Delegación del Gobierno resolverá tras conocer opinión de Abogacía del Estado
12-04-2011
Madrid, 12 abr (EFE).-
La Delegación del Gobierno en Madrid ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado sobre la conveniencia de autorizar una "procesión atea" en el centro de Madrid el próximo Jueves Santo, "para mayor tranquilidad y seguridad de que se van a respetar todos los derechos".
La delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, se ha referido así, a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), a la decisión anunciada ayer por el Ayuntamiento de Madrid de no permitir que se celebre la denominada "procesión atea" en caso de que la Delegación no la prohíba, como en su opinión debe hacer.
Carrión ha dicho que este asunto "se está estudiando por los servicios técnicos de la Delegación", una vez que los colectivos convocantes -entre ellos la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y la Asamblea vecinal La Playa de Lavapies- han presentado un segundo escrito en el que recalifican el acto, considerándolo una manifestación, y del informe desfavorable emitido del Ayuntamiento.
"Con toda esa información he solicitado un informe de la Abogacía del Estado, para mayor tranquilidad y seguridad de que se van a respetar todos los derechos", ha dicho Carrión, que ha asegurado que "antes del plazo legalmente establecido habrá una resolución", ya que aún "hay días de sobra" para tomarla.
En cuanto a si se siente "presionada" por el hecho de que el Ayuntamiento haya anunciado que no permitirá el acto si la Delegación "rehuyera su responsabilidad" y no se pronunciase, Carrión ha dicho que "en absoluto".
En este sentido ha explicado que recientemente habló de este asunto con el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, durante un acto en el que ambos coincidieron, y está segura de que "no hay ningún problema", ya ambas instituciones van a llegar a un acuerdo.
"Nos vamos a poner de acuerdo seguro y se va a resolver todo como debe ser en un Estado de Derecho, conforme a la Ley", ha añadido.
Por su parte, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha insistido hoy en que es la Delegación del Gobierno la que tiene que pronunciarse porque no se trata de un acto lúdico, sino de una manifestación que no debería ser autorizada "puesto que el día y en el lugar en el que se pide se está haciendo para provocar a una parte muy importante, la mayoritaria, de la población".
De todas formas, ha declarado, si la Delegación "erróneamente" considera que corresponde la autorización al Ayuntamiento, en ese caso el Consistorio dirá "rotundamente no al uso del espacio público de todos para ese fin espurio que plantean los organizadores".
"No autorizamos ese día, a esas horas, en ese espacio, una burla, una mofa de una confesión religiosa", ha manifestado Cobo, que ha asegurado si no fuera la católica sino otra tampoco se aceptaría y ha indicado que si se planteara, por ejemplo, para el día de Nochevieja y en una zona que no molestara, el informe del Ayuntamiento a la delegación del Gobierno "sería distinto".
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha explicado que los convocantes "han cambiado el concepto" de la convocatoria y reconocen que es una manifestación, por lo que es la Delegación del Gobierno la que tiene que decidir si la autoriza o no.
Lissavetzky ha sostenido que "primero hay que respetar el derecho a la manifestación", segundo "hay que respetar que no haya ningún tipo de problema público en el supuesto de que se aceptara la celebración", y por último, en caso de que se autorice, "hay que hacerlo de tal manera que no interfiera con algo que me merece mucho respeto, como son las propias procesiones de Semana Santa".
La asociación HasteOir.org ha anunciado hoy que el próximo jueves entregará en la Delegación del Gobierno en Madrid las más de 70.000 solicitudes que ha recabado entre ciudadanos contrarios a la celebración de la "procesión atea" porque está convocada "contra los sentimientos religiosos, un hecho tipificado como delito en nuestro Código Penal.
La Liga Española Pro Derechos Humanos considera, por su parte, que permitir un acto "para mofarse de los cristianos y sus ritos" va en contra del artículo 16 de la Constitución Española. EFE
