CON CONNIVENCIA DE CARGOS PÚBLICOS
Corrupción, amenazas y desgobierno en la Policía de Palma
El Cuerpo ha tenido tres jefes en seis meses, y dos de ellos están imputados en un caso de corrupción policial. El juez, el fiscal, políticos y testigos han recibido amenazas.
Bernat Garau
Martes, 23. Febrero 2016 - 13:25
Palma tiene un problema muy serio con su Policía local. Todo empezó en 2013 con la denominada Operación Sancus, que destapó en varias fases una fenomenal trama de corrupción en el Cuerpo centrada en la extorsión, coacciones y favores a empresarios de locales nocturnos, además del fraude en las oposiciones y exámenes de ascenso y algunos casos de torturas a detenidos, como muestra un vídeo de un agente pateando a un joven esposado ante la impasibilidad de sus compañeros. Poco a poco, se fueron conociendo detalles cada vez más escabrosos, como el hecho de que policías y políticos corruptos tenían acceso a prostitutas, consumiciones y Viagra gratis en varios locales de alterne a cambio de evitar las inspecciones en dichos locales y hacer la vista gorda ante la presencia de prostitutas menores o sin papeles, y se destapó el vínculo de la trama con la banda motera criminal Ángeles del Infierno, desarticulada en 2013.
Connivencia de cargos públicos
Desde el comienzo de la operación, han sido imputados al menos treinta agentes, dos jefes del Cuerpo, tres funcionarios y dos ex concejales de Seguridad del Ayuntamiento, lo que revela que la trama no se circunscribe a varias manzanas podridas dentro de la Policía local, sino que alcanza de lleno al máximo nivel directivo del Cuerpo e incluso a la dirección política del mismo en el Consistorio. No en vano, el juez que instruye el caso, Manuel Penalva, prorrogó el secreto de las pesquisas ante las sospechas de connivencia por parte de diversos cargos públicos con las actividades delictivas de la trama.
El Ayuntamiento de Palma salió al paso de las detenciones y aseguró el pasado mes de octubre estar “trabajando para hacer cambios” en el Cuerpo, en palabras de la nueva concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor (PSOE), quien subrayó que los imputados son una “minoría” dentro de la Policía local.
Coacciones y represalias a la orden del día
El problema es que, desde entonces, las cosas no han hecho sino empeorar. Desde el momento en que se produjeron las primeras detenciones de agentes, comenzaron los casos de coacciones a testigos, policías ajenos a la trama de corrupción, políticos, funcionarios y cualquiera que osara colaborar con la Justicia en la investigación de la trama.
Ha habido presuntas amenazas y coacciones en el propio cuartel, según han declarado varios agentes, que aseguran haber recibido comentarios intimidatorios por parte de otros compañeros, que les habrían dicho que tuvieran cuidado con lo que le decían al juez. También se habrían oído nombres de policías dispuestos a testificar durante sesiones de prácticas de tiro, acompañados del epíteto “¡muerto!”.
Asimismo, ha habido varios presuntos casos de represalias a agentes por colaborar con la Justicia. Estas represalias, como cambios de destino y otras medidas disciplinarias, habrían sido ordenadas directamente por los mandos policiales y aprobadas por el exconcejal Guillem Navarro (PP), también imputado.
Amenazas hasta en prisión
Las presuntas coacciones han llegado incluso hasta la prisión: varios policías que se encuentran encarcelados en relación con el caso han denunciado haber recibido amenazas de muerte por parte de los cabecillas de la trama para evitar que colaboren con la Justicia. Hasta el extremo de que uno de ellos habría dicho en la cárcel que contaba con 180.000 euros que iba a destinar a hundir al juez Manuel Penalva, que instruye el caso, y al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán.
También la propia concejala Pastor ha recibido una nota amenazante en su despacho, y su número dos, el director general de Seguridad Ciudadana, Martí Capó, se encontró la semana pasada con una diana pintada en el parabrisas de su moto y la frase “te esperamos” escrita en una pared frente a su vivienda.
Este episodio, el enésimo caso de amenazas en relación con el caso, ha obligado a Pastor a convocar una rueda de prensa para asegurar que la concejalía que dirige “facilitará toda la información que sea solicitada por el juez y el fiscal” independientemente de las coacciones recibidas. “Las amenazas no nos pararán”, ha declarado. Asimismo, ha reconocido “la poca normalidad” y el “desánimo” que a su juicio “vive la Policía”, y ha mostrado su “plena confianza” en los agentes, ya que “la mayoría son personas que salen a trabajar cada día para dar un servicio público de calidad al ciudadano”. Por ello, ha anunciado la apertura de “diversas líneas de comunicación” entre agentes y Consistorio, incluido “un buzón directo” con ella misma, y ha reiterado su intención de implantar un nuevo organigrama en el Cuerpo y aplicar “mejoras a nivel laboral” gracias al “incremento presupuestario del 11 %” destinado a la Policía este año.
Al jefe del Cuerpo se “la trae floja”
La respuesta del comisario jefe de la Policía local, Antoni Morey, que está imputado en la causa, han sido dos carta publicadas en su muro de Facebook en las que denuncia un “ataque organizado contra la Policía Local” que califica de “desmesurado, desproporcionado y arbitrario”, y recuerda que los agentes corruptos “no superan el 2 %”, lo que considera “una cifra asumible”. Además, carga contra “los políticos” por utilizar al Cuerpo “como instrumento para sus fines”, los ciudadanos de Palma por su “indiferencia hacia su Policía” y los “autodenominados policías honrados” que usan “el marchamo de su supuesta credibilidad” para sus “propios intereses”. También critica el “enfoque de la instrucción del caso”, el “secreto de sumario” como “arma procesal” y el “tratamiento recibido por la prensa”, a la que ve “claramente posicionada en contra” de la Policía y de él mismo. Por otro lado, asegura que “la consideración del juzgado” que investiga el caso se “la trae realmente floja” y se solidariza con los policías arrestados, imputados y encarcelados. “Perdonad mi ineficacia en defender vuestros derechos, disculpad que no os haya podido dar ánimos en vuestra circunstancia infinitamente peor que la mía, perdonad que solo piense en un día en que nos reencontraremos, culpables o no pero libres, tomando un café y reflexionando sobre valores, sobre filosofía, sobre la vida”, remacha.
Tres jefes policiales en seis meses
Tras publicarse la polémica carta, el alcalde, José Hila (PSOE), ha anunciado la destitución de Morey, que ha sido además suspendido de empleo y sueldo y se le ha abierto un expediente disciplinario. El comisario y ex jefe de la Policía Joan Miquel Mut, también imputado, ha corrido la misma suerte. El Consistorio ha nombrado al mayor José Antonio Bravo comisario jefe con carácter provisional, hasta la convocatoria de un concurso para seleccionar a un nuevo máximo responsable del Cuerpo, que se celebrará “con la máxima brevedad”, según Pastor, aunque reconoce que el proceso está aún enredado en “trámites administrativos”.
Sea como sea, en solo seis meses, la Policía local ha tenido tres jefes diferentes, y dos de ellos están imputados por corrupción. Hila ha reconocido “la situación excepcional” y “difícil” que vive el Cuerpo “desde hace tiempo” y ha asegurado que “el proceso de renovación de la Policía es imparable” y “nadie lo detendrá aunque conlleve medidas dolorosas”.
