Derechos y riesgos laborales

[47ronin]

Entiendo que dentro de la Policía Local sería realizar escrito Alcaldía solicitando que se abone la indemnización y si no contestan y/o la deniegan, al contencioso, es que yo tengo una de esas por insolvencia.!!!!

Efectivamente, cualquier PL puede iniciar un procedimiento como este aduciendo el Reglamento de Policía Gubernativa que ha servido como argumento para que varias sentencias fallen a favor del demandante...pero ya sabe que su petición irá directamente al juzgado por que le van a decir que no en vía administrativa y deberá ir entonces a la judicial.

[pitufo88]

Lo imaginaba 

[47ronin]

El 'todo vale' de los turistas extranjeros

La Asociación Española de Guardias Civiles denuncia la falta de protección ante el impago de indemnizaciones por agresión de turistas extranjeros. La mayoría de ellos abandonan el país "sin pagar" siquiera las costas de los juicios rápidos

Peleas, 'balconing', violencia de género, resistencia a la autoridad... Todos estos delitos pueden ser cometidos por cualquier turista extranjero en España sin ningún tipo de consecuencia económica, según la AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles). Desde la Asociación denuncian la falta de un fondo o seguro para cubrir las indemnizaciones en los casos de agresiones a guardias civiles por personas insolventes y personas no residentes en España. Pero las consecuencias "no sólo afectan" al cuerpo de seguridad, también al Estado y al resto de ciudadanos. Los turistas que incumplen la Ley vuelven "en la mayoría" de los casos "sin pagar" las costas de los juicios rápidos a los que son sometidos.

"Somos trabajadores públicos y debemos de estar protegidos. Hay compañeros que han sufrido agresiones y no sólo no han visto un euro, sino que siguen de baja, con el perjuicio que eso supone para el Estado. No puedes tener agentes de baja y que su agresor salga del país sin pagar la sanción económica. Su argumento es: 'Ya lo pagaré'. Pero luego nadie le reclama ese dinero", argumenta José Cobo, portavoz de la AEGC. Los casos "más comunes" entre los turistas extranjeros son los de violencia de género y los desperfectos en la vía pública debido al "elevado" consumo de alcohol durante sus vacaciones. En muchos casos, los miembros del Instituto Armado son agredidos "por la propia mujer maltratada" cuando observan que se llevan a su pareja detenida. De hecho, "la mayoría" no se presenta al juicio rápido.

La AEGC "no entiende" porque los turistas que no residen en España no pagan la indemnización y las costas del proceso antes de abandonar el país. "¿Por qué no se les retiene el pasaporte hasta que cumplan con la Ley?, se pregunta José Cobo. Pero no todo son posibilidades de huír de sus responsabilidades para los turistas extranjeros que delinquen. Existe una sanción que exige el pago inmediato: superar la tasa de alcohol permitida al volante. En estos casos, si el infractor no tiene nacionalidad española ni residencia en el país "deberá abonar la multa en el acto o le será retirado el vehículo". Si el coche es alquilado, será "la propia compañía" quien le reclame los costes.

Los numerosos casos de "impunidad con el extranjero" que se dan a lo largo del año han creado "cierta desmotivación" entre los agentes, que en algunas ocasiones "denuncian" casos que lo único que crean son "déficit" al Estado. En este sentido, en la AEGC defienden que quien tiene que "moverse" es el Gobierno. "Tengo un compañero que recibió una multa en España de un dólar por saltarse un peaje en Estados Unidos después de dos meses", argumenta a modo de comparación José Cobo. "¿Por qué no tenemos convenios para que se garanticen los pagos de las indemnizaciones y más cuando vivimos del turismo?", interroga José.

Las Islas Canarias, a la cabeza

El último caso de esta situación se ha registrado en las Islas Canarias donde ocurren "la mayoría" de los casos "debido a su población flotante". El Juzgado de Instrucción Nº 3 de San Bartolomé de Tirajana condenó a un ciudadano británico como autor de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad y dos delitos de lesiones leves a penas que suman cuatro meses de prisión, 40 días de multa con una cuota diaria de seis euros, así como a indemnizar a los guardias civiles agredidos por las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron el pasado día 28 de diciembre sobre las 22:00 horas, cuando dos guardias civiles pertenecientes al Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán procedían a intervenir en un episodio de violencia de género en un establecimiento hotelero en el término municipal de Mogán, resultando lesionados al resistirse activamente a la detención el ahora condenado con ánimo de menoscabar el principio de autoridad y la integridad física.


Pero este es sólo uno de los "numerosos" casos que ocurren en las Islas y en Levante. De hecho, el verano de 2014 esta misma asociación ya denunció el "desamparo" de los guardias civiles ante los casos de agresiones por personas insolventes o sin residencia en España. En ese momento aprovecharon otro caso ocurrido en Lanzarote para argumentar esta teoría.

En julio de ese mismo año el juzgado de los penal Nº 1 de Arrecife (Lanzarote) condenó a una persona por un delito de resistencia y desobediencia a un agente de la Autoridad con motivo de la agresión sufrida por un guardia civil del puesto principal de Tias cuando se encontraba evitando la comisión de un delito infraganti en un domicilio particular.

En este caso, la Delegación de Gobierno en Canarias, que es la encargada de tramitar las denuncias, "desconoce" la reivindicación del gremio. A la vista de estos hechos, España podría resultar atractiva para los turistas no sólo por su climatología y por su oferta de ocio, sino también por la impunidad y porque, en opinión de la fuerzas de seguridad, parece que "aquí todo vale".

[47ronin]

para cuidar a los hijos de ambos
La justicia libra de las guardias a una marinera cuando su marido esté en alta mar

Las necesidades del servicio permiten a los mandos del Ejército obligar a los soldados a hacer actividades extraordinarias, salvo que estos últimos tengan concedida la reducción de jornada

Roberto R. Ballesteros

10.02.2016 – 05:00 H.

Ella y él eran marinos. Pasaban largas temporadas en océanos lejanos, a veces por separado, a las órdenes de sus mandos de la Armada Española en Ferrol. La distancia, sin embargo, no suponía demasiado problema para su vida en pareja. Lo llevaban bien. Hasta que tuvieron un niño. Y luego otro. Ambos hablaron y concluyeron que ella reduciría su jornada laboral, media hora al comienzo y otra media hora al final, con el fin de poder cuidar adecuadamente al pequeño.

