!Cómo están los Cuerpos!

[47ronin]

Los policías condenados por entrar en pisos de las Tres Mil pierden su condición de funcionarios

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de inhabilitación para los agentes apodados «El Nazi» y el «El Corrupto»

JESÚS SPÍNOLA |Patrulleros de la Policía Nacional en las Tres Mil Viviendas
ABC
29/07/2017 13:21h - Actualizado: 29/07/2017 13:25h
El Gobierno central ha declarado la pérdida de la condición de funcionarios de los tres policías nacionales que fueron condenados a penas de entre tres y nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de agente de la autoridad o profesión relacionada con la seguridad por delitos contra la inviolabilidad del domicilio tras haber entrado en pisos de las Tres Mil Viviendas de Sevilla sin orden judicial.
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En tres resoluciones, consultadas por Europa Press, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, declara la pérdida de la condición de funcionarios de estos tres policías, que ya se encuentranjubilados, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena de inhabilitación que les fue impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla.
RELACIONADA

El Supremo inhabilita a tres policías por entrar en pisos de las Tres Mil
Nieto recuerda que, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, «la pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleados o cargos especificados en la sentencia».
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El pasado mes de marzo, la Sala de lo Penal rechazó el recurso presentado por J.D.R.Q., oficial destinado en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y «conocido en el submundo delincuencial por el apodo de «el corrupto»», que tendrá que cumplir seis años de inhabilitación y 5.400 euros de multa por dos delitos contra la inviolabilidad del domicilio.
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Asimismo, los magistrados condenaron a este agente a otros tres años de inhabilitación y a un año y medio de cárcel por un delito de encubrimiento.
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De igual modo, el Supremo confirmó la condena impuesta a otros dos agentes, como son el inspector J.L.R.M., que prestaba servicio en el Grupo de Reclamados de la Brigada Provincial de Policía Judicial y que era «conocido en el submundo delincuencial por el apodo de "el nazi"», y el agente J.M.S.M., que se enfrentan a tres años de inhabilitación y multa de 2.700 euros por un delito contra la inviolabilidad del domicilio.
Por el contrario, el Supremo sí estimó el recurso presentado por F.J.R.S., agente destinado en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, y lo absolvió del delito contra la inviolabilidad del domicilio por el que había sido condenado.
En la sentencia recurrida, la Audiencia Provincial absolvió a los agentes de otros siete delitos que le atribuía la Fiscalía, como son cinco delitos contra la inviolabilidad del domicilio, un delito de allanamiento de morada y otro delito de amenazas.
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El Supremo consideró probado que, el 24 de septiembre de 2012, una mujer denunció que un policía al que apodaban «el corrupto» «aporreaba las puertas y entraba en domicilios» de las Tres Mil Viviendas «llevándose dinero y droga», y que ese día sobre las 7.10 horas lo había hecho en su domicilio, «apoderándose de 165 euros».
En cuanto al delito de encubrimiento, el Supremo también relata los hechos acaecidos el 21 de abril de 2013, cuando una pareja se hallaba en el parque Celestino Mutis y fue abordada por dos varones y una joven que, «con exhibición de una navaja, les quitaron un móvil, 40 euros y una bicicleta».
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Uno de los policías acusados, J.D.R.Q., fue comisionado para acudir a la zona y atender a las víctimas, quienes le facilitaron las características de sus asaltantes, de modo que el agente pudo determinar la identidad de los autores, «conocidos delincuentes de la zona», entre ellos una prima de un presunto confidente de uno de los imputados.
Presunto confidente

Este supuesto confidente «se puso en inmediato contacto telefónico» con este agente y «le pidió el favor de que se ocultara la identidad de su prima, ofreciéndole sobre la marcha información sobre los autores a la par que hacía gestiones para la recuperación de lo sustraído».
Dejando a las víctimas en el vehículo policial, el acusado batió a pie la zona, de modo que con la información que telefónicamente iba proporcionando el supuesto confidente localizó una vivienda donde podía estar parte de lo sustraído.
Así, y una en zona próxima al lugar del robo, llegó a una vivienda de las Tres Mil Viviendas y, «tras aporrear su puerta, irrumpió» en la misma «sin permiso de los moradores ni autorización judicial, haciéndose con la bicicleta sustraída».
De manera paralela, J.D.R.Q. «había propuesto a las víctimas que omitieran las referencias a la muchacha interviniente en el robo, en particular que tenía en la cara un tatuaje, y que a cambio recuperarían los efectos, lo que ambos aceptaron, siéndoles entregada posteriormente en depósito la bicicleta».
Así, el día 22 de abril de 2013 se instruyó el atestado sobre el robo, en el que el acusado hizo constar que la bicicleta «la había intervenido en la explanada donde se hallaba el domicilio en el que entró», ya que al verle la habían abandonado dos varones que dijo haber reconocido y cuya identidad aportó,«omitiendo toda referencia que permitiera identificar» a la prima del supuesto confidente.
«Patadas a la puerta»

Igualmente, y a primeros de diciembre de 2012, el agente conocido como «el nazi» tuvo conocimiento de que un hombre estaba requisitoriado por un juzgado por fugarse durante un permiso, por lo que, acompañado de dos de los acusados, acudieron a la vivienda en la que sabían que se hallaba esta persona, "en la que penetraron dando patadas a la puerta, deteniendo al fugado".
«Para encubrir lo hecho, en el oficio correspondiente se hizo constar que la detención se había producido tras una persecución del requisitoriado hasta su vivienda», asevera la sentencia.
El fallo también agrega que, en la tarde del 26 de abril de 2013, el agente conocido como «el nazi» se encontraba por las barriadas de Los Pajaritos y La Candelaria cuando vio a un hombre sobre el que supuestamente pesaba una reclamación judicial.
Al percatarse de la presencia policial, esta persona emprendió la huida, seguido por el acusado, «que lo perdió de vista», no obstante lo cual, y «creyendo que el huido pudiera encontrarse en el interior de la vivienda» de la mujer de su hermano, el acusado «subió al piso para entrar en él, lo que aquélla trató de evitar cerrando la puerta, si bien el acusado, más fuerte, empujó hasta abrirla del todo penetrando en el domicilio, que registró sin encontrar» al huido.
De igual modo, y sobre las 12.30 horas del 2 de mayo de 2013, este mismo agente volvió a ver al afectado y se dirigió a él, formándose «un alboroto que terminó con la detención» del huido por un supuesto delito de atentado.
La sentencia añade que, como quiera que el acusado «se dio cuenta de que desde una ventana del piso» el hermano del afectado estaba grabando con una tablet lo que pasaba, el agente esposó a la mujer de éste «y la hizo subir por las escaleras del edificio hasta su piso, conminándola» a ella y a su marido «para que éste abriera la puerta so pena de llevársela detenida».
Finalmente, el agente entró en la vivienda y cogió la tablet, no obstante lo cual en el atestado redactado con motivo de la intervención, «y para encubrir los hechos», se hizo constar que el agente fue invitado a acceder al domicilio.

