Investigados los mandos del Tercio I de la Legión por denegar bajas médicas
Soldados que presentaron solicitudes justo antes de maniobras han denunciado al coronel jefe, a dos tenientes coroneles y a varios capitanes y tenientes por delitos de abuso de autoridad
AURELIO RUIZ ENEBRAL
04/01/24 | 0:00
Los dos Juzgados Togados Militares Centrales tienen abiertos cerca de una decena de procedimientos judiciales en los que se investiga a los mandos del Tercio ‘Gran Capitán’ I de la Legión, con sede en Melilla, incluido el coronel jefe.
Así lo ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes judiciales, que detallan que el presunto delito por el que están siendo investigados estos oficiales y suboficiales es el de abuso de autoridad. El origen de todos estos procedimientos es el mismo: la denegación de bajas médicas solicitadas por legionarios del Tercio ‘Gran Capitán’ I.
Se disparan las bajas antes de un ejercicio
La Comandancia General de Melilla, de la que depende el Tercio ‘Gran Capitán’ I de la Legión, organizó entre los meses de febrero y marzo de 2023 el ejercicio BETA ‘Rusadir’ I/23, en el Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) de San Gregorio, en Zaragoza. Se trataba del principal hito del año incluido en el Plan Anual de Preparación de la Comandancia General de Melilla.
Justo antes de comenzar ese ejercicio, el Tercio ‘Gran Capitán’ I de la Legión recibió una avalancha de solicitudes de baja por motivos médicos por parte de militares de la unidad.
Concretamente, se registraron en torno a 70-80 solicitudes de baja, un aumento de alrededor del 200% frente a lo que es habitual antes de unas grandes maniobras.
Revisión y denegación de bajas
Resulta que es un fenómeno persistente que, antes de ejercicios en la Península, en unidades militares de Melilla se reciba un número importante de solicitudes baja, prácticamente siempre justificadas por accidentes de tráfico que habrían sufrido esos militares en fechas próximas a las maniobras.
Pero esas peticiones de baja médica se dispararon antes del ejercicio BETA ‘Rusadir’ I/23 que iba a tener lugar en Zaragoza.
Ahora la justicia investiga al coronel Antonio Ferrera, por entonces jefe del Tercio ‘Gran Capitán’ I de la Legión -entregó el mando del Tercio este mes de diciembre al coronel Rafael Sánchez-Barriga-, que habría dado orden a los mandos subordinados del Tercio de que revisaran de manera especialmente minuciosa todas estas solicitudes de baja.
Las solicitudes de baja iban inicialmente avaladas por médicos civiles, que supuestamente habían examinado a los peticionarios y habían certificado que sufrían ciertas lesiones o secuelas de esos accidentes. Pero ante el incremento exagerado de las solicitudes de baja, el coronel pidió para todos los casos un informe de la Sanidad Militar, antes de autorizar o denegar las peticiones.
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En base a esos informes, el jefe del Tercio ‘Gran Capitán’ I autorizó altas con limitaciones, es decir, con restricciones para realizar ciertas actividades y esfuerzos físicos. Esa condición sí permite enviar a un militar a unas maniobras, a puestos sin esfuerzo físico como administrativos y en cocinas.
Aun así, en este caso concreto ninguno de esos legionarios a los que les denegaron las bajas llegó a participar en el ejercicio BETA ‘Rusadir’ I/23 en el campo de maniobras de San Gregorio. Permanecieron en su cuartel en Melilla.
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Denuncias por abuso de autoridad
A pesar de que no se les llegó a forzar a ir a las maniobras en la Península, finalmente más de una decena de legionarios afectados por estas denegaciones de bajas médicas decidieron acudir a los tribunales. Denunciaron a sus mandos del Tercio ‘Gran Capitán’ I de la Legión por un presunto delito de abuso de autoridad.
El Código Penal Militar castiga en el artículo 45, con penas de entre tres meses y un día a tres años de prisión, al superior “que, abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave a un subordinado, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho”.
Los legionarios cuestionaron la decisión del coronel y las consiguientes órdenes del resto de mandos que les conminaron a preparar sus equipos reglamentarios. Entendieron que todos ellos habían incurrido en abusos de autoridad: el coronel por autorizar las altas y los mandos orgánicos de las compañías por querer contar con esos legionarios para desplegarlos en el ejercicio de Zaragoza.
Acusaron a los mandos de haberles denegado de manera injustificada la baja médica a la que (según defienden ellos) tenían derecho. Como tal, fue el coronel el que les denegó las solicitudes de baja. Pero también denunciaron, entre otros, a los capitanes de sus compañías, porque al haber sido declarados de alta con limitaciones, y no de baja, esos capitanes les ordenaron que prepararan sus equipos para irse a las maniobras (aunque finalmente no llegaran a ir).
Los legionarios entienden que tampoco debían haberles dado esas órdenes, de ahí que acusaran a capitanes y a otros mandos. También denunciar a los capitanes enfermeros, por la tramitación de las bajas que se les denegaron.
