embargo, la Audiencia Nacional no estima la segunda parte de la resolución del CAT y no pide que se tomen medidas contra los agentes que agredieron a la mujer.

Valentín Aguilar saluda la sentencia y subraya una cuestión de futuro: "El Estado tiene ahora dos posibilidades: dejarlo estar e indemnizar a la víctima o recurrir al Supremo. Pero eso es un riesgo porque podría producir dos sentencias y crear jurisprudencia. Lo relevante es que la Audiencia Nacional entiende que las resoluciones de los tratados internacionales suscritos por España son vinculantes. El Estado ni puede hacer oídos sordos. Tiene que cumplirlas. Y estamos hablando de vulneraciones de los derechos humanos".

Lucía habla con EL MUNDO en un descanso de su trabajo. Toda su vida se había dedicado a la hostelería, pero aquella noche de enero de 2013 la dejó tan marcada que tras dos años de baja psicológica, el Estado declaró su incapacidad permanente y ella cambió de futuro. "Decidí dedicar mi vida a ayudar, estudié Integración Social y aquí sigo".


-¿Que pasó aquel día?

-Yo jamás había tenido un problema con la Policía, ni tenia antecedentes. Yo confiaba en la Policía porque esos eran mis valores. Estábamos en un pub y hubo un robo de bastantes monederos con mucho lío. Yo no me di cuenta de que también me habían robado el mío y al salir del pub, unos policías me pararon y me pidieron la documentación. Cuando fui a dársela me di cuenta de que no la tenía y que llevaba otra que no era mía [en el juicio de faltas por esa circunstancia Lucía fue absuelta]. Empezaron a preguntarme de mala manera y una policía me pegó un guantazo. Me esposaron en la calle a pesar de que les pedí que no lo hicieran porque tengo una mano sin movilidad. Otro policía me tiró del pelo y me empujó y me di contra el pico de la puerta del coche. Y luego me metieron en el coche patrulla.

-¿Cómo fue ese traslado?

-Me metieron sin cinturón de seguridad. Habría como unos siete u ocho kilómetros hasta la comisaría. De camino me daba golpes contra la separación de los asientos. Los policías se reían cuando daban frenazos para que me golpeara con la mampara. Yo me chocaba todo el rato y ellos se reían. Es increíble.


-¿Y qué ocurrió al llegar a comisaría?

-Les decía que me dolía muchísimo la nariz. Pedía que me viera un médico pero no me hicieron caso. Me desnudaron, identificaron que yo era yo, me cogieron fuerte del hombro y me echaron: 'Vete a la calle, si quieres un médico, vete tú', me dijeron. Entonces, en la puerta de la comisaría, llamé a una ambulancia y en eso salió un jefe de los policía, porque iba de calle, y me gritó: '¡Me cago en tus muertos, hija de puta! ¡Como te oiga vas a estar aquí toda la noche!'. Me tuve que callar y no me vi protegida hasta que llegó la ambulancia, que me llevó al hospital. Allí me operaron al día siguiente.

-¿La visitó alguien en el hospital?

-Sí, al día siguiente vino una pareja de otros policías, muy amables, y me dieron mi cartera. Se la habían encontrado en el baño, lo que demostraba que a mí también me la habían robado. Esos policías me animaron a denunciar porque decían que esos compañeros manchaban la imagen de los demás.

-¿Cómo fue el trato judicial?

-La jueza me trató como una delincuente. Cuando le dije que la primera policía me había dado una hostia me cortó y me dijo que hostias se dan en la iglesia, y que en su despacho se hablaba bien. No creyó mi testimonio y me dijo que podía ser denuncia falsa con seis meses de cárcel. Salí fatal de allí. Ella fue la que archivó el caso. Yo sólo quería un juicio justo para que los policías fueran sancionados. Pero jamás han tenido que sentarse en un banquillo por lo que hicieron.

-La sentencia de la Audiencia obliga a que usted sea reparada pero no castiga a los responsables...

-Sí. Esa es mi pena. A mí el dinero no me importa nada. Yo sólo quiero un juicio justo. Estoy contenta por una parte, pero por la otra creo que los policías deberían ser juzgados. Lo que más duele es lo moral, el daño psicológico. Te sientes mal como persona. Ojalá la sentencia ayude a que haya más controles en las comisarías y no se permita que le levanten la mano a nadie. Yo perdí mi poder como persona, estaba a merced de ellos, perdí mi capacidad como persona.

