Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 260289 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3040 en: 16 de Noviembre de 2023, 07:08:52 am »

García Castellón pide amparo al CGPJ ante la acusación de "prevaricación" del Gobierno por imputar a Puigdemont


El instructor del caso Tsunami Democràtic pone en conocimiento del Poder Judicial las declaraciones del 'número dos' del Ministerio de Justicia

El juez Manuel García Castellón.
El juez Manuel García Castellón. ÁNGEL NAVARRETE
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El PP aprueba la reforma del Reglamento del Senado que retrasará la Ley de Amnistía para que "no pase" lo del 'sí es sí'
ÁNGELA MARTIALAY | MADRID
15/11/2023 00:06
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El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las declaraciones realizadas por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, donde sugirió que el instructor podría haber prevaricado al imputar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira en el caso de Tsunami Democràtic durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

En el escrito remitido por el instructor al órgano de gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso EL MUNDO, García Castellón explica que siente una «perturbación» en su independencia con las declaraciones del número dos de la ministra Pilar Llop.

El secretario de Estado de Justicia sostuvo en una entrevista el pasado miércoles , en la emisora de Radio Popular-Herri Irratia, lo siguiente: «Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...».


García Castellón recoge que sufre «una perturbación» en su independencia «en la medida que, quien afirma lo anterior, es el titular de la Secretaría de Estado de Justicia, órgano a quien corresponde, entre otras funciones las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia o la promoción de los Derechos Humanos en el ámbito de competencias del Ministerio».

Además, el magistrado de la Audiencia Nacional subraya que se trata de «un órgano ministerial que, por su íntima conexión con el Poder Judicial y su Gobierno, ostenta una capacidad de influencia sobre los jueces y magistrados que integran la Carrera, y cuyas manifestaciones señalando y calificando la actuación de uno de sus integrantes, le sitúan en una posición particularmente perturbadora». El juez añade que las declaraciones de Tontxu Rodríguez «podrían suponer la imputación manifiesta de la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial, al atribuir a este instructor el dictado de una resolución con la sola voluntad de influir, extremo totalmente ajeno a la realidad del procedimiento penal en el que se enmarca la decisión».

CALUMNIA CON PUBLICIDAD
Por otro lado, García Castellón pone en conocimiento del CGPJ que Patricia Plaja Pérez, portavoz de la Generalitat de Cataluña, sostuvo ante los medios de comunicación días atrás que «aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando». El instructor del caso Tsunami Democràtic expone que estas manifestaciones, además, podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, «susceptible de perseguirse de oficio al imputarse abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial».

Asimismo, el juez Manuel García Castellón advierte que «sería una tarea prácticamente imposible, por su volumen, analizar el contenido de todo lo publicado» sobre el auto en el que decidió imputar a Puigdemont y Rovira por terrorismo pero agrega que «en todo caso, será a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los órganos competentes, a quienes corresponda depurar, si las hubiere, las responsabilidades que pudieran derivarse». A estos efectos el juez remite también una copia de este escrito a la Fiscalía General con el objeto de que investigue los hechos.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3041 en: 22 de Noviembre de 2023, 22:02:59 pm »

La Audiencia Nacional le abre expediente gubernativo a García-Castellón por una recusación del caso Tsunami


La Sala de lo Penal le requiere al polémico juez la copia del escrito en el que se pedía su recusación
LORETO OCHANDO
21/11/2023 - 13:48

El presidente en funciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, ha abierto un expediente gubernativo en el que acuerda requerir al juez Manuel García-Castellón el escrito de recusación presentado por uno de los investigados en la causa de Tsunami, Oleguer Serra, que el instructor inadmitió por providencia el pasado 15 de noviembre.

El presidente de la Sala da curso así al escrito presentado por la defensa de Oleguer Serra en el que informa de la inadmisión de su recusación a través de providencia e indica que “siendo la Sala de lo Penal la competente para resolver los incidentes de abstención y recusación de los magistrados-jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional (artículo 224.1.5 de LOPJ) oficiese magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción 6 a fin de que remita copia del escrito” presentado.


Al Supremo
Y mientras se tramita el expediente, el polémico magistrado Manuel García-Castellón ha enviado este martes una exposición razonada al Tribunal Supremo explicando los supuestos indicios que ha encontrado contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por su presunta implicación en el caso Tsunami Democràtic. El juez se ha dirigido al Alto Tribunal por la condición de eurodiputado de Puigdemont, ya que él no puede imputarle.

Se da la circunstancia de que García-Castellón toma esta decisión sabiendo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a recurrir el auto en el que acusaba a Carles Puigdemont y otros cargos catalanes de delitos de terrorismo, en una clara maniobra para poder enviar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, así, tratar de paralizar la entrada en vigor de la nueva ley de amnistía que pretende aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En su exposición razonada, el polémico magistrado señala que para el esclarecimiento de los hechos es necesaria la práctica de diligencias de investigación que no puede practicar por estar aforados Puigdemont y el diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg.

El vértice más alto de Tsunami Democratic
El escrito que ha enviado al Supremo García-Castellón señala que CarlesPuigdemont se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami Democratic y añade que su posición como expresidente, y líder desde Bruselas del independentismo, le confiere “una posición de autoridad incuestionable”. Según asevera el juez, existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre esos indicios, asegura que se encuentran los mensajes a través del móvil entre los investigados Josep Lluís Alay y Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami.

También se infiere el rol de liderazgo de Puigdemont en Tsunami, continúa el instructor, de una conversación mantenida con el investigado Campmajó en la que discuten sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes con relación a la sentencia del procés. A lo largo de escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción Seis repasa las acciones que se atribuyen a Tsunami Democratic en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés, como la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectación de las elecciones generales de noviembre o el bloqueo de Infraestructuras críticas del Estado o de Europea, como a su juicio fueron las acciones realizadas en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y de la torre de control Enaire de Barcelona-Gavà.

En relación con esto último, el García-Castellón destaca la “importancia estratégica de este objetivo, y las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional el éxito de la acción pretendida. Si TD hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas”.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3042 en: 22 de Noviembre de 2023, 22:49:08 pm »
Este juez huele a rancio

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3043 en: 24 de Noviembre de 2023, 08:05:24 am »

Sumar se querella por prevaricación contra nueve vocales y el presidente del CGPJ por la declaración sobre la amnistía



El grupo plurinacional atribuye a los consejeros conservadores que suscribieron el acuerdo institucional la vulneración del principio de separación de poderes al posicionarse contra una iniciativa legislativa.

 
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El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, a la salida del pleno en el que se aprobó la declaración sobre la amnistía. Imagen de archivo. — Carlos Luján / Europa Press
El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, a la salida del pleno en el que se aprobó la declaración sobre la amnistía. Imagen de archivo. — Carlos Luján / Europa Press

MADRID, 24/11/2023 06:45 ANA MARÍA PASCUAL / ALEXIS ROMERO
El grupo parlamentario de Sumar presenta este viernes una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por prevaricación administrativa contra nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impulsaron y suscribieron una declaración institucional contra la amnistía y contra el presidente suplente del órgano, Vicente Guilarte, por convocar el pleno, el pasado 6 de noviembre, donde quedó aprobada.

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Los vocales querellados son nueve de los diez consejeros del bloque conservador, todos ellos a propuesta del PP: Wenceslao Olea, Carmen Llombart, José Antonio Ballesteros, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. 

