El caso Cursach: la investigación al rey de la noche que pone en jaque a jueces, fiscales y policías en Palma
Los atestados policiales y un sinfín de mensajes de Whatsapp ponen en entredicho, en la actualidad, la instrucción de la causa que investiga un supuesto entramado mafioso vinculado al magnate del ocio nocturno
Hemeroteca — Anticorrupción acusa al juez y al fiscal que investigaron a Cursach de efectuar detenciones ilegales y aleccionar a testigos
Esther Ballesteros
2 de enero de 2021 22:23h
Dos fiscales de Anticorrupción de Madrid se toman un descanso en mitad de una de las maratonianas jornadas de declaraciones que, a lo largo de este año, han reclamado su presencia en Palma de Mallorca. Son Tomás Herranz y Fernando Bermejo. Intercambian impresiones y miran a su alrededor mientras apuran los últimos sorbos de café. Frente a ellos, en la plaza de Es Mercat, se erige el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, al que en unos minutos deben regresar junto a los numerosos abogados personados en las inusuales investigaciones que se llevan a cabo tras las puertas de la máxima instancia judicial de las islas. Se trata de la que muchos consideran la antesala de uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional.
A lo largo de esta década, la entrada por la que ahora acceden fiscales y letrados la han atravesado personajes de renombre para responder de la multitud de tropelías destapadas durante estos años en Baleares: Iñaki Urdangarin y los ilícitos negocios que pusieron en jaque a la monarquía; Santiago Calatrava y el faraónico –y millonario– Palacio de la Ópera que proyectó en la bahía de Palma y que jamás vería la luz; el expresident Jaume Matas y las megalómanas infraestructuras cuyo impulso, entre una multitud de fraudes y desvíos de fondos públicos, auspició durante su última legislatura al frente del gobierno regional; Maria Antònia Munar y los hilos con los que, a lo largo de varias décadas, manejó para provecho propio y de su partido (Unió Mallorquina) las principales instituciones de las islas... Todos ellos han copado páginas interminables de la historia de la democracia en Baleares, nunca ajena a una corrupción política teñida, especialmente, de dádivas y tratos de favor.
Sin embargo, ahora todo es distinto: quienes se encuentran en el punto de mira de la justicia son un juez, Manuel Penalva, un exfiscal, Miguel Ángel Subirán, y cuatro miembros del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional –dos inspectores, un subinspector y un agente–. Y, junto a ellos, varios testigos –convertidos ahora en investigados– a quienes, según sostienen los fiscales de Madrid así como numerosos informes policiales, los dos juristas y los mandos policiales utilizaron para construir a la carta una macrocausa, el caso Cursach, que llegó a sumar más de un centenar de imputados y más de cuarenta encarcelados. Los atestados policiales –hasta ocho– y un sinfín de mensajes de Whatsapp ponen en entredicho, en la actualidad, la instrucción de la causa contra el magnate del ocio nocturno en las islas, el millonario Cursach, que llegó a presidir el Mallorca y a ser propietario de los derechos de estrellas de fútbol como Samuel Etoo.
Durante cerca de tres años, los seis investigadores levantaron las alfombras del supuesto entramado mafioso que, de acuerdo a sus tesis, habría desplegado el empresario Cursach, durante varias décadas y bajo la protección de instancias policiales y políticas, con el objetivo de mantener a flote su imperio. El magnate, que comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Baleares, gimnasios y hoteles e incluso una desaparecida aerolínea bautizada con sus siglas, se vio acusado de un rosario de delitos que incluían, entre otros, extorsiones, amenazas, detenciones ilegales, corrupción de menores, narcotráfico e incluso un homicidio. Un ovillo de acusaciones que acabaron costándole su detención y su ingreso en prisión provisional sin fianza el 3 de marzo de 2017.
El empresario Bartolomé Cursach (izquierda), llega al juzgado acompañado por su abogado Enrique Molina
Más de tres años después, los jueces han tumbado parte de las acusaciones con el archivo de varias de las piezas separadas en las que se desgajó la matriz del caso Cursach. Algunas de las líneas de investigación, sin embargo, continúan vivas. Y, entre ellas, asoma una sobre todas las demás: junto a su mano derecha, Bartolomé Sbert, y otros 22 acusados (policías locales en su mayoría), Cursach se encuentra a las puertas del banquillo, bajo una petición de condena de ocho años y medio de cárcel y con la sombra de la nulidad planeando sobre el futuro juicio, por haber urdido una presunta trama de tratos de favor dirigida a salvaguardar su autoridad en la noche mallorquina. Mientras el juicio llega y los interminables avatares en torno a su celebración se suceden –los seis magistrados que integran la sala que debe enjuiciar el procedimiento han buscado sin éxito abstenerse–, el recién nombrado presidente del TSJIB, Carlos Gómez, se encarga, desde el pasado mes de enero, de esclarecer los pormenores que rodearon a la instrucción del caso Cursach.
