Interior hace los últimos ajustes al plan de urbanización de la zona de la antigua cárcel de Carabanchel
El reemplazo de una vía de coches por un corredor peatonal, la protección de un acueducto romano y el compromiso de crear un museo sobre la prisión franquista son algunos de los cambios
Render del jardín y paseo peatonal que se desarrollará en el entorno de la Ermita de Santa María La Antigua.
SIEPSE
ANA PUENTES
Madrid - 18 ABR 2024 - 05:00 CEST
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Se están dando los últimos ajustes al proyecto urbanístico en los terrenos de la demolida cárcel de Carabanchel, centro penal del franquismo. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepse), del Ministerio del Interior, ha hecho cambios al proyecto de urbanización, uno de los últimos pasos antes de pasar a la licitación, adjudicación y construcción de un desarrollo urbano en un solar de 172.000 metros cuadrados donde se proyectan 640 viviendas, un 61% libres y un 39% de protección pública. El enorme terreno, ubicado en el sur de Madrid junto al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid (CIE de Aluche), ha sido el epicentro de una disputa entre los vecinos, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid por cómo se ha diseñado el plan en los últimos 15 años. Costará 40 millones de euros y shora, es momento de hacer los retoques finales antes de empezar la urbanización.
Uno de los principales cambios que hará la Siepse, propietaria de la mayor parte del terreno, será eliminar la vía de cuatro carriles que atravesaba el parque Eugenia de Montijo y que afectaba a zonas de interés histórico. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por otra parte, se ha comprometido a construir un centro que explique la historia de la cárcel y, además, habrá intervenciones para proteger un acueducto romano y la ermita de Santa María La Antigua, el templo mudéjar más antiguo de Madrid.
El concejal socialista Antonio Giraldo ha asegurado que los cambios se han hecho tras escuchar los reclamos vecinales. “En estos 15 años hemos aprendido que no podíamos seguir haciendo las cosas como se pensaron entonces y que la movilidad sostenible y los entornos verdes son más necesarios que nunca”, ha afirmado Giraldo, portavoz de Urbanismo del PSOE madrileño. Todos estos cambios se han explicado a una docena de representantes de organizaciones vecinales en una reunión informativa la tarde de este miércoles.
Los ajustes al proyecto abren un nuevo episodio de la historia de la urbanización de esta zona del sur de Madrid, que comenzó tras la demolición de la cárcel en 2008 y que se ha dilatado en una larga espera alrededor de un solar vacío. Siepse y el Ayuntamiento de Madrid firmaron el primer convenio urbanístico en 2009, que fue modificado varias veces hasta llegar a la última versión en 2022. En 2023, ese texto se aprobó en el pleno municipal. Ahora, lo que está por aprobarse es el proyecto de urbanización definitivo. Ese documento entrará en fase de alegaciones para llegar a una versión definitiva y aprobada. Será entonces cuando comience el reparto de la docena de parcelas y la concesión de licencias. Se calcula que tardarán seis meses en licitar el proyecto, que tiene tres fases. En unos dos años, aproximadamente, se verán las primeras máquinas en el solar. De momento, no se sabe cuándo estará listo todo el desarrollo.
Los terrenos del proyecto actualmente son propiedad Siepse y, en una pequeña proporción, de la inmobiliaria Pryconsa S.A. Del área de su propiedad, Siepse cederá una parcela al Ayuntamiento para la construcción de un hospital, otra para un “equipamiento básico de bienestar social”, cinco zonas verdes y la red viaria. Otras tres parcelas las venderá en subasta a privados para edificar las viviendas. Con el dinero recaudado de la venta de esas parcelas, esperan poder financiar el proyecto, según Siepse.
