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Foro policial => Discusión General => Mensaje iniciado por: Intelpoli en 29 de Octubre de 2006, 23:42:12 pm
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Saludos a Tod@s:
Bueno os expongo lo que me ocurrió en el día de hoy por si los compa?eros de las distintas PL´s me pueden asesorar.
Resulta que debajo de mi bloque hay un aparcamiento para misnusválidos y este fin de semana mi padre ha estdo conmigo en casa y como es minusválido y tiene su tarjeta correspondiente para aparcar en los lugares destinados para minusválidos pues aparcó en el referido sitio. Esta ma?ana cuando iva a marcharse salió una se?ora muy alterada diciendo que ese sitio estaba reservado para su madre (es decir para ella ya que nunca he visto a su madre), y que en ese sitio solo podía aparcar su coche.
Tras bajarle un poco los humos y dejar allí aparcado el vehículo de mi padre, al cual no dejé marchar hasta por la tarde (ya que para chulo mi pirulo) pues se me ha planteado la duda si ciertamente esa se?ora puede tener una plaza de aparcamiento de minusválidos solo para ella.
Dijo que llamaría a la grúa y la verdad es que no vino y eso me hace pensar aún más que llevo razón, ya que no entiendo que se adjudique una plaza para uso exclusivo de una persona.
Os agradecería mucho que me aclaraseis este tema y donde puedo encontrar alguna normativa al respecto.
Gracias por adelantado.
Un abrazo.
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Si es en Madrid, ese aparcamiento es dotacional, o sea que es para cualquier minusvalido que tenga la acreditacion de vehiculo como tal, o sea que tu padre estaba bien aparcado, sé que en otros municipios existen plazas que son propiedad del minusvalido x, pero en esos casos creo que debe figurar matricula del vehiculo a aparcar.
lo que habrá sucedido es que ese minusvalido, lo habrá solicitado y por eso cree que es su propiedad, esta equivocado.
Un saludo.
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Si es para un vehiculo concreto, aparece el numero de matricula en la propia se?al, en Madrid hay alguno de esos. Si no, puede aparcar cualquier minusvalido
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Suscribo lo dicho porque yo en concreto es lo que mas denuncio.... los A5
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Si es en Madrid, ese aparcamiento es dotacional, o sea que es para cualquier minusvalido que tenga la acreditacion de vehiculo como tal, o sea que tu padre estaba bien aparcado, sé que en otros municipios existen plazas que son propiedad del minusvalido x, pero en esos casos creo que debe figurar matricula del vehiculo a aparcar.
lo que habrá sucedido es que ese minusvalido, lo habrá solicitado y por eso cree que es su propiedad, esta equivocado.
Un saludo.
Es mas desconozco las tarjetas actuales pero en las antiguas venia que solo podian aparcar durante X horas, aunque esto no se cumplia.
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Terry eso creo que se referia a cargas y descargas.
un saludo.
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Ayuntamiento de Valencia.Tarjetas de Minusválidos.
El Consistorio emite estas tarjetas desde el a?o 1993, aunque desde el a?o 1998 se han adaptado al modelo creado en todos los Estados miembros de la Unión Europea. De esta manera, cualquier valenciano que cuente con esta tarjeta puede utilizarla en las plazas habilitadas en cualquier ciudad espa?ola y comunitaria. La duración de la tarjeta suele ser de diez a?os y pasado este tiempo puede ser renovada.
Intelpoli, creo que andas por Valencia, ningún problema con la tarjeta en cualquier plaza de minusválido.
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Terry eso creo que se referia a cargas y descargas.
un saludo.
Pues ahi ya me pillas y me surgen dudas.
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a mi me paso un dia una cosa muy curiosa,
estaciono en una reserva de minusvalido con el warning puesto, el equipazo de musica puesto (ipod a la vista incuido) y a los 30 segundos de haber perdido de vista el coche (de reloj, un "mari, bajas?"-"si ya bajo") vuelvo a cogerlo y veo un coche con el distintivo de minusvalido en doble fila, toco el claxon para que me quiten el coche, con la disculpa en mente y me llega una tipa, andando muy gracilmente, más agil que una gacela, que me dice en un tono "deseducado" que no tendria por que quitarlo, que ahora tendria que "fuck myself", llamar a la policia y que me multasen y que me hace un favor quitando el coche
como tenia prisa, le hago un "le-digo-que-si-como-a-los-tontos" y cuando tengo mi coche liberado le comento "pues si, podiamos haber llamado a la policia y a vd le hubieran sancionado tambien por estacionar en doble fila" y se me puso como una energumena, no supe lo que decia porque me fui pasando de ella, pero...
resumiendo, preguntilla de intervencion policial en materia de trafico:
-coche que esta en aparcamiento de minusvalidos sin acreditacion de parking de minusvalido
-coche que esta en doble fila con acreditacion de plaza de parking de minusvalido
- estan los 2 conductores presentes, y el minusvalido no quiere quitar el coche, ademas de haber llamado
-denunciariais tambien al minusvalido?
- yo, profesionalmente si, ya que si el que se ha agenciado la plaza reservada claramente ha aparcado en ella sin acreditacion,el minusvalido con acreditacion ha obrado de mala fe obstaculizando al otro conductor (el cual esta presente) la salida de su coche en doble fila, por lo tanto, o denuncio a los 2 o intento mediar para que lleguen a un acuerdo, en tal caso los 2 "perderian algo" llegando a un empate tecnico y para mí justo, puesto que el minusvalido ve como su intencion de que se denuncie al contrario se queda sin respuesta y el otro ve como ha perdido mucho tiempo por aparcar donde no debia
que opinais?
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Lo comentado.
Puede estacionar cualquiera debidamente autorizado y acreditado, lo que ocurre, es que a buen seguro la se?ora, lo solicitó y se lo concedieron en su día.
Ningún compa?ero hubiese actuado contra en vehículo de tu padre.
Yo no he visto se?ales con la matrícula del vehículo minusválido en concreto, pero me cuentan que haberlas...
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En MADRID, si no me equivoco, existe una circular interna para dar validez a aquellas autorizaciones expedidas por otros Ayuntamientos.
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ese caso lo he visto alguna vez, y para mi es valido el minusvalido de teruel, el de madrid y el de paris.
por cierto, en mi antiguo distrito habia una persona con reserva en su puerta que estaba mejor que yo, y en una ocasion, hablando con ella, nos conto que tenia una enfermedad de tipo degenerativo pero que aun no la habia hecho efecto, aunque en el futuro estaria muy jodido, pero que con el mero hecho de tenerla le ponian una reserva, con lo que cuando entraba un aviso de ahi iba bastante indignado.
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ese caso lo he visto alguna vez, y para mi es valido el minusvalido de teruel, el de madrid y el de paris.
por cierto, en mi antiguo distrito habia una persona con reserva en su puerta que estaba mejor que yo, y en una ocasion, hablando con ella, nos conto que tenia una enfermedad de tipo degenerativo pero que aun no la habia hecho efecto, aunque en el futuro estaria muy jodido, pero que con el mero hecho de tenerla le ponian una reserva, con lo que cuando entraba un aviso de ahi iba bastante indignado.
Amigo que las tarjetas se piden en muchas ocasiones no por el conductor del vehiculo sino porque tienes un familiar directo(ejemplo un hijo) a tu cargo con problemas de minusvalia.
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Órgano Gestor:
Ayuntamiento de Madrid
Contenido:
Toda persona minusválida, en posesión de la correspondiente tarjeta de minusvalía, tiene derecho a solicitar y obtener la reserva de espacio para aparcamiento de su vehículo en zona proxima a su domicilio, siempre que las características de la via pública lo permitan. Estas placas no son privativas del minusválido al que se le conceden, pues puede aparcar cualquier minusválido poseedor de la tarjeta.
Un enlace de la OCU sobre el tema http://www.ocu.org/map/show/20081/src/274312.htm
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Madrid, es el único municipio de la comunidad de Madrid, que no se ha adherido al convenio sobre las autorizaciones de tarjetas del modelo europeo, alega que no viene reflejada la matrícula del vehículo y son fáciles de falsificar, además los dos modelos de autorizaciones que dá, el vehículo de minusválido tiene que estar a nombre del mismo, y ésto es una barbaridad, sobre todo si pensamos en gente mayor y menores de edad.
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Esta es la ordenanza que para este tipo de Tarjetas hay en vigor en mi municipio:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA DE LA CIUDAD DE MÓSTOLES:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consejo de la Unión Europea en su Recomendación 98/376/CE de fecha 4 de junio
de 1998, instó a los Estados miembros a crear una tarjeta de estacionamiento unificada para
personas con movilidad reducida
El mencionado Consejo considera que la utilización de un medio de transporte distinto
al público es, para muchas personas con discapacidad, la única fórmula para desplazarse de
manera autónoma con vistas a su integración profesional y social.
Que, en determinadas circunstancias y respetando la seguridad vial, procede permitir a
las personas con discapacidad que estén en posesión de una tarjeta de estacionamiento aparcar
su vehículo sin realizar a continuación grandes desplazamientos.
La Disposición Adicional cuarta de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma
del Texto articulado sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece que los Municipios ?deberán
adoptar las medidas necesarias para la concesión de la tarjeta de estacionamiento para
personas discapacitadas con problemas graves de movilidad y para la efectividad de los
derechos que de la misma derivan, teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la
Unión Europea?. Asimismo dispone que los Municipios expedirán las mencionadas tarjetas
según el modelo determinado reglamentariamente, las cuales tendrán validez en todo el
territorio nacional.
La Comunidad de Madrid en la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid (BOCM
n? 152, de 29 de junio de 1993), modificada por Decreto 138/1998, de 23 de julio, de la
Consejería de Presidencia, (BOCM n? 179, de 30 de Julio de 1998); regula, entre otras
cuestiones, la reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida tanto
en las zonas de estacionamiento de vehículos como en las proximidades al centro de trabajo y
domicilio, así como las especificaciones técnicas concretas de dise?o y trazado de las plazas
de aparcamiento.
La misma Ley otorga a los Ayuntamientos la capacidad de aprobar normativas para
proveer a este colectivo de personas de una tarjeta de estacionamiento para discapacitados
adaptada a las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, junto con las normas de
utilización y su ámbito de aplicación. Pudiéndose utilizar la tarjeta en todo el territorio de la
Cuadro de texto: ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA
Comunidad de Madrid y alcanzando los beneficios a los ciudadanos de los países de la Unión
Europea.
El Ayuntamiento de Móstoles, por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 13 de Julio
de 2004, se ha adherido al Convenio establecido el 10 de Febrero de 2003 entre la Comunidad
de Madrid, a través de sus Consejerías de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte y de
Servicios Sociales, y la Federación de Municipios de Madrid para fomentar la implantación
de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y facilitar su validez en
todo el territorio de la Comunidad de Madrid, hasta tanto se aprueba el reglamento que ha de
establecer el modelo de tarjeta de ámbito nacional, a que se refiere la Ley 19/2001.
Para el desarrollo de las normas mencionadas y asumiendo la recomendación de la
Unión Europea, así como el contenido del Convenio de Colaboración firmado entre la
Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, el Ayuntamiento de
Móstoles considera conveniente la aprobación de la presente Ordenanza, que regula la
expedición, uso de la tarjeta de estacionamiento y la reserva de espacios de aparcamiento para
personas con movilidad reducida.
Art. 1. Objeto
1. El objeto de la presente Ordenanza es facilitar el desplazamiento autónomo a aquellas
personas residentes en el Municipio de Móstoles que, por su situación de movilidad
reducida, no puedan utilizar el transporte público.
2. A tal efecto se crea la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida del Ayuntamiento de Móstoles.
Art. 2. Tarjeta de estacionamiento
1. La tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida del
Ayuntamiento de Móstoles (en adelante tarjeta de estacionamiento) es el documento
acreditativo, personal e intransferible que habilita a sus titulares para ejercer los derechos
previstos en la presente Ordenanza en el término municipal de Móstoles.
2. La tarjeta de estacionamiento tendrá las características y dimensiones especificadas en el
anexo I de la presente Ordenanza.
Art. 3. Titulares de la tarjeta.
1. Podrán ser titulares de la tarjeta de estacionamiento las personas físicas que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Ser mayores de tres a?os y residir en el Municipio de Móstoles.
b) Tener reconocida la imposibilidad o la grave dificultad para la utilización del
transporte público colectivo.
c) No estar imposibilitadas para efectuar desplazamientos fuera del hogar.
2. Las personas jurídicas que presten servicios de transporte de personas con movilidad
reducida. Debiendo acreditar que disponen de vehículos para ello.
Art. 4. Dictamen de movilidad reducida
1. El dictamen de persona con movilidad reducida (en adelante dictamen PMR) será
emitido por la Consejería competente de la Comunidad de Madrid y es el documento
indispensable para la concesión de la tarjeta de estacionamiento a las personas físicas.
2. El dictamen PMR hará constar las siguientes circunstancias del peticionario de la tarjeta
de estacionamiento.
a) Si se encuentra imposibilitado o presenta graves dificultades para la utilización del
transporte público colectivo y, en caso afirmativo, si la situación de movilidad
reducida es de carácter temporal o definitivo.
b) Si se encuentra imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera del hogar.
3. Para la concesión de la tarjeta de estacionamiento, el dictamen deberá contener una
respuesta afirmativa a la cuestión a que se refiere el apartado 2.a. del presente artículo y
negativa a la del apartado 2.b.
Art. 5. Competencia.
1. El Alcalde- Presidente será el órgano municipal competente para la concesión de la tarjeta
de estacionamiento, de las reservas de plazas previstas en el artículo 11 y para el ejercicio
de la potestad sancionadora en este ámbito.
El Alcalde Presidente podrá delegar en un concejal o en la Junta de Gobierno Local
2. Las tareas de vigilancia y control de la utilización de las tarjetas y de las reservas de
estacionamiento serán realizadas por la Policía Local.
Art. 6. Procedimiento.
El procedimiento ordinario de concesión de la tarjeta de estacionamiento comprenderá los
siguientes trámites:
1. Personas físicas
1.1. El expediente se iniciará a solicitud del interesado mediante la cumplimentación del
impreso normativo que figura como Anexo II de la presente Ordenanza, que se
presentará por duplicado en el Registro General del Ayuntamiento o en las Juntas de
Distrito, acompa?ado de:
1.1.1. fotocopia de DNI
1.1.2. dos fotografías tama?o carnet.
1.1.3. certificado de resolución del grado de minusvalía y/o dictamen técnico
facultativo.
1.2. El Ayuntamiento comprobará que el solicitante reúne los requisitos establecidos en el
artículo 3 apartado 1.
1.3. El Ayuntamiento remitirá copia de la solicitud a la Consejería competente de la
Comunidad de Madrid para que emita el dictamen PMR preceptivo y vinculante para
la concesión de la tarjeta.
1.4. Una vez recibido el dictamen PMR, el Ayuntamiento resolverá sobre la concesión de
la tarjeta.
1.5. La concesión o denegación de tarjeta de estacionamiento deberá resolverse en un
plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se podrá entender desestimada la
solicitud sin perjuicio de la obligación legal de resolver que recae sobre la
Administración.
2. En el caso de personas jurídicas:
2.1. El interesado deberá presentar, por duplicado, en el Registro General del
Ayuntamiento o en las Juntas de Distrito la solicitud mediante el impreso normativo
que figura como Anexo II de la presente Ordenanza, acompa?ada de :
2.1.1. Fotocopia del ultimo recibo , en su defecto, del certificado de alta en el IAE
2.1.2. Fotocopia del CIF/NIF.
2.1.3. Relación de las matriculas de los vehículos dedicados al transporte de personas
con movilidad reducida y fotocopia del permiso de circulación y ficha técnica
de cada uno de los vehículos
2.2. El Ayuntamiento comprobará que el solicitante reúne los requisitos establecidos en el
artículo 3.2.
2.3. El Ayuntamiento resolverá en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya dictado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud
sin perjuicio de la obligación legal de resolver que recae sobre la Administración.
2.4. Si la persona jurídica correspondiera a una asociación sin animo de lucro deberá
presentar el impreso de solicitud en los términos que se expresan en el punto 2.1 del
presente articulo y la documentación que se se?ala en los puntos 2.1.2 y 2.1.3.
3. El Ayuntamiento comprobará la existencia de antecedentes si los hubiere en el Registro
Único de Tarjetas de Estacionamiento de Vehículos para Personas con Movilidad
Reducida de la Comunidad de Madrid.
4. En ambos casos el Ayuntamiento expedirá y hará entrega de la tarjeta al solicitante, de
forma gratuita la tarjeta en el plazo de diez días a contar desde la comunicación de la
resolución a la persona interesada, junto con sus condiciones de uso. La tarjeta incluirá
dos series de dígitos, correspondientes al número de orden de la Comunidad de Madrid, la
primera, y al número de orden del municipio la segunda.
Art.7. Vigencia y renovación de la tarjeta.
1. En el caso de personas físicas se aplicarán las reglas siguientes:
a) En los supuestos de movilidad reducida de carácter definitivo, la tarjeta de
estacionamiento se concederá por períodos de cinco a?os renovables. En este
supuesto, para la renovación solo será precisa la presentación de la solicitud
(anexo II).
b) En los supuestos de movilidad reducida de carácter temporal el plazo de vigencia
dependerá del carácter y duración de la limitación, para la renovación se seguirá
el procedimiento ordinario previsto en el artículo 7.1.
c) En caso de que se modifiquen las circunstancias que motivaron la concesión de la
tarjeta, el Ayuntamiento solicitará un nuevo dictamen PMR y, a la vista de su
contenido, resolverá sobre la renovación o la retirada de la tarjeta.
d) El procedimiento correspondiente se iniciará de oficio por el Ayuntamiento o a
solicitud de la persona interesada, y se tramitará con arreglo a lo dispuesto por los
apartados correspondientes del artículo 7.1.
2. En el caso de personas jurídicas, la vigencia y renovación de la tarjeta se ajustará a lo
dispuesto por el apartado 1.a. de este artículo.
a) Si se modifica el vehículo, simultáneamente con la modificación de las matrículas
asociadas deberá solicitarse una nueva tarjeta.
b) Si se contempla la inclusión de un numero de vehículos superior al existente
deberá igualmente solicitarse nueva tarjeta.
3. La solicitud de renovación de tarjeta se realizará, en el impreso correspondiente, tres
meses antes de la finalización del periodo de vigencia
4. La tarjeta renovada conservará su numero de orden excepto si ha caducado el periodo de
validez que hará necesario la realización del total de los tramites contenidos en el artículo
7.
5. El Ayuntamiento podrá, de oficio, efectuar comprobación de que persisten las
condiciones que han generado la expedición de la tarjeta.
6. En el supuesto de los extranjeros residentes, prevalecerá lo dispuesto en la legislación
vigente en materia de extranjería.
Art. 8. Registro de tarjetas.
1.- El Ayuntamiento anotará las resoluciones adoptadas de concesión o denegación,
renovación o revocación de tarjetas en el Registro de Tarjetas de Estacionamiento para
personas con Movilidad Reducida de la Comunidad de Madrid, regulado por Resolución de 7
de octubre de 2003, de la Dirección General de Transportes (BOCM n? 252, de 22/10/2003)
2.- Los datos personales que disponga el Ayuntamiento, así como los que facilite al Registro
estarán protegidos conforme a la normativa vigente en materia de tratamiento de datos
personales.
Art. 9. Derechos de los titulares de la tarjeta
De conformidad con la normativa general sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, con las ordenanzas municipales y con el artículo 33 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, los
titulares de la tarjeta de estacionamiento se beneficiarán de las siguientes facilidades en
materia de circulación, parada y estacionamiento de vehículos en vías urbanas:
a) Con carácter general, estacionar, por el tiempo imprescindible, en las zonas en
que el tiempo se encuentre limitado, salvo en las zonas de aparcamiento
controlado por parquímetro o procedimiento similar que se estará a la regulación
especifica.
b) Parar o estacionar en cualquier lugar de la vía pública durante el tiempo
imprescindible, siempre que no cause peligro y/o no se entorpezca la circulación
de vehículos o peatones.
c) Disponer de las plazas reservadas de estacionamiento previstas en el artículo 12.1
de la Ley 8/1993, de 22 de junio.
d) Solicitar plaza de estacionamiento cercana al domicilio y centro de trabajo,
previstas en el artículo 12.3 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, en los términos que
se establece en la presente Ordenanza, cuando se trate de personas en situación de
movilidad reducida de carácter definitivo que requieran la ayuda de otra persona
y/o la utilización de aparatos mecánicos para el desempe?o de su trabajo lo que se
acreditará mediante el dictamen PMR.
Art. 10. Obligaciones de los titulares.
1. Las tarjetas cuyo titular sea una persona física sólo podrán utilizarse cuando el titular
viaje en el vehículo de que se trate, bien como conductor o como ocupante
2. La tarjeta de estacionamiento, siempre documento original, se colocará en el
parabrisas del vehículo de forma que su anverso resulte claramente visible desde el
exterior.
3. .Los titulares de la tarjeta de estacionamiento deberán comunicar al Ayuntamiento,
en el plazo de quince días, cualquier variación de las circunstancias que motivaron su
concesión a los efectos previstos en los artículos 7 y 11.
4. En caso de pérdida, robo o destrucción, deberán comunicarlo inmediatamente al
Ayuntamiento y no podrán hacer uso de los derechos reconocidos a los titulares de la
tarjeta hasta la expedición de una nueva.
5. El conductor del vehículo en que se esté haciendo uso de la tarjeta deberá, en todo
caso, cumplir las indicaciones de los agentes de Tráfico.
6. Las tarjetas cuyo titular sea una persona jurídica, sólo podrán utilizarse en los
vehículos para los cuales hayan sido concedidas, siempre que en ese momento se
encuentren prestando el servicio de transporte de personas con movilidad reducida.
7. El uso indebido de la tarjeta de estacionamiento dará lugar a su retirada, sin perjuicio
de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse.
Art. 11. Cambios de domicilio, perdida, deterioro o sustracción
1. Cambio de domicilio: El interesado deberá solicitar una nueva tarjeta que, una vez
expedida, conservará el plazo de validez anterior. Si el cambio de domicilio es dentro del
mismo municipio se mantendrá el numero de orden, si la anterior tarjeta está expedida
fuera del municipio se variará el numero de orden municipal. En ambos casos se deberá
entregar al Ayuntamiento la tarjeta anterior.
2. Perdida o deterioro: Deberá ser comunicado inmediatamente al Ayuntamiento y realizar
la petición de una nueva tarjeta en el impreso de solicitud. En el caso de deterioro deberá,
al recoger la nueva tarjeta, presentar la deteriorada
3. Sustracción: Deberá acompa?ar a la solicitud de una nueva tarjeta copia de la denuncia
presentada en la Comisaría de Policía
En todos los casos la tarjeta mantendrá el mismo numero que la anterior y mantendrá su
periodo de validez.
Art. 12. Reserva de plaza de estacionamiento
1. De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, el titular de la
tarjeta tendrá derecho a reserva de plaza de aparcamiento cercana a su centro de trabajo y
domicilio, en las condiciones estipuladas en el artículo 9.d. de esta Ordenanza.
2. El titular de un centro de trabajo que tenga un trabajador beneficiario de la reserva de
plaza estipulada en el apartado anterior vendrá obligado a efectuar dicha reserva en el
interior de sus instalaciones.
Si por los servicios municipales correspondientes se estimara inviable se realizará en la
vía pública.
En cualquier caso, los costes que se deriven de la se?alización de la reserva serán
sufragados por el empleador.
3. Por su parte, el Ayuntamiento reservará plaza de aparcamiento en lugar cercano al
domicilio del titular de la tarjeta, siempre que éste no disponga de plaza de
estacionamiento privada o tenga posibilidad de obtenerla. Esta reserva no estará sujeta a
tasa alguna.
4. Las especificaciones técnicas de dise?o y trazado de estas reservas cumplirán lo
establecido en el artículo 12.2 de la Ley citada.
5. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento y/o Juntas de
Distrito en el modelo normalizado establecido al efecto (anexo III) y la resolución será
emitida en un plazo máximo de tres meses.
6. El Ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir las reservas, trasladarlas o reducirlas
en espacio y tiempo si no se vieran utilizadas o resultaran contrarias al buen
desenvolvimiento del tráfico urbano, sin que su anterior concesión y los términos de la
misma se considere hayan generado de derechos a favor del particular interesado.
Art. 14. Prohibiciones
A los efectos de la presente Ordenanza se consideran conductas prohibidas:
? El estacionamiento de vehículos ocupados por titulares de la tarjeta, en forma tal que
entorpezca la circulación de vehículos, paso de peatones o en zonas de
estacionamiento limitado o reservado cuando no exista causa justificada.
? La cesión de la tarjeta o la reserva de aparcamiento a persona no titular de la misma
para uso de estacionamiento reservado.
? Cualquier otro uso fraudulento de la tarjeta que implique incumplimiento de las
presentes normas.
Art. 15. Infracciones y sanciones.
1. Infracciones
Leves
.. Dejar de comunicar al Ayuntamiento el cambio de domicilio
.. No situar adecuadamente la tarjeta para que sea fácilmente visible desde el exterior del
vehículo
.. Utilizar una tarjeta caducada
Graves
.. La utilización de la tarjeta de estacionamiento y/o espacio reservado sin que en la llegada
o salida del vehículo acceda al mismo el titular de la tarjeta
.. La cesión de la tarjeta o la reserva de aparcamiento a persona no titular de la misma para
uso de estacionamiento reservado
.. Dejar de comunicar la modificación de las circunstancias personales del titular cuando la
variación suponga una mejora de la capacidad ambulatoria
.. Utilizar una tarjeta manipulada, falsificada o anulada
.. La reiteración en un a?o de tres o mas faltas leves
Muy graves
.. La reiteración por tercera vez en un a?o de faltas graves
2. Sanciones
Faltas leves
La infracciones consideradas leves serán sancionadas con multa de hasta 300 euros.
Faltas graves
Las infracciones consideradas como falta grave serán sancionadas con multas hasta 600 euros
y la retirada de la tarjeta de estacionamiento por un periodo de un a?o.
Faltas muy graves
Las infracciones consideradas como falta grave serán sancionadas con multas de hasta 1.000
euros y la cancelación de la tarjeta de forma indefinida.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los ciudadanos espa?oles que residan en territorio nacional y los de los restantes
Estados miembros de la Unión Europea, que sean titulares de una tarjeta de estacionamiento
expedida por las respectivas autoridades competentes, gozarán en este término municipal de
los derechos reconocidos por la presente Ordenanza a los titulares de la tarjeta de
estacionamiento de los vehículos para personas con movilidad reducida.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Las personas físicas o jurídicas que fueran titulares de tarjeta de estacionamiento emitida
por el Ayuntamiento de Móstoles previamente a la entrada en vigor de la presente Ordenanza,
tendrán un plazo de seis meses para solicitar la nueva tarjeta regulada en este texto.
La petición deberá realizarse en el impreso correspondiente (anexo II) si no han variado
las circunstancias que motivaron la emisión de la tarjeta anterior.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Mediante Decreto de la Alcaldía se podrán modificar los modelos que se
incluyen en dos anexos de la presente ordenanza.
Segunda. La presente ordenanza entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Los Anexos I, II y III, están disponibles en el apartado de Impresos e Instancias
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Como respuesta al autor del post extraigo la disposición adicional:
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los ciudadanos espa?oles que residan en territorio nacional y los de los restantes
Estados miembros de la Unión Europea, que sean titulares de una tarjeta de estacionamiento
expedida por las respectivas autoridades competentes, gozarán en este término municipal de
los derechos reconocidos por la presente Ordenanza a los titulares de la tarjeta de
estacionamiento de los vehículos para personas con movilidad reducida.
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ese caso lo he visto alguna vez, y para mi es valido el minusvalido de teruel, el de madrid y el de paris.
por cierto, en mi antiguo distrito habia una persona con reserva en su puerta que estaba mejor que yo, y en una ocasion, hablando con ella, nos conto que tenia una enfermedad de tipo degenerativo pero que aun no la habia hecho efecto, aunque en el futuro estaria muy jodido, pero que con el mero hecho de tenerla le ponian una reserva, con lo que cuando entraba un aviso de ahi iba bastante indignado.
Amigo que las tarjetas se piden en muchas ocasiones no por el conductor del vehiculo sino porque tienes un familiar directo(ejemplo un hijo) a tu cargo con problemas de minusvalia.
Efectivamente, y en teoria solo puede usarlo con el fin de traslados del minusvalido, no por ejemplo para ir a cenar(sin el minusvalido), y usarlo para tener aparcamiento privilegiado, de todas maneras no me preocupa si tiene un hijo minusvalido, y abusa de la autorización en perjuicio de otros minusvalidos, pues bastante castigo tiene con su forma de pensar.
Un saludo.
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Terry eso creo que se referia a cargas y descargas.
un saludo.
Pues ahi ya me pillas y me surgen dudas.
Efectivamente, con la tarjeta de minusválido pueden aparcar en zonas de carga y descarga aún estando en dicho horario, lo estuvimos viendo el otro día y es así.
Por si alguien tiene más dudas, en la parte trasera de la tarjeta vienen todas las opciones de uso.
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Madrid, es el único municipio de la comunidad de Madrid, que no se ha adherido al convenio sobre las autorizaciones de tarjetas del modelo europeo, alega que no viene reflejada la matrícula del vehículo y son fáciles de falsificar, además los dos modelos de autorizaciones que dá, el vehículo de minusválido tiene que estar a nombre del mismo, y ésto es una barbaridad, sobre todo si pensamos en gente mayor y menores de edad.
Flip, el vehiculo debe de estar a nombre del minusvalido, por que tienen exenciones en el IVA. Por ser minusvalido no pagas todo el IVA, y por eso el vehiculo siempre debe de ir con el minusvalido, incluso para ir a lavarlo..... Aunque aqui entra la logica. Si es mi hijo el minusvalido y lo llevo al colegio, en los traslados de ida y venida, en que esta el hijo en el colegio,pues no voy a denunciarlo. El problema son aquellos picaros que ponen el vehiculo a nombre de un familiar/amigo minusvalido y se ahorran esa parte de dinero.
Tengo por ahi una circular de hacienda que habla sobre esto, voy a ver si la localizo y os la inserto.
Ahora contestando a Terry, si en la ordenanza de trafico esta especificado que las plazas de minusvalido tienen una duracion maxima pues se tiene. Como norma general suelen ser de dos horas, ya uqe estas plazas suelen estar en sitios estrategicos para favorecer a los minusvalidos sus gestiones, asi pues puden estar cerca de Bancos, o en zonas comerciales. Pero si no esta regulado, no hay tiempo.
Tambien el Ayto, es el propietario de la via, por lo que si quiere hacer una "reserva de plaza" o una "ocupacion de via publica" a favor del minusvalido X, pues que lo haga. En la se?al vendra reflejado el número de matricula para cuyo vehiculo esta la reserva de plaza, y solo entonces sera cuando es el unico vehiculo que puede estacionar.
Un salu2
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Antes si que habia reservas en las que debajo de la placa ponia la matricula del vehiculo, yo hace bastante tiempo que no veo ninguna.
En las terjetas del Ayto de Madrid, pone los sitios y tiempos que estan autorizados, en cargas y descargas X tiempo, zonas reservadas .... imagino que dependiendo del motivo por el cual se solicita la tarjeta autorizan a unos tiempo y espacios u otros. Tambien biene la matricula o matriculas para los vehiculos autorizados.
Un Saludo.
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Saludos a Tod@S:
Muchas gracias por las aclaraciones.
Un abrazo.
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Hay que diferenciar entre vehiculo con placa de minusvalido NO CONDUCTOR y CONDUCTOR. y saber que no habilita a ocupar los espacios reservados el hecho de llevar el distintivo sino que el minusvalido vaya en el vehiculo en ese momento.. es decir, vehiculo que no conduce o que no esta el minusvalido como pasajero no esta habilitado para ocupar plaza.
Se le sancionara por ocupar el reservado sin el minusvalido (haciendolo constar en observaciones) y lo que no es el reservado como es la zona de la ORA... que es ahi donde esta la picaresca del asunto...
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En mí municipio la mayoría de las placas tienen una matrícula del solicitante...normalmente el vado es ocupado por un vehículo sin "autorización" y cuando ha llegado un minusválido de fuera y ha ocupado la misma se intenta solucionar de algún modo que no te lleves el coche del minusválido con la grua...vamos, que más de un quebradero de cabeza nos suele dar el tema..
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En mí municipio la mayoría de las placas tienen una matrícula del solicitante...normalmente el vado es ocupado por un vehículo sin "autorización" y cuando ha llegado un minusválido de fuera y ha ocupado la misma se intenta solucionar de algún modo que no te lleves el coche del minusválido con la grua...vamos, que más de un quebradero de cabeza nos suele dar el tema..
Anda, vete a Majadahoda.
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En mí municipio la mayoría de las placas tienen una matrícula del solicitante...normalmente el vado es ocupado por un vehículo sin "autorización" y cuando ha llegado un minusválido de fuera y ha ocupado la misma se intenta solucionar de algún modo que no te lleves el coche del minusválido con la grua...vamos, que más de un quebradero de cabeza nos suele dar el tema..
De acuerdo con el tio Suzuca, efectivamente en nuestro municipio se conceden las autorizacion para minusvalido, lo unico que ocurre que segun parece el ayuntamiento se lo esta concediendo especificamente para el minusvalido que vive en esa calle( ocsa por otoro anticosntitucional pues se dsicirmina con ello a personas de igual condicion), pues bien en la misma plaza de minusvalido, debe figurar(, colocado por el citado minusvalido)una placa de vehiculo, como la que lleva tu coche y el mio, en la que figure la placa de matricula del minusvalido que aparca contidianamente en ese lugar, con ello se considera "poseedor legal" de esa plaza.
Nuestro problema es..como dice Suzuka cuando llegas y esta aparcado otro minusvalido que no es el de la placa, entonces es cuando la genialidad y don de gentes del policia tienen que resolver el conflicto de la mejor manera posible.
Yo de todas las maneras eso lo veo una ilegalidad como un pino, pero por lo que veo no es el unico ayuntamiento el que lo hace.
Referente a lo que comenta el compi dle principio, lo mas logico era que a pesar de haber llamado la mujer a la policia, el agente que intervinio al ver que tambien era minusvalido no interviniera , salvo que la misma ordenanza regule la exclusividad del derecho de aparcamiento en cuyo caso podria denunciar y eos si, tu podiras recurrir la multa poruqe seria de todo ilegal y contradiceria la norma general.
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Pôr cierto se me olvidaba, efectivamente la autorizacion de minusvalido que lleva el papa, sirve para el transporte del munisvalido y le permite estacionar, practicamente en cualquier sitio(por lo menos en nuestro municipio) pero curre que como siempre se hace mal uso y ves a la mama que lo usa para aporacar en carga y descarga para comprar el pan y va sola..no no no..entonces se le recuerda o se le sanciona.
Un saludo!!!
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Lobito, creo que es el post más largo que te he visto realizar!!! Ni que estuvieras de vacaciones :mus; :mus; :mus;
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Lobito, creo que es el post más largo que te he visto realizar!!! Ni que estuvieras de vacaciones :mus; :mus; :mus;
:cuer; :cuer; ya tocaba ya tocaba!!! :risba :risba
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si el jefe piensa que hay que pasarlo al profesional que lo haga yo no sabia si hacerlo
Pues eso que este tipo de tarjetas me hacen dudar mucho sobre todo unas que he visto que pone que otorga la policia municipal, no pone de donde, ayer vi como unas cinco en vehiculos estacionados en el hospital Puerta de hierro y era para que si hay alguien que tiene los formatos que los ponga si puede
Otro que me tiene loco es uno con una de Alicante, llame a la policia local de alli y no supieron informarme
kissesssssss
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Kaperucita, pero si es que llamas aqui en Madrid y tampoco te lo saben o quieren decir. Yo lo he dejado por imposible
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Me consta que legalmente ya solo existe un modelo valido a nivel nacional, a ver si encontramos el formato, salu2 .ca;
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Es que me j mucho que alguien se aproveche de desgracias ajenas y me olio muy muy mal tanto vehiculo en el mismo sitio y con esa tarjeta
sabes si al estar domiciliado en madrid (ciudad) esta obligado imagino a llevar la que da aqui el Ayto ??
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Me consta que legalmente ya solo existe un modelo valido a nivel nacional, a ver si encontramos el formato, salu2 .ca;
Imagino que sera como el que dan en madrid pero es que he visto varios y muy distintos que ponen que son del formato europeo, le ponen las estrellas y punto y a veces ni matricula ni nada y me da que un dia me de por llevarmelos con la grua y pueda meter la pata, ya que en realidad si sea minusvalido
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Me consta que legalmente ya solo existe un modelo valido a nivel nacional, a ver si encontramos el formato, salu2 .ca;
Imagino que sera como el que dan en madrid pero es que he visto varios y muy distintos que ponen que son del formato europeo, le ponen las estrellas y punto y a veces ni matricula ni nada y me da que un dia me de por llevarmelos con la grua y pueda meter la pata, ya que en realidad si sea minusvalido
Si si Kape, la que en teoria es buena (formato europeo) no tiene la matricula reflejada en ningún sitio, vamos, de juzgado de guardia, salu2. ;cosc;
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Y esto es lo que se dijo sobre ella en Madrid:
Gallardón se niega a expedir unas tarjetas europeas de aparcamiento para minusválidos
El Ayuntamiento de Madrid teme que las acreditaciones originen fraudes y falsificaciones
ORIOL GÜELL - Madrid - 28/03/2006
El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado integrarse en la Tarjeta Europea de Estacionamiento, que permite a las personas con movilidad reducida aparcar sin ser multadas en las zonas restringidas. La Comunidad y el resto de municipios implantaron la tarjeta europea en 2005, pero la capital la rechaza porque no incluye la matrícula del vehículo, lo que "favorece el fraude". Madrid ha creado dos tarjetas: una para discapacitados conductores y otra para los que necesitan acompa?ante. Los minusválidos critican que en ambos casos necesitan tener el coche a su nombre.
La tarjeta europea nació en 1998 como fruto de una recomendación -texto legal que promueve una determinada política entre los Estados miembros, aunque no es de obligado cumplimiento- de la Unión Europea. El objetivo era crear una tarjeta única para todos los países y municipios con la que los minusválidos de un lugar puedan aparcar en otra localidad sin ser multados.
La tarjeta permite, por ejemplo, aparcar a los minusválidos en las zonas de carga y descarga, en las zonas de parquímetros sin pagar, o en plazas reservadas para este colectivo. El identificativo sirve igualmente, en el caso de que el discapacitado no sepa conducir, para que el coche de quien le acompa?e también pueda ser aparcado en las mismas zonas.
En Espa?a, la competencia en esta materia la tienen las comunidades autónomas, aunque son los municipios los que expiden las tarjetas. Por ello, el a?o pasado la Comunidad de Madrid y Federación de Municipios de Madrid (FMM) firmaron un convenio para crear la tarjeta regional a imagen y semejanza de la europea.
El Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, se niega a aceptar como suya esta tarjeta. Esta decisión levanta las críticas de las asociaciones de minusválidos. "Es una decisión incomprensible", se queja Óscar Moral, de la Coordinadora de Discapacitados Físicos. "Esta tarjeta ha sido aceptada por todas las capitales europeas y municipios espa?oles. ?Qué tiene Madrid de especial para no aceptarla?", se pregunta Rosario González, una discapacitada conductora afectada por la medida.
Javier Conde, director general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, le responde: "Lo hacemos para evitar el fraude. La tarjeta europea no incluye la matrícula del vehículo, lo que permite su falsificación y uso fraudulento. Madrid tiene 9.000 tarjetas municipales de aparcamiento para minusválidos, cifra importante que nos obliga a combatir el fraude con todas las medidas a nuestro alcance", defiende Conde.
Esta posición, sin embargo, no es compartida por la Comunidad de Madrid. "La actitud del Ayuntamiento no es muy comprensible. Está bien combatir el fraude, pero es discutible si el mejor sistema es excluirse de un sistema que es utilizado por la UE y que ocasiona notables molestias a los minusválidos", afirman fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, responsable de la movilidad de discapacitados.
Tampoco el PSOE está muy de acuerdo con el Ayuntamiento. "Con su actitud, pone trabas a una tarjeta única que facilita a los discapacitados superar obstáculos", afirma la concejal socialista madrile?a Carmen Sánchez Carazo.
Dos son las críticas que las asociaciones de minusválidos hacen a la decisión municipal. Una es que, al no ser iguales las tarjetas de Madrid y del resto de municipios, sus titulares quedan en una situación de "indefensión jurídica". "?Quién nos dice que los policías municipales de Madrid aceptarán la tarjeta de Móstoles, por ejemplo? ?Y al revés?", inquiera Moral.
La segunda crítica es la creación de una segunda tarjeta -hasta ahora era la misma- para los acompa?antes de minusválidos que no pueden conducir. "Lo más absurdo es que se obliga al minusválido a poner el coche a su nombre para obtener la tarjeta de acompa?ante. ?Aunque no puede conducir!", exclama Moral.
La tarjeta del acompa?ante sólo permite aparcar durante una hora en las zonas de parquímetros y de carga y descarga. Esta limitación es criticada incluso por la Consejería de Sanidad, cuya representante en el Consejo de Promoción de la Accesibilidad -organismo formado por las administraciones y los minusválidos- destacó en la última reunión del consejo "los perjuicios que sufren las personas que acompa?an a sus familiares con movilidad reducida a los centros sanitarios".
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Hola compa?eros,
Es que la tarjeta de minusválido es una autorización personal, no del vehículo. Un minusválido puede ir en cualquier vehículo con su tarjeta.
Un saludo.
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Murcia
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Kape, mira en este enlace quien es el órgano gestor,y no es la PMM
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.236ae1c4f6e0b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=2be3dcd842bed010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5ca49c133cf89010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
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Hola compa?eros,
Es que la tarjeta de minusválido es una autorización personal, no del vehículo. Un minusválido puede ir en cualquier vehículo con su tarjeta.
Un saludo.
One moment.
Yo hace tiempo que salí de tráfico y todo eso, y no es excusa para no saberlo o recordarlo, pero lo miraré, pero por entonces, venía la matrícula del vehículo, del nombre del minusválido nada.
Por tal razón, los "morros", la utilizaban por doquier.
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No hace falta que corras 1903, los requisitos para conceder una tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida en Madrid, son:
Los siguientes requisitos serán indispensables para la obtención de la tarjeta especial de aparcamiento.
- Que la discapacidad afecte exclusivamente al APARATO LOCOMOTOR (extremidades inferiores).
- Que el vehículo esté ocupado por el solicitante.
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Hola compa?eros,
Es que la tarjeta de minusválido es una autorización personal, no del vehículo. Un minusválido puede ir en cualquier vehículo con su tarjeta.
Un saludo.
y que se hace se espera a que coja el vehiculo ??
es una manera de golfear ya que se escanea al no ir a nombre de nadie ni con matricula y ala a estacionar donde les de la gana
como dije una vez en el foro de el mundo
Al que la use sin necesitarla le deseo que la necesite pronto
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Hola compa?eros,
Es que la tarjeta de minusválido es una autorización personal, no del vehículo. Un minusválido puede ir en cualquier vehículo con su tarjeta.
Un saludo.
One moment.
Yo hace tiempo que salí de tráfico y todo eso, y no es excusa para no saberlo o recordarlo, pero lo miraré, pero por entonces, venía la matrícula del vehículo, del nombre del minusválido nada.
Por tal razón, los "morros", la utilizaban por doquier.
YO las he visto en Madrid de los dos tipos a nombre de una persona o para un vehiculo
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UN absurdo es la obligacion de que el vehiculo este a nombre del minusvalido
y si este es un menor ??
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En nuestro municipio es todavía peor. Las tarjetas de minusválido tienen un número, y las plazas de minusválido son exclusivas para una tarjeta, indicándolo en la placa (fastidiando por lo tanto al resto de minusválidos que puedan acudir a la zona por cualquier circunstancia).
Incluso se nos dio el caso una vez de que llamó el minusválido "propietario" de una plaza porque había otro turismo en su plaza. Se comprobó que el otro turismo también pertenecía a un minusválido, al que fue imposible localizar. Se encontró otra plaza de aparcamiento cercana para, con los carros de la grúa, mover el turismo que estaba ocupando la plaza "numerada" y evitar el da?o moral que te supone retirarle un vehículo a una persona minusválida que se encuentra estacionada en una zona de minusválidos, simplemente por un absurdo capricho administrativo. Y sin embargo el minusválido "propietario" comenzó a armarla diciendo que había que llevarse el vehículo por estar en una zona indebida impidiéndole su uso, que así aprenderían a no hacerlo más,... y eso que se le había dicho que era minusválido también. Os aseguro que es de lo más rastrero y vergonzoso que he escuchado en mi vida.
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Aqui en Euskadi se utiliza el formato europeo en el que debe de constar el ayuntamiento que lo expide, fecha de caducidad (5 a?os) y el n? de tarjeta (creo, no estoy seguro al 100 por 100). Todos los demas ya no son validos, pero con el articulo sobre Madrid me pones en un aprieto si me encuentro con una de esa localidad.
De todas formas ese ayuntamiento es normal, aun recuerdo la polemica de los bordiloos rebajados que hacian de vados. A todo esto a mi primo le devolvieron el dinero de la grua y con intereses. ?Cabria denunciarles por un hurto de vehiculo a motor? :lect
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UN absurdo es la obligacion de que el vehiculo este a nombre del minusvalido
y si este es un menor ??
La norma no dice que el vehículo esté a nombre de una persona con movilidad reducida, sino que esa persona vaya en ese vehículo, ya que utiliza la palabra OCUPADO y no conducido o propiedad.
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Pues yo sí que entiendo qe vaya a nombre del minusválido, no con la matrícula del coche.
Pongamos que es mi madre y hay que llevarla a algún sitio, no siempre va ser el mismo hermano con el mismo coche quién la lleve.
Por cierto esto me recuerda que en palma de mallorca, en los centros comerciales, los sitios reservados para minusválidos estaban todos llenos.
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Por eso mismo la Comunidad Europea entendió que la tarjeta debía ir a nombre de la persona con discapacidad y no autorizar a un vehículo concreto.
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Será cuestión de hacerse con varios especímenes y ver si tienen medidas de seguridad, lo digo por lo de los fraudes y falsificaciones.
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(http://gallardonno.files.wordpress.com/2007/04/minusvalido2.jpg)
:mus;
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Un sobrino de Gallardón dispone en Madrid de una tarjeta de aparcamiento para minusválidos de la que alardea ante sus conocidos
Publicado 11/04/07
Alejandro Ruiz Gallardón, sobrino político del alcalde de Madrid, dispone de una tarjeta de aparcamiento para zonas reservadas en exclusiva a vehículos de minusválidos. Esta persona, consultor en una conocida auditora de alcance internacional, no posee ninguna minusvalía digna de mención. El órgano encargado de gestionar la concesión de este tipo de permisos es la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Según el pliego de condiciones aprobado, pueden ser beneficiarios de estas autorizaciones extraordinarias las personas con una discapacidad que afecte al aparato locomotor (extremidades inferiores exclusivamente), con o sin adaptación de vehículo.
ElConfidencialDigital.com:
Un sobrino de Alberto Ruiz Gallardón dispone en Madrid de una tarjeta de aparcamiento exclusivo para minusválidos de la que alardea ante sus conocidos
Se llama Alejandro Ruiz Gallardón y no presenta ninguna minusvalía rese?able. Sin embargo, el sobrino del alcalde de Madrid se jacta en su entorno más cercano de poseer un permiso extraordinario para zonas de aparcamiento reservadas a minusválidos en Madrid.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, Alejandro Ruiz Gallardón, sobrino del alcalde de Madrid, dispone de una tarjeta de aparcamiento para zonas reservadas en exclusiva a vehículos de minusválidos. Esta persona, consultor en una conocida auditora de alcance internacional, no posee ninguna minusvalía digna de mención.
El órgano encargado de gestionar la concesión de este tipo de permisos es la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Según el pliego de condiciones aprobado, pueden ser beneficiarios de estas autorizaciones extraordinarias las personas con una discapacidad que afecte al aparato locomotor (extremidades inferiores exclusivamente), con o sin adaptación de vehículo.
Para solicitar estas tarjetas se requiere, además, estar empadronado en la capital de Espa?a y tener reconocida la imposibilidad o la grave dificultad para la utilización del transporte público colectivo. Estos datos pueden ser comprobados a través de la página web oficial del Ayuntamiento, pinchando aquí.
ECD se ha puesto en contacto con fuentes del entorno más cercano a Alejandro Ruiz Gallardón para conocer sus explicaciones sobre este hecho. Estas fuentes confirman que el sobrino tienen en su poder una tarjeta de estas características, que no posee ninguna minusvalía rese?able, pero especifican que este permiso tendría fecha del a?o 2004. Por tanto, advierten, ya habría caducado.
Se a?ade, por otro lado, que para la obtención de este permiso no intervino directamente su tío, Alberto Ruiz Gallardón, que, según esta versión, desconoce por completo la concesión de esta tarjeta. Y se facilita otro dato: el caso de Alejandro no es el único. El sobrino obtuvo la tarjeta tras la invitación realizada por un grupo de amigos que iban a recurrir ?aseguran- a la mediación de un funcionario del Ayuntamiento que tramita estas solicitudes.
Este confidencial ha recabado otros testimonios de familiares de Alejandro Ruiz Gallardón, que aseguran que la tarjeta ?está actualmente en vigor?. Además, recuerdan que la normativa que rige la concesión de estas tarjetas es posterior a 2004. Efectivamente, la Instrucción reguladora de la Concesión de Tarjetas de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida del Concejal de Seguridad vio la luz el 23 de febrero de 2006.
:mus;
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A titulo informativo, si se observa un "uso indebido" de la tarjeta de minusválidos, aun siendo original....por ejemplo "mi madre es minusvalida y llevo su tarjeta" pero la madre ni está allí y ni va estar... pues existe la posiblidad de retirarle al conductor la tarjeta y mandarla a la administracion encargada de expedirlas (no en todos los sitios es la misma...) con un informe del uso que se le da...
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Retirarsela NO, informar SI, ya que no te corresponde a ti la revocación de la tarjeta por ese uso indebido, sino a la autoridad que concedió la misma.
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Yo no entiendo el retirarsela como una revocacion, sino como una medida provisional ante el uso fraudulento que se está haciendo de la misma, claro que en esto ya habrá opiniones para todos los gustos...
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Y hay q tener en cuenta q en estos casos, normalmente se la estarias retirando a una persona que no es el titular de la tarjeta y no debería estar usandola...desconociendo si la tarjeta se la "presta" el titular, la usa sin que éste lo sepa...
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Es un terreno farragoso LANDER, y mi consejo es informar y nunca retirar a menos que el documento sea falso, y de serlo, acta de intervención y remisión a quien corresponda para que emita el pertinente informe pericial quien, en ese caso, abrirá las diligencias oportunas.
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Este es el enlace a la normativa aplicable en Euskadi: ftp://http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000030290&CONF=bopv_c.cnf
Es la primera vez que pego un enlace espero que este bien.
Yo no le quitaba la tarjeta pero la denuncia se la lleva, envio el informe y le someto a un ferreo marcaje de por vida, en esta y en todas las materias aplicables a un modelico conductor como este ha demostrado ser.
