BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Jueves 31 de diciembre de 2009 Sec. I. Pág. 112018
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21160 Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento
y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
ley.
PREÁMBULO
I
La economía española está sufriendo los efectos de la actual crisis económica, los
cuales están siendo especialmente significativos en el mercado de trabajo, como lo pone
de manifiesto el importante aumento del desempleo y la gran destrucción de empleo que
se ha producido durante el último año y, de manera muy especial, en los últimos meses.
El Gobierno ha adoptado ya numerosas medidas para hacer frente a la crisis económica,
tanto en sus aspectos financieros, como en los efectos que está teniendo la misma sobre
la economía real y el empleo. Estas medidas se han articulado en el Plan Español para el
Estímulo de la Economía y el Empleo. El plan cuenta con cuatro ejes de actuación. En
primer lugar, durante el año 2009, para apoyar la renta disponible de las familias se han
destinado cerca de 10.000 millones de euros en forma de impulso fiscal y para apoyar a
las empresas, principalmente PYMES, se liberan 6.000 millones de euros a través de
rebajas fiscales y 29.000 millones de euros a través de las líneas del ICO para facilitar su
acceso al crédito. En segundo lugar, el plan introduce medidas directas de impulso a la
creación de empleo, entre las que cabe destacar el Fondo de Inversión Local, dotado con
8.000 millones de euros y el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el
Empleo dotado con 3.000 millones de euros. En tercer lugar, el Plan recoge las actuaciones
que, de manera coordinada con los países de la Unión Europea, se han adoptado para
proporcionar liquidez al sistema financiero, ante las actuales circunstancias extraordinarias
de inestabilidad, y así ayudar a reactivar el canal del crédito hacia familias y empresas. Por
último, el plan incluye también una ambiciosa agenda de reformas para modernizar nuestra
economía, mejorar su productividad y sentar las bases del cambio de modelo productivo.
En este contexto de respuestas para hacer frente a la crisis económica, y ante la
gravedad que está adquiriendo la situación del mercado de trabajo, parece oportuno seguir
profundizando en la adopción de nuevas medidas, con carácter urgente, para el
mantenimiento y la generación de empleo y la protección de las personas desempleadas.
El Gobierno, en primer lugar, adquiere el compromiso de incrementar las dotaciones
presupuestarias en la cuantía necesaria para garantizar el derecho de los trabajadores
desempleados al cobro de las prestaciones por desempleo.
En segundo lugar, el Gobierno y los Interlocutores Sociales han analizado y valorado
en el marco del diálogo social estas medidas y, aunque no ha sido posible alcanzar un
acuerdo sobre las mismas, sí que ha habido coincidencia en la necesidad de ponerlas en
marcha con carácter urgente.
Las medidas adoptadas en esta ley se estructuran en cuatro capítulos. El capítulo I
regula dos medidas dirigidas al mantenimiento del empleo. Así, el artículo 1 recoge una
medida dirigida a favorecer la regulación temporal de empleo en lugar de la extinción de
los contratos, bonificando las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la
Seguridad Social en un 50 por ciento en aquellos supuestos en que se proceda por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción a un ajuste temporal del empleo con
la perspectiva de garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo,
siempre que el empresario asuma el compromiso de mantener el empleo durante al menos
un año después de finalizada la situación de suspensión de contratos o reducción de
jornada.
La segunda medida recogida en este primer capítulo modifica la regulación del convenio
especial de la Seguridad Social que se suscribe en el marco de determinados expedientes
de regulación de empleo de empresas no incursas en procedimiento concursal, a fin de
conseguir un doble objetivo: por un lado, evitar el abandono prematuro del mercado de
trabajo de aquellos trabajadores que, a una edad laboral avanzada, vean extinguidos sus
contratos de trabajo a través de despidos colectivos, pues es conocido que en las
situaciones económicas desfavorables los trabajadores de mayor edad se ven afectados,
de hecho, en mayor grado. Por otro lado, mejorar la protección de estos trabajadores, al
posibilitar que las cotizaciones efectuadas por el empresario durante los períodos de
actividad laboral que se desarrollen durante la vigencia del convenio especial se apliquen
a la parte del convenio que debe sufragar el trabajador a partir de los sesenta y un años,
fomentando la prolongación de la vida activa y desincentivando una salida prematura del
mercado de trabajo, con la merma en la pensión de jubilación que ello supone.
El capítulo II recoge dos medidas dirigidas a mejorar la protección social de los
trabajadores. La primera de ellas consiste en reponer la prestación por desempleo y la
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores a los que se les haya suspendido su
contrato de trabajo o reducido su jornada por un expediente de regulación de empleo y,
posteriormente, se les extinga o suspenda el contrato por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción. Se trata, con ello, de favorecer también el mantenimiento
de los contratos de trabajo a través de expedientes de regulación temporales, evitando
con ello la destrucción de puestos de trabajo.
