Audiencia Nacional investiga una masacre israelí en la franja de Gaza
El sumario se dirige contra un miembro del Gobierno judío y seis mandos militares por un bombardeo que en 2002 mató a 14 civiles
MATEO BALÍN NICOLÁS GARCÍA RIVAS COLPISA / AFP
El hijo del líder de Hamás
En el aniversario de la muerte de su padre, el hijo de Shehadeh sostiene un arma durante una manifestación. El bombardeo también acabó con la vida de su madre y su hermana. El jefe militar de Hamás
Salah Shehadeh, jefe del ala militar de Hamás, era el objetivo del ataque en que murieron otras 14 personas, entre ellas su mujer y su hija. El juez Andreu
Fernando Andreu firma el auto para investigar al hoy ministro israelí de Infraestructuras y seis militares como responsables del bombardeo. El ministro israelí
Benjamín Ben-Eliezer era ministro de Defensa de Israel en 2002, cuando se produjo el ataque en Gaza para eliminar al líder militar de Hamás.El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió ayer investigar la responsabilidad penal por crímenes contra la humanidad de un miembro del Gobierno israelí, que cuando ocurrieron los hechos ocupaba la cartera de Defensa, y seis altos cargos militares, presuntos responsables del bombardeo que en julio de 2002 acabó con la vida de catorce civiles en la franja de Gaza.
El 'ataque selectivo' iba dirigido contra la vivienda de un líder de Hamás, que también falleció en el bombardeo, y dejó otros 150 heridos, la mayoría con lesiones graves y secuelas permanentes.
La querella fue presentada por el Centro Palestino por los Derechos Humanos, que representa a familiares de seis de los asesinados. Está dirigida contra el ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer, hoy diputado laborista y ministro de Infraestructuras, y alcanza a la cúpula militar israelí en el momento de la masacre, entre ellos el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Moshe Yaalon, y el comandante de las Fuerzas Aéreas Dan Halutz.
La demanda también involucra al entonces primer ministro Ariel Sharón, que permanece en estado vegetativo desde 2005.
A todos ellos, el magistrado les imputa un delito contra la humanidad por crímenes de guerra, para lo que se ampara en la competencia que la legislación espa?ola atribuye a la Audiencia Nacional para instruir delitos por genocidio, terrorismo o contra civiles cometidos fuera del territorio nacional cuando no han sido perseguidos por los tribunales del lugar donde se cometieron.
Esa norma deja abierta la puerta para que el tribunal admita también a trámite otra querella interpuesta la pasada semana por una asociación cultural de Melilla por la última ofensiva israelí en Gaza. Va dirigida contra el actual primer ministro israelí, Ehud Olmert, y los titulares de Defensa y Exteriores, Ehud Barack y Tzipi Livni, ?brazos ejecutores? de dicha operación, que dejó unos 1.300 muertos, una tercera parte ni?os, según la ONU.
La demanda por el asesinato de los catorce civiles en 2002 fue presentada en verano pasado. Entonces, el juez Andreu cursó una comisión rogatoria a Israel para que le informase sobre la existencia en este país de algún procedimiento abierto por estos hechos. Pero las autoridades hebreas nunca respondieron al requerimiento.
No por ignorancia. Días después de conocerse la presentación de la querella, el Gobierno israelí informó a los presuntos responsables del bombardeo de que no viajaran a Espa?a -?ni por trabajo ni por turismo?- por temor a que fueran arrestados y procesados. Si ello ocurría, les advirtieron, se podría generar una grave crisis diplomática entre ambos países.
Ahora, una vez admitida a trámite la demanda, el juez Andreu le vuelve a pedir a Israel que notifiquen el escrito a los imputados a fin de que sean citados a declarar en una fecha futura aún por determinar.
Además, solicita otra autorización a la Audiencia Nacional para desplazarse a Gaza con el objetivo de tomar declaración a familiares y testigos de las víctimas. El instructor advierte en el auto de que si en el transcurso de la investigación las pruebas demuestran que la acción respondía a una ?estrategia predeterminada?, entonces podrían calificarse los hechos de una forma ?más grave?.
?Excesivo?
El ataque ?excesivo o desproporcionado?, según el juez Andreu, acabó con la vida de los 14 civiles y dejó otros 150 heridos el 22 de julio de 2002. Hacia la medianoche, un avión F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj, en la ciudad de Gaza, al norte de la franja palestina. El objetivo principal era la casa del comandante del movimiento Hamás Salah Shehadeh y tenía como fin último ?asesinarlo?.