[47ronin]

Detenido un policía municipal tras agredir a agentes nacionales

La trifulca se produjo la madrugada del sábado en un bar de Ciudad Lineal

La Policía Nacional acudió para reducir a un hombre ebrio que estaba «montando bronca»


Serían sobre las cinco de la madrugada del sábado cuando a las puertas del local de copas Malas Intenciones de Ciudad Lineal comenzó una pelea. Al parecer, en su interior había un tipo de mediana edad que se encontraba en avanzado estado de embriaguez y no quería abandonar el garito o se enzarzó con otros clientes que estaban fuera fumando. La situación llegó a tal punto que los propietarios del establecimiento hostelero y algunos vecinos decidieron llamar a la Policía porque la bronca que estaba montando el hombre estaba resultando ya demasiado escandalosa, según una testigo presencial.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional se acercó al lugar, en el número 5 de la calle Luva, pero el individuo, lejos de calmarse, se encendió aún más al ver a los efectivos policiales que habían acudido al aviso. Al parecer, el protagonista del altercado se trataba de un agente de la Policía Municipal de Madrid destinado en la Unidad de Distrito de Carabanchel que se encontraba fuera de servicio.

Según fuentes policiales, el después detenido se encaró con los agentes de la comisaría del distrito, llegando a lesionar a algunos de ellos. Fuentes presenciales aseguran que el tipo era muy corpulento y que a los policías les costó un buen rato reducirle. El municipal estaba tan fuera de sí que llegaron a participar hasta ocho agentes para tal fin, según las mismas fuentes.

Dado las lesiones leves provocadas por la refriega con sus «compañeros», el detenido fue trasladado a un centro médico cercano. Le atribuyen un delito de atentado contra agente de la autoridad y lesiones. Dos de los agentes del cuerpo nacional resultaron heridos en manos y muñeca durante el altercado y tuvieron que ser escayolados por los efectivos sanitarios.

Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación de este suceso. Fuentes del área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid también reconocieron ayer a preguntas de LA RAZÓN la existencia de este incidente. Sin embargo, no quisieron hacer ningún tipo de declaración al respecto «por respeto a la investigación», aseguró una portavoz municipal.

[Menague]

Detenido un policía municipal tras agredir a agentes nacionales

La trifulca se produjo la madrugada del sábado en un bar de Ciudad Lineal

La Policía Nacional acudió para reducir a un hombre ebrio que estaba «montando bronca»


Serían sobre las cinco de la madrugada del sábado cuando a las puertas del local de copas Malas Intenciones de Ciudad Lineal comenzó una pelea. Al parecer, en su interior había un tipo de mediana edad que se encontraba en avanzado estado de embriaguez y no quería abandonar el garito o se enzarzó con otros clientes que estaban fuera fumando. La situación llegó a tal punto que los propietarios del establecimiento hostelero y algunos vecinos decidieron llamar a la Policía porque la bronca que estaba montando el hombre estaba resultando ya demasiado escandalosa, según una testigo presencial.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional se acercó al lugar, en el número 5 de la calle Luva, pero el individuo, lejos de calmarse, se encendió aún más al ver a los efectivos policiales que habían acudido al aviso. Al parecer, el protagonista del altercado se trataba de un agente de la Policía Municipal de Madrid destinado en la Unidad de Distrito de Carabanchel que se encontraba fuera de servicio.

Según fuentes policiales, el después detenido se encaró con los agentes de la comisaría del distrito, llegando a lesionar a algunos de ellos. Fuentes presenciales aseguran que el tipo era muy corpulento y que a los policías les costó un buen rato reducirle. El municipal estaba tan fuera de sí que llegaron a participar hasta ocho agentes para tal fin, según las mismas fuentes.

Dado las lesiones leves provocadas por la refriega con sus «compañeros», el detenido fue trasladado a un centro médico cercano. Le atribuyen un delito de atentado contra agente de la autoridad y lesiones. Dos de los agentes del cuerpo nacional resultaron heridos en manos y muñeca durante el altercado y tuvieron que ser escayolados por los efectivos sanitarios.

Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación de este suceso. Fuentes del área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid también reconocieron ayer a preguntas de LA RAZÓN la existencia de este incidente. Sin embargo, no quisieron hacer ningún tipo de declaración al respecto «por respeto a la investigación», aseguró una portavoz municipal.

Tengo una duda, al margen del delito que haya podido cometer, a nivel interno según la 4/2010, sería infracción GRAVE el consumo de emgriagarse o consumir drogas fuera del servicio, hasta aquí no hay dudas, pero al haber esta agresión de por medio, se mantiene la infraccion en GRAVE o MUY GRAVE ?

Gracias!

[Terry]

El papel lo aguanta todo....

Hasta el rabo todo es toro, es decir que mientras haya juzgados hay recursos.

[Celestino]

Si estaba muy ebrio y fuera de sí, las lesiones que produjo al ser reducido no tienen porqué ser dolosas, yo me he hecho daño muchas veces en las manos y en las muñecas al reducir a una persona fuera de sí y que ofrecía mucha resistencia pasiva, es posible que ni supiera que le estaban reduciendo policías, depende del estado en el que se encontrase

[47ronin]

Si estaba muy ebrio y fuera de sí, las lesiones que produjo al ser reducido no tienen porqué ser dolosas, yo me he hecho daño muchas veces en las manos y en las muñecas al reducir a una persona fuera de sí y que ofrecía mucha resistencia pasiva, es posible que ni supiera que le estaban reduciendo policías, depende del estado en el que se encontrase

Y de lo que se haya escrito.

[Celestino]

Claro, eso es lo importante, porque la prensa es muy sensacionalista.

[47ronin]

¿Quién vigila al que vigila?: Un juicio contra dos radiopatrullas, un ejemplo de las “zonas oscuras” en la investigación policial

Los dos acusados son dos radiopatrullas, agentes de Policía Nacional de la escala básica, que prestaban sus servicios a bordo de un vehículo como este y cuya función principal era la prevención de la delincuencia. EP.

Carlos Berbell
12 Septiembre, 2017

La historia se publicó primero en el diario ABC del 8 de abril de 2014 como un éxito de dos radiopatrullas de la Policía Nacional, Antonio Javier Jiménez Rey y Gabriel Antonio Rodríguez Jiménez. Ambos lograron reducir a una ciudadana marroquí, Sofía Baze, de 23 años, que iba a bordo de un BMW, la madrugada del 5 de abril en la madrileña calle Camino de Vinateros 9.


Cuando los dos radiopatrullas comenzaron a registrar su vehículo, la mujer sacó una pistola del bolso “y apuntando de lleno a un agnete, apretó el gatillo”.

Era un arma de fogueo.

En el coche encontraron pequeñas cantiades de droga para la venta el menudeo, pastillas de Rohipnol, 13 papelinas con heroina, otras 8 de cocaína de 7,3 gramos, 5,6 gramos de cocaína en roca y 1,1 gramos de heroina.

Los estupefacientes estaban repartidos en distintos envoltorios junto a una pequeña balanza con restos de polvo blanco y dos móviles.

Baze fue esposada y conducida a la Comisaría de Moratalaz bajo la acusación de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilítica de armas y tentativa de homicidio.

La mujer después ingresó en prisión preventiva en el Centro Penitrenciario de Mujeres Alcalá 2, de Meco, Madrid.

Hasta ahí era la historia de un éxito policial.


En mayo de 2014 la cosa dio un giro de 180 grados.