La querella de Sumar, a la que ha tenido acceso Público, pide al Supremo que se tome declaración a las personas querelladas con asistencia letrada como responsables de un delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del Código Penal: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".


Un vocal progresista del CGPJ califica el pleno para rechazar la amnistía de “indecente e ilegal”
La querella expone que la declaración contra la amnistía que quedó aprobada por nueve votos frente a cinco "pretende influir en la opinión pública, en la actividad judicial e interferir en el desarrollo de un proceso político legítimo que debe conducir, en su caso, a la investidura de un nuevo presidente del Gobierno (vulnerando así la separación de poderes que los querellados afirman defender)".

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La declaración institucional del CGPJ fue impulsada por ocho vocales conservadores, que pidieron al presidente suplente la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir y votar el escrito que ellos mismos habían preparado, en el que critican la ley de amnistía y al presidente del Gobierno, que fue finalmente investido el 16 de noviembre, por el pacto con los independentistas catalanes.

"La actuación de los vocales querellados resulta, por tanto, ilegal, arbitraria y -dicho sea con el debido respeto- irresponsable, al trasladar a la ciudadanía un mensaje apocalíptico que solo puede contribuir a una mayor crispación social, máxime cuando se le dota de carácter institucional", consta en la querella.

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El vocal del CGPJ Álvaro Cuesta pide desconvocar el pleno del lunes contra la amnistía al considerarlo “ilegal”
Crítica política partidista
El pleno quedó convocado por el presidente Guilarte para la tarde del 6 de noviembre. Los vocales progresistas presentes, Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Enrique Lucas  votaron en contra de la declaración. Y Guilarte lo hizo en blanco. 

El acuerdo alcanzado en aquel momento estaba dirigido contra la ley de amnistía que aún no se conocía, que fue registrada en el Congreso el 13 de noviembre, como recuerda la querella, que señala que el texto aprobado en el CGPJ "descalifica e imputa conductas gravísimas al presidente del Gobierno en funciones, que consideramos podrían ser calificadas como desconsideración entre instituciones" e "incluye afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo".

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La querella expone algunos ejemplos de lo que considera "descalificaciones" al presidente del Gobierno en funciones y expresiones de crítica política ajena a los cometidos del órgano de gobierno de los jueces: "(...) la anunciada proposición de ley…, comporta una invasión inadmisible en nuestra Constitución"; "(...) el Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".


Ofensiva judicial contra el independentismo en el arranque de la tramitación de la amnistía
Los argumentos de los vocales progresistas
Las vocales Bach, Cabrejas, Martínez de Careaga y Sepúlveda justificaron su voto negativo señalando que "con la proposición de declaración institucional se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que, de aprobarse por el poder legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar, o en su caso a someter a los controles constitucionales legalmente previstos".

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Alertaban además de que la declaración daña la imagen de la independencia judicial. Por su parte, el vocal Enrique Lucas argumentó que siempre se ha opuesto a la aprobación de declaraciones institucionales de este tipo, como recoge la querella de Sumar.

El voto del presidente
Por último, el presidente suplente del CGPJ, que votó en blanco,  anunció un voto explicativo, que dos días después dio a conocer y en el que indicaba que "entiende como indeclinable labor institucional del CGPJ defender la actividad jurisdiccional llevada a cabo por los órganos judiciales, que no puede verse cuestionada por una hipotética normativa futura".

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La ley de amnistía no menciona el 'lawfare', avala la separación de poderes y da dos meses a los jueces para aplicarla
La querella subraya que, pese a lo anterior, Guilarte indicó en su voto que "cree que en tanto no se conozca un texto prelegislativo que plasme las ideas que se han avanzado, el debate debiera quedar residenciado en el terreno estrictamente político al que el CGPJ debiera permanecer ajeno y, finalmente, que es su objetivo, reiteradamente manifestado, buscar consensos para la renovación del Consejo que propicien la plena independencia judicial y que entiende que la declaración aprobada no ayuda a lograr ese objetivo". 

El presidente por sustitución sería, para Sumar, conforme a lo alegado, autor de un delito de prevaricación por haber dictado una resolución injusta a sabiendas, y cooperador necesario del delito de prevaricación en que incurren los vocales proponentes y firmantes del acuerdo.

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Álvaro Cuesta ya lo advirtió
La querella de Sumar incorpora un escrito remitido a Guilarte por el vocal progresista Álvaro Cuesta Martínez (el único miembro que no acudió al pleno) en el que le pedía desconvocar la reunión y le advertía de que era "improcedente e ilegal". Antes de remitir de manera formal el escrito, Cuesta adelantó en declaraciones a Público que, a su juicio, el pleno era "indecente, porque no tiene sentido que el CGPJ tenga que terciar en un acto como la investidura de un presidente del Gobierno". En estas declaraciones, el vocal también advertía de que esta convocatoria "es ilegal y traerá consecuencias".

Recoge la querella el mismo planteamiento que Álvaro Cuesta sobre el artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que dice que los plenos extraordinarios se convocarán cuando lo considere el presidente o cuando lo pidan al menos cinco vocales para debatir asuntos de la competencia del CGPJ. "Está claro que un pacto de investidura no es competencia del CGPJ", decía Cuesta a este diario.

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Así lo plantea también la querella, que acusa a los vocales querellados de "exceder las competencias del órgano" y, además, de evidenciarlo al tratar de justificar que esta declaración no era un informe sobre la amnistía, ya que el CGPJ no tiene competencias para emitir informes sobre posposiciones de ley (la vía legislativa por la que finalmente se presentó la amnistía en el Congreso).

Eludir el informe preceptivo
Los vocales advertían en este sentido de que la declaración "no pretende sustituir el informe que se elude con la vía de tramitación escogida para la iniciativa legislativa, pero se emite ante la imposibilidad de formularlo". Para Sumar, esto significa que "en el propio acuerdo reconocen tanto su manifiesta falta de competencia para emitir la resolución administrativa que constituye el acuerdo, como su deliberada voluntad de eludirla".

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"Pero es que, además --prosigue el texto de la querella-- encontramos una confirmación añadida en que en el acuerdo de 6 de noviembre reconocen expresamente que la razón por la que lo adoptan es porque -según suponen- la ley de amnistía se va a tramitar por el cauce de la proposición de ley, con lo que se verían privados de la facultad de informar" que les reconoce la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No es libertad de expresión
Para Sumar, "hay que excluir que se trate de un acto protegido por la libertad de expresión porque el CGPJ no es titular del derecho a la libertad de expresión", como apuntala la doctrina del Tribunal Constitucional.

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Sobre el tribunal de garantías, la querella resalta "una obviedad que, sin embargo, parecen desconocer los querellados al promover el texto del acuerdo: el órgano a quien nuestro ordenamiento encomienda la función de garante e intérprete supremo de la Constitución -al que se refiere la sentencia citada-, es el Tribunal Constitucional".

Dice Sumar sobre los vocales querellados que "sus invocaciones a la independencia judicial y al artículo 53 de la Constitución desconocen que el Consejo es uno de los órganos vinculados por este precepto y al principio de separación de poderes que han infringido con su actuación, sobrepasando sus competencias e invadiendo competencias ajenas, precisamente para cuestionar supuestas vulneraciones del tan invocado principio de separación de poderes constitucional".


