Los sindicatos prevén que una nueva ley del Gobierno jubile a miles de policías
Roberto Ruiz Ballesteros / Seguridad y Tribunales
miércoles, 07/05/14 - 12:03
La norma adelanta la edad obligatoria de pasar a segunda actividad a los 58 años y, si se aplica de golpe, podría provocar la expulsión de un número incalculable de agentes.
La marcha se suma a la pérdida de unos 6.000 efectivos sufrida por el cuerpo en los últimos cuatro años a causa de la escasa oferta pública de empleo.
La Policía pierde efectivos a diario. Desde hace cuatro años, la tasa de reposición se ha situado en el 10% a consecuencia de la crisis económica, lo que ha provocado que se jubilen muchos más funcionarios de los que entran al cuerpo. En 2007 y 2008 ingresaron en la corporación en torno a 5.000 agentes cada ejercicio; un año después, poco más de 2.000; y desde 2010 cada año se incorporan apenas 200. Esta situación ha provocado una reducción de recursos humanos considerable.
Una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno publicada hoy por Europa Press asegura que en los dos últimos años la Policía ha perdido cerca de 3.000 funcionarios (2.983). Es decir, ha pasado de los 72593 operativos que había a finales de 2011 a los 69610 que se registraban a 31 de diciembre de 2013, último dato publicado por el Ministerio del Interior a través de la citada respuesta en el Congreso de los Diputados. Si tenemos en cuenta que esta misma cantidad es la podría haberse perdido en los dos años anteriores, en los que tembién se había reducido la oferta pública de empleo en tasas similares, la cifra podría situarse en torno a los 6.000 efectivos perdidos en cuatro años.
La tendencia, además, lejos de corregirse, es previsible que continúe por este camino, dado que no hay expectativas de que remonte la política de la oferta pública de empleo. De hecho, durante la elaboración de los últimos Presupuestos Generales del Estado el Ministerio del Interior ya intentó que se incrementara, pero la oposición de Hacienda frustró los deseos del departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz, según publicó El Confidencial. No en vano, el 15 de enero de 2013, el recién nombrado secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, admitió en su presentanción ante los sindicatos profesionales que en los siguientes tres años la corporación perdería alrededor de 7.000 funcionarios.
Sin embargo, por si la situación parecía no ser suficientemente grave, a estos datos de pérdida masiva de recursos humanos dentro de la segunda institución más valorada de España después de la Guardia Civil, según el último barómetro del CIS, se añade un nuevo elemento que incide aún más en esta crisis de efectivos. La nueva Ley de Personal que propuso el Gobierno y que está a punto de iniciar su trámite parlamentario contiene medidas que pueden derivar en una mayor reducción de funcionarios dentro de la corporación.
En concreto, la obligatoriedad que impone la norma de que los policías pasen a segunda actividad a partir de una determinada edad (58 años para los miembros de la escala básica, que conforman el grueso del cuerpo, y algo más para el resto). Algunas fuentes consultadas por Seguridad y Tribunales aseguran que, si este precepto se aplica de golpe, podrían salir del cuerpo alrededor de 9.000 efectivos. Los sindicatos policiales no se atreven a decir una cifra concreta, porque dependerá de muchos elementos y de cómo el Ministerio del Interior ponga patas a la iniciativa, pero sí reconocen su preocupación al respecto.
Según el presidente del Sindicato Profesional de Policía, José Antonio Calleja, la ley "hará que un importante número de funcionarios tengan que abandonar el servicio activo". "Nos encontraremos, por lo tanto, con un cuerpo bastante reducido en cuestión de personal", prevé el representante de la organización que agrupa a la mayor parte de jefes del cuerpo.
En la misma línea, Mónica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), también estima que un "elevado número" de efectivos dejará de prestar servicio tras la entrada en vigor de la Ley de Personal. "Al final, no habrá suficientes funcionarios para prestar un servicio adecuado al ciudadano", aventura Gracia, que prevé que esto ocurra en cuanto se apruebe la ley, que en estos momentos se encuentra en el trámite de presentación de enmiendas.
De hecho, es uno de los puntos que la agrupación profesional ha argumentado para declarar el conflicto colectivo a la Dirección General de la Policía. El SUP ya ha anunciado que protestará ante el departamento dirigido por Ignacio Cosidó por esta y otras medidas puestas en marcha por la cúpula de la corporación.