[47ronin]

Medio centenar de policías y guardias civiles han sido condenados por torturas en la última década


Según los datos del Defensor del Pueblo, 524 miembros de las FCSE han recibido una condena por delitos contra la integridad moral, un tipo atenuado de tortura
Arresto de una mujer. ÁLVARO MINGUITO

Dani Domínguez
13 mayo 2022 Una lectura de 4 minutos
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El Estado español deberá indemnizar con 3.000 euros a E.L.G., víctima de torturas por parte de agentes de la Policía Nacional. Así lo ha establecido la Audiencia Nacional en una sentencia que se hizo pública el pasado 10 de mayo por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la organización que ha acompañado a la denunciante durante el largo proceso judicial.

El caso comenzó a finales de 2013, cuando E.L.G. fue detenida en Córdoba. A la salida de la comisaría, tuvo que llamar ella misma a los servicios sanitarios tras sufrir una rotura de los huesos nasales. «Ni el Juzgado de Instrucción sobre el que recayó el caso, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Constitucional reconocieron vulneraciones de derechos», explican desde la APDHA. A finales de 2019, sin embargo, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) estimó la denuncia planteada por la entidad andaluza y determinó lo siguiente: «El Estado parte (España) no proporcionó información suficiente que permita concluir que las lesiones no fueron causadas durante la detención».

En el dictamen se instó a que el Estado efectuara una reparación plena que incluyese indemnización y rehabilitación, además de tomar las medidas necesarias. A pesar de ello, denuncian desde la APDHA, “el Estado decidió no dar cumplimiento, así como no responder a las peticiones efectuadas por la víctima”. Ante esto, la Audiencia Nacional ha emitido esta condena, que todavía no es firme y podría ser recurrida.

Como apuntan desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, “la práctica de torturas y malos tratos no es algo esporádico o accidental» en España. lamarea.com ha recopilado los datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) condenados por este tipo de prácticas y publicados en los diferentes informes del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención en España desde 2010 hasta 2020. En esos once años, 52 policías y guardias civiles han sido condenados por un delito de torturas, recogido en el artículo 174 del Código Penal, que establece que comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, “la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales”.


El siguiente, el artículo 175, castiga los delitos contra la integridad moral, un tipo atenuado de tortura. En la última década, 524 funcionarios han sido condenados por ello.

Por detención ilegal o secuestro han sido condenados nueve miembros de las FCSE, según se recoge en las estadísticas.

Como indica el Defensor del Pueblo en su último informe en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención, España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 19 de enero de 2021 a indemnizar con 20.000 euros a Íñigo González Etayo, antiguo miembro de Ekin. No se trata de una condena por malos tratos, sino que el TEDH consideró que no se había investigado de manera contundente la denuncia de González Etayo en la que aseguraba que había sufrido torturas estando bajo custodia policial cuando fue detenido en enero de 2011.

Los indultos
Desde 2014 hasta la actualidad, ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido indultado por ninguno de los delitos nombrados anteriormente. Sin embargo, entre 2010 y 2013, hasta 43 policías fueron exonerados de manera parcial de las penas impuestas.

De ellos, 15 fueron indultados de un delito de torturas, 12 de un delito contra la integridad moral, 6 de un delito de lesiones en cualquiera de sus modalidades, 9 del delito de detención ilegal y 1 de un delito de coacciones.

[47ronin]

El Ararteko investiga «tratos degradantes» en las comisarías de la Ertzaintza de Bilbao, Barakaldo y Getxo


Lezertua estudia pedir explicaciones a Erkoreka sobre su «disposición a corregir» este problema y las dificultades para acceder a grabaciones policiales
A. LERATE
Jueves, 2 junio 2022, 07:58
El Ararteko, Manu Lezertua, denunció ayer las «deficiencias» que, desde hace «mucho tiempo», presenta la Ertzaintza en materias como las investigaciones internas por tratos «degradantes» a detenidos, los problemas para acceder a grabaciones realizadas en el interior de las comisarías y por el «borrado» de esas cintas una vez transcurrido cierto tiempo. En una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento vasco para presentar el informe de 2021, desveló que se está planteando la posibilidad de solicitar una entrevista con el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, para comprobar «cuál es su disposición para corregir» estos problemas.


El documento del Ararteko incluye una mención a las quejas «episódicas» que recibe esta institución ha recibido y en las que «se exponen los problemas que algunas personas afectadas por una actuación policial encuentran para poder disponer de las grabaciones de las videocámaras instaladas en la vía pública cuando se producen divergencias con los agentes, con objeto de ejercer su defensa jurídica». En este sentido asegura que «se han iniciado unas actuaciones» para obtener datos de la forma de actuar de comisarías de la Ertzaintza «y policías locales de Bilbao, Vitoria, Donostia, Barakaldo, Getxo, Irún y Llodio».