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3044 en: 27 de Noviembre de 2023, 08:03:50 am »


Las grabaciones del caso Alba salpican ahora al presidente de la Audiencia de Las Palmas



La Fiscalía recusa a Emilio Moya y a su compañero de la Sección Sexta Carlos Vielba para que no intervengan en una causa en la que se investiga al empresario Miguel Ángel Ramírez, quien grabó al exjuez corrupto, actualmente en prisión





Evangelina Ríos, Carlos Vielba y Emilio Moya.
Evangelina Ríos, Carlos Vielba y Emilio Moya.
Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —
26 de noviembre de 2023 20:57h

Actualizado el 26/11/2023 21:23h
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Más de un año después de que el exjuez corrupto Salvador Alba Mesa ingresara en prisión para cumplir su condena de seis años y medio de cárcel por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, todavía delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, el caso regresa a la actualidad. Y lo hace porque la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, ha utilizado elementos probatorios de aquella condena para recusar nada menos que al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, y a su compañero Carlos Vielba, ambos de la Sección VI, la que compartieron durante años con Salvador Alba.


Las grabaciones del ex juez Alba

El Ministerio Público ha utilizado para esta recusación al presidente de la Audiencia de Las Palmas la grabación que en 2016 sirvió para incriminar a Salvador Alba Mesa, aquella que realizó el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, en el despacho del entonces juez cuando sustituía a la magistrada Victoria Rosell, en servicios especiales para presentarse a las elecciones generales de diciembre de 2015. En aquella conversación no solo se escucha claramente a Alba pedir a Ramírez declaraciones testificales que comprometieran a la jueza, que investigó hasta ese momento al empresario por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública, sino que en un momento de la grabación se escucha al presidente de la Audiencia Provincial irrumpiendo en el despacho y dirigiéndose a los presentes con cierta familiaridad.

Así lo hace constar en su escrito de recusación la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, profunda conocedora de lo que en aquella operación de lawfare se coció por ser precisamente la representante del Ministerio Público encargada de la investigación contra Ramírez y la que participó en la operación contra Rosell, al menos en la fase preliminar participando activamente en el interrogatorio al empresario que fue en la línea de lo pactado entre este y Alba en aquella inmortalizada reunión.


Pero ahora Evangelina Ríos enfoca el asunto desde otra óptica. Sigue teniendo en su objetivo a Miguel Ángel Ramírez, pieza a la que no quiere soltar por nada del mundo a pesar de los contratiempos. Lo tiene encausado en varios juzgados de Las Palmas de Gran Canaria por diversas diligencias relacionadas con su desaparecida empresa Seguridad Integral Canaria. En el caso que provoca esta recusación, proveniente de Instrucción 3 de la capital grancanaria, Ríos recusa a los magistrados después de que estos, junto a su compañera Inocencia Eugenia Cabello, resolviesen que los delitos que se atribuyen a Ramírez no son de su responsabilidad por no haber sido ni administrador de derecho ni administrador de hecho de la sociedad investigada en el momento en el que se produjeron los hechos investigados.


Es decir, la fiscal sólo recurre a la institución de la recusación y rememora la posible relación de estos dos magistrados con Miguel Ángel Ramírez cuando sus resoluciones le son desfavorables. Hasta la fecha, Evangelina Ríos no consideró pertinente poner en entredicho la imparcialidad de Moya y Vielba a pesar de que ambos han resuelto en media docena de ocasiones recursos referidos al mismo justiciable en causas en las que esa representante del Ministerio Público estaba personada.

Pero lo que cuenta es lo que ha puesto por escrito: la fiscal cree ahora que entre este empresario y los magistrados Emilio Moya y Carlos Vielba existe el suficiente grado de amistad como para que estos últimos vean comprometida su imparcialidad, lo que les obligaría a apartarse voluntariamente (abstención) o a la fuerza (recusación), que es la vía elegida tras no haberse producido la primera.

De hecho, en su escrito de recusación recalca que entre los dos magistrados y el empresario existe “amistad íntima”, exigencia legal para que sean apartados de la causa.


En el caso de Ramírez, la fiscal Ríos toma como referencia la conversación grabada por él en el despacho de Alba y el momento en el que entra en la estancia el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya. En unos instantes es informado por los presentes de qué es lo que allí se está cociendo, a lo que el magistrado no formula ninguna objeción. Al contrario, cuando concluye aquella reunión en el despacho de Alba, el empresario se traslada hasta el de Emilio Moya y allí –recuerda la fiscal- es objeto de un recibimiento muy caluroso, lo que a juicio de Ríos evidencia el grado de amistad y camaradería entre ambos.

Ríos relata así ambos pasajes: “La grabación evidencia la cordialidad con que los Sres. Moya y Ramírez se saludan, a continuación este le dice al Ilmo. Sr. don Emilio Moya que estaba confesándose y buscando soluciones, interviene entonces el Sr. Alba para afirmar que soluciones hay, a lo que respondió el Sr. Moya que si hay soluciones, que sigan debatiendo”.

A continuación incluye la representante del Ministerio Público el relato de lo ocurrido en el despacho de Moya una vez Ramírez se traslada a él tras su reunión con Alba: “Cuando el Sr. Ramírez sale del despacho del Sr. Alba entra en el despacho del Ilmo. Sr. don Emilio Moya, quien lo recibe con una expresión coloquial propia de relaciones distendidas: ”el cloquío...el cloquío“. A continuación el Sr. Ramírez resume al Sr. Moya la conversación que ha tenido con don Salvador, el propósito que persiguen y la forma de hacerlo”.

Sin embargo, la fiscal se salta el resto de la conversación, incorporada íntegramente a la causa en la que resultó condenado Salvador Alba. En ella, el empresario le resume a Moya cuáles son las intenciones del magistrado corrupto para con Victoria Rosell: “Él quiere levantar por el aire a esta tía”, y los pasos que Alba le pidió dar. El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas se muestra conforme con todo y concluye la conversación con un elocuente “Bueno, pues nada, para adelante”.

Este es un fragmento de una de las conversaciones que el empresario grabó al entonces juez:


Una reunión en una piscina
En el caso de Carlos Vielba, la grabación que le comprometería, según la Fiscalía, fue la que mucho después realizó el mismísimo Salvador Alba cuando el proceso contra él ya había cogido cuerpo y la opinión pública conocía sus andanzas. Vielba, padrino de la hija de Alba aunque con las relaciones tensas entre ambos, se prestó a ejercer de mediador con Miguel Ángel Ramírez para que este tratara de retirar las acusaciones más comprometedoras hacia el juez corrupto. Vielva llegó incluso a plantear la celebración de una reunión segura, es decir, en la que los participantes no corrieran el riesgo de que alguno de los presentes la grabara. “La hacemos en una piscina”, sugirió Carlos Vielba.

A juicio de la Fiscalía, esta gestión de intermediación entre Ramírez y Alba comprometería la imparcialidad de Vielba para entender de recursos del empresario ante su sección.

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Pero también encuentra motivos de recusación la fiscal Ríos en la conversación entre Alba y Ramírez. Particularmente porque, a su entender, el empresario da muestras de conocer la relación entre los dos jueces, que atravesaría un enfriamiento en ese momento, para tratar de recomponerla.

El incidente de recusación contra Moya y Vielba promovido por la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas se produce días después de que la Sección VI emitiera un auto en el que resolvió el archivo de una causa penal contra Miguel Ángel Ramírez por presunto fraude fiscal en Seguridad Integral Canaria entre los años 2014 y 2016. El auto, del que fue ponente Carlos Vielba, estimaba el recurso del empresario contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (la antesala del juicio oral), en una causa que provenía del Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Sostiene la fiscal que hasta la emisión de ese auto no tuvo conocimiento ni de la composición de la sala ni de la identidad del ponente.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3045 en: 28 de Noviembre de 2023, 07:16:41 am »

Podemos se querella contra los jueces García Castellón y Gadea por reabrir la causa sobre la financiación del partido


Les acusa de los presuntos delitos de prevaricación judicial y revelación de secretos por la investigación secreta sobre la vía venezolana en la financiación de Podemos, archivada finalmente por ser prospectiva.