Debido al aforamiento del juez Penalva y el exfiscal Subirán –a quien el Ministerio de Justicia jubiló, con 59 años, el pasado mes de junio–, el veterano magistrado se hizo con las riendas de una investigación plagada de vicisitudes, tensión e incertidumbre. Los delitos por los que Gómez asumió las indagaciones no son poca cosa: detenciones ilegales, revelación de secretos, prevaricación y deslealtad profesional. El juez Penalva y el exfiscal Subirán, por su parte, defienden tajantes la instrucción que llevaron a cabo y sostienen la existencia de un complot contra ellos en el que sitúan al entorno de Cursach y sus poderosas conexiones en la isla.
Casi un año después, la controversia continúa servida: mientras el magistrado considera que ambos cometieron el único ilícito de filtrar información secreta a la prensa, hechos por los que sí considera que deben ser juzgados, los fiscales de Madrid sostienen que las actuaciones que desplegaron ambos juristas fueron mucho más graves: aleccionaron a testigos protegidos, practicaron detenciones ilegales y prolongaron de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados.
La génesis: policías bajo sospecha y un registro autorizado por el juez Castro
El caso Cursach no se llamó siempre así y su génesis, mucho antes de que el magnate entrase en escena, se remonta a 2013, cuando decenas de policías locales comenzaron a situarse bajo el foco judicial.
¿Cómo comenzó todo? El 12 de septiembre de ese año, el juez José Castro, que se debatía entonces sobre si imputar a la Infanta Cristina por su papel al frente de los negocios de su marido, se encontraba de guardia cuando otro asunto reclamó su intervención. El fiscal Subirán acababa de pedirle una orden de entrada y registro en las dependencias de la Policía Local de Palma. Y Castro la autorizó. Hasta el cuartel se desplazaron numerosos agentes de la Guardia Civil en busca de indicios en torno al presunto amaño del concurso convocado en 2012 para acceder a una plaza de oficial dentro del cuerpo. Varios meses después eran detenidos los primeros ocho agentes que, con el paso de los años, pasarían a engrosar los cerca de 70 funcionarios –de una plantilla de 800– encausados en las distintas líneas de investigación del caso Cursach. De forma paralela, la macrorredada impulsada aquel verano de 2013 contra la facción mallorquina de los Ángeles del Infierno, con epicentro en la Playa de Palma, desveló presuntas connivencias entre policías y empresarios de la zona.
Nada se sabía entonces acerca de la magnitud que las incipientes pesquisas, en manos de la jueza Carmen González, acabarían alcanzando, con acusaciones en torno a una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra en los negocios nocturnos a Cursach. Como tampoco nada se sabía de los vuelcos que esas mismas investigaciones sufrirían hasta el punto de verse altamente comprometidas ahora.
Con la llegada del juez Penalva la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios empezó a tomar forma. El 15 de junio de 2015 este magistrado cogía las riendas de las investigaciones en sustitución de la anterior jueza, que acababa de ser destinada a la Audiencia Provincial de Palma. Y, de la mano del fiscal Subirán, tomó el control de la causa. Con una diferencia, según aseveran a elDiario.es algunos de los entonces afectados por sus resoluciones, respecto de su antecesora. "Si González era la contención personificada, Penalva, empujado por Subirán, se dejó llevar por las ansias de notoriedad social y pública. Y el caso Cursach era un caramelo muy goloso", comenta uno de los policías locales entonces investigados y en la actualidad exonerados, quien prefiere mantenerse en el anonimato. Otro de los agentes señala que ante juez y fiscal comenzaron a desfilar "gargantas profundas, personas que empezaron a acusar a diestro y siniestro por inquina. Se juntó el hambre con las ganas de comer".
La aparición de los testigos clave
Fuese como fuese, empezaba a cocerse un escenario en el que los antiguos investigadores convirtieron en testimonios clave a varios testigos investigados a lo largo de estos meses por fabricar, según la Policía Nacional, presuntas pruebas falsas y acusar, con el respaldo de Penalva y Subirán, "de la forma más temeraria posible" y en una "pavorosa unidad de acción", a un sinfín de personas posteriormente imputadas y encarceladas.
'El Ico': en medio de este clima, el primero de aquellos testigos que entró en escena fue Francisco Cortés, 'El Ico', hijo de la histórica matriarca del poblado chabolista de Son Banya, 'La Paca'. Bajo la condición de testigo protegido número 13, comenzó a aportar datos que hablaban de cómo se había visto obligado a abonar 'mordidas' semanales de hasta 500 euros a varios policías a cambio de no recibir inspecciones de ningún tipo en los dos locales nocturnos que regentaba. Según aseguraba, todo se debía a que sus negocios eran competencia directa del grupo Cursach y a que disponía de datos comprometedores relativos a la contabilidad del conglomerado empresarial. Unos informes que ofreció a los investigadores y que, sin embargo, nunca llegó a entregar.