El Defensor del Pueblo vasco «ha iniciado actuaciones» en comisarías de Bilbao, Barakaldo y Getxo
Aunque el informe ya fue dado a conocer el pasado marzo, ayer el Ararteko profundizó en su análisis. Lezertua afirmó que la Ertzaintza, al igual que el resto de cuerpos policiales, ha evidenciado la «dificultad» que tiene para «investigarse a sí misma». Considera que es necesario investigar «con mucha más profundidad» cuando una persona «alega un trato degradante» por parte de un agente.

Así denunció que existen «algunos casos particularmente sangrantes», en los que «la atención recibida por la persona que quiere denunciar una agresión sexual o malos tratos ha sido deficitaria». Afirmó que es necesario saber «por qué» se producen esos casos, especialmente teniendo en cuenta que existen protocolos y cuando hay otras situaciones «en las que la atención ofrecida es muy buena».


Lezertua reclamó «que se investiguen» estos casos y que «se sancionen cuando se deben sancionar». Además, recordó que el Defensor del Pueblo vasco ya emitió una recomendación en 2011 sobre 'El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales', y lamentó que está llevando «mucho tiempo» incorporar a la práctica las orientaciones recogidas en el documento. «Se han conseguido algunas cosas, pero persisten problemas», subrayó.

[ra1979raquel@hotmail.com]

Condenados a tres años de prisión y nueve de inhabilitación

02/12/2016

Expulsados de la Policía Nacional dos agentes de Palma de Mallorca por torturas

Un inspector golpeó a un hombre que le había rajado la mano a un compañero en una pelea en un bar de copas. También simuló varias veces que le disparaba en la cabeza con su pistola

Una pelea sucedida en un bar de Palma de Mallorca hace años ha terminado con dos policías nacionales condenados a penas de prisión y expulsados del cuerpo. Un inspector golpeó y simuló disparar a un hombre que le había provocado una raja en la mano, mientras un subinspector observaba todo sin impedir la agresión.

El Confidencial Autonómico ha podido comprobar que en fechas recientes, el que era secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, firmó sendas resoluciones en las que declara “la pérdida de condición de funcionario” del Cuerpo Nacional de Policía a dos de sus miembros por el mismo motivo: haber sido condenados por un delito de torturas graves.

Se trata de un inspector y un subinspector que estaban adscritos a la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares cuando se vieron implicados en un suceso en 2009 por el que en marzo de 2015 fueron condenados a penas de tres años y cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta.

La sentencia que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó contra ellos en marzo de 2015 ya es firme al haber sido casada parcialmente por sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de marzo de 2016.

Por ello, la Secretaría de Estado de Seguridad ha aplicado la pena de inhabilitación que en los funcionarios supone la pérdida de esa condición de empleado público.

Pelea en un bar de copas de Palma de Mallorca

Los hechos se remontan a agosto de 2009. Según los hechos probados de la sentencia, el inspector condenado -del Grupo Operativo de Motos- estaba fuera de servicio cuando tras hacer botellón con un grupo de amigos y compañeros de la Policía Nacional entraron en un local de copas de Palma de Mallorca, el bar Sarandonga.

Allí se produjo un altercado entre este grupo y otro. En el transcurso del mismo, un hombre le provocó un corte en la mano a un agente. Al tumulto acudieron los agentes de un furgón de la Unidad de Intervención Policial (UIP, antidisturbios), que se dirigía al Palacio de Marivent -residencia de verano de los reyes- pero que pararon a comprobar qué pasaba.

El autor del corte fue detenido y enviado a la Jefatura de Policía en Palma de Mallorca. El inspector fuera de servicio, que se había identificado en el tumulto también fue a comisaría, donde se encontró con el subinspector condenado en este caso: ambos eran compañeros de piso, y este segundo ya conocía la herida provocada a su compañero.

El caso es que finalmente el autor del corte detenido le fue entregado para su conducción y custodia al subinspector. Sin embargo, el inspector se abalanzó sobre el detenido y empezó a golpearle: ya antes había dicho que le pensaba “leer la cartilla” en comisaría por la herida que le había hecho a otro policía.

“c****, te voy a pegar un tiro”

Además, el inspector fuera de servicio cogió la pistola de su compañero el subinspector y encañonó al detenido: “c****, tú le has rajado la mano a un compañero mío y te voy a pegar un tiro y diré que ha sido en defensa propia”.