La decisión la tomó la madre a principios de 2011 y el mismo 10 de enero de ese año se le concede. La reducción de jornada conllevaba automáticamente que la mujer quedaba exonerada de hacer guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que provocaran un desbarajuste en el horario fijo de la afectada, lo que permitía a la mujer planificar su trabajo fuera y dentro de casa en torno al cuidado del pequeño.

Dos años después, sin embargo, el almirante jefe del Arsenal de Ferrol decidió unilateralmente modificar la exención total que tenía concedida la madre. En concreto, el 7 de marzo de 2013, el alto mando firmó la resolución, que la afectada recurrió y que el almirante jefe de Apoyo Logístico de la Armada ratificó el siguiente 25 de julio. Argumentó que "las circunstancias sobrevenidas" le obligaron a modificar la situación de la marinera. En concreto, dijo, "diversos servicios de guardia y vigilancia en el Arsenal Militar de Ferrol que fueron realizados por personal de empresas civiles contratadas hasta el fin de 2012 han pasado a ser desempeñados por personal de marinería, con el consiguiente recargo en la prestación de los mismos".

Fue entonces cuando la marinera, destinada en el departamento de electrónica, se lanzó a emprender acciones jurídicas contra su superior. Su abogado, Antonio Suárez Valdés, interpuso un recurso contencioso administrativo, que el Juzgado número 1 de Ferrol transformó en sentencia estimatoria el pasado 21 de diciembre. La titular del tribunal, la magistrada Ana Sánchez Sánchez, dio la razón a la demandante al entender que la decisión de sus mandos no estaba suficientemente "motivada" y que estos tampoco habían "valorado de forma individualizada la modificación de la situación laboral de la recurrente".

Según la resolución judicial, la Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas, de 27 de julio de 2011, asegura que únicamente se puede incorporar a alguien a un destino por "necesidades del servicio" cuando se justifique adecuadamente y se motive de forma individualizada. "El militar que sea progenitor o tutor de una familia monoparental y tenga concedida una reducción de jornada (...), quedará exonerado de la realización de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas (...) que interfieran con el disfrute de la reducción de jornada", reza la orden ministerial 2/2011, que añade que solo en "último extremo" las "necesidades del servicio (...) condicionarán la concesión de la reducción de jornada".

Estas necesidades, prosigue la legislación, "se valorarán de manera individualizada, caso por caso". En el resto de casos, continúa la norma, "el militar (...) quedará exonerado". En este caso, afirma la sentencia del Juzgado número 1 de Ferrol, "dado que no consta que se hayan tenido en cuenta las circunstancias concretas de la recurrente (su marido pasa largos periodos navegando fuera de casa) e individualizado las necesidades del servicio (...) procede estimar la demanda y dejar sin efecto la resolución recurrida", que obligaba a la madre a hacer guardias.

La sentencia va en la línea de otro fallo emitido por el mismo Juzgado, que señalaba el 16 de junio de 2014 que el cambio de vigilantes privados por militares en el Arsenal Militar de Ferrol permitía al jefe de la unidad "reconsiderar las guardias (...) y actividades análogas de las que el militar se encontraba exonerado salvo aquellas que interfieran en el disfrute de la reducción de jornada". La mujer, por lo tanto, seguirá cuidando a sus hijos sin tener que preocuparse de los desajustes horarios que conlleva hacer maniobras o guardias.

[47ronin]

UGT denuncia una oferta laboral que solicita una camarera “un poco puta”

El sindicato señala, a través de una carta a Inspección, que "atenta gravemente contra la dignidad de la mujer y es vejatoria para la misma"
El anuncio, perteneciente a un bar coruñés, fue publicado en la web Milanuncios.com y ya ha sido retirado de la misma

infoLibre Actualizada 12/02/2016 a las 19:55     .


Imagen del anuncio. 

​La Unión General de Trabajadores (UGT) hizo pública este viernes una carta [consultar el documento aquí] dirigida al director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Ignacio Sacristán, denunciando una oferta laboral de un bar situado en Ordes (A Coruña), que solicitaba, para el empleo de camarera, a una candidata "responsable, guapa y un poco puta".

 Según el sindicato, "en virtud del artículo 4, apartado 2c del Estatuto del Trabajador, los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por, entre otras razones, de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas u orientación sexual".

 Los sindicalistas denuncian que la oferta, publicada en el portal online Milanuncios.com, "atenta gravementecontra la dignidad de la mujer y es vejatoria para la misma", además de ir contra los valores y derechos reconocidos por la Constitución.

 Por estos motivos, UGT señala que los hechos podrían enmarcarse dentro de la regulación contenida en el apartado 12 del artículo 8 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, de modo que exige que Inspección lleve a cabo las actuaciones pertinentes, así como una estricta vigilancia del cumplimiento de la normativa con el fin de garantizar el respeto a los principios de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y no discriminación.

[tixe]

Descerebrados.

[47ronin]

Lo que siempre les he dicho...CABRONA.

un artefacto explosivo estalló en su puesto
Interior forzó a un guardia civil víctima de ETA a volver al País Vasco contra su voluntad

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena al departamento dirigido por Fernández Díaz sacar al funcionario de San Sebastián y devolverlo a su anterior destino junto a su familia


Tiempo de lectura3 min
15.02.2016 – 18:53 H.

El 31 de enero de 2001, el cabo primero de la Guardia Civil L. M. C. estaba de servicio en el Puerto de Pasajes (Guipúzcoa). Alrededor de las seis de la mañana, un artefacto explosivo colocado por ETA estalló en su lugar de trabajo. Por muy poco, el agente salvó la vida. Tres años después, el Ministerio del Interior le reconoció como víctima del terrorismo. Después, siguió prestando servicio en el País Vasco hasta 2008, año en el que decidió solicitar el traslado a su localidad natal.