La segunda medida suprime el plazo de espera de un mes para el percibo del subsidio
de desempleo que hasta ahora se aplicaba en determinados supuestos; se eliminan con
ello períodos de desprotección de los trabajadores desempleados afectados.
En el capítulo III se establecen medidas para incentivar el empleo de las personas
desempleadas. Así, en el artículo 5 se regula una novedosa medida que tiene por objeto
incentivar al empresario la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las
prestaciones por desempleo, como medida de política activa de empleo, de aplicación
preferente sobre las políticas meramente pasivas. En este sentido, la empresa que contrate
a un trabajador desempleado que perciba prestaciones por desempleo podrá bonificarse
el 100 por 100 de la cuota empresarial por contingencias comunes de la Seguridad Social,
hasta alcanzar como máximo el equivalente del importe de la prestación que tuviera
pendiente de percibir a la fecha de entrada en vigor del contrato, con un máximo de
duración de la bonificación de tres años. Esta medida se aplicará, no sólo a quienes
perciben prestaciones contributivas, sino también a desempleados que perciben el subsidio
asistencial y la renta activa de inserción.
Además, en este capítulo III se recogen dos medidas dirigidas al impulso de los
contratos indefinidos a tiempo parcial, así como de los contratos temporales a tiempo
parcial de determinados colectivos de difícil empleabilidad, favoreciendo la creación de un
tipo de empleo estable que en otros países europeos tiene unas tasas muy elevadas,
tasas que suelen asociarse a índices de empleo también muy elevados. Con esta finalidad,
el artículo 6 introduce dos modificaciones en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la
mejora del crecimiento y del empleo: la primera de ellas incluye entre los trabajadores
cuya contratación puede dar lugar a bonificación, si está incluido entre los colectivos
regulados en el programa de fomento de empleo, al demandante de mejor empleo que,
siendo trabajador a tiempo parcial con una jornada muy reducida —inferior a un tercio de
la jornada a tiempo completo— es contratado en otra empresa; la segunda medida supone
incentivar proporcionalmente más el contrato a tiempo parcial frente al contrato de jornada
completa.
El Capítulo IV pretende impulsar la empleabilidad de los trabajadores con discapacidad,
habida cuenta de la importante incidencia que la actual crisis económica está teniendo
sobre los centros especiales de empleo y, por ende, sobre las perspectivas de creación y
particularmente de mantenimiento del empleo de los trabajadores con discapacidad.
Estas medidas se complementan con otras incluidas en la parte final de la ley. En
primer lugar, debe destacarse la disposición adicional segunda, en la que se establece la
demora de la materialización de los excedentes de ingresos que financian las prestaciones
de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, resultantes de la
ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008. En segundo lugar, se
incorporan en la Ley determinadas modificaciones de la normativa de Seguridad Social,
que tienen como finalidad dar solución a variada problemática que se viene planteando en
el sistema. En tal sentido, se regula el encuadramiento en la Seguridad Social del personal
estatutario de los servicios de salud que realice actividades complementarias privadas, de
modo que, en razón de las mismas, quede encuadrado en el régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, evitando, dada la heterogeneidad que
puede concurrir en estas situaciones, que se establezcan soluciones de encuadramiento
de Seguridad Social dispares que, a su vez, puedan provocar distorsiones importantes en
la prestación de servicio y, derivado de ello, en la propia concurrencia de profesionales.
De otra parte, se modifica la forma de acreditación de los requisitos establecidos en
orden al encuadramiento de los trabajadores agrarios por cuenta propia en el denominado
«Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios», de modo que se amplía
el plazo para dicha acreditación, eliminando la eventualidad de que una variación ocasional
de rendimientos obtenidos por el interesado pueda dar lugar a la exclusión de dicho sistema
especial.
Por otro lado, se modifica el sistema de cotización a la Seguridad Social prevista para
los trabajadores autónomos que se dediquen a la venta ambulante en mercadillos
tradicionales, de modo que las especialidades que se contienen al efecto en la Ley 2/2008,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009 se extiendan no
sólo a los supuestos de incorporación de los interesados en cooperativas, sino también en
los casos de vendedores individuales.
Por último, la disposición final primera habilita al Gobierno para prorrogar el Plan
Extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral
aprobado en abril de 2008, con el fin de proporcionar un mejor servicio al creciente número
de personas desempleadas, en particular en lo que se refiere a la orientación profesional
para lograr una más rápida inserción laboral.