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Es que la tarjeta europea es una birria, un cuadradito azul y blanco que se fotocopia y queda perfecto, y ahora con los parquímetros la gente hace lo que sea.. ;cosc; ;cosc; ;cosc; ;cosc; ;cosc; a ver si lo arreglan porque se están riendo en la cara de los que pagan y de los que la necesitan.. ;bron; ;bron; ;bron; ;bron;
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nosotros tenemos orden de retirada de las caducadas, o posibles falsificaciones, se de algun compa?ero que las ha retirado por uso indebido y no ha pasado nada, es una verguenza que se usen estas tarjetas indiscriminadamente.
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Si es por falsificación, no hay problema en la intervención.
Pero respecto a la caducidad. Me surgen muchas dudas.
?Quién da la orden de intervenirlas? ?Por escrito? ?Facilitáis acta de intervención?..,
Aunque casi se las respuestas?
El segoviano.
No.
No.
Estoy vago y no he leído la normativa reguladora. Alguien sabe si se contempla la intervención?...
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Y la caducidad puede ser imputable a la Administración al no haber renovado la tarjeta dentro del plazo... cuidadín, cuidadín...
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nosotros tenemos orden de retirada de las caducadas, o posibles falsificaciones, se de algun compa?ero que las ha retirado por uso indebido y no ha pasado nada, es una verguenza que se usen estas tarjetas indiscriminadamente.
mucha pinza veo ahí, ya te contaré, chavalote. De momento no ha pasado nada, pero........
Un saludo.
P.D.: Ya nos queda menos.
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Y la caducidad puede ser imputable a la Administración al no haber renovado la tarjeta dentro del plazo... cuidadín, cuidadín...
Eso de la renovación es algo relativo, no?
Al a?o que finalice la vigencia, porque, cuántas tarjetas de minusválidos ves en las que el plazo de vigencia ha expirado hace unos cuantos a?os?
Hay vehículos en los que muestran tarjetas en las que indica claramente, VALIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 ( yo en mi zona veo muchas).
Si el plazo de la tarjeta expira a finales del 2006, puedes aplicarle un periodo de deferencia ( a título personal, no por parte de la administración), pero las del 2005 y anteriores.... nanai.
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A título personal no, la prórroga es por parte de la Administración al no haber podido realizar la renovación en plazo.
Dicho esto, antes de denunciar y/o retirar, verificar que la caducidad no haya tenido esa prórroga, ya que, en el pasado.... sucedió.
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nosotros tenemos orden de retirada de las caducadas, o posibles falsificaciones, se de algun compa?ero que las ha retirado por uso indebido y no ha pasado nada, es una verguenza que se usen estas tarjetas indiscriminadamente.
mucha pinza veo ahí, ya te contaré, chavalote. De momento no ha pasado nada, pero........
Un saludo.
P.D.: Ya nos queda menos.
dios te oiga que cada vez se me hace mas cuesta arriba....
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A título personal no, la prórroga es por parte de la Administración al no haber podido realizar la renovación en plazo.
Dicho esto, antes de denunciar y/o retirar, verificar que la caducidad no haya tenido esa prórroga, ya que, en el pasado.... sucedió.
y pregunto yo, cuanto tiempo hay que dar de plazo para renovar una tarjeta???
por que a mi el dia 1 de abril no me perdonaron los del ser la no renovacion de mi tarjeta de estacionamiento.
a quien no le han dicho alguna vez:
por que se me ha pasado el ir a trafico a renovar el carnet... caducado hace uno o dos a?os, incluso hasta 6
ah no te mandan una carta para que vayas a pasar la ITV??... ITV de nercedes,volvo, bmw caducadas
creo que a estas alturas de a?o ya les ha dado tiempo para ir a renovarlas, las del a?o pasado, con mas razon las de otros a?os.
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Repito, a veces es la propia administración la que se retrasa... hay que verificar si se ha producido una prórroga.
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El juzgado investiga la pérdida de una prueba policial
24/11/2007 REDACCION
El Juzgado de Instrucción número dos de Oviedo investiga la pérdida de una prueba que ha desaparecido de las dependencias de la Policía Local de Rubín. Según se desprende del atestado 50.668 --de la Policía Nacional y que entró en el juzgado el 31 de octubre-- dos agentes locales comprobaron el pasado día 10 de octubre, en servicio rutinario, que dos vehículos profesionales contaban con tarjetas duplicadas de autorización que expide el ayuntamiento. Se intervino el documento y al día siguiente se comprueba que la citada tarjeta --que originó las actuaciones policiales-- había desaparecido.
En el atestado se indica además que el encargado de la empresa que contaba con las tarjetas duplicadas llegó a reconocer este extremo a los agentes que intervinieron en el servicio que efectivamente estaba duplicada y que procedieran a destruirla en el acto. En el documento judicial se desprende que los policías se negaron a ello y que por ello el encargado de la citada empresa llegó a coaccionarles afirmando que estaban interfiriendo en el cumplimiento de una sentencia judicial y que, de persistir con esta negativa, se vería obligado a llamar al concejal y subinspector de la Policía Local.
El atestado indica que lo informado por los dos agentes quedó grabado en la base de datos informáticos de la Policía Local. La empresa cuyo encargado coaccionó presuntamente a los policías se encuentra en el Polígono del Espíritu Santo y los vehículos comerciales fueron inspeccionados en Longoria Carbajal.
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Agentes de la Policía Local retiraron el pasado día 12 de septiembre de la vía pública un vehículo estacionado en una plaza reservada para minusválidos al portar una tarjeta falsa. Los hechos se produjeron en la Avenida de Barber y se detectó la falsificación al llevar a cabo las diligencias correspondientes que atestiguaron el delito.
En el pasado mes de julio, la Policía Local ya detectó la utilización de tarjetas de minusválidos falsificadas. En concreto, los vehículos se encontraban estacionados en las calles Esparteros y Huérfanos Cristinos.
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La Policía Local informa a los discapacitados sobre la correcta utilización de las tarjetas de estacionamiento
Va a iniciar una campa?a de control sobre la utilización de las autorizaciones.
La Policía Local de Fuenlabrada va a iniciar una campa?a de control sobre la utilización de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
La concejalía ha elaborado un folleto explicativo en el que de manera clara y sencilla se recogen aspectos básicos respecto al uso de la tarjeta así como los derechos y obligaciones que tienen los titulares de la misma. El documento establece por ejemplo que la tarjeta debe ser utilizada tan sólo cuando el titular sea el conductor o viaje como acompa?ante y recoge también aspectos sobre las paradas y estacionamientos que se pueden realizar.
La concejala de Seguridad María del Carmen López ha indicado que el objetivo de esta campa?a es "conseguir que las plazas reservadas existentes en el municipio puedan ser utilizadas en iguales condiciones por todos los titulares de las tarjetas".
López ha se?alado que últimamente se han detectado varios casos en los que se estaba haciendo un uso indebido del título "como consecuencia de una falta de conocimiento sobre lo que dice la ordenanza municipal, por ello hemos considerado conveniente realizar esta campa?a".
La concejalía va a remitir a cada uno de los titulares de la tarjeta un folleto explicativo. También se les entregará a los nuevos titulares que además serán informados cuando recojan la tarjeta en las dependencias de la Policía Local.
En Fuenlabrada hay concedidas más de 500 tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Los requisitos para ser titular de una de ellas es, entre otros, tener una discapacidad del 33 % y un dictamen que certifique su limitación de movimiento.
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Agentes de la Policía Local retiraron el pasado día 12 de septiembre de la vía pública un vehículo estacionado en una plaza reservada para minusválidos al portar una tarjeta falsa. Los hechos se produjeron en la Avenida de Barber y se detectó la falsificación al llevar a cabo las diligencias correspondientes que atestiguaron el delito.
En el pasado mes de julio, la Policía Local ya detectó la utilización de tarjetas de minusválidos falsificadas. En concreto, los vehículos se encontraban estacionados en las calles Esparteros y Huérfanos Cristinos.
Donde ha sido esto? .ca;
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En Toledo.
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Y sabemos el resultado del "delito"? ? ? . . . yo desde mi experiencia, multa, grúa y punto, lo del delito como que va a ser que no.
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Pero entiendo que abrirás diligencias tras comprobar que esa tarjeta es falsa, no?
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Si, retiro el vehículo con la grúa, espero a que aparezca el propietario para retirar el vehículo del deposito, procedo a identificarle, a retirarle la tarjeta y a instruir diligencias . . . y nada de nada, no prosperan. Lo único que se llevan es la denuncia, la grúa y en parte el susto, pero nada más.
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No sé... no he hecho ninguna de éstas, así que alguno que las haya hecho que se manifieste si prosperan o no.
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Pues tendrás que hacerla para engordar tu currículum.Vs :carcaj :carcaj :carcaj
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No sé... no he hecho ninguna de éstas, así que alguno que las haya hecho que se manifieste si prosperan o no.
Yo he hecho varias, tanto de minusvalidos como del S.E.R.. Habre realizado más de 20 y ninguna propera.
Segun consegui "averiguar", al ser copias (fotocopias a color, scaneos etc...) no lo consideran falsificacion de documento publico, pues no falsifican ningun documento, solo manipulan los datos de la copia, no del original.
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Pues yastá, respondido... caca de la vaca.
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Terry eso creo que se referia a cargas y descargas.
un saludo.
Pues ahi ya me pillas y me surgen dudas.
Efectivamente, con la tarjeta de minusválido pueden aparcar en zonas de carga y descarga aún estando en dicho horario, lo estuvimos viendo el otro día y es así.
Por si alguien tiene más dudas, en la parte trasera de la tarjeta vienen todas las opciones de uso.
Que Ley o reglamento viene recogido que puedan aparcar en un carga y descarga?
Curiosidad.
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Pincha aqui:
http://www.ocu.org/normativa-y-seguridad-vial/tarjetas-de-aparcamiento-para-minusvalidos-s388034.htm
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Exacto y generalmente viene reflejado por ordenanza municipal siendo esta ordenanza una especial exclusiva para minusvalidos.
Saludos y paz.
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pero entiendo que es solo Madrid capital , no en todos los pueblos de la comunidad de madrid :Escribiente
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Si, mira, en Madrid se aparca asi... dando ejemplo a los ciudadanos. ;risr;
(http://alt1040.com/wp-content/uploads/2006/12/gallardon-aparcamiento.jpg)
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Actualiza la foto que ya no es un phaetom, ahora es un A8 no ?.Vs ;risr;
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:mus;
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Actualiza la foto que ya no es un phaetom, ahora es un A8 no ?.Vs ;risr;
De quien? :ojones :ojones
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De nuestro querido Alcalde, cuyo conductor estacionó en ese lugar y alguien aprovechó para tirar la foto correspondiente y publicarla en los medios.... y es que conjugar seguridad con ciudadanía es complicado.
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:carcaj :carcaj
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Buenas tardes... qeria informarme sobre legislacion sobre vehículos de movilidad reducida.. El caso es el siguiente... Una calle de una urbanizacion, 2 personas con 2 vehículos eléctricos, sin matricula.. Estas personas se encuentran con éstos vehículos circulando (velocidad lenta). Acreditan ser minusválidos.
Mi pregunta es si es necesario que lleven algun tipo de seguro, ya que circulando pueden sufrir algún tipo de accidente?? Yo entiendo que por el seguro dice q a vehiculos a motor, ciclomotores, remolques.... pero a este tipo de vehiculos??
Gracias, si existe algo al respecto os agradecería que me dijerais donde puedo encontrar informacion...
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Entiendo yo que se califica como ciclomotor.
Anexo I apartado 7 párrafo C del RDL 339/1990
Vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg, excluida la masa de las baterías en el caso de vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada igual o inferior a 50 c.c. para los motores de explosión, o cuya potencia máxima neta sea igual o inferior a 4 kW, para los demás tipos de motores.
Es decir, deben estar matriculados y tener suscrito el seguro correspondiente pues son a todos los efectos vehículos y no juguetes.
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Y se me olvidó.. respecto a la matrículación y circulación, al decirnos que era una urbanización, deberíamos saber si esos viales son privados y tienen esa consideración, ya que de ser privados estarían exentos de matriculación pero no de la suscripción del seguro.
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Buenas tardes... qeria informarme sobre legislacion sobre vehículos de movilidad reducida.. El caso es el siguiente... Una calle de una urbanizacion, 2 personas con 2 vehículos eléctricos, sin matricula.. Estas personas se encuentran con éstos vehículos circulando (velocidad lenta). Acreditan ser minusválidos.
Mi pregunta es si es necesario que lleven algun tipo de seguro, ya que circulando pueden sufrir algún tipo de accidente?? Yo entiendo que por el seguro dice q a vehiculos a motor, ciclomotores, remolques.... pero a este tipo de vehiculos??
Gracias, si existe algo al respecto os agradecería que me dijerais donde puedo encontrar informacion...
Hola, explica que es para ti un vehiculo de movilidad reducida..... por que puede ser un coche, adaptado, o bien una silla de ruedas.....
Voy a buscar la instruccion donde dice que no necesitan nada.
Un salu2
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Buenas tardes... qeria informarme sobre legislacion sobre vehículos de movilidad reducida.. El caso es el siguiente... Una calle de una urbanizacion, 2 personas con 2 vehículos eléctricos, sin matricula.. Estas personas se encuentran con éstos vehículos circulando (velocidad lenta). Acreditan ser minusválidos.
Mi pregunta es si es necesario que lleven algun tipo de seguro, ya que circulando pueden sufrir algún tipo de accidente?? Yo entiendo que por el seguro dice q a vehiculos a motor, ciclomotores, remolques.... pero a este tipo de vehiculos??
Gracias, si existe algo al respecto os agradecería que me dijerais donde puedo encontrar informacion...
. . . yo por tu explicación más bien creo que se trata de una especie de silla de ruedas eléctrica . . . si es así . . . a todos los efectos son peatones . . .
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buenos dias, creo q mas bien se pueden considerar sillas de ruedas electricas... En cuanto a la pregunta de ronin, es una urbanizacion pública, no es privada...
Entonces entiendo que por la respuesta de heracles se consideran peatones? Porque la opcion de considerarlos ciclomotores como decia un compi no me parece muy adecuada...
Sigo esperando que me aclareis un poco el tema
Gracias
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Buenas tardes... qeria informarme sobre legislacion sobre vehículos de movilidad reducida.. El caso es el siguiente... Una calle de una urbanizacion, 2 personas con 2 vehículos eléctricos, sin matricula.. Estas personas se encuentran con éstos vehículos circulando (velocidad lenta). Acreditan ser minusválidos.
Mi pregunta es si es necesario que lleven algun tipo de seguro, ya que circulando pueden sufrir algún tipo de accidente?? Yo entiendo que por el seguro dice q a vehiculos a motor, ciclomotores, remolques.... pero a este tipo de vehiculos??
Gracias, si existe algo al respecto os agradecería que me dijerais donde puedo encontrar informacion...
Yo me remito a lo que se insertó: 2 vehículos eléctricos... ya que nunca se dice que sean simples sillas eléctricas.
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(http://isgeriatricos.es/data/productos/SILLA%20DE%20RUEDAS%20ELECTRICA%20-%20ORTHOMYV%20MACAW_400.jpg)
(http://imagenes.solostocks.com/z1_4052490/silla-de-ruedas-electrica-mambo-363-con-6-ruedas-y-plataforma-reposapies.jpg)
(http://images01.olx.com.mx/ui/1/64/62/14676262_1.jpg)
(http://images01.olx.com.mx/ui/1/66/78/15035878_1.jpg)
(http://images04.olx.com.ve/ui/1/44/75/7333975_1.jpg)
. . . si lo que has visto es algo parecido a esto o de características similares . . . pues a todos los efectos son peatones.
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Y a?ado.. por pura lógica... ya que no son juguetes y tampoco vehículos.
RGC
ARTÍCULO 121. Circulación por zonas peatonales. Excepciones
1. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable, en cuyo caso podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, de acuerdo con las normas que se determinan en el presente capítulo (artículo 49.1 del texto articulado).
2. Sin embargo, aun cuando haya zona peatonal, siempre que adopte las debidas precauciones, podrá circular por el arcén o, si éste no existe o no es transitable por la calzada:
a. El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo de reducidas dimensiones que no sea de motor, si su circulación por la zona peatonal o por el arcén pudiera constituir un estorbo considerable para los demás peatones.
b. Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo.
c. El impedido que transite en silla de ruedas con o sin motor, a velocidad del paso humano.
3. Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha y cuando circule por la acera o paseo izquierdo debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.
4. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de las mismas que les estén especialmente destinadas y sólo podrán circular a paso de persona por las aceras o por las calles residenciales debidamente se?alizadas con la se?al regulada en el artículo 159, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos.
5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales.
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Y según la Orden de 18 de febrero de 1993, por la que se regula la Estadística de Accidentes de la Circulación (BOE núm. 47, de 24 de febrero; corrección de errores en BOE núm. 115, de 14 de mayo), que anula la anterior del a?o 81, en su punto
4.11. Peatón: Toda persona que, sin ser conductor, transita a pie por los terrenos aludidos en el apartado 1.1
Se consideran, asi mismo, peatones quienes empujan o arrastran un coche de ni?o o impedido o cualquier otro vehículo sin motor de peque?as dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o un ciclomotor de dos ruedas y los impedidos que circulan al paso en una silla de dos ruedas con o sin motor, asi como las personas que circulan sobre patines u otros artefactos parecidos por las vías o terrenos descritos anteriormente.
Son igualmente peatones las personas que se encuentren reparando el motor, cambiando neumáticos o realizando otra operacion similar.
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Yo estoy con que es peatón.
Y de seguro no obligatorio, otra cosa es que lo contrate "porsi".
Pero no sé siquiera si es posible.
Lo que si estoy seguro es que realmente ha de ser impedido, que no digo que sea el caso ni mucho menos, pero por si alguna vez os cruzais un "graciosillo" no es peatón.
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Pero si no es vehiculo, por mucho que sea un "graciosillo" no impedido, te quedarás como estás.
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Lo que si estoy seguro es que realmente ha de ser impedido, que no digo que sea el caso ni mucho menos, pero por si alguna vez os cruzais un "graciosillo" no es peatón.
Pero si no es vehiculo, por mucho que sea un "graciosillo" no impedido, te quedarás como estás.
Si NO es conductor ES peaton, por muy "graciosillo" que sea.
Y no se puede ser conductor si el artefacto en cuestion no tiene calificacion de vehiculo.
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Gracias heracles y ronin... El vehículo al que yo me referia eran del estilo a los que has puesto tu en varias fotos..
Con ello me habeis aclarado la duda.. El unico pero es que deberian haber ido por la acera, porque era transitable...
Muchas gracias.... y que bueno es el foro para aclarar dudas????????????????? :Plasplas
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Lo que si estoy seguro es que realmente ha de ser impedido, que no digo que sea el caso ni mucho menos, pero por si alguna vez os cruzais un "graciosillo" no es peatón.
Pero si no es vehiculo, por mucho que sea un "graciosillo" no impedido, te quedarás como estás.
Si NO es conductor ES peaton, por muy "graciosillo" que sea.
Y no se puede ser conductor si el artefacto en cuestion no tiene calificacion de vehiculo.
Es un graciosillo que tiene la misma calificación que alguien que se tira cuesta abajo en un carro del Alcampo.
No es peatón.
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Es un graciosillo que tiene la misma calificación que alguien que se tira cuesta abajo en un carro del Alcampo.
Eso tengo que probarlo... debe ser una pasada. ;ris;
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De las cosas esas que no puedes contar cuando te haces mayor pero.... :silen
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Estacionamiento.
La Policía detiene a un falso minusválido
16/04/2009
La Policía Local de Zaragoza detuvo el pasado martes en la calle Castelar a un hombre de64 a?os, Juan José A. J., por utilizar presuntamente una falsa tarjeta de estacionamiento para minusválidos. Con este documento, el sospechoso podía aparcar en las plazas de estacionamiento reservadas en las calles para personas con discapacidad. El detenido fue llevado ante el juez como supuesto autor de un delito de falsedad documental.
Encuadrable?
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Habria que saber lo que ha hecho concretamente en esa targeta. digo yo?
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. . . yo creo que no prosperará . . .
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Habría que ver la situación concreta, por que es muy facil opinar sobre una intervención de otro. Seguramente yo filiaria, adjuntaria tarjeta presuntamente falsa (si he podido comprobar su falsedad mucho mejor) y lo pongo en conocimiento de su se?oría para que el decida si le quiere imputar algo y le llame si lo cree oportuno y por supuesto le denuncio administrativamente por el estacionamiento si procediera.
Pero cada uno es due?o y responsable de sus actos.
Un saludo
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Unos atracadores asaltan un párking municipal de Tarragona y hieren de gravedad el vigilante
TARRAGONA
Unos desconocidos han atracado esta madrugada un céntrico párking municipal de Tarragona y han herido gravemente al vigilante. Los asaltantes se han llevado la recaudación del fin de semana.
A primera hora de la ma?ana varios precintos de la Guardia Urbana impedían acceder al conocido párking, ubicado delante del Hospital Joan XXIII.
El párking municipal, gestionado por la empresa Lubasa, estaba controlado en esos momentos por un vigilante minusválido, que ha sido agredido. Según han indicado algunos trabajadores, el trabajador tiene la mandíbula rota y ha recibido múltiples golpes en el cuerpo. Al vigilante lo trasladaron con carácter urgente al hospital y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.
Caseta removida
Este párking tiene contratados mayoritariamente trabajadores y vigilantes minusválidos o con alguna deficiencia leve. La policía científica ha cogido muestras en el sitio de los hechos, y ha recogido datos como videos de las cámaras de seguridad y registros de entrada y salida de vehículos.
La caseta del vigilante estaba removida y la caja registradora abierta y vacía. En el suelo había un charco de sangre en el lugar donde ha quedado extendido el vigilante después de la agresión. Da la casualidad que recientemente se ha abierto una oficina de los Mossos d'Esquadra muy cerca del lugar de los hechos, pero eso no ha impedido este atraco con violencia.
El párking quedará hoy cerrado al público mientras dure la investigación. Responsables de la entidad y los Mossos no han querido dar más información al respecto.
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Deben contratarse personas con discapacidad para ser "vigilantes de seguridad"?
Hay policías en servicio de calle con discapacidad?
Que dice la reglamentación al respecto?
Para la PMM:
ARTÍCULO 42.- ADAPTACIONES DE PUESTO Y MOVILIDAD POR MOTIVOS DE SALUD.
4.- Lo previsto en los números anteriores no será de aplicación a los colectivos específicos de Policía Municipal, Bomberos, Agentes de Movilidad y SAMUR, sin perjuicio de las específicas previsiones que puedan establecerse al respecto, por los órganos de negociación correspondientes.
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Deben contratarse personas con discapacidad para ser "vigilantes de seguridad"?
Hay policías en servicio de calle con discapacidad?
A que tipo de discapacidad te refieres física o psíquica? :nen:
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A las dos... y dentro de ellas... la que esté por encima del 33 por ciento y por debajo de ese porcentaje, pues discapacitado es aquél que tiene reconocido un 33 por ciento o superior de discapacidad física o psíquica, mientras que los que están por debajo no tienen esa consideración pero si que tienen una merma respecto a una persona sana al cien por cien, y entonces, reitero mis preguntas:
Se han de contratar vigilantes de seguridad de entre los discapacitados?
Y en Policía, como se gestiona y reglamenta ello?
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?No te parece que haces muchas preguntas? ?A donde quieres llevarnos? :insano
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?No te parece que haces muchas preguntas? ?A donde quieres llevarnos? :insano
:carcaj :carcaj :carcaj
A donde no llega nadie
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Nn3sEWzK5IQ[/youtube]
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A los minusvalidos los tendrian que ..... :uf: son todos unos estorbos ?Todos al pulguero! ;bron;
Joder ;::) me he pasado. :santos
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"pulguero"?... ahora quieres meter a los discapacitados a que les piquen las pulgas?
En serio, se ha de reglamentar el asunto?
Es "viable" que un vigilante de seguridad haga esas funciones?
Es "viable" que un policía las realice con el a?adido de portar un arma de fuego?
Y por último... y las más "cojonuda"... en el caso de un "suceso" sería responsable la administración al mantener a un policía armado en la calle?
Ej: Polícía que tiene discapacidad física pero que presta servicio de calle armado y como consecuencia de una actuación le arrebatan el arma y con ella matan a un tercero.
Responsabilidad compartida administración/policía?
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Yo creo que la noticia es erronea y que en realidad no se trata de un VS, si no mas bien de la tipica figura del "Auxiliar de Servicios", personal que lo mismo te recoge los carritos del super, que hace de conserje, que reparte correo interno, que cobra los tickets del parking.... etc...
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Yo creo que la noticia es erronea y que en realidad no se trata de un VS, si no mas bien de la tipica figura del "Auxiliar de Servicios", personal que lo mismo te recoge los carritos del super, que hace de conserje, que reparte correo interno, que cobra los tickets del parking.... etc...
Bien, supongamos que es un auxiliar y no un vigilante propiamente dicho... y en Policía?... arma+ discapacidad=suceso=responsabilidad... de quién?
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Por cierto, según la Ley 51/2003, de 2 de diciembre:
Conducta de acoso: toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
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:mus;
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Hola, y ahora pregunto yo.... desde esta semana, nos han IMPUESTO a un "estudiante", el cual, pues ha cogido un modulo, en el que tiene que hacer practicas de no se que.... y claro, el ayuntamiento ha dicho, pues a la policia.... Esta con la administrativa, y esta contando para la memoria (Cosa que hace el pc pero bueno), atendiendo a la gente que viene a por sus placas de vado, y poco mas.....
En fin, que de todo hay en todos los sitios.
Un salu2
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:mus;
Si pero no me has contestado a lo de la responsabilidad compartida... no tienes opinión capullín? :cul
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De compartida nada, responsabilidad del Ayuntamiento que tiene conocimiento de la situación de sus funcionarios y lo permite.
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De compartida nada, responsabilidad del Ayuntamiento que tiene conocimiento de la situación de sus funcionarios y lo permite.
:pen: una persona se queda parapléjica y el TS le concede 300000 euros de indemnización que debe abonar el Ayuntamiento de la localidad por que el Tribunal entiende que se agravaron las lesiones por no tener la rotonda debidamente se?alizada y carente de una valla, sin embargo, cita la responsabilidad del lesionado en el accidente y le rebaja a la mitad su indemnización... esa sentencia, reciente, podría ser encuadrable en lo que menciono, responsabilidad compartida?
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Bueno como sabes, tal vez el Tribunal no tendria acreditado que lo habia solicitado. :mus;
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Bueno como sabes, tal vez el Tribunal no tendria acreditado que lo habia solicitado. :mus;
:carcaj :carcaj :carcaj buen argumento.
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La Policía Local controlará el uso fraudulento de tarjetas de aparcamiento para minusválidos
A partir del próximo lunes los agentes de la Policía Local de Ourense prestarán especial atención para que se cumpla la legalidad en cuanto a la utilización de las plazas de aparcamiento reservadas para minusválidos que existen en la ciudad de As Burgas.
Así, a partir del día 13 se pondrá en marcha un dispositivo policial destinado conseguir que las plazas existentes sean respetadas por los conductores, de forma que puedan ser realmente utilizadas por las personas que lo necesitan y, además, que están habilitadas para ello.
De esta forma, se vigilará y controlará la utilización irregular de los espacios de aparcamiento, así como verificar que los conductores que lo ocupan estén en posesión de tarjetas legales. Dado que no es extra?o que algunas personas utilicen estos permisos de forma fraudulenta, los agentes se ocuparán de comprobarlo y, en su caso, podrían llegar a denunciar a los infractores. Asimismo se avisará a la grúa municipal para que retire el coche al depósito por lo que se insta a los ciudadanos a respetar las zonas.
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:Pelea_2 :partirse
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Pues ya os diré si prospera o no.
El caso es el siguiente.
Vehículo mal aparcado en zona de carga y descarga en batería , y el figura ?tira? el mercedes en línea , jodiendo a todos los demás. Mi compa?ero saca el boletín de denuncias y aparece de un bar próximo, el que dice ser titular al cual le faltaba la mano izquierda. ? Pero que hacéis? , que soy minusválido , no habéis visto la tarjeta? ?
Se procede a filiarle mediante carnet de conducir , y cuando le pregunto si me permite la tarjeta de minusválido me dice que no , que lo que tenga que ver se ve desde fuera a través del vehículo.
Mientras mi compa?ero sigue con la denuncia y discutiendo con el caradura yo me asomo por dentro del mercedes y observo que esa tarjeta no pertenece a esa persona. Aquí se complica.
El minusválido llega corriendo , coge la tarjeta , se la guarda en su carpeta y no nos permite verla de ninguna de las maneras , a la vez que se hace la víctima con los transeúntes.
Después de varias veces pedirle por favor que me facilitase la tarjeta y llegar a advertirle que se vendría detenido si seguía en ese plan , me la dejo ver.
En efecto , de una persona que según el conductor era su socio y que la utilizan indistintamente.
? Hay figura penal en ese comportamiento? Que lo decida el juez , yo intervine la tarjeta la cual la voy a remitir al órgano competente ( Cuando sepa cual es) y por otro lado instruí diligencias por posible infracción penal ? Usurpación de estado? :cuer;
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Nop... todo por via interna a fin de dar cuenta al Ayuntamiento/Comunidad de que ese se?or, discapacitado, comparte el uso de su tarjeta con terceros que no poseen esa discapacidad a fin de solicitar se la retiren... y con un buen informe de lo acaecido se la retirarán sin duda.
No hay infracción penal alguna sino un uso indebido de una tarjeta real pero usada por persona distinta a la autorizada.
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. . . yo el ilícito penal no lo veo, creo que como dice ronin todo debe de quedar dentro de la esfera de lo administrativo y luego la autoridad que expide la tarjeta es la que tiene la potestad para retirarla, pero la verdad es que si el minusválido tiene realmente reconocida la discapacidad . . . hasta eso lo veo difícil . . .
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No creo que haya infracción penal.
Salud y suerte.
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Y tampoco procede intervenir la tarjeta pues la misma es auténtica y tenemos a su titular filiado, asi que... lo que decida la Administración tras nuestro INFORME.
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Madrid capital
Tarjeta especial de estacionamiento para personas discapacitadas con movilidad reducida.
Solicitud y renovación
La tarjeta será estrictamente personal y sólo podrá ser utilizada cuando su titular sea transportado en el vehículo o éste sea conducido por la persona con movilidad reducida titular de la misma.
Será válida para estacionar en los lugares específicamente se?alizados al efecto, gratuitamente y sin limitación de horario en las zonas reservadas a carga y descarga y en las zonas de aparcamiento verdes y azules, así como en lugares donde esté prohibido el estacionamiento mediante se?ales, ateniéndose en todo caso a las indicaciones de los Agentes de Movilidad y Policía Municipal.
La validez de la tarjeta vendrá especificada en la misma, dependiendo de la edad del titular y de las características del dictamen sobre la movilidad.
La tarjeta tendrá validez en todo el territorio nacional.
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.236ae1c4f6e0b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=2be3dcd842bed010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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..eso no es del todo correcto puesto que esa tarjeta habilita el estacionamiento en la zona SER durante un maximo de 1 hora, algo que figura en la misma y es habitual que los controladores te dejen nota de ese maximo de 1 hora por si te pasas para anotarte una sancion si fuera preciso... y es mas el estacionamiento es como maximo de 1 hora en zona de minusvalidos... todo ello si es MINUSVALIDO NO CONDUCTOR.
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La información está copiada de la página munimadrid.es
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..eso no es del todo correcto puesto que esa tarjeta habilita el estacionamiento en la zona SER durante un maximo de 1 hora, algo que figura en la misma y es habitual que los controladores te dejen nota de ese maximo de 1 hora por si te pasas para anotarte una sancion si fuera preciso... y es mas el estacionamiento es como maximo de 1 hora en zona de minusvalidos... todo ello si es MINUSVALIDO NO CONDUCTOR.
Hola Pete, serias tan amable a decirme donde están reguladas estas restricciones.
Gracias
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...pues figuran en la misma tarjeta. en el apartado de "observaciones" y siempre te hablo para tarjeta de MINUSVALIDO NO CONDUCTOR".
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?Quién dice que los policías no eran discapacitados?
Joder, ha sido leerlo y ... :partirse :partirse
Un policía puede ser una persona discapacitada pues confundis la discapacidad con la movilidad, y son conceptos diferentes, ya que una persona discapacitada puede alcanzar el 33 por ciento que le sitúa dentro de esa calificación pero sin embargo no alcanza los 7 puntos que le situarían dentro del grado de movilidad, puntos que le darían derecho a la reserva de estacionamiento.
Pues mira, algo que no sabía... De todas formas, conoces muchos policías discapacitados en la calle?
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Vale, vale, me ofusqué. Tienes razón, si no plagian a ninguna marca conocida, cosa que por otra parte ocurre pocas veces, sólo se considera venta ambulante. Por cierto, la semana pasada me comentaron que un tipo de la AFIVE quería denunciar a dos CNPs por no detener a un mantero que vendía CDs. Por lo visto les quería denunciar por cometer comisión por omisión, porque por lo visto, el tipo argumentaba que los Policías estaban viendo cómo se estaba cometiendo un delito y, ante la pregunta del interesado, los CNPs le contestaron que eso era cosa de los Municipales, que ellos no estaban para eso.
No sé, pero el tema da para rato, porque si hay que detenerlos a todos, no creo que sobre tiempo para otro tipo de intervenciones.
Un saludo.
Pues que denuncie, que denuncie.... la comisión por omisión no tiene nada que ver con lo que imagino quiere decir, salvo que pretenda imputarles un delito contra la propiedad industrial a los policías. A lo que se debe referir es a una omisión del deber de perseguir delitos, que tampoco.
Por qué tampoco cabría la omisión del deber de perseguir delitos, mi teniente? Explícamelo que no lo tengo claro.
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?Quién dice que los policías no eran discapacitados?
Joder, ha sido leerlo y ... :partirse :partirse
Un policía puede ser una persona discapacitada pues confundis la discapacidad con la movilidad, y son conceptos diferentes, ya que una persona discapacitada puede alcanzar el 33 por ciento que le sitúa dentro de esa calificación pero sin embargo no alcanza los 7 puntos que le situarían dentro del grado de movilidad, puntos que le darían derecho a la reserva de estacionamiento.
Pues mira, algo que no sabía... De todas formas, conoces muchos policías discapacitados en la calle?
Alguno conozco.
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?Quién dice que los policías no eran discapacitados?
Joder, ha sido leerlo y ... :partirse :partirse
Un policía puede ser una persona discapacitada pues confundis la discapacidad con la movilidad, y son conceptos diferentes, ya que una persona discapacitada puede alcanzar el 33 por ciento que le sitúa dentro de esa calificación pero sin embargo no alcanza los 7 puntos que le situarían dentro del grado de movilidad, puntos que le darían derecho a la reserva de estacionamiento.
Pues mira, algo que no sabía... De todas formas, conoces muchos policías discapacitados en la calle?
Alguno conozco.
He vuelto a plantear mal la pregunta, lo que quería preguntar es si conoces a alguno con "grados de movilidad" y que por tanto pudiera estacionar en estos sitios reservados.
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Ahora si has hecho bien la pregunta... nop.
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?Quién dice que los policías no eran discapacitados?
Joder, ha sido leerlo y ... :partirse :partirse
Un policía puede ser una persona discapacitada pues confundis la discapacidad con la movilidad, y son conceptos diferentes, ya que una persona discapacitada puede alcanzar el 33 por ciento que le sitúa dentro de esa calificación pero sin embargo no alcanza los 7 puntos que le situarían dentro del grado de movilidad, puntos que le darían derecho a la reserva de estacionamiento.
Pues mira, algo que no sabía... De todas formas, conoces muchos policías discapacitados en la calle?
Alguno conozco.
He vuelto a plantear mal la pregunta, lo que quería preguntar es si conoces a alguno con "grados de movilidad" y que por tanto pudiera estacionar en estos sitios reservados.
. . . en mi unidad hay un compa?ero que tiene reconocido el grado de discapacidad suficiente como para tener una tarjeta de vehículo minusvalido, la usa en su turismo particular para estacionar, pero el tiene puesto adaptado y no sale a la calle por lo tanto no conduce ningún vehículo radiopatrulla . . .
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. . . en mi unidad hay un compa?ero que tiene reconocido el grado de discapacidad suficiente como para tener una tarjeta de vehículo minusvalido, la usa en su turismo particular para estacionar, pero el tiene puesto adaptado y no sale a la calle por lo tanto no conduce ningún vehículo radiopatrulla . . .
Será el grado de movilidad... que no es lo mismo que el de discapacidad... conceptos que suelen confundirse con frecuencia, toda vez que un discapacitado puede tener un grado de discapacidad del 50 por ciento, por ejemplo, y sin embargo ni un sólo punto de movilidad, y son 7 puntos en el grado de movilidad los que dan derecho a la tarjeta de reserva de aparcamiento.
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. . . en mi unidad hay un compa?ero que tiene reconocido el grado de discapacidad suficiente como para tener una tarjeta de vehículo minusvalido, la usa en su turismo particular para estacionar, pero el tiene puesto adaptado y no sale a la calle por lo tanto no conduce ningún vehículo radiopatrulla . . .
Será el grado de movilidad... que no es lo mismo que el de discapacidad... conceptos que suelen confundirse con frecuencia, toda vez que un discapacitado puede tener un grado de discapacidad del 50 por ciento, por ejemplo, y sin embargo ni un sólo punto de movilidad, y son 7 puntos en el grado de movilidad los que dan derecho a la tarjeta de reserva de aparcamiento.
. . . pues será eso . . . yo se que fue al Centro Base y allí le certificaron lo que sea movilidad o discapacidad . . . no lo se, pero el tiene puesto adaptado y no sale a la calle, de hecho se sacó el certificado para comprar el coche nuevo y pagar menos impuestos . . .
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Pero ?esos 7 puntos de grado de movilidad, se correspondera con un grado de discapacitacion o minusvalia (o como se quiera decir) determinado? o ?no tiene porque?
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. . . en mi unidad hay un compa?ero que tiene reconocido el grado de discapacidad suficiente como para tener una tarjeta de vehículo minusvalido, la usa en su turismo particular para estacionar, pero el tiene puesto adaptado y no sale a la calle por lo tanto no conduce ningún vehículo radiopatrulla . . .
Será el grado de movilidad... que no es lo mismo que el de discapacidad... conceptos que suelen confundirse con frecuencia, toda vez que un discapacitado puede tener un grado de discapacidad del 50 por ciento, por ejemplo, y sin embargo ni un sólo punto de movilidad, y son 7 puntos en el grado de movilidad los que dan derecho a la tarjeta de reserva de aparcamiento.
. . . pues será eso . . . yo se que fue al Centro Base y allí le certificaron lo que sea movilidad o discapacidad . . . no lo se, pero el tiene puesto adaptado y no sale a la calle, de hecho se sacó el certificado para comprar el coche nuevo y pagar menos impuestos . . .
Sip, son los Centros Base los que expiden el certificado pero tiene que ser doble, por un lado que reconozca al menos un 33 por ciento de discapacidad y por otro, 7 puntos de movilidad, ya que con menos de 7 puntos no tienes derecho a la tarjeta de aparcamiento.
En todos los certificados consta el grado de discapacidad y el grado de movilidad, si constan los 7 puntos de la movilidad tiene derecho a estacionar en ese reservado....si no presenta tarjeta pero SÍ presenta certificado donde no constan esos 7 puntos, el discapacitado no puede aparcar en esa reserva aunque tenga reconocida una discapacidad del 33 por ciento o superior.
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Pero ?esos 7 puntos de grado de movilidad, se correspondera con un grado de discapacitacion o minusvalia (o como se quiera decir) determinado? o ?no tiene porque?
Queda explicado en mi mensaje anterior.
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Pero ?esos 7 puntos de grado de movilidad, se correspondera con un grado de discapacitacion o minusvalia (o como se quiera decir) determinado? o ?no tiene porque?
Queda explicado en mi mensaje anterior.
Si ya lo he leído, pero lo que yo quiero decir, es que un grado de minusvalía por ejemplo, puede ser del 50%, y el movilidad 0, pero en cambio el grado de movilidad superior a 7 no puede ser el grado de minusvalía menor de 33%.
?No se si me explico? Vamos que tiene que haber una correspondencia entre movilidad y minusvalía, y no al contario (minusvalía y movilidad).
Mas que ganas de polemizar con el tema, es por que los que nos lean tenga mas o menos claro sobre este tema.
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Una persona con un grado de movilidad del 7 puntos por fuerza llega al 33 por ciento, al menos, de discapacidad... ya que 7 puntos en la movilidad es una merma importante de las extremidades inferiores... del aparato respiratorio... toda vez que la movilidad se evalúa respecto a la funcionalidad de las extremidades, sobretodo las inferiores, corazón, afecciones en los pulmones...y alcanzar esos 7 puntos supone que al menos tienes ese 33 por ciento de discapacidad, no asi a la contra, en la que puedes tener una discapacidad neuronal, por ejemplo, en la que alcances el 33 por ciento pero se te califique con un 0 en la movilidad ya que corres como un gamo.
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Una persona con un grado de movilidad del 7 puntos por fuerza llega al 33 por ciento, al menos, de discapacidad... ya que 7 puntos en la movilidad es una merma importante de las extremidades inferiores... del aparato respiratorio... toda vez que la movilidad se evalúa respecto a la funcionalidad de las extremidades, sobretodo las inferiores, corazón, afecciones en los pulmones...y alcanzar esos 7 puntos supone que al menos tienes ese 33 por ciento de discapacidad, no asi a la contra, en la que puedes tener una discapacidad neuronal, por ejemplo, en la que alcances el 33 por ciento pero se te califique con un 0 en la movilidad ya que corres como un gamo.
Imagino que esta normal es estatal, verdad?
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Si, es el RD 1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de discapacidades, pero las competencias están transferidas a las distintas Comunidades que son, a través de sus Centros Base, las que expiden el certificado, certificado que en el caso de la CAM se ha acompa?ado este a?o 2009, y para los que lo soliciten, de esta tarjeta que te adjunto.
(http://www.abc.es/nacional/prensa/noticias/200812/04/fotos/NAC_MAD_web_88.jpg)
Pero ojo, si os muestran esa tarjeta ella no da derecho al estacionamiento en zona reservada para discapacitados, ya que la misma no recoge el grado de movilidad y solamente el de discapacidad.
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:Ok
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Esa targeta es pura propaganda no vale pa na. :Burla
Perdon si que vale, para entrar en el cine por 1 ? jajajaja :abuelo
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Perdon si que vale, para entrar en el cine por 1 ? jajajaja :abuelo
:pen:
Creo que también sirve para reservar el sitio dónde colocar la toalla en la playa. :cul
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Guadalajara
La Policía Local instruye un atestado por falsificación de una tarjeta de accesibilidad
De las concedidas para aparcar en plazas reservadas a personas discapacitadas
Miércoles, 13 de enero de 2010
La Policía Local de Guadalajara ha trasladado a la autoridad judicial un atestado denunciando un presunto delito de falsificación de documento público tras comprobar que una conductora había falsificado los datos de una tarjeta de accesibilidad para aparcar en plazas reservadas a personas discapacitadas.
Los hechos que han dado lugar a esta denuncia se remontan a finales del pasado mes de noviembre, cuando tras una inspección rutinaria realizada por agentes de la Policía Local en la Plaza de Moreno, observan en un vehículo aparcado en una de las plazas reservadas a discapacitados una tarjeta que les infunde sospechas sobre su autenticidad. Cuando la conductora fue a retirar el vehículo y a requerimiento de los agentes, admitió que la tarjeta pertenecía a una amiga de su madre.
Por este motivo, se iniciaron las pertinentes investigaciones a fin de aclarar la autenticidad del documento. Tras solicitar información a la delegación Provincial de Salud y Bienestar Social sobre los datos de la citada tarjeta, este organismo confirmó que el número de la tarjeta no correspondía con el nombre de la supuesta titular sino con el de una persona fallecida en 2005. Ante estos hechos, se ha instruido el atestado, con la correspondiente denuncia.
Desde la Policía Local de Guadalajara se realizan habitualmente labores de control y vigilancia sobre el uso de las tarjetas de accesibilidad y de las denominadas tarjetas de autorización especial, para evitar su uso fraudulento y el consiguiente perjuicio al resto de usuarios. En caso de ser detectadas estas infracciones, no sólo se retiran las tarjetas sino que no se renueva la concesión de las mismas.
Durante el a?o 2009, y según la información facilitada por la Policía Local, se retiraron 13 tarjetas de accesibilidad por uso incorrecto de las mismas. En lo que va de mes, se han retirado dos tarjetas de autorización especial, una de ellas por estacionar en zona reservada a discapacitados y en otro caso por ocupar una zona de carga y descarga con un vehículo particular ajeno a la institución a la que se había concedido la tarjeta.
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. . . prosperará? ? ?
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Nop.-
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...por? :pen:
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Uso de una tarjeta de forma fraudulenta para estacionar... se dice en el artículo: "se comprobó que el número no correspondía con la mujer y la tarjeta pertenecía a otra fallecida..", más o menos, con lo cual no hay tal falsificación y como tampoco se elude el pago de una tasa, como podría ser la ORA, tampoco hay estafa, y en el caso que nos ocupa ni se puede "sancionar" con su retirada a la titular de la tarjeta ya que está fallecida.
No hay falsificación, no hay estafa... no hay base, ni penal, ni administrativa.
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. . . efectivamente.
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Y la foto no estaba manipulada?
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Y la foto no estaba manipulada?
Las tarjetas de aparcamiento para personas discapacitadas no llevan la foto del titular.
(http://media.grupojoly.com/imagen.php?imagen=//0000319500/0000319986.jpg&an=580&alt=440&checkSize=1)
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La del DNI o permiso de conduccir. Ya que si no se le pilla a la primera
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Es que quieres extender el tipo hacia donde no hay nada.. ni falsificación de DNI, ni de permiso de conducir... simplemente un uso fraudulento de una tarjeta que no está a su nombre.
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La Policía Local de Pontevedra denuncia el uso fraudulento de tarjetas de estacionamiento para discapacitados
PONTEVEDRA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Pontevedra denunció a un conductor que estaba haciendo uso fraudulento de la tarjeta de aparcamiento correspondiente a un familiar discapacitado, ya fallecido. Además de retirarle la tarjeta, al infractor se le impuso una multa administrativa y su vehículo fue inmovilizado y posteriormente retirado por la grúa municipal.
Este caso de uso ilegal de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida se detectó este pasado fin de semana, cuando el vehículo se encontraba ocupando una plaza de estas características. Durante el pasado a?o, la Policía Local de Pontevedra ordenó la retirada de un total de 319 vehículos aparcados de manera irregular.
La Policía Local de Pontevedra realiza campa?as periódicas a lo largo del a?o para recordar a la ciudadanía el uso "racional" de estas tarjetas y disuadir a otros conductores de situar sus vehículos en estas plazas de uso exclusivo para los beneficiarios de las tarjetas. Precisamente, los agentes insisten en que estas tarjetas no están asignadas a los vehículos, sino que son de titularidad "personal".
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Guadalajara La Policía Local detecta nuevos casos de uso indebido de las Tarjetas de Accesibilidad
En lo que va de año se han retirado 6
Ayuntamiento de Guadalajara - Lunes, 29 de marzo de 2010
En lo que va de año, la Policía Local ha retirado un total de seis Tarjetas de Accesibilidad tras comprobar el uso indebido de las mismas.
Concretamente, la última se retiró el pasado día 17 de marzo tras las pertinentes investigaciones y la comprobación de que la tarjeta era utilizada por la hija de la beneficiaria para fines ajenos a los que fue concedida.
En este caso, la Policía Local inició las pesquisas al detectar a un turismo que permanecía aparcado, de lunes a viernes y durante toda la mañana, en una plaza reservada para el estacionamiento de discapacitados ubicada en la calle Sigüenza, frente a la residencia Los Olmos. Al parecer, la conductora de dicho turismo ocupaba la plaza “por su proximidad a su puesto de trabajo” y no para el desplazamiento de su madre, que es la titular de la tarjeta.
Además de este caso, señalar que, la Policía Local ha instruido un atestado para denunciar ante la autoridad judicial a un conductor que había falsificado una Tarjeta de Accesibilidad perteneciente a un familiar.
Los hechos que han motivado esta denuncia se produjeron el pasado día 8 de marzo cuando agentes de la Policía Local sospecharon de una tarjeta que exhibía un vehículo aparcado en una plaza reservada para discapacitados de la calle Cardenal González de Mendoza. Realizadas las comprobaciones oportunas, se verificó que dicha tarjeta era una copia a color de una tarjeta original perteneciente a un familiar del citado conductor, ambos vecinos de Cabanillas del Campo.
Conviene recordar que no es el primer caso de falsificación de una Tarjeta de Accesibilidad, ya que el pasado mes de noviembre se instruyó otro atestado similar por un delito de falsificación de documento público.
Desde la Concejalía de Tráfico, Movilidad y Seguridad, María José Agudo, recuerda que estas tarjetas, “única y exclusivamente, pueden ser utilizadas para el transporte de los titulares de las mismas y para los fines que están establecidos, que no es otro que el de facilitar la movilidad de las personas con discapacidad”.
Va a ser que no... realizar una fotocopia de un documento oficial y colocarla en el parabrisas no pasará el trámite judicial.... y como mucho se puede proceder contra el autorizado legal y retirársela por permitir su fotocopiado.. y contra el fotocopiador, la denuncia administrativa pertienente por estacionar en lugares reservados sin autorización.
Punto pelota.
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Pues dependerá de el Juzgado en el que caiga.
Antes no, pero de un tiempo a esta parte es cada vez mas habitual que PMM acuda a Juzgados de lo Penal por este tipo de situaciones, principalmente por tarjetas S.E.R., las cuales son copias escaneadas.
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Pues dependerá de el Juzgado en el que caiga.
Antes no, pero de un tiempo a esta parte es cada vez mas habitual que PMM acuda a Juzgados de lo Penal por este tipo de situaciones, principalmente por tarjetas S.E.R., las cuales son copias escaneadas.
Hay una diferencia entre unas y otras.. S.E.R. significa eludir un pago, es decir hay estafa dentro de la "falsificación", mientras que estacionar en un reservado de minusválido con el uso de una fotocopia no implica que se produzca estafa alguna.
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Pues dependerá de el Juzgado en el que caiga.
Antes no, pero de un tiempo a esta parte es cada vez mas habitual que PMM acuda a Juzgados de lo Penal por este tipo de situaciones, principalmente por tarjetas S.E.R., las cuales son copias escaneadas.
Hay una diferencia entre unas y otras.. S.E.R. significa eludir un pago, es decir hay estafa dentro de la "falsificación", mientras que estacionar en un reservado de minusválido con el uso de una fotocopia no implica que se produzca estafa alguna.
Son juzgados por la falsedad como tal, no por estafa alguna...de ahí la comparativa.
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Pues dependerá de el Juzgado en el que caiga.
Antes no, pero de un tiempo a esta parte es cada vez mas habitual que PMM acuda a Juzgados de lo Penal por este tipo de situaciones, principalmente por tarjetas S.E.R., las cuales son copias escaneadas.
Hay una diferencia entre unas y otras.. S.E.R. significa eludir un pago, es decir hay estafa dentro de la "falsificación", mientras que estacionar en un reservado de minusválido con el uso de una fotocopia no implica que se produzca estafa alguna.
Rizando un poco: ¿y si lo hace en una zona de carga y descarga para eludir el pago del SER? aún siendo uso fradulento lo realiza para eludir el pago, por lo que ya si que si. O tal vez las apreciaciones analogas del agente no son constitutivas de.........