No se sabe por qué, a través de quién, ni de qué manera, dos agentes de la Secretaría General de Captación de Fuentes de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional (PN) fueron a visitar a la joven a prisión.

“A través de un informador, una fuente confidencial, tuvieron conocimiento de lo sucedido a Sofía Baze”, explicó el instructor del caso de la Unidad de Asuntos Internos a la jueza instructora. “Fueron a verla y después nos hicieron llegar una nota interna. A partir de ahí iniciamos la investigación”.

Como consecuencia, Jiménez Rey y Rodríguez Jiménez fueron detenidos poco después por sus compañeros de la Unidad de Asuntos Internos y acusados de los delitos de cohecho, detención ilegal y falsedad en documento público.

La mujer fue puesta en libertad por orden judicial.

Según la mujer, los dos radiopatrullas de la Policía Nacional actuaron por encargo de un exnovio suyo, el también marroquí Noureddine Maarouf El Hachmi, quien la acusaba de haberle robado 53.000 euros de su domicilio.

A cambio éste les iba a pagar entre 20.000 euros a los dos por meterla en prisión.

Un tercer hombre, de origen marroquí también, Mohamed Laamarti El Ouriaghli, hizo supuestamente de intermediario entre El Hachmi y los dos policías.

Tanto El Hachmi como El Ouriaghli están acusados también.

Los dos policías pasaron 4 meses en prisión hasta alcanzar la libertad provisional a la espera de este juicio, casi tres años después.

Lo sucedido aquella mañana, en consecuencia, fue un montaje para llevar a cabo la venganza del exnovio despechado, de acuerdo con la versión de la mujer.

El caso, que comienza a ser juzgado hoy, y que durará hasta el viernes, tiene evidentes “agujeros negros” sobre los que tendrán que decidir los magistrados Pilar de Prada, Carlos Fraile y Ana Revuelta, en última instancia. 

Porque al margen de que la Unidad de Asuntos Internos parece ser que no ha encontrado ni un indicio sobre el rastro del dinero, tampoco han hallado pruebas incriminatorias decisivas y contundentes que sustancien las alegaciones de la joven Sofía Baze.

Pero lo más importante de todo, el “talón de Aquiles” del proceso, su base, es la falta de motivación de la instrucción. De cómo y quién inicia la investigación y de cómo se sustancia. ¿Quién es el “informador”, la fuente confidencial?, ¿y por qué no es Asuntos Internos los que inician la investigación sino dos agentes de la “Secretaría General de Captación de Fuentes”?

¿Es esta una investigación prospectiva de las que quiere acabar el fiscal general del Estado y de las que habla en la Memoria de la Fiscalía?

Parece tener toda la pinta.

Como ayer mismo escribía el abogado José María Garzón, representante legal de Jiménez Rey, en este mismo diario: “Garantizar todos los derechos de un investigado no solo es una cuestión constitucional, también es una de las obligaciones que deben ser especialmente comprobadas por todos los operadores de la justicia”.

Sobre esto, precisamente, tendrá que arrojar luz tanto el Ministerio Fiscal como la acusacion particular, que juegan con el handicap de la investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, un departamento hoy en tela de juicio en el que por aquel entonces hacía y deshacía el entonces DAO, Eugenio Pino; su jefe, el comisario Marcelino Martín Blas y el comisario José Manuel Villarejo, en lo que después se ha descrito como “las cloacas de la Policía” por los casos en los que se han visto implicados, como el de “El pequeño Nicolás”, “El CNI”, “El caso Pujol” y tantos otros.

Un caso que es todo un desafío para la Justicia.

[Heracles_Pontor]

Pues a ver si nos llega la sentencia . . . entonces si tendremos elementos suficientes de juicio para poder opinar sobre el asunto . . .

Enviado desde mi CUBOT ONE mediante Tapatalk

[Der Kaiser]

Uno de ellos es un pieza de mucho cuidado y demasiado han tardado en trincarle.......

[47ronin]

así mejoraban sus estadísticas
El fiscal pide 10 años de cárcel a los policías que falseaban huellas en escenas del crimen
Los funcionarios superponían las huellas con un papel especial en objetos de las casas y de los vehículos robados con el fin de incriminar a los presuntos ladrones que habían detenido

Roberto R. Ballesteros

13.09.2017 – 05:00 H.

La Fiscalía ha solicitado 10 años de prisión para dos de los policías de la comisaría de Carabanchel que manipularon huellas en al menos tres investigaciones llevadas a cabo entre 2013 y 2014 con la finalidad de reforzar las pruebas y condenar a las personas que habían detenido. El ministerio público les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial y de otro ilícito penal de falsedad documental. Se trata de los funcionarios César B. C. y Francisco M. C., que protagonizaron manipulaciones reiteradas el 18 de septiembre de 2014.

Ese día, ambos policías llevaron a cabo la inspección ocular de un domicilio que acababa de ser robado. En concreto, era un piso de la calle Inmaculada Concepción de Madrid. Los agentes habían detenido a Aurel R., Lazar I. F. y Constantin A. como presuntos autores del atraco y querían que no hubiera duda de que habían sido ellos los culpables. Por eso colocaron sus huellas dactilares en distintas dependencias de la casa así como en un vehículo y en un segundo domicilio que había sido igualmente robado.


Manipularon las pruebas con el objetivo de que la huella de una persona hallada en un lugar se vinculara a otro hecho delictivo diferente

En concreto, cogieron una "superficie de papel" en la que habían impreso las huellas auténticas de los detenidos y la superpusieron sobre un estuche de cartón blanco que había en el primer piso, en una caja de bombillas que estaba dentro del mencionado coche y en otra caja de cigarrillos y una tercera de medicamentos que fueron encontradas en la casa de la madrileña calle del Marqués de Jura Real.

La Fiscalía también acusa a los policías José Francisco G. E. e Isidro F. U., compañeros de César B. C. y Francisco M. C., de imprimir igualmente las huellas dactilares en otras dos diligencias de investigación. En una de ellas, el 1 de agosto de 2014, José Francisco G. E., acompañado de César B. C, superpusieron artificialmente las huellas del detenido Juan Carlos S. V. en el libro de instrucciones de la silla portabebés de un vehículo que había sido robado y que fue trasladado hasta las dependencias policiales de Carabanchel para ser analizado. De este modo, reforzaban las pruebas que indiciariamente había contra el arrestado de cara a un proceso penal.

Por su parte, Isidro F. U., en colaboración con Francisco M. C., llevó a cabo la misma falsificación —mediante la superposición de huellas— en la radio de una furgoneta Fiat Ducato que había sido robada y trasladada a la comisaría de Carabanchel. Los dos funcionarios llevaron a cabo esta manipulación de pruebas el 10 de diciembre de 2013 con igual fin que en las anteriores ocasiones, para reforzar los indicios que había contra el sospechoso de haber llevado a cabo el robo, que en este caso era Judith R. R., detenida por estos hechos en la mencionada fecha.

