Fernando Magán: “La ONU recomienda al Gobierno urgencia para abordar las desapariciones forzadas en el franquismo”
El Grupo de Trabajo de la ONU hizo recientemente unas recomendaciones de amplio alcance que, sobre todo y con carácter general, inciden en la urgencia y celeridad de abordar las desapariciones forzadas -cifradas en más de 150.000 personas- dada la avanzada edad de familiares y testigos y que, para su remedio, su implementación y adecuación se adopten medidas y se precisen las fechas dentro de las cuales se llevarán a cabo.
Memoria Histórica | Ramón Pedregal Casanova - Crónica Popular | 14-08-2014
El olvido, propagado por el franquismo y sus colaboradores como un veneno para matar la conciencia política ha hecho su efecto. Pero la lucha por la Memoria Democrática va ganando terreno y sus triunfos empiezan a contar en tribunales y organizaciones internacionales. Ahora llega el informe de la comisión de la ONU que estuvo en España en el mes de septiembre de 2013. En nosotros está hacerlo valer ante el pueblo que tanto necesita de la conciencia para encontrar un horizonte que contenga Verdad, Justicia y Reparación.
© Mariano Castejón
© Mariano Castejón
Dejo aquí unas palabras de un pequeño libro que es necesario que sea leído y difundido, La question, de Henri Alleg, en Editorial Hiru: “La memoria histórica, acompañada de una brizna de sentido crítico, siempre ha hecho temblar a los paladines del orden público. … El trabajo de la memoria conlleva normalmente la crítica en su seno: la historia nos enseña que lo que hoy parece inmutable no lo es siempre. La historia nos enseña que nada está fijo y que ninguna sociedad, ningún imperio es eterno.”
Estoy con un gran conocedor de todo lo relacionado con la Memoria Histórica, Fernando Magán, abogado que desde hace más de quince años viene trabajando en favor del reconocimiento ante los tribunales de las víctimas del franquismo. En otras actuaciones realizadas, se cuentan la interposición de las denuncias y trámites que dieron origen en Diciembre de 2006 al proceso seguido ante el Juzgado de Instrucción Central n°5, otras demandas y recursos planteados ante diferentes instancias como Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, y también internacionalmente como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, algunas de las cuales todavía continúan.
Fernando Magán fue consultado cuando el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) visitó España en la misión que ha dado lugar al informe que ahora se conoce.¿Qué dice el informe?
El informe recoge ampliamente (en 66 puntos) las comprobaciones y constataciones realizadas por la delegación del Grupo de Trabajo de la ONU durante esa visita, especialmente, como resultado de aspectos aflorados con motivo de la Ley de la Memoria Histórica y el sumario seguido ante Juzgado de Instrucción Central n°5. Contiene toda la información surgida a raíz de ello y de las propias visitas de la delegación a instituciones diversas en distintos lugares del Estado y también amplias referencia al Derecho Internacional y a la Ley de Amnistía española de 1977.
Con esta información el Grupo de Trabajo hace unas “recomendaciones” de amplio alcance que, sobre todo y con carácter general, inciden en la urgencia y celeridad de abordar las desapariciones forzadas -cifradas en más de 150.000 personas- dada la avanzada edad de familiares y testigos y que, para su remedio, su implementación y adecuación se adopten medidas y se precisen las fechas dentro de las cuales se llevarán a cabo.
Es de anotar que el informe aprovecha para recomendar a España una legislación que limite la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya motivos fundados de que pueda ser víctimas de una desaparición forzada. Finalmente, “invita” al Gobierno de España a que en un plazo de 90 días establezca un calendario o cronograma.
Ariel Dulizty, responsable del informe de la ONU, declara que “el Estado español tiene que asumir su responsabilidad y debe elaborar una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas”.
Como miembro de la delegación que del 23 al 30 de septiembre de 2013 visitó España, Ariel Dulizty en realidad llega a dar una mayor dimensión reparatoria y de amplitud de contenido dentro del informe, pues, entre las recomendaciones que el mismo contiene al Estado español, señala que éste ha de asumir sus obligaciones internacionales, ejercerlas con claro liderazgo, y comprometerse de manera más activa y urgente con las víctimas, y determinación de su suerte o paradero, y que todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos deben ser asumidas como obligación estatal, que tiene que ser parte de una política de Estado integral, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa.
¿Estamos más cerca de conseguir Verdad, Justicia y Reparación, o son solo palabras?
Aunque ello así conste en un informe de Naciones Unidas a un país como España, que se proclama democrático, resulta, por cuanto hemos visto que ha sucedido en los últimos años con la aplicación de justicia a las víctimas de la Dictadura, que hemos de tener alta prudencia y consciencia de que no podemos esperar que tal proclamación se traduzca en una realidad material inmediata. Tanto por el propio carácter del informe que no es vinculante sino una recomendación a los estados miembros, como porque España se halla en un contexto supranacional que, al momento presente, es de percibir que queda amparado en algunas prácticas que, en materia Derechos Humanos, se producen en nuestro país. De tal manera, en el tema concreto, entiendo y considero que la mayoría del Consejo de Europa tiene incluso olvidada una propia recomendación dada a España en Marzo de 2006 y hecha en un sentido análogo al del informe que ahora nos llega y que fue la raíz de la llamada Ley de Memoria Histórica.