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Podría encuadrarse entonces dentro de las estafas... pero un documento fotocopiado nunca será considerado falsificación ya que no se falsea el documento original sino lo que se hace es fotocopiarlo y dentro de la fotocopia poner el nombre de otra persona, eso es lo que se falsea, una fotocopia.
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salvo que el documento este tan bien "fotocopiado" que genere dudas de su autenticidad ya que de lo contrario estariamos hablando de un documento con soporte valido.
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salvo que el documento este tan bien "fotocopiado" que genere dudas de su autenticidad ya que de lo contrario estariamos hablando de un documento con soporte valido.
En todo caso... no procedería la detención pues se ha de remitir ese documento para que sea realizada la pericial correspondiente.
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En eso deacuerd.. :Ok
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salvo que el documento este tan bien "fotocopiado" que genere dudas de su autenticidad ya que de lo contrario estariamos hablando de un documento con soporte valido.
En todo caso... no procedería la detención pues se ha de remitir ese documento para que sea realizada la pericial correspondiente.
Asi es como se está obrando, y posteriormente........ juzgando.
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salvo que el documento este tan bien "fotocopiado" que genere dudas de su autenticidad ya que de lo contrario estariamos hablando de un documento con soporte valido.
En todo caso... no procedería la detención pues se ha de remitir ese documento para que sea realizada la pericial correspondiente.
Asi es como se está obrando, y posteriormente........ juzgando.
Y sus resultados?
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[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o78J1qpb8QA[/youtube]
:ojones
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Pues unos cuantos varazos no le vendrían mal a algunos.
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. . . verdad? ? ? :j:
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salvo que el documento este tan bien "fotocopiado" que genere dudas de su autenticidad ya que de lo contrario estariamos hablando de un documento con soporte valido.
En todo caso... no procedería la detención pues se ha de remitir ese documento para que sea realizada la pericial correspondiente.
Asi es como se está obrando, y posteriormente........ juzgando.
Y sus resultados?
Los desconozco, solo puedo decirte que el fiscal solicita condena.
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Logroño
La Organización de Impulso a los Discapacitados denuncia a la Policía Nacional por prevaricación
Asegura que la incautación de 28 cupones a uno de sus trabajadores el 22 de abril en Logroño sólo responde a motivos políticos. Rioja2.com | 27/04/2010
El 22 de abril a las 10:00 de la mañana, José Adriano, trabajador de la Organización de Impulso a los Discapacitados (OID), tuvo una desagradable sorpresa en la calle Alférez Provisional de Logroño. La Policía Nacional le incautó los 28 boletos para el sorteo que, desde mediados de marzo en La Rioja, celebra diariamente la organización bajo auspicio de los números salidos para el sorteo de la ONCE , “en realidad el sorteo lo hace el Estado”, ha declarado el abogado de la OID, Javier Gallego, “pero lo usa la ONCE, igual que lo usamos nosotros”.
Las causas de tal secuestro de boletos, según Gallego, “se han debido alegando una causa monopolística”, ha asegurado, “cuando el monopolio está prohibido, y el monopolio del juego es contrario al derecho comunitario”. Para subrayar estas declaraciones, Gallego ha apuntado que “no veo a la policía correr detrás de Cristiano Ronaldo, cuando éste lleva en su camiseta publicidad de diferentes casas de juego” y también ha señalado que “si creen que perseguir a un hombre con muletas es el camino, nosotros no lo vemos así, y, además, cuanto más incauten más publicidad nos van a hacer”.
Prevaricación
Gallego ha explicado que esta decisión le parece totalmente política y que, a pesar de las numerosas denuncias hechas a la organización, “nuestras actuaciones las respaldan más de 110 tribunales en todo el territorio nacional, entre los que se encuentran la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo”. El abogado de la OID ha alegado que, “tras más de 120 resoluciones judiciales” jamás han tenido una de ellas en su contra, por lo que, debido a esos tintes políticos que se desprenden de la incautación de los cupones, “hemos dicho al juzgado que investigue lo que parece un delito de prevaricación”. También ha pedido a los compradores de los boletos absoluta tranquilidad, pues la organización actúa “con total transparencia”, y ha invitado a visitar la web www.oid.es , donde se han volcado “todos los hechos respaldados con sentencia”.
Gallego ha explicado la historia de la Organización de Impulso a los Discapacitados, Organización sin ánimo de lucro dirigida a discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, que lleva más de 20 años de andadura “en los que jamás ha habido un impago o se ha puesto en tela de juicio la legitimidad de la organización”, ha expuesto. Hace dos meses que se abrió la oficina en Logroño y desde mediados de marzo se imparte la venta del cupón. Gallego asegura que hay más de 3000 trabajadores en toda España y que “en La Rioja pretendemos llegar a 350 o 400 para final de año”.
Porque, si el índice de paro llega en estos momentos al 20%, “entre las personas con discapacidad es entre el 50 y el 60%, llegando al 80% en lugares como Córdoba”, ha apuntado Gallego, informando de la ingente cantidad de llamadas que están recibiendo en la oficina para tratar de obtener un empleo, “la situación es acuciante”, ha manifestado.
Tales han sido las consecuencias que ha producido la incautación de los cupones que, a parte de instar a que se abra una investigación por supuesta prevaricación, Gallego ha asegurado que “pediremos daños y perjuicios”, pues consideran la actuación una injusticia ante una organización que sólo desarrolla “una labor positiva y de integración”.
“La gente vota y los políticos hacen las leyes, pero los jueces las interpretan y las administran. Hemos sentido tener que denunciar estos hechos, pero los juzgados de Logroño y el Tribunal Supremo dicen que no hay delito, así que hemos decidido que es una decisión de tipo totalmente político”, ha confirmado Gallego, asegurando que “defenderemos con uñas y dientes esta organización”.
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Nueva Ley de tráfico
El Cermi anima a la Policía a multar a quien use las plazas de discapacitados
Servimedia | Madrid
Actualizado lunes 24/05/2010
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, ha instado a los policías locales a que sancionen con 200 euros a los conductores que estacionen en plazas reservadas a discapacitados y hagan cumplir así una de las novedades de la nueva ley de seguridad vial, que entrará en vigor este martes.
La reforma del régimen sancionador de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial eleva de infracción leve a grave el estacionamiento en lugares reservados a personas con discapacidad, lo que supone que pasa de estar sancionado con una multa de hasta 90 euros a una de 200 euros.
En declaraciones a Servimedia, Pérez Bueno ha calificado de "positiva" esta medida porque su fin es "que induzca a los conductores a no aparcar en plazas reservadas para personas con discapacidad, aunque sea por el temor a tener que abonar la multa, que se eleva de cuantía considerablemente".
Sin embargo, Pérez Bueno ha añadido que "no basta con que se eleve la multa" y ha solicitado que "la policía local se encargue de cumplir la ley" o acuda la grúa a retirar el vehículo estacionado en una plaza destinada a personas con discapacidad. Con ello, se lograría "una actitud preventiva para quien ocupen esas plazas porque la ley por sí misma no resuelve los problemas si los encargados de aplicarla no se esmeran en ello".
El presidente del Cermi ha subrayado que esta entidad propuso al Gobierno que esta conducta también llevara aparejada la pérdida de puntos, idea que fue rechazada porque desde el Ejecutivo entendían que aparcar en una zona reservada a discapacitados no compromete la seguridad.
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Dos discapacitados denuncian la actuación de la Policía Local
25/09 ·
Un matrimonio gaditano de discapacitados, cuyas iniaciales corresponden a M. A. F., de 53 años de edad y un grado discapacidad del 59 por ciento, y su esposa A. R. B., de 52 años y un grado de discapacidad del 59 por ciento, han interpuesto una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de El Puerto contra la actuación de algunos miembros de la Policía Local.
La denuncia se presentó tras los hechos ocurridos la noche del pasado 16 de septiembre, cuando, según la versión de los denunciantes, tras cenar en un resturante de la Ribera del Marisco el matrimonio fue a recoger su vehículo estacionado en un aparcamiento reservado en exclusividad para el uso de personas discapacitadas en Galeras Reales, no encontrando el coche cuando llegaron. El vehículo se lo había llevado la grúa municipal, después de que el patrullero de la Policía Local lo denunciara. M. A. F. comprobó que el coche no estaba y que no había indicación en el suelo con pegatina, como es preceptivo. Seguidamente llamó a la Policía Local solicitando que se personara el patrullero.
El denunciante señala que tras una hora de intensa espera, él y su espeosa tuvieron que recurrir a un familiar para su traslado al Depósito Municipal de Vehículos.
Después de pagar la tasa de la grúa de 81,50 euros, los denunciantes solicitaron la comparecencia del oficial de guardia, que tampoco estaba en ese momento.
Una vez recogido el vehículo del depósito, el matrimonio interpuso la denuncia en comisaría, aportando los documentos que les acreditan como discapacitados entre los que se encuentra la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida que emite la Consejería para la Igualdad y el Binestar Social de la Junta de Andalucía.
Ante esta situación, M. A. F. ha querido matizar que “los agentes municipales no son sólo meros recaudadores y sancionadores, deben actuar con solidaridad, comprensión y servicio al ciudadano, especialmente los de una ciudada turística como El Puerto”. A juicio del denunciante, “las actitudes chulescas de pague y luego reclame responden a comportamientos de otros tiempos”.M. A. F. precisó asistencia médica por ansiedad, hipertensión y fuerte nerviosismo en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
El implicado asegura que “muchos hosteleros de la Ribera del Marisco están quejándose últimamente de ciertas actitudes de algunos agentes policiales municipales”.
... y la acreditación de discapacitado estaba a la vista?
Me parece a mi que nop.
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Dos discapacitados denuncian la actuación de la Policía Local
25/09 ·
y que no había indicación en el suelo con pegatina, como es preceptivo. Seguidamente llamó a la Policía Local solicitando que se personara el patrullero.
El denunciante señala que tras una hora de intensa espera, él y su espeosa tuvieron que recurrir a un familiar para su traslado al Depósito Municipal de Vehículos.
Después de pagar la tasa de la grúa de 81,50 euros, los denunciantes solicitaron la comparecencia del oficial de guardia, que tampoco estaba en ese momento.
Una vez recogido el vehículo del depósito, el matrimonio interpuso la denuncia en comisaría, aportando los documentos que les acreditan como discapacitados entre los que se encuentra la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida que emite la Consejería para la Igualdad y el Binestar Social de la Junta de Andalucía.
... y la acreditación de discapacitado estaba a la vista?
Me parece a mi que nop.
Indicación en el suelo con pegatina?? Donde está contemplado que sea "preceptivo" ??
Aportaron la documentacion al presentar la denuncia, tras haer retirado el vehiculo......... estaba visible la tarjeta?? Tambien creo que NO.
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Dos discapacitados denuncian la actuación de la Policía Local
25/09 ·
El implicado asegura que “muchos hosteleros de la Ribera del Marisco están quejándose últimamente de ciertas actitudes de algunos agentes policiales municipales”.
Normal, al al tener menos vehiculos en doble fila u toro tipo de estacionamientos indebidos.......les llegan menos clientes (nada nuevo bajo el sol).......por no hablar de los vehs. a "cargo" de los "aparcas" que habrán sido denunciados por motivos antes mencionados.
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[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bi8M2rGefnY&feature=player_embedded[/youtube]
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Hace poco un colombiano me pregunto donde estaba una calle y al ver como tenia su estomago deformado le pregunte que le habia ocurrido.....8 tiros le cosieron cuando prestaba servicio en la policia de colombia teniendo que abandonar posteriormente su pais el y su familia para no ser degollados por los narcos, todo por no querer colaborar con ellos. Escuchar sus relatos y andaduras en la policia de colombia desde luego dabas gracias de estar en España....afortunado me sentia.
Saludos y paz.
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Escuchar sus relatos y andaduras en la policia de colombia desde luego dabas gracias de estar en España....afortunado me sentia.
Saludos y paz.
Precisamente por eso y por otras muchas razones siempre digo a aquellos que desprecian este país que "hay que salir de Arganda".
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Hola buenas a todos los foreros, a ver si me podeis aclarar una duda: Ante una intervencion en la cual un vehiculo esta ocupando una plaza de estacionamiento de minusvalido, teniendo tarjeta de minusvalido pero estando esta caducada, cual seria la actuacion? Denunciar como si no tuviera tarjeta (ya que al estar fuera de fecha en teoria carece de validez) y retirar el vehiculo con grua o hay algun articulo que se ajuste mas a este tipo de infraccion?? Me refiero a que se le denuncie por otro articulo sin retirar el vehiculo con grua ya que poseer tarjeta la posee.
Muchas gracias
Un saludo.
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Cerciórate primero, que la tarjeta de minusválido no está caducada por negligencia o desidia de la administración, que en Madrid ya tuvimos ese caso y las tarjetas de minusválidos aunque eran de años atrasados tenían validez.
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Cerciórate primero, que la tarjeta de minusválido no está caducada por negligencia o desidia de la administración, que en Madrid ya tuvimos ese caso y las tarjetas de minusválidos aunque eran de años atrasados tenían validez.
Asi fue.
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Y como compruebo eso? Me imagino que haciendo una llamadita a movilidad, pero.... por la noche?? Va a ser que en movilidad no hay ni el tato... entonces?
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http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/Tarjeta-especial-de-estacionamiento-para-personas-discapacitadas-con-movilidad-reducida.-Solicitud-y-renovacion?vgnextfmt=default&vgnextoid=2be3dcd842bed010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD (http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/Tarjeta-especial-de-estacionamiento-para-personas-discapacitadas-con-movilidad-reducida.-Solicitud-y-renovacion?vgnextfmt=default&vgnextoid=2be3dcd842bed010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD)
Te dejo el enlace relacionado con este tipo de tarjetas, yo desconocía que ahora las tarjetas, modelo nuevo desde 2007, tenían una validez de 5 años para los mayores de 18 años con dictamen definitivo de incapacidad. Si el vehículo suele estacionar por la misma zona, puedes dejar nota en la unidad para que hagan la gestión por la mañana y si te confirman que efectivamente está caducada por no renovación (puede que a esa persona se le haya revocado la incapacidad), procedes en consecuencia.
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Y como compruebo eso? Me imagino que haciendo una llamadita a movilidad, pero.... por la noche?? Va a ser que en movilidad no hay ni el tato... entonces?
Yo le veo mas problema cuando la tarjeta ha sido expedida en otro municipio (en finde o noche), y si lo ha sido en el extranjero tanto mas.
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Sentido común. Mirar si por casualidad tiene mandos adaptados que lleven a pensar que sí funciona con un minusválido. Intentar hablar con el requiriente y "aparcarle" el coche en cualquier plaza próxima dando unos capotacillos y ayudando en todo lo que se pueda. Intentar localizar al conductor del coche "mal" estacionado...
Esto me recuerda a llamadas a las que he acudido en alguna ocasión en las que se iba porque otro minusválido había aparcado en "su" plaza, cosa que en Madrid no es particular, con lo que dando un poquito de sensatez al asunto, todos contentos...
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A nosotros nos entran muchos comunicados de este tipo, cuando es con una tarjeta caducada, siempre en caso de duda, la razón para el administrado en fin de evitar un mal mayor, ya que no podemos comprobarlo (anécdota: se retiró varias veces un vh por parte de un coincidente para hacer sus numeritos y al final resultaba que la junta le habia dicho que continuase utilizando la caducada ya que de momento iban a tardar mucho en mandale la nueva, al final tironcete de orejas diciéndole que emplee el sentido común y el vh a dia de hoy continúa con la caducada).
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Discapacitados instruirán a policías locales sobre la accesibilidad
La actividad se desarrollará durante la mañana en el centro cívico de Os Rosales
REDACCIÓN | A CORUÑA El Grupo de Minusválidos de A Coruña (Grumico) ofrecerá el próximo lunes un curso sobre buenas prácticas en materia de accesibilidad para las personas con problemas de movilidad, en el que participarán policías locales.
La actividad se desarrollará durante la mañana en el centro cívico de Os Rosales y está integrada en la campaña de concienciación que lleva a cabo este colectivo bajo el nombre de Abre barreira, en la que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación. La iniciativa tiene por objetivo concienciar a la población sobre la supresión de obstáculos para la movilidad de las personas, sean o no discapacitadas, para mejorar su calidad de vida.
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La Policía achaca a Servicios Sociales que haya tarjetas para personas con movilidad reducida en manos inadecuadas
La Asociación de Disminuidos de O Morrazo denunció la situación ante el Concello de Cangas
REDACCIÓN - CANGAS La Asociación de Disminuidos de O Morrazo denuncia el uso fraudulento de de las tarjetas para aparcar destinadas a personas con movilidad reducida. Asegura que cada vez hay más quejas en las sede y que en marzo del pasado año el colectivo ya presentó escritos dirigidos a la concejala de Tráfico e Seguridade, María José Vilas, y al Jefe de la Policía Local, Alberto Agulla. Ahora, la Asociación de Disminuidos de O Morrazo pretende mantener una reunión con los concejales de Servicios Sociales y de Tráfico y Policía Local.
Según pudo averiguar la Policía Local de Cangas, no existe fraude en las tarjetas que se expiden para aparcar, es decir no hay falsas tarjetas que estén colapsando los aparcamientos destinados a personas con movilidad reducida. Sí detectó la Policía Local que había tarjetas que estaban en manos de personas que no tenían carencias de movilidad, pero que estaban expedidas por el departamento de Servicios Sociales.
Responsabilidad
Será, pues, la concejalía de Servicios Sociales la que tenga que depurar las concesiones de estas tarjetas, con el fin de que no se concedan a personas que no las necesitan, circunstancia que detectó la Policía Local de Cangas en las pesquisas que realizó el año pasado cuando le llegó la denuncia.
Arriesgada afirmación la reseñada en negrita, pues acaso es de nuestra competencia saber los porqués de la expedición o simplemente hemos de acatar lo que ese organismo autoriza?
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Según pudo averiguar la Policía Local de Cangas, no existe fraude en las tarjetas que se expiden para aparcar, es decir no hay falsas tarjetas que estén colapsando los aparcamientos destinados a personas con movilidad reducida. Sí detectó la Policía Local que había tarjetas que estaban en manos de personas que no tenían carencias de movilidad, pero que estaban expedidas por el departamento de Servicios Sociales.
Yo, mas bien, creo que lo que habrán detectado habrá sido un alto uso de dichas tarjetas por personas distintas a las titulares de las mismas.... que no es lo mismo.
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Posiblemente.
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Los 'multacar' de la Policía Local de Zaragoza no detectan las tarjetas de discapacidad
Martes, 05 de Abril de 2011 10:07
(http://www.famma.org/images/stories/noticias2011/110405_multacar.jpg)
Interior de un 'multacar' de la Policía Local de Zaragoza
Los coches de la Policía Local de Zaragoza equipados con cámaras, conocidos comúnmente como los "multacar", no detectan de forma automática las tarjetas que acreditan una discapacidad, lo que ha provocado un incremento de las multas a este colectivo. La Fundación DFA, que representa a las personas con discapacidad de la región, ha detectado esta situación y ha puesto a disposición de los afectados de acuerdo con la Policía Local, un servicio para realizar los recursos a las infracciones de forma centralizada.
Tras contactar con la Policía Local y ante la reiteración de este tipo de sanciones, DFA ha decidido ofrecer gratuitamente la posibilidad de realizar el recurso a través de esta entidad, agilizando de esta forma la eliminación de las infracciones.
De hecho, DFA ha enviado una carta a sus asociados para explicarles la situación. El problema radica en que el "multacar" permite multar sin que los agentes bajen del vehículo, por lo que no se aprecia si el vehículo dispone de la tarjeta azul de reserva de aparcamiento, que da derecho a su titular a estacionar o detenerse en lugares excepcionales, según dicta la Ordenanza Especial de Estacionamiento para personas con discapacidad.
"La tarjeta azul se coloca en el parabrisas, pero el "multacar" no la puede detectar. Nos han explicado la imposibilidad de adaptar los vehículos o poner un chip a la tarjeta, así que la Policía Local se ha mostrado colaboradora en agilizar la retirada de las infracciones", apunta Pedro Lobato, de los servicios jurídicos de Disminuidos Físicos de Aragón.
Las sanciones impuestas al colectivo y que han llegado a DFA todavía son escasas, pero la fundación ha decidido anticiparse a un problema de más entidad y ha decidido avisar a los usuarios, sobre todo para que no recurran a la bonificación del 50% de la cuantía de la infracción que prevé la normativa si esta se abona en los primeros quince días.
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La multa a un funcionario obliga a modificar 400 señales de tráfico
El recurso a una sanción obliga al Ayuntamiento a añadir una pegatina en las placas de parking para minusválidos de la ciudad
17.04.11 - 00:29 - GONZALO SELLERS | SANTANDER.
(http://www.eldiariomontanes.es/noticias/201104/17/Media/senal-trafico-minusvalidos--647x231.JPG)
Primeras señales modificadas con una pegatina, junto al 'Escenario Santander' de Las Llamas.
El recurso que un funcionario municipal presentó a una multa de aparcamiento ha dado como resultado que el Ayuntamiento de Santander se haya visto obligado a modificar todas las señales de plazas de parking reservadas a minusválidos que hay en la ciudad. Cerca de 400 en total. Y es que la placa vertical cuadrada, con fondo de color azul y el anagrama blanco en el centro, no aparece como tal en el Reglamento General de Circulación, por lo que no prohibe el estacionamiento, sino que sólo sirve como indicación y su incumplimiento no puede ser objeto de multa.
Fue hace mes y medio cuando este trabajador de la Administración municipal, que había sido multado por el aparcamiento de su motocicleta en una de estas zonas acotadas, presentó un recurso al Ayuntamiento. En su caso, la plaza para minusválidos que le acusaron de no respetar no contaba con señalización vertical.
Sólo se delimitaba con un dibujo en el suelo de un pictograma blanco. Al margen de que este icono no esté homologado, según los argumentos aportados por el funcionario, es obligatorio que exista señal vertical específica para que la Policía Local pueda sancionar el incumplimiento.
La placa, según el Real Decreto, debe estar perfectamente colocada en el sentido de la marcha para que pueda ser identificada de forma clara y rápida por los conductores. En el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, optaron por señalizar el espacio con la placa R-308 -la de prohibido estacionar, con fondo azul y una raya diagonal roja- y añadiendo la letra 'P' de reserva y el anagrama internacional de impedidos físicos en el centro.
Las primeras señales en cambiarse, anteayer, fueron las de las plazas de aparcamiento junto al nuevo edificio de 'Escenario Santander', en el Parque de Las Llamas. El Ayuntamiento ha optado por un método similar al que se utilizó en las autovías y autopistas del país al reducirse la velocidad de 120 a 110 kilómetros por hora. Pero en lugar de una pegatina grande colocada sobre la anterior indicación, en esta ocasión se ha optado por un tamaño más reducido.
Este funcionario aún no ha recibido contestación del recurso que presentó a la multa por «tocar con el pie de cabra unos centímetros la línea del aparcamiento para minusválidos», pero los argumentos que utilizó han provocado, de momento, la modificación de las señales.
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Informe vehículo para personas de movilidad reducida
http://carris.files.wordpress.com/2011/05/informe-vehc3adculo-movilidad-reducida-22-03-10.pdf
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El Ayuntamiento crea la figura de ‘Agente de Policía Local especialista en Discapacidad’ con el fin de ofrecer un mejor servicio a este colectivo
COCEMFE entra a formar parte de los órganos de participación del Proyecto PROXPOL
elperiodic.com
(http://elperiodic.com/archivos/img/noticias/11-08/01/cscocemfeg.jpg)
El concejal de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Castellón, Joaquín Torres, ha anunciado hoy que el consistorio ha creado la figura de ‘Agente de Policía Local especialista en Discapacidad’ con el fin de ofrecer un mejor servicio a este colectivo y a los efectos de conocer sus necesidades y dar solución a los problemas que puedan plantearse, estableciéndose vías de comunicación ágiles que faciliten las relaciones entre la Policía Local y COCEMFE y en cuyos cursos y seminarios también participará este colectivo. Así lo ha confirmado el edil tras la reunión que han mantenido los representantes de la Policía Local con el presidente de COCEMFE, Carlos Laguna, y la coordinadora general de esta entidad, Carmen Rodríguez.
Además, otras de las medidas que se tomarán es que COCEMFE pasa a formar parte como miembro nato de todos los órganos de participación ciudadana que forman parte del Proyecto de Proximidad Policial de la Policía Local de Castellón PROXPOL y se establecerá un calendario de campañas periódicas de prevención y vigilancia de espacios destinados a estacionamientos de discapacitados, rebajes en aceras, control del uso de las tarjetas que habilitan a estacionar, etc, un calendario de campañas consensuado entre la Policía Local y COCEMFE y en estas campañas participaran activamente como colaboradores miembros de COCEMFE que acompañarán a los Agentes de Policía en el ejercicio de sus funciones, todo ello con el objetivo de mejorar la prevención y concienciar a los conductores de la importancia de respetar los derechos de los discapacitados. Torres ha destacado también que en los actos y eventos que se realicen en vías públicas (procesiones, el Pregó, desfiles, castillo de fuegos y mascletaes, etc.) se consensuará con COCEMFE espacios reservados para la asistencia de discapacitados y sus acompañantes y que serán controlados por la Policía Local. “COCEMFE se encargará de comunicar a sus asociados la ubicación de estos espacios así como las mejores vías para acceder a estos lugares. “Y es que el objetivo de esta acción es que el colectivo de discapacitados disfrute de los actos y eventos con total tranquilidad”, ha destacado el edil, quien ha recordado que estas medidas se aplicarán de forma inicial en el Distrito Marítimo en forma de experiencia piloto posteriormente, se irá ampliando al resto de distritos de la localidad.
El objetivo del encuentro ha sido establecer relaciones y vías de comunicación directa “con uno de los colectivos o grupos de interés más importantes para la Policía Local como es el de los discapacitados y las discapacitadas de Castellón, colectivo que debido a su importancia y a sus propias necesidades, merecen una atención especializada por parte del cuerpo policial”. “Igualmente, la Policía Local ha invitado a COCEMFE a que participe activamente en el Proyecto PROXPOL, aportando todas aquellas iniciativas que consideren oportunas y que recojan las necesidades específicas de los discapacitados y discapacitadas de Castellón, participando activamente en los distintos órganos e instrumentos de participación ciudadana que forman el proyecto a través de representantes escogidos por COCEMFE”, ha dicho Torres, quien ha destacado que de los objetivos principales es que los Agentes integrantes del Cuerpo de Policía Local se especialicen en la regulación jurídica relativa a discapacidad, para lo que contarán con la colaboración de COCEMFE en la realización de cursos de formación y seminarios.
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En Vitoria-Gasteiz
Los discapacitados se oponen a compartir plazas con embarazadas
Redacción
26/03/2012
Se trata de una experiencia piloto "pionera" en Euskadi y, si es bien acogida se habilitarían plazas de aparcamiento exclusivas para mujeres embarazadas.
(http://www.eitb.com/multimedia/images/2012/02/26/617402/617402_haurdunak_foto610x342.jpg)
La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Marian Castellanos, ha pedido "paciencia" a las asociaciones de discapacitados que se oponen a que las embarazadas aparquen en sus plazas reservadas porque "no les quitan" sus espacios, sino que se comparten.
Castellanos ha presentado ante los medios de comunicación dos de las doce plazas de aparcamiento en la vía pública que hasta la fecha eran exclusivas para discapacitados y que ahora podrán usar también las embarazadas.
Se trata de una experiencia piloto "pionera" en Euskadi y, si es bien acogida, el Ayuntamiento estudiará hasta finales de año si se potencia o no el proyecto. Si se decide continuar adelante dejaría de ser un proyecto piloto y se habilitarían plazas de aparcamiento exclusivas para mujeres en estado de gestación, ha explicado Castellanos.
Esta iniciativa ha recibido las críticas de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Álava (Eginez), que ha solicitado al Ayuntamiento que paralice la experiencia porque las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida "no son algo gratuito" y se obtienen cumpliendo los puntos de baremo de movilidad que establecen las diputaciones.
Preguntada por estas críticas, la concejala ha pedido al colectivo de discapacitados que tenga "cierta paciencia en esta
cuestión" porque es un proyecto piloto. "No se les quitan las plazas reservadas, lo que van a hacer es compartirlas en doce espacios", ha señalado.
Las plazas habilitadas se encuentran junto a varios centros de salud de la ciudad y la estación de Adif.
A partir de hoy las embarazadas interesadas en la iniciativa pueden solicitar el distintivo que tendrán que colocar en sus vehículos para poder hacer uso de los aparcamientos
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Una embarazada "asimilada" a un discapacitado?
Interesante debate...mañana las embarazadas dirán que no son discapacitadas, eso si, dirán que quieren las plazas con una señal de tráfico propia.
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Se trata de una experiencia piloto "pionera" en Euskadi y, si es bien acogida se habilitarían plazas de aparcamiento exclusivas para mujeres embarazadas.
(http://www.eitb.com/multimedia/images/2012/02/26/617402/617402_haurdunak_foto610x342.jpg)
"Problema" de fácil solución en caso de requerimiento para ello: ....."dicha señal NO ESTÁ incluida en el Catalogo Oficial de Señales" por lo cual cualquiera puede utilizar el sitio para estacionar su vehículo, sea persona con movilidad reducida, embarazada o el paradero con sobredosis de viagra.
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Una embarazada "asimilada" a un discapacitado?
Interesante debate...mañana las embarazadas dirán que no son discapacitadas, eso si, dirán que quieren las plazas con una señal de tráfico propia.
En muchos centros comerciales tienen plazas "señalizadas" con "placas" de este "tipo"..las he visto de distinta forma, color y etc...para embarazadas, para familias numerosas para.....
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Se trata de una experiencia piloto "pionera" en Euskadi y, si es bien acogida se habilitarían plazas de aparcamiento exclusivas para mujeres embarazadas.
(http://www.eitb.com/multimedia/images/2012/02/26/617402/617402_haurdunak_foto610x342.jpg)
"Problema" de fácil solución en caso de requerimiento para ello: ....."dicha señal NO ESTÁ incluida en el Catalogo Oficial de Señales" por lo cual cualquiera puede utilizar el sitio para estacionar su vehículo, sea persona con movilidad reducida, embarazada o el paradero con sobredosis de viagra.
Yo no sé si esa señal ha sido una composición del periodista para informar sobre la medida que pretende llevar a efecto el Ayuntamiento, pero lo que está bien claro es que ni está incluída en el catálogo ni me parece a mi que sea procedente "asimilar" a una embarazada como discapacitada.
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Me recuerda alo que pasó en Fuenlabrada y sus "placas" femeninas
(http://4.bp.blogspot.com/_1wRk-MgoOhY/Re8Tko_MMpI/AAAAAAAAAAU/JKpQJrPXdtw/s320/Se%C3%B1al+paso+cebra+mujer.jpg)
.......que aunque alguna parece que aún queda, fueron desapareciendo de sus calles.
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Yo no sé si esa señal ha sido una composición del periodista para informar sobre la medida que pretende llevar a efecto el Ayuntamiento, pero lo que está bien claro es que ni está incluída en el catálogo ni me parece a mi que sea procedente "asimilar" a una embarazada como discapacitada.
Pues a lo dicho me remito y confirmo la última parte del mensaje.
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Claro, porque existe la discreccionalidad del "PODRAN" y así salen mucho antes (como es el caso de mi unidad). Que cosas eh.
ok hay compañeros que se ven muchas veces en al "obligacion" de cargar un vh en cosas como reservado para minusvalidos,carril de circulacion etc
Cuidadín, cuidadín con los minusválidos y la negativa a retirar el coche que ocupa la reserva.
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Claro, porque existe la discreccionalidad del "PODRAN" y así salen mucho antes (como es el caso de mi unidad). Que cosas eh.
ok hay compañeros que se ven muchas veces en al "obligacion" de cargar un vh en cosas como reservado para minusvalidos,carril de circulacion etc
Cuidadín, cuidadín con los minusválidos y la negativa a retirar el coche que ocupa la reserva.
. . . está la persona discapacitada en el punto esperando para estacionar con su vehículo en la reserva? ? ?
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Claro, porque existe la discreccionalidad del "PODRAN" y así salen mucho antes (como es el caso de mi unidad). Que cosas eh.
ok hay compañeros que se ven muchas veces en al "obligacion" de cargar un vh en cosas como reservado para minusvalidos,carril de circulacion etc
Cuidadín, cuidadín con los minusválidos y la negativa a retirar el coche que ocupa la reserva.
. . . está la persona discapacitada en el punto esperando para estacionar con su vehículo en la reserva? ? ?
Cuidadín, cuidadín....
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Claro, porque existe la discreccionalidad del "PODRAN" y así salen mucho antes (como es el caso de mi unidad). Que cosas eh.
ok hay compañeros que se ven muchas veces en al "obligacion" de cargar un vh en cosas como reservado para minusvalidos,carril de circulacion etc
Cuidadín, cuidadín con los minusválidos y la negativa a retirar el coche que ocupa la reserva.
. . . está la persona discapacitada en el punto esperando para estacionar con su vehículo en la reserva? ? ?
Cuidadín, cuidadín....
Pero esa es fácil, sitio reservado a minusválido, coche encerrado y se acabó el problema.
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Claro, porque existe la discreccionalidad del "PODRAN" y así salen mucho antes (como es el caso de mi unidad). Que cosas eh.
ok hay compañeros que se ven muchas veces en al "obligacion" de cargar un vh en cosas como reservado para minusvalidos,carril de circulacion etc
Cuidadín, cuidadín con los minusválidos y la negativa a retirar el coche que ocupa la reserva.
. . . está la persona discapacitada en el punto esperando para estacionar con su vehículo en la reserva? ? ?
Cuidadín, cuidadín....
Pero esa es fácil, sitio reservado a minusválido, coche encerrado y se acabó el problema.
:Ok
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Claro, porque existe la discreccionalidad del "PODRAN" y así salen mucho antes (como es el caso de mi unidad). Que cosas eh.
ok hay compañeros que se ven muchas veces en al "obligacion" de cargar un vh en cosas como reservado para minusvalidos,carril de circulacion etc
Cuidadín, cuidadín con los minusválidos y la negativa a retirar el coche que ocupa la reserva.
. . . está la persona discapacitada en el punto esperando para estacionar con su vehículo en la reserva? ? ?
Cuidadín, cuidadín....
Pero esa es fácil, sitio reservado a minusválido, coche encerrado y se acabó el problema.
:Ok
. . . hay ocasiones en que las placas ya están en desuso y quien requiere no es ni tiene autorización para utilizar la reserva . . . no es tan fácil, quizás en el Barrio de Salamanca si, pero en otros distritos periféricos con problemas de estacionamiento, sobre todo por la noche no . . . por lo tanto, está el vehículo autorizado esperando para estacionar? ? ? . . . si la respuesta es si se denuncia y se retira con la grúa, si por el contrario la respuesta es no, se denuncia . . . y carril . . . no hay más . . .
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. . . hay ocasiones en que las placas ya están en desuso y quien requiere no es ni tiene autorización para utilizar la reserva . . . no es tan fácil, quizás en el Barrio de Salamanca si, pero en otros distritos periféricos con problemas de estacionamiento, sobre todo por la noche no . . . por lo tanto, está el vehículo autorizado esperando para estacionar? ? ? . . . si la respuesta es si se denuncia y se retira con la grúa, si por el contrario la respuesta es no, se denuncia . . . y carril . . . no hay más . . .
No es nuestro problema...como si el minusválido ha cambiado de domicilio y el reservado se mantiene..y para evitar explicaciones innecesarias, mi consejo es, retirar siempre aplicando el "podrán" dentro de su extensión facultativa.
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Otra cuestión sobre los reservados...en Madrid capital el reservado lo es para una persona discapacitada, se entiende que la reserva se ha hecho a petición de una que vive cercana a dónde se le sitúa esa reserva, pero la misma no tiene una titularidad definida, es decir, que dicha reserva puede ser utilizada por cualquier persona discapacitada que posea la tarjeta acreditativa e incluso que sea de otro municipio de España..sin embargo, hay municipios que titulan esos reservados colocando la placa de matrícula autorizada para el mismo...
Ejemplo:
Articulo 12º: Se entiende por plaza en origen aquella que se ubica en las proximidades del domicilio del minusválido, pudiendo ser tan sólo utilizada por el mismo.
La señalización de este tipo de plazas recogerá la matrícula del vehículo
autorizado.
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Hablando de esto.. ¿alguno sabe si se han prorrogado las tarjetas de minusválido? o bien dejan de ser validas a partir de la fecha de caducidad
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Hablando de esto.. ¿alguno sabe si se han prorrogado las tarjetas de minusválido? o bien dejan de ser validas a partir de la fecha de caducidad
Cuando hay prórroga se comunica por los canales internos.
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FAMMA COCEMFE Madrid forma a la policía en materia de discapacidad
Fecha : 12/06/2012
El presidente de FAMMA COCEMFE Madrid, Javier Font, visitó las dependencias de la Academia de Policía Local para ofrecer una charla formativa a decenas de miembros del Curso Selectivo de Formación Básica para Policías de Nuevo Ingreso y concienciarles de la importancia de un buen conocimiento de las circunstancias que rodean las diversas patologías discapacitantes, para saber actuar en todo momento con el respeto que corresponde a toda persona y atender a las necesidades específicas de cada una de ellas.
"Aunque en ocasiones puedan parecer sólo anécdotas, la realidad es que muchas personas pasan por situaciones muy desagradables simplemente por el hecho de que su discapacidad no es visible", afirmó Font durante su comparecencia. "La discapacidad no está únicamente en la silla de ruedas o en los bastones. Existen personas que, por ejemplo, a raíz de su ataxia puede parecer que van en estado de embriaguez, cuando lo que ocurre es que su enfermedad tienen síntomas que pueden dar lugar a confusiones".
La desaparición de estas situaciones indeseables es lo que pretende la Federación madrileña, por lo que las palabras de su presidente a los presentes son sólo el inicio de una fructífera colaboración entre la Policía y FAMMA COCEMFE Madrid, que lucharán juntos a través de iniciativas en colegios o dispositivos especiales de tráfico.
Además, trabajarán por la erradicación de malas prácticas a la hora de utilizar las plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida. En este sentido, el presidente de FAMMA no quiso dejar la oportunidad para asegurar que "no queremos multas, sino una concienciación que haga innecesarias las sanciones".
Font remarcó también la necesidad de utilizar una terminología acorde con la condición de persona de cualquier ciudadano independientemente de sus capacidades, como un medio para alcanzar una mayor integración a través de la erradicación de términos peyorativos; e hizo entrega a cada asistente de un documento destinado a ampliar el conocimiento sobre diferentes patologías, de forma que se mejore el servicio ofrecido a los madrileños.
"A veces lo único que hay que hacer es aprender a escuchar a aquellas personas a las que se va a ayudar", aconsejó Font, "ya que nadie mejor que ellas sabe la mejor manera de prestarles atención y de enfrentarse a las particularidades de enfermedades como la osteogénesis imperfecta, también conocida como "huesos de cristal", o a la amputación de cualquiera de sus miembros".
Por último, Font afirmó que "las personas con discapacidad somos diferentes por que la sociedad nos pone trabas. Nuestro fin no es dar lástima, sino alcanzar una situación de normalidad, para lo que reivindicamos avances que no sólo nos afectan a nosotros, sino que repercutirán en el bienestar de toda la sociedad, porque aunque no lo creamos, la gran mayoría de los ciudadanos tendrán una discapacidad en algún momento de su vida".
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polémica
La Policía Local «está autorizada a aparcar en plazas de discapacitados», dice Castellanos
19.06.12 - 02:12 -
S. CARRACEDO | VITORIA.
Dos fotografías de vehículos policiales estacionados en plazas reservadas para personas discapacitadas volvieron a suscitar ayer la polémica en el Consistorio vitoriano. La concejala de Seguridad Ciudadana, Marian Castellanos, aseguró que los agentes de la Guardia urbana «están autorizados a utilizar las plazas en caso de prestar auxilio, por necesidades del servicio o por cuestiones de circulación», como lo referencia el artículo 68.1 del Reglamento General de Circulación. De esta manera, la edil popular respondió al grupo municipal de Bildu, que le exigió «tomar medidas» para que «no se vuelva a repetir».
Castellanos informó de que «se han dado indicaciones para que se evite ocupar esas plazas, salvo cuando haya necesidades importantes del servicio a realizar». También justificó la presencia del radar en el Bulevar de Salburua por «lo importante» que resulta «controlar la velocidad» en esa calle. Y reconoció no haber podido identificar a la patrulla que estacionó junto al Campillo.
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Una labor que implica compromiso personal de los agentes
La Policía Local de Toledo trabaja por aportar soluciones a los discapacitados
Toledo - Local | Mónica Moreno
Carlos Morcillo, que ha sido reconocido por Cocemfe Toledo, "por valorar las necesidades de accesibilidad y aportar soluciones", explica que la Policía Local se está empleando para que no exista un uso fraudulento de las tarjetas de discapacitados, un delito que se considera grave.
(http://eldiadigital.es/upload/img/periodico/img_73998.jpg)
Tal y como anunció El Día de Castilla-La Mancha el pasado domingo, 17 de junio, Cocemfe-Toledo, en los Premios "Cocemfe-Alborada" que se entregarán el próximo sábado 30 de junio, ha concedido uno de los galardones a Carlos Morcillo Bermúdez, policía local del Barrio de Santa María de Benquerencia del Ayuntamiento de Toledo. Un galardón con el que la Asociación reconoce el trabajo de la Policía Local de Toledo con la discapacidad.
Este premio es concedido por “valorar las necesidades de accesibilidad y aportar soluciones precisas”, un galardón que para este agente municipal supone un impulso para todos los policías porque “tenemos que dejar de ser gestores y ser solucionadores de problemas” y en este campo "obtienes un alto grado de satisfacción profesional pero también personal por ayudar a quien más nos necesita".
(http://eldiadigital.es/upload/img/periodico/img_73999.jpg)
En este sentido Carlos Morcillo, explica en una entrevista concedida a El Día, que hay veces que la Policía Local tiene que hacer accesible el entorno para los discapacitados "pues lo suyo sería que cuando se diseñara desde un principio para que todos pudieran disfrutar de unas condiciones óptimas, y que no haya barreras para nadie".
En este sentido, el trabajo de la Policía Local es fundamental porque "van al lugar y se patean la calle", de ahí que para los proyectos urbanísticos es preciso que -aparte de hacerse sobre plano- también se escuche a los ciudadanos y se vean las dificultades que se plantean para así estudiar las soluciones.
Así ocurrió en el proyecto de accesibilidad de Boladiez 62-64 de Toledo, en el que la Polícia actuó como el nexo de comunicación del Ayuntamiento al que trasladaron las necesidades y las soluciones que habían proyectado junto a los técnicos y usuarios de COCEMFE y ADEMTO. En este sentido analizaron rebajes, reservados, mobiliario urbano, transporte público o plazas para uso exclusivo de discapacitados.
Plazas para discapacitados
En relación a las plazas para discapacitados, en todas las ciudades se observa un uso fraudulento de éstas, y es ahí donde el trabajo de la Policía Local es fundamental, y en este sentido, según explica Morcillo, "la Policía Local de Toledo está intensificando los controles respecto al uso de tarjetas".
Así recuerda que Toledo es de las ciudades que más plazas de estacionamiento pone a disposición de los titulares de la tarjeta" y por eso estamos trabajando para que las plazas de discapacitados existentes las utilice siempre el titular de la tarjeta".
La picaresca de los ciudadanos para el uso indebido de la tarjeta de discapacitados - que es un documento que otorga la Administración- existe, aunque "es menos de lo que se piensan".
Morcillo recuerda una anécdota de que en una ocasión un chico muy joven que empleaba la tarjeta del abuelo que estaba en el pueblo. Estacionó en las inmediaciones del hospital porque trabajaba en las proximidades. "A este chico le salió caro no querer andar unos metros porque las denuncias de este tipo tienen la consideración de graves y en otros aspectos podemos ser más o menos flexibles pero cuando se trata de facilitar las cosas a quien lo tiene más difícil la Policía Local es bastante severa con el cumplimiento".
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La mitad...vaya tela.
Huelva
La Policía detecta que el 50% de las tarjetas de discapacitado en la Zona Azul son falsas
El fraude se extiende al 90% de los casos porque las acreditaciones oficiales no se usan para transportar a sus titulares · El Ayuntamiento creará zonas de aparcamiento para personas de movilidad reducida
I. Gallego/ Huelva | Actualizado 16.07.2012 - 01:00
(http://media.grupojoly.com/imagen.php?imagen=//0001152000/0001152107.jpg&an=230)
En el salpicadero del vehículo se muestra una tarjeta para el aparcamiento de personas de movilidad reducida.
Los informes de la Policía Local dan cuenta de un "fraude generalizado" en el uso de las tarjetas que permiten a las personas de movilidad reducida aparcar gratuitamente en la Zona Azul, una bonificación a la que tienen derecho casi 4.000 onubenses pero de la que se están beneficiando otros miles de forma irregular.
Según confirmaron a este periódico desde el Ayuntamiento de Huelva, en el 90% de los casos esta acreditación emitida por la Junta de Andalucía se utiliza vulnerando la normativa municipal, por lo que la nueva ordenanza de la Zona ORA (Ordenación Regulada de Aparcamientos) cambiará el sistema para poner más trabas a la picaresca.
Según las inspecciones policiales, el 50% de las tarjetas que se están utilizando en la ciudad son falsificaciones -bien porque se trata de fotocopias o copias sacadas de una página web-, y en el resto de los supuestos, sólo el 10% de los usuarios utiliza estos distintivos para transportar a la persona con discapacidad que es titular de la tarjeta.
Como ha comprobado la Policía, la dinámica habitual es usar la acreditación de un familiar o conocido para un uso personal no autorizado, tratándose "generalmente ciudadanos que trabajan en la zona Centro y, de esta manera, evitan el pago", explicaron desde el Consistorio onubense.
Estos casos no sólo han sido percibidos por los agentes del cuerpo municipal sino que, además, han sido mucho los minusválidos que han presentado sus quejas al Ayuntamiento, ya que cuando se desplazaban al Centro les era muy difícil encontrar aparcamiento y ellos mismos alertaron de la excesiva proliferación de estas tarjetas.
Estas reclamaciones llegaron a la Oficina del Defensor del Onubense -un servicio que el plan de ajuste municipal suprimió el pasado 1 de julio-, de modo que la institución hasta entonces representada por Manuel Rodríguez hizo una recomendación para que se acuñaran tarjetas municipales específicas, con el número de matrícula del vehículo, que facilitaran el control por parte de la Policía tal y como ha demostrado la experiencia en ciudades como Zaragoza, Alcorcón, Medellín (Badajoz), Alicante y Cádiz.
Y es que en gran parte de estas prácticas fraudulentas, a los agentes les resulta imposible determinar si el coche en cuestión corresponde con la tarjeta que se expone en el salpicadero, con la salvedad de las ocasiones en que se puede identificar in situ al conductor.
Para proteger los derechos de las personas con discapacidad, el área que encabeza la teniente de alcalde de Seguridad y Movilidad, Carmen Sacristán, establece en la nueva normativa -que entrará en vigor a finales de año- unas reservas señalizadas dentro de la Zona ORA como parking para personas de movilidad reducida. Al estar delimitadas, se facilita la inspección policial de estas plazas de estacionamiento.
Según el Ayuntamiento, "los aparcamientos en zonas reservadas para minusválidos en el resto de la ciudad funcionan correctamente, ya que son los propios minusválidos los que denuncian el fraude cuando van a aparcar y ven que está ocupada la zona. Entonces llaman a la Policía, que actúa y acaba retirando el coche con la grúa y poniendo la multa. Este mismo mecanismo es el que se quiere implantar en la Zona Azul".
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da igual a partir de hoy todas valen, al menos para los funcionarios
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Valencia
La policía retira 322 tarjetas de paking de minusválido por fraude
La mayoría de los casos se debe a uso indebido por parte de familiares o la falsificación de los carnés expedidos por el Ayuntamiento
26.09.12 - 00:46 - PACO MORENO | VALENCIA.
Renovación.
Para los mayores de 18 años con una minusvalía permanente, el Ayuntamiento debe comprobar los requisitos de vida y empadronamiento.
Derechos.
Los Ayuntamientos están obligados a otorgar plazas de estacionamiento en la calle a los titulares de la tarjeta, así como a permitirles un aparcamiento más prolongado en las zonas reguladas e incluso que puedan parar el tiempo imprescindible en cualquier lugar de la vía pública..
La picaresca a la hora de utilizar las tarjetas de aparcamiento otorgadas a minusválidos tiene su coste. La Policía Local ha retirado desde 2009 un total de 322 de estas tarjetas, en su mayoría emitidas por otros Ayuntamientos.
El Ayuntamiento concede cada año decenas de solicitudes, tanto de tarjetas como de reserva de plazas en la calle. Las personas con movilidad reducida gozan de este beneficio, indispensable para su rutina diaria.
La cuestión es que hay ocasiones donde otras personas utilizan la tarjeta o, sencillamente, los agentes de la Policía Local detectan carnés falsificados. Para esto último, las medidas adoptadas por la concejalía de Bienestar Social pasan por utilizar nuevas tecnologías en algunos casos.
Así, desde diciembre de 2011, fuentes municipales indicaron que se emplea la incorporación de un holograma en la tarjeta que evidencia el «uso de fotocopias o documentos falsificados mediante scanner». También se realiza la plastificación de las tarjetas para «evitar manipulaciones posteriores y mantener en buen estado el original».
Además, conforme a la normativa actual se comprueba que el «titular vive, mediante presencia física y firma en el momento de entrega o bien, aportación de fe de vida». Otras dos iniciativas para evitar el fraude son la comunicación a la Policía Local de los fallecimientos de titulares de la tarjeta para su control, previamente comprobado en el padrón municipal, así como el cambio de numeración en caso de pérdida o robo.
Josefina Juste, expresidenta de la asociación COCEMFE en la ciudad de Valencia y ahora miembro del consejo estatal, comentó que una de las soluciones a este problema debería ser vincular más a «las personas este tipo de tarjetas y menos a los vehículos, así podría aumentar el control».
Ahora bien, aseguró que una cuestión central es que este tipo de estacionamiento «no se respetan en muchas ocasiones por el resto de conductores; la única opción que tenemos es dar vueltas con el coche hasta que quede libre o esperar a que venga la grúa».
Juste consideró que en España hay suficiente legislación, incluso más que en otros países, aunque «no se hace cumplir». Citó otro ejemplo como el estacionamiento indebido en rampas de las aceras, lo que convierte muchas rutas en «imposibles de seguir».
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, desde 2009 se han concedido 2.509 nuevas peticiones, mientras que se han renovado de años anteriores 1.724 carnés que permiten el estacionamiento en este tipo de plazas.
La Policía Local realiza campañas periódicas para controlar el estacionamiento indebido en las rampas de las aceras. La Ley de Movilidad contempló incluso la adopción de una nueva señal de tráfico, consistente en una línea roja continua en aquellos lugares donde estacionar suponía un perjuicio para los minusválidos.
Entre los requisitos para conseguir el carné de estacionamiento, la ley habla de que se debe estar empadronado en la localidad donde se formula la solicitud. También tener una edad superior a los tres años, así como disponer de la preceptiva resolución de la condición de minusválido, emitido por la Dirección Territorial de Bienestar Social. Para establecer el grado de minusvalía es necesario un examen.
En cuanto a la validez, depende de dos factores, en relación a si es permanente o temporal. Para mayores de 18 años, el plazo se fijará en diez años a contar desde la fecha de expedición de la tarjeta, siempre que el dictamen determine la existencia de una de movilidad reducida con carácter permanente. Cuando sea de carácter temporal, la validez está marcada por el plazo de la discapacidad.