 
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El juez Manuel García Castellón. EFE.
El juez Manuel García Castellón. EFE.

MADRID, 27/11/2023 14:22 ACTUALIZADO: 27/11/2023 14:29 ANA MARÍA PASCUAL
Podemos ha presentado este lunes en el Tribunal Supremo una querella contra los magistrados Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, y Joaquín Gadea, el juez de refuerzo en dicho juzgado de la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de prevaricación judicial, revelación de secretos y/o omisión del deber de perseguir delitos, en relación a la investigación sobre la financiación irregular de Podemos.

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La Audiencia Nacional ordenó, en marzo de 2022, al juez archivar la causa al entender que se trataba de una investigación "prospectiva" contra Podemos.

La causa se abrió en junio de 2016 en virtud del falso informe policial PISA, acrónimo de Pablo Iglesias S.A. elaborado por la brigada patriótica del Ministerio del Interior en la época en que estuvo dirigido por Jorge Fernández Díaz, en el Gobierno de Mariano Rajoy. Un informe inventado sobre la financiación de Podemos. Días después de abrirse la causa, el juez García Castellón la archivó ante la falsedad del informe.

La Fiscalía recurre la decisión de García Castellón de llevar la causa del Tsunami al Supremo
El 18 de octubre de 2021 el mismo magistrado dictó auto de reapertura de las diligencias, acordando el secreto de las actuaciones, ante la declaración del exmilitar venezolano Hugo Armando Carvajal, más conocido como 'Pollo Carvajal' , que se prestó a colaborar con la Justicia para evitar su extradición a Estados Unidos, como finalmente sucedió, por narcotráfico y blanqueo de capitales.

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Sin indicios sólidos, el citado  el 'Pollo Carvajal' declaró sobre unas "supuestas órdenes de pago a una fundación, así como a determinadas personas, por parte de la Administración de Venezuela, en los años 2008 y 2013", señalando a Podemos, consta en la querella, que describe los documentos aportados por el venezolano como meras fotocopias, sin sellos oficiales, ni elemento alguno que apuntara a ningún delito relacionado por Podemos. El ánimo del exmilitar fue evadir la extradición, recalca Podemos.

Pese a esto, "los Sres. Instructores querellados no dudan en acordar la reapertura de unas diligencias previas ya archivadas, al entender que existen "indicios razonables de un delito de financiación ilegal de partido político".

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Ofensiva judicial contra el independentismo en el arranque de la tramitación de la amnistía
El partido morado destaca el "origen presuntamente ilícito de la documentación empleada por el juzgado, pues resulta en la
actualidad público y notorio que algunos funcionarios policiales requirieron presuntamente a ciudadanos venezolanos, de forma ilegal y sin amparo judicial alguno, según han declarado estos últimos, que obtuvieran de forma igualmente ilícita documentación bien sobre Podemos, bien sobre cualquiera de sus dirigentes o de quienes luego serían socios fundadores del mismo".

Sobre el carácter ilícito de la documentación, Podemos señala que el propio juzgado de García Castellón "tenía conocimiento", por ser además el mismo juez que instruye el caso Kitchen, pieza separada del caso Villarejo, "en donde constan suficientes indicios del
mismo, y especialmente por la incautación en dicha causa de los mensajes de whatsapp intercambiados por el antiguo Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con miembros de la cúpula policial, donde le dan cuenta de la obtención de diferente documentación, entre la que se encontraría la aportada
por el Sr. Carvajal y empleada para la reapertura de la causa", relata la querella.

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Para el partido, tanto García Castellón como Joaquín Gadea "firman resoluciones capitales para el desenvolvimiento de causa que, aun cuando las suscriban individualmente", lo que supone "necesariamente asunción y aceptación de cuanto se ha acordado en dicha causa hasta el momento y de una actuación instructora conjunta e inescindible".

La querella acusa a ambos magistrados de investigar "unos delitos realmente inexistentes". Respecto al presunto delito de revelación de secretos, los querellados, según Podemos, permitieron "conscientemente la filtración de las actuaciones procesales declaradas secretas".

 

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« Respuesta #3046 en: 28 de Noviembre de 2023, 08:21:49 am »
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« Respuesta #3047 en: 28 de Noviembre de 2023, 19:53:54 pm »

Los jueces que ganaron en Estrasburgo por el bloqueo del CGPJ reclaman al Constitucional que ejecute ya la sentencia


Piden junto a la asociación Francisco de Vitoria que el TC reconozca que se han vulnerado sus derechos como candidatos a vocal desde hace cinco años


Los jueces que ganaron en Estrasburgo por el bloqueo del CGPJ reclaman al Constitucional que ejecute ya la sentencia
MANUEL MARRACO | MADRID
28/11/2023 09:02
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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha reclamado al Tribunal Constitucional que ejecute la sentencia de Estrasburgo que condenó a España por vulnerar los derechos de seis jueces asociados que desde 2018 son candidatos a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La solicitud de ejecución de la sentencia se debe , según explican los jueces y la asociación en su escrito, a que el Estado no ha dado cumplimiento a la sentencia del TEDH, que es firme desde el 22 de septiembre. Hasta la fecha, no han actuado ni el TC ni las Cortes. El TC, cumpliendo con lo dicho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y aceptando estudiar un recurso de los jueces que había inadmitido. Y las Cortes votando el listado de candidatos al Consejo que fue remitido en 2018.

Estrasburgo sentenció que el TC no justificó los motivos por los que rechazó el recurso de amparo de estos magistrados, lo que atentó contra su derecho a la tutela judicial. También estableció que los seis candidatos a vocales del CGPJ "tenían derecho" a que sus candidaturas fueran estudiadas en plazo por el Parlamento.


Ahora los jueces y la asociación piden al TC que rectifique y admita ya a trámite el recurso de amparo contra la inacción de las Cortes. En caso contrario, los recurrentes piden un nuevo amparo constitucional en términos similares al recurso inadmitido de 2002.


En el nuevo recurso, los demandantes reiteran la petición de amparo porque las Cortes Generales no han adoptado "ninguna actuación ni medida alguna" para continuar con el procedimiento para renovar el CGPJ, a pesar de estar obligadas a renovarlo en plazo. "No estamos ante un mero retraso o dilación, sino ante una verdadera desidia de las Cortes en sus funciones, puesto que han transcurrido CINCO AÑOS [las mayúsculas están en el recurso] desde la remisión por el CGPJ del listado de candidatos propuestos", sostiene el recurso de la asociación judicial y de los jueces candidatos José Antonio Baena Sierra, Rafael Estébez Benito, Mónica García de Yzaguirre, Manuel Jaén Vallejo, Juan Luis Lorenzo Bragado y María Tardón Olmos.

"Cada día que pasa sin que los presidentes del Congreso y del Senado convoquen los plenos para renovar el CGPJ, es un día más en el que se vulneran los derechos fundamentales de los candidatos. Resulta inaceptable cómo los partidos políticos han secuestrado el órgano de gobierno de los Jueces. Estamos ante un inasumible deterioro institucional que perjudica el funcionamiento del Poder Judicial y contraviene los valores fundamentales de la Unión Europea", sostiene Sergio Oliva, portavoz de AJFV, la segunda asociación judicial de España por número de asociados.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3048 en: 29 de Noviembre de 2023, 08:46:08 am »
El.concepto igualdad ante la ley no existe mientras existan privilegios que sólo alcanzan a unos pocos.