¿Quién acabó con la vida de la última interna que murió en la prisión de Carabanchel?
Roberto R. Ballesteros
Un médico sigue luchando en los tribunales, 23 años después, por esclarecer la extraña muerte de una chica que falleció a la semana de ingresar por una fuerte dosis de ansiolíticos
Según fuentes policiales, los cuatro agentes llevaban a cabo estas prácticas con el fin de ofrecer a sus superiores buenas estadísticas de captación de delincuentes y cumplir de este modo los objetivos previstos. Para la Fiscalía, sin embargo, todos ellos merecen ahora penas de prisión por realizar estas falsificaciones: 10 años para los dos primeros y cuatro años de cárcel para los dos últimos. Asimismo, el ministerio público reclama que los dos primeros abonen una multa de 8.400 euros y los dos segundos, una de 2.400 euros cada uno.

El escándalo de la falsificación de pruebas en la comisaría de Carabanchel —que saltó a la luz pública en enero de 2015— conllevó la fulminante destitución de la que por aquel entonces era la comisaria de las dependencias, Gloria Martínez, que fue cesada del cargo en diciembre de 2014, justo cuando los investigadores de Asuntos Internos comenzaron a tener más claras sus sospechas sobre las manipulaciones llevadas a cabo por el grupo de funcionarios.

[47ronin]

Prisión para un policía y entrenador por abusar de tres niños en Badajoz
agencias | mérida 25.08.2017 | 02:00

La Policía Nacional detuvo a un policía local de Don Benito (Badajoz), entrenador de varios equipos de fútbol de categorías inferiores, acusado de abusar sexualmente de tres menores, unos hechos por los que ya ingresó en prisión, según confirmaron fuentes del Ayuntamiento dombenitense.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, se trata de un varón de 58 años, que fue detenido en la tarde del 21 de agosto, tras ser puestos los hechos en conocimiento de los agentes, a través de una denuncia de una de las víctimas.

Esta relató que el entrenador del equipo en el que juega le había realizado tocamientos de carácter íntimo y que, tras jugar un partido, le había invitado a comer a su domicilio y fue allí donde abusó de él. Igualmente se han localizado a dos menores de edad más como víctimas de hechos similares.

[47ronin]

Detienen a Guardia Civil que acompañaba a inmigrante con documentación falsa


15/09/2017 11:22

Ceuta, 15 sep (EFE).- Un agente de la Guardia Civil de Ceuta ha sido detenido cuando iba a embarcar hacia Algeciras (Cádiz) con un inmigrante con documentación falsa y al que acompañaba el funcionario policial.

Los hechos, según denuncia hoy el diario "El Pueblo de Ceuta" y han confirmado a Efe fuentes policiales, se produjeron en la tarde de ayer en el puesto de control documental de la Policía Nacional en la Estación Marítima del puerto ceutí.


El guardia civil fue arrestado por un presunto delito de falsedad documental cuando uno de los dos súbditos marroquíes que acompañaba -como favor solicitado por un agente marroquí destinado en frontera- presentaba ante la Policía Nacional un pasaporte falso.

Nada más producirse este hecho, tanto el guardia civil como los dos marroquíes a los que acompañaba fueron detenidos y trasladados a las dependencias policiales para prestar declaración.

El agente de la Guardia Civil quedó posteriormente en libertad tras asegurar que se ha visto envuelto en un hecho que desconocía y declarar que se encontraba realizando un favor a un agente marroquí, que había solicitado a la Guardia Civil que acompañara a dos familiares suyos hasta el embarque del puerto.

El agente detenido indicó que de este hecho tuvieron conocimiento los jefes de la Comandancia de la Guardia Civil, desconociendo que uno de los marroquíes a los que acompañaba presentaba una documentación falsa.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han abierto diligencias para esclarecer este asunto. EFE

[47ronin]

Detienen a tres agentes de la Guardia Civil en una operación antidroga en la sierra de Madrid



La operación está abierta y que se ha decretado el secreto de sumario, por lo que no han precisado el número de personas que se ha detenido hasta el momento

EUROPA PRESS   Collado Villalba
23 SEP. 2017 14:21
Tres agentes de la Guardia Civil se encuentran entre los detenidos en el marco de una operación antidroga ordenada por un Juzgado de Collado Villalba.

Estas fuentes han señalado que la operación está abierta y que se ha decretado el secreto de sumario, por lo que no han precisado el número de personas que se ha detenido hasta el momento.

Según estas fuentes, los agentes de la Guardia Civil detenidos por su presunta relación con el grupo delictivo pertenecen a agrupaciones radicadas en cuarteles de la sierra noroeste.

[47ronin]

Homicidio policial en Cartagena: cuatro años por la muerte de un toxicómano que pidió ayuda a los agentes

Cinco policías de Cartagena pactan una condena por homicidio imprudente  y detención ilegal de un hombre que les pidió auxilio y al que llevaron contra su voluntad a una playa apartada

La autopsia reveló "lesiones traumáticas vitales en estructuras cefálicas, oftalmológicas y faciales" y atribuyó el fallecimiento a la fractura de una vértebra

En el acuerdo para evitar el juicio la Fiscalía aceptó que "bien como consecuencia de una acción o por omisión del deber de custodia" de la policía "se ocasionó la muerte"
José Precedo
29/09/2017 - 20:28h

El thriller policial de Cala Cortina ha escrito su final en los juzgados. La historia (real) de Diego Pérez, un hombre con esquizofrenia que llamó a la comisaría de Cartagena la madrugada del 11 de marzo de 2014 para pedir ayuda porque unos vecinos lo querían matar, se subió a un coche patrulla y desapareció hasta que su cuerpo apareció flotando en el mar con varias vértebras rotas 15 días después, es oficialmente un caso cerrado. Se finiquitó este viernes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Murcia con una condena pírrica y sin juicio.

La Fiscalía que pedía 20 años por homicidio y detención ilegal para cada uno de los cinco agentes de policía nacional acusados –un sexto falleció por enfermedad en prisión– ha pactado con las defensas que cada uno de los agentes cumpla cuatro años de cárcel. Las indemnizaciones a los familiares las acordará el juez en una vistilla que tendrá lugar la próxima semana.

Los condenados José Carlos Mateo Luján, José Antonio Costas Guerrero, José Luis Solano Albadalejo, Raúl Aguado Rodríguez y Rubén Forné Solano serán inhabilitados para trabajar como policías durante dos años.

Un testigo protegido desmontó sus coartadas

El sumario del caso pegaría como guión de una película de miedo: micrófonos ocultos introducidos en los coches zeta por la unidad de Asuntos Internos de la Policía que revelan conversaciones sobre otras palizas de las mismas patrullas a detenidos, la autopsia del fallecido con varias vértebras rotas, signos de violencia en región facial y craneal, pérdida del ojo derecho... y un testigo protegido, C83, para desmontar la coartada de los seis agentes investigados.

Los atestados al final del turno apuntaban que los agentes  habían salido a esa urgencia pero que volvieron a patrullar una vez que tranquilizaron a Diego Pérez en Las Seiscientas, un barrio conflictivo de Cartagena. Lo que contó el testigo fue que media docena de policías obligaron a aquel hombre sin oficio conocido que vivía de hacer recados de todo tipo en el vecindario, un consumidor habitual de cocaína que de vez en cuando cometía pequeños robos, a meterse en el coche y que uno de los agentes, el más corpulento, empezó a golpearlo en plena calle.

