Autor Tema: Estos políticos...  (Leído 962735 veces)

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14160 en: 22 de Junio de 2020, 00:59:44 am »
Cada uno en su particular circunstancia, una entre algodones, el otro entre tornillos . . .

Entre tornillos, pero entre algodones comparado con la mayoría de los que viven entre tornillos...

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14161 en: 22 de Junio de 2020, 17:44:40 pm »
Supongo que dimitirá .
Si tu jodel chino........chino mealse en sopa. !Tu decidil!.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14162 en: 22 de Junio de 2020, 17:47:14 pm »

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14163 en: 22 de Junio de 2020, 23:26:07 pm »
Viendo cómo se conduce ese matrimonio de golfos redomados en su vida privada no quiero pensar cómo actuarían ostentando un cargo público.

No dudo que robarían desde el minuto uno amparados en el poder como unos Borbones cualquiera.

Desconectado Der Kaiser

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14164 en: 23 de Junio de 2020, 00:57:37 am »
Las 15 afirmaciones del juez que confirman el paso de Iglesias de víctima a verdugo en el caso Dina

El magistrado Manuel García Castellón ha confirmado la retirada de la condidición de perjudicado de Pablo Iglesias en el caso Dina.

https://www.libertaddigital.com/espana/2020-06-20/auto-iglesias-bousselham-caso-villarejo-1276659662/

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14165 en: 23 de Junio de 2020, 06:31:17 am »

coacciones y acoso diario
Irene Montero denuncia a una concejala de Vox por acoso en su domicilio

Según la denuncia, Gómez ha acudido a diario a las inmediaciones del domicilio para reproducir insultos y asegurar que "no va a parar" hasta que la ministra abandone España

AutorEFE

23/06/2020 00:08 - Actualizado: 23/06/2020 00:35

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción de Collado Villalba a la concejala de Vox en Galapagar Cristina Gómez Carvajal, por coacciones y acoso diario en su domicilio y redes sociales, según refiere la denuncia a que ha tenido acceso EFE.

La denuncia afirma que Cristina Gómez ha acudido a diario, durante el estado de alarma, a las inmediaciones del domicilio de Irene Montero para reproducir insultos y asegurar que "no va a parar" hasta que la ministra de Igualdad abandone su domicilio particular y, también, España.

Además, añade la denuncia que la concejala de Vox ha grabado y difundido en su red social de Twitter sus insultos, siendo cargo público en el Ayuntamiento de Galapagar, "lo que agrava e incide en la responsabilidad de su conducta".

La denuncia aporta enlaces a la red Twitter en los que se pueden ver las protestas delante del domicilio de Irene Montero en Galapagar e incluso, en uno de los vídeos colgados en la red social, la concejala de Vox dice que es la "21 cacerolada" y que “como todos los días, no faltamos a nuestra cita”.

Cristina Gómez, en su perfil de la red social Twitter, muestra su intención de acudir todos los días a la vivienda particular de la ministra de Igualdad "hasta conseguir que abandone el país con su familia destino Venezuela".


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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14166 en: 23 de Junio de 2020, 08:33:44 am »
Pero estos no eran los que decian que los escraches eran jarabe democrático???

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14167 en: 23 de Junio de 2020, 10:20:48 am »
Pero estos no eran los que decian que los escraches eran jarabe democrático???

Tomarlo en exceso o con periodicidad innecesaria tiene contraindicaciones...como cualquier fármaco.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14168 en: 23 de Junio de 2020, 10:40:43 am »
Una cosa es una protesta puntual y otra cosa un asedio al domicilio que no se ha hecho nunca.

Las élites corruptas ven en Podemos un enemigo que hay que eliminar por las buenas o por las malas, creo que existen cauces legales y democráticos para cambiar las cosas sin necesidad de utilizar ese tipo de violencia.

Vox nos trae las peores reminiscencias de tiempos pasados de caciques y dictadorzuelos.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14169 en: 23 de Junio de 2020, 15:02:21 pm »
Toma jarabe democrático jaja...., que se jodan y apechuguen las élites podemitas.

De los que cortan la Meridiana en Barcelona todos los días y joden a los que pasan por allí a diario, no decís nada...

Por no hablar de los escraches que hacian a menudo en la puerta de Soraya Saenz de Santamaría, y ahi no se cortaba la calle, ni siquiera había un dispositivo extraordinario en el domicilio,  y eso que la puerta estaba justo en la calle. Los Marqueses tienen muro y hay distancia desde el casoplón a la calle.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14170 en: 23 de Junio de 2020, 16:07:09 pm »
La PAH se concentró 1 vez en la puerta del domicilio..llamo para requerir, se identificó a 27 personas, a las que Soraya presento una querella que fue archivada.

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Desconectado Der Kaiser

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14171 en: 24 de Junio de 2020, 00:00:15 am »
Se identificó a 27, pero había más de 200.


