Ley mordaza: ¿a qué teme tanto el PSOE?
PATRICIA SIMÓN
18/01/2023
CRÓNICAEN RED
Pese a que fue una de las promesas electorales con las que Pedro Sánchez llegó a la presidencia, nadie en el Ejecutivo baraja ya la derogación de la ley mordaza. El Gobierno y los partidos que hicieron posible su investidura negocian la reforma de sus artículos más controvertidos, mientras los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han anunciado la creación de una plataforma conjunta para mostrar su rechazo a cualquier modificación de la norma sin su apoyo.
Antidisturbios en Burgos, en una manifestación en 2014 contra las obras de la plaza de toros. / Foto. J. Marcos
Quienes repiten que la ciudadanía está anestesiada, que ha perdido la empatía, que no se moviliza, o lo hace a sabiendas de que miente o no ha salido a la calle en los últimos 20 años. Por millones salió cuando el presidente José María Aznar decidió hacernos partícipes de la invasión ilegal y destrucción de Irak, cuando el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón intentó restringir el derecho al aborto, cuando Mariano Rajoy acabó con la minería sin dar una alternativa a las cuencas asturianas, cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero claudicó ante la troika que formaban el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea y antepuso, entre otras cosas, el pago de la deuda pública al Ministerio de Igualdad y a los derechos de las personas dependientes; también cuando M. Rajoy se convirtió en el pupilo austericida de Angela Merkel arrasando con la sanidad y la educación públicas y se le llenaron las plazas con el 15M, las avenidas con las mareas, las escaleras con las PAH y los locales autogestionados con las asamblea de los movimientos antirracistas y feministas.
Entre 2011 y 2014, las manifestaciones se sucedían casi a diario en todas las ciudades españolas. Y casi siempre, como toda respuesta, obtuvieron silencio y ninguneo. Una doctrina del shock dirigida a aplastar cualquier esperanza de que la movilización pudiera lograr cambios políticos. Y aun así, a sabiendas de que la violencia de dejar a cientos de miles de personas sin un techo y sin esperanza no se puede contener apostándolo todo a la resignación, en 2015 el Gobierno de Rajoy se propuso acabar con el clamor de las calles atacando el talón de Aquiles de las víctimas de sus políticas: sus castigados bolsillos.
Para ello, aprobaba la ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que organizaciones como Jueces por la Democracia consideró que “lesiona las libertades” y que va contra los principios “de una sociedad plural, democrática y respetuosa con las distintas formas de pensar”. La norma incluyó multas de entre 600 y 600.000 euros por convocar o participar en movilizaciones no comunicadas a las autoridades previamente, por negarse a finalizarlas cuando lo ordenan los agentes, por participar en aquellas que se realizaran cerca del Congreso o el Senado, por alentar por las redes sociales a unirse a ellas, por grabar a policías o guardias civiles… Y todo ello, mediante procesos administrativos en los que el testimonio de un agente prevalece sobre el de la persona denunciada. Si se mantuviese la vía penal, el denunciante tendría que defender con hecho la culpabilidad de la persona acusada ante un juez o jueza, que escucharía a ambas partes antes de tomar una decisión. Con la ley mordaza, el agente se convierte en juez y parte, lesionando así la presunción de inocencia y el derecho a una legítima defensa.
Como periodista he asistido a decenas de movilizaciones en las que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado cargaban injustificadamente contra manifestantes y cuando se les preguntaba por qué no llevaban su número de identificación respondían pidiendo la documentación a quienes les interpelaban para multarles por resistencia, desobediencia o atentado contra la autoridad.
Ya años antes de esta reforma legislativa, era habitual que en territorios de no-derecho como Ceuta y Melilla, multaran a los periodistas que documentamos la violencia empleada contra las personas migrantes. Las fronteras europeas llevan décadas convertidas por los propios Estados en laboratorios en los que experimentar hasta dónde pueden las democracias violar sus propios derechos fundamentales. Por eso, cuando tras años de gobiernos socialistas y populares negando que las Fuerzas de Seguridad realizaran devoluciones en caliente pasaron a realizarlas a la luz del día ante las cámaras, resultó evidente que nos estaban instrumentalizando para difundir el mensaje de que debían legalizar lo ilegal para cumplir con su deber de proteger eso que llaman la soberanía y lo que entienden por la seguridad. Poco después, el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, comunicaba que la ley de seguridad ciudadana incluiría la regulación de las devoluciones en caliente. De nuevo, representantes públicos presentaban las leyes que garantizan el Estado de Derecho como un obstáculo para hacer bien su trabajo. Después, vendrían los 15 hombres que murieron ahogados por las pelotas de goma lanzadas por la Guardia Civil en la playa ceutí de El Tarajal, los niños devueltos ilegalmente a través de la valla de Ceuta, las decenas de muertos y desaparecidos en las inmediaciones de la frontera de Melilla con Nador… Pero ahora quien ordena y defiende esas actuaciones condenadas por instituciones como el Defensor del Pueblo o la ONU es el ministro de Interior socialista, Fernando Grande-Marlaska. Y Pedro Sánchez, el presidente que desde hace cinco años no deroga esta ley.
