El Corte Inglés se plantea cerrar su división de uniformes tras las denuncias de corrupción en la Guardia Civil
Contempla dejar de presentarse a licitaciones de las administraciones públicas. Actualmente suministra prendas al Ejército de Tierra, la Policía Nacional, la Policía Municipal de Madrid...
photo_cameraSede de El Corte Inglés.
Aurelio Ruiz Enebral / José Antonio Frauca chevron_right 03/05/23 access_time 1:00
El Corte Inglés se plantea cerrar su división de uniformes tras las denuncias de corrupción en la Guardia Civil.
La Guardia Civil se ha visto de golpe salpicada por numerosos escándalos. En el ‘caso Mediador’ está implicado un general, en el ‘caso cuarteles’ se investigan supuestas irregularidades en obras en comandancias y puestos, y un juzgado también indaga supuestos amaños en contratos de suministros de uniformes y otros materiales.
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Se han producido ceses de altos mandos -y hasta el relevo de la directora general-, y algunos de ellos se encuentran imputados en diferentes sumarios judiciales.
A mediados de marzo, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid citó a declarar para el 10 de abril al representante legal de El Corte Inglés, y a otras once empresas, por supuestamente haber obtenido información privilegiada sobre licitaciones de compra de prendas de uniformidad de la Guardia Civil.
‘Operación Grapa’
Como investigados en esa causa, llamada ‘Operación Grapa’, figuran un coronel y un teniente coronel, junto a otros cuatro mandos ya apartados de sus funciones en el Instituto Armado.
En los informes del Servicio de Asuntos Internos de la Benemérita remitidos a la juez se señala a dos ex directivos de El Corte Inglés: un ex director comercial del Área de Suministros, y un ex responsable de Uniformidad de la división de empresas de la compañía.
Se está investigando si directivos de El Corte Inglés entregaban tarjetas regalo de los grandes almacenes a determinados guardias civiles, que a cambio les facilitaban información privilegiada con la que ganar los concursos públicos de contratos de compra de uniformes.
La empresa se ha intentado desmarcar, asegurando que apartó a esos dos directivos investigados en cuanto tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades.
El Corte Inglés Empresas
Confidencial Digital ha podido saber que, en fechas recientes, a fuentes del sector de las empresas que fabrican uniformes y prendas para cuerpos policiales y unidades militares llegó la información de que El Corte Inglés había tomado una decisión tajante para alejarse de estas polémicas: cerrar la división dedicada a suministrar equipamientos para el sector público.
El grupo que preside Marta Álvarez tiene una división, El Corte Inglés Empresas, que ofrece principalmente mobiliario técnico, vestuario y también obras e instalaciones.
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El Corte Inglés ha logrado hacerse un hueco destacado en el mundo de los uniformes. En 2019, el Ejército de Tierra adjudicó un macrocontrato de 80 millones de euros para suministrarle artículos del equipo básico que se entrega a los militares, de su equipo de combate y de otras modalidades de uniformidad.
El concurso lo ganó una unión temporal de empresas (UTE) formada por ocho compañías, entre ellas El Corte Inglés.
Ese mismo 2019, recibió del Ejército de Tierra otro encargo de uniformes por 4 millones de euros, y también la Guardia Civil, la Policía Nacional y hasta Metro de Madrid y Correos le adjudicaron contratos de prendas de vestuario.
Más recientemente, en el otoño de 2022, el Ayuntamiento de Madrid eligió a El Corte Inglés para adquirir por 2,5 millones de euros 45.000 pantalones de verano y de invierno de los uniformes de la Policía Municipal.
Dejará de presentarse a licitaciones públicas
De acuerdo con fuentes del sector, la investigación sobre presuntos amaños en licitaciones de la Dirección General de la Guardia Civil ha llevado a la dirección de El Corte Inglés a valorar muy en serio la decisión de cerrar esa división, dedicada a elaborar y vender equipamientos para el sector público.
La información partió de fuentes muy fiables, y circuló en el sector de las empresas dedicadas a los uniformes y la fabricación de prendas militares y policiales.
Se apuntaba que la dirección había decidido el cierre, y que incluso lo había comunicado a la plantilla afectada, si bien el fin de la actividad tardaría un tiempo en hacerse efectivo.
Además, la compañía dejaría de presentarse a las licitaciones públicas en las que las administraciones buscan empresas que les suministren materiales, como uniformes.
La información ha causado un enorme impacto entre algunos competidores, a quienes les surge la duda de qué ocurriría con los contratos que ya tiene adjudicados El Corte Inglés Empresas, pero que aún no ha ejecutado porque no ha llegado a entregar los uniformes u otros materiales comprometidos.
“No hay una decisión tomada”
Confidencial Digital se ha puesto en contacto con una portavoz oficial de El Corte Inglés. A preguntas de si la dirección ha tomado ya la decisión de cerrar su departamento o división dedicado a suministrar vestuario y material a administraciones públicas, la respuesta de esta portavoz fue: “No hay una decisión tomada”.
No desmintió el plan de clausurar la división, y dio la misma respuesta, “no hay una decisión tomada”, a la información de que El Corte Inglés va a dejarse de presentar ofertas a las licitaciones con las que las administraciones públicas adquieren uniformes, prendas de vestir, elementos de protección...