Las caceroladas en las inmediaciones de la casa de los Marqueses son el jarabe democrático que tanto les gusta.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14172 en: 24 de Junio de 2020, 06:26:33 am »
Se identificó a 27, pero había más de 200.


Las caceroladas en las inmediaciones de la casa de los Marqueses son el jarabe democrático que tanto les gusta.

21 es para que se produzcan contraindicaciones.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14173 en: 24 de Junio de 2020, 07:25:58 am »
Nadie quiere "despejar la X"


PSOE, PP y Vox tumban la comisión de investigación sobre Felipe González y los GAL en la Mesa del Congreso

Los letrados del Parlamento sí avalaron que el Pleno del Congreso debatiera la creación de ese órgano que pedían EH Bildu, ERC, el Grupo Plural PNV y el apoyo de
Irene Castro Follow @irecr

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23/06/2020 - 11:45h

La Mesa del Congreso de los Diputados ha tumbado la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre "los vínculos y responsabilidades de los gobiernos presididos por Felipe González y los GAL" que impulsaron EH Bildu, ERC, el Grupo Plural y PNV. Fuentes parlamentarias han confirmado a eldiario.es que PSOE, PP y Vox han rechazado la iniciativa, que solo ha contado con el respaldo de Unidas Podemos en el órgano de gobierno de la Cámara Baja.

El rechazo de la investigación impulsada a raíz de una información sobre unos papeles de la CIA en los que fuentes anónimas apuntaban a que González estuvo detrás de la creación de un "grupo de mercenarios" para combatir a los terroristas "fuera de la ley"se produce a pesar de contar con el visto bueno de los letrados del Parlamento, que avalaban aceptar la solicitud para que se debatiera en el Pleno la creación de la comisión. La decisión de la Mesa impide incluso que se dé ese paso.

Los socialistas rechazan esa investigación porque sostienen que todo lo que tiene que ver con los GAL está "juzgado y sentenciado". En rueda de prensa, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha insistido este martes en que los referidos al GAL "son hechos que están investigados, juzgados y sentenciado hace más de 20 años". "Lo que hace ese informe de la CIA es recoger noticias de los medios de comunicación españoles. No hace otra cosa", ha remachado.

En todo caso, Lastra ha remarcado que el PSOE "condena" el terrorismo de los GAL. "Por supuesto, el PSOE condena cualquier tipo de terrorismo", ha zanjado.

Por su parte, Unidas Podemos se opuso en primera instancia a la creación de esa comisión al considerar que los cables de la CIA no aportaban "absolutamente nada nuevo que no se supiera ya".

Sin embargo, tras las críticas de la excandidata en Euskadi, Pilar Zabala, que llamó incluso a Pablo Iglesias para reprocharle ese posicionamiento, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique anunció la rectificación y el apoyo a la iniciativa. Esa posición –al igual que la discrepancia en cuanto a la investigación al rey Juan Carlos I– está pactada con el PSOE.

Desde el PP, su máximo líder, Pablo Casado, ya manifestó la semana pasada su oposición a que se investigara la supuesta relación de González con los GAL. "Dice Felipe González que su Gobierno parece el camarote de los hermanos Marx", recordó Casado en el Pleno del pasado miércoles al presidente Pedro Sánchez, en referencia a las recientes declaraciones del expresidente socialista: "Quizá por eso sus socios le quieren humillar investigándole en esta cámara, pero ya le adelanto que me opondré, por el respeto que yo sí le tengo".

Tras conocer el rechazo de la Mesa, la portavoz de EH Bildu –uno de los grupos proponentes de la comisión de investigación–, Mertxe Aizpurua, ha anunciado que su partido pedirá cinco comparecencias. En concreto, las de los exministros del Interior José Barrionuevo, Juan Alberto Belloch y José Luís Corcuera, el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera –Vera y Barrionuevo fueron condenados por el GAL–, y el exmagistrado Baltasar Garzón "que instruyó y juzgó algunas de las acciones del GAL".

Finalizada la Junta de Portavoces se han posicionado sobre este asunto tanto el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, como el de Ciudadanos, Edmundo Bal, ambos para mostrarse en contra de la investigación parlamentaria del caso GAL.

Espinosa explicó que Vox no pretende con su negativa defender a González, pese a que tuvo un importante papel en su opinión durante la Transición, respaldando a la Monarquía y renunciando al marxismo. El motivo del rechazo de la formación de Abascal es por el interés que ven en algunos grupos, en alusión a Unidas Podemos y a los partidos nacionalistas e independentistas, de seguir "socavando todo lo logrado por el régimen de la Constitución de 1978".

Por su parte, Bal no dudo en calificar de "buena noticia" que la Mesa del Congreso haya inadmitido la propuesta porque "se trata de algo que ya fue juzgado en su momento" y eso demuestra que "la Justicia funciona en España".