Las cámaras de seguridad captaron aquella noche a una comitiva de tres vehículos patrulla con las luces apagadas viajando hacia Cala Cortina, una pequeña playa apartada del centro. El itinerario también chocaba con la versión oficial.
Detenciones de Asuntos Internos

Cuando en octubre de 2014 un grupo de agentes llegados de Madrid arrestaron a los seis policías de la comisaría murciana en medio de una ciudad conmocionada, los sospechosos aseguraron a la juez que fue Diego Pérez quien se metió en el coche, que lo trasladaron a esa pequeña playa alejada del núcleo urbano para que se tranquilizase y que al abrir las puertas del coche el hombre salió corriendo y le perdieron la pista. Que no contaron nada a sus superiores porque se asustaron al comprobar que no aparecía.

La instructora del caso no se creyó esa tesis y los envío a prisión. Las conversaciones grabadas durante sus turnos en los coches patrulla, hasta que un sindicato denunció la existencia de micrófonos, ofrecieron pistas sobre otras palizas y el gusto a la porra que tenía alguno de los detenidos.

La investigación incluyó reconstrucciones de aquella noche y del trayecto de los coches a Cala Cortina. Agentes de seguridad del puerto confesaron durante los interrogatorios su extrañeza sobre las maniobras de los policías aquella noche.
Otras torturas en la misma comisaría

Trascendió además que un segundo juzgado investigaba torturas en la misma comisaría de Cartagena, cuya cúpula fue descabezada por el ministerio del Interior.

El voluminoso sumario con todos sus detalles escabrosos llevaron al ministerio público a acusar a los cinco agentes de un doble delito de homicidio y detención ilegal. La Fiscalía pidió 20 años de prisión para cada uno de los agentes pero el caso no ha llegado a juicio. La sentencia pactada este viernes por las acusaciones y las defensas implicará cuatro años de cárcel para cada policía, por los delitos de detención ilegal y homicidio por imprudencia profesional.

El acuerdo de conformidad evita meterse en cómo murió Diego Pérez. Da por hecho que aquella madrugada los agentes que acudieron a socorrerle "de común acuerdo y con intención de atentar con su libertad le indicaron de manera intimidatoria que se subiera al vehículo policial y en lugar de trasladarle a dependencias policiales o a un centro sanitario decidieron llevarle a Cala Cortina, lugar solitario y aislado que dista más de dos kilómetros de su domicilio y de las zonas de patrulla de los agentes".

La sentencia revela además que "en lugar de contar esos hechos a sus superiores, comunicaron al 091 que habían resuelto la intervención tranquilizando a Diego, ocultando a la sala a sabiendas de su ilicitud, que los tres vehículos estaban trasladando a la cala en contra de la voluntad de Diego".

El párrafo crucial de la sentencia de conformidad establece: "En dicha cala, y sin que los agentes tuvieran intención de producir un resultado letal pero omitiendo las más elementales normas de cuidado inherentes a su condición de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, y bien como consecuencia de una acción o bien por la omisión de los deberes de custodia, se ocasionó la muerte de Diego".

El pacto incluye como atenuantes de los dos delitos la confesión de los condenados y la reparación del daño porque los acusados han pagado ya los primeros 60.000 euros de indemnización a la familia del fallecido.

Será el juez quien decida si los condenados vuelven a la cárcel. Ya han cumplido 14 meses de prisión provisional y sus abogados piden la suspensión de la sentencia. La Fiscalía se opone. La Audiencia Provincial tiene la última palabra.

[47ronin]

Operación contra la corrupción en contrataciones de la Dirección General de Policía y de la DGT con una docena de detenidos


La operación tiene su origen en una investigación de Asuntos Internos por el amaño de contratos de servicios, uniformes, alimentos y material dentro de la Policía
AMP
Un coche de la Policía Nacional en Madrid (Ben185 / Getty Images/iStockphoto)
   
CARLOTA GUINDAL, Madrid
25/10/2017 12:58 | Actualizado a 25/10/2017 14:51
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha destapado una organización criminal en el seno de su propio cuerpo, con varios funcionarios implicados, por amañar diversos contratos, como servicios de cafetería, confección de uniformes, obras o material a cambio de comisiones ilegales y prebendas de distinta índole.

La operación desarrollada por Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción, y tutelada por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid se ha saldado con una docena de detenciones, entre ellos varios responsables policiales de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, así como de la Dirección General de Tráfico, según ha podido saber La Vanguardia de fuentes de la investigación.


Durante la operación se han producido entradas y registro en diversos complejos policiales de Madrid, en busca de los contratos investigados.

La DAO inició la investigación

Esta investigación se inició por orden la Dirección General Operativa (DAO) tras tener conocimiento de que desde hace más de una década una serie de responsables policiales han aprovechado su posición en mesas de contratación para adjudicar irregularmente contratos y lucrarse personalmente de ello.

La investigación gira en torno a los delitos de organización criminal, delitos de corrupción o blanqueo de capitales presuntamente cometidos por funcionarios públicos adscritos a la Dirección General de la Policía y la Dirección General de Tráfico con responsabilidades en la contratación pública, así como por los empresarios que habrían pagado comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones públicas como por ejemplo el servicio de cafetería y comedores de los principales complejos policiales.

Operación ‘Grapa’

En la llamada operación Grapa , que es objeto de las Diligencias Previas referenciadas, se ha investigado a un conjunto de personas (unos funcionarios públicos y otros empresarios), que están relacionadas con el amaño de concursos públicos, tanto en la Dirección General de la Policía, como de la Dirección General de Tráfico; así, los funcionarios públicos se habrían estado beneficiando económicamente de forma ilícita a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas privadas.


Según una nota de la Fiscalía Anticorrupción, los hechos investigados son susceptibles de ser calificados como delitos de organización criminal, de fraude a las Administraciones Públicas, de prevaricación, de cohecho, de malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, y continuado de blanqueo de capitales.

Medidas cautelares

El Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid ha autorizado un total de 22 registros domiciliarios y de entidades sociales en los partidos judiciales de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Navalcarnero, Ávila, Arenas de San Pedro y Guadalajara.

Igualmente, por la Fiscalía Anticorrupción se ha solicitado la adopción de medidas cautelares, consistentes en el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de 13 vehículos (la mayoría de alta gama), así como la anotación preventiva de embargo y prohibición de disponer de un total de seis inmuebles.

[47ronin]

Detenidos cuatro policías locales por pedir hasta 40.000 euros a comercios a cambio de no denunciarles

Los agentes, españoles de entre 32 y 45 años, habían creado junto a otras dos personas una organización delictiva
ABC
ALICANTE
02/11/2017 17:15h
Actualizado:
03/11/2017 13:41h

Cuatro agentes de la policía local de Torrevieja han sido detenidos por formar parte de un grupo criminal presuntamente dedicado a exigir cantidades de entre 6.000 y 40.000 euros a comerciantes de la localidad para evitar la denuncia de diversas infracciones.

Según un comunicado de la Guardia Civil, los agentes, cuatro españoles de 32 a 45 años, habrían creado la organización delictiva y, tras pasar a disposición judicial, dos de ellos han ingresado en prisión provisional.

En la operación han sido detenidos dos hombres más, un serbio de 50 años y un colombiano de 56, mientras que se investiga a un séptimo, al igual que los cuatro primeros también policía local, por su supuesta participación en los hechos.