La potente bomba alcanzó la vivienda y acabó con Shehadeh. Pero también destruyó la casa ocupada por la familia Mattar, a menos de dos metros de la primera. Siete miembros de la misma fallecieron, entre ellos varios ni?os, además de otros tantos civiles pertenecientes a otras cuatro familias que vivían en edificios colindantes. Los da?os materiales también fueron cuantiosos.
El ataque levantó una gran polvareda en Israel. Al ser preguntado qué sentía tras el lanzamiento del proyectil en una zona tan densamente poblada, el comandante de las Fuerzas Aéreas, Dan Halutz, se?aló: ?Siento una leve sacudida que se pasa después de un segundo?. Halutz es conocido por idear los ataques selectivos.
La decisión del juez Andreu de investigar los crímenes en Gaza es el último episodio de una larga lista de querellas presentadas y admitidas a trámite en Espa?a para investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en Guatemala, Ruanda, Argentina, Chile, China, Tíbet y El Salvador.
Hace apenas una semana, el juez Eloy Velasco aceptó instruir el asesinato en 1989 de seis jesuitas, cinco de ellos espa?oles, a manos de militares salvadore?os. El auto del Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional emitido ayer plantea de nuevo ante la opinión pública la virtualidad de la llamada jurisdicción universal. Es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial permite abrir diligencias contra cualquier delito que, de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por Espa?a, deba ser perseguido por nuestras autoridades judiciales; en este caso, se trataría de un delito contra las personas protegidas en caso de conflicto armado (artículo 611.1 del Código Penal). Sin embargo, el requerimiento a las autoridades israelíes que efectúa el auto para que los querellados presten declaración en la Audiencia Nacional como imputados, apoyándose en el Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal -ratificado por Israel en 1967-, no dista de ser un mero deseo. Entre otras razones porque el mismo Convenio de asistencia judicial, en su artículo 2, permite a Israel denegar la solicitud si considera que la misma ?podría causar un perjuicio? a la seguridad o el orden público del país.
La reciente operación de exterminio sobre el mismo territorio de Gaza, con ataques indiscriminados a la población civil -mucho más graves que el bombardeo perseguido ahora por la Audiencia Nacional-, convertirá el auto espa?ol en papel mojado; y, lo que es peor, hará desconfiar a los poderes públicos sobre la oportunidad (política) de mantener un sistema de jurisdicción universal tan amplio como el que ahora existe. A este respecto, conviene recordar que Bélgica optó por restringir el suyo en 2003, cuando sus tribunales decidieron perseguir a Ariel Sharon por la matanza de Sabra y Shatila. A partir de entonces, sólo son competentes cuando existe una ?conexión nacional? en el asunto, es decir, cuando el autor o la víctima sean belgas. Tampoco está de más a?adir que la Corte Penal Internacional ha nacido para sancionar hechos como los cometidos durante decenios por Israel contra los habitantes de Gaza y que, por ahora, no se ha abierto ningún procedimiento en La Haya contra las autoridades de ese país, ni la comunidad internacional ha establecido sanciones, ni el Gobierno espa?ol se ha replanteado la venta de armas al Gobierno hebreo. En ese contexto, el auto de la Audiencia Nacional sólo puede ser entendido como un acto de protesta política, más que como el ejercicio real de la potestad jurisdiccional. El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, afirmó ayer que ?hará todo? lo posible para obtener la anulación de la investigación, calificada de ?delirante?, de la Justicia espa?ola sobre un bombardeo israelí de 2002 en Gaza que mató a un jefe de Hamás y a 14 civiles. El ministro tiene la intención de ?luchar vigorosamente contra las acusaciones en Espa?a y de hacer todo lo que sea necesario para obtener la anulación de la investigación?, indicó el ministerio de Defensa, que considera la iniciativa ?particularmente alarmante?.
El máximo responsable de Defensa de Israel subrayó que ?aquel que califica de crimen contra la humanidad la liquidación de un terrorista vive en el mundo al revés?. ?Todos los responsables del aparato de Defensa han actuado y continúan actuando de manera conveniente en nombre del Estado de Israel, en nombre de su deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes?, a?ade.
Por su parte, el líder del partido opositor Likud, Benjamin Netanyahu -que lidera las encuestas previas a las elecciones del 10 de febrero-, se limitó a calificar la decisión de la Audiencia Nacional de ?ridícula?.
El ministro de Asuntos Exteriores espa?ol, Miguel Ángel Moratinos, conversó ayer mismo con las autoridades israelíes, a las que explicó la iniciativa de la Audiencia Nacional y aclaró que Espa?a es un Estado de Derecho con división de poderes en el que el Ejecutivo no puede interferir en la labor de la Justicia