El portavoz de Cs ha sugerido a EH Bildu, uno de los grupos que han impulsado la petición, que traiga a la Cámara "una comisión para investigar  los más de 300 asesinatos de ETA que siguen sin esclarecerse". "Pero eso a Bildu no le interesa", ha añadido el portavoz adjunto de Ciudadanos, porque, en su opinión, la formación abertzale "solo quiere erosionar los principios básicos de la democracia española".

Al partido de Arrimadas no le ha extrañado que el PP - que en su día pidió la dimisión de González por el caso GAL- y Vox se hayan sumado al rechazo de la iniciativa porque "el único voto posible era negarse  a esa comisión de investigación planteada por Bildu con el único propósito de cuestionar nuestra democracia", ha insistido.


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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14174 en: 25 de Junio de 2020, 12:25:17 pm »

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14175 en: 25 de Junio de 2020, 17:04:43 pm »
Cuando te vienes arriba...

https://youtu.be/pBdBOHvfsLQ

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« Respuesta #14176 en: 25 de Junio de 2020, 18:05:27 pm »
Qué dimita, no le queda otra.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14177 en: 27 de Junio de 2020, 06:40:53 am »
Nadie quiere "despejar la X"


PSOE, PP y Vox tumban la comisión de investigación sobre Felipe González y los GAL en la Mesa del Congreso

Los letrados del Parlamento sí avalaron que el Pleno del Congreso debatiera la creación de ese órgano que pedían EH Bildu, ERC, el Grupo Plural PNV y el apoyo de
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Rafael Vera: "Felipe González no es la 'X' del los GAL"

Carga contra el PSOE de Sánchez por su "tímida" respuesta a la ofensiva de Bildu, con el apoyo de los nacionalistas y Podemos, para "resucitar" los GAL. "Está coaccionado por sus socios de gobierno", afirma en declaraciones a 'Vozpópuli'

Alberto Sierra

Publicado 27.06.2020 - 04:45


Es uno de los ex responsables policiales condenados por los GAL y, pese a ser indultado posteriormente, su nombre quedó manchado para siempre por la llamada 'guerra sucia' contra ETA. Al recibir la llamada de Vozpópuli, Rafael Vera se muestra reticente inicialmente a hacer declaraciones: "Me ha producido mucho disgusto y asco ver cómo se ha vuelto a sacar a la luz esto de la 'guerra sucia'. Es un tema que está muerto y ya fue juzgado".

Tras las suspicacias iniciales, el ex secretario de Estado para la Seguridad comienza a desahogarse y permite ser entrevistado. Termina hablando alto y claro sobre el informe desclasificado de la CIA y la ofensiva de Bildu, apoyada por PNV, ERC, JxCat la CUP, BNG y Podemos para investigar en sede parlamentaria el presunto papel del expresidente Felipe González en los GAL. Una comisión de investigación vetada esta semana por PSOE, PP y Vox en el Congreso, y que los abertzales y nacionalistas intentan impulsar ahora en el Senado.

"Felipe González no es la 'X' de los GAL, lo puedo decir con rotundidad", señala Rafael Vera en declaraciones a este periódico. "A estas alturas no me preocupa decir nada. Se me quiso colocar en la bóveda de aquella 'guerra sucia' y lo que acabó quedando acreditado después del proceso judicial es que yo fui precisamente quien acabó con eso", añade.

    "El PSOE actual está coartado y coaccionado por sus socios, y creo que eso le impide dar una respuesta contundente a esta iniciativa. Me refiero a Podemos y a ERC, pero también a Bildu"

Su voz es la de un hombre decepcionado con la situación política actual y con el PSOE de Pedro Sánchez, que, según sus palabras, ha reaccionado de forma "tímida" a la ofensiva parlamentaria de Bildu, PNV, ERC y Podemos para "resucitar" los GAL.

"El PSOE actual está coartado y coaccionado por sus socios, y creo que eso le impide dar una respuesta contundente a esta iniciativa. Me refiero a Podemos y a ERC, pero también a Bildu, con quien han llegado a acuerdos puntuales a pesar de que, hasta donde yo recuerdo, todavía no han condenado ni pedido perdón a la sociedad vasca y española por los casi mil muertos provocados por ETA", indica Vera.

"A mi me gustaría recordar a los dirigentes socialistas de hoy que muchos de los políticos asesinados eran precisamente del PSOE. Lo que hubiese esperado es que, además de vetar la investigación en el Congreso, el PSOE de Sánchez hubiera reaccionado a la propuesta de Bildu exigiendo una comisión de investigación por los más de 350 asesinatos de ETA que aún no han sido esclarecidos", indica.
La 'X', Damborenea y Barrionuevo

Como hoy hace Vera en Vozpópuli, el pasado domingo el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, criticó a "aquellos que desde las filas socialistas están tirando piedras contra la honorabilidad de Felipe González".