La Dirección General de la Gardia Civil le destinó a Lugo y allí estuvo seis años trabajando sin tener que mirar en los bajos del coche ni inspeccionar diariamente los lugares por los que pasaba. Vivió tranquilo con su mujer, también componente del instituto armado, y sus hijos. Sin embargo, el 3 de julio de 2014, el Ministerio del Interior decidió trasladarle forzosamente a la Unidad de Policía Judicial de San Sebastián. En contra de su voluntad, el cabo dejó a su familia y volvió al País Vasco.

No tardó demasiado en "revivir experiencias traumáticas", como el propio agente las calificó en el escrito que interpuso ante sus superiores para tratar de evitar el traslado, extremo que no consiguió por esta vía. El general jefe de Personal de la Guardia Civil rechazó su recurso apenas 20 días después de que el afectado conociera que tenía que mudarse y estando ya en su nuevo destino.

El cabo no se dio por vencido e interpuso un nuevo escrito de queja, esta vez ante el superior jerárquico competente, un teniente general de la Guardia Civil, pero este tampoco atendió su petición. En concreto, el 27 de mayo de 2015, el alto mando rechazó el recurso de alzada, última agarradera administrativa que tenía el funcionario. Sin embargo, ni siquiera en este punto se rindió.

El ministro del Interior, en un acto de la Benemérita. (EFE)
El ministro del Interior, en un acto de la Benemérita. (EFE)

El hombre acudió a un abogado e interpuso una demanda contra el ministerio. Su letrado, Antonio Suárez Valdés, argumentó que el interesado tenía la condición de víctima del terrorismo y que, por lo tanto, la legislación le amparaba. En concreto, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, le daba derecho a no regresar al lugar donde había sufrido un atentado.

El pasado 30 de diciembre, la Sección Primera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le dio la razón a L. M. C. y obligó a Interior a devolver al agente a Lugo, hacerse cargo de las costas procesales y abonar al demandante el dinero que le costara el abogado. Según el alto tribunal madrileño, el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz no motivó lo suficiente el traslado del guardia de vuelta al País Vasco, pues únicamente cabría forzar al agente cuando existieran "circunstancias objetivamente justificadas" que "hicieran aconsejable una nueva asignación", cosa que en opinión del tribunal no se da en este caso, pues la Administración no ofrece un razonamiento de fondo.

La resolución de los superiores del agente, critica la sentencia del TSJM, "ni siquiera analiza el dato de que el solicitante se encuentra destinado en San Sebastián", destino "perteneciente a la misma Comandancia de Guipúzcoa donde sufrió el atentado terrorista". "No resulta equiparable esta situación al supuesto en que el derecho se ejercitara desde cualquier otro lugar del territorio nacional, donde la concentración de atentados no era tan relevante como en el País Vasco y Navarra", argumenta el tribunal.

[47ronin]

Los guardias civiles recuerdan que fueron usados el 23-F y exigen una jornada laboral digna

Juan Bosco Martín Algarra

Martes, 23 de febrero del 2016 - 12:30

    Los guardias civiles han lanzado una campaña para reivindicar su derecho a tener una jornada laboral digna, como el resto de funcionarios.
    Han escogido una fecha señera, el 23F, para recordar que, al igual que en 1981, algunas autoridades no están cumpliendo con la legalidad.

Los vocales de AUGC declaran ante la Dirección de la Guardia Civil por los expedientes contra ellos

“La mitad de los guardias civiles que fueron movilizados para perpetrar el Golpe de Estado no tenían ni idea de adónde iban ni qué iban a hacer, lo hicieron porque eran órdenes y punto. Esa forma de funcionar tiene que cambiar”.

Son palabras de Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Esta asociación, que cuenta con más 30.000 afiliados según informa su página web, trata de defender los derechos profesionales y laborales de los agentes y de sus familias.

Este 23F han lanzado la campaña #JornadaLaboralDigna, que en pocos minutos se ha situado entre las tendencias del día en twitter.
Que se cumpla la ley

La elección de esta fecha no es casual. La AUGC pide que se cumpla la ley. Y lo exigen precisamente cuando hace 35 años una serie de mandos decidieron romper con la legalidad vigente y asaltar el Congreso de los Diputados. Para ello se valieron de la férrea disciplina militar que impera en el Cuerpo, y que sirvió para que los agentes no se atrevieran a desobedecer unas órdenes claramente inconstitucionales.

Según Fernández, ahora está ocurriendo algo parecido, salvando las distancias. Hace un año se aprobó que los agentes de la Guardia Civil trabajarían por turnos fijos, al igual que hace el resto de funcionarios de la administración pública. Según la AUGC, se trata de una medida necesaria para que los agentes puedan conciliar su vida profesional y militar y mejorar la calidad del servicio que prestan al ciudadano.

Esta normativa se acordó hace un año y estaba previsto que comenzara a aplicarse el próximo 1 de abril. “Pero ya sabemos que no les va a dar tiempo a cumplir lo que está legislado. Y es tremendo que, una vez más, la Guardia Civil no cumpla con su legalidad interna cuando ellos se supone que somos los primeros que debemos velar para que los demás ciudadanos la cumplan”, argumenta Fernández, para quien ha quedado en evidencia “la dejadez y la incapacidad de gestión tanto del ministro de Interior como del director general” de la Benemérita.

Además, los agentes se sienten especialmente agraviados por el hecho de que los policías nacionales pueden disfrutar ya de sus turnos a pesar de que ellos no disponían de ningún compromiso formal que así lo exigiese.
Más suicidios que en otros cuerpos policiales

“Los guardias civiles no podemos permitir que continúen los abusos”, dicen desde la AUGC. Abusos que en algunos casos provocan situaciones dramáticas que llegan hasta el suicidio. Este tema permanece oculto y al margen de las estadísticas oficiales, pero preocupa sobremanera en el Cuerpo. “Ayer se mató con su arma reglamentaria otro compañero, un cabo. ¿Por qué la tasa de suicidios en la Guardia Civil es entre nosotros considerablemente superior que en otras fuerzas de seguridad del Estado?”.

La AUGC está convencido que el régimen laboral interno, en donde se entrecruzan una fuerte vocación de servicio, un sentido profundo de la lealtad y una dura disciplina, conducen a situaciones de extrema tensión que, en algunos casos, son muy difíciles de soportar para el guardia civil o para sus familias.