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En Madrid tambien hay unas cuantas.Tienen a los del S.E.R como perros alfateando, pero el premio no consiste en una galletita sino en 3 horas libres.Lo que pasa es que muchos de mis compañeros,entre los que me incluyo no le validamos el bono de horas y se van tristes a seguir olfateando.
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En Madrid tambien hay unas cuantas.Tienen a los del S.E.R como perros alfateando, pero el premio no consiste en una galletita sino en 3 horas libres.Lo que pasa es que muchos de mis compañeros,entre los que me incluyo no le validamos el bono de horas y se van tristes a seguir olfateando.
Cómo es eso?
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En Madrid tambien hay unas cuantas.Tienen a los del S.E.R como perros alfateando, pero el premio no consiste en una galletita sino en 3 horas libres.Lo que pasa es que muchos de mis compañeros,entre los que me incluyo no le validamos el bono de horas y se van tristes a seguir olfateando.
Cómo es eso?
Si detectan una tarjeta presuntamente falsificada o manipulada y ese vehiculo es cargado por tal motivo les compensan con 3 horas libres.Dicho por controladores e inspectores del s.e.r,no es un rumor.
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Oh my god, eso no lo sabía yo. Pues nada sigamos trabajando para la empresa privada y para que "otros" tengan horas libres... si es que somos gilipollas.
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Oh my god, eso no lo sabía yo. Pues nada sigamos trabajando para la empresa privada y para que "otros" tengan horas libres... si es que somos gilipollas.
trabajando de forma ilegal a mi modo de ver.hasta que se denuncie y se pierda otra funcion que nunca nos correspondio.
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A todas luces y esperate tu que eso de retirar vh estacionados porque se tienen indicios visuales de que la tarjeta de minusvalido es falsa o no es válida ... eso seguro que a alguno le pilla el toro por LISTO.
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"Robocop" para que policías discapacitados vuelvan a las calles
Investigadores de la Universidad de la Florida están desarrollando un telebot que podría efectuar la mayoría de las funciones de un oficial de policía
(http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/10/01/121001130902_patrol_bot_304x171_universidaddeflorida.jpg)
Diseño preliminar del robot-policía, por la Universidad de Florida.
La máquina sería controlada remotamente por agentes de la autoridad o veteranos de guerra retirados por causa de una discapacidad. En este sentido, sería una suerte de híbrido no muy lejano del famoso "Robocop" de las pantallas de cine.
La otra particularidad que tendría este uniformado de última tecnología es que constituiría uno de pocos robots concebidos para devolverle el trabajo a una persona de carne y hueso, en vez de pensado para desplazar a un ser humano de sus funciones laborales.
O al menos esto es lo que se propone Jeremy Robins, un comandante de la reserva de la marina de Estados Unidos, que está promoviendo personalmente la idea, para el desarrollo de la cual ha puesto dinero de su propio bolsillo.
"Estos hombres y mujeres se unieron a la policía y las fuerzas armadas para servir a su país, pero ahora, debido a una lesión, se ven disminuidos en esa capacidad. Yo no sé cómo arreglar una lesión de la columna, pero en cambio creo que sí podemos devolver la habilidad de servir al público velando por el cumplimiento de la ley", dijo, según reseña una nota del sitio web de la universidad.
Robins también logró que le prestaran dos ejemplares del "Urban Warrior", un costoso robot creado originalmente con fines militares. Los "warrior" servirán de base para el telebot policial.
Patrullar y multar
Los robots-policía tendrían la capacidad de patrullar las calles, atender llamadas de emergencia, emitir multas y boletas de citación, y hasta resguardar instalaciones nucleares.
"El gran obstáculo de diseño que enfrentamos, curiosamente, es exactamente el mismo que los oficiales de policía enfrentan todos los días de cara al público. El telebot tiene que lucir intimidante y con suficiente autoridad como para que la gente obedezca sus órdenes (...) Pero también tiene que ser lo suficientemente amigable para que un niño de tres años que se haya perdido le pida ayuda", afirmó Robins.
Según los planes del Discovery Lab de la Universidad de Florida, a cargo del proyecto, el prototipo tendrá capacidades sensoriales, de audio y de video
Pero los desafíos no son sólo de diseño. "Queremos hacer algo que sea asequible, pero que también pueda ser desplegado en las calles. Queremos asegurarnos de que los departamentos de policía y otras instituciones puedan pagar por él", dijo el profesor Nagarajan Prabakar.
¿Cámaras glorificadas?
Otro tema es el de las implicaciones legales. "¿Serán tratados como cámaras de seguridad sobre ruedas, glorificadas, o como oficiales humanos?", se pregunta el sitio de tecnología Cnet.
(http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/10/01/121001131223_robot_social_304x171_bbc_nocredit.jpg)
Los robots se parecerán cada vez más a los seres humanos.
Los robots manejados a control remoto han incursionado ya en campos como el militar, el médico y la exploración espacial, mientras que la tecnología asociada a los robots en general parece estar experimentando un momento cúspide.
De acuerdo con especialistas del área, la tendencia no es a integrar al hombre y la máquina, sino a crear aparatos cada vez más similares a sus inventores mortales, pero más independientes de ellos.
"En el futuro cercano, vamos a usar más robots parecidos a los seres humanos (...) Todo se está automatizando y eso significa que todo es robótico. Pero la gente quiere una interface mejor", le dijo a la BBC en una ocasión el profesor Hiroshi Ishiguro, director del Laboratorio de Inteligencia Robótica de la Universidad de Osaka, en Japón.
Para el profesor Maja Mataric, de la Universidad de Carolina del Sur, los robots se convertirán en una necesidad mundial en el corto plazo, más notablemente en áreas de atención de salud y bienestar.
"La pregunta es: ¿quién va a ocuparse de las personas? Mientras que es cierto que los seres humanos son siempre las mejores capacitadas para ocuparse de otras personas, ocurre que simplemente no hay suficiente gente (en el mundo). Aquí es donde la tecnología robótica puede hacer la diferencia", dijo Mataric.
¿Podría también marcar una diferencia en el patrullaje de las calles, la persecución de sospechosos, la imposición del orden y la ley?
Aunque los robots vienen ganando terreno en campos como la capacidad para emitir juicios y tomar decisiones, no hay una respuesta definitiva al respecto. Pero casi con seguridad alguien, en algún laboratorio, entre computadoras y microchips, ya la está buscando.
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Investigadores trabajan en un robot policía para patrullar las calles
JJ Velasco (Perfil)
3 de octubre, 2012, 18:13
En 1987, de la mano de Paul Verhoeven, llegaba a los cines de todo el mundo la película RoboCop, una película distópica en la que la corporación OCP utiliza el cuerpo un policía caído en acto de servicio para desarrollar un cyborg, un nuevo policía que mezclaba la potencia de un robot con la experiencia de un policía real: RoboCop. El argumento de la película, de la que por cierto se está haciendo un remake, es pura ficción pero, quizás, no estemos tan lejos de ver un robot actuar de policía o al menos esa es la intención de un proyecto de investigación que está llevando a cabo Universidad Internacional de Florida junto a Reserva Naval de la Marina de Estados Unidos.
Aunque pueda parecer algo sacado del mundo de la ciencia-ficción, comienza a ser habitual el uso de robots para realizar tareas de vigilancia (Corea del Sur los usa como “funcionarios de prisiones”) y, siguiendo esta misma senda, el Discovery Lab de la Universidad Internacional de Florida pretende desarrollar un programa que permita usar robots controlados por agentes de policía que sufran algún tipo de discapacidad o por veteranos de guerra.
Estos “avatares” (que se basan en la telepresencia, es decir, en el control remoto) podrían utilizarse en labores de patrulla y vigilancia, aprovechando el expertise de policías y soldados que, por sus heridas o secuelas, no puedan prestar servicio de manera activa. El proyecto, que se desarrolla con la Reserva Naval de la Marina de Estados Unidos, ha recibido 20.000 dólares de financiación además del préstamo de 2 robots de desarrollo (robots programables de propósito general) valorados en medio millón de dólares (procedentes del IHMC). La idea es bastante interesante es una buena forma de reutilizar el conocimiento de soldados y policías que no pueden prestar un servicio activo de manera directa y que, de otra forma, no podrían contribuir (ni continuar con la labor de sus vidas).
El objetivo es que estos robots puedan patrullar por las calles, acudir a una llamada recibida en emergencias, poner multas de aparcamiento o, incluso, realizar tareas de vigilancia y patrulla en el perímetro de instalaciones de especial protección (como centrales nucleares).
El mayor reto de diseño al que nos enfrentamos es el mismo reto al que se enfrenta cualquier agente de policía que patrulla las calles cada día. El telebot debe tener un aspecto lo suficientemente intimidatorio y autoritario para que la gente siga sus instrucciones porque, al final, quien está detrás del robot es un agente de policía que lo controla. […] Por otro lado, debe aparentar cercanía como para que un niño perdido de 3 años se acerque al robot para que éste le ayude a encontrar a su madre
Por ahora, el proyecto se centrará en la programación de los robots antes que en el diseño de uno hecho a medida y, con esa idea, van a trabajar con las dos unidades cedidas por el IHMC (dos robots que se han usado en aplicaciones militares y en entornos industriales). Además del aspecto técnico, que un robot se ponga a patrullar por las calles tiene implicaciones legales que también deben ser estudiadas y requerirán, seguramente, de una regulación especial.
Parece que RoboCop o Avatar no están tan lejos de la realidad como quizás podríamos pensar y, sin lugar a dudas, es una importante iniciativa que el conocimiento y experiencia de los agentes de policía retirados no se pierda.
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Espero que se acuerden de los am.No estaria mal que unos cuantos de estos se dedicaran al trafico.
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Espero que se acuerden de los am.No estaria mal que unos cuantos de estos se dedicaran al trafico.
Y quedaros sin trabajo?
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Espero que se acuerden de los am.No estaria mal que unos cuantos de estos se dedicaran al trafico.
Y quedaros sin trabajo?
Al pasa que vamos seguro que no tardando mucho me detectan alguna enfermedad respiratoria.Cada se respira mas mierda.
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Espero que se acuerden de los am.No estaria mal que unos cuantos de estos se dedicaran al trafico.
Y quedaros sin trabajo?
a mi si me jubilan ahora, firmo
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Espero que se acuerden de los am.No estaria mal que unos cuantos de estos se dedicaran al trafico.
Y quedaros sin trabajo?
a mi si me jubilan ahora, firmo
No lo digas muy alto....que una prejubilación a tu edad, y con la situación austero-economica actual, les sale a peloputa....y seguro que no tendrían reparo en ello....
......................... ;fum;
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IPh533ht5AU
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Primera sentencia a favor tras 60 multas por usar la tarjeta de discapacidad de su mujer
(http://cdn.20minutos.es/img2/recortes/2012/11/26/86062-620-282.jpg)
■Un matrimonio fue sancionado 60 veces pese a la tarjeta de discapacidad de ella.
■Ya les han embargado de su cuenta 2.600 euros.
■Ganan la primera sentencia por las multas "injustas" del Ayuntamiento.
S. GOZALO. 27.11.2012
Una, dos, tres, cuatro y así hasta 60 multas de aparcamiento son las que acumulan Manuel Quintiana y su esposa, Divina Martín, por aparcar en zonas donde la tarjeta de discapacidad de ella sí permite hacerlo, tal y como publicó 20 minutos en noviembre de 2011.
Tendrá que reclamar una por una las multas en los tribunalesLa pareja inició entonces una ardua batalla al considerar que las multas interpuestas por agentes de movilidad y controladores del SER eran "injustas", al igual que los 5.400 euros que les reclamaba el Ayuntamiento de la capital y de los que ya les han embargado del banco 2.600.
Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 28 les acaba de dar la razón y ha fallado a su favor en la primera de las causas que el matrimonio tiene en los tribunales y obliga al Consistorio de Botella a devolver los 90 euros de esta multa.
El magistrado recuerda que "la posesión de la tarjeta, de acuerdo con la normativa del Ayuntamiento de Madrid, sí permite el estacionamiento en lugares donde esté prohibido mediante señales, como era el lugar donde se estacionó por el recurrente", dice la sentencia. Además, el juez evidencia que el Consistorio no atendió a ninguno de los documentos aportados, ni siquiera a la tarjeta de discapacidad de Divina.
"Quieren embargarme el sueldo"
El 2012 ha traído buena suerte a esta pareja (él –electricista en paro– ha encontrado trabajo y el reciente fallo judicial augura un final feliz a su historial de sanciones). Pero el Ayuntamiento todavía les reclama casi 3.000 euros.
"Aún quieren embargarme el sueldo, hasta ahora se lo habían cobrado de las devoluciones de Hacienda, porque estaba en paro", explica Manuel, que tendrá que reclamar una por una en los tribunales. Cuando acabe, ya anuncia "una demanda civil" por los daños causados desde 2007.
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Decenas de miles de personas marchan en Madrid por los derechos de los discapacitados
■Según los convocantes, unas 50.000 personas han participado en la marcha.
■Se trata de una manifestación histórica puesto que es la primera vez que se concentra de forma unitaria a todo el colectivo de personas con discapacidad.
■Han hecho una "llamada de socorro" a los gobernantes ante la "amenaza de ruina" a la que se exponen los logros alcanzados en los últimos 30 años.
■Este lunes es el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.
AGENCIAS / 20MINUTOS.ES / VÍDEO: ATLAS. 02.12.2012 - 17.05h
http://www.20minutos.es/noticia/1665203/0/marcha-madrid/personas-discapacidad/defensa-derechos/
Unas 50.000 personas, según los convocantes, han participado en la gran marcha para protestar contra la "regresión" de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias que ha recorrido Madrid este domingo, víspera del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.
Convocadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y bajo el lema 'SOS Discapacidad - Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo', decenas de miles de personas con discapacidad, familiares, voluntarios y profesionales se han concentrado para "ante la inquietante situación que atraviesan, agravada por la crisis, las decisiones políticas de regresión de derechos y el debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección social".
Esta manifestación histórica ha salido a las 12.00 de la calle Goya esquina con Príncipe de Vergara y ha discurrido hasta la Plaza de Colón en un ambiente festivo y luciendo pancartas que reclamaban "Derechos humanos ya".
"Estamos sufriendo muchísimo", ha asegurado Eva, una joven mujer discapacitada y dependiente que ha relatado a EFE las dificultades económicas a las que se enfrenta para acceder a los medicamentos que requiere su enfermedad y que le llevan a plantearse abandonar un tratamiento que no puede pagar.
Ya que tenemos que luchar contra la enfermedad, que no tengamos que luchar también contra el GobiernoEva, que se desplaza en silla de ruedas con la ayuda de su marido, tiene derecho a 55 horas mensuales de ayuda a domicilio a las que ha renunciado ya que debe pagar una parte. "A mi pareja la han despedido porque tenía una jornada reducida para poder ocuparse de mí", ha explicado.
"Ya que tenemos que luchar contra la enfermedad, que no tengamos que luchar también contra el Gobierno", ha reclamado.
Los manifestantes han llegado a Madrid procedentes de distintas ciudades en 300 autobuses —que han movilizado a más de 10.000 personas— y ha contado con la participación de 700 voluntarios que han prestado su ayuda a invidentes y a quienes se han desplazado en sillas de ruedas.
Una "llamada de socorro"
En el manifiesto, leído al término de la marcha, los colectivos de discapacitados han hecho una "llamada de socorro" a la sociedad y a los gobernantes ante la "amenaza de ruina" a la que se exponen los logros en términos de derechos, inclusión y bienestar alcanzados en los últimos 30 años.
"Cuando alguien está en peligro, cuando alguien siente una amenaza inminente que pone en riesgo su integridad y hasta su misma supervivencia, esa persona lanza un SOS, una llamada de socorro pidiendo y esperando una ayuda que le permita salir de esa situación de absoluta emergencia", han alertado.
La "aterradora" crisis económica, las "políticas tóxicas" y las decisiones "socialmente crueles" que —han subrayado— se ceban con los más débiles "están acabando con las todavía humildes cotas de inclusión y participación alcanzadas por las personas con discapacidad y sus familias con tanto esfuerzo en estas últimas décadas".
"Estamos a un paso de que la discapacidad sea considerada zona catastrófica", han advertido para denunciar que si en los mejores momentos económicos, las personas con discapacidad y sus familias no llegan a disfrutar del bienestar generalizado, en las épocas pésimas "sufrimos las consecuencias más devastadoras de la crisis".
"Nunca llegamos a participar del festín, cuando lo hay, pero somos los primeros a quienes se nos quitan hasta las migajas", han lamentado.
Denuncian el incumplimiento de las leyes
Los manifestantes han denunciado el incumplimiento "sistemático y estructural" de las leyes aprobadas para defender los derechos de los discapacitados, el aumento de la pobreza y la exclusión, así como el abandono de los apoyos a la familia, "que queda como única y solitaria red de soporte, cada vez más exhausta, sin apenas ya capacidad de resistencia".
Han advertido también de que el "debilitamiento, cuando no desaparición" de los bajos niveles de protección social pública conseguidos y la paralización de la creación de empleo para personas con discapacidad por falta de políticas activas de inclusión laboral suponen un "peligro real de pérdida de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad".
Las Administraciones adeudan al sector de la discapacidad más de 300 millones de eurosMás de 60.000 empleos en los 2.000 centros especiales de empleo que hay en toda España —han alertado— "pueden desaparecer mañana mismo por la reducción drástica de los apoyos públicos".
"Y por si todo esto fuera poco, las Administraciones autonómicas y locales adeudan al sector de la discapacidad, a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, más de 300 millones de euros", han asegurado.
Más de 50 asociaciones en la marcha
Además, el CERMI ha indicado que con este acto se pide "evitar el colapso" de los sistemas y dispositivos de promoción y protección de las personas con discapacidad y sus familias y ha señalado que la estrategia 'SOS Discapacidad', que iniciará su andadura con esta marcha, se mantendrá mientras perdure lo "más agudo de esta crisis".
"Por primera vez en la historia, salimos a la calle para que los políticos sepan que estamos al borde del colapso", ha explicado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, quien ha reclamado que la salida de la crisis sea también la solución para el 10%de la población que padece discapacidad, unos 4 millones de personas.
Más de medio centenar de organizaciones secundan este acto: FEDACE, Autismo España, DOWN España, COCEMFE, PREDIF, AFEM, Confederación Aspace, FIAPAS, Cocarmi, CNSE, EDF, FEDER, FEAPS, FEACEM, DOWN Madrid, Fundación ONCE, FNETH, FEDAGAGE, ACIME, FEAFES, Plataforma del Tercer Sector, Consejo Navarro de la Discapacidad, FELEM, Plataforma de ONG de Acción Social, ONCE, Cogami, Federación Española del Síndrome X Frágil, Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia, Special Olympics.
También se han adherido ECOM, AEDIS, el Comité Paralímpico Español, UNAD, Aecemfo, APEMIB, Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA), la Federación de Empresas de la Dependencia (FED) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), entre otras.
El CERMI es la plataforma de encuentro y acción política de las personas con discapacidad, constituido por las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad, varias entidades adheridas de acción sectorial y un nutrido grupo de plataformas autonómicas, todas las cuales agrupan a su vez a más de 6.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los 3,8 millones de personas con discapacidad que hay en España, un 10% de la población total.
UGT critica la reforma laboral
UGT asegura que la reforma laboral ha hecho más precario el trabajo de las personas con discapacidad, que cuentan con peores condiciones laborales y un salario menor, y critica que en 2012 la contratación indefinida de este colectivo haya retrocedido un 22% respecto a la del año anterior.
En este sentido considera que se debería delimitar el uso de la modalidad del contrato para la formación y el aprendizajea personas con discapacidad, estableciendo un límite en la edad y fijando unas retribuciones que prevengan de situaciones de exclusión social.
UGT también cree que en la reforma laboral debería modificarse el precepto que se refiere a los despidos por faltas justificadas de asistencia al trabajo cuando se trata de empleados discapacitados, y sobre todo en aquellos contratos que tienen suscrita una relación laboral de carácter especial por su grado de enfermedad.
Por su parte, el sindicato CC OO ha denunciado que el Gobierno Regional de Murcia "recorta siete millones de euros en atención a las personas con discapacidad" en 2013, que se suma al descenso del 20'6% en la partida de programas del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para este colectivo.
En un comunicado de prensa, fuentes de este sindicato han explicado que los Presupuestos Generales de la CARM para 2013 incluyen para el programa de Personas con discapacidad una dotación inicial de 55,1 millones de euros, 7,5 millones menos que en 2012, lo que supone un 12% menos en términos relativos.
En este sentido, han insistido en que en 2013 se recortará 130.000 euros de la partida de prestación de servicios a personas con discapacidad y 489.318 euros de dos partidas relacionadas con prestaciones económicas para cuidados familiares de la ley de Dependencia.
Así mismo, han explicado que a esto se suma el hecho de que el ministerio del ramo ha reducido el próximo año "la partida para programas destinados a personas con discapacidad del 20'6% y la del Real Patronato un 7%, mientras que los programas del IMSERSO tienen una reducción del 25% en los convenios de accesibilidad y continúa la reducción de plazas concertadas".
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Primera sentencia a favor tras 60 multas por usar la tarjeta de discapacidad de su mujer
(http://cdn.20minutos.es/img2/recortes/2012/11/26/86062-620-282.jpg)
■Un matrimonio fue sancionado 60 veces pese a la tarjeta de discapacidad de ella.
■Ya les han embargado de su cuenta 2.600 euros.
■Ganan la primera sentencia por las multas "injustas" del Ayuntamiento.
S. GOZALO. 27.11.2012
Una, dos, tres, cuatro y así hasta 60 multas de aparcamiento son las que acumulan Manuel Quintiana y su esposa, Divina Martín, por aparcar en zonas donde la tarjeta de discapacidad de ella sí permite hacerlo, tal y como publicó 20 minutos en noviembre de 2011.
Tendrá que reclamar una por una las multas en los tribunalesLa pareja inició entonces una ardua batalla al considerar que las multas interpuestas por agentes de movilidad y controladores del SER eran "injustas", al igual que los 5.400 euros que les reclamaba el Ayuntamiento de la capital y de los que ya les han embargado del banco 2.600.
Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 28 les acaba de dar la razón y ha fallado a su favor en la primera de las causas que el matrimonio tiene en los tribunales y obliga al Consistorio de Botella a devolver los 90 euros de esta multa.
El magistrado recuerda que "la posesión de la tarjeta, de acuerdo con la normativa del Ayuntamiento de Madrid, sí permite el estacionamiento en lugares donde esté prohibido mediante señales, como era el lugar donde se estacionó por el recurrente", dice la sentencia. Además, el juez evidencia que el Consistorio no atendió a ninguno de los documentos aportados, ni siquiera a la tarjeta de discapacidad de Divina.
"Quieren embargarme el sueldo"
El 2012 ha traído buena suerte a esta pareja (él –electricista en paro– ha encontrado trabajo y el reciente fallo judicial augura un final feliz a su historial de sanciones). Pero el Ayuntamiento todavía les reclama casi 3.000 euros.
"Aún quieren embargarme el sueldo, hasta ahora se lo habían cobrado de las devoluciones de Hacienda, porque estaba en paro", explica Manuel, que tendrá que reclamar una por una en los tribunales. Cuando acabe, ya anuncia "una demanda civil" por los daños causados desde 2007.
Si la tarjeta estaba visible no entiendo las denuncias.
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Primera sentencia a favor tras 60 multas por usar la tarjeta de discapacidad de su mujer
(http://cdn.20minutos.es/img2/recortes/2012/11/26/86062-620-282.jpg)
■Un matrimonio fue sancionado 60 veces pese a la tarjeta de discapacidad de ella.
■Ya les han embargado de su cuenta 2.600 euros.
■Ganan la primera sentencia por las multas "injustas" del Ayuntamiento.
S. GOZALO. 27.11.2012
Una, dos, tres, cuatro y así hasta 60 multas de aparcamiento son las que acumulan Manuel Quintiana y su esposa, Divina Martín, por aparcar en zonas donde la tarjeta de discapacidad de ella sí permite hacerlo, tal y como publicó 20 minutos en noviembre de 2011.
Tendrá que reclamar una por una las multas en los tribunalesLa pareja inició entonces una ardua batalla al considerar que las multas interpuestas por agentes de movilidad y controladores del SER eran "injustas", al igual que los 5.400 euros que les reclamaba el Ayuntamiento de la capital y de los que ya les han embargado del banco 2.600.
Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 28 les acaba de dar la razón y ha fallado a su favor en la primera de las causas que el matrimonio tiene en los tribunales y obliga al Consistorio de Botella a devolver los 90 euros de esta multa.
El magistrado recuerda que "la posesión de la tarjeta, de acuerdo con la normativa del Ayuntamiento de Madrid, sí permite el estacionamiento en lugares donde esté prohibido mediante señales, como era el lugar donde se estacionó por el recurrente", dice la sentencia. Además, el juez evidencia que el Consistorio no atendió a ninguno de los documentos aportados, ni siquiera a la tarjeta de discapacidad de Divina.
"Quieren embargarme el sueldo"
El 2012 ha traído buena suerte a esta pareja (él –electricista en paro– ha encontrado trabajo y el reciente fallo judicial augura un final feliz a su historial de sanciones). Pero el Ayuntamiento todavía les reclama casi 3.000 euros.
"Aún quieren embargarme el sueldo, hasta ahora se lo habían cobrado de las devoluciones de Hacienda, porque estaba en paro", explica Manuel, que tendrá que reclamar una por una en los tribunales. Cuando acabe, ya anuncia "una demanda civil" por los daños causados desde 2007.
Si la tarjeta estaba visible no entiendo las denuncias.
Por una....digamos...."rara" autorización municipal que permite estacionar con dichos distintivos en zonas de estacionamiento prohibido pero "ateniendose a las indicaciones de los agentes encargados del tráfico".....aunque ese vehículo autorizadamente estacionado en lugar prohibido obligue a otros vehículos a circular, parcialmente, sobre la acera para poder pasar.......
........que no digo que este sea el caso......pero la "base" es lo descrito en primer lugar.
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Policías, bomberos y miembros de Protección Civil aprenden la lengua de signos para atender a víctimas con discapacidad
El Plan de Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) de 2013, dirigido a policías locales, bomberos y miembros de servicios de emergencias y Protección Civil, incluye cursos de introducción a la lengua de signos española para que puedan atender adecuadamente a personas sordas o con discapacidad auditiva cuando han sido víctimas de violencia de género o de agresiones o han sufrido lesiones en un siniestro.
El Consejo Rector de la ESPA, organismo dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, ha aprobado este lunes en una reunión presidida por el consejero, Emilio de Llera, el Plan de Formación del próximo año, en el que se establecen como acciones de especial atención la introducción al lenguaje de signos, así como la lucha contra la discriminación y la igualdad de trato y no discriminación de colectivos que sufren algún riesgo de exclusión.
En el ámbito de la formación dirigida a la Policía Local, el nuevo plan contiene como novedad la implantación de cursos sobre mediación, un procedimiento que permite resolver un conflicto sin necesidad de acudir a los tribunales y cuyo desarrollo está impulsando la Consejería de Justicia e Interior, según ha informado el departamento que dirige Emilio de Llera en una nota.
La mediación permitirá a los policías locales dispensar una mejor atención a la ciudadanía, ya que, además de un agente de la autoridad, deben prestar un servicio de protección y cumplen también importantísimas funciones como policía administrativa y asistencial, así como policía judicial.
En total, con el plan de 2013 se impartirán en total cerca de 8.800 horas de formación a través de cursos presenciales, semipresenciales y en red, que se convocarán a lo largo del próximo año tras su publicación en el BOJA. El objetivo fundamental de estos cursos es facilitar a policías locales, bomberos y miembros de los servicios de emergencias y Protección Civil de toda Andalucía una formación continuada para un mejor desempeño de sus cometidos y de la atención, por tanto, que recibe la ciudadanía.
La ESPA pretende así proporcionar a estos profesionales de la seguridad pública herramientas y técnicas de intervención que se adapten a las nuevas realidades, crear espacios de reflexión y de intercambio sobre sus prácticas profesionales, y establecer parámetros adecuados de calidad, productividad y mejora de la organización.
Para la elaboración del plan, la ESPA ha tenido muy en cuenta la experiencia del pasado ejercicio, las peticiones y sugerencias del alumnado, de los ayuntamientos y otros organismos, las novedades legislativas que afecten a la seguridad pública y las necesidades de especialización en áreas como el control de drogas en conductores, la mediación o la violencia de género.
SERVICIOS DE CALIDAD
Con esta apuesta por la formación continuada, la Junta de Andalucía persigue que los ayuntamientos y organismos públicos andaluces dispongan de buenos profesionales integrados en un proyecto común de seguridad pública, que ofrezca unos servicios de calidad a la ciudadanía.
En sus 25 años de existencia, la ESPA ha impartido un total de 4.600 cursos y ha formado a cerca de 140.000 profesionales de la seguridad y las emergencias, entre agentes de la Policía Local, Policía Nacional y Unidad adscrita a la Junta, bomberos, efectivos de Protección Civil y técnicos de emergencias de Andalucía y de otras comunidades autónomas.
Además, la ESPA ha hecho un esfuerzo por acercar la formación a los responsables de la seguridad y emergencias en Andalucía, organizando cursos comarcales en un gran número de municipios andaluces. De esta forma, cerca de 70.000 alumnos han podido acceder a esta acciones formativas en sus propias localidades, gracias al impulso de las delegaciones del Gobierno en cada una de las provincias y con la colaboración de ayuntamientos y diputaciones.
Paralelamente, se han ido mejorando las instalaciones de la Escuela de Seguridad Pública, que ofrecen el soporte técnico y didáctico necesario para una formación de calidad, y se han puesto en marcha nuevas experiencias que fomentan la teleformación, la especialización en las nuevas demandas ciudadanas en materia de seguridad y emergencias, y el incremento del número de horas prácticas en los cursos impartidos.
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TVE se disculpa por decir "minusválido" en un telediario
La enésima metedura de pata de TVE ha herido sensibilidades. En el programa RTVE responde, la Defensora del Espectador, Elena Sánchez, se ha visto obligada a pedir disculpas por pronunciar la palabra "minusválido" en un telediario, en lugar de "persona con discapacidad".
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define a quien sufre una o más discapacidades como "persona con discapacidad". Y, por ende, aconseja a los medios de comunicación que utilicen esta definición.
Una espectadora advirtió de las "connotaciones negativas" del término "minusválido". El editor del Telediario 2, José Luis Regalado, ha dado la razón a dicha espectadora y ha recalcado que el ente público siempre tiene "extremo cuidado con estas cosas, y en los informativos especialmente".
"Es raro que se nos escape una palabra como minusválido, porque no la solemos usar. Ha sido una excepción y es difícil que se vuelva a oír", afirmaba Regalado, añadiendo que con minusválido hacían hincapié en alguien que "se vale menos" y no en alguien que "sea menos válido".
Por su parte, Sánchez exponía: "En España hay cuatro millones de personas con discapacidad que reclaman que utilicemos ese término, personas con discapacidad, para ayudar a darles visibilidad y que contribuyamos a dar una realidad de personas con normalidad".
Regalado también ha pedido perdón por emitir una noticia sobre la guía Michelin con los mejores restaurantes del mundo justo detrás de otra sobre la hambruna en el mundo. "Es lo que se llama un error de escaleta. Están mal colocadas esas noticias y hay que reconocerlo".
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Que gilipollez tan asombrosa.De cualquier chorrada los hay que se llevan las manos a la cabeza.
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Que gilipollez tan asombrosa.De cualquier chorrada los hay que se llevan las manos a la cabeza.
minusválido, da.
(Del lat. minus, menos, y válido).
1. adj. Dicho de una persona: Incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc. U. t. c. s.
discapacitado, da.
(Calco del ingl. disabled).
1. adj. Dicho de una persona: Que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas. U. t. c. s.
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A lo que voy es que no hace falta ser tan tiquismiquis y ofenderse por algo que todos y cada uno hemos dicho bien o mal.
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La OID denunciará a la Policía por "prevaricación, coacciones y amenazas"
Asegura que la Junta de Andalucía no tiene competencias para sancionar a esa asociación
R.D. jerez | Actualizado 21.02.2013 -
La Organización Impulsora de Discapacitados (OID) ha anunciado que presentará una denuncia contra la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía por "prevaricación, coacciones y amenazas" a los vendedores de la entidad, tras la incautación este pasado martes de 37.800 boletos de la OID por no estar autorizada por la Junta de Andalucía para la celebración, organización y distribución de un sorteo paralelo al de la ONCE.
En un comunicado, la OID espera que esta información sea rectificada "a la mayor brevedad", ya que, tal y como subrayan en primer lugar, la Junta de Andalucía "no es competente para sancionar a la OID", recordando que así lo ha comunicado el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, mediante oficio de 17 de enero de 2005 remitido al Ministerio del Interior.
En segundo lugar, asegura la organización que la Audiencia Nacional, "quien sí es competente" para el conocimiento de las actuaciones sobre la venta de boletos de la OID, "ya ordenó al Servicio de Vigilancia Aduanera en Cádiz, mediante oficio de 7 de julio de 2005, la devolución de 379.700 boletos intervenidos el 21 de noviembre de 2002", agregando que el Servicio de Vigilancia Aduanera hizo entrega de los 379.700 boletos a la OID el 7 de febrero de 2006, "cumpliendo así con lo ordenado por la Audiencia Nacional".
Al hilo, recalca que "hasta la fecha, y pese a quien pese", la OID "sólo tiene victorias judiciales". Así lo atestiguan, según apuntan, "los 121 Autos de archivo a lo largo del territorio nacional por denuncias interpuestas por la ONCE o Asociaciones afines que han quedado en nada".
"La OID jamás ha sido condenada por ninguno de los hechos denunciados; la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha pronunciado hasta en 15 ocasiones, llegando a condenar en costas a la ONCE por abuso de derecho y mala fe procesal", expone la organización, que destaca, en este sentido, que sus autos de archivo -20 de abril de 1999, de 22 de noviembre de 2001, y de 10 de noviembre de 2004- "repiten hasta la saciedad lo que la Junta de Andalucía, en base a intereses que no alcanzamos a entender, ignora e incluso desacata".
Finalmente, la OID, como portavoz de los más de cuatro millones de discapacitados en España, exige a la Policía que "cese en su intento de acoso y derribo a los vendedores, mediante la filtración a los medios de una noticia falsa, tendenciosa, con el fin de dinamitar la moral de trabajadores discapacitados que lo único que quieren es ganarse la vida de un modo digno". En este sentido, señala qie denunciará a la Policía "por prevaricación, coacciones y amenazas a los vendedores de la Organización Impulsora de Discapacitados".
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Y qué dice la norma, señora?
Alicante
La Policía levanta acta a una asesora de EU por aparcar en una plaza de discapacitado
El Ayuntamiento asegura que utilizó una tarjeta de autorización a nombre de su padre y ella esgrime que el vehículo es de uso familiar23.02.2013 | 01:45
(http://fotos00.diarioinformacion.com/2013/02/23/646x260/policia-levanta.jpg)
La asesora entrega la documentación antes de salir, ayer. información
Fotos de la noticia
s. escribano La Policía Local levantó un acta ayer a una asesora del grupo municipal de Esquerra Unida por aparcar su coche durante su jornada laboral en una plaza de discapacitados ubicada junto al Paseíto de Ramiro utilizando, según fuentes policiales, la tarjeta de autorización a nombre de su padre. Los efectivos, según las mismas fuentes, actuaron después de que vecinos del entorno alertaran de que veían aparcar habitualmente a una chica joven a la que veían salir del vehículo sin problemas de movilidad en esa plaza.
La asesora, por su parte, admite la irregularidad de estacionar el vehículo en una plaza reservada para personas con discapacidad, pero sostiene que no utilizó indebidamente la tarjeta de autorización a nombre de su padre porque, según afirma, aunque se encontraba en el interior del coche por ser de uso familiar no estaba colocada de forma visible, en contra de lo que sostienen las fuentes policiales consultadas. Esther Rubio esgrime, además, que estacionó el coche en esa plaza durante una hora y negó que lo aparcara allí habitualmente. Así lo sostienen, no obstante, los vecinos que trasladaron su queja a los agentes, según indicaron las fuentes, quienes indican que hay fotos del vehículo estacionado allí entre las 10.30 horas de ayer y las 15.18 horas de ayer. Los efectivos le pidieron la documentación cuando se dirigía a recoger el coche y comprobaron los datos de la autorización que figuraba a nombre de su padre para levantar un acta previa a la sanción que prevén imponer a la asesora. Según Rubio, en ningún momento firmó ningún acta ni se le informó de que se le fuera a interponer una multa.
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Eso es más habitual de lo que nos pensamos. Gente usando las tarjetas de familiares para aparcar en las zonas reservadas. Esos estacionamientos, se deberían perseguir especialmente.
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Y qué dice la norma, señora?
Alicante
La Policía levanta acta a una asesora de EU por aparcar en una plaza de discapacitado
El Ayuntamiento asegura que utilizó una tarjeta de autorización a nombre de su padre y ella esgrime que el vehículo es de uso familiar
EU aplaude la multa de la Policía Local a una asesora de su partido
Rogelio González afirma que los agentes hicieron bien su trabajo y "cumplieron con su función"
24.02.2013 | 10:01
La asesora muestra documentación. información s. ll.
La formación municipal de Esquerra Unida (EU) salió ayer en defensa de la actuación de la Policía Local, que levantó un acta el jueves a una asesora del grupo municipal de EU por aparcar su coche durante su jornada laboral en una plaza de discapacitados ubicada junto al Paseíto de Ramiro utilizando la tarjeta de autorización a nombre de su padre.
El concejal de la formación Rogelio González explicó ayer que la Policía "hizo bien su trabajo" y que la multa a la asesora es algo que "no solamente nos parece bien, sino que aplaudimos, porque consideramos que eso evidencia un trabajo bien hecho al cumplir con su función".
Como publicó ayer este diario, agentes de la Policía Local actuaron contra la asesora después de que vecinos del entorno alertaran de que veían aparcar habitualmente a una chica joven a la que veían salir del vehículo sin problemas de movilidad en esa plaza.
La asesora, Esther Rubio, admitió la irregularidad de estacionar el vehículo en una plaza reservada para personas con discapacidad, pero ssostuvo que no utilizó indebidamente la tarjeta de autorización a nombre de su padre porque aunque se encontraba en el interior del coche por ser de uso familiar no estaba colocada de forma visible, en contra de lo que sostienen las fuentes policiales consultadas. Rubio esgrime, además, que estacionó el coche en esa plaza durante una hora y negó que lo aparcara allí habitualmente, como aseguran los vecinos.
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ÁVILA - POLÍTICA MUNICIPAL
Miércoles, 3 de Abril de 2013 - 14:35
Policías locales de Castilla y León se forman en atención inclusiva a personas con discapacidad
E. Rodríguez - Los agentes participan en un taller de empatía para conocer las necesidades de personas ciegas, sordas, autistas o con discapacidad mental
Un total de 45 policías locales de Ávila, Arenas de San Pedro, Valladolid y Salamanca participaron hoy en las Jornadas de formación en atención inclusiva y conocimientos básicos de accesibilidad impartidas en la Escuela Regional de Policía Local, ubicada en Ávila. Los agentes recibieron formación práctica en un taller de empatía que les permitió ponerse en el lugar de una persona discapacitada para conocer mejor sus necesidades.
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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Badajoz aprenden técnicas de atención de personas con discapacidad intelectual
Cabe señalar que, la Asociación Pro-Discapacitados Amifp ha impartido la charla, en la que se han dado una serie de pautas a tener en cuenta por los profesionales policiales que tienen una relación directa con la ciudadanía.
24/04/2013
De esta forma, se ha ofrecido una visión general para facilitar el trato con las personas con discapacidad intelectual, "poniendo de relieve cómo un cercamiento adecuado facilita esas relaciones".
Por otra parte, la Jefatura Superior de Policía ha informado de que continua con su labor de "facilitar la accesibilidad a estas dependencias policiales" y ha instalado unos carteles indicativos de entrada accesible para personas en situación de movilidad reducida, a sugerencia de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura.
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TE REQUIEREN---------------
QUE HACESSSSSSSSSSSSSSSSS
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Parking privado, no es vía pública...
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Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Ámbito de aplicación de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
Artículo 1 Ámbito de aplicación
1. Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, los de este reglamento y los de las demás disposiciones que la desarrollen serán aplicables en todo el territorio nacional y obligarán a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.
2. En concreto, tales preceptos serán aplicables:
a) A los titulares de las vías públicas o privadas, comprendidas en el párrafo c), y a sus usuarios, ya lo sean en concepto de titulares, propietarios, conductores u ocupantes de vehículos o en concepto de peatones, y tanto si circulan individualmente como en grupo.
Asimismo, son aplicables a todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin estar comprendidas en el inciso anterior, resulten afectadas por dichos preceptos.
b) A los animales sueltos o en rebaño y a los vehículos de cualquier clase que, estáticos o en movimiento, se encuentren incorporados al tráfico en las vías comprendidas en el primer inciso del párrafo c).
c) A las autopistas, autovías, carreteras convencionales, a las áreas y zonas de descanso y de servicio, sitas y afectas a dichas vías, calzadas de servicio y a las zonas de parada o estacionamiento de cualquier clase de vehículos; a las travesías, a las plazas, calles o vías urbanas; a los caminos de dominio público; a las pistas y terrenos públicos aptos para la circulación; a los caminos de servicio construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades de sus titulares y a los construidos con finalidades análogas, siempre que estén abiertos al uso público, y, en general, a todas las vías de uso común públicas o privadas.
No serán aplicables los preceptos mencionados a los caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de similar naturaleza, construidos dentro de fincas privadas, sustraídos al uso público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y sus dependientes.
3. El desplazamiento ocasional de vehículos por terrenos o zonas de uso común no aptos para la circulación, por tratarse de lugares no destinados al tráfico, quedará sometido a las normas contenidas en el título I y en el capítulo X del título II de este reglamento, en cuanto sean aplicables, y a lo dispuesto en la regulación vigente sobre conductores y vehículos, respecto del régimen de autorización administrativa previa, previsto en el título IV del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos y la idoneidad de éstos para circular con el mínimo riesgo posible.
4. En defecto de otras normas, los titulares de vías o terrenos privados no abiertos al uso público, situados en urbanizaciones, hoteles, clubes y otros lugares de recreo, podrán regular, dentro de sus respectivas vías o recintos, la circulación exclusiva de los propios titulares o sus clientes cuando constituyan una colectividad indeterminada de personas, siempre que lo hagan de manera que no desvirtúen las normas de este reglamento, ni induzcan a confusión con ellas.
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TE REQUIEREN---------------
QUE HACESSSSSSSSSSSSSSSSS
Entrar, denunciar a requerimiento y marcharme.
Es vía privada de uso público (es decir, que NO esta sustraido al uso público), pero la denuncia ha de ser a requerimiento pues de oficio solo lo pueden ser las vías de las que sea titular la Admon. correspondiente....y de retirar con grúa por estacionamiento indebido en ese tipo de vías nasti de plasti.
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Falsa
http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/tarjetas_no_originales_no_expedidas_por_el_organismo_oficial.pdf
Verdadera
http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/tarjeta_original_expedida_por_el_organismo_oficial.pdf
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Condena ridícula.
Dos años de cárcel para un cuidador que abusó sexualmente de un joven discapacitado
El condenado, con antecedentes penales, llevaba en el momento de producirse los abusos diez años trabajando en el colegio
Sucesos | 09/09/2013 - 15:14h | Última actualización: 09/09/2013 - 15:24h
Torrelavega. (Efe).- El Juzgado de la Penal número 1 de Santander ha condenado a 2 años de cárcel a un cuidador del colegio Fernando Arce, de Torrelavega, por abusar sexualmente de un joven con deficiencia mental severa, mientras ejercía sus funciones en este centro de atención a personas con discapacidad.
En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez declara probado que el acusado fue sorprendido por una compañera de trabajo cogiendo el pene del joven -de 27 años, cuya discapacidad le impide gobernarse por sí mismo-, "para satisfacer sus deseos sexuales" y que le masturbó y le practicó una felación.
En su resolución el juez no aplica para el condenado la medida de alejamiento de la víctima, como solicitaba el Ministerio Fiscal. El condenado, con antecedentes penales, llevaba en el momento de producirse los abusos diez años trabajando en el colegio, dependiente de la Fundación Asilo Torrelavega -que atiende a discapacidades y personas mayores-, y, según la sentencia, la dirección del centro no avisó a la familia hasta días después, cuando los padres detectaron un comportamiento extraño en el chico.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 3 junio de 2010, cuando el cuidador se ocupaba de un grupo de jóvenes discapacitados en un patio interior del centro. En ese momento, según recoge la sentencia, otra cuidadora regresó al patio y se sorprendió cuando el joven discapacitado llamó su atención con una mano, ya que el chico no puede hablar debido a su 79 % de discapacidad.
La trabajadora del centro, que testificó en el juicio, descubrió al acusado cogiendo el pene del joven y realizándole una felación, por lo que puso los hechos en conocimiento de la dirección del centro que, según se recoge en la sentencia, dio vacaciones a esta cuidadora.
El condenado negó ante el juez los abusos sexuales y aseguró que lo visto por la otra cuidadora se debía al hecho de que estaba vistiendo de forma correcta al joven, porque éste salió del cuarto de baño "con los calzoncillos subidos por encima de los pantalones". También explicó que ese comportamiento era habitual en el chico "para llamar la atención", y que debido a su discapacidad necesitaba ayuda y asistencia para ir al baño.
Durante el juicio se tomó declaración a varios educadores y responsables del centro, así como al padre del joven discapacitado quien aseguró ante el juez que tras este incidente su hijo tenía comportamientos extraños que le hizo "hilar" que algo ocurría, y que el propio colegio le confirmó días después.
También explicó que el centro, tras varias reuniones con sus responsables, no quiso denunciar los hechos, por lo que fue la familia la que inició las acciones legales.
En su resolución, el juez absuelve a la Fundación Asilo de Torrelavega como responsable civil subsidiario de estos hechos, por lo que exime a la institución de pagar los 50.000 euros de indemnización por daños morales, que solicitaba la familia del joven. La familia del discapacitado ha anunciado que recurrirá la sentencia, mientras que el presidente de la Fundación Asilo, Luis López Ormazábal, ha reconocido que, a nivel personal, le "cuesta creer" que el acusado haya hecho lo que señala la sentencia, además de recordar que el juez exime de responsabilidad a la institución.
También ha explicado que el acusado no trabaja ya en el centro desde que se produjo la denuncia por parte de los padres. Sin embargo, ha reconocido que la Fundación "tendrá que estudiar el asunto" si el acusado solicita el retorno a su puesto de trabajo, pero no ha precisado si su salida del centro se debió a un despido o una excedencia.
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TE REQUIEREN---------------
QUE HACESSSSSSSSSSSSSSSSS
Entrar, denunciar a requerimiento y marcharme.
Es vía privada de uso público (es decir, que NO esta sustraido al uso público), pero la denuncia ha de ser a requerimiento pues de oficio solo lo pueden ser las vías de las que sea titular la Admon. correspondiente....y de retirar con grúa por estacionamiento indebido en ese tipo de vías nasti de plasti.
Y ni eso. No tengo competencia... bye.
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:hipo
Parking minusvalido
Notapor Zar^ » Dom Oct 06, 2013 3:21 pm
Hola, paso a relatar lo que me acaba de suceder, tengo una tarjeta de minusvalido con parking privativo señalizado y pintado delante de casa, al llegar me encuentro un coche que tiene casi un metro del la parte de atrás encima de lo pintado, impidiendome poder estacionar, llamo a la policía municipal y al llegar, en vez de llevarse el coche mal estacionado -vinieron con grúa- mueven el coche aparcado detrás para hacer sitio al mío dejando el mal estacionado sin mover, sin multar ni hacer nada...estupefacto me he quedado...es normal esto? Que puedo hacer? no me parece lógica esa actuación y me gustaría hacer algo al respecto
Gracias
http://www.foropolicia.es/foros/parking-minusvalido-t115905.html
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Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
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Un resumen hombre, un resumen.
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Un resumen hombre, un resumen.
Que grado de discapacidad tiene?
Es para ver si entra en la ley..
;fum;
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Un resumen hombre, un resumen.
Que grado de discapacidad tiene?
Es para ver si entra en la ley..
;fum;
:Plasplas :Plasplas :Plasplas :Plasplas
Desde que eres menos administrador tu sentido del humor me gusta más.
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buenas soy policía local en las palmas de gc y mi duda es la intervención con la nueva señalización en los reservados de los minusvalidos. Según la ley 8/95 de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación y el decreto 227/97 por el que se aprueba el reglamento de la ley 8/95. Dice que una plaza de aparcamiento es adaptada si: está identificada con el símbolo de accesibilidad en el suelo y una señal vertical visible con el mismo símbolo. Pero dicho símbolo de accesibilidad no viene recogido en el anexo I del R.G.C. ¿Se podría intervenir en el reservado en matería de tráfico si dicha señalización no existe? o sería mejor colocar la señal en el suelo y en la vertical la señal de indicación S-17 con el símbolo de accesibilidad
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Las competencias a efectos de ordenación del tráfico como sabes, las tienen delegadas los Ayuntamientos, en principio pueden regularlo como estimen, deberías buscar la regulación en tu Ayuntamiento al respecto y si consideras realizar una propuesta de señalización para adecuarla, sólo esperar que acepten pero con la crisis...espero haberte ayudado
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http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/senalizacion_reglamentaria_de_los_aparcamientos_de_minusvalidos.pdf
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Cada día hay más abuso con las tarjetas de discapacitados ( las de aparcamiento ). Vaya cara dura tiene la gente.
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La Policía Local de Alzira interviene 95 tarjetas de párking para discapacitados
11.01.14 - 00:12 - REDACCIÓN | ALZIRA.
La Policía Local de Alzira ha intervenido 95 tarjetas de aparcamiento para discapacitados en 2013 gracias a la campaña iniciada el pasado año con motivo de las irregularidades detectadas en el uso de estas tarjetas según destacaron mediante un comunicado remitido desde este organismo.
De las 95 tarjetas intervenidas, 16 estaban caducadas, 56 eran fotocopias, 6 se habían duplicado por presunta pérdida fraudulenta, 16 pertenecían a personas fallecidas y una estaba falsificada.
El caso más grave es la detección de una falsificación integral, que se puso en conocimiento de la autoridad judicial como un delito de falsificación.
Asimismo, se han incoado 303 expedientes con una sanción de 200 euros por estacionar «indebidamente» en zonas que estaban reservadas a vehículos de personas de movilidad reducida.
La Policía Local de Alzira ha informado de que seguirá con estos controles «para evitar el mal uso de los estacionamientos reservados a vehículos de personas que lo necesitan, y sancionar cuando sea necesario».
El concejal de Policía Local, Eliseo Candela, ha manifestado que «se están habilitando nuevos estacionamientos para vehículos de discapacitados para que esas personas se beneficien».
«Continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para acabar con el posible fraude, como incluir modificaciones en la ordenanza de concesión de las tarjetas de estacionamiento para discapacitados», ha añadido el edil responsable.