En un artículo en El País, Rodríguez Ibarra terminaba diciendo: "Si quieren llegar a la verdad, en lugar de difamar, consulten con personas que, en aquellos tiempos en aquellos tiempos tan convulsos y en aquellos años de plomo, colaboraron estrechamente con el entonces secretario general del PSE, Ricardo García Damborenea".

"Respeto profundamente la opinión de Rodríguez Ibarra, pero yo no voy a apuntar hacia nadie", indica Rafael Vera al ser preguntado por ese artículo. "Damborenea era un hombre valiente que en los peores años siempre dio la cara sobre el terreno. En la vida política en el País Vasco de aquellos años, aparte del nacionalismo, solo existía el PSE. Por eso mataron a Enrique Casas, le asesinaron para amenazar al Gobierno del PSOE y que nos mantuviésemos al margen del País Vasco", afirma.

    "Esta investigación la están moviendo los malos. Me duele que hayan impuesto su narrativa y que a estas alturas parezca que todos eran iguales. ¡No! Unos mataban y asesinaban y los otros tratábamos de impedirlo"

Como viene sosteniendo desde hace más de veinte años, Vera asegura que nunca hubo una 'X' en los GAL. "Está demostrado que la 'guerra sucia' venía desde la época del franquismo y se mantuvo durante el Gobierno de la UCD a través de grupos como la Triple A o el Batallón Vasco Español", añade.

"El juicio se intoxicó mucho por la política y el juez Garzón se vio influenciado por esas intromisiones políticas que quisieron buscar en el 'Sr. X' el vértice de un supuesto triángulo que nunca existió", asegura Vera a este periódico. "Y ya se sabe que cuando la política entra en la Justicia, la justicia sale por el balcón".
"Quienes están moviendo esto son los malos"

"Asco". Esa es la palabra que utiliza el exsecretario de Estado de Seguridad Interior para definir la ofensiva de Bildu en el Parlamento la investigación contra Felipe González. "Hablemos primero de los 350 muertos cuyos asesinatos a manos de ETA aún están por esclarecer", señala Vera.

"Esta iniciativa la están moviendo los malos. Me duele que hayan impuesto su narrativa y que a estas alturas parezca que todos eran iguales. ¡No! Unos mataban y asesinaban y los otros tratábamos de impedirlo. Esto está motivado por las elecciones vascas y no hay ningún interés por la búsqueda de la verdad", señala Vera.

"La verdad es que en aquellos tiempos el ministro Barrionuevo fue el que ordenó la liberación inmediata de Segundo Marey. Yo me adjudico el error de haber ordenado detener en Francia, sin permiso de las autoridades francesas al entonces jefe político y militar de ETA, José María Larretxea Goñi", admite Vera.
La detención de Larretxea y el asesinato de Martín Barrios

Era octubre de 1983. ETA tenía secuestrado al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios. "Nos habían dado un ultimátum de 48 horas o si no le iban a matar. Teníamos la ubicación de Larretxea Goñi y detenerle era la única forma de salvar al capitán Martín Barrios. Quisimos detenerlo cometiendo una ilegalidad, tres GEO acabaron detenidos por Francia, que entonces era un santuario para los etarras, y Martín Barrios fue asesinado".

Vera, que por aquel entonces fungía como Director General de la Seguridad del Estado, compara aquello con el secuestro y posterior asesinato, en 1997, de Miguel Ángel Blanco. "Los políticos nunca se movieron hasta que ETA empezó a asesinar a políticos. Me cabrea mucho que, cuando los asesinados eran militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nunca se quiso confrontar a ETA como se hizo después".

"Cuando volví al Ministerio del Interior en 1984, ya como secretario de Estado de Seguridad y bajo el mando de Barrionuevo, lo que hice fue acabar con esa guerra sucia. Ordené cesar cualquier actividad ilegal e hice lo que pude", señala.

- ¿Cómo es su relación actual con el exministro Barrionuevo?, le pregunta Vozpópuli al término de la entrevista. "No tengo contacto con él desde hace años. Cuando pasó lo del juicio cada uno nos enrocamos en nuestros propios problemas", señala Vera. "En la política, como usted ya sabrá, no hay amigos".



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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14178 en: 28 de Junio de 2020, 06:41:00 am »


Macarena Olona, en el Congreso, y su padre Pablo Olona. E.E.