A todos ellos se les imputan los supuestos delitos de cohecho y de pertenencia a organización criminal.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Alicante se inició por la denuncia de varios comerciantes, y se descubrió que cada miembro del grupo tenía un rol diferente dentro de la estructura.

Algunos de ellos llevaban a cabo inspecciones en comercios y extendían actas-denuncia o advertían a los afectados de presuntas irregularidades, tras lo cual entraban en juego otros miembros que actuaban como "gancho" aduciendo que tenían amistad con agentes de la policía local para mediar en la sanción.

De esta forma, una vez los afectados consentían realizar el contacto, se presentaba el organizador de la trama quien, a cambio de no tramitar las denuncias o de interceder ante los agentes para no denunciar los hechos, solicitaba una cantidad de dinero.

Cuando se accedía a realizar el pago de las cantidades acordadas, entre 6.000 y 40.000 euros dependiendo del tipo de infracción, otro componente de la organización recogía el dinero.

En el caso de que las víctimas no accedieran al pago requerido, eran visitados de nuevo, esta vez en el marco de una inspección legítima, y entonces eran denunciados por los agentes, lo cual complicaba más aún la detección de estos hechos.

La operación continúa abierta por lo que la Guardia Civil ha invitado a los posibles afectados que hayan sufrido alguna situación similar a que se pongan en contacto con las autoridades.

Agentes del instituto armado analizan la documentación facilitada por la Policía Local torrevejense, que ha colaborado como parte interesada, con el fin de determinar el número total de casos delictivos y sus autores.

Además de dos de los agentes, ha sido enviado a prisión provisional el ciudadano serbio de 50 años.

[47ronin]

En defensa de la Policía Local


16.11.2017 | 00:51 | José Antonio Moya/ Policía Local y delegado de CC OO | Opinión
     
La noticia de la pasada semana sobre la detención y posterior ingreso en prisión de dos agentes de la Policía Local de Torrevieja por supuestos delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal ha sido un revés a esta institución que tardará mucho en cicatrizar.



Nuestros afiliados y la plantilla, en general, nos piden que alcemos la voz ante estos hechos tan graves. Los tenemos mal acostumbrados. Este sindicato lleva años solicitando que se persigan las presuntas corruptelas y tratos de favor en el seno de la Policía Local, incluso por la vía judicial, ya que las autoridades locales no parecían muy interesadas en atender nuestras denuncias, sino más bien en denunciarnos a nosotros. Resulta que sí había garbanzos negros, pero eran otros.


Pero ahora no se trata de adjudicarnos la razón, ni de pasar factura, sino de erradicar estas situaciones e impulsar un cambio desde dentro y en positivo. Cuando no se respetan las leyes que rigen la Función Pública y se crean unidades «a la carta» sin negociación colectiva de ningún tipo y se otorgan puestos «a dedo», olvidando por completo los principios de antigüedad, mérito y capacidad, se están sentando las bases para que puedan enraizar comportamientos irregulares.


Si además añadimos la ineptitud «in vigilando» de los responsables policiales, que siguen mirando para otro lado ante conductas impropias y actuaciones dudosas que desprestigian la imagen del colectivo, si no amparándolas y tapándolas, permitiendo el «amiguismo» y que se funcione de forma autónoma y sin la debida supervisión. ¿Ahora de qué vale el «?se veía venir»? El daño ya está hecho.


Hay que dejarse de medallitas, de proyectos pioneros abocados al fracaso, de retórica sin contenido y de papelitos, que se multiplican a sí mismos, con la única finalidad de perpetuarse en la sensación de movimiento mientras todo sigue igual, y centrarse en potenciar la estructura ética de la policía.


Porque la inmensa mayoría de este cuerpo de policías está formado por personas honradas, que trabajan desde el respeto más escrupuloso al ordenamiento jurídico, dispuestos a auxiliar al ciudadano en cualquier instante. Y es ahora cuando no sólo tenemos que sentir «tristeza y decepción» por lo que ha pasado sino que debemos reforzar y apoyar más que nunca, a los policías que dan la talla en la calle y se comportan con profesionalidad en todo momento.


Porque esos policías, que raramente visitan los despachos, ni persiguen beneficio propio alguno, son la mayoría de nosotros y deben seguir dando ejemplo desde la humildad y la sencillez. No salen en las fotos ni en las estadísticas, ni venden su trabajo por encima de la realidad. A estos policías quiere dar su apoyo público este sindicato, a sabiendas de que son la base de nuestra institución. A los verdaderos POLÍCIAS, ánimo y a seguir adelante con la cabeza bien alta.

[47ronin]

Más de 100 policías locales de Palma, de baja desde la apertura del caso Cursach
Los ingresos en prisión, las inhabilitaciones judiciales y las bajas médicas derivadas de las presiones internas son los principales motivos.
29 noviembre, 2017 02:40

Carmen Lucas-Torres @carmenlucast

La investigación de la mayor organización criminal y de corrupción empresarial en Palma alrededor del magnate en prisión preventiva, Bartolomé Cursach Mas, ha provocado un socavón en la policía local.

La connivencia del capo de la noche mallorquina con los agentes del cuerpo municipal, a los que habría pagado con dinero, servicios de prostitutas, droga o la anualidad del gimnasio Megasport para que persiguieran con multas a su competencia mientras hacían la vista gorda con sus empresas, según investiga el juez Manuel Penalva, ha provocado numerosas bajas.

Los casos de corrupción en la Policía Local de Palma se investigan, de hecho, de manera independiente al caso Cursach, aunque son indisolubles del relato de los hechos. La trama de corruptelas implica también a funcionarios públicos y políticos de la mayoría de partidos políticos que han pasado por Cort (Ayuntamiento de Palma) desde los años 80, según un informe que la propia policía aportó al juez Manuel Penalva que instruye el caso.

En diciembre de 2015, once efectivos locales ingresaron en prisión preventiva por los presuntos delitos de cohecho, extorsión, coacciones y pertenencia a organización criminal. Así saltaba por los aires una red de graves delitos que habría llevado a la ruina a varios empresarios del ocio nocturno de Magaluf hasta que uno de ellos decidiera, finalmente, denunciar la situación.

A medida que ha avanzado la investigación, más de 100 policías municipales han tenido que desfilar por los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (30 siguen investigados y el resto han declarado como testigos). Parte de esos policías han sido inhabilitados y otros han pedido la baja médica.

Esta situación no solo ha afectado a la reputación del cuerpo municipal, sino también al propio desarrollo de su trabajo, puesto que el 10% de la plantilla lleva de baja desde el año 2015, según confirman fuentes del sindicato FESP-UGT de la ciudad a EL ESPAÑOL. Sin ir más lejos, de los 870 efectivos de la policía municipal, 106 estaban de baja al cierre de la semana pasada.

Esa falta de efectivos también es la causante, entre otros motivos, de que algunas decisiones en la Policía Local estén en el aire. Algunos ejemplos son que todavía no se han cubierto los puestos de 'policías tutores' asignados a los institutos de educación secundaria de la ciudad o que el aeropuerto se encuentre con menos efectivos de los necesarios en temporada alta de vuelos.