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La Policía Nacional detiene en Almería a los progenitores de una chica de 27 años con un 75% de discapacidad por obligarla a ejercer la mendicidad
Jueves, 30 de Enero de 2014 14:30 La Gaceta de Almería
Dejaban a su hija en diferentes puntos estratégicos de la ciudad siguiendo un horario estricto para que aportara un dinero extra al núcleo familiar. Agentes de la Policía Nacional han detenido a los padres de una joven de 27 años, con una discapacidad de un 75 % de minusvalía, a la que obligaban a ejercer la mendicidad en las puertas de establecimientos y centros comerciales de Almería. El progenitor era el encargado de llevar a la hija en coche y dejarla en las puertas de los establecimientos siguiendo una rutina estricta en cuanto a horarios y zonas donde ejercer la mendicidad para que aportara un dinero extra al núcleo familiar.
La investigación comenzó a finales del pasado mes de diciembre. A través de diversas gestiones, los agentes pudieron comprobar como una joven de nacionalidad rumana ejercía la mendicidad a distintas horas del día frente a varios establecimientos comerciales. Al ser identificada por los investigadores, se pudo comprobar que la misma padecía algún tipo de discapacidad mental. Posteriormente este hecho fue confirmado por la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Almería donde tenía reconocida una minusvalía del 75%.
Una vez confirmado estos extremos, los agentes encargados del caso desarrollaron un dispositivo de vigilancia y control sobre la víctima, comprobando como seguía una rutina estricta, en cuanto a horarios y zonas donde ejercía la mendicidad, siendo su propio padre el que controlaba su actividad.
El pasado viernes, día 17 de enero se procedió a la detención de los padres de la joven explotada como presuntos autores de un delito contra los deberes familiares y trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
La investigación y detención ha sido llevada a cabo por agentes del grupo U.C.R.I.F. de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Almería.
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Hasta para ser discapacitado y que se te nombre y homenajee hay que pertenecer a la "E".
El cupón de la ONCE homenajea a los militares y guardias civiles con discapacidad
Alberto Durán sostiene que la defensa de la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, no de caridad
Redacción / Madrid- 01/04/2014
Imagen del acto
La Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (Acime) protagoniza el motivo del cupón del sorteo de la ONCE del sábado 5 de abril. Cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de esta asociación por toda España.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán y el presidente de la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad, Andrés Medina, han presentado esta mañana la imagen del cupón en un acto al que ha asistido además, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles.
“La defensa de las personas con discapacidad no es una cuestión de políticas caritativas sino de derechos humanos”, dijo Alberto Durán. “Tenemos que avanzar hacia una realidad que afecta al 10% de la población, un compromiso para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad”. A su juicio, Fundación ONCE y Acime comparten los mismos valores en la defensa de una sociedad mejor “por su instinto de superación y su audacia”. “En nuestra casa decimos que no trabajamos sino que militamos por ese compromiso y entrega por la causa”. En este sentido juzgó de “ejemplarizante” la acción de Acime en la sociedad.
La Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad, creada en 1989, es una organización no gubernamental que aglutina, de forma voluntaria, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sufrido heridas, lesiones o enfermedades, que les han producido una discapacidad. Para más información: www.acime.es.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es.
Cinco sueldos para toda una vida
Por dos euros, el cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros al contado más un ‘Sueldazo’ de más de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, otros cuatro ‘Sueldazos’ de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. Y 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, entre otros muchos.
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Hasta para ser discapacitado y que se te nombre y homenajee hay que pertenecer a la "E".
El cupón de la ONCE homenajea a los militares y guardias civiles con discapacidad
Alberto Durán sostiene que la defensa de la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, no de caridad
Redacción / Madrid- 01/04/2014
Imagen del acto
La Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (Acime) protagoniza el motivo del cupón del sorteo de la ONCE del sábado 5 de abril. Cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de esta asociación por toda España.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán y el presidente de la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad, Andrés Medina, han presentado esta mañana la imagen del cupón en un acto al que ha asistido además, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles.
“La defensa de las personas con discapacidad no es una cuestión de políticas caritativas sino de derechos humanos”, dijo Alberto Durán. “Tenemos que avanzar hacia una realidad que afecta al 10% de la población, un compromiso para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad”. A su juicio, Fundación ONCE y Acime comparten los mismos valores en la defensa de una sociedad mejor “por su instinto de superación y su audacia”. “En nuestra casa decimos que no trabajamos sino que militamos por ese compromiso y entrega por la causa”. En este sentido juzgó de “ejemplarizante” la acción de Acime en la sociedad.
La Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad, creada en 1989, es una organización no gubernamental que aglutina, de forma voluntaria, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sufrido heridas, lesiones o enfermedades, que les han producido una discapacidad. Para más información: www.acime.es.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es.
Cinco sueldos para toda una vida
Por dos euros, el cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros al contado más un ‘Sueldazo’ de más de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, otros cuatro ‘Sueldazos’ de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. Y 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, entre otros muchos.
al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija,,...
no le des mas vueltas, INTERESES...para todo lo demás Master card.
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Ya, pero habría que recordarle a la ONCE el resto de funcionarios policiales discapacitados por que homenajear a militares y guardias civiles dejando al resto fuera me parece una falta de respeto....pero vamos, si tenemos en cuenta que en la propia PMM se firma y acuerda un texto sobre puestos no operativos sin reconocer algún beneficio a la discapacidad, qué esperamos de los demás.
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Nuevo real decreto
Personas con discapacidad podrán aparcar en plazas reservadas de toda España
Por primera vez se dará la tarjeta durante un año por razones humanitarias
Actualizado: 12/12/2014 17:58 horas
Las personas con discapacidad y movilidad reducida podrán aparcar su vehículo en las plazas reservadas de toda España después de que el Gobierno haya dado validez en todo el territorio a las tarjetas de estacionamiento con el objetivo de promover el derecho a la vida independiente.
El nuevo real decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, regula las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y su principal novedad es que garantiza la igualdad en todas las comunidades.
Se trata de una demanda histórica del sector -ha recordado Sanidad en un comunicado-, especialmente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ya que se habían detectado disfunciones en la utilización de las tarjetas y sus titulares no podían hacer uso de ellas cuando se desplazaban fuera de su ciudad.
Otra novedad de la norma es que podrán obtener la tarjeta de estacionamiento las personas o entidades titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad, siempre que presten servicios sociales.
Además, se prevé por primera vez un supuesto de concesión excepcional de la tarjeta de estacionamiento durante un año por razones humanitarias.
Se trata de responder a casos que, por la gravedad y evolución de una enfermedad que provoca la reducción de la movilidad, no hay tiempo para tramitar la solicitud del reconocimiento de la discapacidad y de la correspondiente tarjeta de estacionamiento.
En este supuesto, la tarjeta tendrá carácter provisional y se concederá a las personas que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada de manera oficial, por causa de una enfermedad de extrema gravedad que suponga una reducción sustancial de su esperanza de vida y no permita tramitar en tiempo la solicitud del documento.
La obtención de la tarjeta provisional requerirá que la patología sea certificada por el personal médico de los servicios públicos de salud.
La norma contempla también que los servicios y establecimientos sanitarios deberán contar con un número suficiente de plazas para su uso por los pacientes con discapacidad titulares de tarjetas y las personas que dispongan de la tarjeta de estacionamiento provisional que precisen de asistencia con regularidad.
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Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.
http://boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12730.pdf
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En Ourense
Piden más de 9 años de prisión por abusar de una mujer discapacitada
La fiscalía también solicita la prohibición de acercarse a su víctima a menos de 500 metros
Sucesos | 07/01/2015 - 16:45h | Última actualización: 07/01/2015 - 16:57h
Ourense. (Ep).- El fiscal de Ourense pide una pena de nueve años y cuatro meses de prisión para un acusado de abusar sexualmente de una mujer discapacitada, que será juzgado este jueves en la Audiencia provincial por hechos ocurridos en los años 2010 y 2011.
La Fiscalía, según su escrito de calificación, recogido por Europa Press, pide para el acusado Manuel L.F., de 83 años, la pena de prisión y la prohibición de acercarse a su víctima a menos de 500 metros, igual que a su domicilio, lugar de trabajo o donde se encuentre.
El Ministerio Público también solicita que se prohíba al acusado comunicarse con su víctima durante diez años, el pago de las costas y una indemnización por 365 días de curación. La instrucción del caso se hizo en el juzgado de O Barco y, según el fiscal, entre marzo de 2010 y marzo de 2011, el acusado "abusó sexualmente" en varias ocasiones de una persona "mayor de edad con trastorno mental", por lo que le acusa de un delito continuado de abusos sexuales.
El juicio se celebrará este jueves en la Audiencia Provincial de Ourense a las 12,00 horas, el primero del año en esa sala, a puerta cerrada. El segundo juicio señalado será también por abusos sexuales a una persona menor de edad, el día 13, también a puerta cerrada.
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Tienen recorrido estas denuncias o son de cara a la galería?
La Policía multa por aparcar en plazas para discapacitados de centros comerciales
J. L. M. / Talavera - miércoles, 14 de enero de 2015
La sanción por estacionar en espacios reservados está considerada como grave y puede alcanzar los doscientos euros, aunque no conlleva la retirada de puntos del carné
No es extraño encontrarse en las inmediaciones de edificios oficiales y de titularidad pública, centros médicos, recintos hospitalarios e incluso calles especialmente concurridas zonas reservadas para que allí puedan aparcar personas con discapacidad y, por tanto, con problemas de movilidad. La gran mayoría de conductores respeta de manera escrupulosa la señalización de estas plazas de aparcamiento, de tal forma que en ellas únicamente pueden estacionar aquellas personas que tienen una tarjeta en la que se reconoce su discapacidad y, por tanto, su derecho a utilizar legítimamente estos espacios.
No obstante, el grado de respeto que los usuarios de vehículos tienen a estas plazas reservadas varía cuando se ubican fuera del casco urbano y quedan localizadas en aparcamientos de titularidad privada pertenecientes a supermercados o a grandes superficies comerciales. De esta forma, hay conductores que, aunque no presentan ningún tipo de discapacidad, no dudan en dejar su coche estacionado en un aparcamiento señalizado y habilitado para discapacitados.
El hecho de que estas plazas estén desocupadas en días de gran aglomeración, o simplemente la circunstancia de estar localizadas mucho más cerca de la entrada a los establecimientos, es lo que lleva a algunos conductores a hacer uso de ellas sin estar autorizados.
No obstante, lo que deben tener muy claro los usuarios de vehículos es que aparcar en estas plazas reservadas sin el pertinente permiso es motivo de sanción por parte de la Policía Local. De hecho, está considerada una falta grave y conlleva una multa económica de 200 euros, según explicó ayer a este diario el máximo responsable policial en la ciudad, Francisco Quevedo. En concreto, el intendente jefe de los efectivos policiales municipales precisó que, aunque se trate de espacios localizados en aparcamientos privados, están habilitados para uso público y, por ello, su adecuada o inadecuada utilización es competencia de las autoridades locales.
A pesar de Quevedo precisó que en estos momentos la Policía Local no ha puesto en marcha ninguna campaña específica para controlar estos aparcamientos para discapacitados situados en las zonas comerciales, lo cierto es que en las últimas semanas la presencia de patrullas en los estacionamientos del centro comercial ‘Los Alfares’ se ha vuelto más frecuente.
En concreto, hace un par de semanas este diario tuvo la oportunidad de ver a varios efectivos policiales revisando los coches estacionados en las plazas reservadas que están ubicadas frente a las entradas del citado espacio comercial. Así, los agentes no dudaron en multar a aquellos turismo que carecían de la tarjeta que permite aparcar en estos puntos, y que se concede tras ser valorada su petición por parte del Gobierno regional y los Servicios Sociales del Ayuntamiento talaverano.
Además, un usuario del centro comercial que contactó con este periódico aseveró que las patrullas policiales no se limitan únicamente al aparcamiento de superficie, sino que también se adentran en el estacionamiento subterráneo. De hecho, el referido usuario facilitó a La Tribuna varias imágenes de un coche patrulla por el parking, así como de dos coches multados por encontrarse si autorización en plazas reservadas para discapacitados.
Doble uso. Francisco Quevedo explicó que la concesión de una tarjeta para aparcar en plazas reservadas se tramita únicamente para la persona que sufre una discapacidad, si bien puede contemplar la posibilidad de ser utilizada por otra persona encargada de trasladar a aquel que tiene problemas de movilidad. El problema de este último supuesto, según el intendente, es que utilicen la autorización conductores que no están facultados.
«Tenemos que sensibilizarnos todos», apuntó en relación con este punto Quevedo, quien también aclaró que los espacios reservados no pueden ser usados por personas que tengan una incapacidad temporal, como por ejemplo un esguince de tobillo o cualquier otro problema articular momentáneo en las extremidades inferiores.
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http://youtube.com/v/SBLiBLb23ZA
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Una discapacitada denuncia a la pastelería Mallorca por presunta discriminación
El suceso ocurrió en un establecimiento situado en la calle Velázquez
La empresa alega que la silla de ruedas obstruía el paso a otros clientes y asegura que le ofrecieron otra mesa
SERVIMEDIA Madrid
Actualizado: 04/03/2015 12:09 horas
Pastelerías Mallorca ha sido denunciada por discriminar presuntamente a una cliente con discapacidad en el establecimiento que dicha cadena tiene en la calle Velázquez 59, en el barrio de Salamanca de Madrid.
La hija de la afectada, Mercedes Gómez, ha relatado que a su madre, una persona de edad avanzada que utiliza una silla de ruedas para desplazarse, se le impidió el acceso a las mesas bajas del salón de dicha cafetería.
Según la afectada y la persona de apoyo encargada de su cuidado diario, que en el momento del suceso la acompañaba, el responsable del establecimiento en ese momento les indicó que las normas de la casa no permitían que una persona "con sus características consumiera en ese espacio del local".
Para recabar información sobre lo ocurrido, Cermi se ha puesto en contacto con la sede central de Pastelerías Mallorca, donde indicaron que el encargado del establecimiento comentó a la afectada que la mesa en la que se situó daba a un pasillo estrecho, lo que impedía el acceso de otros clientes al local. Ante estas circunstancias pidió que dejaran el espacio libre y le dijo que enseguida les asignarían otra mesa.
Por otro lado, desde la dirección del local también han declarado que con posterioridad se pusieron en contacto con los familiares de la persona afectada para pedirle disculpas y señalarle que la acción de su empleado no trataba de ofenderla, sino facilitar el acceso de otras personas al local.
La familia de la persona perjudicada ha presentado denuncia ante las autoridades de consumo de la Comunidad de Madrid por la conducta de Mallorca, y dada la gravedad de los presuntos hechos el Cermi los ha puesto en conocimiento de la Oficina de Atención a la Discapacidad del Consejo Nacional de la Discapacidad y del Ministerio Fiscal, para que investigue lo sucedido y en su caso se sancionen estos comportamientos discriminatorios, si se acreditan.
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País Vasco. Retirada de la tarjeta de de estacionamiento para personas con discapacidad por su uso sin ser titular y sanción por su uso fraudulento
Fecha de la consulta: 16/3/2015
Planteamiento
La policía municipal del municipio vecino detecta el mal uso de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad expedida por este Ayuntamiento a una vecina, por lo cual dicha policía municipal del municipio contiguo retira dicha tarjeta y sanciona al infractor que la había usado sin ser titular de la misma ni transportar a su titular. Asimismo, incauta la tarjeta y nos la remite "a los efectos oportunos".
De la lectura del Real Decreto 1056/2014, en concreto de su art. 8.2, se deduce que este municipio podría/debería cancelarla-retirarla temporalmente "sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico".
Me gustaría que me aclararan cuál es dicho régimen sancionador y cómo se gradúa el hecho cometido (grave, leve...).
Respuesta
Según establece la Disp. Adic. 4ª de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo:
"Los Municipios en el ejercicio de las competencias que les atribuye el artículo 7 de esta norma y en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, deberán adoptar las medidas necesarias para la concesión de la tarjeta de aparcamiento para personas discapacitadas con problemas graves de movilidad y para la efectividad de los derechos que de la misma derivan, teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad.
Los Municipios expedirán las tarjetas de aparcamiento especial para minusválidos según el modelo determinado reglamentariamente, y tendrán validez en todo el territorio nacional.
Las tarjetas expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición normativa podrán seguir usándose hasta su sustitución".
Y el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, norma dictada por el Estado sobre la base de la competencia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, determina en su art. 8.2 que el incumplimiento de las obligaciones que corresponden al titular de la tarjeta:
"podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico".
En la Comunidad del País Vasco, rige el Decreto 256/2000, de 5 de diciembre, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y se adapta al modelo comunitario uniforme, estableciendo sus características, condiciones, así como lo relativo al procedimiento para su concesión y su renovación. Pero nada se determina sobre el régimen de infracciones y sanciones en esta materia -que debe ser regulado mediante norma de rango legal-, y ello a diferencia de otras legislaciones autonómicas, como la legislación catalana de accesibilidad que expresamente tipifica como infracción leve el uso fraudulento de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
Entendemos así que el uso fraudulento de este tipo de tarjetas por personas no titulares de la misma supondrá una vulneración de la legislación de tráfico, constituyendo infracción grave "parar o estacionar en (.) zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad" (art. 65.4.d) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial -LSV-), sancionable con multa de 200 euros de acuerdo con el art. 67 de dicha norma. De otro lado, hay que resaltar que los hechos podrían ser constitutivos, en su caso, de un delito del art. 401 CP,"El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años", o de un delito de falsedad en documento público incluso si se ha producido una manipulación de la tarjeta (art. 392 CP), de lo que deberían remitirse las diligencias practicadas a la Fiscalía o la autoridad judicial.
http://www.derecholocal.es/novedades_consultas_ampliada.php?id=CATSUYZE:7DF05329
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Se han flipado estos de derecho local con lo del 401 del CP por lo de la usurpación de estado civil . . . vamos, ni de coña.
Enviado por Eutelsat usando ViaSat con Tapatalk.
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Artículo 400 bis Código Penal. Y que decida quien debe en fase de instrucción.
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. . . correcto, eso en todo caso por usar una tarjeta que no es suya, pero nada usurpación de estado civil . . .
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Cada día es más grande el abuso que hacen de las tarjetas. Si yo mandara algo. :roto
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. . . siempre puedes hacer como dice Terry, retiras la tarjeta y minuta o comparecencia en comisaría entregando la tarjeta de la cual no es titular y remisión al juzgado para que resuelva por el 400 bis del CP . . .
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. . . siempre puedes hacer como dice Terry, retiras la tarjeta y minuta o comparecencia en comisaría entregando la tarjeta de la cual no es titular y remisión al juzgado para que resuelva por el 400 bis del CP . . .
Y si la tarjeta es una fotocopia en color?
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. . . pero la porta el legitimo titular? ? ? . . .
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. . . pero la porta el legitimo titular? ? ? . . .
Persona distinta al titular.
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Seria falsedad documental.
Un fotocopia es la reproducción fiel del documento original.
Si existe en la cumplimentación de datos una alteración de los mismos mediante programas ofimaticos o de retoque fotografico, la falsedad es evidente.
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Y si la fotocopia es reproducción fiel del original y se usa por diferente persona, es igualmente falsedad.
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Seria falsedad documental.
Un fotocopia es la reproducción fiel del documento original.
Si existe en la cumplimentación de datos una alteración de los mismos mediante programas ofimaticos o de retoque fotografico, la falsedad es evidente.
Uhmmmm....
Manipular no es falsificar
La semana pasada tuve juicio ante el juzgado de lo penal número 2 de Logroño, por un presunto delito de falsificación documental en documento público.
HECHOS PROBADOS: mi patrocinado fue identificado por una patrulla de la policía local de Logroño, aportando como identificación una fotocopia de un documento original de identidad portugués, a nombre de otra persona, realizada con la fotografía del acusado.
ACUSACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL. se solicitaba la pena de nueve meses de prisión y nueve meses de multa, calificando los hechos como un delito de falsedad documental, previsto y penado en el art. 392.1 y 390.1 del Código Penal.
SENTENCIA ABSOLUTORIA, basada en los siguientes argumentos:
"el delito de falsedad en documento oficial, previsto y penado en el artículo 392 en relación con el artículo 390.1º y 2º del mismo texto legal, castiga al particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, falsedad consistente en, por lo que aquí interesa, alterando el documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, o simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
Dicho delito requiere, en primer lugar, el elemento objetivo o material propio de toda falsedad, de mutación de la verdad por alguno de los procedimientos citados en el artículo 390 del Código Penal; en segundo lugar, que la mutación de la verdad recaiga sobre elementos esenciales del documento y tengan suficiente entidad para afectar los normales efectos de las relaciones jurídicas; y, en tercer lugar, que concurra en el agente la conciencia y voluntad de transmutar la realidad.
El bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la fe pública, y en último término la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, sin que precise para su consumación que se cause daño concreto, puesto que el delito se consuma en el mismo momento de la alteración, ocultación o mutación de la verdad, cualquiera que sean los propósitos ulteriores.
En el presente caso el Ministerio Fiscal no especifica el precepto concreto en que sustenta su acusación, el nº 1 del apartado 1 del artículo 390 o en el nº 2.
Como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 8 de junio de 2011 en un supuesto similar: como ha señalado reiterada jurisprudencia la naturaleza oficial del documento original no se transmite a la fotocopia, salvo supuestos de autenticación, por lo que las alteraciones que se realicen en las fotocopias no constituyen, en principio, falsedad en documento oficial sino en documento privado (STS 671/00, 18 de febrero, 183/05, 18 de febrero). Y ello salvo que hubieran sido compulsadas, cotejadas o autenticadas (STS 658/03, 9 de mayo). La fotografía (fotocopia) sólo transmite la imagen pero no la naturaleza jurídica del documento fotografiado (STS 183/05, 18 de febrero).
Considerándose, por tanto, falsedad en documento privado debemos concluir, al igual que la juez a quo, que ni se ha formulado acusación por tal delito ni el mismo ha sido consumado al no ser introducido el documento en el tráfico jurídico. Así la STS 506/05, de 4 de abril, establece que la fe pública y la confianza en el contenido de los documentos se vulnera desde que se inicia la actividad falsaria y se consuma por su utilización en el tráfico jurídico. todo ello, ponderando que, por la naturaleza del documento reproducido, estaría llamando al fin de acreditar la identificación en España de un ciudadano francés y ello ante las autoridades competentes por lo que la simple fotocopia, además reducida, sin ningún sello de compulsa difícilmente había de conseguir esta finalidad y, en este sentido, la policía científica ha informado que es un documento sin valor como documento de identidad en nuestro país, ratificando el perito en el plenario en el sentido de que una fotocopia no tiene valor identifcativo.
Doctrina que se estima plenamente aplicable en este supuesto, en que además cabría razonar sobre la naturaleza burda de la falsedad, que puede apreciarse claramente en el documento que obra unido a las actuaciones, en que no fue necesaria pericial alguna para apreciar su carácter falso.
Referencia: Juzgado de lo penal número 2 de Logroño
Autos de juicio rápido 122/11
Fecha: 20 de marzo de 2013.
http://abogadosmediadoreslandaocon.blogspot.com.es/2013/03/manipular-no-es-falsificar.html
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Es lo que se denomina la verdad judicial y en la puerta de al lado se condena.
Normalmente estos documentos no es imputar y ya esta, hay que hacerlo bien desde el inicio de la intervención por el patrulla, hasta el informe técnico, certificaciones, etc...
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Es lo que se denomina la verdad judicial y en la puerta de al lado se condena.
Normalmente estos documentos no es imputar y ya esta, hay que hacerlo bien desde el inicio de la intervención por el patrulla, hasta el informe técnico, certificaciones, etc...
He de entender entonces de que si usted detecta una fotocopia en color del documento original de una tarjeta de estacionamiento para discapacitado, lo interviene y abre diligencias por falsedad en documento oficial?
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No me lleve a su terreno. Jjjjj
La fotocopia lo determina usted como patrulla.
Digame si la copia va en impresión laser, inyeccion o en offset
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No me lleve a su terreno. Jjjjj
La fotocopia lo determina usted como patrulla.
Digame si la copia va en impresión laser, inyeccion o en offset
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Es una fotocopia en color del documento original y que es usada por persona distinta al titular.
Procedo o no procedo?
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Es lo que se denomina la verdad judicial y en la puerta de al lado se condena.
Normalmente estos documentos no es imputar y ya esta, hay que hacerlo bien desde el inicio de la intervención por el patrulla, hasta el informe técnico, certificaciones, etc...
He de entender entonces de que si usted detecta una fotocopia en color del documento original de una tarjeta de estacionamiento para discapacitado, lo interviene y abre diligencias por falsedad en documento oficial?
. . . si la porta persona distinta de su titular sí, se interviene, se entrega con comparecencia o minuta, se remite al juzgado y que el señor de negro resuelva, que para eso está. . .
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Cada intervencion es un mundo , pero intervengo, escribo, envio y determinaran aquellos que sean peritos.
Si pasa la fase de instruccion, nos veremos en penal.
En esa sentencia el perito es el que ha declinado la sentencia hacia un lado.
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Bien, bien...que es una fotocopia en color ya se lo digo yo y lo dirá la pericial pero....pasará el trámite de una falsedad?
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Para que vea que lo que dice uno otro dice lo contrario en este caso la Audiencia Provincial.
Por FOTOCOPIA
SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAL PROVINCIA DE NAVARRA
Tribunal: Audiencia Provincial, Provincia de Navarra Sección 2
Fecha: 2014
Jurisdicción: Civil
FALSEDADES: EN DOCUMENTO OFICIAL POR PARTICULAR: existencia: colocación de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida falsa en el salpicadero del vehículo del acusado.
SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA PAMPLONA/IRUÑA
<<FALLO
Que debo condenar y condeno a XXXXXXXXX como autor criminalmente responsable de un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular, ya definido, a las penas de 8 meses de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 7 meses, a razón de 8 euros de cuota diaria, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el art. 53 CP. Se le impone igualmente el abono de las costas del juicio.
Para el cumplimiento de la pena impuesta podrá ser de abono el tiempo que el/los condenado/s haya/n permanecido cautelarmente privado/s de libertad por esta causa.
Llévese certificación de la presente Sentencia a los autos principales y notifíquese al Ministerio Fiscal y a las partes con expresión del recurso de apelación que cabe interponer frente a la misma ante este Juzgado dentro de los DIEZ DÍAS siguientes al de su notificación, correspondiendo el conocimiento del recurso a la Audiencia Provincial de Navarra. El/los acusado/s juzgado/s en ausencia podrá/n recurrir la Sentencia en anulación con iguales requisitos que los previstos para el recurso de apelación una vez que le/s sea notificada personalmente.
Lo que pronuncio, ordeno y firmo, juzgando definitivamente en la instancia por esta Sentencia, en lugar y fecha "ut supra".>>
TERCERO.- Notificada dicha resolución fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de D. SIRG.
En el trámite del art. 790.5 de la LECrim., el Ministerio Fiscal solicitó la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia recurrida.
CUARTO.- Remitidas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, el conocimiento del recurso correspondió, previo reparto, a su Sección Segunda, en donde se incoó el citado rollo, se designó ponente y se señaló día para su deliberación y fallo.
QUINTO .- Se admiten y se dan por reproducidos los hechos declarados probados de la sentencia apelada, que son del siguiente tenor literal:
"HECHOS PROBADOS
Primero.- A las 13.03 horas del día 3 de octubre de 2009, a la altura del nº 19 de la calle XXXXXXX de esta ciudad de Pamplona, agentes de la Policía Municipal de XXXXXX observaron en el salpicadero del vehículo XXXXXX [...], estacionado en plaza reservada a personas discapacitadas, una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida de cuya autenticidad sospecharon. El automóvil fue trasladado al depósito municipal.
Segundo.- La tarjeta en cuestión había sido colocada por el usuario del vehículo, el acusado en la presente causa, SIRG, mayor de edad y sin antecedentes penales. Se trataba de una fotocopia en color, plastificada, de la tarjeta original emitida por la Mancomunitat Plana Alta a nombre de su abuelo paterno, XXXXX, fotocopia realizada en una tienda por encargo del propio S.."
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La representación procesal de SIRG, condenado por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona como autor de un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular previsto y penado en los arts. 392.1 y 390.1.2º del Código Penal, interpone recurso de apelación frente a la sentencia dictada en la primera instancia, solicitando de esta Audiencia Provincial acuerde su revocación y se dicte otra por la que se le absuelva por el referido delito, alegando, en primer lugar, el error en la valoración de la prueba y la indebida aplicación de los elementos subjetivos del tipo, y, en segundo lugar, la falta de fundamentación del fallo, infracción del derecho a la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo.
SEGUNDO.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal examina y valora la prueba practicada en su primer fundamento de derecho en los siguientes términos:
<<Son hechos no discutidos por la defensa, pues el propio acusado, SIRG, ha reconocido en todo momento que la tarjeta detectada por agentes de la Policía Municipal de Pamplona en el salpicadero del vehículo Volkswagen Polo [...] no era sino una fotocopia en color y plastificada, encargada por él en una tienda, del original expedido por la Mancomunitat Plana Alta a nombre de su abuelo paterno, VRB.
No ha quedado acreditado, en cambio, que el documento fotocopiado fuera a su vez una falsificación, como se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, con base en el informe pericial elaborado por el subinspector del Cuerpo Nacional de Policía con carné profesional nº [...] que obra a los ff. 71 y ss. de las actuaciones.
Dicho informe, defendido, sin ninguna convicción, por su autor en la vista oral, fue confeccionado, según reconoció, sin tener a la vista un documento original equivalente, esto es, una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida emitida por la Mancomunitat Plana Alta; y como único argumento para considerar falsa la tarjeta menciona el hecho de que "la Orden (...) que regula este tipo de tarjetas en la Comunidad Valenciana indica los periodos de validez y requisitos, elementos que no coinciden con los observados en este documento" (f. 76).
Frente a esta pobreza argumental, otro informe, éste de la Policía Local de Pamplona (ff. 12 y ss.), compara detalladamente la fotocopia intervenida en el coche del acusado con una tarjeta indubitada recabada de la Mancomunitat Plana Alta, y llega a la conclusión de que la primera "ha sido obtenida fruto de un escaneado de una original y tras la posterior impresión de la imagen escaneada en una impresora" (f. 16) (la bastardilla es nuestra).
Y, para terminar de rematar la poca fiabilidad del informe pericial de la Policía Nacional, al f. 108 de las actuaciones obra un certificado de la mencionada mancomunidad, ratificado en la vista oral por su autora, en el que se afirma que en el mes de mayo de 2007 sus servicios sociales tramitaron a favor de VRB la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida nº 12/07, con un periodo de validez permanente. Datos que coinciden plenamente con los de la tarjeta cuestionada.>> Seguidamente, en el fundamento de derecho segundo, califica los hechos declarados probados como constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular previsto y penado en los arts. 392.1 y 390.1.2º del Código Penal, de conformidad con los siguientes razonamientos jurídicos:
<<Concurren, en efecto, todos los elementos o requisitos que para la existencia de la antes mencionada figura delictiva se exigen en el Código Penal, interpretado por la jurisprudencia (e.g. Ss. 21 enero 1994, 20 abril 1997 y 25 marzo 1999):
1) El elemento objetivo o material: mutación de la verdad por alguno de los procedimientos o formas enumerados en los tres primeros números del art. 390.1 CP.
2) Que la mutatio veritatis recaiga sobre elementos capitales o esenciales del documento y tenga suficiente entidad para afectar los normales efectos de las relaciones jurídicas, con lo que se excluyen de la consideración de delito los mudamientos de verdad inocuos o intrascendentes para la finalidad del documento.
3) El elemento subjetivo: dolo falsario, consistente en la concurrencia en el agente (que en la modalidad del art. 392 ha de ser un particular) de la conciencia y voluntad de transmutar la realidad.
Documento a estos efectos es, recordemos, todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica (art. 26 CP).
En cuanto al carácter oficial del documento falsificado en el caso que nos ocupa, no ofrece ninguna duda, pues tienen tal carácter todos los que provienen de la Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios) para satisfacer las necesidades del servicio o función pública, y de los demás entes o personas jurídico públicas para cumplir sus fines institucionales (Ss. 8 noviembre 1999 y 12 enero 2004).
Alega la defensa que la fotocopia realizada por su cliente no es incardinable en el delito que nos ocupa, pues no constituye documento oficial, y reproduce una imagen no manipulada.
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No podemos compartir tal afirmación. Es cierto que, como señala el Tribunal Supremo en sus sentencias 674/2000, de 14 de abril, 193/2001, de 14 de febrero, y 183/2005, de 18 de febrero, la naturaleza oficial del documento original no se transmite a la fotocopia, salvo supuestos de autenticación, por lo que las alteraciones que se realicen en las fotocopias no constituyen, en principio, falsedad en documento oficial sino en documento privado. Pero, como continúan diciendo estas sentencias, esta doctrina es aplicable a los supuestos de falsedades materiales del núm. 1º del art. 390.1 CP, en los que la falsedad consiste en la alteración del documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial; pero no resulta mecánicamente trasladable a la modalidad de falsedad prevenida en el núm. 2º del art. 390.1, simulación de un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad, que es el aplicable en el supuesto actual, pues en tal caso la naturaleza relevante a efectos de tipificación es la del documento que se pretende simular (en este caso, un documento oficial emitido por una mancomunidad de municipios), no la del medio utilizado para ello.
Y es que, como continúan indicando las mencionadas sentencias, lo que se falsifica en este caso no es propiamente la fotocopia (mero instrumento), sino la tarjeta de estacionamiento que se pretende simular, realizando una reproducción que induce a error sobre su autenticidad. Resulta indiferente que como base del documento simulado se utilice una reproducción o fotocopia en color del documento original o un soporte de otra naturaleza: lo que se pretende simular, constituyendo en consecuencia el objeto de la falsificación, es un documento oficial.
No estamos, por lo tanto, ante un caso equivalente al de quien lleva consigo una fotocopia de su DNI o de su pasaporte para evitar el extravío del original, como pretendió hacer ver el letrado defensor en su informe final. El acusado hizo algo más: utilizó una fotocopia en color de la tarjeta de estacionamiento de su abuelo con la intención de hacerla pasar por el original y beneficiarse así del privilegio de estacionar en plazas reservadas a personas discapacitadas, intención favorecida por el hecho de que, al ser colocada en el salpicadero de un vehículo cerrado, el examen de que podía ser objeto por las personas encargadas del control de los estacionamientos era puramente visual, y sólo por su anverso.>>
TERCERO.- En cuanto al error en la valoración de la prueba y la indebida aplicación de los elementos subjetivos del tipo, primero de los motivos del recurso, la representación procesal del apelante, tras recordar a la Sala cuál es el ámbito del recurso de apelación y cuáles sus facultades en orden a dicha valoración cuando se alegue que en la sentencia recurrida (cuando se trate de condenatoria, añadimos nosotros) se ha incurrido en tal clase de error, se extiende en una serie de consideraciones (apartado A) de la alegación primera del recurso; páginas 2 a 5) sobre si la tarjeta de estacionamiento para minusválidos expedida, a nombre del abuelo del acusado, por la Mancomunidad Plana Alta, dependiente del Ayuntamiento de San Juan de Moro /Castellón), es "un documento original expedido por dicho organismo público", o, por el contrario, "se trataba de un documento falsificado por mi mandante tal y como defendió el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales." La conclusión a que llega no difiere en nada a la alcanzada, como hemos visto, en la sentencia recurrida, esto es, la falta de acreditación, de ahí que no se recoja en los hechos probados, de la falsedad de la tarjeta original que empleó el acusado para fotocopiar la que colocó en el vehículo, por lo que todo su discurso argumentativo a este respecto, tal y como se destaca por el Ministerio Fiscal, carece de la más mínima relevancia para obtener una sentencia de carácter absolutorio.
Seguidamente, en el apartado B) de esta primera alegación, centra la cuestión realmente objeto de controversia señalando que lo que debe resolverse es <<si la acción realizada por mi mandante el joven SIR, consistente en "fotocopiar y plastificarla misma" (la tarjeta expedida a nombre de su abuelo), puede o no "subsumirse en los elementos del tipo del delito de falsedad documental de los artículos 392.1 y 390.1.2º del Código Penal.>>
Tras remitirse a los razonamiento expuestos en el segundo fundamento de derecho segundo de la sentencia que se recurre, y que ya hemos transcrito anteriormente de forma literal, alega que "NO FUNDAMENTA cómo se incardina la conducta de mi mandante en cada uno de ellos, es decir, no fundamenta ni explica cómo ha quedado acreditado la existencia del DOLO FALSARIO, o como la mera fotocopia utilizada para aparcar en una zona de minusvalía cerca de su residencia para bajar a su abuelo (titular de la misma) de su vehículo, supone la consumación del elemento objetivo o material y que esa pretendida "mutatio veritatis" recaiga sobre elementos capitales del documento y afecte gravemente a las relaciones jurídicas.
Por ello esta defensa entiende que sin ESA MÍNIMA FUNDAMENTACIÓN no puede existir sentencia condenatoria alguna, sin violar el principio de carga de la prueba y el principio de in dubio pro reo, como analizaremos posteriormente." A mayor abundamiento, añade que no concurre ninguno de los requisitos de la figura delictiva aplicada por el Juzgador, lo que argumenta en los siguientes términos:
"I.- El primer requisito del tipo es el llamado elemento objetivo o material, propio de toda falsedad que según la doctrina consiste en la mutación u ocultación de la verdad por alguno de los procedimientos o formas enumerados en el artículo 390.
Pues bien, de lo acreditado tanto a lo largo de la instrucción como en el acto del plenario, ha quedado perfectamente acreditado, que tal requisito no concurre en el comportamiento de mi mandante, ya que en ningún momento se produjo con su conducta (fotocopiar un documento público oficial) simulación de un documento (como exige el apartado segundo del citado art. 390.1) que es el aplicado por el juzgador), ni existe mutación u ocultación alguna de la realidad o de la verdad, y ello por la sencilla razón de que el documento oficial que se reproducía en la tristemente "famosa fotocopia" era un documento que existía en realidad, cuyo titular aparecía perfectamente identificado en el mismo (por medio de su fotografía, y datos personales: como nombre, apellidos, DNI y firma) y mi mandante en ningún momento se hizo pasar por dicho titular, sino que tal y como explicó tanto ante los agentes de la policía local de Pamplona en su declaración de fecha 3 de octubre de 2009, como en su declaración en sede judicial de fecha 18 de abril de 2012, como en la vista oral, lo único que el Sr. SI hizo fue usar la fotocopia de dicha tarjeta (cuyo original no se encontraba a su disposición por ser utilizado por su madre en otro vehículo) para poder aparcar su vehículo en una zona reservada a personas con discapacidad (como su abuelo D. VR) y con la única finalidad de poder dejar a su abuelo, quien esos días se encontraba residiendo con mi mandante y su padre en Pamplona, cerca de su domicilio.
Por tanto en dicho comportamiento no se da el mencionado requisito de "mutación de la verdad" ya que en ningún momento mi mandante se hizo pasar por la persona titular de dicha tarjeta, ni modifico o altero extremo alguno del documento fotocopiado, sino que lo único que hizo fue valerse de la fotocopia de un documento existente, sin manipulación alguna, en beneficio del titular del mismo su abuelo D. VR que no hay que olvidar en esos días se encontraba en Pamplona residiendo en casa de mi mandante en compañía de su padre el Sr. FR.
Este extremo de vital importancia quedó acreditado en el plenario tanto con la declaración del propio imputado, como con la declaración del testigo D. FR, quien con total rotundidad afirmó que "su hijo no había falsificado nada, que la tarjeta existía y era titular su padre el Sr. VR el cual el día de los hechos se encontraba en Pamplona pasando unas días con ellos por motivos de salud" (Ver minutos 11:32:25 de la grabación).
Este extremo, que pasa por alto el juzgador en su sentencia, es de gran importancia por cuanto que justifica la conducta de mi mandante, así como el uso de la tarjeta de estacionamiento a favor su titular D. VR (quien por desgracia no pudo declarar ya que falleció en fecha 1 de julio de 2012), y que no debemos de olvidar que en modo alguno ha sido desvirtuado o desacreditado por parte del Ministerio Fiscal, que en definitiva en su condición de acusación es a quien corresponde acreditar la culpabilidad de mi mandante y en este caso es a quien correspondía demostrar lo contrario, es decir que el titular de la tarjeta D. VR no se encontraba en Pamplona esos días, para de este modo, a lo sumo poder demostrar un uso ilegal (desde el punto de vista administrativo sancionador) de la citada tarjeta.
II.- El segundo elemento del tipo es la llamada "mutatio veritatis" la cual según la doctrina debe recaer sobre elementos capitales o esenciales del documento, que vaya en perjuicio de alguna de sus funciones y tener suficiente entidad para afectar a los normales efectos de las relaciones jurídicas, si no no existe relevancia penal alguna, por lo que queda fuera los cambios o manipulaciones de la verdad "inocuos" o "intrascendentes" para la finalidad del documento.
De lo expuesto anteriormente se acredita que mi mandante no modificó dato alguno de la citada tarjeta de estacionamiento, limitándose a reproducir la misma exactamente tal y como se encontraba, por lo que no existe "mutatio veritatis" alguna al no alterarse ningún extremo del documento original, no alterando la existencia de la fotocopia aspecto alguno de las relaciones jurídicas, puesto que como ya hemos indicado, la misma se utilizó en presencia de su titular, su abuelo, y en su propio beneficio.
III.- Por último el tercer requisito de la figura delictiva como bien recoge la sentencia es el llamado elemento subjetivo o dolo falsario, consistente en la voluntad de "transmutar la realidad" Dolo falsario que es un requisito esencial para determinar la comisión o no de la citada figura delictiva y que por ello su análisis debe ser extremadamente escrupuloso, cómo exige la reciente sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Castellón de fecha 8 de enero de 2014, que después citaremos, y que en el presente caso desde luego no concurre en mi mandante, ya que en ningún momento existió en el, la actitud, intención o ánimo de inducir a error sobre la identidad del verdadero titular de la tarjeta de estacionamiento, sino que muy al contrario siempre reconoció "desde el minuto cero" que la misma pertenecía a su abuelo, a quien terminaba de bajar del coche (extremo no desacreditado por la acusación)." En apoyo de este planteamiento cita la doctrina del Tribunal Supremo recogida y resumida en la Sentencia de la Sección 2ª de la AP de Castellón de 8 de enero de 2014 (Rollo de Apelación Penal nº 815/13), de la trascribe el siguiente fragmento:
"La incriminación de las conductas falsarias encuentran su razón de ser en la necesidad de proteger la fe y seguridad en el trabajo jurídico, evitando que tengan acceso a la vida civil o mercantil elementos probatorios falsos que pueda alterar la realidad jurídica de forma perjudicial para las partes afectadas.
En ese sentido, la falsedad solo tienen virtualidad punitiva cuando afecta a elementos esenciales y no cuando versa sobre extremos inocuos, tangenciales e intrascendentes, de tal manera que lo verdaderamente fundamental se mantenga intacto y a resguardo de cualquier maniobra falsaria (S 26-6-99). Se ataca a la fe pública y en último término, a la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos (TS 13- 09-2002).
La doctrina sostiene -dice la STS 14-09-2002- que solo cifrándolo en el tráfico jurídico es posible captar plenamente el sentido de este tipo de delitos falsarios, pues solo en la medida en que un documento entra en ese tráfico o está destinado al mismo, su adulteración cobra relevancia penal.
Por ello diversas SS de esta Sala han declarado que no se comete el delito de falsificación documental cuando, no obstante concurrir el elemento objetivo típico, se aprecia en la conducta del agente una finalidad que resulte inocua o de nula potencialidad lesiva"
Y es precisamente esa "finalidad inocua o de nula pontencialidad lesiva la que concurre en los hechos cometidos por mi mandante, por lo que no cabe relevancia penal alguna, máxime si tenemos en cuenta el principio de "mínima intervención del derecho penal" existente en nuestro ordenamiento jurídico." En cuanto a la falta de fundamentación del fallo, infracción del derecho a la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo, segundo de los motivos del recurso, tras reiterar cuáles son las facultades revisoras de un Tribunal de apelación e invocar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las exigencias de la prueba de cargo para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, entiende que en la sentencia recurrida el Juzgador "a quo" yerra al considerar que existía prueba de cargo suficiente para condenar y porque "no cumple con su deber de motivar y explicar el razonamiento seguido para desvirtuar la citada presunción de inocencia", ya que, prosigue, "simplemente se limita a enumerar los mismos, afirmando brevemente que todos ellos concurren en mi mandante, pero sin fundamentar las razones de ello, ni especificar como se acredita la concurrencia de cada uno de ellos en la dicha conducta, especialmente la existencia del citado dolo falsario que en modo alguno justifica o acredita.
Por ello existe en la sentencia recurrida una mas que evidente falta de fundamentación a la hora de acreditar la concurrencia de los elementos del tipo del delito impuesto a mi mandante, no existiendo prueba de cargo suficiente que acredite su "dolo falsario" ni su "pretendida manipulación de la realidad" que sirva para sustentar el pronunciamiento condenatorio de la sentencia recurrida.
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La prueba practicada en modo alguno sirve para desvirtuar el principio "in dubio pro reo" que complementa el derecho constitucional a la presunción de inocencia" de mi mandante, ni mucho menos para restar credibilidad a sus manifestaciones del testigo Sr. FR (que justifican el uso de la tarjeta de estacionamiento en favor de su titular), por ello, y dado que dicho principio constitucional, según reiterada jurisprudencia, "impide condenar por las meras impresiones íntimas del juzgador, por sospechas o conjeturas, sin una prueba inequívocamente acusatoria advenida al proceso de una manera regular y de acuerdo con las leyes procesales" (ST 13 de mayo de 1992), es del todo "no ajustado a derecho" el fallo de la sentencia recurrida, por lo que debe ser revocado, dictándose una sentencia absolutoria."
CUARTO.- El examen de las alegaciones formuladas por el recurrente, planteadas sin la debida distinción ente las que afectan a cuestiones de hecho, con posible relevancia para modificar el relato fáctico de la sentencia recurrida, y las que se refieren a su calificación jurídica, exige, siguiendo un orden lógico y sistemático, abordar en primer lugar las primeras, pues solo tendría sentido analizar las segundas si hubiere lugar a rechazar los hechos declarados probados o modificarlos en sentido favorable al acusado y con virtualidad para alterar su calificación jurídica.
Pues bien, tales alegaciones deben rechazarse por cuanto la sentencia recurrida no ha incurrido en la vulneración el derecho fundamental a la presunción de inocencia del acusado (art. 24.2 de la Constitución); ni en la infracción del principio "in dubio pro reo", ni en el error en la apreciación de las pruebas practicadas que se denuncian.
A este respecto, recordaremos que, como de forma reiterada viene resolviendo este tribunal de apelación, solo cabe estimar vulnerado este derecho cuando en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos objeto del proceso o sobre los elementos esenciales del delito; si por el contrario en relación con tales hechos se ha practicado actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación de dicho principio y presunción constitucional. Las pruebas así obtenidas son aptas para destruir aquella presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del tribunal de instancia a quien por ministerio de Ley corresponde en exclusiva dicha función.
En este sentido, y por todas, la STC núm. 52/2010, de 4 de octubre, rechaza la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del demandante de amparo recordando su doctrina, conforme a la que <<el derecho a la presunción de inocencia, en su vertiente de regla de juicio y en esta vía constitucional de amparo, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Por tanto, «sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado» (aspecto, este último, que se conecta con la exigencia de motivación y la prohibición de la arbitrariedad, o puro "decisionismo").>> Basta la lectura de la sentencia recurrida para constatar que no nos encontramos ante un vacío probatorio sino que en ella se explicitan los medios probatorios que se han tenido en consideración para llegar a la conclusión condenatoria que contiene y que se fundamenta en una verdadera prueba de cargo, practicada, con todas las garantías, en el acto del juicio oral y objeto de una más que detallada y razonable valoración, habiéndose motivado de forma extensa por el Juzgador "a quo", de manera completamente lógica y razonable, la valoración que le han merecido las pruebas practicadas conforme a las exigencias constitucionales ya recogidas en las SSTC de 28 de julio de 1981 (RTC 1981/31 ) y 26 de julio de 1982 (RTC 16 1982/55), y de continua referencia por el Tribunal Supremo [SSTS núm. 1312/2005, de 7 de noviembre (RJ 2005/7529); 39/2006, de 19 de enero (RJ 2006/867); 732/2006, de 3 de julio (RJ 2006/3895), entre un sinfín).
La valoración de la prueba practicada llevada a cabo por el Juzgador "a quo" comprende, por lo demás, como resulta obligado, el análisis de todos los elementos de juicio a su disposición, tanto los de cargo como los favorables, cumpliendo con ello, mediante una motivación plenamente razonable, con las exigencias establecidas por el Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo que han impuesto la necesidad de reinterpretar el «dogma» de la libre valoración de las pruebas con arreglo a las pautas ofrecidas por ambos Tribunales y a las que se ha atenido de forma escrupulosa la sentencia recurrida; sin que las alegaciones del apelante pongan de manifiesto, en modo alguno, que resulte contraria a la lógica ni a las pautas de valoración reiteradamente expuestas por la jurisprudencia.
Igualmente, procede desestimar la vulneración del principio "in dubio pro reo" que se alega, pues, conforme a reiterada doctrina del Tribunal Supremo, tal principio no es sino un principio rector de valoración de la prueba, que establece el beneficio de la duda en favor del reo, y que "impone la ponderación del contenido probatorio para pronunciarse por la absolución cuando se observen dudas en orden a la inculpación del acusado, de tal manera que el juzgador pueda tener una cierta inseguridad o indecisión sobre el impacto incriminatorio de una declaración o de cualquier otra prueba. En estos supuestos se dispone de una prueba válida y obtenida con todas las garantías legales que ofrece fisuras sobre su credibilidad o firmeza abriendo un campo de incertidumbre que debe jugar en favor del imputado", lo que no acontece en el caso que nos ocupa, en el que el Juzgador de primera instancia, valorando la prueba practicada, se ha inclinado rotundamente, sin dudas sobre ello, por la tesis de que el, hoy, apelante cometió el delito por el que ha sido condenado, debiendo, en definitiva, conforme a lo ya razonado, prevalecer esta firme convicción sobre la versión ofrecida por el apelante; sin que, por lo demás, esas posibles dudas se desprendan de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.
En este sentido, SSTS núm. 153/2013, de 6 de marzo; 95/2012, de 23 de febrero; 666/2010, de 14 de junio y las que en ellas se citan.
Más aún, como ya se indica en la propia sentencia recurrida, se destaca en el escrito de impugnación del recurso presentado por el Ministerio Fiscal y hemos venido a anticipar al inicio del fundamento de derecho tercero de la presente resolución, la parte apelante ni siquiera llega a mostrar discrepancia alguna con los hechos que han sido declarados probados, sino que la verdadera esencia de su recurso descansa, única y exclusivamente, en la indebida aplicación a tales hechos de los preceptos legales por los ha sido condenado; cuestión de estricto alcance jurídico que abordaremos a continuación.
QUINTO.- En cuanto a la calificación jurídica de los hechos probados, tampoco asiste la razón a la parte apelante, compartiendo esta Sala los razonamientos jurídicos del segundo fundamento de derecho de la sentencia, anteriormente trascritos, así como las alegaciones del Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación del recurso, pues concurren todos y cada uno de los requisitos precisos para calificarlos como un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular previsto y penado en los arts. 392.1 y 390.1.2º del Código Penal.
En efecto, como destaca el Ministerio Fiscal, no puede negarse la concurrencia del elemento objetivo del tipo desde el momento en que el acusado tiene reconocido que utilizó "una fotocopia en color, plastificada, de la tarjeta original emitida por la Mancomunitat Plana Alta a nombre de su abuelo paterno, VRB" y que dicha fotocopia se hizo en una tienda por encargo suyo (del propio Serafín)", tal y como se recoge en el segundo hecho probado.