El hombre se defendía “jurando por su mujer y su hija que no había hecho nada”. Pero el inspector le puso el cañón de la pistola junto al oido y disparó. Hizo un disparo en vacío, es decir, sin balas, pero le aseguró al detenido que se había encasquillado el arma y que no volvería a suceder.

Volvió a cargar el arma e hizo varios disparos más simulados, mientras el detenido esposado lloraba sin poder resistirse, según afirma la sentencia. El inspector condenado y ahora expulsado de la Policía Nacional le golpeó varias veces en la cabeza con la pistola hasta que el subinspector se la arrebató. Otro policía que no ha sido juzgado le dio también una patada en la cabeza al detenido.

Tres años de cárcel por “tortura grave”

Este episodio definido como de “tortura grave” por los jueces terminó cuando apareció por allí el subinspector de las UIP que había efectuado la detención. Al ver que ese inspector fuera de servicio estaba golpeando al detenido, este otro policía detuvo la agresión y engrilletó al autor de las torturas.

Según la sentencia, el subinspector no sólo se negó a ayudar a la detención de su superior, sino que contempló toda la escena sin intervenir para intentar frenar la violencia del inspector. Además luego limó el cañón de su pistola, que había sido utilizada para amenazar y golpear a ese hombre.

Por otro lado, los jueces hacen un fuerte reproche a muchos policías nacionales de la Jefatura de Palma de Mallorca que no aportaron datos a la investigación de este caso.

La víctima de las torturas renunció a acusar a los dos miembros de la Policía Nacional, después de que ellos le indemnizaran con 45.000 euros. Pese a ello, fueron condenados a tres años de prisión por un delito de torturas graves, además de inhabilitación absoluta durante nueve años. Sólo se les aplicó un atenuante por reparación del daño al indemnizar a la víctima de la paliza y las torturas.

Quisiera saber si el inspector,  sigue inhabilitado y si alguien ha trabajado con el.
Gracias

[47ronin]

Si como dice la noticia de hace seis años se firmó la resolución de pérdida de la condición de funcionario...sólo en casos muy excepcionales se admite el reingreso.

[Ragnar]

Condenados a tres años de prisión y nueve de inhabilitación

02/12/2016

Expulsados de la Policía Nacional dos agentes de Palma de Mallorca por torturas

Un inspector golpeó a un hombre que le había rajado la mano a un compañero en una pelea en un bar de copas. También simuló varias veces que le disparaba en la cabeza con su pistola

Una pelea sucedida en un bar de Palma de Mallorca hace años ha terminado con dos policías nacionales condenados a penas de prisión y expulsados del cuerpo. Un inspector golpeó y simuló disparar a un hombre que le había provocado una raja en la mano, mientras un subinspector observaba todo sin impedir la agresión.

El Confidencial Autonómico ha podido comprobar que en fechas recientes, el que era secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, firmó sendas resoluciones en las que declara “la pérdida de condición de funcionario” del Cuerpo Nacional de Policía a dos de sus miembros por el mismo motivo: haber sido condenados por un delito de torturas graves.

Se trata de un inspector y un subinspector que estaban adscritos a la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares cuando se vieron implicados en un suceso en 2009 por el que en marzo de 2015 fueron condenados a penas de tres años y cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta.

La sentencia que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó contra ellos en marzo de 2015 ya es firme al haber sido casada parcialmente por sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de marzo de 2016.

Por ello, la Secretaría de Estado de Seguridad ha aplicado la pena de inhabilitación que en los funcionarios supone la pérdida de esa condición de empleado público.

Pelea en un bar de copas de Palma de Mallorca

Los hechos se remontan a agosto de 2009. Según los hechos probados de la sentencia, el inspector condenado -del Grupo Operativo de Motos- estaba fuera de servicio cuando tras hacer botellón con un grupo de amigos y compañeros de la Policía Nacional entraron en un local de copas de Palma de Mallorca, el bar Sarandonga.

Allí se produjo un altercado entre este grupo y otro. En el transcurso del mismo, un hombre le provocó un corte en la mano a un agente. Al tumulto acudieron los agentes de un furgón de la Unidad de Intervención Policial (UIP, antidisturbios), que se dirigía al Palacio de Marivent -residencia de verano de los reyes- pero que pararon a comprobar qué pasaba.