“Queremos que se normalice nuestra profesión, ser ciudadanos como los demás”, asegura Fernández. En su opinión, una solución a sus problemas podría pasar por desmilitarización del Cuerpo, pero no es estrictamente necesario. “Bastaría con que se reconociera nuestro derecho de sindicación”.

[47ronin]

[47ronin]

se 'rompió' los tobillos haciendo 'runing'
No es fútbol, es la Guardia Civil: 4 años de lucha contra las lesiones... y seguir en la élite
Un 'hombre de negro', del Grupo de Reserva y Seguridad, no aceptó el puesto de despacho que le ofrecían tras hacerse un esguince y acudió a los tribunales para volver a la acción
Foto: El deporte de alto nivel forma parte de la idiosincrasia de algunas unidades de la Guardia Civil.
El deporte de alto nivel forma parte de la idiosincrasia de algunas unidades de la Guardia Civil.
Roberto R. Ballesteros

Tiempo de lectura4 min
02.03.2016 – 05:00 H.

Los futbolistas no son los únicos que sufren cuando se lesionan y que cuentan los días para regresar a los terrenos de juego. La ilusión por competir y volver a formar parte del equipo titular también es propia de los guardias civiles de élite. En concreto, ha sido la razón del ser del agente W. S. V., uno de los 'hombres de negro' del instituto armado, miembro del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) del cuerpo durante los últimos cuatro años.

Desde que el funcionario se lesionó los tobillos haciendo 'runing' en junio de 2012, se ha estado rehabilitando con el fin de volver cuanto antes. Se sometió a una artroscopia quirúrgica y sus extremidades comenzaron a mejorar. Él tenía ganas de incorporarse a su unidad, uno de los departamentos de referencia en la corporación, pero la recuperación era lenta. Hasta julio de 2014 el agente no pudo recibir el alta médica y aun así la Dirección General no le permitió incorporarse a tareas físicas y le derivó a labores de oficina.

La Junta Médico Pericial dictaminó el 17 de septiembre de ese año, dos meses después del alta, que el agente tenía un grado de discapacidad global del 2% según los baremos oficiales y calificó su lesión como "estabilizada e irreversible". Con base en este informe y en los diagnósticos del personal competente en materia de salud del instituto armado, se inició el 5 de noviembre un expediente para valorar las condiciones psicofísicas del guardia civil. La Junta de Evaluación determinó el 27 de abril de 2015 que el guardia civil podía incorporarse, pero con limitaciones, a las tareas ordinarias. En concreto, no podía participar en actividades físicas que requirieran el apoyo de los dos pies y marchas prolongadas. De ahí que su nuevo compañero de trabajo fuera una mesa, una silla y un ordenador.

Estos deberes, sin embargo, no eran lo suyo. Había ingresado en los GRS buscando acción. Por eso se enroló en servicios de escolta de presos, de control de fronteras, de desórdenes públicos, de protección de material sensible u otros operativos de seguridad propios de esta unidad especializada en servicios de riesgo de la Guardia Civil antes de lesionarse. Y por eso pidió el regreso a las tareas físicas.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés,junto a Jorge Fernández Díaz y Arsenio Fernández de Mesa. (EFE)
El ministro de Defensa, Pedro Morenés,junto a Jorge Fernández Díaz y Arsenio Fernández de Mesa. (EFE)

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, sin embargo, no le concedió el deseo. Mediante resolución del pasado 30 de julio, el máximo responsable político de los cuerpos militares declaró la utilidad para el servicio del agente pero con limitaciones, como había establecido previamente la Junta de Evaluación, decisión que devolvía al guardia civil a su oficina, con su calefacción y su curtida mano tratando de manejar el 'peligroso' ratón. Argumentó también que la Junta había recomendado que no realizara tareas que requirieran el apoyo de los dos pies.

Pero el funcionario siguió peleando. Solo quedaba la vía judicial, pero decidió afrontarla. Contrató a un abogado, Antonio Suárez Valdés, y denunció los hechos ante la Audiencia Nacional. Mostró en sede judicial un informe médico que aseguraba que, tras recibir el tratamiento "adecuado", los tobillos del agente se habían "curado" y éste no presentaba "ningún tipo de restricción física", por lo que podía "realizar su trabajo habitual sin limitación". Alegó que el acta de la Junta Médico Pericial de 17 de septiembre no era válida porque el recurrente está plenamente recuperado y que el expediente había caducado, pues habían pasado más de nueve meses, que es la fecha establecida legalmente.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que se hizo cargo del caso sentenció el pasado 24 de febrero que el guardia debía incorporarse a los puestos operativos no tanto porque su lesión estuviera curada, como señalaba el informe pericial presentado por el agente, sino porque habían pasado más de nueve meses desde que se inició el expediente (5 de noviembre de 2014) y hasta la resolución del ministro Defensa, que se firmó el 30 de julio y se comunicó al interesado dos meses después, lo superaba los plazos establecidos.

El funcionario, por lo tanto, regresará ahora a la primera división de la Guardia Civil debido a que la resolución de Morenés no era "conforme a derecho". Será ahora la competición de primer nivel la que evalúe las condiciones del agente, que abandonará el banquillo para volver a luchar en equipo.

[47ronin]

Expedientan a una conductora de autobús en Fuenlabrada por desviarse de la ruta para orinar
La trabajadora ha sido sancionada con cuatro días de empleo y sueldo por "contravenir las instrucciones"

Fuenlabrada 7 MAR 2016 - 17:29 CET

Una conductora de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada (EMTF) ha sido expedientada y sancionada con la suspensión de cuatro días de empleo y sueldo por desviarse en dos ocasiones de la ruta para ir a las cocheras de la empresa y orinar. Según ha denunciado el PP este lunes, la conductora fue sancionada por contravenir la orden el pasado 11 de diciembre, cuando a las 7,35, iniciaba su turno en la Línea 1. A esa hora, tal y como reza el texto de la sanción al que han tenido acceso los populares, la conductora llamó a su superior para advertirle de su necesidad y de que iría a las instalaciones de la EMTF, a 600 metros de la cabecera de la línea, donde se encontraba estacionado el vehículo.
MÁS INFORMACIÓN

    Tres jóvenes disparan al aire al ser expulsados de un autobús
    Los usuarios con silla motorizada ya pueden subir a los autobuses
    Agredido un conductor de la EMT que salió en defensa de dos mujeres
    La EMT pone en prueba el pago con tarjeta de crédito sin contacto

"Ante la negativa del Inspector (detalla la sanción), usted contesta que todos los locales están cerrados y que por tanto se dirige a las cocheras, abandonando la ruta, contraviniendo las instrucciones recibidas de manera directa, y provocando un retraso en su salida de cabecera de doce minutos". En los documentos, la EMTF se justifica advirtiendo de que existe la prohibición de "abandonar la ruta para usar los aseos de la cochera". Tras ello, mantiene que esta situación se ha repetido dos veces, lo que implica "clara indisciplina y una actitud rebelde a acatar las instrucciones empresariales".