Los terrenos de las 250 viviendas de protección pública básica están adjudicadas a Siepse y el Ayuntamiento. Los cerca de 390 de viviendas libre están en parcelas de Pryconsa y de Siepse. Para construir las viviendas, se contratará a empresas. El concejal socialista reconoce que, aunque más de la mitad de los pisos son vivienda libre, la mayor parte de lo que se gane con su venta, se revertirá al Estado. “Siepse financiará la operación y revertirá en nuevos equipamientos necesarios. El promotor, a diferencia de la mayoría de los planes de este tipo, y de lo que el Ayuntamiento de Madrid acostumbra, es 100% público”, ha detallado Giraldo. Siepse también estará a cargo de una parcela donde se construirán oficinas y de otra que tiene calificación de equipamiento educativo.
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Terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.
ANA PUENTES
Paralelo al trajín burocrático han estado las luchas vecinales, que han alzado la voz para proteger el parque de Eugenia de Montijo, una vía pecuaria, la ermita, los vestigios romanos y la memoria de lo ocurrido tras los muros de la cárcel, que se levantó tras la Guerra Civil por órdenes de Francisco Franco y que funcionó hasta 1998. Los residentes también han estado alerta para exigir equipamientos sociales como un hospital, residencias de mayores, entre otras mejoras que necesita el distrito de Carabanchel. Presentaron alegaciones al convenio de 2022 y, al no sentirse escuchados, crearon hace menos de un año la plataforma Salvemos Eugenia de Montijo.
El encuentro de este miércoles ha llegado para contar los últimos ajustes del proyecto de urbanización. Los cambios no serán en cuanto al reparto a la docena de parcelas ni de lo que se construirá en cada una de ellas, sino en la zona de uno de los viales de acceso, de la Ermita y de la zona de los vestigios del acueducto romano.
Un ajuste clave será la supresión de la extensión de la avenida de los Ingenieros ―con cuatro carriles― que iba desde la estación de metro de Eugenia de Montijo hasta la ermita y que, ahora, será reemplazada por un “corredor verde peatonal y ajardinado”. Sin embargo, sí se conservará la vía que va desde este templo hasta la avenida de Los Poblados. Giraldo explica que la calle que sí se ha suprimido evitará afectar al parque y, además, permitirá “integrar los previsibles restos de una canalización del antiguo poblado romano que discurre bajo tierra”.
Ese, justamente, será el segundo cambio. En el entorno de la ermita, hoy cercada por un aparcamiento, se desarrollará un jardín y un paseo peatonal para recuperar el espacio público alrededor del templo y para integrar los vestigios romanos con paneles informativos y una línea roja en el suelo que dé cuenta de por dónde pasa ese acueducto bajo la tierra. Un estudio arqueológico hecho entre 2021 y 2022, que hizo 127 catas, detectó tres pozos, canalizaciones y restos de interés histórico. A futuro, durante las obras, se documentarán nuevos hallazgos y se contratará un servicio de vigilancia arqueológica.
Otro de los anuncios es el compromiso del Secretario de Estado de Memoria Democrática de construir un museo que cuente la historia de la cárcel. Una vez se reciban las parcelas, se convocará a un concurso de ideas para que los vecinos y otros ciudadanos interesados participen de la creación del espacio que, de acuerdo con el PSOE madrileño, ya tiene una partida presupuestaria. “En mi opinión, la demolición de la antigua cárcel fue un error”, matiza Giraldo. “Sin embargo”, agrega, “era muy necesario sanar y cerrar de una vez por todas la brecha que existe en estos terrenos y dignificar no solo la ciudad, sino también la memoria del distrito”.
Aunque algunas de las asociaciones vecinales que han conocido los ajustes en la primera reunión informativa celebran la supresión de una parte de la vía y del desarrollo paisajístico alrededor de la ermita, advierten de que los cambios son “mínimos”. “Ha sido una decepción”, comenta Ángel Hernández, de la plataforma Salvemos Eugenia de Montijo. “Aunque es verdad que el vial principal se suprime, hay una parte que se mantiene. Además, muchas de las reclamaciones vecinales no se tuvieron en cuenta. “La vía pecuaria queda seccionada, no queda muy claro el proyecto de memoria de la cárcel y no se consiguen todos los equipamientos sociales que necesitamos”, enumera Hernández. Las organizaciones vecinales han confirmado que presentarán alegaciones una vez se abra convocatoria.