Ejercicio BETA ‘Rusadir’ I/23 en el campo de maniobras de San Gregorio.
Ejercicio BETA ‘Rusadir’ I/23 en el campo de maniobras de San Gregorio.
El coronel jefe, dos tenientes coroneles…
La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar establece que los procedimientos judiciales que se siguen contra militares con empleo igual o superior a comandante o capitán de corbeta son competencia de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, el máximo órgano de la jurisdicción militar, por debajo del Tribunal Supremo.
La instrucción de esos procedimientos contra oficiales a partir del empleo de comandante corresponde a los dos Juzgados Togados Militares Centrales, con sede en Madrid.
En este caso, según explican a ECD fuentes judiciales, por las denuncias de los legionarios del Tercio ‘Gran Capitán’ I de la Legión se investiga a quien era el coronel jefe, y a otros oficiales: el teniente coronel jefe de la Plana Mayor de Mando y el teniente coronel jefe de la Iª Bandera ‘España’, además de al menos tres capitanes, cuatro tenientes y un sargento.
Al estar investigados un coronel y dos tenientes coroneles (empleos superiores a comandante), este caso no se está instruyendo en el Juzgado Togado Militar Territorial número 26, con sede en Melilla, sino en el Juzgado Togado Militar Central número 1 y en el Juzgado Togado Militar Territorial número 2, en Madrid.
Las denuncias no se han agrupado en un único procedimiento, sino que hay varios procedimientos judiciales abiertos en estos dos juzgados centrales, pero todos por este mismo motivo de las bajas médicas denegadas en el Tercio ‘Gran Capitán’ I de la Legión.
Legionarios investigados por sedición militar
Las investigaciones a los mandos por denuncias de legionarios perjudicados por las bajas denegadas no son los únicos procedimientos judiciales que se han abierto por este asunto. Fuentes militares de Melilla revelan a Confidencial Digital que el Juzgado Togado Militar Territorial número 26, con sede en esa ciudad autónoma, está investigando a varios legionarios del Tercio ‘Gran Capitán’ I relacionados con esas solicitudes de bajas médicas.
A los mandos se les investiga en Madrid por delitos de abuso de autoridad, que puede suponer penas desde tres meses a tres años de cárcel. Pero los legionarios investigados se enfrentan a un delito más grave, con penas que podrían ser más elevadas.
Se trata del delito de sedición militar, contemplado en el artículo 38 del Código Penal Militar:
-- “Los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, se negaren a obedecer o no cumplieren las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de dos a quince años de prisión cuando se trate de los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición, del cabecilla que se ponga al frente o, en todo caso, si se trata de suboficiales o militares de categoría superior, y con la pena de uno a diez años de prisión cuando se trate de los meros ejecutores. Se impondrá, además, la pena de pérdida de empleo”.
Se contempla que los legionarios investigados pudieran haber cometido ese delito de sedición militar, ya que se sospecha que actuaban de forma coordinada para solicitar las bajas por motivos médicos, y así incumplir los deberes del servicio, en este caso participar en ejercicios y maniobras.
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El clima de Zaragoza
Como ya se ha apuntado, en las unidades del Ejército de Tierra con base en Melilla se registra un alto número de peticiones de bajas médicas antes de maniobras de larga duración en la Península Ibérica.
Las fuentes consultadas por ECD explican que algunos militares melillenses, habituados al clima de la ciudad española del norte de África, llevan muy mal las condiciones meteorológicas que se dan en ocasiones en el campo de maniobras de San Gregorio, especialmente en invierno: bajas temperaturas, lluvia, cierzo (el viento habitual en Zaragoza y todo el valle del Ebro)…
Hay que recordar que el ejercicio BETA ‘Rusadir’ I/23 estaba programado y se desarrolló entre febrero y marzo del año pasado, es decir, aún en invierno.
Esa resistencia a pasar frío en San Gregorio explica, en parte, que no pocos militares de unidades de Melilla soliciten la baja por motivos médicos justo antes de este tipo de maniobras; bajas que en ciertos casos no se acreditan de forma suficiente.
Trabajos fuera del Ejército
Además, algunos militares de Melilla también intentan por todos los medios no acudir a maniobras de larga duración en la Península, porque en la ciudad autónoma tienen trabajos civiles fuera de su horario laboral como militares.
Si son destinados varias semanas al campo de maniobras de San Gregorio, o al otro Centro Nacional de Adiestramiento, el de Chinchilla (en la provincia de Albacete), dejan de trabajar en esos otros empleos, con el consiguiente perjuicio económico.
Todo ello explica el conflicto con las bajas médicas en el Tercio ‘Gran Capitán’ I de la Legión, de Melilla, que ha desembocado en investigaciones judiciales al coronel y otros mandos del Tercio, por un lado, y a varios legionarios, por otro.
Los legionarios investigados en Melilla han contratado para su defensa a diferentes letrados de la ciudad autónomas, mientras que el coronel y los otros mandos del Tercio I están siendo defendidos por la Abogacía del Estado y por letrados particulares de Madrid.