Seguretat Ciudadana del Ayuntamiento de Palma no ha podido confirmar cuántas de esas bajas se corresponden con investigados o efectivos en prisión ni si las bajas médicas son provocadas por la tensión derivada de la investigación en la Policía Local en relación con el caso Cursach. Sin embargo, fuentes de la Policía que prefieren no desvelar su identidad aseguran que el caso ha abierto una brecha irreparable en el cuerpo y una "situación de desconfianza insostenible entre compañeros".

'Bullying' al Policía que colaboró con la investigación

El relato de uno de los policías que colaboró desde el principio con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es clarificador.

Sus declaraciones ante el juez, incorporadas al sumario del caso al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, reflejan las amenazas e insultos que recibió por parte de sus compañeros investigados. Incluso denunció que unos desconocidos le acorralaron en una carretera mientras conducía su coche hasta que le sacaron del asfalto.

En noviembre de 2015, al salir de trabajar y dirigirse a su coche situado en un aparcamiento, encontró una nota enganchada a la puerta del conductor en la que se podía leer: "Cuidado con pasarte de listo. Puedes tener un accidente o terminar detenido por algo. Puto enano", según se recoge en el sumario del caso.

No fueron las únicas advertencias que recibió. En el gimnasio Megasport (propiedad del Grupo Cursach) donde entrenaba la mayoría de policías locales, algunos compañeros también le advirtieron de que alguien podría romperle la cara. Este testigo es uno de los policías que no ha podido incorporarse a su puesto de trabajo por las lesiones psicológicas que le ha provocado la situación.

[47ronin]

El magnate de la noche de Palma fracasa en su maniobra para apartar al juez y al fiscal que lo encarcelaron


 La defensa de Bartolomé Cursach pidió mandar a prisión al juez y al fiscal del caso alegando que habían fabricado la declaración de una testigo clave
 El Tribunal Superior de Balears concluye que aceptar la petición del letrado de Cursach sería un "desprecio a la independencia judicial"
 Anticorrupción denuncia por falso testimonio a la mujer después de que el abogado del empresario intentase hacer ver que fue coaccionada


El empresario Bartolomé Cursach, principal acusado en la causa, en su llegada a los juzgados el pasado lunes EFE / PALMA
Por Angy Galvín
03 dic 201719:23
El magnate de la noche de Palma, Bartolomé Cursach, ha fracasado en su primera maniobra para apartar al juez y al fiscal que lo encarcelaron el pasado mes de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB) ha rechazado las medidas cautelares que pedía el abogado del empresario y de momento el juez Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán seguirán en la causa que llevan instruyendo cuatro años.

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Es un nuevo capítulo en el caso 'Cursach', que toma el nombre del todopoderoso empresario nocturno, encarcelado por 16 delitos, dentro de un sumario que lo retrata como a un mafioso capaz de meter en nómina a policías para que hiciesen la vida imposible a la competencia, de manejar a políticos y cargos públicos e incluso de estar relacionado con la muerte de un trabajador que le chantajeó con unas fotos comprometidas.

La lista de delitos que se le atribuyen es interminable: extorsión, cohecho, falsedad documental, uso de documentos falsos en un proceso, información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, blanqueo, delito fiscal, contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, asociación ilícita/pertenencia a organización criminal, corrupción de menores y homicidio.

La denuncia presentada por su defensa y la de otro de los investigados, Florian Puscasiu, pedía detener al juez y al fiscal que arruinaron su carrera y encarcelaron a uno de los empresarios más exitosos del archipiélago. Los letrados alegaban que Penalva y Subirán coaccionaron de forma "espeluznante" a una testigo clave para que declarase siguiendo sus directrices. Según el diario local  Última Hora, esta mujer habría afirmado que sus declaraciones sobre Cursach estaban redactadas por ellos dos y que ella se limitaba a firmarlas.

Sin embargo, el TSJB ha desmontado este intento de apartar a Penalva y Subirán. Todavía no ha resuelto la admisión a trámite –o no– de la querella contra ellos, pero ha rechazado las medidas cautelares solicitadas. La defensa del empresario pedía incluso la detención de los integrantes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional –a los que acusaban de haber hablado con la testigo clave para condicionarla–, así como la liberación de varios presos preventivos en piezas derivadas de la macrocausa. Para el tribunal, la adopción de estas medidas sería un "eminente desprecio a la independencia judicial". 

En un duro auto emitido este martes, los magistrados recalcan que todavía no se ha concluido que haya sospechas para admitir a trámite la querella contra el juez y el fiscal, por lo que "menos podría considerarse que concurren indicios racionales de criminalidad que justificasen la prisión". Además, el TSJB ha remarcado que las medidas solicitadas sobre Penalva, Subirán y la Policía "pretenden imponer actuaciones a otro órgano jurisdiccional" para las que carece de competencia. 

Cambio en el testimonio clave
Según la defensa de Cursach y Puscasiu, la testigo protegido número 31 ha cambiado radicalmente su testimonio y ha aportado grabaciones y conversaciones de Whastapp para defender que siempre siguió las instrucciones de juez y fiscal, algo que la propia mujer niega. Vicente 'Coco' Campaner –que defiende a Cursach– y José Ignacio Hererro –que representa a Puscasiu– aseguran que la misma persona que había testificado y ofrecido minuciosos detalles sobre las fiestas para policías y políticos costeadas por Cursach en un burdel que ella regentaba, ahora acusa a Penalva y Subirán de haberla coaccionado. Supone un cambio muy llamativo en el relato de una persona que incluso ha denunciado, tras declarar contra el empresario, que estaba amenazada y que la habían agredido.

En declaraciones a eldiario.es, Herrero, uno de los letrados de la causa, afirma que tanto él como Campaner solicitaron que se tomara declaración y que, si procedía, se detuviera al juez y al fiscal. "Me parece inaudito que continúen en la causa como si no hubiera pasado nada, su comportamiento deja mucho que desear", alega. Se queja de que "en esta causa han detenido a gente por muchísimo menos". "Parece que detener a unos es muy fácil y a otros es muy difícil", protesta.

Además, la defensa de Cursach solicitó la retirada de armas –Penalva y Subirán pueden ir armados desde enero de 2016, tras la aprobación correspondiente de la Dirección General de la Guardia Civil, que les autorizó porque alegaron que temían por su integridad y que estaban amenazados–. 

"Aquí estoy por culpa de vosotros"
En el intento de apartar a los principales impulsores de la investigación, la querella incluye una serie de mensajes atribuidos a la testigo clave y cuyo contenido ha adelantado  Vanity Fair. En ellos, se lee cómo el juez da ánimos a la mujer y se compromete a dar credibilidad a su relato: "Nosotros nos creemos lo de la agenda –documento en el que la regente del lupanar al que presuntamente acudían los altos cargos del PP dejó apuntados los nombres de estos como clientes del local–, pero me da miedo que estos hijos de puta –en alusión a las defensas– consigan sembrar la duda sobre su autenticidad y a quien hay que convencer es al tribunal".

Además, según la interpretación que hacen de los mensajes los abogados de Cursach y Puscasiu, el juez del caso pide a la testigo comentar su declaración: "Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa". En otro de los mensajes, Penalva le garantiza la protección de otros testigos que puedan corroborar su declaración: "Si hablas con alguna chica o chico que pueda confirmar que esta gentuza iba, recuerda decirles que lo haremos de otra manera. Se les dará un número, declararán tapados por videoconferencia desde comisaría y, si hace falta, distorsionando la voz".