Fruto de sus incriminaciones, nuevos detenidos acabaron tras las rejas acusados de participar en una red de chantaje y extorsión que actuaba "como una auténtica organización policial instalada de manera permanente en el delito", tal como hizo constar el juez Penalva en varios de los numerosos autos que, a lo largo de dos años, dictó para prorrogar el secreto de sumario de la causa.
La 'madame': el monstruo crecía y alcanzaba proporciones entonces inimaginables cuando, de repente, hizo su aparición María José Losantos, entonces testigo protegida número 31. La mujer afirmaba ser la 'madame' en un burdel al que acudían altos cargos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por Cursach con el objetivo de granjearse sus favores.
En sus comparecencias ante juez y fiscal, la supuesta 'madame' comenzó a describir con todo lujo de detalles presuntas orgías con sexo, alcohol y cocaína –servida, precisaba, en bandejas "tipo paellera de doce personas"– cuyo coste podía llegar a ascender, en un solo día, a 36.000 euros. En ellas situó a dos políticos: el expresidente del PP de Palma José María Rodríguez y el exdiputado de la misma formación y exconcejal en la capital balear, Álvaro Gijón. El testimonio allanaba el terreno para incluir a altos cargos públicos en la lista de quienes, supuestamente, se habían arrodillado para besar por donde pisaba Cursach.
El camarero de Tito's: es otro hombre clave para las investigaciones de Penalva y Subirán es Daniel Corral (ex testigo protegido 29), quien trabajó como camarero en el buque insignia del grupo Cursach, la discoteca Tito’s. Investigado en la actualidad junto a la 'madame' y 'El Ico', denunció durante su paso por dependencias judiciales cómo el establecimiento de ocio nocturno –cuyas paredes habían testimoniado, décadas atrás y en plena apertura de Mallorca al turismo, la presencia de Marlene Dietrich, Ray Charles o Charles Aznavour– lo frecuentaban agentes de la Policía Local de Palma a quienes también se agasajaba con servicios de prostitución, alcohol y drogas a cambio de garantizar la protección del magnate. En una de sus primeras citaciones en los Juzgados, aseguró, incluso, haber visto cómo la droga era transportada desde un velero amarrado frente a Tito's para después ser introducida en maletines dentro de la discoteca.
Tito's, una de las discotecas de Cursach
Cursach y su mano derecha entran en prisión
Con toda esa ristra de acusaciones a sus espaldas y en medio de la amplia expectación generada por las acusaciones vertidas por los testigos, el 28 de febrero de 2017 llegaba "el día D hora H" –como se referirían a esa jornada, en el chat de Whatsapp que mantenían abierto, Penalva y Subirán–: el todopoderoso Cursach y su número dos eran detenidos y, tres días después, enviados a prisión sin fianza. Hasta una quincena de delitos recaían sobre el considerado rey de la noche mallorquina: homicidio –un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente el empresario fue exculpado–, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, delito contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicios, tenencia ilícita de armas y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Tan solo dos semanas más tarde eran arrestados el director de Tito's, Jaime Lladó, el exjefe de camareros de Tito's, Arturo Segade, y otro extrabajador de la discoteca. Decenas de policías locales llevaban ya meses encarcelados, varios de ellos dispersados en prisiones de la península como Estremera y Albocàsser.
El director de Tito's: "Cualquier juez o fiscal hubiera dicho que esto no se sostiene por ningún sitio"
Tres años después, Lladó rememora todo lo ocurrido: "Uno dice que en Tito's, en pleno Paseo Marítimo, había fiestas con sexo, alcohol y drogas, ¿y no nos habíamos enterado nadie? ¿Ni una foto ni otros testigos que, de alguna forma, avalen ese testimonio?", manifiesta ahora en declaraciones a elDiario.es. A pocos metros de la discoteca que dirige desde hace 20 años y bajo un sol abrumador, es la primera vez que atiende a un medio de comunicación desde que comenzaron a trascender las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach.
En su opinión, las manifestaciones efectuadas por los testigos carecen de fundamento y, de hecho, cree que "cualquier juez o fiscal hubiera dicho: 'vamos a plegar, que esto no se sostiene por ningún sitio'". "No sé qué motivación tenían los dos [en alusión a Penalva y Subirán]. Creo que hay una mano poderosa detrás porque, de otro modo, no me puedo creer que un juez y un fiscal con una carrera a sus espaldas, con profesiones realmente notorias y sin ninguna justificación, se metan en este berenjenal", afirma. Buscando una respuesta a las preguntas que se hace desde entonces, cree que "querían ser estrellas, montar un escándalo, y esa era su oportunidad". Y, como otros investigados, considera una "huida hacia adelante" las actuaciones que los investigadores llevaron a cabo para intentar justificar "a toda costa" los ingresos en prisión que habían decretado. "Lo alargaron todo lo que pudieron para que saliera el mirlo blanco que apoyara toda esa macabra conspiración para comprar policías. Pero, a día de hoy, ni conozco a los policías, ni jamás he tenido contacto con nadie que venda droga. Podemos ir con la cabeza bien alta", proclama.