El portavoz del PP, Sergio López, ha calificado el trato dado a la trabajadora y la sanción de "denigrante". En este sentido, ha instado al Ejecutivo local (PSOE e IU) a que "de manera inmediata cumpla con el acuerdo plenario de hace tres años en el que el Partido Popular pidió instalar baños en todas las cabeceras de las líneas de Fuenlabrada".
SANCIÓN POR DESOBEDIENCIA

Desde el Gobierno local se ha señalado que la sanción a la trabajadora "se le ha aplicado por desobediencia al inspector de la EMTF". En cuanto al asunto de los aseos, fuentes municipales han manifestado que este asunto quedará "resuelto en unos días". El concejal de Empresas Públicas, Isidoro Ortega, el gerente de la EMTF y representantes sindicales decidieron hace "ya unos días llegar a acuerdos con los establecimientos hosteleros situados en las cabeceras de las distintas líneas de autobuses para que los conductores puedan utilizar los aseos cuando lo necesiten en sus paradas técnicas, sin que supongo gasto alguno para ellos".

"Hasta ahora podían utilizar estos establecimientos por un acuerdo tácito, pero ahora hemos reafirmado este acuerdo con los propietarios de los bares a los que se les compensará por el servicio prestado a los conductores", ha apuntado el edil. Ortega ha explicado que el resto de líneas de autobuses que hay en la ciudad, como pueden ser los interurbanos, no disponen de aseos en las cabeceras, al igual que el conjunto de operarios que trabajan en la calle desarrollando sus labores, como jardineros o personal de limpieza. "Estos servicios, como aseos o vestuarios, se encuentran en los centros de trabajo, no en cada uno de los lugares dónde desempeñan sus tareas", ha detallado.

[47ronin]

La CEOE sugiere a los jueces que dicten menos sentencias favorables al trabajador

    Aboga por aproximar el mundo judicial y el empresarial para lograr una mayor "sensibilidad" de los tribunales sociales hacia los problemas de las empresas
    Destaca la importancia de la negociación colectiva para la competitividad de las empresas y la creación de empleo

infoLibre Actualizada 10/03/2016 a las 20:01
 
 
La secretaria general de CEOE, Ana Plaza, ha abogado este jueves por aproximar el mundo judicial y el empresarial para lograr una mayor "sensibilidad" de los tribunales sociales hacia los problemas de las empresas y poder reducir el "amplio porcentaje de sentencias" que son favorables al trabajador. "Un mayor y progresivo conocimiento y acercamiento entre el mundo judicial y la empresa tendrá su traslación en los pronunciamientos judiciales", ha dicho Plaza en la inauguración de las jornadas sobre Análisis de la Negociación Colectiva, organizadas por CEOE y el Consejo General del Poder Judicial.

"De forma que con una mayor proximidad y sensibilidad hacia los problemas de las empresas nos vayamos alejando de cifras como las actuales, en donde un amplio porcentaje de las sentencias de los tribunales sociales son favorables, total o parcialmente, al trabajador", ha añadido.

La secretaria general de CEOE ha defendido el diálogo social para aportar estabilidad social y económica y para dotar a la negociación colectiva de "un sistema más ágil, eficaz y adaptado a las necesidades impuestas por el nuevo marco de relaciones laborales".

Durante su intervención, Plaza ha destacado la importancia de la negociación colectiva para la competitividad de las empresas y la creación de empleo. Y ha insistido en que la negociación colectiva juega un papel fundamental para la economía española por su incidencia directa en la regulación de las condiciones de trabajo de gran parte de los trabajadores y por su relevancia para el funcionamiento de las empresas y los sectores.

En su opinión, es necesario perfeccionar el conocimiento mutuo entre el ámbito empresarial y la Judicatura para que, conociendo más y mejor las realidades y problemas de las empresas, los jueces puedan desempeñar su labor con mayores elementos de juicio.

[thundercat]

Y si dictan sentencia en favor de los trabajadores no será que es que estos llevan razón??? Qué poca vergüenza

[Heracles_Pontor]

La reforma laboral del PP se ha cargados los procesos de Negociación Colectiva en beneficio de los empresarios además de rebajar las indemnizaciones en los despidos por causas económicas   . . . qué más quieren?

Enviado desde mi CUBOT ONE mediante Tapatalk

[47ronin]

Algún malnacido, ocioso e hijo de puta, y como pueden comprobar no ahorro adjetivos, hizo circular ayer por los wasshaps el texto de más abajo y que ha motivado que el Ayuntamiento haya de salir a desmentirlo.

Asi que ya saben...ES FALSO.



TRABAJO. Por si alguien esta en paro y le pudiera interesar. El Ayuntamiento de Madrid va a empezar a realizar de forma inmediata las contrataciones para cubrir el servicio de las piscinas de verano. Con la nueva corporación se va a contratar a mas gente y durante mas tiempo que años anteriores. Los contratos seránde 5 meses como fijos discontinuos, es decir, 5 meses todos los años en temporada de verano. Se necesitan operari@s, socorrist@s, diplomas@s universitario@s en enfermeria, médic@s, taquiller@s y técnic@s en mantenimiento. A quien le pueda interesar, pasarse por C/ Bustamante numero 16 y dejar el currículum en recursos humanos de los polideportivos del Ayuntamiento de Madrid.

[gemoton]

MALNACIDO e HIJO DE PUTA.....con mayuscula si usted lo permite.

...y dijo Don Quijote a Sancho: '' ¿ladran?....luego cabalgamos.