Esta actuación, comporta, por sí misma, la concurrencia de dicho elemento objetivo pues, como señala el Ministerio Fiscal, al cuestionalo, el apelante incurre <<en el error de no percatarse de que, tanto la acusación del Ministerio Fiscal como la condena del Juzgado de lo Penal, lo han sido por la modalidad falsaria descrita en el apartado 2º del artículo 390.1 del Código Penal, que consiste en "simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad". Esto es, se trata de una falsedad material en la que el autor simula (mediante una fotocopia) un documento verdaderamente existente. El argumento del apelante de que el acusado no estampó su propio nombre en la tarjeta de aparcamiento podría ser relevante respecto de la modalidad falsaria tipificada en el apartado 3º del artículo 390.1 ("suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido..."), pero no es ésta la figura típica por la que ha sido condenado el apelante.>> Tesis que se fundamenta en reiterada Jurisprudencia en el sentido de estimar "que fotocopiar un documento y pretender hacer pasar tal fotocopia como el documento genuino constituye una modalidad de falsedad documental por simulación", citando al efecto la STS 22 marzo 2004 (RJ 2004, 3414) de la que reproduce el siguiente pasaje:
<<En materia de falsedad que recae sobre fotocopias, la doctrina más reciente de esta Sala -ver sentencias 193/2001, de 14 de febrero (RJ 2001\281) y 658/2003, de 9 de mayo (RJ 2003\3895)- distingue dos supuestos distintos:
a) Cuando se trata de falsedades materiales cometidas en fotocopias, la naturaleza oficial del documento original no se transmite a la fotocopia, salvo supuestos de autentificación, de manera que las alteraciones que se realicen en fotocopias no autenticadas, constituyen en principio falsedad en documento privado, y no en documento oficial.
b) Más cuando, como ocurre en este caso, estamos ante la falsedad prevista en los artículos 302.9º del Código de 1973 y 390.2º del Código de 1995 (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) -simular un documento de manera que induzca a error sobre su autenticidad-, lo relevante a efectos penales es la naturaleza del documento que se pretende simular; de manera que cuando se utiliza una reproducción fotográfica, se comete falsedad en documento oficial si el documento que se simula es efectivamente un documento oficial>>.
Compartimos, igualmente, su informe en cuanto hace hincapié en que "el denominado dolo falsario o dolo específico del tipo del delito de falsedad documental, se da, simplemente, cuando el autor tiene conocimiento de que está alterando la verdad por medio de una mutación o suposición documental (cfr. STS 13 febrero 2004 [RJ 2004, 2483]), sin más elementos añadidos." Y complementa este criterio con más Sentencias del Tribunal Supremo:
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<<Como se indica en la STS 3 junio 2004 (RJ 2005, 4144), "En este delito el conocimiento de la relación de causalidad nunca ofrece dificultades hasta el punto que tal conocimiento se confunde con el de saber que el documento que suscribe contiene la constatación de hechos no verdaderos" Como sintéticamente se afirma en la STS 1 octubre 2001 (RJ 2001, 8722), "Todas las modalidades falsarias descritas en el art. 390 del vigente Código Penal que contienen una versión descriptiva más simplificada que el artículo 302 del anterior Código Penal (RCL 1973\2255 y NDL 5670) del que es su heredero, tienen como elemento común vertebrador de todas las modalidades falsarias la existencia de un elemento subjetivo del injusto constituido por el propósito del sujeto de introducir conscientemente un factor de alteración de la verdad -mutatio veritatis- en documento, capaz de producir engaño en aquel preciso ámbito en el que deba surtir efecto el documento alterado. Este ánimo falsario queda bien patente en los verbos que describen las cuatro modalidades falsarias del art. 390: alterar, simular, suponer y faltar a la verdad. Acciones todas intencionales si bien quiebra estas reglas en relación a las falsedades cometidas por funcionario público mediante imprudencia grave -art. 391-. La jurisprudencia de esta Sala ha reconocido el carácter nuclear del elemento subjetivo del injusto que se comenta y que está integrado por la conciencia y voluntad de alterar la verdad, convirtiendo en veraz lo que no es, intención maliciosa que ha de quedar acreditada y probada -SSTS de 28 de octubre de 1997 (RJ 1997\7843) y núm. 242/1998 de 20 de febrero (RJ 1998\1181)-, elemento intencional que basta y sobra para la falsificación cometida por funcionarios, no exigiéndose ni ánimo de lucro ni otro especial, a diferencia de cuando se trata de documentos privados -SSTS de 30 de abril de 1981 (RJ 1981\1687) y 25 de marzo de 1999 (RJ 1999\2053)->> Por ello, aun cuando estimáramos probados los motivos aducidos el apelante tratando de justificar su acción, como también señala el Ministerio Fiscal, serían completamente irrelevantes y no alterarían su calificación jurídica, ya que, y así lo viene considerando este Tribunal de apelación, en la generalidad de los delitos dolosos, como es el caso, es suficiente que concurra el dolo genérico de saber lo que se hace y actuar conforme a dicho conocimiento ("realizar la acción prohibida de manera consciente y voluntaria, es decir, sabiendo lo que se hace y haciendo lo que se quiere", dicho en palabras de la STS núm. 496/2003, de 1 abril), ya que, según reiterada jurisprudencia, "el propósito mediato o final del agente es un factor que no puede confundirse con el dolo", que no cabe confundir con el móvil, siendo el dolo "el conocimiento de la significación antijurídica del hecho, y la voluntad de realizarlo", en tanto que "el móvil, como motivación de la conducta, es un factor que no transciende al ámbito penal, pues así como el dolo forma parte imprescindible del delito, el móvil es irrelevante salvo cuando la ley lo recoja como elemento integrante del tipo", careciendo, por tanto, las razones o motivos que hayan determinado la voluntad de actuar de "potencialidad alguna destipificadora salvo que se recoja como elemento especial del tipo del injusto o cuando se recoja en algunas circunstancias modificadoras de la responsabilidad criminal" (SSTS 574/2000, de 31 marzo; 380/1997, de 25 marzo; 30 de septiembre de 1998 y 2 de febrero de 1987).
En definitiva, tratándose de un delito de falsedad en documento oficial, no es de aplicación la doctrina propia de las falsedades cometidas en documento privado que, en realidad, es la que se pretende aplicar por el recurrente, respecto de la que, como analizábamos en Sentencia núm. 82/2014, de 7 mayo (JUR 2014\180576), <<no basta con la concurrencia de ese "dolo falsario", común a todas las modalidades de falsedad documental (a excepción de la sancionada en el artículo 391 CP, que se refiere a "La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa ..."), para que la falsedad cometida en documento privado resulte punible, sino que, además, se requiere como "condictio sine qua non del injusto típico que se produzca o se pretende producir un perjuicio a otro", como analizan las Sentencias del Tribunal Supremo núm. 489/2012, de 12 junio y núm. 860/2013, de 26 noviembre.>>
SEXTO.-Dada la desestimación del recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 240 y 901 de la LECrim., aplicable este último por razón de analogía, procede condenar a la parte apelante al pago de las costas ocasionadas en esta apelación.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
III.- F A L L O
Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales XXXXXXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXX, contra la sentencia de 14 de abril de 2014, dictada por el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Pamplona/Iruña en autos de Procedimiento Abreviado Nº 286/2012, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución con expresa condena a la parte apelante de las costas ocasionadas en esta apelación.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia con testimonio de esta resolución.
Así, por esta nuestra Sentencia, que es firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Reducela por favor Ronin a la mínima expresión o a lo mas importante de la sentencia, el caso es que condenan por la fotocopia.
Bien hechas las cosas pasara el tramite.
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Interesante sentencia.
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PSOE pide que la jubilación anticipada se siga permitiendo con un 33% de discapacidad
lainformacion.com
domingo, 05/04/15 - 16:57
El PSOE teme que exigir un grado del 45% durante los quince años de cotización obligatoria "expulsará" de las ventajas de esta medida a muchas personas.
Aseguran que hasta 2009 era suficiente para acceder a las ventajas previstas para su colectivo, pero no lo han actualizado a un eventual grado superior por no conllevar "ningún efecto".
El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que siga permitiendo el acceso a la jubilación anticipada a los trabajadores que acrediten un grado de discapacidad del 33% durante el periodo mínimo de cotización obligatorio, sin perjuicio de que en el momento de la solicitud deban acreditar un nivel del 45%.
En su propuesta, que será debatida en la Comisión parlamentaria de Discapacidad y que recoge Europa Press, los socialistas explican que desde 2009 los trabajadores con determinadas discapacidades pueden acceder a la jubilación anticipada si han mantenido un grado igual o superior al 45% de minusvalía durante todo el periodo mínimo de cotización exigido para tener derecho a pensión (quince años).
Sin embargo, "la realidad" es que muchos de los potenciales beneficiarios de esta medida cuentan para todo su periodo de cotización con un certificado que les reconoce una discapacidad superior al 33%, que hasta 2009 era suficiente para acceder a las ventajas previstas para su colectivo, pero no lo han actualizado a un eventual grado superior por no conllevar "ningún efecto".
Por ello, el PSOE teme que exigir un grado del 45% durante los quince años de cotización obligatoria "expulsará" de las ventajas de esta medida a "muchas de las personas cuyas circunstancias encajan en el supuesto que se pretende proteger", por lo que proponen una revisión de la norma en aras a que se pueda acceder a una jubilación anticipada con un grado de minusvalía del 33% durante los quince años de cotización, "sin perjuicio de que se mantenga la exigencia de un grado igual o superior al 45% en el momento de la solicitud".
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http://www.policias-cop.es/media/kunena/attachments/44/ManualPolicialPersoMovilReducidaSegVialyFalseDocumental.pdf
(http://www.patrulleros.com/foro/index.php?action=dlattach;topic=9228.0;attach=55422;image)
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domingo, 10 de mayo de 2015
Tarjeta de estacionamiento única para las personas con discapacidad en la Comunidad
Tarjeta de estacionamiento única para las personas con discapacidad en la Comunidad El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en la Comunidad, y se determinan las condiciones para su utilización. De esta manera, se adapta la normativa de la Comunidad a la estatal.
La tarjeta de estacionamiento es un documento público que acredita el derecho de las personas cuya discapacidad les cause dificultades de movilidad para utilizar el transporte colectivo, a estacionar los vehículos lo más cerca posible del lugar de destino, en las zonas reservadas o autorizadas. El modelo único de tarjeta, que se adapta a las recomendaciones de la Unión Europea, se facilitará desde la Comunidad a todos los Ayuntamientos de la región e incorporará medidas de seguridad especiales para evitar su uso fraudulento.
Con la aprobación de este Decreto, podrán obtener la tarjeta de estacionamiento, además de las personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, de acuerdo con el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, aquellas que tengan deficiencia visual con agudeza visual en el mejor ojo igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos. Además, podrán obtener la tarjeta personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad, que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia.
La tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, que se concederá por periodos de cinco años, será única, personal e intransferible, y solo podrá ser utilizada cuando la persona titular conduzca el vehículo o sea transportada en el mismo. El Decreto prevé asimismo que los Ayuntamientos registren todos los datos asociados a las tarjetas para personas con discapacidad que expidan en el Registro ya habilitado a tal efecto en la Comunidad.
Decreto que regula la Atención Temprana
Tarjeta de estacionamiento única para las personas con discapacidad en la Comunidad El Gobierno regional ha aprobado también el Decreto que regula por primera vez la coordinación en la prestación de la atención temprana, por los servicios sanitarios, educativos y sociales para dar así una respuesta integral, lo más inmediata posible, a las necesidades transitorias o permanentes que puedan presentar los menores de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo, con discapacidad o riesgo de padecerla o dependencia. El Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil de la Comunidad (CRECOVI), único en España de estas características, aúna en un único espacio de referencia y acogida las diferentes valoraciones que puedan requerir los menores -discapacidad, atención temprana o dependencia- y ofrece orientación y formación a las familias.
La Consejería de Sanidad se encargará de la realización de las actuaciones de promoción de la salud, prevención primaria, secundaria y terciaria, detección, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, de acuerdo con la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Además, los servicios sanitarios implicados emitirán informe sanitario de derivación para la valoración de necesidad de Atención Temprana cuando se detecte que el menor puede beneficiarse de este tipo de atención.
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte será la encargada de detectar y evaluar las necesidades educativas del menor, así como la orientación y coordinación con la familia, la comunidad educativa y el entorno. Además, los Equipos de Orientación Psicopedagógica (EOEP), ya sean Generales o de Atención Temprana (EAT), emitirán cuando proceda el informe de derivación para la valoración de la necesidad de Atención Temprana.
La Consejería de Asuntos Sociales se encarga de valorar a los menores y dar orientación y apoyo a las familias a través de la Unidad de Valoración del Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI), inaugurado por el presidente, Ignacio González, a finales del año pasado.
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¿Quién es competente para retirar una tarjeta de persona con movilidad reducida?
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Por qué motivo?
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Uso indebido, caducada, fotocopia..... cualquiera.
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¿Quién es competente para retirar una tarjeta de persona con movilidad reducida?
Municipio, Comunidad...Estado.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13362.pdf
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Pues habrá que estar al caso concreto, si está manipulada y/o falsificada . . . cualquier miembro de las FFyCCS para instruir las correspondientes diligencias, si está caducada cualquier funcionario encargado del control y la vigilancia del tráfico para su remisión a la Administración que la expide . . . por eso hay que estar a cada caso particular.
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Pues habrá que estar al caso concreto, si está manipulada y/o falsificada . . . cualquier miembro de las FFyCCS para instruir las correspondientes diligencias, si está caducada cualquier funcionario encargado del control y la vigilancia del tráfico para su remisión a la Administración que la expide . . . por eso hay que estar a cada caso particular.
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Pues yo creo que en todo caso deben de ser las FFyCCS, ¿Qué autoridad tengo yo para retirarle la tarjeta si mi competencia es exclusiva de tráfico?, una vez retirado el vh... ya no tiene nada que ver con el tráfico.
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Pues yo entiendo que sí, puesto que la tarjeta se usa para ocupar un estacionamiento reservado y si está caducada no puede hacerlo por lo tanto incurre en infracción administrativa . . . se confecciona
el correspondiente boletín de denuncia, se interviene la tarjeta caducada, se hace constar en observaciones y se remite para su devolución al órgano que la expide, yo no veo el problema.
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Que el vehículo ya está denunciado, ya está retirado con grúa y ya no está en vía pública, por lo que tenemos a un sr esperando a que le sea devuelto su vh. generándole una serie de gastos extra, hasta la llegada de los Agentes de Movilidad, lo cuales, no tienen competencia para tomarle sus datos como se viene haciendo en el caso de fotocopias o caducadas, para rellenar el acta, además de lo anteriormente dicho, ya no está en vía pública, no está en circulación, no tiene que ver ya con el tráfico.
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Yo creo que sí, ha sido denunciado por tener la tarjeta caducada y para retirar el vehículo de la base se interviene la tarjeta que habilita la utilización de espacios reservados para su remisión a la Administración que la expide, infracción de tráfico, que se encuadra dentro de la infracción administra y por lo tanto competencia de los AA.MM.
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Yo creo que sí, ha sido denunciado por tener la tarjeta caducada y para retirar el vehículo de la base se interviene la tarjeta que habilita la utilización de espacios reservados para su remisión a la Administración que la expide, infracción de tráfico, que se encuadra dentro de la infracción administra y por lo tanto competencia de los AA.MM.
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Discrepo.
Ya no es tráfico, ya es una retirada de una documentación que se haya en un vehículo fuera de vía pública, de la cual, hay que realizar un acta y como ya vimos por sentencia del TSJM, pedir documentación por algo que no sea para notificar una denuncia... y máxime cuando no es un documento relativo al vehículo y al permiso de conducir del conductor.
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Es terminar el trámite de la notificación de la denuncia . . . por lo tanto es tráfico, los agentes actuantes que inician la intervención, denuncian y retiran el vehículo con la grúa por tener la tarjeta caducada o fotocopiada, así lo hacen constar en el correspondiente boletín y no pueden intervenirla y remitirla a la autoridad que la expide por estar el vehículo cerrado y ausente el conductor . . . la intervención se termina cuándo el conductor va a retirar su vehículo y en ese momento se interviene la tarjeta, cómo el agente que actúa es diferente al que denuncia la retirada de realiza mediante acta. . . misma intervención, misma actuación y misma infracción de tráfico . . . yo no veo mayor problema.
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Es terminar el trámite de la notificación de la denuncia . . . por lo tanto es tráfico, los agentes actuantes que inician la intervención, denuncian y retiran el vehículo con la grúa por tener la tarjeta caducada o fotocopiada, así lo hacen constar en el correspondiente boletín y no pueden intervenirla y remitirla a la autoridad que la expide por estar el vehículo cerrado y ausente el conductor . . . la intervención se termina cuándo el conductor va a retirar su vehículo y en ese momento se interviene la tarjeta, cómo el agente que actúa es diferente al que denuncia la retirada de realiza mediante acta. . . misma intervención, misma actuación y misma infracción de tráfico . . . yo no veo mayor problema.
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Por que motivo vas a notificar una denuncia a quien no le has visto cometerla? STS
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Yo no hablo se notificar la denuncia sino de intervenir la tarjeta y por lo que tu dices se hace por medio de un acta lo cuál me parece correcto.
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Hombre, claro que hay que hacer un acta de intervención.
Lo que no veo yo claro, es que tengamos que ser nosotros, ya que tienes que filiar a la persona y nosotros ya hemos terminado la intervención en cuanto el vh entra a la base.
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Yo sigo sin ver el problema, es la misma intervención y por la misma infracción.
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Poco más puedo aportarte, yo si creo que no podemos hacerlo, por todo lo anteriormente dicho.
A ver si alguien más aporta otra visión al tema en concreto.
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http://youtube.com/v/T926dU9SYvg#t=57
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Una adolescente discapacitada se suicida tras sufrir acoso escolar
La familia de la menor, alumna de un instituto madrileño, había acudido a la policía
El acoso escolar deja más secuelas que el maltrato por parte de adultos
Pilar Álvarez / Elisa Silió / F. Javier Barroso Madrid 23 MAY 2015 - 14:59 CEST
Una chica de 16 años se ha suicidado este viernes en Madrid. Se despidió de sus amigas por WhatsApp y se tiró al vacío desde la sexta planta de su bloque de pisos. Estudiaba en un instituto del sur de Madrid capital, en el que había padecido acoso escolar, según denunció su familia hace apenas un mes. La menor, con discapacidad intelectual y motora, contó a sus profesoras que otro alumno del centro le exigía dinero y la coaccionaba con mensajes.
“Estoy cansada de vivir”, escribió la chica en un mensaje de teléfono a sus amigas antes de arrojarse por el hueco de las escaleras. Lo hizo en la vivienda familiar que compartía con su hermano menor y sus padres en el barrio de Usera, al sur de Madrid capital. Era un poco antes de las nueve de la mañana, cuando en el instituto al que asistía estaban empezando las clases un día más. La familia relaciona directamente el hecho con un caso de acoso escolar a la chica que detectó el centro y que sus padres habían denunciado ante la policía.
"Estoy cansada de vivir", escribió a sus amigas en un mensaje
Hace aproximadamente un mes, la familia presentó una denuncia en la comisaría del barrio después de que las tutoras de la menor avisaran a la madre de la chica de que estaba sufriendo acoso escolar por parte de un compañero del centro. Le exigía dinero y ella se puso a trabajar para conseguirlo. “Cuidaba de gente mayor y juntó los 50 euros que le pedía este sinvergüenza”, relataba conmocionado su tío a EL PAÍS en el rellano de la vivienda de la abuela, situada en otro barrio obrero de la capital, el Pozo del Tío Raimundo.
La alumna sufría una discapacidad motora y otra intelectual “de entre el 30% y el 40% que le hacía comportarse como una niña de 10 años”, según su tío. Repitió un curso y este año asistía a 2º de la ESO en el instituto en el que, según fuentes del centro, varios menores tuvieron que ser atendidos por los médicos por “ataques de ansiedad” tras conocer lo que le había pasado a la muchacha.
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El martirio de un estudiante acosado
Fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid aseguran que no les constaba que esta menor hubiera tenido algún problema psicológico ni enfrentamientos anteriores con otros alumnos, un extremo que desmienten tanto la familia como las fuentes del centro consultadas por EL PAÍS.
Tras conocer la muerte de la estudiante, Educación envió al centro a un psicólogo y a dos inspectores que están valorando qué ha ocurrido, después de reunirse con profesores y con la única orientadora del instituto, al que acuden unos 1.200 alumnos. Sus familias han protagonizado distintas movilizaciones en los últimos años para pedir mejores dotaciones y más personal. La consejería ha anunciado que a partir del próximo lunes todos los alumnos que lo requieran serán tratados por especialistas.
Según el tío de la menor, esta le relató a sus profesoras el supuesto acoso del que era víctima y les enseñó los mensajes que recibía del chico. “No era la única a la que tenía atemorizada en el instituto, pero sí la única que lo denunció”, explica el mismo familiar.
Las tutoras avisaron a la madre de la chica, una niña “amable, superbuena y muy protectora con su hermano menor” que “reventó y contó su caso”. Ni su madre ni el resto de familiares llegaron a ver los mensajes enviados por el supuesto acosador. Cuando acudieron a presentar la denuncia a la comisaría, ella los había borrado.
Los docentes habían citado a la familia el próximo lunes en el centro para abordar el caso, según su tío, porque el pasado jueves la notaron muy nerviosa. Pero no dio tiempo: la joven ya no volverá a clase.
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La víctima era una joven con discapacidad
Todos los compañeros de la menor acosada que se suicidó en Madrid 'sabían lo que pasaba'
EFE Madrid
Actualizado:25/05/2015 17:02 horas
Una compañera de clase de la menor fallecida del instituto de enseñanza Secundaria (IES) Ciudad de Jaén ha reconocido que "todos" sabían lo que le ocurría a la adolescente, y ha relatado que la joven pidió a varios alumnos a través de un grupo de WhatsApp que se "cuidasen" y "no se metiesen en líos".
"Lo conocíamos todos", ha dicho esta compañera de clase sobre el caso de la menor de 16 años y con discapacidad que se tiró al vacío desde un sexto piso el pasado viernes a consecuencia de un presunto acoso escolar.
Además, la alumna ha comentado que los presuntos acosadores, una chica y un chico alumnos del centro, son unos "sinvergüenzas" y que la dirección del IES Ciudad de Jaén ha pedido al resto de compañeros que "no actúen de manera violenta" contra ellos, ya que no es posible "hacer ya nada" por la fallecida.
Tras un acto de recuerdo llevado a cabo este lunes en el instituto, esta misma joven ha explicado que los docentes del centro aseguraron a los compañeros de clase de la víctima, antes de que falleciese, que el caso estaba "en manos de la Policía".
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La última agresión, según el relato de la estudiante, se produjo el pasado jueves cuando los acosadores vaciaron una botella de agua sobre la víctima en uno de los pasillos del centro educativo.
Sin embargo, la menor ha asegurado que la jefa de estudios dijo en una ocasión, ante la insistencia de los compañeros de clase de la joven en denunciar el presunto acoso, que "muchas cosas que decía -en referencia a la víctima- eran mentira". La alumna y compañera de clase de la víctima ha pedido que "se haga justicia" por la fallecida.
Familias enfrentadas
Asimismo, y también después del acto de recuerdo, una madre de una alumna del centro se ha mostrado "muy triste" por este caso de acoso escolar, que según ha señalado no es el primero que tiene lugar en el IES Ciudad de Jaén de Madrid.
Además, ha señalado que las familias de la víctima y de uno de los acosadores "están enfrentadas" tras la muerte de la joven, a quien ha definido como una adolescente "débil" y que se encontraba desesperada por la situación.
Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha criticado que los "recortes" son "el caldo de cultivo" sobre el que se producen estas "tragedias", que en su opinión pueden evitarse.
A su juicio, la falta de recursos materiales y humanos -el centro contaba con un psicólogo para 1.250 alumnos-, así como la "masificación" de jóvenes han provocado que no se solucionase este problema, que según ella la Consejería de Educación "conocía".
"Se han desentendido", ha criticado García en referencia a la respuesta ante el presunto acoso de la Consejería, un organismo que según ella "está dejando morir" a los centros públicos de la región.
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El juez pide datos a la Policía para investigar responsabilidades en el suicidio de la menor
s.l. @ABC_Madrid / madrid
Día 26/05/2015 - 12.10h
La niña se arrojo desde un sexto piso tras recibir mensajes amenazantes de los alumnos de un instituto de Usera
El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid ha solicitado a la Policía que le remita toda la documentación del caso de la menor con discapacidad que se arrojo desde un sexto piso tras recibir mensajes amenazantes de alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Ciudad de Jaén de Usera, han informado ad fuentes jurídicas.
El magistrado está investigando posibles responsabilidades de adultos en el caso dentro de las pesquisas judiciales abiertas. De forma paralela, la Fiscalía del Menor lleva lo relativo a la investigación que implica a menores de edad como el del chico presuntamente autor de las mensajes amenazantes. Fuentes jurídicas han señalado que el chico fue detenido un día después del fatal desenlace. En el caso de los menores, se le realiza una exploración.
Ayer mismo, los padres de la niña comparecieron ante el juez instructor en una audiencia en la que se les propuso ejercer acciones legales. Los padres habían denunciado hace un mes que su hija, de 16 años y con una discapacidad, sufría acoso escolar.
El director del Instituto de Educación Secundaria (IES), Luis Carlos Pérez, que ayer fue apartado por la Consejería de Educación, aseguró en un comunicado que el centro tiene «la conciencia tranquila», pues se «volcó» con la menor e intentó resolver todos los problemas que se detectaron.
«El centro se ha volcado en esta alumna, se ha atendido a su diversidad, y se ha estado atento a resolver todos los problemas que la han surgido, se han detectado y se han puesto todas las medidas posibles para resolverlos», manifestó.
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Imputada otra menor por suicidio de la joven acosada en un instituto de Usera
s.l. @ABC_Madrid / madrid
Día 28/05/2015 - 12.28h
Tras el suicidio de la joven, de 16 años y que padecía discapacidad, la Policía detuvo a un compañerocomo presunto autor de las amenazas y coacciones a la joven
La Fiscalía de Menores ha imputado a una menor en relación con el suicidio de la joven que fue supuestamente acosada en un instituto madrileño, de manera que ya son dos los imputados por estos hechos, tras la detención de otro compañero el mismo día del fallecimiento. Según han informado fuentes de la investigación, la menor fue imputada por la Fiscalía el sábado, un día después de que la víctima se suicidase.
Tras el suicidio de la joven, de 16 años y que padecía discapacidad, la Policía detuvo el mismo día a un compañero del instituto Ciudad de Jaén como presunto autor de las amenazas y coacciones a la joven. Este joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que luego le dejó en libertad aunque imputado por estos hechos, según informaron ayer fuentes policiales y jurídicas. Ahora ha trascendido que un día después también fue imputada otra menor, amiga del arrestado.
La investigación continúa para determinar si hay más acosadores y más víctimas, según han explicado fuentes judiciales, que han precisado que el Juzgado de Instrucción 36 continúa con las diligencias. El magistrado ya tomó declaración a los padres de la menor fallecida y les ofreció ejercer las acciones que consideren oportunas a través de este órgano.
También solicitó a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que la comisaría de Usera –en la que los padres de la fallecida interpusieron la denuncia por acoso– remita al juzgado toda la documentación que tenga sobre este caso por si en el mismo estuviera implicado algún adulto.
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Que digo, que me lo pinto yo.
Pintan un aparcamiento ilegal de discapacitados en Las Moraditas
El Día, S/C de Tenerife 11/jun/15 04:48 Edición impresa
(http://eldia.es/eldiaes/imagenes/2015/06/11/1433994861890k.jpg)
Miembros de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife sorprendieron, recientemente, a algunos operarios de una empresa de pinturas e impermeabilizaciones que estaban señalizando, de manera totalmente ilegal, un estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida en una calle de la capital tinerfeña.
La mencionada infracción tuvo lugar en una de las vías públicas del barrio de Las Moraditas de Taco, según manifestaron en la jornada de ayer las fuentes consultadas sobre este curioso asunto.
Los agentes municipales procedieron, en primer lugar, a identificar a los trabajadores de la mencionada empresa.
Los funcionarios comprobaron que ni dichas personas ni la sociedad tenían autorización alguna, ni licencia para esta actuación en la vía pública y para la que se requiere un procedimiento administrativo concreto.
Los policías locales que intervinieron decidieron posteriormente paralizar los trabajos.
Además, comunicaron esta infracción grave al encargado de la empresa, quien detalló los datos del encargo recibido aunque reconoció no tener permiso para tal señalización.
Toda esta información fue requerida para el acta administrativa que tramitaron los agentes.
Al mismo tiempo, los agentes solicitaron el borrado de la señalización ilegal y, con posterioridad, se comprobó que habían repintado la zona con pintura negra, aunque no de manera adecuada, según los datos ofrecidos en la jornada de ayer por parte de la Jefatura del cuerpo en un comunicado.
Como quiera que esta acción puede suponer una infracción de carácter grave, por parte de los miembros de la patrulla se elevó el oportuno informe al área de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento capitalino para que instruya un procedimiento sancionador a quienes encargaron pintar ese "aparcamiento especial".
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Y tan ricamente . . .
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Uhmmmmmm.....lección moral...más que una multa.
http://youtube.com/v/2VkIBjNQzUE
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La Comunidad de Madrid considera minusvalía "moderada" tener una pierna amputada
Carlos Romero, de 36 años, recurrió la decisión ante un tribunal que le ha dado la razón y considera su minusvalía como "grave"
La Consejería de Asuntos Sociales, que ni se presentó al juicio, ha recurrido esta sentencia porque dicen que no es tarea de la justicia la valoración del afectado
Laura Galaup
28/06/2015 - 19:38h
(http://images.eldiario.es/sociedad/Discapacidad-amputada-pierna-Madrid-deniega_EDIIMA20150625_0805_5.jpg)
Carlos Romero en rehabilitación
"Acudí al centro de valoración de la Comunidad de Madrid en silla de ruedas, con el muñón totalmente vendado y el pie también. Ni me podía levantar, si lo hubiese intentado me hubiese comido el suelo con la boca " , así recuerda Carlos Romero, 36 años, la mañana de hace un par de años en la que acudió al examen médico para que dictaminasen qué porcentaje de discapacidad le correspondía. Se llevó una sorpresa al comprobar que no le concedían el baremo de movilidad reducida y que valoraban su discapacidad en un 49%. Esta cifra da por hecho que es una minusvalía moderada: el Real Decreto que rige los baremos establece que con ese porcentaje el afectado puede realizar la mayor parte de las actividades diarias.
Como no estaba de acuerdo con la valoración planteada recurrió esta decisión. Un tribunal de Móstoles le ha dado la razón y considera que sí tiene derecho a la concesión de movilidad reducida y aumenta el porcentaje de discapacidad a 71%, es decir, minusvalía "grave". El juzgado acepta el peritaje médico alternativo que presentó el joven y considera acreditada "la utilización de una silla de ruedas por el actor para sus desplazamientos" y "una mayor trascendencia en las enfermedades que se tomaron en cuenta para valorar el grado de discapacidad".
Sin embargo, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha recurrido esta sentencia judicial. El gobierno regional toma esta decisión, después de no presentarse a la vista en la que Romero explicó los problemas que le ocasiona tener la pierna derecha amputada por debajo de la rodilla y una úlcera en el pie izquierdo que se extiende por la mitad de la planta y no le permite pisar correctamente. Esta herida ha hecho que pierda un número y medio de calzado, ha pasado del 47 y medio que utilizaba hace dos años al 46 que usa ahora.
Hace cuatro años se quemó las plantas de los pies "con una acumulador de calor" mientras dormía en un sofá donde le sobresalían las piernas y su rutina ya no es la misma. Estuvo dos años recibiendo tratamiento para que le curasen esas heridas, sin embargo las úlceras fueron empeorando. En la primavera del 2013 le amputaron parte de la pierna derecha porque una enfermedad infecciosa fue devorando el hueso y los médicos querían conseguir que no afectase a toda la extremidad. Según fuentes médicas consultadas por eldiario.es, uno de los factores que pudo provocar el empeoramiento físico fue la diabetes que sufre Carlos, ya que esta enfermedad aumenta el riesgo de que las extremidades del cuerpo pierdan riego sanguíneo.
Tras la primera operación pasó un año hasta que el muñón cicatrizó. Sin embargo, en 2014 tuvo que volver al quirófano, ya que al comenzar la rehabilitación los médicos se dieron cuenta de que había problemas. "Me tuvieron que volver a operar para reconstruirme el muñón porque no estaba bien intervenido". Así que hasta hace un par de meses ha estado en "dique seco" y ha sido en primavera cuando ha comenzando a caminar con una prótesis.
"Tengo dolores crónicos en el pie, no puedo andar bien, todos los días hago frente a barreras arquitectónicas al ir con la prótesis o la silla de ruedas", apunta el afectado para justificar que no puede realizar lo que la normativa denomina como "actividades diarias".
Gracias a la sentencia judicial, la discapacidad de Carlos pasa a ser valorada como grave y, por tanto, a partir de ahora tiene mayores derechos sociales y económicos. Puede tener acceso a una pensión contributiva, se puede jubilar antes y puede conseguir mayores deducciones fiscales en la declaración de la renta. Además, al concederle la movilidad reducida pasa a contar con una tarjeta especial de aparcamiento o con un descuento del 4% del IVA en las adaptaciones de un coche con el que pueda desplazarse.
La Consejería recurre
En la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid están empeñados en negarle a Carlos lo que un juez ya le ha reconocido, han recurrido la sentencia dictada por el juzgado de Móstoles. "Ya pensaba que estaba todo ganado, viendo el poco interés que pusieron al no venir a la vista. Pero no ha sido así", señala.
El escrito presentado por el gobierno regional, al que ha tenido acceso eldiario.es, es un recurso tipo en el que no se detalla por qué no están de acuerdo con el peritaje específico realizado a Carlos. Lo que buscan es justificar que un juzgado no es el órgano en el que se debe alterar una decisión decisión administrativa, como es esta valoración. Por eso solicitan, en este caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que revoque el 71% de discapacidad y la movilidad reducida que le han concedido mediante sentencia. Ahora, el TSJM debe tomar una decisión. Esta redacción se ha puesto en contacto con la Consejería para conocer por qué no se presentaron al juicio, sin haber recibido respuesta por el momento.
Lo primero que hizo Carlos al salir del hospital tras la amputación fue comenzar a tramitar el certificado de discapacidad: "Lo necesitaba para poder rehacer mi vida, conseguir un trabajo, una casa rehabilitada". Dice que está agotado de tener que recurrir lo que "le pertenece". "No pido una pensión, ni una invalidez permanente. Solicito que valoren mi discapacidad correctamente, yo no puedo hacer una vida normal, tengo muchos problemas de desplazamiento y una diabetes muy fuerte", indica. Durante estos años en los que ha estado haciendo frente a la enfermedad ha dejado de trabajar y ha invertido sus ahorros en comprar una prótesis, 12.000 euros, y en conseguir una silla de ruedas adaptada a sus dos metros de estatura, 7.000 euros.
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La Policía Municipal imputa a 23 personas por falsificar tarjetas de estacionamiento
EUROPA PRESS
- Madrid
Actualizado 22/11/201512:40
La Policía Municipal de Madrid ha imputado a 23 personas por presunta falsificación de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, gracias a las que estacionaban en las plazas reservadas para personas discapacitadas, en zonas de carga y descarga y gratuitamente en las plazas de Estacionamiento regulado.
Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, los agentes de las Unidades Integrales de Distrito y los Agentes de Movilidad detectaron el presunto delito en sus inspecciones diarias de los lugares de estacionamiento de la capital, trasladando la tarjeta supuestamente falsificada a la Sección de Policía Científica para que se elaboren las correspondientes diligencias por el uso fraudulento de las mismas.
El servicio de Documentoscopia Forense de la sección analizó con instrumental técnico las falsificaciones, determinando que eran falsificadas, por lo que los imputados se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión por falsedad documental.
En cuanto a las tarjetas que otorga el Ayuntamiento de Madrid, a través del Departamento de Autorizaciones y Ocupaciones, las falsificaciones evidencian diversas características de su falsedad: dimensiones y soportes inadecuados, hologramas y escudos digitalizados, o incluso reproducciones realizadas por medios ofimáticos.
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noviembre 30, 2015 en: Galicia .
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Ourense. Policías locales de la capital ven ilegales las plazas de minusválidos
La Voz de Galicia
En Ourense se está produciendo «un incumplimiento generalizado de la legalidad vigente por parte del ayuntamiento», en relación con la normativa sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas por las plazas de aparcamiento para discapacitados. Lo dice un sindicato profesional de la Policía Local, cuyos responsables se lo han advertido por escrito al alcalde, con la advertencia expresa de que, si no ven respuestas, tomarán otras medidas y denunciarán la situación. Dejan claro que la sanción por los incumplimientos que perciben pueden llegar a 300.000 euros.
Exponen los delegados del SPPME (Sindicato Profesional de Policías Municipales de España) que el incumplimiento de las medidas de las plazas para personas discapacitadas, es generalizado.
Fueron las periódicas reclamaciones de personas afectadas, haciendo notar que en otras ciudades tenían más posibilidades para moverse sin necesidad de ocupar en ocasiones la calzada con el consiguiente riesgo personal, lo que suscitó esta actuación. Por iniciativa propia de los policías. La mayoría están mal, concluyen tras una «revisión exhaustiva».
La «desatención de las obligaciones legales de este ente local ha expuesto durante años a peligros innecesarios a sus conciudadanos, lo que denota una cierta desatención y falta de sensibilidad hacia estos colectivos», afirman en el escrito los representantes sindicales.
Imagen de dejadez
Esa forma de actuar hace, según recalcan, «que se perciba una imagen de dejadez, todo lo contrario que cabe esperar por parte de la administración, que debe aunar esfuerzos para garantizar y preservar el derecho de sus ciudadanos».
Solicitan desde esta organización que se proceda a la adecuación de las plazas de estacionamiento destinadas a personas con discapacidad que se hallen en el municipio que no cumplan con la normativa vigente» y que, al mismo tiempo, se les informe de las eventuales actuaciones.
Advierten, en cualquier caso, que si no observan «voluntad e implementación de medidas correctoras» por parte del Concello, «se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes para que tomen las medidas oportunas que mejor procedan en derecho». Expresamente hacen referencia a la posibilidad de incurrir en delitos de prevaricación por omisión «cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación», como dice el Tribunal Supremo en una sentencia que citan en el escrito.
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Admiten a trámite una demanda contra Metro de Madrid por «inacción» en accesibilidad
Es la primera vez que se da esta circunstancia, el proceso podría sentar un precedente en la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad
S.L. - @ABC_MadridMadrid - 14/01/2016 a las 16:35:31h. - Act. a las 23:10:15h.Guardado en: Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) contra Metro de Madrid por «inacción administrativa para dar cumplimiento a obligaciones normativas estatales en materia de accesibilidad universal». Según ha informado el CERMI en una nota, la sección octava de Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM insta a la empresa pública a presentar en el plazo de 20 días el expediente administrativo y todos los antecedentes relativos a actuaciones sobre accesibilidad.
El pasado mes de diciembre, la representación cívica de la discapacidad española y madrileña presentó un recurso contra la «inactividad de la Consejería de Transportes y de Metro de Madrid en el cumplimiento legal de los plazos establecidos en el Real Decreto de 2007 por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Según el CERMI, «Metro no ha actuado dentro del plazo legal fijado en la normativa estatal para dotar de accesibilidad a su red de estaciones, habiéndose comprobado incumplimientos desde 2011 y 2014, en los que una serie de estaciones que no reunían condiciones de accesibilidad tendrían que haberse convertido en accesibles, de acuerdo con la progresividad temporal de la regulación básica del Estado».
Esta demanda es la primera que, por razón de inacción administrativa en relación con la accesibilidad, va a ser enjuiciada por un tribunal, por lo que el proceso podría sentar un precedente en la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.
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(https://pbs.twimg.com/media/CasCEH1WAAAbUIL.jpg)
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El Langui se planta delante de un autobús tras impedirle subir con su silla de ruedas
El conductor negó la entrada al rapero alegando que su silla de ruedas motorizada "no se adaptaba a la normativa". El rapero sostiene que su silla es la misma que subvenciona la Comunidad de Madrid para las personas con discapacidad, lo que supone un contrasentido con el hecho de que no pueda usarse en el transporte que depende de esa comunidad.
El rapero Juan Manuel Montilla, conocido como El Langui, bloqueó este jueves la salida de un autobús de la línea 412 después de que el conductor le impidiera ascender al transporte de pasajeros con su silla de ruedas en Villaverde (Madrid).
Según ha explicado este viernes el rapero en una entrevista de radio, recogida por la agencia Efe, había viajado esa mañana con su silla de ruedas en la misma línea de autobús en la que por la tarde se le impidió el acceso. "Yo llevo 8 años cogiendo el mismo bus, el interurbano 412, con mi silla de ruedas", ha explicado el cantante, quien relató que el conductor le había informado al impedirle el acceso que había recibido un whashap con una normativa que indicaba que las sillas como la utilizada por El Langui ya no podrían acceder al autobús.
El conductor del autobús alegó que la silla de ruedas del rapero "no se adaptaba a la normativa"
El Langui ha declarado en la entrevista en la emisora Ya Veremos M-80: "Somos cientos de personas los que necesitamos movernos día a día en nuestras sillas de ruedas", las mismas, ha precisado, que el Consorcio de Transportes de Madrid autoriza en los transportes de la EMT, Cercanías y Metro. El relato del incidente, en el que El Langui, impidió la salida de su autobús y otros posteriores hasta que llegó la policía, lo ha facilitado el bloguero Víctor Cruz en su bitácora.
Según ese relato, El Langui intentó acceder este jueves al autobús público de la compañía La Veloz, del grupo Samar, para ir desde Villaverde a San Martín de La Vega, lugar de residencia del cantante, cuando el conductor le negó la entrada al vehículo. Al parecer, según recoge Cruz en su blog, esta prohibición se debió, según palabras del conductor, a que su silla de ruedas motorizada no "se adaptaba a la normativa".
El artista padece una parálisis que le obliga a moverse en silla de ruedas y, según añade Cruz, el conductor del autobús alegó que el vehículo motorizado que utiliza El Langui "no está autorizado a acceder al transporte público". En protesta por ese tratamiento, El Langui se plantó delante del autobús, impidiendo la salida del mismo, para reclamar su "derecho a viajar en autobús".
En la entrevista de radio, el rapero ha añadido que su silla de ruedas, eléctrica, es la misma que subvenciona la Comunidad de Madrid para las personas con discapacidad, lo que supone un contrasentido con el hecho de que no pueda utilizarse en un transporte público que depende de esa misma comunidad.
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Se puede subir a un autobús con ese tipo de silla?
(http://ep01.epimg.net/ccaa/imagenes/2016/02/19/madrid/1455901857_709485_1455908022_noticia_normal.jpg)
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Se puede subir a un autobús con ese tipo de silla?
(http://ep01.epimg.net/ccaa/imagenes/2016/02/19/madrid/1455901857_709485_1455908022_noticia_normal.jpg)
Habría que ver, aunque lo permita la norma, que el autobús reúne la maquinaria necesaria para ello. en Estados unidos es muy común esas sillas, los autobuses disponen de una plataforma especial y se adecua el espacio en el autobús para estas sillas.
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Ese autobús no disponía de rampa para que accediese y el se mosqueó y se puso delante, impidiendo que los demás pudiesen llegar a su destino, con las molestias que eso puede llegar a causar.
El conductor del autobús no tenía culpa de su problema, los ciudadanos que iban en ese autobús no tenían culpa de su problema, los demás usuarios de esa vía no tenían la culpa de su problema..... no creo que tenga razón por muy Langui que sea, ¿si no fuese una persona conocida y PMR, ¿lo mismo estaríamos hablando de posibles consecuencias advas.?
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Ese autobús no disponía de rampa para que accediese y el se mosqueó y se puso delante, impidiendo que los demás pudiesen llegar a su destino, con las molestias que eso puede llegar a causar.
El conductor del autobús no tenía culpa de su problema, los ciudadanos que iban en ese autobús no tenían culpa de su problema, los demás usuarios de esa vía no tenían la culpa de su problema..... no creo que tenga razón por muy Langui que sea, ¿si no fuese una persona conocida y PMR, ¿lo mismo estaríamos hablando de posibles consecuencias advas.?
Pues si es así nada que añadir. Totalmente de acuerdo.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
«El Langui» vuelve a bloquear un autobús por no poder subir con su silla motorizada
El cantante se puso delante de uno de los buses interurbanos Madrid-San Martín hace menos de una semana
S. L. - @abc_madridMadrid - 22/02/2016 a las 20:33:39h. - Act. a las 20:57:55h.Guardado en: Madrid
«El Langui» ha vuelto a bloquear el paso de un autobús interurbano por no poder subir con su silla motorizada. En menos de una semana, el cantante se ha puesto delante de un bus en Villaverde, el jueves pasado, y en San Martín de Valdeiglesias, el municipio donde reside. En ambos casos, se ha puesto delante con su silla durante unos minutos, provocando la paralización del servicio.
Después, ha continuado con la protesta en su perfil de Twitter. «Tenemos el mimso derecho que tú a montar en bus», escribió la semana pasada. En esta ocasión, ha recordado los logros conseguidos en últimos años y ha destacado, gracias a la denuncia de otra tuitera, que las sillas de ruedas eléctricas convencionales tampoco pueden subir a los autobuses convencionales.
Juan Manuel Montilla, más conocido como «El Langui», publicó el jueves pasado la pegatina que estos autobuses deben llevar, acorde a la normativa de accesibilidad universal. En declaraciones a la cadena Ser, el artista ha recordado que problema obedece a que muchos de los nuevos vehículos no están bien adaptados o bien están dotados con una accesibilidad muy compleja. «El Langui» ha señalado igualmente que durante ocho años no ha tenido problemas para subir a un autobús regional.
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(http://cuatrostatic-a.akamaihd.net/informativos/El_Langui_MDSIMA20160223_0129_1.jpg)
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Pues que bien . . . los que lleguen tarde al trabajo o una cita con el médico seguro que estarán la mar de contentos con él.
Enviado por Eutelsat usando ViaSat con Tapatalk.
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Es lo suyo, la administración incumple una norma y yo jodo a los administrados. En fin...
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Es lo suyo, la administración incumple una norma y yo jodo a los administrados. En fin...
Lo incumple la administración o la empresa concesionaria?
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No obstante eso es lo que pasa en toda protesta. Yo puedo no estar deacuerdo con la reforma laboral, pero las manifestaciones a quien le joden el trayecto es a mi, por poner un ejemplo.
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Ese autobús no disponía de rampa para que accediese y el se mosqueó y se puso delante, impidiendo que los demás pudiesen llegar a su destino, con las molestias que eso puede llegar a causar.
El conductor del autobús no tenía culpa de su problema, los ciudadanos que iban en ese autobús no tenían culpa de su problema, los demás usuarios de esa vía no tenían la culpa de su problema..... no creo que tenga razón por muy Langui que sea, ¿si no fuese una persona conocida y PMR, ¿lo mismo estaríamos hablando de posibles consecuencias advas.?
Pues si es así nada que añadir. Totalmente de acuerdo.
Suerte tenéis para no estar en esas condiciones ni nadie de vuestra familia (yo por suerte tampoco), pero poneros en un momento en el lugar de esas personas y efectivamente, si no fuera conocido, se jodería como el resto que tienen esa desgracia (por cierto el problema no lo ha generado el, ya que según dice lleva años montando en el autobús). Y por cierto, supongo que el ciudadano en general opinará que por mucho policía que se sea, no se puede cortar la calle ni acosar a un político por que les cierren una Unidad. Que malos son los demás cuando hacen las cosas, pero que derechos se tienen cuando las hacéis vosotros que tanto criticáis al resto. Pensar de vez en cuando como ciudadanos de a pie y no como policías...casos de esos se pueden dar en cualquier familia.
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La Comunidad de Madrid se reunirá con "el langui" el próximo día 1.
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Ese autobús no disponía de rampa para que accediese y el se mosqueó y se puso delante, impidiendo que los demás pudiesen llegar a su destino, con las molestias que eso puede llegar a causar.
El conductor del autobús no tenía culpa de su problema, los ciudadanos que iban en ese autobús no tenían culpa de su problema, los demás usuarios de esa vía no tenían la culpa de su problema..... no creo que tenga razón por muy Langui que sea, ¿si no fuese una persona conocida y PMR, ¿lo mismo estaríamos hablando de posibles consecuencias advas.?
Pues si es así nada que añadir. Totalmente de acuerdo.
Suerte tenéis para no estar en esas condiciones ni nadie de vuestra familia (yo por suerte tampoco), pero poneros en un momento en el lugar de esas personas y efectivamente, si no fuera conocido, se jodería como el resto que tienen esa desgracia (por cierto el problema no lo ha generado el, ya que según dice lleva años montando en el autobús). Y por cierto, supongo que el ciudadano en general opinará que por mucho policía que se sea, no se puede cortar la calle ni acosar a un político por que les cierren una Unidad. Que malos son los demás cuando hacen las cosas, pero que derechos se tienen cuando las hacéis vosotros que tanto criticáis al resto. Pensar de vez en cuando como ciudadanos de a pie y no como policías...casos de esos se pueden dar en cualquier familia.
Te confundes.... en lo primero.
Del resto me parece bien tu opinión, pero no comparto parte de ella.
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Es lo suyo, la administración incumple una norma y yo jodo a los administrados. En fin...
Lo incumple la administración o la empresa concesionaria?
Pues seguro que la empresa.
También me vale en caso de empresa... o jugamos todos o rompo la baraja, que se dice... no?
Que igual la administración no se le ocurrió pensar que hacer en caso de incumplimiento de condiciones... si es que las pusieron...
Y de cualquier manera, que sea la culpa de quien sea, que no me parece correcta la actitud.
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A mí tampoco. En definitiva el perjudicado primero es el viajero. Después? Puede que la empresa concesionaria, si es la que incumple, porque así ha salido a la luz, y por otro lado la administración, por no poner los mecanismos de control necesarios
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El consejero de Transportes de Madrid modificará el reglamento de viajeros tras reunirse con El Langui
ANA CAROMadrid
25/02/2016 16:57
El consejero de Transporte, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha recibido este mediodía al rapero Juan Manuel Montilla 'El Langui' para hablar sobre los problemas de accesibilidad en el transporte público de la región. El músico ha sido noticia recientemente por haber detenido en dos ocasiones autobuses que no permiten el acceso a discapacitados que se desplazan en silla de ruedas motorizada, como es su caso.
El encuentro, que ha tenido lugar a las dos de la tarde en la Consejería de Transportes, ha girado en torno a la prohibición que sufren las personas con movilidad reducida en sillas motorizadas para usar los autobuses interurbanos de la Comunidad.
A la entrada a la consejería, El Langui ha pedido "avanzar, no dar pasos para atrás" en el terreno de la accesibilidad para los madrileños. Ha puesto énfasis en la necesidad de mejoras también en el Metro. "Es inviable que una persona se tenga que hacer 10 paradas de más para cambiar de andén", ha denunciado.
Tras una conversación de más de una hora, Pedro Rollán ha agradecido a 'El Langui' "que haya sido capaz de escenificar una situación que hasta hace no mucho tiempo era algo ocasional", refiriéndose al uso de las sillas de ruedas motorizadas en el transporte público.