No obstante, tanto una como otra recomendación, solo pueden ser consideradas como instrumentos de Derecho muy positivos, pues entiendo que da convencimiento y seguridad a las víctimas y a sus familias de que les asiste la legalidad y que ésta, tarde o temprano, tendrá su reconocimiento y su adecuada manifestación.
El informe “recomienda, es el término que emplea el informe, al Estado español investigar y juzgar las desapariciones forzadas. Esto mismo lo había pedido la ONU en otras ocasiones, ¿por qué no lo han llevado a cabo?
Naciones Unidas invita” al Gobierno de España a que en un plazo de 90 días establezca un calendario o cronograma
En efecto, organismos internacionales y la ONU con anterioridad habían señalado a España la imprescriptibilidad y la necesidad de reparación para las víctimas con el enjuiciamiento de los responsables. Pero ello fue de forma genérica y realizado a otros niveles orgánicos inferiores en Naciones Unidas. Ahora procede de la Asamblea General. Aquellos pronunciamientos no fueron considerados, ni atendidos de forma efectiva, con argumentos como que España había tenido un modelo de transición ejemplar, que servía de pauta a otros muchos países, y que, en cualquier caso, la justicia española era la que debía de decidir pues de ello estaba conociendo con los procedimientos abiertos. Entonces, pese a esos pronunciamientos, la realidad es que nuestro modelo de tránsito a la democracia ya tenía cerrada esa posibilidad y sigue teniéndola cerrada; pero hay que confiar en que no siga siendo así por muy largo tiempo.
Con la Ley de la Memoria Histórica en la mano, a pesar de su cortedad, ¿podía haberse hecho algo de lo que pide la ONU mediante su Comité de Expertos? ¿También hay oposición en los juzgados territoriales?.
Por supuesto, con ella, incluso mucho antes de su promulgación, el Estado podía haber tomado la obligación directa de búsqueda, localización, y exhumación de las personas desaparecidas, pues incluso lo asumió para hacerlo en el frente ruso con los muertos de la División Azul. Pero, sin embargo, a través del complejo y perverso mecanismo de las subvenciones, puso un sistema que hacía recaer en las familias esta responsabilidad y suerte.
Se podía haber recomendado a las fiscalías una intervención muy diferente a la observada, pues en lugar de actuar en favor de las víctimas, que hubiera sido lo normal y lo congruente, de forma generalizada y sistematizada ha impedido investigar y reparar. Se podía haber establecido lugares y actos de memoria para quienes fueron víctimas de la Dictadura, para quienes actuaron en defensa de la democracia y la legalidad. Se podían haber anulados unos juicios que carecieron de todas las garantías, donde quienes los celebraban eran juez y parte, condenando por algo tan paradójico como el “auxilio a la rebelión”…
Y, al momento presente, por supuesto, sigue la oposición firme y rotunda de los juzgados territoriales en dar tutela a casos que aún llegan ante ellos, incluso en contra de las resoluciones del Tribunal Supremo de Marzo de 2012 que establecían una investigación hasta la comprobación de que no era posible la condena conforme a la ley de enjuiciamiento.
En definitiva, la justicia ha negado y obstaculizado los derechos básicos de las víctimas y sigue sin dar correcto amparo y colaborar en proporcionar una reparación mediante asistencia judicial primaria. Lo cual puede hacer con la de Memoria Histórica y con otras leyes.
Dice el Comité de la ONU que la Ley de Amnistía no sirve, que es una Ley que se encuentra fuera del marco del Derecho ¿Qué dispone el Derecho Internacional que España dice reconocer y aceptar?
El Derecho internacional, como un derecho de la humanidad, impide la amnistía por parte de un Estado en favor de nacionales responsables de crímenes de lesa humanidad, impide el enjuiciamiento por actos que atentan contra la misma, considerada ella como un conjunto.
El olvido de las víctimas del franquismo y la impunidad de sus crímenes es piedra angular del actual sistema y también una causa de su falta de credibilidad
Pero, en el caso español, en mi valoración e interpretación, la invocación de la amnistía no tiene un carácter puramente jurídico sino de oportunidad y pretexto, se manipula como ataque a la reconciliación, el valor político del actual régimen. Pues aquellos criminales ya se habían auto amnistiado con efectos desde la proclamación de II República Española y, además, subyacentemente, serían los otorgantes del presente estado de cosas, que está plenamente admitido.
Si el gobierno español no cumple con sus obligaciones 75 años después de la Dictadura, ¿Cuál será su posición como abogado?
En mi condición de abogado seguiré tramitando los asuntos que están en marcha, incluso probablemente promueva otro en fechas próximas, precisamente ante Naciones Unidas. Es mi instrumento para contribuir a la verdad y para mantener la memoria. Pero la justicia y la reparación no se alcanzaran sin la suficiente conciencia social, que es la que se ha de mantener para obtener en el futuro este objetivo que es de muy profundo calado.
Una última pregunta ¿Las reivindicaciones históricas de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo encajan en las luchas contra la crisis del régimen monárquico que ha buscado su continuidad desde Franco con la imposición del heredero?.
El olvido de las víctimas del franquismo y la impunidad de sus crímenes es piedra angular del actual sistema y también una causa de su falta de credibilidad; por tanto, el mantener las reivindicaciones no es solo la petición de una debida y necesaria justicia y reparación sino un instrumento político que cuestiona al actual régimen en su propia raíz Si éste fuera superado tengo profundo convencimiento de que las víctimas obtendrían sus reivindicaciones de forma justa, digna e idónea.
