Otro agujero sin fondo...
Ayuso enmienda la Ciudad de la Justicia: los 660 millones de las obras saldrán de las arcas de la Comunidad de Madrid
PABLO R. ROCES
@Pavlinrodriguez
Madrid
Actualizado Lunes, 9 octubre 2023 - 00:18
El Gobierno regional iniciará el cuarto intento de agrupar las sedes judiciales tras dos décadas sin conseguirlo
A la cuarta intentará la Comunidad de Madrid que vaya la vencida con la Ciudad de la Justicia, el gran proyecto de reunificación judicial de Esperanza Aguirre que lleva casi dos décadas parado entre conflictos políticos y jurídicos. Y lo hará con una enmienda a la totalidad a las bases con las que se concibió el proyecto porque serán finalmente las arcas del Gobierno regional quienes asumirán el coste directo de la construcción y, por tanto, la propiedad de los edificios también corresponderá a la administración autonómica.
Ese es el gran proyecto de legislatura en el que trabaja la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, dividido en cuatro fases y con la vista puesta en 2031 como año de cierre. Tras quedarse desierto el concurso del último intento, por falta de empresas dispuestas a asumir las obras y el canon para su gestión, ya con Isabel Díaz Ayuso como presidenta, el departamento que dirige Miguel Ángel García ha decidido virar el rumbo y ya ha comenzado a redactar el anteproyecto para las obras con una inversión prevista de 660 millones de euros mediante el sistema de gestión directa.
En los tres intentos previos, los de Esperanza Aguirre, Ignacio González y la propia Ayuso, la Comunidad de Madrid siempre había apostado por un sistema de concesión y explotación a una empresa externa mediante el pago de un canon. Ahora, con la gestión directa, la urbanización y edificación las llevará a cabo una constructora, pero el cargo irá a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y la propiedad de los terrenos y edificios, que ocuparán 236.000 metros cuadrados en superficie y 198.000 bajo tierra, serán públicos.
El primer paso para levantar la Ciudad de la Justicia, ya en proceso, es la redacción del anteproyecto de obras, la licitación y la adjudicación de las mismas. Esa será la fase 0 que se traducirá en 2025 en el inicio de la fase 1, que incluye la urbanización del perímetro de 155.000 metros cuadrados, cuatro edificios, zonas verdes y un párking público de 60.000 metros. Los plazos que maneja el Gobierno regional es que ya se puedan trasladar al espacio de Valdebebas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Audiencia Provincial y otros 105 juzgados de primera instancia en el primer trimestre de 2027.
En 2027, según el proyecto planteado, dará comienzo la fase 2, levantando dos edificios en los que se ubicarán 19 juzgados de lo Mercantil, 49 de lo Social y 34 de lo Contencioso-Admnistrativo, con sus respectivos aparcamientos subterráneos y servicios. Ya en la próxima legislatura, entre 2027 y 2031, se ejecutarán las fases 3 y 4 para acoger en tres edificios la Sección de Penal, la Fiscalía, el Archivo Judicial Territorial y otras necesidades auxiliares.
De este modo se completaría la reunificación de las 28 sedes del partido judicial de Madrid, por las que pasan 33.000 personas al día entre profesionales de la Justicia, empleados y ciudadanos, ya planteada por Esperanza Aguirre en 2004 y que, 19 años después, sigue sin ejecutarse. Casi dos décadas en las que sólo se llegó a construir una de las 16 sedes, el denominado donut, que estuvo más de 10 años en desuso hasta que en la primera ola del Covid se convirtió en morgue antes de acoger el Instituto de Medicina Legal, que se mantendrá en el edificio.
Tras una inversión superior a los 100 millones, con la llegada de la crisis la Ciudad de la Justicia se frenó entre sospechas de irregularidades. De hecho, la Fiscalía pide ocho de cárcel para el ex consejero de Presidencia Alfredo Prada, que está a la espera de juicio junto a otros cinco ex directivos por prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos.
El segundo intento por recuperarlo lo hizo el ex presidente Ignacio González, que dejó encarrilada la adjudicación de las obras a OHL y Acciona antes de las elecciones de 2015. Con la llegada a la Puerta de Sol de Cristina Cifuentes se frenó ese proyecto y se abrió una batalla judicial con las empresas que no se cerró hasta 2020 en favor de la Comunidad de Madrid.
Un tercer intento se acometió ya bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso cuando en noviembre de 2021 se dio luz verde al estudio de viabilidad económica para el proyecto y en julio de 2022 se abrió un nuevo plazo para la presentación de ofertas. El concurso quedó desierto por falta de ofertas para acometer las obras y el cambio al frente de la Consejería, con el ascenso de Miguel Ángel García, ha alterado el proyecto hacia un modelo de gestión directa.
Desde el actual equipo de Presidencia aseguran que el modelo previo de concesión no fue posible por el aumento de costes en los materiales fruto de la Guerra de Ucrania, por la inestabilidad causada por la fluctuante y creciente inflación y por el aumento de los tipos de interés. En el departamento defienden además que la reunificación de sedes, en una proyección a 40 años, supondrá ahorros de 40 millones de euros en alquileres, 30 millones en contratos de vigilancia y mantenimiento y 4 o 5 millones en consumos.
Dos nuevos centros para menores infractores
La Comunidad de Madrid construirá antes del segundo semestre de 2024 dos nuevos centros para menores infractores en régimen abierto previa inversión de 450.000 euros. Uno de ellos estará situado en la zona norte, el otro se creará en la zona oeste de la región y ambos se sumarán a los 10 centros mixtos que tiene la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en Madrid capital, Parla, Getafe y Alcalá de Henares.
En estos centros, los menores, que cumplen reparaciones extrajudiciales impuestas, los menores participan en actividades educativas, reciben apoyo psicológico y cuentan con programas de atención contra adicciones o maltrato familiar. Allí cuentan con equipo de psicólogos, educadores y técnicos especialistas.