El consejero se ha comprometido "en firme" a llevar a cabo "la modificación del reglamento de los pasajeros", proceso que durará "unos cuatro o cinco meses". Sin embargo, "a lo largo de la semana que viene" se va a fijar "una hoja de ruta para establecer un periodo transitorio en el que se va a permitir acceder a todos y cada uno de los elementos móviles que hay en el mercado", según ha asegurado Pedro Rollán.
Juan Manuel Montilla, por su parte, ha valorado el encuentro de manera positiva y ha tendido el brazo a la Comunidad para ayudar "en todo lo que pueda" en materia de accesibilidad. A pesar de haber pedido "muchas más cosas", cree que los resultados de esta reunión suponen "un bien para todos".
Esta charla se produce tres días después de que el artista bloqueara la salida de un autobús de la empresa La Veloz, con trayecto Villaverde-San Martín de la Vega, por no permitírsele la entrada con su silla de ruedas motorizada.
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Me alegro por el y todos los que tienen su mismo problema.... pero el Langui tiene muchos más medios mediáticos para hacerse oir y lograr su objetivo, en vez de hacer lo del otro día.
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Los usuarios con silla motorizada ya pueden subir a los autobuses
Un acuerdo regulará su acceso al transporte público hasta que se redacte un reglamento de viajeros
Madrid 26 FEB 2016 - 22:20 CET
Los usuarios que utilizan silla motorizada para desplazarse pueden acceder desde este sábado a todos los autobuses interurbanos de la Comunidad. La medida fue anunciada este viernes por el consejero de Transportes, Pedro Rollán, tras la firma de un acuerdo para regular el acceso al transporte público de las personas que usan este tipo de vehículos para desplazarse. La norma será provisional hasta la redacción de un reglamento de viajeros y ha sido ratificada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Consorcio Regional de Transportes.
El propio consejero agradeció a José Manuel Montilla, El Langui, sus protestas bloqueando autocares que no le permitían subir porque con ellas, dijo, se ha logrado resolver el problema de las personas con movilidad reducida. "Ha sido capaz de escenificar una situación que hasta hace no mucho tiempo era algo ocasional", subrayó el consejero. "La consejería y el consorcio tenían que haber previsto este problema con anterioridad", sostiene Óscar Moral, asesor jurídico de Cermi. En su opinión, es necesario reformar la normativa para "adaptarla a las nuevas realidades".
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"No solo nos referimos a subir al autobús. Estamos hablando del derecho de una persona a desplazarse. Es un derecho transversal que sirve para recibir educación, ir a trabajar o ver a familiares. No se puede cercenar a estas personas sus derechos como ciudadanos", subraya Moral.
El acuerdo permitirá entrar a los autobuses públicos a aquellos usuarios con movilidad reducida que utilicen sillas de ruedas motorizadas del tipo escúter o similar, siempre que el dispositivo no supere los 300 kilogramos de peso y su propulsión sea eléctrica. El usuario deberá acceder al autobús y desplazarse hasta el espacio reservado dentro del mismo con el cuidado necesario para garantizar su propia seguridad y la del resto de pasajeros. El conductor se asegurará, antes de iniciar la marcha, del cumplimiento del protocolo, colaborando con el pasajero en todo aquello que sea necesario para hacerlo efectivo.
Aunque la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas (1993) ya establecía que los autobuses deben contar con espacios reservados a viajeros en sillas de ruedas, la realidad es que “nunca se les había prohibido [el acceso] con tanta cerrazón como ahora”, subraya Moral. En su opinión, es a las personas que viven en un entorno rural a quienes más complicado les resulta viajar. Le ha pasado a El Langui, que durante ocho años tomó el autobús entre Madrid y San Martín de la Vega, hasta que los conductores comenzaron a prohibirle el acceso.
Pero hay casos menos mediáticos que el del artista madrileño. Marisol Campos, de 46 años, vive en Alcorcón y sufre parálisis cerebral. Desde su localidad tomaba el autobús para ir a trabajar a la capital, pero los conductores comenzaron a no parar. “Me dijeron que el vehículo era muy pesado”. Ahora, volverá a tomar el autobús, aunque teme que puedan negarle el acceso.
No era "un clamor"
Durante una visita a Alcobendas para presentar 16 autobuses ecológicos, el consejero de Transportes, Pedro Rollán, aseguró el jueves que toda la flota de vehículos de la región es "plenamente accesible" para quienes usan sillas de ruedas "tradicionales". Reconoció, sin embargo, que era el momento de "renovar" los autobuses ante la aparición de sillas de ruedas motorizadas.
En opinión de Rollán, el "reto" de la movilidad no había sido "un clamor", ya que durante 2015 y hasta ese día "solo" había diez reclamaciones sobre el acceso de las sillas motorizadas en los autocares. Unas horas más tarde, el consejero se reunía con El Langui, el artista madrileño que bloqueó autobuses públicos como protesta porque no le dejaban subir. Al término de la conversación, el consejero anunció un "periodo de transición"en el cual todas las personas con discapacidad podrían subir a los autobuses.
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Despedida tras ser pillada fumando y cargando de bolsas al discapacitado del que debía cuidar
(http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/127E7837-98D9-148D-270A-136951AC92AC.jpg/resizeCut/789-0-720/0-228-600/imagen.jpg)
imagen captada por la joven británica. - Foto Facebook / Charlotte Shaw
El gesto de dolor del anciano discapacitado que aguanta como puede las bolsas en su silla de ruedas estremece. No tanto por haberse visto reducido a un mero mueble con colgador, sino por la pasividad con la que la mujer británica que debía cuidar de él parece disfrutar de cada calada mientras conversa con alguien al otro lado de la línea.
Tal vez fuera un querido, o algún familiar del hombre al que había aparcado en la esquina de ese mugriento soportal de Leicester (Reino Unido), esperando quizás a que dejase de llover. Charlotte Shaw -así se llama la joven que fotografió la miserable escena- decidió difundir la instantánea en redes sociales y ha logrado que los responsables de Mencap, la ONG para la que trabajaba, prescindan de los servicios de la mujer. Más de 63.000 personas ya han compartido este retrato de la crueldad humana.
"Estamos indignados con lo que se ve en la foto. Tras verla hemos actuado de manera inmediata, y hemos suspendido a la trabajadora en cuestión e informado a la autoridad local competente. Nos tomamos el bienestar de la gente a la que ayudamos con mucha seriedad, y formamos a nuestro personal y esperamos de él que proporcione cuidados de alta calidad y servicios de apoyo. Lo que vemos aquí es muy inferior a nuestros estándares", respondían desde la ONG en su muro de Facebook.
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y formamos a nuestro personal y esperamos de él que proporcione cuidados de alta calidad y servicios de apoyo. Lo que vemos aquí es muy inferior a nuestros estándares"
Lo que se ve es inferior incluso al estándar de comadreja. Vamos, que sin duda podría valer para el "a los leones" del mes.
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Colau y Carmena "discriminan" a policías discapacitados y mayores, según varias asociaciones
En Barcelona, una asociación de discapacitados habla de "discriminación". En Madrid, el sindicato CSIT Unión denuncia que se los relega a "tareas de segunda". Ni Colau ni Carmena han modificado estas prácticas heredadas de anteriores mandatos.
El caso de "marginación" denunciado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que el CERMI acusa de relegar a los agentes de la Guardia Urbana que quedan discapacitados tras resultar lesionados o heridos en un acto de servicio se podría extrapolar de una u otra forma a otras zonas de España. Así, el sindicato de policía CSIT Unión cuenta a Vozpopuli que los policías municipales de Madrid, mayores de 55 años o con algún problema de salud, también realizan "tareas de segunda" pese a existir un acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, firmado bajo el mandato de Ana Botella, en el que se recogen hasta 25 funciones. Pero la realidad es otra cuando estas personas llegan a esta edad o sufren una enfermedad que les impide continuar con sus funciones: quedan relegados al "control y vigilancia de edificios públicos". Aunque matiza que en ningún caso estas personas "son apartados del Cuerpo".
Los policías de Madrid, mayores de 55 años o con algún problema de salud, también realizan "tareas de segunda como vigilar los edificios públicos"
"Lo único que sale cuando llegan a esta edad son plazas para el control y la vigilancia de edificios. No se aprovechan los conocimientos, la veteranía… Los dedican a ponerlos en una puerta para vigilar, no salen plazas para la oficina, ni para la emisora… Y muchos compañeros se ven inútiles en ese puesto porque no se les ha premiado de ninguna manera los años que han estado trabajando", denuncia José Francisco Horcajo, portavoz de la policía Municipal de Madrid en CSIT Unión.
E insiste en que esos policías municipales se ven "marginados", ya que cuando llegan a esa edad o a esa situación dejan de recibir la formación adecuada. "Hay muchas personas a las que no les importa pero hay otros que sí, lo ven como una forma de abandonarles, como un cementerio de elefantes. Ven cómo los conocimientos adquiridos no son premiados y piensan que pueden seguir ayudando y trabajando de otra manera en el Cuerpo", afirma Horcajo.
Ese acuerdo municipal, recogido por el equipo de Gobierno de Ana Botella, se publica cada seis meses, y según este sindicato policial tampoco ha sido respetado por el Consistorio dirigido por Manuela Carmena. Su incumplimiento deriva en un mal aprovechamiento de estas personas, ya que quedan relegadas a "funciones de segunda". "Este acuerdo se hizo para que esa gente desempeñarán funciones no operativas y utilizar a los que pueden estar en la calle para paliar la falta de personal que existe en Madrid", explica el portavoz de la policía municipal en CSIT Unión.
Denuncia de CERMI a Ada Colau
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha mandado a la alcaldesa de Barcelona una misiva, en la que le pide que detenga la aplicación de una política local que, aunque heredada de mandatos anteriores, sigue aplicándose bajo su gobierno con "enormes perjuicios" para los afectados. Se trata de omitir por completo la segunda oportunidad laboral cuando los agentes de la Guardia Urbana quedan lesionados o heridos durante un acto de servicio. En estos casos, el Consistorio de la Ciudad Condal no les permite tener una segunda oportunidad, según este organismo de ámbito español que vela por la aplicación de los derechos de las personas discapacitadas.
El caso más sonado en Cataluña es el de Vicent Flores, un funcionario, que en 2009 sufrió un accidente laboral que le ocasionó una discapacidad
La carta fechada el pasado 7 de marzo y firmada por el presidente del organismo, Luis Cayo Pérez, parte de "numerosas denuncias y quejas" de agentes de la policía que han sido apartados del cuerpo pese a tener derecho a permanecer en la estructura municipal. Asimismo, considera esta práctica contraria "a la legalidad nacional europea y española" y dice que "se trata de una discriminación estructural, deliberada y permanente por razón de discapacidad". La carta no ha sido respondida, por el momento, por el Consistorio de Barcelona.
De esta forma, acaba la misiva pidiendo al Parlamento de Cataluña "la necesidad de reformar toda la legislación catalana relativa a los miembros de cuerpos de seguridad y protección que adquieren una discapacidad en el desempeño de sus funciones". También pide "entablar de modo inmediato una diálogo profundo y amplío con las asociaciones representativas de miembros con discapacidad de las policías locales de Cataluña, en la que se integran los de Barcelona, para alumbrar un consenso básico, que se plasme en un marco nominativo y unas prácticas renovados conformes y ajustadas a la Convención de la ONU de 2006".
No es la primera queja existente en Cataluña. El caso más sonado es el de Vicent Flores Calero, un funcionario de la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, que en 2009 sufrió un accidente laboral que le ocasionó una discapacidad, por la que le fue reconocida una situación de incapacidad permanente total laboral para el desempeño de su profesión. Pidió pasar a segunda actividad, pero la solicitud le fue denegada judicial y administrativamente. Cinco años después el Comité de Derechos Humanos de la ONU aceptó incluir su caso entre las investigaciones por discriminación.
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C/ Recoletos. I bajo. 28001 Madrid - Espana
Tel.: 91 360 1 6 78 / Fax:9 1 429 03 17
www^cnnLes / www.convenciondiscauaciclad.es
cermi@fermi.es
Ada Colau
Alcaldesa
Ajuntament de Barcelona
Pla^a de Sant Jaume, 1
08002 Barcelona
Madrid, 7 de marzo de 2016.
@Cermi_E.statal
Senora Alcaldesa, estimada amiga:
Me dirijo a Usted en nombre del movimiento social de la
discapacidad articulado en torno al Comite Espanol de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMIwww.
cermi.es), que tiene encomendado por el Estado
espanol oficialmente1 el seguimiento de la aplicacion en
este pals de la Convencion Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada par
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y firmada y
ratificada por el Reino de Espana.
El motivo de este escrito es instar a su Ajuntament, y en
concrete al Area de Gobierno responsable de Seguridad y
Policia Local, a aplicar con total conviccion los principios,
valores y mandates de la Convencion citada en la
normativa, decisiones y practicas que guarden relacion con
las policias locales dependientes de esa Corporacion que
adquieren una discapacidad en el desempeho de sus
funciones como empleados publicos.
A partir de numerosas y sostenidas denuncias y quejas de
miembros de este cuerpo de seguridad, y de sus
asociaciones representativas, el CERMI ha investigado la
situacion de estos empleados publicos con discapacidad y
tras un minucioso analisis ha llegado a la conclusion firme
de que la legislacion, la politicas y las practicas tanto de la
Generalitat de Catalunya como del propio Ajuntament de
Barcelona en relacion con estos empleados publicos con
discapacidad son contrarias a la legalidad nacional,
europea y espanola, pues contienen elementos claramente
discriminatorios y lesivos de los derechos humanos de
estas personas.
Se trata de una discriminacion estructural, deliberada y
permanente par razon de discapacidad, que supone
vulneracion del derecho a la igualdad de oportunidades y
de trato, a la accion positiva y a los ajustes razonables que
asisten a toda persona con discapacidad residente en un
pais cuyo Estado de pertenencia es parte de la Convencion
supracitada de 13 de diciembre de 2006.
Ante este estado de cosas, como poder publico sometido y
vinculado por los principios, valores y mandates de la
Convencion Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, emplazamos a su Ajuntament
• Plantear al Parlament de Catalunya la necesidad de
reformar toda la legislacion catalana relativa a los
miembros de cuerpos de seguridad y proteccion que
adquieren una discapacidad en el desempeho de sus
funciones, que sea plenamente compatible con la
vision de derechos humanos de las personas con
discapacidad y que supere el grave problema que
Catalunya y Barcelona presentan en esta esfera.
• Cesar, hasta tanto se disponga de esa nueva
legislacion autonomica respetuosa de los derechos
humanos, toda practica administrativa local que
suponga vulneracion de derechos de estas personas,
que causa enormes perjuicios y lesiona bienes
juridicos dignos de toda proteccion.
• Entablar de modo inmediato una dialogo profundo y
amplio con las asociaciones representativas de
miembros con discapacidad de las policias locales de
Catalunya, en la que se integran los de Barcelona,
para alumbrar un consenso basico, que se plasme en
un marco nomnativo y unas practicas renovados
conformes y ajustadas a la Convencion de la ONU de
2006. Estas personas y sus entidades representativas
han de participar en pie de igualdad con el resto de
partes en los foros que el Ajuntament de Barcelona ha
puesto o ponga en marcha para examinar y proponer
soluciones a los problemas senalados.
En la confianza de que la Corporacion que preside tenga
en cuenta, asuma y ponga en practica las demandas
contenidas en este escrito, en espera de sus noticias,
reciba un atento saludo
http://vozpopuli.com/actualidad/78460-colau-y-carmena-discriminan-a-policias-discapacitados-y-mayores-segun-varias-asociaciones
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Creo que lo dijimos por activa y por pasiva en este foro, el Acuerdo de Puestos No Operativos no contemplaba ninguna medida para los funcionarios calificados como tal por razones de salud, NINGUNA..es más, en el borrador inicial los de salud quedaban relegados a lo que dejasen los de edad..lo que era una absoluta aberración discriminatoria...pero dentro de los de salud los hay que tienen un grado de discapacidad que puede incluso superar el 33 por ciento que las normas reconocen para obtener el certificado de discapacidad, algo que el Acuerdo en PMM tampoco recogió.
Ahora CERMI se dirige a la Alcaldesa, ha de entenderse ante ese hecho puntual que refiere de un funcionario al que se le deniega la segunda actividad..y CSIT se suma a un rio que aprovecha para cargar contra un Acuerdo, el de PMM, que no es que fuese malo... es que ni se cumple.
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Condenada una empresa a pagar más de 44.000 euros por acosar a un trabajador discapacitado
El hijo de su jefa, si se equivocaba en sus encargos, le llamaba «tonto» e incluso le tiraba objetos a la cara. En una ocasión, le ataron a una silla y le taparon la cabeza con una bolsa
S.L. / - @ABC_MadridMadrid - 26/05/2016 a las 23:16:41h. - Act. a las 23:16:53h.
El Juzgado de lo Social número 7 de Madrid ha condenado a una empresa a indemnizar con más de 44.000 euros a un trabajador discapacitado por acoso y agresiones. En una ocasión, le ataron a una silla y le taparon la cabeza con una bolsa. Así consta en una sentencia en la que se estima la demanda presentada por el afectado en diciembre de 2015 y condena a Servicios Securitas S.A. a que le abone una indemnización de 21.727 euros, más la suma de 23.164 euros en concepto de daños y perjuicios.
Por resolución de la Comunidad de Madrid, se declaró el 2 de octubre de 2015 al afectado con un grado total de discapacidad del 39 por ciento. Según ha adelantado la «Cadena Ser», el hombre desde el 16 de junio de 1997 prestaba servicios en el servicio de distribución de correspondencia y paquetería que la comunidad de propietarios de Torre Picasso ha contratado con diversas empresas.
Desde el 1 de mayo de 2008 hasta en la actualidad, trabajaba para la empresa demandada. Los problemas surgen en 2012 cuando se incorporó el hijo de su jefa. Desde entonces, éste si se equivocaba en sus encargos le llamaba «tonto e imbécil» e incluso le tiraba a la cara gomas, bolas de papel y clics.
La situación se agravó y en 2015 el afectado confesó a su hermana que le pegaban puñetazos en los brazos. Al comprobar los moratones, le hicieron fotografías y llamaron al SUMMA, que confirmó que sufría maltrato físico. En una de las charlas con la psicóloga, el hombre relató cómo un día le habían atado a una silla y le habían tapado la cabeza con una bolsa. Mientras le grababan le soltaron para darle champán. En los fundamentos de derecho, el juez da por probado los hechos demandados conforme a la testificar del juicio y la pericial practicada en el mismo.
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Uyyuyuy, que lagunos empiezan a enseñar la patita....la corrupción empieza por cosas pequrñas.
Una candidata de Ciudadanos admite que usó una tarjeta falsa para aparcar en plazas de discapacitados
Una noticia del diario ABC revela que, durante al menos cuatro meses, se valió de fotocopias en color de una tarjeta a nombre de su marido que no acreditó
El primer candidato de C's por A Coruña, José Canedo, respaldó a su compañera ante noticias que ve "muy rebuscadas" y que evidencian, a su entender, que "hay mucha gente que está nerviosa en el PP"
infoLibre Publicada 16/06/2016 a las 18:42 Actualizada 16/06/2016 a las 19:01
(http://cdn27.hiberus.com/uploads/imagenes/6col/2016/06/16/_ciudadanos_3c888cae.jpg)
María Rey y José Canedo, de Ciudadanos, durante un acto del partido. EUROPA PRESS
La cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Pontevedra y concejala en esta ciudad, María Rey, admitió que fue denunciada por la Policía Local en el año 2014 por utilizar de forma irregular plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
"Anteriormente a estar en Ciudadanos me pusieron una multa y la pagué", zanjó en una breve comparecencia ante los medios en el Consistorio pontevedrés, haciendo así alusión a la noticia publicada por el diario ABC en la que se revela que durante al menos cuatro meses se valió de fotocopias en color de una tarjeta a nombre de su marido que no acreditó. A raíz de una denuncia ciudadana, la Policía Local comprobó y sancionó la situación.
Dicho esto, Rey vinculó esta noticia "a la campaña" y resolvió que cada uno puede "sacar sus conclusiones" de lo conocido este jueves.
"Entiendo que hay miedo a Ciudadanos, entiendo que quieran desprestigiarme a mí a nivel personal", prosiguió la concejala pontevedresa, para proclamar que el proyecto de su partido "está por encima" de aquellos que 'tienen miedo' del equipo que lidera Albert Rivera, que "viene para mejorar este país y se va a quedar". "Le pese a quien le pese", remachó.
Finalmente, indicó que recibió "un aluvión de mensajes" de sus compañeros de filas tras conocerse este hecho y que todos le trasladaron palabras de apoyo. "Hoy tengo la lágrima fácil", apostilló, visiblemente emocionada, antes de negarse a profundizar en su "vida privada".
"Nunca he hablado de mi vida privada y no voy a hacerlo ahora. Creo que no soy la primera persona a la que ponen una multa de tráfico", concluyó María Rey.
"Parece que mató a alguien"
En paralelo, en un acto en Santiago, el primer candidato de C's por A Coruña, José Canedo, respaldó a su compañera ante noticias que ve "muy rebuscadas" y que evidencian, a su entender, que "hay mucha gente que está nerviosa en el PP".
"Están intentando desprestigiar a los candidatos de Ciudadanos y le tocó a María Rey, que la están comparando con aquella rancia política llamada Rita Barberá", censuró, y dio por hecho que a medida que avance la campaña "los ataques serán más duros". "No hay problema; este peladito tiene espalda suficiente para aguantar las embestidas de la política rancia del pasado", ironizó.
Dicho esto, tras asegurar que no quiere entrar en el "y tú más", opinó que "rebuscar" en el pasado de la también concejala pontevedresa es "un poco rastrero", máxime "con lo que hicieron" otros, según informó Europa Press.
A renglón seguido, manifestó que confía en María Rey y cuestionó titulares de prensa que "parecen" reflejar "que mató a alguien". "Son prácticas que tendré que ir conociendo, porque, como político moderno que soy... Las tendré que ir tomando como de quien vienen", sentenció.
Es más, interpretó lo que para él es "un ataque" a los candidatos de Ciudadanos como un refrendo de que están "haciendo bien" su trabajo. "Tendremos que seguir trabajando como estamos haciéndolo, llevando a los ciudadanos programas de cambio reales y no del pasado", agregó, antes de insistir: "eso a alguna gente, sobre todo del PP, los pone nerviosos".
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Un juzgado paraliza más de un mes la investigación de un presunto abuso sexual a un menor con discapacidad
La denuncia de una docente que detectó la situación de riesgo se presentó ante la Guardia Civil, pero el caso sigue parado sin explicación aparente
El protocolo determina que ante la gravedad de hechos como este se actúe de forma urgente y se garantice la protección del niño de manera inmediata
Laro García
29/06/2016 - 19:59h
Alba Lajarín/Save the Children
Los colegios cuentan con un protocolo para actuar ante casos de abuso. | Alba Lajarín-Save the Children
Unos inocentes juegos entre una profesora y un alumno, en el que venía comprobando de forma reiterada una conducta inapropiada para su edad, concluyó en la revelación por parte del niño de seis años de lo que parecía un caso claro de abuso sexual por parte del marido de su madre. El menor confesó a la docente el tipo de juegos eróticos que practicaba con su padrastro, lo que hizo saltar todas las alarmas y provocó la actuación inmediata del equipo directivo del centro, que puso en marcha el protocolo ante este tipo de situaciones.
Eso ocurrió el 26 de mayo. Ha pasado más de un mes y la investigación sigue paralizada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña sin explicación aparente, a pesar de que el procedimiento habitual determina que ante la gravedad de hechos como este se actúe de forma urgente y se garantice la protección del menor de manera inmediata, en un tiempo que no suele superar las 24 horas.
En los casos de abuso o maltrato que se detectan en los centros educativos es la propia Consejería de Educación de Cantabria la que indica a los profesores los pasos a seguir para garantizar la protección del menor, por lo que la primera medida de esta docente fue comunicar las sospechas a sus superiores, que las trasladaron al técnico de servicios a la comunidad. De forma coordinada, y a la vista de los acontecimientos, se decidió que lo mejor era presentar una denuncia ante el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil, con formación específica sobre la materia.
Esa denuncia, que parecía la fórmula más efectiva para conseguir una actuación inmediata, sin embargo, ha resultado una losa sobre un caso que sigue sin respuesta. "Ojalá todo esto quede en un susto, pero lo que no entiendo es que no hagan nada para descartar las sospechas, que no se investigue y se tomen medidas para proteger a ese niño", asegura la profesora a eldiario.es, que ha intentado sin éxito conocer en qué momento procesal está el caso.
"Nadie me da una explicación, nadie me ha llamado desde el juzgado para que cuente con detalle lo que pasó ese día y por qué saltó la alarma ante lo que me parece un caso claro de abuso a menores", explica la docente, que critica el funcionamiento del sistema y pone en duda la actuación judicial.
Después de dar unos días de margen, y ante la falta de respuesta, ella ha reactivado el caso hablando con Servicios Sociales, la Fiscalía de Menores, la Guardia Civil o el propio Juzgado, que bien por descoordinación entre las distintas administraciones o bien por falta de recursos humanos, siguen sin atender un presunto abuso a un menor que está diagnosticado con un retraso madurativo. "He llegado a pensar que no se lo toman en serio porque el niño tiene una discapacidad. Cuando presenté la denuncia me llegaron a decir que igual el niño estaba confuso", lamenta.
A pesar de que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) o la Unidad de Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de Cantabria desconocían que se hubiera producido esta denuncia por presunto abuso sexual, de la que han tenido conocimiento a través de las llamadas de este diario para solicitar una valoración del caso, la que sí ha sido informada es la madre del menor, que justificó los hechos denunciados ante la EMUME y ante el propio centro escolar alegando una supuesta enfermedad del niño, que no ha sido evaluado ni atendido.
Protección del menor
Todas las fuentes consultadas por este diario, tanto desde el ámbito asistencial, como jurídico o policial, confirman que el procedimiento que se está llevando a cabo en este caso es "dudoso", cuando no "ilógico" o "extraño". "Lo habitual es que en 24 horas se haya hecho una evaluación, se hayan realizado las pesquisas que se consideren necesarias y se haya tomado una decisión para garantizar la protección del menor", subrayan desde el ICASS.
Abogados con experiencia en este tipo de procedimientos alertan de la irregularidad que se está cometiendo y ponen el foco en el juez que lleva el caso: "No estamos hablando del robo de una cartera o de un simple trámite burocrático, sino de la defensa y la integridad de un menor. La respuesta debe ser inmediata", denuncian en este sentido. Además, dado el "funcionamiento deficiente" del juzgado en cuestión y el "colapso" que sufre, sugieren la posibilidad de que la falta de recursos materiales o humanos esté detrás del retraso.
Como contraposición a lo ocurrido en este caso, la directora de un centro escolar de Cantabria que se enfrentó a una situación parecida en el pasado curso escolar explica que "en la misma mañana en la que comunicamos nuestras sospechas, los Servicios Sociales tomaron los mandos y evaluaron la situación para dar una respuesta urgente ante lo que consideramos una emergencia", una actuación que dista mucho de lo que ha sucedido ahora.
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NO sabía si insertarlo en este tema o en el tema "terrorismo en la carretera"
http://youtube.com/v/Ny0BcRUer80
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Pero como anda esa silla!!!!!
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Está tuneada . . .
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Hola! Me gustaría saber cómo se puede comprobar que una tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida se está utilizando correctamente.
Ayer ví un vehículo aparcando en zona hora al que la conductora puso la tarjeta en el salpicadero y personalmente no observé que esta conductora tuviera ningún tipo de minusvalía ni ningún problema de movilidad. Salió del coche como cualquier persona físicamente sin discapacidad y se movía mejor que yo! ¿Como se podría comprobar que se está utilizando de forma correcta?
Gracias,
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Hola! Me gustaría saber cómo se puede comprobar que una tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida se está utilizando correctamente.
Ayer ví un vehículo aparcando en zona hora al que la conductora puso la tarjeta en el salpicadero y personalmente no observé que esta conductora tuviera ningún tipo de minusvalía ni ningún problema de movilidad. Salió del coche como cualquier persona físicamente sin discapacidad y se movía mejor que yo! ¿Como se podría comprobar que se está utilizando de forma correcta?
Gracias,
Si vuelve a ver ese mismo coche aparcado llame a la policía local para que inspeccionen la tarjeta por si es falsa y comprueben la titularidad de la misma.
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Gracias!
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Gracias!
existe un tipo de tarjeta de " conductor de minusvalido", cuando un discapacitado sin permiso de conducir o que no conduce, que puede solicitar para un conductor que es el que lleva al discapacitado a los sitios que tenga que ir.
Esta tarjeta se debe utilizar solo y unicamente en el traslado del discapacitado o cuando tiene que recogerle, claro esta.
Por esta tipo de autorizacion es posible ver a una persona " NO DISCAPACITADA " haciendo uso de la tarjeta.
Pongamos que la persona que usted vio iba a buscar a la discapacitada y aparca el vehiculo cerca de donde se encuentre esta ultima.
Dicho todo lo anterior, tengo que decir, que esta tarjeta da lugar a algun uso fraudulento de la misma.
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Multan a un colegio de Madrid por no evitar el contacto sexual entre dos niños con necesidades especiales
El centro no evitó el contacto entre ambos menores en el aula y pagará 10.000 euros
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EFE
Madrid 15 SEP 2016 - 10:18 CEST
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid ha condenado al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Chamartín (Madrid) a una multa de 10.000 euros por no evitar los contactos sexuales que mantuvieron dos niños con necesidades educativas especiales en el aula del centro.

En la sentencia, el juez Javier Mauleón Alvarez de Linera considera responsable a la Congregación de religiosas del Sagrado Corazón, como titular del colegio, por los actos u omisiones de sus empleados al afirmar que "no queda acreditado en modo alguno que el centro desplegara toda la diligencia debida para evitar que se produjeran los hechos".
La resolución considera probado que en fecha indeterminada del curso escolar 2014-2015, la hija de la madre denunciante y otro menor, ambos con necesidades especiales, "mantuvieron contactos de carácter sexual entre ellos consistentes en besos y tocamientos por el cuerpo en las instalaciones del centro".
Concretamente, los tocamientos se produjeron "en el aula, donde ambos, por ser alumnos con necesidades educativas especiales, reciben clases de apoyo en las que coinciden dos horas semanales, buscando de propósito aquellos momentos en que se podían hurtar a la vigilancia de la profesora especialista de pedagogía terapéutica".
Sobre la base de estos hechos, la madre de la menor, cuya representación ejerce el abogado José Luis Vegas, demandó al colegio al que reclamó una indemnización por daños y perjuicios de 40.000 euros por "la deficiente asistencia y cuidado prestado" en el asunto.

"Naturalmente que la voluntariedad de los hechos por parte de los alumnos exigía su ejecución a hurtadillas del profesorado (...) pero atendiendo a la edad de los menores y sus circunstancias concretas que les hacían ser partícipes del aula especial exigía una mayor diligencia por parte de los profesores", precisa el magistrado.
La critica, agrega la sentencia, "no es que los hechos se produjeran sino que los mismos tuvieran lugar en el centro y más concretamente en el aula para alumnos con necesidades educativas especiales ante la ausencia del profesor encargado".
Tras conocerse el fallo, la madre de la menor ha asegurado que por fin "ha respirado hondo y sentido un poco de paz dentro del sufrimiento y martirio que empezó hace un año". En una carta destaca que la sentencia "servirá para que esto no vuelva a pasar" y poder así defender a su hija cuando el colegio convocaba reuniones "malinformando a los demás padres". "¿Les contó el colegio en esas reuniones que intentaron comprar mi silencio con muchos miles de euros?. Estoy segura de que no", subraya la madre.
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El Constitucional avala que los discapacitados intelectuales no puedan votar
28/12/2016 - 10:22
Un matrimonio gallego solicitó a la justicia que su hija pudiera votar aunque tiene reconocida una discapacidad intelectual bajo custodia de los padres.

El Constitucional no ha querido admitirlo a trámite. Lo ha hecho en contra de la petición del fiscal y con un voto discrepante muy duro de la vicepresidenta.
La mayoría de tres magistrados ha rechazado admitir a trámite un recurso de amparo presentado por un matrimonio gallego que solicitó que su hija pudiera ejercer el derecho al voto aunque tiene reconocida por el juez una incapacidad intelectual bajo custodia de sus padres.
El voto discrepante reprocha que el Tribunal de Garantías haya perdido la oportunidad para resolver un asunto de “gran relevancia constitucional” que afecta a un colectivo de más de 100.000 personas. Para la vicepresidenta del Tribunal, “la exclusión del derecho de voto sobre la base de una discapacidad psicosocial o intelectual percibida o real, incluida constituye una discriminación por motivos de discapacidad”.

El Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión contra la petición del fiscal. El informe del fiscal sostenía que “no parece haberse valorado adecuadamente la petición realizada por la interesada de su voluntad de seguir votando, así como tampoco se ha acreditado que el ejercicio del derecho al voto pueda causar un perjuicios a esta señora o que tuviera perturbada su capacidad de decisión autónoma”.
El fiscal asegura que es el Tribunal Constitucional es el organismo adecuado para realizar un juicio riguroso sobre la petición de los padres y no el Tribunal Supremo.
El PP, sorprendido
El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, se declaró este miércoles “sorprendido” por la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la negación del derecho a voto a una joven con discapacidad intelectual, y lo puso como ejemplo de que a veces con sus resoluciones “sale por peteneras”. Lo ha dicho en una entrevista en la SER, la radio que ha dado la noticia. En ese punto comentó “con todo el respeto” que a veces las sentencias del Tribunal Constitucional “salen por peteneras”, y se declaró “muy sorprendido” por esa resolución que avala que las personas con discapacidad intelectual no puedan votar.

Maroto aseguró que comparte “cien por cien” la demanda del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y su tesis de que es “incompatible” que esas personas puedan presentarse como candidatos en una lista pero necesiten superar un examen para poder ejercer el derecho al voto activo. “No estoy de acuerdo con esa situación actual”, aseguró.
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200 discapacitados protestan en Barajas con el lema “Ryanair, no seas mi límite para volar”
El detonante de la movilización ha sido "la discriminación" sufrida un joven con sordoceguera que quería venir desde Dublín. Ryanair "le negó el embarque alegando motivos de seguridad".
200 personas con discapacidad protestan en Barajas con el lema “Ryanair, no seas mi límite para volar”
Vozpópuli
22.01.2017 - 12:07
"No seas mi límite para volar, no nos cortes las alas, tenemos derecho a volar" es el lema con el que cerca de doscientas personas se han concentrado hoy en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para exigir a Ryanair que no discrimine a las personas con discapacidad. La protesta cívica ha sido convocada por el Comité Español de representantes de personas con discapacidad (Cermi), cuyo presidente, Luis Cayo, ha destacado a Efe que "toda la discapacidad española con el apoyo de la europea" está en contra de las políticas que aplica en esta materia Ryanair.
Ha recordado que el detonante de esta movilización ha sido "la discriminación" sufrida por Javier, un joven con sordoceguera que está haciendo un erasmus y que esta Navidad quería venir a España desde Dublín para estar con su familia y recoger una beca que le daban por su buen expediente. Sin embargo, Ryanair "le negó el embarque alegando motivos de seguridad", diciendo que no podía volar solo y que el billete de la persona que obligatoriamente le tenía que acompañar tenía que ir a su costa, ha asegurado Cayo.
"Este ha sido el último y más sangrante caso de discriminación aérea a un pasajero con discapacidad y no queríamos dejarlo pasar", según Luis Cayo, que ha recalcado: "queremos decirle a Ryanair que sea la última vez que practica este tipo de conductas discriminatorias". Además, ha pedido que la UE reforme el reglamento de 2006 sobre derechos de los pasajeros con movilidad reducida porque permite -no obliga- a las compañías aplicar "medidas discriminatorias".
En cambio, en Estados Unidos, donde "hay más o igual seguridad aérea", ninguna compañía puede "denegar el embarque" a un pasajero con discapacidad y si este lo pide puede volar acompañado y ese billete lo paga la aerolínea, ha explicado el presidente del Cermi.
Ryanair niega la discriminación
Ryanair ha negado que se discrimine a personas con discapacidad en sus vuelos tras la protesta celebrada este sábado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. "Nunca ha habido tal discriminación", señala el director de Márketing de la aerolínea, Kenny Jacobs, en una misiva a Luis Cayo, presidente del Comité Español de representantes de personas con discapacidad (Cermi), convocante de la manifestación. Según la compañía, ante la petición del pasajero de asistencia especial a 15 días del vuelo, se le notificó que debía ratificar una serie de normas de seguridad para viajar sin compañía, una confirmación que no llegó hasta después del tercer intento de contactar con él. Sin embargo, de acuerdo con esta versión, solo un día después "eligió no volar con Ryanir y, dadas las especiales circunstancias, se le devolvió el importe íntegro del billete". Jacobs subraya en su escrito que miles de pasajeros que requieren una asistencia especial eligen semanalmente a su compañía para viajar y, por ello, se declaran "orgullosos" de un servicio en "mejora constante". Frente a las acusaciones de Cermi de que "este fue el último y más sangrante caso de discriminación aérea a un pasajero con discapacidad", Ryanair ha asegurado que, tras ponerse en contacto con la asociación, esta no fue capaz de darle más detalles sobre la existencia de esos otros supuestos casos. "Ryanair nunca ha discriminado, y nunca lo hará, a ningún pasajero, incluido el señor García", concluye la carta.
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la afectada había participado en anteriores elecciones
La madre que llevará a la UE el derecho de voto de los discapacitados psíquicos
La madre de la joven discapacitada a la que el Constitucional privó del derecho a voto sacrifica su vida para llegar con el caso hasta Estrasburgo
Pablo López. Vigo
26.02.2017 – 05:00 H. - Actualizado: 21 H.
Esta historia comienza hace dos años, cuando Mara G.C., con una discapacidad cognitiva, cumple 18 años y sus padres solicitan una prórroga de la patria potestad. Se activa un protocolo que acaba privando a esta joven gallega de su derecho a voto, y al mismo tiempo un proceso judicial que vivió en diciembre su más reciente y desagradable capítulo, cuando el Tribunal Constitucional decidió desentenderse del caso y condenar a Mara y a otros 100.000 españoles en su misma situación a permanecer alejados de las urnas.
“Mara se pregunta por qué, y lo más difícil de todo esto es explicárselo”, lamenta Mar Caamaño, su madre, una auténtica madre coraje que ha ido del juzgado de Familia de Santiago a uno ordinario de A Coruña, y de allí al Supremo, y de este al Constitucional, que no admitió a trámite su reclamación en contra del criterio de su vicepresidenta y de la fiscalía. Mar tiene marcado en rojo en el calendario el día de junio en el que se agota el plazo para acudir a Estrasburgo. Allí, ante el Tribunal de Derechos Humanos, volverá a pelear por la causa de su hija, que es prácticamente el único empeño al que ha dedicado sus horas en estos tres últimos años de su vida.
"Tenemos mucho que dar", reivindican las personas con discapacidad intelectual
Efe
La Fundación Juan XXIII ha puesto en marcha una iniciativa para reivindicar la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual
Mar, su marido –un trabajador del sector de la conserva– y las dos hijas de ambos viven en Esteiro, una tranquila población de apenas 1.000 habitantes situada en el interior de la ría de Muros, en la provincia de A Coruña. La hermana pequeña de Mara está a punto de cumplir 17, y probablemente ya pueda ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones, las que sean; es algo que no podrá hacer la mayor, que sí fue electora en las dos últimas generales y en las autonómicas de septiembre. El rechazo del Constitucional a su recurso convirtió en firme la sentencia del Supremo, la que le impide votar. “¿Qué le vamos a decir a ellas? Si ha votado en todas las últimas elecciones: europeas, municipales, autonómicas, las dos generales… Será un momento delicado, toda la familia votando menos ella”, anticipa la madre.
Tras el examen que la forense del juzgado de Familia de Santiago realizó a Mara, la juez se acogió al artículo 3.1.B de la Ley Electoral General para retirarle el derecho a voto. Ese apartado establece que carecen de derecho de sufragio “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad”. Poco importa lo que digan la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la propia Constitución. “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás”, dice la ONU, que cita en concreto “el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas”.
"Ha votado en todas las últimas elecciones… Será un momento delicado, toda la familia votando menos ella", lamenta la madre
Cuando la joven Mara pasó el examen de la forense, se le plantearon cuestiones relacionadas con la política general. “Cosas como cada cuánto se vota en España, cómo son las elecciones europeas, si se votan las europeas con las generales o quién tiene un rango superior: el Rey o el presidente del Gobierno. Me gustaría saber cuántos españoles contestaban correctamente a todas estas preguntas”, se pregunta la madre. “Cuando la abogada nos enseñó el test, yo ya fallaba muchas cuestiones. ¿Cada cuánto tiempo hay elecciones? ¡Pero si este último año en Galicia hemos votado tres veces!”. Mar no entiende por qué algunos españoles deben pasar esa prueba y otros no: “O se le hace a todos, o no se le hace a nadie. Es una situación de discriminación flagrante”.
La joven discapacitada se siente en efecto discriminada. “Es probablemente en la única situación en que se siente diferente, por eso nos duele tanto”, relata su madre. Porque por lo demás, Mara lleva una vida relativamente normal, con las limitaciones lógicas de su retraso madurativo. Está cursando un ciclo formativo de capacitación profesional en producción agrícola, realiza actividades como hípica y se reúne a menudo con sus amigos. Y los fines de semana no perdona un partido de su equipo favorito, el Barcelona, del que es una seguidora incondicional.
Mar no entiende por qué algunos españoles deben pasar una prueba sobre política general y otros no: “O se le hace a todos, o no se le hace a nadie"
“¿Influenciable? Pero si en su casa a nadie le gusta el fútbol y ella, ya ves…”. Habla Juan Martínez, presidente de la Fundación Down Compostela, a la que pertenece Mara, y que ha seguido su caso muy de cerca. “Es una chica con sus gustos y preferencias muy definidos; una chica normal, con una discapacidad intelectual, sí, pero que sabe perfectamente lo que quiere. Pese a sus dificultades es capaz de comunicarse con los demás, y siempre ha votado desde que es mayor de edad. Y ahora, de repente, le van a decir que no puede hacerlo”, se lamenta. Martínez ve a Mara “perfectamente capacitada” para integrarse en el mercado laboral. “No entiendo que a una persona que puede llegar a trabajar se le prive del derecho a votar. No lo entiendo yo, pero sobre todo no lo entiende ella”, resume.
Los 100.000 españoles sin derecho a voto
Ana Gómez
La ley electoral establece los casos en los que a un ciudadano se le retira el derecho al sufragio activo, pero ¿están todos ellos en igualdad de condiciones?
La madre, Mar, dejó su trabajo cuando nacieron sus hijas, y durante todo este tiempo se ha dedicado plenamente a ellas, muy especialmente a la mayor, debido a sus dificultades. Pero nada la ha contrariado tanto en su lucha por sacar a Mara adelante como la negación de sus derechos como electora, una eventualidad que ha contribuido a unir a la familia. “Estamos todos muy implicados, los cuatro, todos a una. No hemos tenido ninguna discusión al respecto, no hay dudas, no hay división: la pequeña, mi marido, Mara, yo, todos estamos convencidos de que lo que estamos reivindicando es de justicia”, asegura la progenitora.
Lo que más le preocupa a la madre es el momento en que se tenga que quedar en casa mientras el resto de la familia se va a votar. O que los acompañe al colegio electoral y no pueda introducir su papeleta en la urna. “No sé cómo se lo vamos a explicar. No podemos ser tan hipócritas, la sociedad no puede pedir la integración de los discapacitados y negarles un derecho universal”. Por eso está decidida a llegar hasta Estrasburgo, con la colaboración de una abogada que les ha facilitado el camino y de muchas asociaciones que han asumido su causa, pero con cero apoyo del mundo de la política. “No lo queremos”, confirma Mara con decepción. “Lo que tienen que hacer los políticos es legislar, y no acercarse ahora a nosotros a ver si sacan algún provecho”.
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Hola quisiera exponer mi duda, tengo un vecino que se ha hecho pintar por el ayuntamiento una plaza de minusválido delante de su casa ,la cual posee garaje propio para 5 coches con entrada directa a su casa, siendo todo el bloque de su propiedad , es legal esta plaza pensando que todos los vecinos pensamos que lo hace para poder entrar y salir mas cómodo desde su plaza de garaje gracias
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Hola quisiera exponer mi duda, tengo un vecino que se ha hecho pintar por el ayuntamiento una plaza de minusválido delante de su casa ,la cual posee garaje propio para 5 coches con entrada directa a su casa, siendo todo el bloque de su propiedad , es legal esta plaza pensando que todos los vecinos pensamos que lo hace para poder entrar y salir mas cómodo desde su plaza de garaje gracias
En el momento.en que la ha solicitado y ha sido autorizada la reserva por el Ayuntamiento es absolutamente legal...Por que no se le impide el derecho por que sea propietario de un edificio con 5 plazas de garaje.
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Lo de las plazas y tarjetas de minusvalido es un tema que da a ver una vez más lo TRAMPOSO que es el español.
Buena la liaron el día que dieron tarjetas sin que incluya la matrícula del vehículo. Yo calculo que casi la mitad de las tarjetas las usan personas distintas al beneficiario.
El otro día en un control un comercial de una empresa de ascensores, con la tarjetita metida en la guantera (según el era de su suegra). Ya le digo yo como aparca ese señor por Madrid cuando está trabajando.
Y así miles de conductores con tarjetas compradas, o de algun familiar que no las emplea.
Yo obligaría a poner una matricula a TODAS.
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Lo de las plazas y tarjetas de minusvalido es un tema que da a ver una vez más lo TRAMPOSO que es el español.
Buena la liaron el día que dieron tarjetas sin que incluya la matrícula del vehículo. Yo calculo que casi la mitad de las tarjetas las usan personas distintas al beneficiario.
El otro día en un control un comercial de una empresa de ascensores, con la tarjetita metida en la guantera (según el era de su suegra). Ya le digo yo como aparca ese señor por Madrid cuando está trabajando.
Y así miles de conductores con tarjetas compradas, o de algun familiar que no las emplea.
Yo obligaría a poner una matricula a TODAS.
La tarjeta no ampara al vehículo...ampara a la persona que vaya dentro de él y tenga la consideración de discapacitado...como de igual forma y en Madrid las reservas son genéricas para cualquier discapacitado mientras que en otros municipios lo es solamente para la placa de matricula que conste en la señalización.
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Y hecha la ley...hecha la trampa.
Como no se haga una troncha a ver quien coge el coche.....
eso si el conductor es gilipollas y al ver al guardia tronchando no se da la vuelta.
Se de un caso (visitador médico) que 'compró' a un abuelete que hace 10 años que no sube en un coche y la usa a diario para aparcar en los hospitales que visita. Si ve a los compañeros cerca...media vuelta y a esperar que se vayan.
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Madrid moderniza las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida
14/03/2017 19:07
El Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo un proceso para renovar el sistema de aparcamiento para las personas con movilidad reducida (PMR) con un sistema 'inteligente' de tarjetas, de manera que se dificulta el fraude y se agiliza la búsqueda de huecos libres. En este sentido, se ha desarrollado una aplicación que detecta las plazas disponibles.
Hoy se ha presentado en el Consistorio el proyecto 'Simon Mobile', una aplicación móvil que permite localizar plazas de reservas de estacionamiento libres y registrar la utilización de un espacio de aparcamiento reservado para personas con discapacidad, así como su control por parte de agentes de movilidad o controladores de estacionamiento regulado.
Las nuevas tarjetas que está expidiendo el Ayuntamiento de Madrid tienen una etiqueta NFC y un código QR, a fin de que las autoridades puedan leer con facilidad estos documentos y evitar falsificaciones.
"Ninguna ciudad será nunca sostenible ni amable si no hay un principio claro de accesibilidad universal y de igualdad en la utilización del espacio para todos y cada uno de los ciudadanos", declaró la delegada de Desarrollo Urbano Sostenible, Inés Sabanés, durante la presentación de la aplicación móvil, que también ofrece itinerarios accesibles en transporte público.
En la ciudad de Madrid hay 32.421 tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, que autorizan a sus titulares a acceder a las Áreas de Prioridad Residencial (APR) y a aparcar en las 150.000 plazas de estacionamiento regulado y diversas reservas dentro de la ciudad, como la carga y descarga.
El Ayuntamiento de Madrid viene participando con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma) y la ONCE para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad.
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El Ayuntamiento de Madrid detecta un uso fraudulento de 2.355 de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida
•Lo hace tras incorporar dispositivos electrónicos de la mano del proyecto europeo SIMON
EUROPA PRESS
Madrid
14/03/2017 12:59
El Ayuntamiento de Madrid, de la mano del proyecto europeo SIMON, ha puesto en marcha una experiencia piloto de incorporación de dispositivos electrónicos (etiqueta NFC y código QR) en las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, de forma que los controladores del SER y los agentes de movilidad puedan verificar su autenticidad, lo que llevó en 2016 a que se interpusieran 2.355 denuncias relacionadas con el uso fraudulento de las tarjetas.
Así lo ha explicado este martes la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, en la presentación de la jornada de trabajo del proyecto SIMON, que se celebra en el Palacio de Cibeles con la participación de representantes de ciudades como Lisboa, Parma y Reading. La edil ha detallado que desde mediados de 2016 todas las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida expedidas por el Ayuntamiento, ya sean nuevas o renovadas, llevan incorporados estos dispositivos.
Otra iniciativa empleada por el Ayuntamiento de la mano del proyecto europeo es la aplicación Simon Mobile, disponible de manera gratuita en dispositivos Android e iOS. La app permite localizar plazas de reservas de estacionamientos libres para personas con movilidad reducida y registrar el uso de un espacio de aparcamiento mediante la tarjeta. La aplicación también ofrece información sobre itinerarios accesibles empleando transporte público.
En este momento en Madrid están registradas 32.421 tarjetas en vigor, que autorizan a sus titulares a acceder a las Áreas de Prioridad Residencial (APR) y a aparcar en las 150.000 plazas del SER y en diversas reservas de estacionamiento dentro de la ciudad, como la carga y la descarga. Actualmente existen 7.350 reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida con esta tarjeta, 2.083 dentro de la zona SER. Cuentan con 8.853 plazas reservadas, 2.568 en zona SER.
Los titulares de estas tarjetas pueden además circular y aparcar en situaciones de restricción de estacionamiento en aplicación del protocolo anticontaminación y con las limitaciones temporales de circulación, como ocurrió en Gran Vía las pasadas Navidades. Las mismas facilidades son exportables a los titulares de estas tarjetas expedidas en otro municipio, comunidad o incluso país dentro de la Unión Europea.
Desde junio y hasta ahora se han cargado en Madrid 6.000 tarjetas con información sobre seguridad, además de poner en circulación más de 4.000 tarjetas SIMON. Un total de 350 personas han descargado la aplicación SIMON Mobile.
Entre las propuestas municipales para estas tarjetas se encuentra la solicitud de elevar a decreto su regulación, además de establecer un régimen sancionador que dé amparo a la multa del Ayuntamiento por usos indebidos.
En el proyecto piloto SIMON, financiado por la Comisión Europea, ha participado el Ayuntamiento, el Consorcio Regional de Transportes, la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto de Biomecánica de Valencia y empresas españolas, alemanas, portuguesas e italianas.