El juez Llarena dice que "una democracia no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley"


El instructor del 'procés' vuelve a pronunciarse en contra de la amnistía al recoger un premio por su "extraordinaria contribución al Estado de derecho".
28 noviembre, 2023 22:13

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« Respuesta #3049 en: 30 de Noviembre de 2023, 13:54:55 pm »


La Justicia retira el pasaporte al juez y al fiscal condenados por delinquir al investigar al magnate Cursach


Los magistrados deniegan el ingreso en prisión preventiva solicitado por una de las acusaciones. Con todo, quieren anular “cualquier mínimo riesgo” que pudiera derivarse de su situación de libertad a la espera de que la sentencia sea declarada firme por el Tribunal Supremo
— Otro juez se suma a la nómina de magistrados condenados por corromperse con la toga puesta
Foco
VIGILANCIA DEL PODER
El juez Manuel Penalva (c) y el fiscal Miguel Ángel Subirán (d), llegando a los Juzgados de Palma para sentarse en el banquillo de los acusados
El juez Manuel Penalva (c) y el fiscal Miguel Ángel Subirán (d), llegando a los Juzgados de Palma para sentarse en el banquillo de los acusados Isaac Buj / Europa Press
Esther Ballesteros

Mallorca —
28 de noviembre de 2023 14:59 h
0

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha acordado retirar el pasaporte y obliga a comparecer cada quince días al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, recientemente condenados a nueve años de prisión a raíz de las irregularidades que cometieron en una de las piezas separadas del conocido como caso Cursach. Con esta medida, la Sala de lo Civil y Penal del órgano judicial pretende anular “cualquier mínimo riesgo que hipotéticamente pudiera derivarse del mantenimiento de su situación” de libertad a la espera de que la sentencia sea declarada firme por el Tribunal Supremo (TS).

Los magistrados responden así la solicitud formulada por el exdiputado del PP, Álvaro Gijón -acusación en la causa contra Penalva y Subirán-, quien reclamaba la celebración de una vistilla con el objetivo de solicitar el ingreso en prisión provisional de ambos juristas “al existir riesgo de fuga en atención a las elevadas penas que les han sido impuestas”. Mediante un auto dictado este martes, la Sala deniega tal petición pero, aunque sin mencionar la palabra “fuga”, impone otras “menos aflictivas” que el encarcelamiento preventivo como son la retirada del pasaporte y las comparecencias quincenales apud acta en el TSJIB.

En su resolución, el tribunal llama la atención sobre el hecho de que la solicitud de medidas cautelares se produzca “ahora que los acusados han sido condenados a nueve años de prisión” y que ni el fiscal ni el resto de acusaciones apreciasen riesgo de fuga cuando se reclamaba a los condenados más de cien años de cárcel. Asimismo, los magistrados recuerdan que Penalva y Subirán han presentado recurso ante el TS y entre los motivos de casación que aducen se encuentra el de una indebida aplicación del elemento de intimidación en los delitos de obstrucción a la justicia, que de estimarse podría dar lugar a la revocación en parte de la sentencia condenatoria y a “una sustancial rebaja de la condena”.

Cabe recordar que la sentencia impugnada, de 478 páginas, considera probado que los condenados desplegaron diversas prácticas ilegales para incriminar a varios investigados por hechos de los que, tras un turbulento peregrinaje judicial, acabaron finalmente absueltos. Entre tales actuales, el tribunal, presidido por el magistrado Diego Gómez Reino, sostiene que Penalva y Subirán incurrieron en tres delitos de obstrucción a la Justicia, un delito de coacciones y otro de omisión del deber de perseguir filtraciones mientras el más conocido como caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial.

Del mismo modo, el tribunal impone tres años y diez meses para el subinspector del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, un año y dos meses para la inspectora Blanca Ruiz y dos años y cuatro meses al agente Iván Bandera, quienes colaboraban con ambos juristas al frente de las anteriores investigaciones. Es la primera vez que la Justicia condena en bloque a un juez, a un fiscal y a varios policías.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3051 en: 01 de Diciembre de 2023, 17:31:07 pm »

Vicente Guilarte, presidente CGPJ, llama a los jueces a la rebelarse si una comisión parlamentaria trata de investigarlos


El presidente por sustitución del CGPJ, Vicente Guilarte, con María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que ha celebrado su XXVI
Redacción Confilegal
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01/12/2023 15:45
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Actualizado: 01/12/2023 15:46
«Cuando hablan de ‘lawfare’ lo que están querido decir es que los jueces están prevaricando», dictando sentencias sabiendo que son injustas. Así de claro lo ha dicho Vicente Guilarte, presidente por sustitución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Algo que es inadmisible de todo punto. Por eso, ha llamado a todos los jueces a «rebelarse» si en algún momento una comisión parlamentaria cita a uno de ellos a declarar sobre algún asunto que estén instruyendo o que hayan ya juzgado.


Esa es una línea «absolutamente roja» que no se puede pasar.

De esta forma tan contundente se ha expresado Guilarte durante su intervención en el acto de clausura del XXVI Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que se ha celebrado en Bilbao.

Tras felicitar a la APM por este evento, Guilarte ha afirmado que su actividad al frente del CGPJ se mueve «por tres hilos conductores». Uno de ellos es la defensa «a ultranza de la carrera judicial».

«Hay un panorama que se susurra en algunos lugares. Va, viene. No se sabe muy bien lo que es. Para mí es una línea no roja, sino encarnada, rojísima», ha subrayado.


«Yo creo que ahí la defensa de la carrera judicial tiene que ser rotunda y las asociaciones tienen ahí un papel importante para, si se llega a producir, -confiemos que no-, motivar a asociados y no asociados para que ese choque se produzca si es que llega a acaecer», ha manifestado.

La posibilidad de que una comisión parlamentaria investigue a los jueces que estén instruyendo casos contra independentistas o que hayan condenado a separatistas forma parte del acuerdo que suscribieron el PSOE y Junts, cuyo líder supremo es Carles Puigdemont, en busca y captura por un delito de corrupción.

Los 7 votos de sus diputados han sido vitales para que Pedro Sánchez haya podido ser investido nuevamente presidente del Gobierno. Dicho acuerdo conlleva también la aprobación de una ley de amnistía de todos los encausados y condenados por los hechos sucedidos el 1 de octubre, cuando los separatistas trataron de hacer de Cataluña un país independiente de España a través de un referéndum ilegal.

LOS VOCALES DEL CGPJ NO SON CULPABLES DE QUE NO SE RENUEVE EL ÓRGANO
Otro de los vectores de su actividad al frente del CGPJ es la renovación del Consejo General del Poder Judicial y se ha referido a los emplazamientos que reciben para que lo renueven, cuando, según ha afirmado, «no son los causantes», ni «los agentes de la renovación».


«El que incumple no puede exigir al que padece el incumplimiento ningún comportamiento. Pregúnteles a los que están incumpliendo. Bastante tenemos con estar aquí intentando soportar esto, intentando seguir defendiendo la carrera judicial frente a estas situaciones que se intuyen, estos ataques evidentes que parece que se susurran, que van, vienen y no se acaban de concretar», ha afirmado.