[47ronin]

Rajoy da su primer mitin y promete el fin de la jornada laboral a las seis de la tarde

La medida incluye incentivos fiscales a las empresas. Rajoy también planteó la posibilidad de adoptar el uso horario de Portugal o Reino Unido.

›Charo Solís
 02.04.2016 17:14 h.   

Los populares han aprovechado una convención en Sevilla sobre el Pacto por los Servicios Sociales para activar y poner a punto su maquinaria electoral. El PP está ya en modo campaña porque no ve un escenario de acuerdo y sí una repetición de elecciones, y Mariano Rajoy lo ha demostrado con creces. Un mitin en toda regla para defender su política económica y cargado de promesas, como una ley de conciliación que incentivaría el teletrabajo, el banco de horas o la finalización de la jornada laboral a las 18:00 horas.

Aunque la propuesta de un “gobierno moderado” con el PSOE y Ciudadanos sigue vigente (aunque este fue rechazado), y desde el convencimiento del fracaso de la alternativa por la izquierda, Rajoy ha empezado a mover ficha. Lo ha hecho ensalzando la política económica del PP. “Hay que mantener la política económica que ha servido, se cambia lo que no funciona, lo que funciona no se cambia. Y el programa electoral de PSOE y Ciudadanos tiene un hilo conductor: derogar todas las reformas que hizo el PP que fueron las que sirvieron a España a salir de crisis, evitar el rescate y evitar más destrucción de empleo”, ha recordado.
 
En esta clave ha insistido en que “lo peor” para el país sería la “liquidación” de sus políticas económicas y ha advertido del “riesgo real” del “pasaporte a 2011” que representan las políticas de PSOE, pero también de Ciudadanos, al que criticó por su apoyo. “El programa firmado por PSOE y C's es un torpedo en la línea de flotación contra la creación de empleo en España”, ha subrayado.

¿Cambio de uso horario?

Entre sus apuntes electorales, además de poner la creación de empleo como objetivo prioritario (sigue marcado el horizonte de 2020 para lograr 2 millones de puestos de trabajo), ha puesto el foco en el fortalecimiento del sistema público de pensiones, una modernización de la sanidad con un cartera básica de servicios para los ciudadanos vivan donde vivan, un plan nacional de reducción de listas de espera, un pacto de estado por los servicios sociales y la evaluación de la Ley de Dependencia y la revisión de su financiación.

En este paquete, la principal novedad respecto a la campaña del 20-D es la inclusión de una futura ley de conciliación por la que se potenciaría el teletrabajo, se crearía un “banco de horas” y se promovería que la jornada laboral acabe a las 18:00 horas con incentivos fiscales a las empresas, a las que, además, se les daría un certificado de calidad, al igual que aquellas que implanten horarios razonables o cuenten con un servicio de guardería. Parte de estas medidas, precisarían de un acuerdo previo con los agentes económicos y sociales, aunque no afectaría ni a los servicios públicos ni a aquellas empresas que dispongan de varios turnos, como el de tarde o el de noche.

Esta norma también contemplaría la ampliación del permiso de paternidad diez días para padres discapacitados o con hijos discapacitados, y el cambio de huso horario para que España tenga el del meridiano de Greenwich como Portugal y Reino Unido.

Un balón de oxígeno

En el PP respiran después del balón de oxígeno que les ha dado Alberto Núñez Feijóo al anunciar que se queda y compite por tercera vez por la presidencia de la Xunta de Galicia. Han evitado la que podría ser una "descapitalización" en uno de los principales feudos populares. La medalla se la cuelgan a Mariano Rajoy: él ha evitado su marcha. Fuentes populares han reconocido a Rajoy el valor de que “cuando él no quiere se vaya alguien, lo consigue”.

El paso de Feijóo les “tranquiliza”. La calma viene, como han descrito, porque supone afianzar una comunidad clave, donde no era el momento de perder terreno máxime cuando lo tienen más fácil con un PSG debilitado y sin recambio tras la renuncia de José Ramón Gómez Besteiro por su imputación, y Podemos y sus mareas sin rumbo. Pero el plus de tranquilidad vendría también porque la candidatura de Feijóo despeja que a Rajoy no le pueda salir este como hipotético competidor por el momento.

“Feijóo volverá a ser candidato a la Xunta. Ha tomado la mejor decisión. Primero para Galicia y luego para España, para él y para nuestro partido. Ha sido un magnífico presidente, el mejor. Tiene nuestra confianza y nuestro apoyo y lo tendrá de sus paisanos”, ha elogiado Rajoy. Y estas frases, más que las nuevas promesas electorales, son las que ha conseguido el aplauso más largo de su intervención.

La segunda bocanada de aire le llega desde Andalucía. La visita a Sevilla también le ha servido para afianzar su figura en un momento en el que se le cuestiona y en el que empiezan a surgir voces que promueven su salida en caso de que hubiera elecciones el 26 de junio. Fuentes del PP se han apresurado a minimizar los movimientos de quienes apuestan por el relevo de Rajoy, y recuerdan que el PP “no es una secta” y, por tanto, cabe la discrepancia.

Pero por si no era suficiente, el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha querido escenificar un cierre de filas con él. Ha fijado la directriz para los populares andaluces: “Necesitamos un gobierno sensible y que sea de fiar. Lo digo hoy más que nunca, después de lo que estamos viendo y viviendo. Necesitamos un gobierno del PP, un gobierno de Mariano Rajoy”, ha dicho.

Rajoy no ha mencionado a ninguno de sus oponentes, salvo para criticar su estrategia de “fotos y ruedas de prensa”, ni siquiera a Susana Díaz, pese a estar en Andalucía. Sí lo ha hecho Moreno Bonilla, quien ha descrito a la dirigente socialista como una persona dedicada a “conspirar” para irse a Madrid, que actúa como el niño que tiene un juguete nuevo pero acaba agotándose de él, y mostró su preocupación porque “Andalucía acabe siendo un juguete roto en sus manos”.
 

[47ronin]

Un exguardia urbano discapacitado denuncia la actitud de Colau: "Barcelona vulnera la Convención de la ONU"

Vicente Flores vive desde hace seis años un periplo judicial para que se le reconozca el derecho de pasar a la "segunda actividad" de la Guardia Urbana. En 2010 fue apartado tras sufrir un accidente laboral y obtener una incapacidad permanente. Su deseo es volver al Cuerpo "por vocación". "Voy a seguir reclamando esté quién éste", afirma.