La desgracia de Olona: el padre misterioso del que no habla y sus lazos delictivos con los Pujol

Su progenitor se fugó a Andorra y fue extraditado. Con participación en sociedades en Panamá, habría ayudado a Pujol Ferrusola en sus negocios.
28 junio, 2020 04:29

Diego Rodríguez Veiga @diegoricks

El 6 de abril de 2016 -era miércoles- las autoridades de Andorra entregan a la Policía Nacional española a un prófugo de la justicia. La extradición tuvo lugar a mediodía, en el paso fronterizo de La Fraga de Moles. Con ella, llegaba a su fin la orden de búsqueda que la Interpol había emitido el anterior 9 de febrero. Aquel hombre se había fugado en un permiso penitenciario y, sobre todo, era -y es- una pieza clave para entender la fortuna de los Pujol en el paraíso fiscal que es Panamá.

A 500 kilómetros de la frontera, ese mismo 2016, la hija del prófugo se labra una reputación de mano dura contra la corrupción como abogada jefe del Estado en País Vasco.
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El hombre es Pablo Olona Cabasés, un empresario leridano que había sido condenado por insolvencia punible y que presuntamente había ayudado a la familia Pujol a aterrizar en Panamá. La hija es Macarena Olona, actual diputada en el Congreso de Vox.

Cada vez que Macarena Olona (Alicante, 1979) habla en las escasas entrevistas que concede, siempre cuenta que su infancia fue muy dura. Dice que tiene a su madre por heroína, porque las crió a ella y a su hermana en absoluta soledad. Del padre nunca habla, como si lo hubiera perdido en un episodio traumático o si se hubiera marchado a por tabaco y nunca más se supo. Es un misterio.

Es que uno no elige a sus padres. Sí que puede elegir romper con la estela de lo que fueron y, como en el caso de la abogada del Estado en excedencia y una de las líderes de Vox, convertirse en una persona de orden. EL ESPAÑOL ha podido saber que el progenitor de la diputada de la formación ultraderechista es Pablo Olona, una herencia de la que Macarena no se debe sentir muy orgullosa: a fin de cuentas, la carrera de ella ha ido en el sentido contrario, como intentando remendar algo.
Pablo Olona, segundo por la derecha, según una fotografía publicada en 'El País' en 2007.

Pablo Olona, segundo por la derecha, según una fotografía publicada en 'El País' en 2007. E.E.

Del empresario catalán que da el apellido a Macarena en realidad se sabe relativamente poco. Es de Lleida, tiene 66 años de edad, es cercano a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del clan de los Pujol, que está en prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales. También tiene vínculos con el empresario Javier de la Rosa, condenado por el caso Grand Tibidabo e implicado en el caso KIO y con el exabogado de Jordi Pujol, Joan Piqué Vidal, condenado por blanquear dinero de los narcotraficantes del cartel de Sinaloa.

En medio de estas corruptelas es frecuente el nombre de Pablo Olona. Su nombre aparece en 21 empresas españolas, muchas de ellas dedicadas al sector inmobiliario, y, en, al menos, tres sociedades en Panamá. Además, EL ESPAÑOL ha podido comprobar que Pablo Olona también figura en una empresa con Antonia María Choclán, Toñi, madre de Macarena Olona. La empresa, ya extinta, era propiedad de la madre de la diputada de Vox y el padre figuraba como socio. De nombre Torre Garrofer S.L., la empresa se creó en 1992, cuando la líder de Vox tenía 13 años.

A pesar de que ambos padres de Macarena Olona tuvieron relación al menos hasta que ella cumplió esos 13 años, su hija siempre que puede le borra a él del mapa, nunca lo menciona. En su vida, en cambio, ha apostado por combatir contra la corrupción, pagando las facturas que ello conlleva, hasta que se adentró en el mundo de Vox y ha venido a convertirse en el ala más dura de la formación. Su lucha ahora es España. O al menos la idea que Vox tiene de España.
El hombre de los Pujol

La extradición de Pablo Olona Cabasés se produjo un mes después de su detención por parte de las autoridades andorranas el día 3 de marzo de 2016. El padre de Macarena había estado cumpliendo una condena de tres años y tres meses en España y, en un permiso penitenciario, jamás volvió a prisión. Según estimaron las autoridades, llevaba en el principado desde diciembre de 2015 tras su fuga y en febrero del año siguiente la Interpol en Madrid dictó una orden internacional para capturarle.
Jordi Pujol Ferrusola, a la entrada de la Audiencia Nacional, en 2017.

Jordi Pujol Ferrusola, a la entrada de la Audiencia Nacional, en 2017. Juan Carlos Hidalgo EFE

Esos casi cuatro meses que el padre de la diputada de Vox estuvo en Andorra, anduvo con total libertad. Se llegó a hospedar en dos hoteles distintos y también recibió atención médica en el hospital Nostra Senyora de Meritxell. Después de su detención, sus abogados le asesoraron que lo mejor iba a ser aceptar la extradición. Seguramente el desenlace sería ese de cualquier modo y, por lo menos, se podían evitar el tedioso protocolo. Tras ser devuelto a las autoridades españolas fue puesto a disposición de un juez de Seo de Urgel (Lleida) y ahí se le perdió la pista. Seguramente acabó en la Audiencia Nacional de Madrid, que tutela las extradiciones, definitivamente volviendo a la cárcel.