Por ello, ha indicado que no se les puede pedir a los miembros del CGPJ una «actividad mayor» en esa renovación que la que pueden efectuar, y, sobre todo, ha pedido que no les «riñan» porque, según ha insistido, «no son los causantes».

No obstante, ha afirmado que una cosa es renovar, que «es importante», pero cree que, tan importante como renovar es que «no se perpetúe la situación que actualmente se vive desde hace tantos años».

Vicente Guilarte ha manifestado que renovar el Consejo en los actuales términos «parece que exigiría una militancia por parte de los 20 vocales en que se materializara esa renovación».

«Y eso perpetuaría el problema que en tiempos no se daba, esa bipolarización política que se ha ido produciendo ahora», ha afirmado.

RENOVAR COMO SE. HA HECHO HASTA AHORA ES «PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA»
El presidente en funciones del CGPJ ha afirmado que incidir en nombrar 20 personas en los términos que se plantea de «10 tú y 10 yo militantes, porque van a exigir una cierta militancia», cree que es «pan para hoy y hambre para mañana».

Vicente Guilarte ha asegurado que él ha planteado una fórmula para evitarlo que viene desde hace tiempo «ofertando», aunque no le «hace caso nadie».

Según ha manifestado, «si el interés que hay hoy es un interés político en tener controlado el Consejo», entiende que nadie le «haga caso» con esta propuesta, que, a su juicio, «es la manera de defender la independencia judicial absoluta».

«En cierta medida nos hemos visto obligados también a ayudar a esa bipolarización, que aquí se produce en gran medida por razones mediáticas eso del bloque conservador, el bloque progresista (…) yo intenté ser el grupo mixto y te dan por los dos lados, es peor. Es mejor alinearse en un bloque u otro, según vengan», ha afirmado.

Según ha indicado, su fórmula consiste básicamente en que «el órgano de gobierno de los jueces, el gobierno de los jueces debe otorgarse directamente a los jueces», pero en aquello en que parece «razonable que se otorgue, en los cargos gubernativos».

A su juicio, todos los cargos gubernativos debieran elegirse directamente por los jueces y los Tribunales Superiores de Justicia por los «jueces de la comunidad autónoma, y las audiencias provinciales por los jueces de la provincia y las salas, en la designación de presidencias, por los miembros de cada sala».

«Yo creo que con eso, de alguna manera también, se aplacaría el deseo, el legítimo deseo de los jueces de intervenir en su gobierno, pero creo que debiera ser solo en su gobierno y esta es la manera más directa de hacerlo», ha apuntado Guilarte que ha reconocido que le sorprendió mucho cuando empezaron a designar a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia porque «no sabía bien el criterio y cuál es el mérito y capacidad que hace falta para elegirlos».

En este sentido, cree que nadie mejor que los propios jueces del territorio para designar al presidente de un Tribunal Superior de Justicia y «sin intermediación del Consejo que desvirtúa, sin duda, el legítimo deseo de los jueces del territorio de designar a quienes ellos creen que es el mejor para ejercer». «Es evidente que haciéndolo así, Celso [Rodríguez Padrón] sería presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Juanma [Juan Manuel Fernández, expresidente del TSJ de Navarra] lo habría sido del suyo», ha añadido.

EL TRIBUNAL SUPREMO, UNA «GOLOSINA POLÍTICA»
Guilarte ha indicado que quedaría «el gran problema, la golosina política» que sería el Tribunal Supremo y cree que la manera de designar sus miembros por el Consejo «no resiste una valoración objetiva al día de hoy».

Según ha manifestado, la fórmula no es difícil y cree que todo magistrado, desde que empieza, «sepa cuáles son los criterios para ser magistrado del Tribunal Supremo y «cómo se van a valorar los méritos que vaya teniendo».

«Eso es imprescindible. Primero, designar las pautas para valorar el mérito y capacidades. Y, a continuación, que quien valore eso sea un tribunal especializado, evidentemente dependiente del Consejo, presidido por alguien del Consejo, con magistrado del Supremo, con abogado del Estado, con un turno rotatorio para evitar cualquier contaminación. Objetivamente, así se elegirían, sin duda, a los mejores en mérito y capacidad contrastados», ha añadido.

A su juicio, es una fórmula que puede utilizarse y supondría «rebajar el problema de si elección parlamentaria o elección corporativa, porque ya no sería tan importante captar vocales».

El tercer «hilo conductor» de su actividad es el de «mantener una cierta neutralidad política». A su juicio, la independencia judicial es «bidireccional. «Yo no quiero que se metan en nuestro negocio, por decirlo con simplicidad, pero tampoco quiero meterme en el suyo», ha añadido.

En este sentido, ha indicado que, cuando le preguntan por lo que va a hacer el Gobierno con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el informe contrario del CGPJ a su renovación en el cargo, responde que es algo que se debe preguntar al Ejecutivo y no «opinar sobre lo que va a hacer o lo que debe hacer el Gobierno».

Guilarte ha reconocido que no es fácil mantener esa neutralidad, en un momento «en el que la política está tan dentro de nuestro oficio». Según ha señalado, es algo que intenta, porque pretende que «pase lo mismo en sentido contario».


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3052 en: 04 de Diciembre de 2023, 09:02:02 am »
5 años caducados...


Cinco años de bloqueo del Poder Judicial: ¿por qué el PP dificulta su renovación?


Los populares temen perder la mayoría conservadora y abogan por que los jueces elijan a sus propios representantes. El PSOE cree que esta fórmula dejaría con escasa cuota a los progresistas.
Javier Escartín
03/12/2023 a las 21:10

Varias mujeres defienden frente a la sede del CGPJ la independencia judicialEUROPA PRESS VIA GETTY IMAGES

Cinco años de parálisis sin solución a la vista. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cumplirá este lunes, 4 de diciembre, 1826 días con el mandato caducado, una anomalía democrática que PP y PSOE son incapaces de resolver. La falta de entendimiento entre ambas fuerzas políticas ha derivado en una crisis sin precedentes en el órgano de gobierno de los jueces y el nuevo mapa de poder derivado del 23-J no parece ayudar a su resolución.


En 2018, después de cinco años de trabajo y de acuerdo con lo que dispone la Constitución Española, los miembros del CGPJ ya debían haber sido renovados. Este órgano tiene como principales competencias velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado y elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, del Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.

La ley establece que el CGPJ lo componen veinte vocales -doce jueces y ocho juristas- y todos son elegidos por mayoría de tres quintos del Parlamento, diez por el Congreso y diez por el Senado. Es decir, en el Congreso son necesarios al menos 210 votos a favor. Una suma que, hoy en día, sólo es posible con el acuerdo de PP y PSOE.

Desde que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en 1985, que establece el modelo actual de elección, ha habido seis renovaciones del CGPJ. Algunas de ellas, también problemáticas. En 1995, Aznar bloqueó la renovación del órgano desde la oposición y solo accedió a renovarlo cuando ya llegó a la Presidencia del Gobierno. En 2006, con Zapatero gobernando, el socialista tuvo que negociar durante dos años con Rajoy hasta la nueva conformación del CGPJ.

En cambio, cuando ha sido el PP quien ha gobernado en el momento de la renovación (2001 y 2013), los pactos con el PSOE han sido mucho más rápidos. Circunstancias que sirven a los socialistas para demostrar que los cambios en el CGPJ se han hecho de manera "más ágil" cuando su partido ha estado en la oposición. O lo que es lo mismo: denuncian que el PP tiende a bloquear la renovación del Poder Judicial cuando no está en el poder.