El autor del corte fue detenido y enviado a la Jefatura de Policía en Palma de Mallorca. El inspector fuera de servicio, que se había identificado en el tumulto también fue a comisaría, donde se encontró con el subinspector condenado en este caso: ambos eran compañeros de piso, y este segundo ya conocía la herida provocada a su compañero.

El caso es que finalmente el autor del corte detenido le fue entregado para su conducción y custodia al subinspector. Sin embargo, el inspector se abalanzó sobre el detenido y empezó a golpearle: ya antes había dicho que le pensaba “leer la cartilla” en comisaría por la herida que le había hecho a otro policía.

“c****, te voy a pegar un tiro”

Además, el inspector fuera de servicio cogió la pistola de su compañero el subinspector y encañonó al detenido: “c****, tú le has rajado la mano a un compañero mío y te voy a pegar un tiro y diré que ha sido en defensa propia”.

El hombre se defendía “jurando por su mujer y su hija que no había hecho nada”. Pero el inspector le puso el cañón de la pistola junto al oido y disparó. Hizo un disparo en vacío, es decir, sin balas, pero le aseguró al detenido que se había encasquillado el arma y que no volvería a suceder.

Volvió a cargar el arma e hizo varios disparos más simulados, mientras el detenido esposado lloraba sin poder resistirse, según afirma la sentencia. El inspector condenado y ahora expulsado de la Policía Nacional le golpeó varias veces en la cabeza con la pistola hasta que el subinspector se la arrebató. Otro policía que no ha sido juzgado le dio también una patada en la cabeza al detenido.

Tres años de cárcel por “tortura grave”

Este episodio definido como de “tortura grave” por los jueces terminó cuando apareció por allí el subinspector de las UIP que había efectuado la detención. Al ver que ese inspector fuera de servicio estaba golpeando al detenido, este otro policía detuvo la agresión y engrilletó al autor de las torturas.

Según la sentencia, el subinspector no sólo se negó a ayudar a la detención de su superior, sino que contempló toda la escena sin intervenir para intentar frenar la violencia del inspector. Además luego limó el cañón de su pistola, que había sido utilizada para amenazar y golpear a ese hombre.

Por otro lado, los jueces hacen un fuerte reproche a muchos policías nacionales de la Jefatura de Palma de Mallorca que no aportaron datos a la investigación de este caso.

La víctima de las torturas renunció a acusar a los dos miembros de la Policía Nacional, después de que ellos le indemnizaran con 45.000 euros. Pese a ello, fueron condenados a tres años de prisión por un delito de torturas graves, además de inhabilitación absoluta durante nueve años. Sólo se les aplicó un atenuante por reparación del daño al indemnizar a la víctima de la paliza y las torturas.

Quisiera saber si el inspector,  sigue inhabilitado y si alguien ha trabajado con el.
Gracias

Lo expulsaron, así que no ha vuelto ni volverá.

[ra1979raquel@hotmail.com]

Muchas gracias, pero me lo podéis asegurar?? Tengo número de placa, necesito que me lo asegures 100% y saber si alguno ha trabajado con él.  Gracias

[Heracles_Pontor]

Desconozco que interés tienes en el asunto, pero si eres parte interesada todas esas cuestiones las podrás saber a través de tu letrado y del Juzgado de Ejecutorias encargado de ejecutar la sentencia

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[ra1979raquel@hotmail.com]

Por favor estoy recopilando informacion sobre un altercado en Mallorca en el 2009, un inspector fue condenado a 3 años de cárcel y 9 de inhabilitación del cuerpo,  por el tema de torturas a un chico, alguien me puede dar más información sobre el inspector??

[ra1979raquel@hotmail.com]

Por favor estoy recopilando informacion sobre un altercado en Mallorca en el 2009, un inspector fue condenado a 3 años de cárcel y 9 de inhabilitación del cuerpo,  por el tema de torturas a un chico, alguien me puede dar más información sobre el inspector?? Siha sido admitido de nuevo, si alguien ha trabajado con el, etc...

[Ragnar]

Ese inspector fue condenado y expulsado del cuerpo, gracias a la actuación del subinspector de la UIP que intervino  en el incidente.

[Ragnar]

Muchas gracias, pero me lo podéis asegurar?? Tengo número de placa, necesito que me lo asegures 100% y saber si alguno ha trabajado con él.  Gracias

Te lo aseguro. El compañero que intervino y gracias al que condenaron a ese individuo, está en mi unidad, y en la Jefatura Superior de Baleares están muy agradecidos por lo que hizo. Aparte estos días estoy trabajando en Palma...

¿Por qué tanto interés?