Pero si la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal española, andaba tan interesada en el desaparecido padre de Macarena Olona no era por su delito de insolvencia punible -que consiste en ocultar bienes cuando alguien se declara insolvente-. Según recogió el diario andorrano Altaveu -que ha publicado numerosas exclusivas de los Pujol- después de su extradición, Pablo Olona tenía una larga trayectoria de participaciones en empresas panameñas, al menos desde 1985. Presuntamente, habría estado detrás de sociedades en el paraíso fiscal como Carsa Holding Panama Inc., Villa Marina 9B S.A. o Olos Internacional y ayudaba a empresas españolas a cruzar el charco.

Presumiblemente, Pablo Olona había aprovechado esos vínculos en el paraíso fiscal para colaborar en los negocios que Jordi Pujol Ferrusola quería activar en Panamá. Además, también era cercano a Josep Piqué Vidal y Javier de la Rosa.

Según la noticia de 2016, en 2001 el padre de Macarena Olona tuvo que declarar como testigo en el juicio del caso Grand Tibidabo, que acabó con tres años de cárcel para Javier de la Rosa por apropiación indebida de 68 millones de euros entre 1991 y 1994. Olona, además, tendría vinculación con Piqué Vidal a través del proyecto Puerto Verde Panamá Atlántico. Ahí, Olona habría actuado como conseguidor para el abogado de Jordi Pujol, que acabó recibiendo una condena por blanquear dinero para los narcotraficantes del cartel de Sinaloa.

A pesar de las amistades peligrosas del padre de Macarena Olona, no hay constancia de que haya vuelto a ser condenado tras su delito de insolvencia punible. Sin embargo, Hacienda atribuye a Jordi Pujol hijo nueve millones ingresados en Panamá. En septiembre de 2019, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata amplió el plazo para la investigación sobre el origen de la fortuna del expresidente de la Generalitat de Cataluña hasta marzo de 2021. Quizás el nombre del padre de Olona siga sonando en este tiempo.
Inmobiliarias en Alicante

Al margen de los vínculos que Pablo Olona guarda con el clan de los Pujol, EL ESPAÑOL ha podido comprobar que tiene o ha tenido diversas empresas en Alicante, localidad natal de Macarena Olona y donde a día de hoy su madre sigue residiendo. Destacarían las empresas Compañía Alicantina de Construcción S.A., en la que fue nombrado administrador único en 2004; Oriol Eurocosta S.L., donde figura como administrador desde 2001; Campos y Bosques Ibéricos S.A., nombrado administrador en el año 2000 y CBI Records S.L., de la que fue también administrador único nombrado en el año 1991.

Aunque la mayoría de las mismas, dedicadas principalmente a la construcción, ya no registra actividad, sus cargos coinciden en el tiempo con la empresa que creó junto a la madre de Macarena Olona.

El nombre de la misma es Torre Garrofer S.L.. Fue constituida en Madrid en 1992 -en la Avenida Pablo Iglesias, que recibe el nombre del fundador del PSOE- y más tarde, en 1999, trasladada a Alicante. Según la documentación a la que ha accedido este diario, Pablo Olona fue socio de esa empresa y Toñi, la madre de Macarena, además de como socia figura como administradora única. Según lo que se recoge en el BORME, el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Torre Garrofer cerró en 2007 y la liquidadora fue la propia madre de Macarena Olona, una mujer a la que definen como fuerte y luchadora y que ha salido adelante pese a la situación familiar.

Toñi Choclán, ella misma, también lleva años dedicándose al sector inmobiliario. Cuatro años después de formar la empresa junto a su pareja Pablo Olona, ella creó otra y sigue activa a día de hoy. Constituida el 17 de julio de 1996, la empresa de la madre es una conocida inmobiliaria ubicada en Alicante. Desde su creación, la administradora única es Toñi. En el año 2014 se nombró como apoderada de la misma a Lucía Olona Choclán, la hermana de la diputada de Vox.

Además, en la actualidad la madre de la política también es administradora de una empresa radicada en Alicante y que se dedica al sector de la construcción. Por otro lado, ha sido socia y administradora de otras cinco empresas de Alicante. En la mayoría de ellas coincide en fechas y lugar con los negocios de Pablo Olona en la ciudad de la Comunidad Valenciana.
Lucha contra la corrupción

Al igual que pasó con los marxistas de la Escuela de Frankfurt, que renegaron del origen burgués de sus progenitores, Macarena Olona ha seguido una vida muy distinta a la de su padre. No ha querido participar en el negocio inmobiliario, al que se han dedicado sus padres y hasta su abuelo materno. No ha querido integrarse en ninguna empresa como su hermana Lucía. Se ha dedicado a luchar contra la corrupción. Ahora que se conoce quién es su padre, es como si la diputada de Vox, en su vida al margen de la política, estuviera intentando desdibujar las líneas que había trazado el que le da el apellido.