  Rajoy, Zapatero, Aznar y GonzálezGETTY IMAGES
A los populares nunca les ha gustado la reforma implementada en 1985 para su conformación. Unos 55 diputados pusieron un recurso de inconstitucionalidad contra ella, pero el TC lo desestimó. En la campaña de 2011, Mariano Rajoy contempló en su programa promover “una reforma del sistema de elección del CGPJ para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. Pese a ganar con mayoría absoluta, no cumplió con su promesa cuando en 2013 llevó a cabo una reforma de la norma.

¿Por qué, en esta ocasión, el PP se niega a negociar con el PSOE la renovación del CGPJ? El expresidente de los populares, Pablo Casado, ya abogó durante su etapa como líder por cambiar la ley en favor de la independencia judicial para que sean los jueces, y no el Parlamento, quienes elijan directamente a sus miembros.

La propuesta, que también apoya ahora Feijóo, ha sido bien recibida en Bruselas, pero el PSOE sólo se abre a negociarla una vez se renueve el CGPJ con la normativa vigente. Además, los socialistas recuerdan que, en el sistema actual de elección, son las Cámaras legislativas las que designan a los 20 miembros del gobierno de los jueces, pero 12 de esos miembros son elegidos de entre los nombres propuestos por los propios jueces. Es decir, el 'dedazo' directo de los partidos políticos queda, en su mayoría, circunscrito a la lista de candidatos que ofrece el propio Poder Judicial.

  Feijóo y Sánchez, el pasado miércoles en el CongresoEUROPA PRESS VIA GETTY IMAGES
El PSOE considera que el PP no quiere renovar el CGPJ para mantener a toda costa su actual mayoría conservadora del órgano. El pleno, que debería componerse de 20 profesionales, ha ido menguando en los últimos meses a golpe de renuncias y jubilaciones. Actualmente, son 16 sus miembros y la mayoría conservadora gana en cuestiones como la declaración en contra de la amnistía (presentada antes de la propia tramitación de la ley en el Congreso) o el reciente rechazo al nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, la primera vez que ocurre en democracia. Cabe recordar que diez de esos 16 consejeros fueron propuestos por el PP durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Pese a la sinrazón del PP, el Gobierno parecer haber descartado la propuesta de modificar los tres quintos necesarios para la elección de los vocales a una mayoría absoluta, por lo que se pasaría de necesitar 210 votos a 176. Dicha fórmula fue descartada en 2020 ante un aviso de las instituciones europeas sobre la injerencia política en el poder judicial que supondría esta modificación.

En su reunión de esta semana con la vicepresidenta europea Vera Jourova y el comisario de Justicia Didier Reynders, Bolaños se comprometió a no rebajar las mayorías para renovar el CGPJ, pero también se mostró contrario a que los jueces elijan a sus representantes al considerar que se trata de un modelo gremial que dejaría con escasa cuota en el órgano a perfiles progresistas. Es decir, este método de elección prácticamente aseguraría una mayoría conservadora independientemente del color político que tenga el Gobierno.

En este contexto, Sánchez no está dispuesto a asumir una nueva legislatura sin renovar el CGPJ y se ha propuesto forzarlo cuanto antes. Según señaló este jueves en una entrevista en RTVE, este asunto es medular para definir "el futuro entendimiento entre PSOE y el PP". Ambos partidos estuvieron cerca del acuerdo en octubre de 2022, pero Feijóo se levantó en el último momento de la mesa por la modificación del Código Penal que Sánchez llevó a cabo para eliminar la sedición y rebajar el delito de malversación.

El presidente actual del CGPJ, Vicente Guilarte, se ha ofrecido para mediar entre socialistas y populares de cara a intentar renovar el poder judicial antes de que acabe el año. Pero en plena inflamación política por la amnistía, un acuerdo de PP y PSOE en materia judicial parece hoy, ciertamente, una mera película de ciencia ficción.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3054 en: 04 de Diciembre de 2023, 15:34:00 pm »
Ésto me recuerda, salvando las distancias, al patio del colegio, el balón es mío, sino elijo yo los equipos. . . me lo llevo

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3055 en: 05 de Diciembre de 2023, 08:54:55 am »

Bruselas insiste en la renovación del CGPJ antes de iniciar la reforma que pide el PP para su sistema de elección


“Insistir en la renovación e inmediatamente después iniciar una reforma con los estándares europeos”, ha dicho Reynders El PP ha amenazado este lunes con mantener el bloqueo, que ya dura cinco años, hasta que se cambie el modelo
El comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, y el ministro de Justicia de España, Félix Bolaños


04.12.2023
Tiempo de lectura
4 min.
La Comisión Europea ha pedido a España que debe renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de iniciar la reforma de ley que pide el PP para elegir a los miembros que lo componen, que este lunes han cumplido cinco años con el mandato caducado.

En una rueda de prensa desde Bruselas, el Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha insistido en que esa debe ser la prioridad antes de cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, que es la pretensión de Alberto Núñez Feijóo.

“Después de cinco años se hace más y más urgente la renovación”, ha dicho Reynders en una comparecencia junto al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras participar ambos en una reunión con sus homólogos europeos este lunes en la capital comunitaria.

“Insistir en la renovación e inmediatamente después iniciar una reforma en línea con los estándares europeos”, ha dicho Reynders el mismo día en que el PP ha amenazado con mantener el bloqueo hasta que se cambie el modelo, que está vigente desde 2001.

El PP dice que "no hablará" con Sánchez del CGPJ si no se modifica el sistema de elección: "Hay que despolitizarlo"
El PP dice que "no hablará" con Sánchez del CGPJ si no se modifica el sistema de elección: "Hay que despolitizarlo"
Reynders sostiene que la preocupación de la Comisión Europea es el bloqueo porque está afectando, además, al funcionamiento de la Justicia y ha admitido que reformar el sistema es más complicado que llegar a una renovación puntual del órgano de gobierno de los jueces.

La CE "preocupada" por la falta de renovación
“La Comisión Europea está abierta al diálogo y, si nos llega una propuesta que es objeto de un acuerdo de las fuerzas políticas en España la estudiaremos”, ha dicho Reynders sobre la posibilidad de que el proceso se realice como pide el PP. Pero ha reconocido que ese planteamiento es más difícil: “Los procesos de reforma llevan más tiempo que una renovación. Por ello se nos ocurrió primero la renovación y luego la reforma”.

En palabras de Reynders, Bruselas está "preocupada por la falta de renovación" del CGPJ desde hace cinco años. "Está muy claro que faltan nombramientos", ha dicho Reynders, que ha señalado en particular los que afectan al Tribunal Supremo y ha añadido que esa falta de designaciones implica "riesgos", ya que "cada vez hay menos decisiones tomadas por alguna jurisdicción".

Por su parte, el ministro español de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha achacado a la "falta de liderazgo" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la falta de acuerdo en el último intento hace un año de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y confió en que se abra ahora una nueva etapa en la que las relaciones se vayan "normalizando".

Sánchez acusa al PP de tener "rehén, preso y capturado" al CGPJ: "Es el caso más paradigmático de lawfare"
Sánchez acusa al PP de tener "rehén, preso y capturado" al CGPJ: "Es el caso más paradigmático de lawfare"
"Hace un año llegamos a un acuerdo con el Partido Popular tanto en los nombres de los 20 vocales titulares, de los 12 suplentes e incluso en una proposición de ley para reforzar la independencia de nuestra justicia. Y a ese acuerdo no se llegó por falta de liderazgo del señor Feijóo", ha dicho Bolaños.