Medio millar de empleados
Sin embargo, esta misma portavoz sí negó que la división de El Corte Inglés Empresas dedicada a esta actividad cuente con entre 400 y 500 personas.
Esa era la cifra que se manejaba días atrás como el personal que se quedaría en la calle por el cierre de la división pero, según la portavoz, son muchos menos los empleados que trabajan en ese departamento.
Hay que tener en cuenta que parte de las prendas que vende El Corte Inglés a cuerpos policiales, unidades militares y otras administraciones, no las fabrica como tal la empresa que preside Marta Álvarez.
Se compran a proveedores externos, por lo que esos números de 400-500 afectados por un posible cierre podrían comprender a los empleados propiamente de la división y también a las personas que trabajan en otras empresas y venden a El Corte Inglés elementos y materiales para los uniformes y otros productos.
Caso Guardia Civil
En torno al futuro de la división de equipamiento policial y militar de El Corte Inglés se extiende estos días un ambiente de secretismo, explican fuentes cercanas, y han circulado mensajes en uno sentido y en otro: sobre el cierre y sobre la continuidad de esa división.
No cabe duda que las investigaciones judiciales sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en la Guardia Civil pueden tener un impacto en la imagen y la reputación de las empresas que han sido citadas como presuntas implicadas, como es el caso de El Corte Inglés.
La CNMC investigó un posible cártel
El sector de las empresas que fabrican uniformes ya se ha visto anteriormente bajo la lupa. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió en 2019 un expediente sobre “presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de la fabricación y comercialización de prendas de uniforme, vestuario profesional y equipamiento en el territorio nacional”.
Llevó a cabo “inspecciones domiciliarias en la sede de varias empresas e instituciones activas en el citado mercado”, sin especificar el nombre de las compañías inspeccionadas y que formarían ese supuesto cártel. Pero posteriormente el diario Cinco Días informó de que El Corte Inglés era una de las inspeccionadas.
La cadena de grandes almacenes había presentado varios recursos contra ese expediente, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desestimó.
En esa misma información, Cinco Días explicó que “la actividad de El Corte Inglés Empresas se divide en dos áreas principales: obras y equipamientos, que representa el 49% de su negocio; y vestuario y equipamientos, que genera el 51%. En concreto, todo lo relativo a vestuario profesional supone en torno al 30% de los 327 millones de euros que esta división facturó en 2018, último año sobre el que El Corte Inglés proporcionó este dato”.
En el punto de mira de los soldados
Existe desde hace años una corriente en las Fuerzas Armadas, sobre todo en las Escalas de Tropa y Marinería, que critica con dureza la política de adquisiciones de material por parte del Ministerio de Defensa y de los cuarteles generales de los ejércitos.
Estos militares consideran que se adquiere material de mala calidad, obsoleto, incómodo, en ocasiones por elegir la opción más barata, pero otras veces encima pagando caro.
Lamentan que el hecho de elegir siempre a un reducido grupo de empresas que llevan años suministrando a los ejércitos frena que se les dote de material más moderno y de mejor calidad.
Problemas con los chalecos
En ocasiones se han producido polémicas importantes por algunos de estos productos. Una partida de chalecos de protección balística comprados por el Ejército de Tierra a Fecsa suscitó una catarata de quejas y denuncias internas hace unos meses.
Aunque algunos militares elogiaron cierta mayor comodidad, otros comenzaron a denunciar un problema grave: los chalecos se rompían. Por las hombreras, por los laterales, estas prendas de protección se estaban rompiendo de forma inusual.
Otros se quejaron de que las placas de protección balística no cabían; que se deformaba la parte de la espalda; que no había tallas adecuadas.
El Ejército de Tierra admitió que “en el marco de seguimiento del contrato, se están arbitrando soluciones que serán de aplicación en próximas entregas”, ya que “como en cualquier tipo de contrato que lleva a cabo el Ejército de Tierra para la adquisición de materiales, se realiza un seguimiento exhaustivo para que se ajuste a lo solicitado y se subsanen los posibles fallos que puedan existir”.
Ahora FECSA se ha mostrado interesada en otro expediente de chalecos, en este caso los futuros portaplacas que la Armada pretende adquirir para la Infantería de Marina.
Conflictos con el material
La incomodidad con ciertas prendas y elementos que el Ejército de Tierra entrega a sus efectivos como parte del equipo individual de dotación provoca que algunos militares opten por comprarse material por su cuenta, que consideran de mejor calidad.
Pero eso también ha causado problemas. Varias unidades de Tierra prohibieron en 2022 utilizar chalecos, botas, pantalones, portacargadores... “no reglamentarios”, distintos a los que se les entrega de dotación.
Estas órdenes causaron un profundo enfado entre un sector del Ejército de Tierra, que criticó que no sólo no se les entrega material de calidad, sino que encima se impide usarlo a aquellos militares que se lo pagan de su bolsillo.
Las críticas hacia algunos elementos del equipo que visten y portan los militares no sólo las dirigen soldados “rebotados”. Un general de Brigada elevó hace meses un informe en el que alertaba de que ciertas carencias en el material estaba perjudicando la imagen, pero también la operatividad, de las unidades militares, sobre todo cuando despliegan en misiones en el extranjero.
