Un error que pagará caro la economíao es fácil encontrar al responsable de la política económica. ¿Rajoy, Sáenz de Santamaría, De Guindos o Montoro? ¿O tal vez Álvaro Nadal con su flamante Gobierno en la sombra? Pero lo cierto es que falla la estrategia de política económica para salir con fuerza de la crisis, que en última instancia es lo que necesita un país con casi seis millones de parados. En particular, por el error de diseñar una política de rentas que lleva al país al empobrecimiento general y lo pretende devolver a los años 60, cuando España jugaba el papel de mano de obra barata para favorecer la inversión extranjera.
Como en el viejo poema del teólogo alemán Martin Niemöller, primero se recortó la renta disponible del sector privado mediante una subida descabellada de impuestos de carácter procíclica que sólo ha logrado alargar la salida de la crisis; después, se bajó el sueldo de los empleados públicos en lugar de acometer una profunda reforma de la Administración y de sus estructuras territoriales, y, al final, la guadaña ha caído sobre la nómina de los pensionistas, el único colectivo que no puede defenderse buscando otro tipo de rentas, y que hoy son el principal sustento de millones de hogares.
El resultado es que 2014 será otro año perdido desde el punto de vista del empleo. El paro sólo bajará marginalmente por los flujos migratorios y por el ‘efecto desánimo’, pero en ningún caso por la creación neta de empleo en términos de Contabilidad Nacional. Conformarse con un crecimiento inferior al 1% es regodearse en la complacencia.
España ha coqueteado con la deflación en los años de la crisis (el deflactor del PIB se ha situado cada año entre el 0,0% y el 0,1% entre 2009 y 2012), pero, a pesar de eso, las ganancias de competitividad han sido escasas. Sin duda porque una deflación permanente resulta dañina para mejorar la financiación de la economía
Lo más dramático, sin embargo, es que tan dura medicina no ha logrado sus resultados. La deuda pública se aproxima al 100% del PIB, el déficit fiscal este año seguirá siendo uno de los más altos de la eurozona (en el mejor de los casos se pasará del 6,5% al 5,8% en un contexto de duras restricciones presupuestarias que afectan a los cimientos del país: educación o sanidad); mientras que el desempleo continuará afectando a la cuarta parte de la población activa.
Voluntarismo político
Como se ve, no hay razones para el optimismo, salvo que se juegue a un infantil voluntarismo político basado en que con el anterior Gobierno hubiera sido peor. Lo cual es totalmente cierto. O que se piense que la calma de los mercados financieros tiene que ver con una mejora sustancial de la economía real más que con la metadona que suministran los bancos centrales.
Como sostiene el economista Pedro Fraile, somos demasiado reacios a recordar el pasado. Y es innegable que el actual Ejecutivo ha estabilizado algunos de los grandes desequilibrios de la economía española, en particular todo lo relacionado con el sector exterior y con las cuentas autonómicas, pero todavía con resultados escasos y con un coste terrible: más paro y destrucción de buena parte del tejido productivo (20.000 empresas industriales menos en apenas cinco años).
Sin duda, por subestimar el papel de la política de rentas en un contexto recesivo. Como han recordado recientemente los profesores David Peón y Fernando Rey, de la Universidad de A Coruña, es completamente iluso poner todos los huevos de la política económica en el cesto de las exportaciones. ¿Por qué? Porque casi el 80% del PIB es consumo interno (59% privado y 20% público), mientras que las exportaciones netas representan apenas el 2,9% del PIB.
Un sencillo ejemplo lo demuestra: si la bajada de salarios y los recortes en el sector público reducen el consumo interno un 1%, eso quiere decir que el PIB se contraerá un 0,8%, por lo que para compensar esa caída las exportaciones netas (diferencia entre lo que se vende y lo que se compra) deberían crecer nada menos que un 27%, y para crear empleo (a partir del 1% de crecimiento del PIB), debería hacerlo a niveles superiores al 70%.