Cuando se le pregunta al departamento de prensa de Vox por los años tempranos de Macarena Olona la respuesta es siempre la misma. Que su vida privada no ha sido fácil y que no se quiere pronunciar sobre ello. En esa dificultad, inevitablemente, planea la trayectoria de Pablo Olona. Y es que ella siempre dice que fue criada por su madre, Toñi, en soledad, que es hija de madre soltera.

Uno de los tiempos que guarda con mayor dureza en su memoria es el que transcurrió entre 2003 y 2009, el tiempo que estuvo opositando. Tras graduarse en la Universidad de Alicante, con premio extraordinario en la carrera de Derecho, Olona comenzó las oposiciones para ser abogada del Estado. Cuentan los que la conocen, los que han hablado con ella de esa etapa, que fue muy dura. Estaban solas, ella, la madre, la hermana, y tenían que arrimar el hombro.

Cruzando ahora las cronologías, esto significa que si bien Pablo Olona sí que estaba ahí en 1992, cuando se hizo socio de la empresa de la madre, 10 años después ya no formaba parte del mapa. Ello a pesar de que en esos años seguía teniendo actividad empresarial en Alicante.

Tras un primer destino en Burgos, Olona acabó cayendo como abogada jefe del Estado en País Vasco, en 2013. Además de perseguir a la izquierda abertzale, se especializó en procesos concursales que tenían como benefactores a cargos del PNV. Su presencia se hizo incómoda y el PNV pidió su cabeza a Mariano Rajoy como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, por lo que fue cesada en 2017 y llevada a la secretaría general de la empresa pública Mercasa. Ahí siguió con su impronta.

En Mercasa -donde llegó cuando la sede ya había sido registrada por la UCO de la Guardia Civil- comenzó una investigación interna desde el seno de la organización para depurar las numerosas corruptelas que también tenían lugar ahí. Empezó a mandar información clave al juzgado para esclarecer responsabilidades y, antes del juicio y de poder declarar en él, en octubre de 2018, fue de nuevo cesada. Mercasa en este momento estaba controlada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

De la misma forma que la trayectoria de su padre pudo llevar a Macarena Olona a luchar contra la corrupción, esta traición que sintió por parte del PP y del PSOE podrían explicar su acercamiento a Vox. Y desde que entró ahí, en marzo de 2019, ha ido reclamando poco a poco su sitio. Se ha convertido en el ala dura, en la que grita en el Congreso de los Diputados y llama sepulturero al presidente del Gobierno. En lo personal, seguirá con esa imagen dulce que transmite; en las entrevistas, hablará de lo que cree que necesita España, de su combate cuerpo a cuerpo contra la corrupción en años anteriores, de cómo es hija de madre soltera… pero nunca hablará de Pablo, su padre.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #14179 en: 29 de Junio de 2020, 06:14:55 am »
Que se compra?


Las 'puertas giratorias' se disparan: 174 casos de altos cargos en apenas dos años

La Oficina de Conflictos de Intereses ha otorgado desde el 1 de junio de 2018 un total de 174 autorizaciones para que ex altos cargos puedan ejercer actividades privadas tras ocupar puestos en la Administración

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría tras su fichaje por el despacho Cuatrecasas. EP
Diego Molpeceres

PublicadoHace 1 horas

La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), el órgano del ministerio de Política Territorial y Función Pública encargado de prevenir las denominadas puertas giratorias, ha dado en los últimos dos años el visto bueno a 174 peticiones de ex altos cargos para incorporarse a actividades privadas tras su paso por la Administración pública.

En los primeros doce meses tras la salida de La Moncloa del expresidente Mariano Rajoy se concedieron 94 permisos para ejercer actividades profesionales o para el ingreso en empresas. Desde junio del año pasado, se ha dado luz verde a otras 80 peticiones para trabajar en compañías o participar en entidades privadas dentro del período de dos años en el que los ex altos cargos están sujetos por ley a una autorización previa.

"Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado", dice el tenor literal del artículo 15 de la ley de altos cargos. Pero hay margen para la interpretación y muy pocas peticiones son denegadas.

Algunos solicitantes han recibido hasta una decena de permisos para ejercer actividades o profesiones por cuenta propia. En otros casos simplemente han sido autorizados para reingresar como cargos orgánicos en sus partidos o impartir clases en entidades privadas de enseñanza superior. Según el último informe semestral elevado por el organismo a las Cortes Generales, había 666 altos cargos en activo a 31 de diciembre de 2019.