El PP rechaza sentarse hasta que cambie la ley
Previamente, el PP ya ha dicho que no se va a sentar a hablar con el PSOE para renovar el CGPJ hasta que haya una nueva ley que suponga "la despolitización del CGPJ" y "los políticos dejen de meter mano en la Justicia" y si el PSOE no ofrece "garantías al respecto".

Así lo ha avanzado el portavoz del PP, Borja Sémper, que ha contestado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a instar al partido de Alberto Núñez Feijóo a sentarse a hablar sobre esta renovación en el día que se cumplen cinco años con el mando caducado en el CGPJ.

Sánchez ha acusado al PP de tener "rehén, preso y capturado" al CGPJ y ha dicho que es "el caso más paradigmático de lawfare o politización de la Justicia en España". Sémper ha calificado de "disparate" estas declaraciones de Sánchez y le ha afeado que "cuestione la separación de poderes en España".

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3056 en: 05 de Diciembre de 2023, 08:56:25 am »


"Controlaremos la sala segunda (del Supremo) desde detrás"


Ignacio Cosido.


No hay más preguntas, señoria.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3058 en: 10 de Diciembre de 2023, 11:58:31 am »


García Castellón y el ‘lawfare’ reversible: “línea roja” de protección a la dirección del PP y un centenar de casos archivados


A las instrucciones desproporcionadas contra la izquierda y los independentistas se suma la insistencia del juez de la Audiencia Nacional en no investigar a Cospedal o Rajoy en el caso Kitchen y a las masivas exculpaciones de cargos del PP madrileño en las causas de corrupción Púnica y Lezo
— El juez García Castellón contra los “enemigos” de España
La antigua secretaria general del PP y el juez del caso del espionaje a Bárcenas
La antigua secretaria general del PP y el juez del caso del espionaje a Bárcenas
Pedro Águeda

9 de diciembre de 2023 22:37 h
Actualizado el 10/12/2023 05:30 h
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La utilización de la justicia para atacar al adversario político tiene su reverso en la protección de uno de los contendientes. La actuación de Manuel García Castellón recoge indicios de ambas versiones de la politización de la justicia en los últimos años, tanto en la actuación desproporcionada contra la izquierda y los independentistas como en la protección de la principal formación de la derecha, el Partido Popular. Alrededor de la dirección del partido, el magistrado trazó una infranqueable “línea roja” para evitar una investigación, según denunció la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen. Para 270 investigados en las causas de corrupción Púnica y Lezo, el juez dictó autos de archivo; un centenar de ellos corresponden a cargos públicos del PP.

La negativa del juez a circunscribir la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas al Ministerio del Interior delimitó las responsabilidades en personas ajenas al Partido Popular, ya fueran los policías investigados o los políticos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. El ex ministro fue expulsado del partido; Martínez militó apenas dos años y rompió su carnet. Había indicios acumulados de que las maniobras contra el ex tesorero del PP eran conocidas -si no dirigidas- desde Génova, en cuyos despachos de la zona noble estaban los mayores interesados en que alcanzaran su objetivo.

El juez dictó el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, denominada Kitchen, el 29 de julio de 2021, último día laborable antes de las vacaciones estivales de aquel año. El recurso de la Fiscalía Anticorrupción llegó en septiembre. En él, los fiscales calificaban de “sorpresivo” el cierre de la investigación, cuando aún quedaban diligencias por practicar. Reconocían que los indicios contra los policías y los políticos de Interior eran más contundentes que contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el presidente Mariano Rajoy, pero ¿por qué no quería indagar el juez sobre los que apuntaban a la cúpula del PP?

En la página 67 del extenso recurso, Anticorrupción afirmó: “Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que se conocían al inicio de la pieza separada número 7 [Kitchen]”.

En el momento de los hechos que se investigaban, Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, pero ni desempeñaba un puesto en el Gobierno ni mucho menos en el Ministerio del Interior. Pese a ello se reunió en múltiples ocasiones con Villarejo, un policía ajeno a la causa judicial de Gürtel y la caja B pero que presumía de haberla cortocircuitado para que no alcanzara a la cúpula del PP. Consta en las anotaciones de su agenda, a la que Asuntos Internos y Anticorrupción dan credibilidad tras constatarla con hechos que están acreditados. En ellas se recogen las visitas a la sede del PP del comisario, por el garaje, sin que nadie pudiera verlo. También, los pagos que habría recibido de Cospedal, a través del jefe de gabinete de esta. E incluso la grabación en la que la entonces número dos del partido y su marido encargan “trabajos puntuales” al policía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó todos los recursos y apoyó el archivo de la causa.

El cierre de la instrucción también afectaba a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del Partido Popular. El juez había abierto una línea de investigación, mucho más incipiente, sobre si era cierto que Villarejo se comunicaba directamente con él, como el comisario había asegurado ante el Congreso de los Diputados. Cuando El País publicó meses después un audio en el que Cospedal pide por teléfono al comisario que “pare” la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad del dinero negro del partido, el juez tampoco vio motivos para reabrir la investigación. La instancia superior volvió a darle la razón.

Los indicios de que Cospedal habría dirigido las actuaciones tendentes a anular las causas judiciales contra el partido renacen en una pieza que lleva instruyéndose poco más de un año y de la que solo se supo cuando la Sala de lo Penal, esta vez en contra del criterio del juez, le ordenó reabrirla. Los magistrados consideraban que García Castellón no había practicado las diligencias mínimas solicitada por el principal perjudicado y le obligaron a llamar a declarar, entre otros, a María Dolores de Cospedal como testigo. Ese perjudicado, el abogado Javier Gómez de Liaño, acaba de solicitar nuevas diligencias sobre las que el juez debe decidir. La pieza trata de esclarecer una maniobra para atribuir delitos al entonces letrado de Bárcenas por orden de un “lobby jurídico” detrás del cual estaría el PP y la propia Cospedal.

Púnica, Lezo y tres ex presidentes madrileños
Manuel García Castellón regresó a su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en 2017. En aquel momento, el juzgado estaba empantanado con dos voluminosos casos de corrupción sobre la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid: Púnica y Lezo. Junto a los casos Gürtel y PP, se trataba de las causas que provocaban un mayor desgaste al partido: tres presidentes de la Comunidad de Madrid han estado imputados –Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González– así como el secretario general del PP provincial Francisco Granados. Los dos últimos han pasado largas temporadas en prisión.

En ambas causas de corrupción han resultado eximidos de responsabilidad 270 investigados, de los que un centenar son cargos del PP y otras personas vinculadas al partido, según un cálculo adelantado por El Plural. De las distintas piezas que componen las macrocausas hay una que ata a ambas y que destaca sobre el resto, la que investiga la financiación irregular del partido en Madrid. En la misma, García Castellón dictó el sobreseimiento provisional de 57 personas de las que 23 son cargos del PP.

En este cálculo se incluyen los archivos que fueron apoyados por la Fiscalía Anticorrupción o ratificados por la Sala de lo Penal, si bien algunos de los casos más destacados quedaron fuera de la causa con la oposición del Ministerio Público. Las fiscales del caso Púnica aspiraban al procesamiento de Esperanza Aguirre, pero una orden del fiscal jefe de Anticorrupción hizo que no firmaran el informe final en el que quedaba fuera la ex presidenta.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #3059 en: 10 de Diciembre de 2023, 17:47:06 pm »
Este Juez si no es corrupto lo disimula mal.