Como se ve un escenario imposible al que se agarra el Gobierno para crecer, lo cual choca con la realidad. Bajar los salarios y las pensiones no sólo se llevará por delante el Estado de bienestar (y la primera víctima de esta estrategia es la Seguridad Social, que ve como las bases de cotización de sus afiliados no dejan de caer), también tiene otro componente fatal aunque útil para las multinacionales que están en España y que necesitan manos de obra barata para exportar, algo que explica mejor que ninguna otra cosa la insistencia de la troika en continuar con esa política de rentas suicida (lo cual no significa que haya que subir las nóminas por decreto ley).
Coquetear con la deflación
El resultado es que España ha coqueteado con la deflación en los años de la crisis (el deflactor del PIB se ha situado cada año entre el 0,0% y el 0,1% entre 2009 y 2012), pero, a pesar de eso, las ganancias de competitividad han sido escasas. Sin duda porque una deflación permanente resulta dañina para mejorar la financiación de la economía. La deflación hace crecer los tipos de interés reales cuando los tipos nominales (los que fija el BCE) no pueden descender más por razones obvias -están en el 0,5%-.
Hay una idea equivocada de que las ganancias de competitividad se derivan casi exclusivamente de los costes salariales. Cuando tienen mucho más que ver con la productividad. Y las exportaciones que se fundamentan en salarios bajos o una moneda barata -en lugar del capital humano o físico- nunca podrán sustentar un nivel de vida atractivo
Quiere decir esto que el descenso en el nivel de precios hacer crecer la carga de deuda de los agentes económicos. Familias y empresas están soportando ahora tipos de interés reales muy elevados que anulan el esfuerzo derivado de la consolidación fiscal y de la contención salarial.
En definitiva, se está registrando lo que los economistas llaman la ‘trampa de liquidez’, que se produce cuando la política monetaria no sirve para empujar el crecimiento económico. Lo ocurrido en Japón -con un endeudamiento público que se aproxima al 300% del PIB- es el ejemplo más palpable.
El profesor Vicente Esteve, de la Universidad de Valencia, ha recordado que un trabajo reciente del servicio de estudios de la Reserva Federal de New York concluía que una política de ajuste fiscal puede aumentar el déficit público en ciertos casos si los tipos de interés nominales a corto plazo están cercanos a cero -la economía se encuentra en una trampa de la liquidez- y bajo el supuesto de que la tasa de inflación en el largo plazo sea cero o próxima a él.
Estos resultados, asegura Esteve, son válidos tanto en el caso de que el déficit público se intente reducir vía el recorte del gasto público o vía el aumento de los impuestos.
¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que, paradójicamente, una política de consolidación fiscal podría ser “contractiva” y provocar un aumento del déficit público en el largo plazo. Un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos lo pone negro sobre blanco. Entre 2007 y 2012, España ha sido el país de la UE en el que más ha crecido el gasto público en relación al PIB: 8,8 puntos. Sólo por detrás de Finlandia, lo que quiere decir que pese a los durísimos ajustes, las cuentas públicas no se recuperan. El propio De Guindos lo dijo este viernes tras el Consejo de Ministros. En contra de lo que sugerían los célebres ‘brotes verdes’ de Elena Salgado, ni siquiera en 2011, cuando la economía europea crecía con cierta velocidad, el PIB de España pudo crecer (apenas un 0,1% tras la última revisión del INE).
Otro dato refleja esta percepción. España no ha sido capaz de recuperar todavía los niveles de PIB del año 2007 (1,029 billones de euros en 2012 frente a 1,053 billones al comienzo de la crisis). Y si la comparación se hace en términos reales y no a precios de mercado, el resultado sería todavía más adverso. Habría que volver a 2005 para encontrar un nivel de actividad económica similar pese al aceite de ricino que se han visto obligados a tragar familias y empresas.
La causa de este error probablemente tenga que ver con la idea equivocada de que las ganancias de competitividad se derivan casi exclusivamente de los costes salariales. Cuando tienen mucho más que ver con la productividad. Y las exportaciones que se fundamentan en salarios bajos o una moneda barata -en lugar del capital humano o físico- nunca podrán sustentar un nivel de vida atractivo. Ninguno de los países emergentes con los que se quiere competir está obligado a financiar un sólido Estado de bienestar, que en última instancia es la seña de identidad de Europa. A no ser que se pretenda renunciar a ello.
http://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2013-09-29/un-error-que-pagara-caro-la-economia_34144/