Desde su aprobación en 2015, la ley mordaza ha conseguido su principal objetivo: un efecto disuasorio y desmovilizador.CLIC PARA TUITEAR
La ultraderecha no avanza tanto por su propio impulso sino por el denodado esfuerzo con el que el resto de fuerzas políticas le allanan el camino.
Desde su aprobación en 2015, la ley mordaza ha conseguido su principal objetivo: un efecto disuasorio y desmovilizador. Según Amnistía Internacional, en este periodo se han interpuesto 321.100 multas por infracciones en materia de seguridad ciudadana –excluyendo las impuestas en marzo y abril de 2020 en relación al confinamiento por la Covid-19, que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional–. Un dinero que ha salido de los bolsillos de quienes se dejan el pellejo por el bien de todos y todas, que no suelen ser precisamente los más pudientes precisamente, sino quienes celebran asambleas de barrio para organizar redes de apoyo, quienes reciben porrazos a las seis de la mañana para evitar que una familia sea arrastrada a la calle, quienes defienden sus puestos de trabajos y las condiciones laborales dignas, quienes denuncian el ecocidio… Quienes, en definitiva, no se resignan a que vivamos en un país lleno de colas de hambre. Y cualquiera que haya estado en estos espacios sabe que la mayoría de esos “quienes” son mujeres.
Así, la ley mordaza ha convertido el derecho a protestar en un lujo. Y el problema es que ya no es el Partido Popular el que la defiende, sino, de facto, el mismo Pedro Sánchez que llegó a la Moncloa prometiendo su derogación.
Casi cinco años después de su llegada al Ejecutivo, ya no contempla su derogación, como pide Unidas Podemos, y solo acepta la reforma de algunos de sus artículos. Según publicó en diciembre Infolibre, los partidos que hicieron posible la investidura del actual Gobierno –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu– han consensuado una treintena de enmiendas parciales. Entre las que se han hecho públicas desde entonces destacan la introducción de un criterio de proporcionalidad de las multas en función de la capacidad económica del infractor, así como una rebaja de la sanciones más leves a una horquilla de 500 a 100 euros. También se ha acordado que no se sancionará la toma y difusión de imágenes de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, salvo cuando generen “un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o haya puesto en riesgo el éxito de una operación”. En los que se considere que sí lo hacen, las multas irán desde los 601 y 30.000 euros. De nuevo, un marco de arbitrariedad que debilita el derecho a la información.
Sigue sin haber acuerdo en los artículos que castigan las “faltas de respeto” y la “desobediencia” a los agentes, en el terreno de la prevalencia de sus testimonios en los procesos penales, en la prohibición del uso de las pelotas de goma en las manifestaciones y en la cuestión de las “devoluciones en caliente”.
Parece evidente que el principal partido del Ejecutivo, el PSOE, no quiere enfadar al ala más reaccionaria de la Policía y la Guardia Civil. Desde la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy, las asociaciones más cercanas al partido ultraderechista Vox han organizado actos y difundido comunicados de tono amenazante contra cualquier tipo de reforma de la norma. Ahora que se ha hecho público que la Comisión de Interior del Congreso tiene previsto votar el texto con las enmiendas antes de febrero, han endurecido el tono.
Agustín Leal, portavoz de Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), ha declarado en La Razón que “nos desarmarán legalmente ante los retos delincuenciales en disturbios y algaradas callejeras y JUCIL lo denunciará, con responsabilidad, la inacción de toda la administración que para nada se ha preocupado de la seguridad de los españoles”.
La también asociación ultraderechista JUPOL ha manifestado que “esta reforma no hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes”.
Además, estas organizaciones junto otras como el Sindicato Unificado de la Policía, el Sindicato Profesional de Policía, la Asociación Unificada de la Guardias Civiles y la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil han anunciado la creación de la Plataforma por una España Segura para convocar manifestaciones contra una reforma de la ley mordaza que han exigido, incluso, el Consejo de Europa y la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea para acabar con la discrecionalidad policial, las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad y las impuestas a organizadores de movilizaciones y protestas.
El PSOE debería dejar de preocuparse por enfadar a los sectores más antidemocráticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por adecuar nuestras leyes al cumplimiento de la normativa nacional e internacional. Y debería ocuparse más, como hacen en Alemania o Francia, de la infiltración cada vez mayor de la ultraderecha entre los cuerpos a los que se les ha concedido el uso legítimo de la violencia para garantizar, entre otros, el derecho de la ciudadanía a manifestarse y a protestar. Algo que algunos policías y guardias civiles solo tienen claro cuando se disculpan por las molestias ocasionadas a quienes, por ejemplo, intentaron impedir la exhumación de Franco o a quienes se manifiestan con símbolos franquistas.
Enfadar a los fascistas es condición sine quae non de ser decente y demócrata. De lo contrario, ya hemos visto qué facil les ponen algunos agentes asaltar a los fundamentalistas los Congresos cuando pierde la extrema derecha.