Era mayo de 2009. Vicente Flores Calero apenas tenía 31 años cuando sufrió un suceso que le marcaría para el resto de su vida y le apartaría de una profesión "vocacional" como es la de la Guardia urbana de Barcelona. Tras sufrir un accidente laboral estando de servicio, que derivó en el reconocimiento de una incapacidad permanente, el Ayuntamiento de Barcelona le denegó la posibilidad de pasar a "segunda actividad" y le apartó del Cuerpo. ¿El motivo? "Todo sucedió en pleno mes de agosto. Me dijeron que como no estás bien, ya no sirves. !Que te digan eso es muy fuerte!", confiesa en una entrevista a Vozpópuli.

    "Quien está vulnerando de forma reiterada la Convención de la ONU es Barcelona. Algo que luego quiere aplicar a los refugiados, pero digo yo que se aplique a todos", denuncia Flores

Tras más de seis años de periplo judicial y de haber pasado por tres gobiernos municipales (primero bajo el mandato de Jordi Hereu del PSC, luego a las órdenes de CiU con Xavier Trias y ahora con Barcelona en Comú al frente del Consistorio), su lucha continúa siendo una constante: "Yo tengo claro que voy a seguir reclamando esté quién éste", apunta.

Después de la victoria de Ada Colau en las pasadas elecciones municipales de mayo, este ex guardia urbano se reunió con un asesor del Consistorio que le derivó a un Comisionado y con él guardaba la esperanza de que las cosas iban a cambiar. "Me dijeron que en un plazo no superior a dos semanas esto se iba a solucionar pero no ha sido así. En la última comisión ni habló, directamente lo trasladó a las personas que han creado el conflicto, que son los técnicos", avanza. Y prosigue que tras haber dado a la regidora un margen de cien días en el Ayuntamiento, su actitud no es la más correcta. "Quién está vulnerando de forma reiterada la Convención de la ONU es Barcelona. Algo que luego quiere aplicar a los refugiados, algo con lo que estoy de acuerdo, pero digo yo que se aplique a todos, también en mi caso. En este punto podemos hablar de un ejercicio de hipocresía", afirma.

En noviembre de 2014 el Consistorio aprobó la creación de una comisión de trabajo de Interior para que se constituyera una comisión técnica de valoración y tomar las medidas necesarias que permitan que los guardias urbanos con una discapacidad se les permita pasar a "segunda actividad". Algo que aún no se ha culminado. "Llevamos un año y medio esperando a que una comisión elabore un informe, con los inconvenientes que ello conlleva ya que está formado por las mismas personas que me han dicho que me vaya fuera", denuncia.

Intervino en un robo estando de baja

El 20 de mayo de 2009, Vicente fue arrollado en un cruce cuando se trasladaba en moto a un caso de violencia de género. Tras un tiempo hospitalizado, recibió el alta y estando de baja fue testigo de un robo con fuerza en la vía pública. El ex guardia urbano no lo dudó ni un minuto y actuó. "Salgo detrás del ladrón y de reducirlo con el pie tocado como lo tenía, me lo acabe de destrozar, con lo que me tienen que volver a operar", cuenta. A raíz de este nuevo incidente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) determinó que tenía una incapacidad permanente total superior al 33% y se le concedió una pensión del 55% de sueldo. Meses después solicita al Consistorio pasar a "segunda actividad", pero su solicitud fue denegada y se le echa del Cuerpo. "Hay muchas funciones que yo puedo hacer como estar en la central, coger llamadas de emergencias, tramitar denuncias o hacer seguridad vial", apunta.

    El Ayuntamiento de Barcelona le denegó la oportunidad basándose en una ordenanza municipal, aprobada en 2002 y que excluye a parte de los discapacitados

Sin embargo el Ayuntamiento le denegó esa oportunidad, basándose en una ordenanza municipal aprobada en 2002 que excluía a cierto tipo de discapacitados -la gran invalidez, la absoluta y la total- y sólo contempla y acepta la parcial. La realidad es que en otros ayuntamientos de España esta situación no se produce. Tal y como publicó este periódico, el Consistorio de Madrid "margina" a los policías municipales enfermos o mayores de 55 años a una "segunda actividad", pero sin cesarlos de su puesto de trabajo. "Lo único que sale cuando llegan a esta edad o situación son plazas para el control y la vigilancia de edificios. No se aprovechan los conocimientos ni veteranía", denunciaba el portavoz de la Policía Municipal de Madrid en CSIT Unión, José Francisco Horcajo. "En Barcelona estamos todavía en una primera lucha", asiente Vicente Flores.

Además cuenta que "la gran diferencia que se da en Cataluña es que a los bomberos y los Mossos en situación de enfermedad no se les despide". "Ellos si tiene reconocida una segunda actividad que han luchado. Nosotros somos los de tercera, los apestados", denuncia.

Su caso, el primero que acusan a España de vulneración

Ante la decisión del Ayuntamiento de apartarle del cuerpo, este ex agente comenzó un verdadero periplo judicial, que dura ya más de seis años. Tras ganar en primera instancia, el Consistorio recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde no consiguió paralizar el recurso. Después de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos no admitiesen a trámite su caso, su gran esperanza ha sido el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Este organismo ha aceptado su denuncia, tratándose del primer caso en el que acusan a España de vulneración. "Tengo muchas esperanzas en la resolución de Naciones Unidas, porque en el momento en el que lo admiten quedan las vergüenzas destapadas", confiesa.

En este caso se siente respaldado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad. Este organismo ha mandado recientemente una carta a la alcaldesa Ada Colau en la que le pide que detenga la aplicación de una política local que, aunque heredada de mandatos anteriores, sigue aplicándose bajo su gobierno con "enormes perjuicios" para los afectados. "El CERMI me ha apoyado incondicionalmente desde el principio. Han comparecido en el Parlamento y desde el año pasado hemos pedido que se elabore una ley a nivel autonómico que regule esta situación", narra.