De la Administración a la empresa

La última autorización concedida -según refleja el Portal de la Transparencia con datos de la OCI- es la del ex director general de la sociedad mercantil estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (dependiente del Ministerio de Economía) que cesó el pasado 19 de noviembre y fichó por la empresa Citibanamex como director de ciberseguridad.

En el ámbito económico se ha autorizado a la ex directora general de Análisis Económico del Ministerio de Economía Pilar Mas Rodríguez a entrar como analista del Grupo BBVA, tras el cese en la Vicepresidencia de Asuntos Económicos en  febrero con la reforma del equipo de Nadia Calviño. También se ha dado el visto bueno para que el ex secretario general técnico del mismo ministerio, José María Alonso Monforte fiche por el despacho Latham & Watkins en España. Su homólogo en Justicia hasta enero, José Amérigo Alonso, recibió luz verde para entrar como socio de PwC Tax & Legal Services.

Sector militar

En el ámbito militar, la OCI ha dado el visto bueno para que el ex segundo jefe del estado mayor de la Armada José Luis Urcelay se incorpore en labores de asesoramiento a la compañía Maxam tras cesar el pasado agosto. En septiembre también fue autorizado a trabajar para la consultora tecnológica Oesía y, en octubre, para Abengoa.

Dentro del ámbito de Defensa se ha autorizado además al que fue jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta el año pasado, Miguel Alcañiz, a integrarse como asesor en la firma Dynamics Santa Barbara Sistemas, especializada en la fabricación de armas. José Carrasco Gabaldón, ex jefe del mando de adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra, recibió el visto bueno para incorporarse como asesor estratégico en la empresa Everis Aeroespacial. Además, el ex secretario de Estado de Defensa Agustín Conde también pudo fichar por la compañía de armamento Escribano Mechanical & Engineering.

Catalá, Cospedal, Tejerina...

Entre las últimas autorizaciones también hay nombres de exministros como Pedro Morenés, que cesó como embajador en Estados Unidos en septiembre de 2018. La OCI le autorizó a incorporarse como presidente del consejo de administración de la firma Kuitver Energía S.L y de Amper Ingenio. También se dio luz verde a la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para incorporarse al despacho Albiñana & Suárez de Lezo-CMS. Esta última autorización ya no está vigente, al igual que la concedida a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para fichar por Cuatrecasas o a la extitular de Agricultura Isabel García Tejerina para ser asesora en Ernst & Young, pues hace pocas semanas se cumplieron los dos años de su cese.

En este tiempo, el exministro de Justicia Rafael Catalá ha recibido en total seis autorizaciones para incorporarse como presidente del consejo de administración del Grupo Belagua -propietario de los hoteles AC-, como asesor del despacho Herbert Smith Freehills o como consultor de la agencia Kreab. Y la también exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez tampoco encontró objeciones para integrarse en el consejo de Administración de los laboratorios farmacéuticas Rovi. Asimismo, la ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Carmen Vela Olmo recibió luz verde para incorporarse al patronato de la fundación de la farmacéutica Astrazeneca.

DGT, AEAT, SEPI, Aena, Renfe...

Luis Sánchez González, exdirector de departamento de Inspección Financiera y Tributaria en la Agencia Tributaria durante la etapa de Cristóbal Montoro, recibió el visto bueno para fichar como responsable del área fiscal de El Corte Inglés. A la misma compañíaha ido también el ex secretario general de Agricultura y Alimentación Carlos Cabanas Godino. La expresidenta de la SEPI, Pilar Platero, pudo dar el salto al consejo de administración de Logista.

Por su parte, el expresidente de Aena, Jaime García Legaz, cuenta con nueve autorizaciones distintas para incorporarse a diversas compañías y centros privados de enseñanza superior. El expresidente de Renfe, Juan Alfaro, fue autorizado para fichar por la consultora Deloitte y el ex director general de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, recibió luz verde para ejercer como consultor en materia de transportes en dos firmas relacionadas con el transporte, Greserway y Sanse Consultores. El expresidente de la entidad pública Mercasa David Martínez Fontano pudo fichar sin problema por la cadena Makro.

Pocas denegaciones

A lo largo de sus 14 años de vida, la OCI ha recibido críticas por su capacidad para vigilar y garantizar que los ex altos cargos cumplen la normativa. El propio Tribunal de Cuentas afeaba en un informe de 2014 que la OCI se limitaba a gestionar las declaraciones de bienes, sin verificarlas ni investigar su contenido. El órgano apenas ha denegado un puñado de solicitudes desde 2006. 

La ley establece que los ex altos cargos deben realizar durante los dos años siguientes una declaración sobre las actividades que vayan realizar con carácter previo a su inicio. Asimismo, tienen que entregar una declaración de bienes y de actividades al comienzo y al final de su mandato. La Audiencia Nacional fallaba esta semana contra la OCI por negarse a facilitar a una periodista los nombres de altos cargos que no las habían presentado en plazo.