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En esas conversaciones, el instructor garantiza su apoyo y el de Subirán a la madame y comenta que el fiscal "es más honrado que un abogado". En los mensajes aportados figuran otras supuestas comunicaciones de la testigo relacionadas con los reconocimientos que hizo de policías investigados. La mujer aparece diciendo: "Tengo apuntados a todos –los policías– que me enseñasteis". Según Vanity Fair, en esas conversaciones se llega a comentar que "Cursach va a morir en la cárcel, porque tiene setenta años y va a pasar allí diez".

En uno de los audios aportados por la defensa del empresario en el juzgado, el fiscal asegura a la testigo protegida: "No te escandalices… la policía va a concluir, no ya si dices la verdad o si mientes, que eso es lo de menos, lo que va a concluir es que estás acojonada". En otro momento, la mujer afirma: "¿Cuándo no he hecho lo que me habéis dicho? Incluso el peor día es cuando lo hice mal en una declaración y os cabreasteis mucho en un careo. Aquí estoy por culpa de vosotros". 

Recusación contra Penalva
Paralelamente, el entorno de Cursach ha puesto en marcha otra iniciativa para apartar al juez Penalva. La defensa de Bartolomé Sbert, mano derecha del empresario y exdirector general del grupo Cursach, ha presentado una recusación contra Penalva para que otro magistrado se haga cargo de la investigación. Tras ser notificado el viernes por la mañana, el juez ha anunciado que no aceptará dicha recusación, por lo que será la Audiencia Provincial la que deba pronunciarse sobre si puede seguir o no con la instrucción.

Como adelanta mallorcadiario.com, en el escrito de recusación se habla de "la necesidad de recuperar la confianza y que el Sr. Magistrado se aparte del asunto (y de cuantas piezas dimanan del mismo)" para conseguir "el correcto funcionamientro de la Justicia". El letrado asegura, entre otros motivos, que existe una "enemistad manifiesta" del juez hacia su defendido. Según este medio de comunicación, la defensa de Sbert alude también a los supuestos mensajes de Whastapp en los que la madame hablaría con Penalva, Subirán y policías. 

La testigo, denunciada por Anticorrupción
La historia ha sufrido el penúltimo sobresalto esta semana: el miércoles transcendió que la testigo clave ha sido denunciada por la Fiscalía Anticorrupción por falso testimonio y denuncia falsa. Anticorrupción pide al juez Manuel Penalva que investigue e impute a la mujer, basándose en un informe de la Policía Nacional, que considera que la madame mintió al afirmar que dos inspectores, que actuarían como interlocutores de Cursach, le ofrecieron dinero, le aconsejaron marcharse del país y le quitaron su documentación.

La testigo interpuso una denuncia alertando de estos hechos. Según su testimonio, los dos agentes le habrían coaccionado para que afirmase que el juez y el fiscal le habían guiado en sus declaraciones en la macrocausa. Última Hora asegura que el informe policial retrata a la prostituta como "una persona mentirosa y querulante compulsiva" que "ha hecho de la mentira una forma de vida". Ahora, Anticorrupción pide a Penalva que levante el secreto sobre esta nueva pieza.

Además de en los juzgados, la testigo ha decidido pronunciarse en los medios de comunicación. Este martes, en  Telecinco, negó que ella hubiese grabado al juez y al fiscal y también los audios y las conversaciones adjuntados a la querrella contra Penalva y Subirán. La mujer también rechaza que se hubiese reunido con el abogado de Cursach 'Coco' Campaner para hacerle llegar las pruebas de las supuestas coacciones que sufrió. Última Hora y Canal 4 TV aseguran que el encuentro entre ella y Campaner fue grabado sin que ella lo supiera.

Manifestación en Palma
El caso 'Cursach' se retomó el pasado este lunes a raíz de las declaraciones del empresario y de su mano derecha Bartolomé Sbert por el presunto pago de sobornos –botellas de  Moët Chandon incluidas– a funcionarios del Ayuntamiento de Palma y del Govern, a cambio de facilitar la tramitación de expedientes administrativos en beneficio de los locales de Cursach. En un interrogatorio de 15 minutos, el empresario no ha respondido a las preguntas del fiscal y se ha limitado a negarlo todo. Es su segunda comparecencia. En la primera, tras su detención en marzo, se negó a declarar.

Cursach, con un notable cambio físico tras pasar casi ocho meses en prisión preventiva e incondicional, llegó a los juzgados de Avenida Alemania en un furgón policial, acompañado por su lugarteniente Sbert, que se presentó con la cara tapada para evitar a la prensa. En su declaración, Sbert denunció presiones de la Policía Nacional para que implicara al expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, en el caso.

Mientras los investigados comparecían ante el juez, en los exteriores del Juzgado se ha llevado a cabo una concentración para solicitar la detención e inhabilitación de Penalva y Subirán, convocada por 'Coco' Campaner, uno de los letrados del hostelero. A la manifestación acudieron entre 200 y 300 personas, muchas del entorno de Cursach. 

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La Unión Progresista de Fiscales considera que es "un mecanismo inaceptable de coacción y presión" y el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, ha pedido que se respete la independencia judicial. Por su parte, el Colegio de Abogados balear ha hecho un "llamamiento a la vuelta a la serenidad".



El ambiente que rodea a este caso –en el que ha caído un todopoderoso hombre de negocios acostumbrado a codearse con las élites locales y que llegó a presidir el club de fútbol del Mallorca– es irrespirable. El Sindicato y la Asociación de Periodistas de Balears acusaron al abogado Campaner –que además de ser letrado, es boxeador– de amenazar a un periodista del Diario de Mallorca por estar disconforme con las noticias que publicaba. Tras pedirle una rectificación y advertirle sobre futuras querellas, Campaner le avisó a través de las redes sociales de que existe una supuesta grabación en la que la testigo clave alude al redactor: "Ah, y la madame también habla de ti en la grabación".

El caso 'Cursach'
El sumario relata la caída de Cursach, un famoso empresario de la noche mallorquina, dueño de importantes discotecas –Pachá, Tito's y BCM–, hoteles y gimnasios –uno de ellos, Megasport, ha sido inspeccionado por primera vez este lunes desde que se abrió–. Los investigadores sospechan que  se sirvió de policías locales que tenía a sueldo y cuya complicidad exhibía para amedrentar a la competencia. Desde 1985, habría pagado a agentes para que friesen a multas e inspecciones a cualquiera que quisiera montar un local en su zona de influencia.

Los agentes que ayudaban al empresario hicieron carrera con él: algunos acabaron como altos directivos de sus empresas, otros simultaneaban ambas tareas, y otros montaron sus propios negocios. Además, los policías, según el testimonio presentado por algunos testigos, habrían disfrutado de fiestas en los locales de Cursach, con prostitutas, alcohol y drogas incluidas. 

La trama de corrupción también  involucró a la cúpula del PP balear –de hecho, la testigo clave situó a José María Rodríguez y al diputado Álvaro Gijón en las orgías que Cursach organizaba. A raíz de esta causa han caído Rodríguez, Gijón y la responsable de Organización, Sandra Fernández. El empresario nunca disimuló sus contactos con la alta política balear. Hasta el punto de que el entonces president Jaume Matas se entrenaba en uno de sus gimnasios.