    Su caso ha llegado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, siendo el primer caso en el que acusan a España de vulneración

Tras este varapalo que le sucedió con 31 años, Vicente Flores continuó con su vida y encontró trabajo en la empresa privada al ser técnico de prevención de riesgos laborales. También fundó una asociación de la que es presidente, con el objetivo de ayudar a otros agentes que estuvieran pasando por una situación parecida a la suya. Porque, según cuenta, en la actualidad hay muchos casos que se están ocultando en Cataluña. "Durante este tiempo han echado a mucha gente... Hay personas con enfermedades que las están ocultando para que no les declaren incapacitados y se les eche cobrando el 55% del sueldo", denuncia.

Pese a tener un trabajo y una familia por la que luchar, Vicente desea volver a vestir el traje de guardia urbano porque lo suyo fue "vocacional". "Yo entré con 21 años, lo mío fue vocacional puro y duro. Tanto que estando de baja y fuera de servicio vi un robo y decidí actuar. Mi recompensa ha sido que me han echado y no me han hecho ningún reconocimiento ni me han dado ninguna medalla cuando eso está recogido", denuncia. Y aunque tiene claro que seguirá luchando por que se reconozca su caso y el de muchos otros, el día y día y otros sucesos le hacen ver las cosas no tan nítidas. "No me queda otra que continuar hasta el final. Lo que pasa es que estamos en un país en el que aún no han cobrado las víctimas de la Talidomida, con lo que me puedo esperar cualquier cosa", concluye.

[47ronin]

Lean ese artículo y reflexionen....un accidente laboral que se salda con un expediente del tribunal de la seguridad social que le incapacita permanentemente y le concede una pensión del 55 por ciento de la base reguladora, que en su caso muy posiblemente por su edad, no alcance mád de 900 euros...mientras que si eso mismo ocurre en las clases pasivas del Estado, léase GC y CNP, la pensión por accidente laboral e incapacidad es del 200 por ciento.

Para reflexionar.

[47ronin]

El estrés y la presión ganan protagonismo en los riesgos laborales


 Una sentencia reciente ha condenado a Caixabank a realizar correctamente una evaluación de riesgos psicosociales
 Los sindicatos dicen que se ha generalizado el "síndrome del superviviente", como se define la situación de estrés y ansiedad que sufren los trabajadores que se quedan en la empresa tras un ERE
 El estrés está detrás de la mitad de las jornadas laborales perdidas en Europa

El estrés contribuye a la mitad de las ausencias laborales.
Por Ana Requena Aguilar
02 abr 201620:30

El estrés, la carga de trabajo, la presión, las exigencias contradictorias, tener unas funciones de trabajo poco claras o la inseguridad en el empleo son algo más que un asunto sobre el que desahogarse al llegar a casa del trabajo. Son ejemplos concretos de los riesgos psicosociales que pueden sufrir los trabajadores y que se agravan con los despidos y las reducciones de plantilla. Un caso reciente de hasta qué punto deben las empresas tomarse en serio estos factores es una sentencia del Tribunal Supremo que condena a Caixabank a realizar correctamente una evaluación de riesgos psicosociales y a adoptar medidas que los corrijan

La decisión del Supremo da la razón a Comisiones Obreras, que denunció que la empresa utilizó un método incompleto para evaluar los riesgos psicosociales. Los representantes de los trabajadores no pudieron, además, participar en el proceso. La sentencia condena a Caixaban a "realizar correctamente una evaluación de riesgos laborales de origen psicosocial" y que, una vez identificados, "se adopten las medidas correctoras y eliminadoras de los mismos". El Supremo también habla de planificar y aplicar medidas preventivas.

CCOO considera que esta decisión judicial es de suma importancia en un momento en que "la presión sobre las plantillas del sector no cesa e incluso se incrementa con las consiguientes consecuencias negativas sobre su salud".

El estrés está detrás de la mitad de las jornadas laborales perdidas, según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. "Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión", dice el organismo.

La coordinadora del grupo de salud laboral en el trabajo del Colegio de Psicólogos, Elisa Sánchez, confirma que una de las grandes causas de absentismo está relacionada con el estrés, los conflictos, el liderazgo o el tiempo y organización del trabajo. Sánchez opina que muchas empresas piensan demasiado a corto plazo y no tienen en cuenta estos riesgos psicosociales: "No son conscientes de la importancia que tiene que un trabajador esté a gusto en su puesto de trabajo, por su salud pero también por la productividad de la propia empresa".

OCULTAR PUBLI X

La sentencia de Caixabank es solo un ejemplo. Otras han calificado infartos e incluso  suicidios como accidentes de trabajo por su relación con el estrés y hay casos de empresas condenadas por no evitar el acoso psicológico o sexual al que fueron sometidas personas de su organización.

El síndrome del superviviente
Los despidos y las reducciones de plantilla no solo tienen consecuencias para las personas que pierden su puesto de trabajo, también para los trabajadores que se quedan. El llamado síndrome del superviviente, que aparece en lugares donde se han llevado a cabo grandes ajustes, está cobrando relevancia. El Observatorio de Salud Laboral de UGT lo describe de esta forma: "Los individuos que conservan su empleo sufren estrés, además conlleva sensaciones de incertidumbre, cólera, culpa y desconfianza. Se sienten al mismo tiempo contentos por tener empleo y culpables de que sus compañeros de trabajo hayan sido despedidos".

Las reducciones de plantilla se están convirtiendo, por tanto, en otro riesgo psicosocial a tener en cuenta. La presión en el trabajo suele aumentar después de estos procesos porque las personas que conservan su empleo tienen que asumir en muchos casos las tareas de sus antiguos compañeros.

Tal y como explica UGT, la pregunta de "¿seré yo el siguiente?" puede ocasionar miedo, ira, tristeza, depresión, episodios de angustia o pérdida de motivación y compromiso.

Los riesgos psicosociales son tomados cada vez más en cuenta por las grandes empresas. En junio del año pasado, el Corte Inglés anunció que iniciará una evaluación de riesgos psicosociales a las plantillas de seis de sus centros en Madrid: Ayala, Castellana, Goya, Preciados-Callao, Princesa y Serrano. En total, cerca de 7.000 trabajadores se someterán a exámenes que buscan conocer el impacto en su salud de las nuevas condiciones de trabajo.