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Detectadas 30 tarjetas falsas para estacionar personas con movilidad reducida
31 Marzo, 2017
Madrid, 31 mar (EFE).- La Policía Municipal de Madrid ha detectado en lo que va de año 30 autorizaciones supuestamente falsificadas para el estacionamiento de personas con movilidad reducida, según indica hoy la Dirección General de la Policía Municipal en un comunicado.
La colaboración entre la Unidad de Centro Norte y la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial ha dado como resultado la detección e investigación de todos los implicados, añade la nota.
Es frecuente que los agentes encuentren vehículos estacionados en plazas reservadas para personas con movilidad reducida, todos ellos en la mayoría de los casos presentan tarjetas especiales que autorizan el estacionamiento.
No obstante, en ocasiones los agentes encuentran tarjetas y distintivos que generan sospechas en cuanto a su legalidad.
Este es el motivo por el cual se ha procedido a imputar por un delito de falsedad documental a las personas portadoras de las tarjetas, bien por haberlas falsificado, bien por haberlas utilizado indebidamente.
La policía también ha detectado que tres tarjetas de aparcamiento pertenecían a personas fallecidas, motivo por el que se ha procedido a hacer tres atestados imputando a los usuarios de las mismas por un posible delito de usurpación de estado civil.
Durante los años 2015 y 2016 el total de atestados efectuados por la Policía Municipal por falsedad documental sobre tarjetas especiales de estacionamiento ascendió a 73 y 67, respectivamente.
La usurpación de estado civil y la falsedad documental son delitos que pueden conllevar pena de prisión, advierte la policía en la nota.
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Muere una mujer atropellada accidentalmente por su pareja en Usera
El hombre, con movilidad reducida, intentaba asistir a la víctima de un tropiezo en el garaje cuando el coche se puso en marcha
Fran Serrato
Madrid 5 MAY 2017 - 17:02 CEST
Una mujer de 52 años ha fallecido este viernes tras ser atropellada accidentalmente por su pareja en un garaje de Usera. El hombre, con movilidad reducida, estaba aparcando el vehículo cuando la víctima abrió la puerta del copiloto antes de que el motor del coche, automático y adaptado, estuviese apagado. Al tratar de coger unas bolsas, la mujer resbaló sin que pudiera salir del vehículo. Su pareja trató de ayudarla para que no cayera al suelo con la mala fortuna de que, al levantar el pie del freno, el coche se movió, ya que estaba accionada la marcha atrás, han confirmado fuentes de Emergencias Madrid.
La víctima ha quedado atrapada entre la puerta del vehículo y la pared del garaje, en el número 55 de la calle de Ricardo Beltrán y Rózpide. Cuando el Samur ha acudido al lugar del suceso, que ha tenido lugar a las 14.00, la mujer presentaba un traumatismo torácico severo. Pese a los intentos por reanimarla, los servicios de emergencia solo han podido certificar su muerte.
El conductor ha necesitado la atención de una psicóloga del Samur, ya que estaba muy afectado. La policía municipal ha realizado el atestado y será la encargada del desarrollar la investigación pertinente.
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Detectadas 30 tarjetas falsas para estacionar personas con movilidad reducida
31 Marzo, 2017
Madrid, 31 mar (EFE).- La Policía Municipal de Madrid ha detectado en lo que va de año 30 autorizaciones supuestamente falsificadas para el estacionamiento de personas con movilidad reducida, según indica hoy la Dirección General de la Policía Municipal en un comunicado.
La colaboración entre la Unidad de Centro Norte y la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial ha dado como resultado la detección e investigación de todos los implicados, añade la nota.
Es frecuente que los agentes encuentren vehículos estacionados en plazas reservadas para personas con movilidad reducida, todos ellos en la mayoría de los casos presentan tarjetas especiales que autorizan el estacionamiento.
No obstante, en ocasiones los agentes encuentran tarjetas y distintivos que generan sospechas en cuanto a su legalidad.
Este es el motivo por el cual se ha procedido a imputar por un delito de falsedad documental a las personas portadoras de las tarjetas, bien por haberlas falsificado, bien por haberlas utilizado indebidamente.
La policía también ha detectado que tres tarjetas de aparcamiento pertenecían a personas fallecidas, motivo por el que se ha procedido a hacer tres atestados imputando a los usuarios de las mismas por un posible delito de usurpación de estado civil.
Durante los años 2015 y 2016 el total de atestados efectuados por la Policía Municipal por falsedad documental sobre tarjetas especiales de estacionamiento ascendió a 73 y 67, respectivamente.
La usurpación de estado civil y la falsedad documental son delitos que pueden conllevar pena de prisión, advierte la policía en la nota.
Quizás deberían decir Agentes de Movilidad.
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Creo que en la actualidad ya no, años atras si.
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Creo que en la actualidad ya no, años atras si.
En mi unidad gestionamos una burrada hacia vosotros.... y estamos en el proyecto ese con los móviles.
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Desconozco los proyectos relacionados con discapacidad. Es absolutamente normal que un cuerpo de nueva creacion los volúmenes iniciales sean elevados , despues se estabilicen y finalmente caigan los números. Tambien las tipicaciones penales cambian con lo el paso de los años y se pasa del 390 al 400 bis como algo mas habitual.
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Se llama proyecto Simón.
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Aún así, sigo diciendo que nosotros no somos competentes para retirar ninguna tajeta de PMR, ya que se trata de un posible delito y deberíais acudir vosotros.
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Aún así, sigo diciendo que nosotros no somos competentes para retirar ninguna tajeta de PMR, ya que se trata de un posible delito y deberíais acudir vosotros.
Creo qie hay una sentencia al menos que dictamina que no se considera delito. No hay jurisprudencia al respecto creo.
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Solo por curiosidad y por aprender. Que es exactamente lo que no se considera delito??
Sentencias a favor y en contra existen en todos los delitos, por lo que en un delito menor como es la falsedad documental puedes ver de todo, con conformidades que son en el 90% de los casos de 6 meses de pena.
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Aún así, sigo diciendo que nosotros no somos competentes para retirar ninguna tajeta de PMR, ya que se trata de un posible delito y deberíais acudir vosotros.
Creo qie hay una sentencia al menos que dictamina que no se considera delito. No hay jurisprudencia al respecto creo.
Aquí en Madrid creo que la mayoría (salvo lo burdo), lo tramitan como posible delito.
Mejor que nos lo comenté Terry por si estoy confundido.
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Cada intervención es un mundo y quien decide realmente si hay delito o no, es el instructor del atestado.
El 400 bis en muchos lugares de España se tira por administrativo SIEMPRE, aunque en mi modesta opinion nos guste o no de momento esa accion esta tipificada penalmente y quien decide si pasa o no el tramite es la fase de instrucción.
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En consecuencia una vez elevado por el instructor como delito, será la fase de instrucción la que determine si pasa el tramite. Y aun pasado el tramite en la vista oral puede caerse. Con lo cual debe ir bastante fundamentado este tipo de delito porque depende de la sala, su resultado.
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Un joven con una pierna amputada lleva ocho años reclamando que le reconozcan la movilidad reducida
A Juan Antonio le amputaron la pierna izquierda con 22 años debido a un cáncer de hueso, conocido como osteosarcoma
El Gobierno valenciano no le reconoce la movilidad reducida, necesita una acreditación de siete puntos y le han concedido cinco
Los informes médicos acreditan que solo lleva la prótesis durante ocho horas porque le causa heridas y que el resto del tiempo utiliza muletas
Laura Galaup
02/08/2017 - 20:29h
(http://images.eldiario.es/fotos/Juan-Antonio-Sepulcre-amputaron-piernahace_EDIIMA20170731_0465_19.jpg)
A Juan Antonio Sepulcre le amputaron una piernahace ocho años
Ocho años lleva Juan Antonio Sepulcre reivindicando ante las administraciones valencianas que le reconozcan la movilidad reducida. Con 21 años le amputaron la pierna izquierda por encima de la rodilla debido a un cáncer de hueso, conocido como osteosarcoma. Desde entonces, la delegación alicantina de la Dirección General de Diversidad Funcional le ha denegado su petición de movilidad reducida, a pesar de reconocerle una discapacidad moderada.
Sepulcre protesta porque tras ocho años presentando reclamaciones no le han concedido la movilidad reducida y asegura que sus desplazamientos diarios se han visto alterados por la amputación de una de sus extremidades. Si le reconociesen este derecho, accedería a una tarjeta especial de aparcamiento o con un descuento del 4% del IVA en las adaptaciones de un coche con el que pueda desplazarse.
Sobre la valoración de los centros base, se queja de que sin esta credencial a veces tiene que aparcar a "cuatro calles" de su casa, ya que no encuentra plazas de aparcamiento con el espacio suficiente para poder salir del coche tanto con prótesis, como sin ella y con las dos muletas.
"Necesito abrir mucho más la puerta que una persona que no tiene una discapacidad para poder salir. Cuando me siento, elevo el muñón, la prótesis desciende y no puedo pegar el pie ni doblarlo para bajar. No puedo aparcar en batería porque los huecos son bastante justos", asegura Sepulcre. A su vez, reseña que en alguna ocasión, cuando ha vuelto a por el coche no ha podido subirse porque le habían aparcado otro "muy pegado" al lado.
Además incide en que si no encuentra un hueco apropiado para su vehículo, la administración no tiene en cuenta que debe recorrer esas calles "bastante limitado", por las muletas y una sola pierna. Diariamente este joven de 29 años trabaja en el control de acceso de un polígono industrial regulando el paso de camiones y vehículos, sentando en una garita.
Poca tolerancia a la prótesis
Sepulcre combina la prótesis con las muletas. Replica que en determinados momentos ha tenido que estar diez días con el muñón al aire porque le salen heridas. Así figura también en distintos informes de la Agencia Valenciana de Salud fechados en 2011, 2012 y el más reciente, emitido en julio de este año.
Los médicos que suscribieron estos documentos aseguraban que este joven no toleraba la prótesis de forma continua "por dolor", que presentaba "hongos y eccemas" en el muñón y por lo tanto debía "desplazarse con dos bastones sin prótesis durante ratos del día y a veces, a temporadas, todo el día".
Además, continúan argumentando que presentaba una limitación "grave para subir y bajar un tramo de escaleras", así como para "sobrepasar un escalón de más de 40 centímetros" y "para sostenerse en pie en una plataforma de un medio de transporte normalizado". En el último informe, firmado el mes pasado, los sanitarios inciden en que el evaluado lleva prótesis durante ocho horas y que el resto del tiempo se desplaza con "bastones bilaterales".
A pesar de este diagnóstico, en la valoración de discapacidad más reciente, fechada en febrero del 2016, mantienen la calificación moderada, calculada en un 40%. Asimismo, consideran que "no procede" atribuirle la movilidad reducida. Limitan esa valoración a cinco puntos y para ser otorgada necesita recibir una calificación mínima de siete puntos, así lo regula el Real Decreto 1971/1999.
"Tengo problemas de adaptación a la prótesis porque mi muñón es demasiado largo y el encaje me lo hicieron muy pegado al muñón. Eso me provoca roces, heridas o úlceras. Cuando la utilizo durante más de ocho horas, se me amorata, se me irrita y no puedo andar bien", replica Sepulcre.
Discapacidad "moderada"
Desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana, administración que tienen las competencias de las evaluaciones de discapacidad, aseguran que la "objetividad" de los trabajadores públicos de los centros de valoración " se da por supuesta". Y que para calcular las minusvalías aplican los baremos recogidos en el Real Decreto 1971/1999.
Esta normativa estipula que en el caso de Sepulcre, al encontrarse la evaluación entre el 25% y el 49%, le han diagnosticado una "discapacidad moderada". "Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado", así define el Real Decreto, una valoración como la recibida por este joven valenciano.
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Estas son las estaciones de metro de Madrid que no cumplen con la normativa de accesibilidad
124 estaciones de Metro de Madrid no cumplen con la normativa que obliga a las comunidades a tener todas sus estaciones accesibles el próximo diciembre
El Gobierno de Cristina Cifuentes se enfrenta a una lluvia de demandas desde el día siguiente de la entrada en vigor del Real Decreto
La reforma de la línea 5 de metro de Madrid no ha mejorado la accesibilidad para personas con movilidad reducida
Fátima Caballero
07/10/2017 - 21:12h
El mapa de la accesibilidad de Metro de Madrid
http://www.eldiario.es/madrid/MAPA-estaciones-metro-pesadilla-Madrid_0_693981061.html
El Gobierno de Cristina Cifuentes se enfrenta a miles de demandas a partir de diciembre por incumplir el Real Decreto que obliga a las comunidades autónomas a tener sus estaciones de Metro accesibles a partir de diciembre. De las 276 estaciones de Metro de Madrid, 124 no cumplen con la normativa, que tampoco se cumplirá en 2022.
Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha cifrado esas demandas en "300.000 potenciales" que pueden empezar a lloverle a la Comunidad desde el primer día de la entrada en vigor del Real Decreto. El Gobierno regional no solo ha asumido ya que va a incumplirlo, sino que dentro de cinco años, el plazo del plan para adaptar las estaciones que tiene sobre la mesa, seguirá haciéndolo: el porcentaje de accesibles se sitúa actualmente en un 65% y pasará al 75% en 2022.
Desde el Consorcio de Transportes, justifican esta irregularidad debido a la configuración espacial de algunas partes del metro. El Plan de Accesibilidad ha presupuestado la implantación de 30 ascensores, que prevé elevar el grado de accesibilidad al 73% para 2020.
La nueva consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, se refirió a ellas este mismo jueves. Gonzalo aseguró que las obras, que se extenderán los entre siete meses y dos años y medio, para instalar esos 30 ascensores están "a punto de comenzar" en las estaciones de Metro de Portazgo, Príncipe Pío, Príncipe de Vergara, Plaza Elíptica, Bilbao, Pavones y Tribunal.
Son siete estaciones del total de 89 que incumplen con los parámetros de accesibilidad de las personas con movilidad reducida y que el propio Metro de Madrid ha calificado de "estaciones pesadilla". La instalación de los ascensores prevé solucionar solo el 10% del problema. Además, hay que sumar a otras 35 estaciones (las marcadas en amarillo en el mapa) que incumplen la normativa más allá de la movilidad, por motivos como la falta de megafonía.
Para el portavoz de Transportes de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Juan Rubio, el Ejecutivo de Cifuentes solo ha reaccionado a esta "injusticia" cuando se ha denunciado desde su grupo. Resalta, además, que los anteriores gobiernos del Partido Popular nunca incluyeron esta problemática en sus presupuestos hasta la obligada negociación con su grupo para sacarlos adelante. "No solo se trata de cumplir con la ley, es también el reconocimiento de un derecho y de que todos somos iguales", defiende Rubio. "La política del Partido Popular siempre se ha basado en titulares y no en afrontar de verdad los problemas".
Actualmente esta deficiencia en el transporte público afecta a casi 200.000 personas con silla de ruedas en Madrid, pero la movilidad reducida va más allá. Personas mayores, padres con carros, lesionados puntuales o personas con otro tipo de enfermedades también se ven afectadas. Este mismo miércoles, el presentador de La Sexta Noche, Iñaki López, que acaba de ser padre, se quejaba de esta situación a través de su cuenta de Twitter.
Otro problema con el que se encuentran las personas con movilidad reducida es el mantenimiento de las instalaciones. La app oficial del metro informa del estado de las estaciones en directo, pero los protocolos de reparación son "muy extensos", explica Font. Hasta un mes han llegado a estar algunos ascensores inoperativos. "Se tendría que obligar a las empresas a arreglar los ascensores en 24 o 48 horas como mucho", solicita el presidente de FAMMA.
Ascensores fuera de servicio en las estaciones de Ópera y Av. Ilustración / Foto: Carmelo Dorado, presidente de ADIFA
Ascensores fuera de servicio en las estaciones de Ópera y Av. Ilustración / Foto: Carmelo Dorado, presidente de ADIFA
Estaciones concurridas
La normativa establecía en 2007 que las estaciones de más de dos líneas y todos los intercambiadores debían ser accesibles en un plazo inferior a cuatro años. Es decir, en noviembre de 2011. Sin embargo, existen cuatro intercambiadores y tres estaciones que cumplen con los requisitos pero no con la legislación: los de Méndez Álvaro, Plaza Elíptica, Ciudad Lineal y Canillejas, y las estaciones de metro de Avenida de América, Diego de León y Alonso Martínez.
Se trata de tres estaciones, las últimas, muy concurridas. De hecho, Avenida de América fue la estación más utilizada en 2016, en 52.482.739 ocasiones. "Lo de la estación de Avenida de América es una vergüenza. Se ha rehabilitado en dos ocasiones y nunca se ha adaptado al 100%", explica el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA), Javier Font.
Tanto el presidente de FAMMA como el portavoz de Transportes de Ciudadanos consideran que existen otros criterios además de la concurrencia que deben tenerse en cuenta para priorizar las reformas. Las estaciones cercanas a hospitales como Ibiza o Carabanchel "tendrían que ser prioritarias, porque tienen un trasiego importante de gente en silla de ruedas y con cochecitos para niños" que acuden al hospital.
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"Los militares con discapacidad terminamos en pleitos con Defensa para reclamar nuestros derechos"
José Manuel Candón fue uno de los tres militares heridos en una explosión accidental en un entrenamiento en el que fallecieron cinco compañeros
Perdió un ojo y un 85% de visión en el otro debido a la metralla
Defensa le reconoció un 97% de discapacidad, pero no le concedió una indemnización que el teniente retirado reclama ante el Supremo
Candón, sujetando una caja amarilla, mientras estaba de servicio / FOTO CEDIDA
Por Laura Galaup
11 oct 201721:14
"Todos los militares con discapacidad terminamos en pleitos con Defensa para reclamar nuestros derechos", asegura José Manuel Candón, teniente retirado de Infantería de Marina, especialista en desactivación de explosivos. Este gaditano de 40 años fue uno de los tres supervivientes de la detonación accidental en la que fallecieron cinco de sus compañeros en Hoyo de Manzanares (Madrid).
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El Ministerio le reconoció un 97% de minusvalía global por las consecuencias de la metralla que se le incrustó por todo el cuerpo, también perdió un ojo y 85% de visión en el otro. En esa valoración la Administración admite la "relación causa-efecto" entre la explosión y la discapacidad.
Candón considera que el Ministerio debe indemnizarle por estos hechos, y ha recurrido ante el Tribunal Supremo la denegación de Defensa y de la Audiencia Nacional de esta petición. La justicia tampoco ha reconocido esta reparación a los familiares de los fallecidos.
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El accidente se produjo en febrero del 2011 mientras estaban realizando maniobras de entrenamiento para su posterior despliegue en Líbano. Él era el jefe de esa práctica, sus compañeros se encontraban preparando el terreno alrededor de la mina cuando "explotó de repente", incide. "Detonó con las tapas de seguridad puestas, en la investigación posterior se demostró que estaban caducadas", cuenta Candón. En su relato, añade que estos dispositivos se diseñan para que aguanten cargas de 300 kilos, sin embargo en este caso estallaron con "un impacto mucho menor".
"El material no era para trabajar de forma segura"
"Esto es un atentado laboral, me dieron un material que no era apto para trabajar de forma segura", recuerda. Basado en los efectos que ha tenido en su rutina diaria este incidente, se mantiene firme en la petición de una indemnización económica. "Me he quedado con unas secuelas irreversibles, me tengo que pagar mis medicamentos, no puedo disfrutar de mis niños. Ahora son ellos los que me llevan a la cama, en vez de llevarles yo, porque por las noches no veo", incide.
Tras decenas de operaciones quirúrgicas y la adaptación a sus nuevas condiciones vitales, Candón vive cada año con más distancia el desfile militar del 12 de octubre. "Me consideran un apestado, les pongo la cara morada por el trato que dan a los militares con discapacidad. Los gestos hay que tenerlos desde el primer momento, al herido hay que apoyarle desde el principio", reseña.
Además del pleito judicial abierto con Defensa, está dolido porque el Ministerio no le ha hecho ningún guiño en redes sociales, ni le ha felicitado, tras proclamarse campeón de Europa de Triatlón-Cross 'Xterra' en la categoría de deficientes visuales. El departamento de María Dolores de Cospedal tiene registrados a 10.907 miembros de las Fuerzas Armadas que cobran alguna prestación por incapacidad, cerca del 80% están en edad activa. De ellos, solo cinco desfilarán este jueves, tal y como ha difundido la cuenta oficial del Ministerio en Twitter.
Candón participando junto a un guía en una competición de triatlón / FOTO CEDIDA
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"¿Cómo me voy a sentir arropado si cuando quiero una indemnización tengo que llegar a Estrasburgo para que me la paguen?", se pregunta Candón que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la denegación tanto de la Audiencia Nacional como del Ministerio de Defensa de una indemnización económica por la responsabilidad patrimonial reconocida por la administración sobre este accidente. En esta petición alude a las "graves lesiones, las secuelas y las limitaciones y daños morales derivados del siniestro acaecido en el campo de maniobras".
Pensión y seguro, como indemnización
La Audiencia considera que con la pensión extraordinaria que recibe el teniente retirado y el seguro concertado por el Ministerio de Defensa, por un importe de 34.580 euros, ya ha sido indemnizado por los "cauces específicos". Él solicitaba un millón de euros por los daños provocados.
"Alegan que con la pensión mensual y el seguro colectivo de 30.000 euros ya estoy indemnizado", apunta. "Si cualquier persona que se marcha por viejo cobra una pensión, yo que me voy por una incapacidad, tengo derecho a la pensión y a una indemnización", protesta Candón.
eldiario.es se ha puesto en contacto con el departamento de María Dolores de Cospe dal, sin haber recibido respuesta por el momento.
En la valoración elaborada por la Inspección de Sanidad de Defensa reconocen la "relación causa-efecto" entre la explosión y la discapacidad. El Ministerio volvió a reconocer su responsabilidad en 2015, en esa resolución también se negaban a asumir una cantidad económica por ella.
Reconocida la responsabilidad patrimonial
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A su vez se queja porque la responsabilidad de la administración se asume "con su patrimonio y no con el de Defensa". "El Ministerio me paga a mi con mi hucha de las pensiones. Vacían de contenido la figura de la responsabilidad patrimonial", apunta.
Según explica Candón, la denegación fue una decisión política y fue tomada cuando Pedro Morenés era todavía ministro de Defensa. "En la instrucción sí que se cuantificaron las indemnizaciones de los heridos y familiares de los fallecidos. Fue cuando llegó al responsable jurídico y al ministro, cuando se decide que no", incide.
Otros casos
"¿Cuántos de los heridos y viudas que ha habido en los últimos diez años no han terminado en un pleito para reclamar sus derechos?", se pregunta. Entre ellos, alude a Antonio Clemente, su hijo se quedó en estado vegetativo mientras entrenaba como paracaidista del Ejército del Aire, y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la absolución del superior que ordenó el salto con fuerte viento.
La madre del cabo Soria, fallecido por fuego israelí, también denunció que Defensa no pidió responsabilidades a Israel por el ataque a las posiciones españolas en Líbano.
Por su parte, Andrés Merino tuvo que recurrir a la justicia para cobrar una pensión que el Ministerio le había denegado, a pesar de haberse lesionado en Afganistán. Incluso con una sentencia que le daba la razón, la administración tardó más de un año en comenzar a pagarle esa cantidad económica. A Iván Ramos le rescindieron el contrato tras salir por los aires en un accidente en acto de servicio en Afganistán en el que se rompió 17 huesos.
El año pasado el Ministerio de Defensa creó una oficina de atención a la discapacidad en las Fuerzas Armadas para atender a militares con este perfil. El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) asegura que todavía "no ha dado tiempo" para evaluar su funcionamiento porque no se ha asentado. "Hay que esperar para ver con qué medios cuenta", incide.
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El CERMI aplaude la sentencia del tsjc favorable a la readmisión de un miembro de la policía local de sant celoni tras adquirir una discapacidad
18/10/2017 - 11:07
MADRID
DISCAPACIDAD
NACIONES UNIDAS
MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha mostrado su satisfacción tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a favor de la readmisión y pase a segunda actividad de un policía local de la localidad de Sant Celoni, tras haber adquirido una discapacidad en acto de servicio y al que se le reconoció una incapacidad permanente.
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De esta forma, el TSJC atiende el recurso de apelación presentado por el policía local de Sant Celoni tras una sentencia de un juzgado de primera instancia, en la que no se reconocía la vulneración del principio de no discriminación y el mandato de que los poderes públicos fomenten la inclusión de las personas con discapacidad recogido en la Constitución Española (artículo 14 y 49, respectivamente).
El TSJC argumenta también que el Ayuntamiento de Sant Celoni ha tenido más de 25 años para desarrollar el reglamento de segunda actividad, después de que el Parlament de Cataluña aprobara la ley que obligaba a este punto hace ya más de 25 años y que todavía muchos municipios no han desarrollado todavía.
Asimismo, alerta de que no facilitar el pase a segunda actividad de una persona con discapacidad vulnera la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado ratificado por el Estado español y que es de obligado cumplimiento por parte de todas las administraciones.
Del mismo modo, la sentencia obliga al Consistorio de Sant Celoni a abonar con carácter retroactivo la cuantía salarial que el policía local no ha percibido durante el tiempo en el que no se le admitió en la policía municipal. Además, recuerda que la percepción de la pensión vitalicia por incapacidad es compatible con el pase a una segunda actividad en la que el afectado no desempeñe las mismas funciones que en el puesto de trabajo en el que se encontraba cuando adquirió la discapacidad.
MAYOR SENSIBILIDAD
El Cermi celebra que la Justicia española sea cada vez más sensible en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad "después de que no sucediera por ejemplo en el caso de Vicente Flores, un policía de la Guardia Urbana de Barcelona que adquirió una discapacidad y al que sistemáticamente se le denegó el pase a segunda actividad en todas las fases de su periplo judicial".
La plataforma representativa de la discapacidad en España llevó su caso al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, organismo que admitió a trámite la queja tanto en fondo como en forma.
Vicente Flores, que actualmente es el presidente de la Asociación para la Integración Laboral de Policías Locales con Discapacidad (AILPOLD), ha calificado de "excelente" la sentencia del TSJC ante el caso de Sant Celoni, si bien ha exigido una "regulación inmediata del pase a segunda actividad, para evitar agravios comparativos, ya que en algunas localidades se facilita y en otras no. Incluso dentro de un mismo municipio, nos encontramos con compañeros a los que sí se les permite pasar a segunda actividad tras adquirir una discapacidad y con otros a los que se les responde negativamente".
En su opinión, es "inadmisible" que haga más de 25 años que los ayuntamientos tenían que haber regulado este asunto y todavía no se haya hecho. Además, ha urgido al Parlament a atender sus demandas para establecer un criterio único en todo el territorio catalán y ha destacado la importancia del trabajo que se está haciendo desde el movimiento de la discapacidad organizado, "porque juntos, conseguimos más".
"Cuanto menos, resulta paradójico que desde administraciones como la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona se apele al derecho internacional por las tensiones actuales independentistas, pero en cambio, ese mismo derecho internacional no se aplica en Cataluña en lo que a garantizar los derechos de las personas con discapacidad se refiere", concluye el presidente de AILPOLD.
(SERVIMEDIA)
18-OCT-17
DMM/caa
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El Gobierno incumple a partir de hoy la ley que obliga a adaptar edificios y servicios a cualquier discapacidad
El 4 de diciembre acaba el plazo que da la norma para que todos los productos, servicios y entornos sean accesibles también para personas con discapacidad
Las asociaciones alertan del incumplimiento y reclaman que se impongan sanciones como elemento motivador
La accesibilidad cognitiva, que afecta a personas con discapacidad intelectual entre otras, ni siquiera está contemplada en la nueva normativa
Daniel Sánchez Caballero
03/12/2017 - 19:06h
Puede ser un escalón, pero también una web no adaptada o un cartel demasiado pequeño. Pueden manifestarse en forma de señal de aseo público indescifrable, de menú incomprensible o de que un mostrador gigante no permita a un conserje ver a una persona muy baja. Las barreras a la accesibilidad son muchas y en ocasiones no se ven, sobre todo con los ojos de una persona sin discapacidad alguna. Pero están ahí.
Para avanzar en la igualdad, y siguiendo los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ha ratificado y por tanto debe cumplir, se hizo una ley que obliga a alcanzar la accesibilidad universal. Este 4 de diciembre se acaba el plazo que concedido por la propia normativa sobre derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para alcanzar esta accesibilidad universalidad en todos los entornos, productos y servicios: no se cumple.
En román paladino: los edificios tienen que ser accesibles para todo el mundo, así como las páginas webs, los trenes de Renfe, la línea de atención de emergencias 112 (que pueda llamar un sordo) o cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Tienen que ser accesibles. En todas sus formas. La única salvedad que establece la ley es que apostilla que esta accesibilidad se hará "siempre que fuera susceptible de ajustes razonables".
"Desde que en 2013 se marcó la fecha límite ya vamos con retraso", confirma Javier Font, presidente de Famma Cocemfe y miembro del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). "Es una victoria agridulce: dulce porque existe una normativa que nos ampara, agria porque no se va a aplicar", resume.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, responsable de la normativa, no ha contestado al requerimiento de información que ha realizado este diario.
Sin sanciones no se cumple
Font sostiene que el problema es que la ley, al no contemplar sanciones por incumplimiento, no fomenta que se aplique. "Es necesaria una ley de infracciones. Si no, el Ministerio solo podrá sancionar en tanto en cuanto las infracciones se produzcan en más de una comunidad autónoma". Por ejemplo, si una compañía dedicada al transporte de personas por carretera no tiene adaptados sus autobuses. Son los menos casos. Para el resto de faltas es la comunidad autónoma quién debería tener una ley y sancionar, cosa que en general no ocurre, explica Font.
La lista de entidades, organismos o edificios que no cumplen la normativa es tan extensa que no entraría aquí. Pero hay ejemplos evidentes.
El Museo Lázaro Galdiano de Madrid no tiene un acceso para discapacitados físicos. Renfe incumple en infraestructuras y material móvil. Las redes sociales suelen no estar adaptadas, como tampoco la mayoría de las aplicaciones para móvil (no ofrecen alternativas a los sonidos para los sordos o verbalizar el contenido de la pantalla para ciegos). Las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida son escasas y se usan mal. Muchos municipios no llegan al mínimo que marca la ley de taxis accesibles (eurotaxis). Los teléfonos de emergencia 112 no están preparados para recibir llamadas de sordos.
Desde el Cermi se destaca un ejemplo "especialmente sangrante". En el Congreso de los Diputados, máximo exponente de la soberanía popular y el organismo que dicta las leyes, los diputados con movilidad reducida (en la actualidad hay uno, Ignacio Tremiño, del PP), no pueden acceder a la tribuna de oradores y cuando tienen que realizar una intervención lo hacen a nivel de suelo, junto a las taquígrafas.
"La administración debe ser más valiente", reta Font. "Nosotros hemos puesto más de 400 denuncias solo en Madrid, pero no quieren entrar. No es normal que desde que se creó la norma en 1993 en Madrid no haya habido ni una sola infracción, según el Consejo para la Promoción de Eliminación de Barreras".
Mucho más que rampas
Y luego hay cosas invisibilizadas, de las que directamente ni se habla. En este caso no se llega siquiera a incumplir la ley porque ni están contempladas en ellas. "La legislación española hace referencia a la accesibilidad física, que es la que más desarrollo tiene, y a la sensorial, que afecta a personas sordas, ciegas, etc.", expone Olga Berrios, de la asociación Plena Inclusión. "Pero ni siquiera nombra la accesibilidad cognitiva, la que afecta a la discapacidad intelectual", cuenta.
"¿Alguna vez te has sentido perdido, no entendías una ley o el contrato de la hipoteca a la hora de firmarlo?", pregunta retóricamente Berrios. "Pues a las personas con discapacidad intelectual les pasa cada día y aumentado", afirma. "Y hablamos de un tipo de accesibilidad que afecta a un millón de personas en España". No son solo personas con alguna discapacidad. También entran en esta categoría analfabetos (aunque haya pocos) o ciertos turistas.
Cosas que pueden parecer obvias no lo son tanto para personas que sufren según qué discapacidad y en qué grado. Las indicaciones para llegar desde la parada de transporte público al museo, los carteles que señalan dónde están los servicios o cuál corresponde a cada sexo (a veces un poco creativos de más), cómo ofrece la información la persona en la entrada de un organismo, cómo te explica el menú un camarero o descifrar la información que contenga un mapa pueden suponer un quebradero de cabeza.
"Hay personas que no van a los hospitales o al teatro. Que no disfrutan derechos como el derecho a la salud, que no disfrutan en definitiva del mundo como otras", alerta Berrios.
Solo piden visibilidad. La discapacidad física se ve y más fácil concienciarse, explican los expertos. El problema está en la que no se ve. Y, ya se sabe que lo que no se ve no existe.
Para cerrar, el Cermi lamenta "el fracaso colectivo como sociedad y como país, imputable especialmente a los poderes públicos, las administraciones, las autoridades y los agentes y operadores oficiales, que evidenciado su incapacidad culpable para hacer cumplir las Leyes en materia de accesibilidad universal, han permitido que la mayor parte de los entornos, bienes, productos y servicios sigan estando hoy negados o severamente dificultados por ausencia o graves deficiencias de accesibilidad a las mujeres y hombres con discapacidad".
El actual secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, resumió esta circustancia: para muchas personas con discapacidad el techo no es de cristal. Es de hormigón.
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(https://pbs.twimg.com/media/DV-hZU1W4AAVf_2.jpg)(https://pbs.twimg.com/media/DV7ADLUWAAEloU7.jpg)
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En un evento en Motilla de Palancar (Cuenca)
Denuncian a la empresa que expulsó de un acto a una mujer síndrome de Down
El incidente tuvo lugar en la tarde del pasado 13 de febrero, cuando las tres hermanas se dirigieron a una charla que daba un comercial.
La Información
viernes, 16 febrero 2018, 21:04
Tres hermanas, una de ellas con síndrome de Down, acudieron a una charla comercial que una empresa iba a realizar en un hotel de Motilla de Palancar (Cuenca), y se llevaron una sorpresa muy desagradable.
"Cuando vieron a mi hermana vino hacia nosotras un chico de la empresa que organizaba el evento para decirnos que no podía estar allí porque iba a asustar a la gente", asegura Ascensión Leal, una de las hermanas, al digital Hoy. Las tres hermanas, y muchos de los asistentes al evento decidieron abandonarlo en solidaridad.
La familia de la mujer de 49 años con síndrome de Down que fue expulsada de un acto comercial en Motilla del Palancar (Cuenca), va a presentar una denuncia contra la empresa que lo organizó, Media Salud, por la grave discriminación que ha sufrido.
Ascensión Leal, una de las dos hermanas de la persona discapacitada que la acompañaban cuando fue expulsada del acto, ha indicado a Efe que van a presentar la denuncia en uno de los juzgados de Motilla del Palancar o ante la Guardia Civil.
Asimismo, ha indicado que han tomado la decisión de denunciar los hechos, a pesar de que el gerente de la empresa les ha llamado para pedir perdón y disculpas y les ha pedido que no sigan adelante con la denuncia.
La dignidad de su hermana
Pero a pesar de esta petición y de las disculpas que les han pedido van a denunciar los hechos porque entienden que la dignidad de su hermana "está por encima".
Según ha indicado Asunción Leal, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 13 de febrero, cuando las tres se dirigieron a participar en una charla que daba un comercial de esta empresa dedicada a la venta y distribución de productos relacionados con la salud y el bienestar.
Cuando entraron el local donde se daba la charla, en compañía de unos vecinos, el comercial les dijo que sería mejor que su hermana no estuviera en el evento, "porque podía molestar a los asistentes y cosas así".
"Fuimos a coger una silla y nos la negó y dijo que allí no podía estar" e incluso les sugirió que dejaran a su hermana fuera y que ellas entraran a presenciar la charla.
En ese momento, ella le preguntó que si no consideraba que eso era discriminación y el comercial le contestó que no, ha asegurado Ascensión Leal, que ha añadido: "Intentamos dialogar con él, pero no había manera y entonces nos salimos las tres y también se salió más gente del acto".
Respuesta de la empresa
Por su parte, el Grupo Medisalud ha negado que expulsara a la mujer y asegura que estudia emprender acciones legales por la "versión tergiversada" que están ofreciendo las hermanas de ésta.
En un comunicado remitido a los medios, Medisalud afirma que "no es cierto que en dicho evento se haya expulsado a una persona por el hecho de tener síndrome de Down" y alega que las mujeres "desde un principio, estuvieron impidiendo el normal comienzo de la charla y desobedeciendo las instrucciones previstas".
El comunicado subraya que "como Medisalud obsequia a los asistentes con la entrega, al final de la charla, de un obsequio para el invitado y su acompañante (pero solamente uno por pareja), estas dos señoras molestaron de forma ostensible desde el principio del acto porque querían recibir dos obsequios y no solo uno por pareja, como el resto de asistentes".
Ante el hecho de que "la alteración del orden por parte de ambas continuaba e impedía el normal desarrollo de la sesión, estas dos señoras fueron invitadas a abandonar la charla", señala Medisalud, quien precisa que, "en ningún momento el comportamiento o presencia de Juliana Josefa Leal, la mujer con síndrome de Down, causó ninguna molestia o problema".
Insiste la empresa en que "fue el reprochable comportamiento de sus hermanas el que causó la petición de que abandonasen la reunión para poder proseguir el curso de ésta, cosa que hicieron finalmente acompañadas por Juliana Josefa Leal, que, reiteramos, no tuvo papel alguno en los hechos que causaron la expulsión de sus hermanas".
Y recalca que su presencia fue "circunstancial y ajena al desarrollo de los acontecimientos".
Concluye que la versión de lo sucedido que están difundiendo las hermanas Leal Luján "está contribuyendo a dañar el honor y la imagen de Medisalud, perjudicando su buen nombre comercial y prestigio, con posible trascendencia en el mercado", por lo que se reserva el derecho el derecho de tomar las medidas legales oportunas.
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Imponen la custodia compartida a un padre que no quería cuidar de su hijo discapacitado
La sentencia de la Audiencia de Córdoba sienta jurisprudencia al considerar que se trata de una «situación excepcional»

EFE
córdoba.
Lunes, 19 febrero 2018, 09:01
La Audiencia de Córdoba ha impuesto a un padre el régimen de custodia compartida sobre los hijos menores, uno de ellos con una grave enfermedad, ante la imposibilidad de la madre de cuidarlos en solitario, pese a que su progenitor no quería.

La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) informó ayer en un comunicado que la letrada que ha defendido a la madre ha logrado que el tribunal cordobés siente jurisprudencia «con carácter excepcional» estipulando la custodia compartida de los menores por semanas alternas a pesar de la oposición del padre. La sentencia indica que «dada la entidad del problema familiar se exige extremar los deberes de ambos, sin que puedan hacerse recaer exclusivamente en la madre».
El tribunal considera que se trata de «una situación excepcional que requiere una solución también excepcional», pues la Audiencia se niega a establecer un régimen diferente para cada hijo «con el fin de evitar un conflicto entre hermanos y sentimientos de rechazo», recomendación además que habían realizado los médicos.
Sentencia «muy humana»
Según indica la vicepresidenta de Aeafa, María Dolores Azaustre, se trata de una sentencia «muy humana, que da una solución efectiva al problema real de esta familia y además es pionera, es la primera vez que se obliga a un padre a ejercer una custodia compartida, pese a su oposición».

Hasta ahora, los tribunales entendían que si el progenitor se negaba a cuidar de los hijos, difícilmente se le podía obligar, tras sentencias de la Audiencia de Valencia, al recurso de una madre que solicitaba la implicación del padre en el cuidado de un hijo enfermo, y de un juzgado de Madrid, sobre una madre que pedía ayuda para compartir con el padre los cuidados de su hijo autista.
Cuando se tramitó el divorcio de la pareja de Córdoba se atribuyó a la madre la guarda y custodia de los dos hijos, que ahora tienen 16 y 14 años, y uno de ellos padece una discapacidad agravada en su adolescencia, lo que hace que su cuidado requiera una atención especial y dedicación constante, con el agotamiento que conlleva.
La madre estaba desbordada porque, según detallan desde Aeafa, «además de la dedicación y cuidados permanentes de los hijos, tenía que atender sus obligaciones laborales, lo que le resultaba ya casi imposible, puesto que se le unió la pérdida del apoyo de sus padres para ayudarla a cuidar de los nietos, a causa de una desgraciada enfermedad».

«La madre no podía más», indica la letrada, quien explica que por eso solicitaba más implicación del padre en el cuidado de los hijos, mediante una guarda y custodia compartida. El padre se negaba y aunque al principio el Juzgado de Primera Instancia dictó una sentencia manteniendo la custodia materna e incrementando la pensión de alimentos del hijo en 75 euros, la Audiencia de Córdoba acordó el 23 de enero la custodia compartida por semanas alternas, pese a la oposición del progenitor
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"Existe discriminación institucional hacia policías con discapacidad"
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lamenta que se les expulsa de su desempeño profesional cuando pierden cualidades físicas o psicológicas
Ailpold ejemplifica el caso de un agente de Cádiz que perdió el ojo estando de servicio y "como recompensa, lo echaron a la calle y cobra el 55% de su sueldo"
Efe - Las Palmas de Gran Canaria
27/03/2018 - 15:43h
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, ha advertido este martes de que existe discriminación institucional hacia los trabajadores de las fuerzas de seguridad con discapacidad pues, hasta ahora, se les ha expulsado de su desempeño profesional cuando pierden cualidades físicas o psicológicas.
Pérez realizó esta consideración ante la comisión de estudio de la discapacidad en el Parlamento de Canarias, en la que también intervino el presidente de la Asociación para la Integración Laboral de Policías Locales con Discapacidad (Ailpold), Vicenç Flores.
El presidente de Ailpold ha informado de que la tasa de empleabilidad de personas con discapacidad en la Policía Local de Canarias no llega al 10%, aunque ha asegurado que la "discapacidad no tiene fronteras, es un problema nacional".
Referido a esto, Vicenç Flores ha ejemplificado el caso de un agente de Cádiz que perdió el ojo estando de servicio y "como recompensa, lo echaron a la calle y cobra el 55% de su sueldo".
Flores ha aseverado que las consecuencias de las lesiones no solo afectan a la condición física del agente, sino que el estado psicológico se deteriora y puede llegar provocar depresión.
El portavoz de Nueva Canarias en la comisión, Luis Campos, ha indicado que legislar para proteger a los policías ante la discriminación por discapacidad es igual de imprescindible que, por ejemplo, contemplar su jubilación anticipada.
La representante de Podemos Natividad Arnáiz ha subrayado que la justicia no ha actuado conforme a la legislación vigente respecto a los derechos laborales de los policías, pues "se están vulnerando varios artículos de la Constitución Española".
"Tenemos la oportunidad de mejorar", ha explicado la miembro del Partido Popular Josefa Luzardo, quien ha solicitado a Coalición Canaria la "modificación y activación de ley de policías para que salga adelante" en el Parlamento de Canarias.
La representante del PSOE, Teresa Cruz, ha señalado que "el empleo es un medio para conseguir otros fines en la vida", y ha informado de que la tasa de paro de la población con discapacidad en Canarias es del 71%.
La intervención de Coalición Canaria la realizó Guadalupe González, quien ha resaltado la función de las administraciones públicas como plataformas para visibilizar a las personas con discapacidad.
González ha añadido que no debe haber "policías de primera y policías de segunda según el trabajo que desempeñan", sino que se debe valorar la labor de todos por igual.
La representante de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha señalado que el momento en el que los agentes se lesionan es indiferente, pues su diversidad funcional debe ser reconocida aunque el perjuicio se produzca cuando no están de servicio.
Así mismo, ha puntualizado que le parece "injusto" que a los policías con discapacidad se les reduzca el sueldo o que no tengan un reconocimiento automático en la Seguridad Social.
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HA PRESENTADO VARIAS SOLICITUDES, PERO AFIRMA QUE "NO" SE LE HAN CONTESTADO
Un ex policía local de Arrecife cesado tras quedar discapacitado en acto de servicio reclama volver al cuerpo
Jonathan Rodríguez sufrió "una grave lesión" en un hombro en una pelea con arma blanca en 2015 y lucha desde entonces por reintegrarse en la Policía Local y adaptarse a un puesto realizando tareas administrativas
Yolanda Téllez16/04/18
Se llama Jonathan Rodríguez y es un expolicía local de Arrecife que quedó discapacitado de un hombro en acto de servicio en 2015 y como consecuencia fue cesado del cuerpo. Desde entonces, este joven de 37 años lleva luchando por ser reintegrado en la Policía Local de la capital y adaptarse a un puesto realizando tareas administrativas. Y es que, este agente "de vocación", quiere seguir siendo "útil". Sin embargo, hasta ahora no lo ha conseguido, aunque confía en que esta situación, en la que afirma que hay "otros 300" compañeros en Canarias, cambie con la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales.
Fue en una noche de noviembre de 2015 cuando, realizando un servicio en la calle Manolo Millares con la USCI, unidad a la que pertenecía, Jonathan sufrió "una grave lesión" en el hombro. "Nos encontramos con una pelea y en un momento del forcejeo, una persona de gran corpulencia intentó zafar un cuchillo y procedí a reducirlo. Caímos y mi cuerpo impactó directamente con la acera en la caída y la persona, que pesaba 128 kilos, cayó encima mía" ha relatado este joven en Radio Lanzarote-Onda Cero.
Tras ello, Jonathan fue operado en dos ocasiones al quedársele "bloqueada la movilidad" del hombro y tener "un dolor incesante", pero el resultado fue "desfavorable". "Se me realizaron también unas terapias alternativas bastante duras, con un tratamiento médico también bastante duro, y tampoco dio resultado", ha añadido este expolicía local, que ha explicado que en noviembre se le realizó una última intervención quirúrgica y se le colocó "una prótesis" encontrándose "mejor" desde entonces.
Pidió realizar tareas administrativas pero el Ayuntamiento nunca le contestó
Encontrándose de baja, Jonathan llegó a intentar darse de alta "a sabiendas" de que su hombro "estaba mal", porque afirma que "añoraba estar trabajando". Sin embargo, a los 20 días volvió a entrar en la mutua "con una incapacidad temporal". La mutua, según ha relatado, envió entonces un informe al Ayuntamiento para que le readaptase un puesto de trabajo a este agente pero, según ha afirmado, el Consistorio "no" contestó". "Ante esta situación y ser evidente que yo no podía realizar servicios de primera actividad que es el patrullaje, solicité el pase a segunda actividad, que es hacer principalmente tareas administrativas"
"En mi caso podría ser charlas en centros de enseñanza y realización de protocolos de actuación o una figura que se está implantando ahora en las policías locales, que es de mediador de conflictos civiles entre vecinos, en la que me he estado preparando durante este tiempo", ha precisado este expolicía, apuntando que, sin embargo, a esta solicitud "tampoco" se le contestó.
La mutua decidió entonces enviarle al tribunal médico, donde se le reconoció "una discapacidad del 33%". Entonces, Jonathan volvió a dirigir un escrito al Ayuntamiento, pero según ha apuntado la respuesta que recibió es que el Consistorio procedió a cesarle. Y, ahora, con 37 años, es pensionista, a pesar de que él quiere "seguir trabajando".
Petición en el Parlamento
Este expolicía local ha explicado que hay ayuntamientos en toda España que "sí deciden readaptar el puesto de trabajo" apuntando que en la isla los consistorios de Teguise y Tías "sí lo recogen", así como el Cabildo, donde afirma que "hay un bombero que está en una situación similar". Así, lo que ha pedido la Asociación para la Integración de Policías Locales con Discapacidad a la que Jonathan pertenece, es que la Ley de Coordinación de Policías Locales, que "se está modificando", dé "respuesta a los compañeros que se encuentran con una diversidad funcional" y se adapte a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos de las Perdonas con Discapacidad de la ONU". "Que sea por ley, no un reino de taifas donde cada uno decida lo que quiera", ha precisado.
Y es que, según Jonathan Rodríguez, de los alrededor de 3.100 policías locales que hay en Canarias, "hay 300" en su situación. En este sentido, el propio Jonathan se trasladó a la Comisión de Discapacidad del Parlamento canario el pasado mes de marzo, junto a compañeros de la Asociación para la Integración de Policías Locales con Discapacidad. "El día 19 se llevará una PNL para que de forma transitoria podamos volver a reintegrarnos y hacer labores hasta que se apruebe la ley, que irá por trámite de urgencia", ha explicado este expolicía local, que ha señalado que se llevó "una grata sorpresa" en el Parlamento al ver que "hay predisposición absoluta por parte de los grupos. "Hay que solucionar esto y que no haya discriminación en la policía", ha apuntado Jonathan, destacando que también cuenta con "apoyo absoluto" de la "totalidad de los sindicatos".
"Sería más fácil estar en el sofá, pero no quiero eso"
En su caso, este joven afirma que cuenta incluso "con informes favorables del jefe de la Policía Local, José Antonio Lasso", donde enumera las funciones que Jonathan podría realizar y pide que se le "asigne a segunda actividad". También señala que también hay "informes favorables" a su aceptación en el cuerpo con fecha del 21 de febrero, que fueron elaborados "por un técnico-jurista del Cabildo" después de que el concejal de Policía, David Duarte, decidiera "pedir de motu propio una colaboración". "Pero si el departamento que tiene que tomar la decisión, no la toma, no hace nada, se queda en papel mojado", ha criticado Jonathan, que no entiende si es "por dejación de funciones o por mala fe de algún técnico".
Y es que, este expolicía afirma que el pasado 4 de julio su situacón "iba a ir a pleno y se retiró el punto". Además, apunta que también puso una queja "ante el Defensor del Pueblo" y que éste le contestó el 3 de marzo indicando que "ha pedido dos veces al Ayuntamiento que entregue la documentación y no ha habido contestación". "No sé qué es lo que pasa", ha apuntado este joven, que espera que acabe solucionándose este problema "y que en el futuro los compañeros no pasen" por su misma situación. "Porque sería más fácil estar en el sofá, pero no quiero eso, quiero sentirme útil", ha concluido.
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Acusados de malos tratos
Detenidos cuatro trabajadores de una residencia para discapacitados en Málaga
La Policía ha identificado a seis usuarios del centro que habrían sido víctimas de agresiones o de un trato degradante por parte de estos empleados.
La Información
sábado, 28 abril 2018, 12:57
Cuatro trabajadores de una residencia de discapacitados han sido detenidos por la Policía Nacional en Málaga por supuestos malos tratos dispensados a los internos, a raíz de la investigación iniciada por la directora del propio centro, que observó conductas que podían ser delito en uno de los cuidadores.
Según ha informado la Policía, en un primer momento fue detenido este trabajador y, al continuar con las pesquisas policiales, fueron arrestados otros tres empleados el pasado jueves.
Los cuatro arrestados, un hombre y tres mujeres, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 en funciones de guardia.
De la noticia da cuenta hoy el diario Sur, que señala que los hechos han sucedido en la residencia La Milagrosa, que es propiedad de la Asociación Malagueña en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Aspromanis) y está situada en la barriada de La Corta.
Hasta el momento, la Policía ha identificado a seis usuarios del centro que habrían sido víctimas de agresiones o de un trato degradante por parte de estos empleados.
Investigación interna
Los supuestos malos tratos se detectaron después de que el centro contratase una empresa de detectives e instalara cámaras para comprobar si los empleados del turno de noche se dormían en el trabajo y hacían su labor como debían, indica el periódico.
Al revisar el contenido de las imágenes, los responsables de Aspromanis descubrieron que las cámaras habían grabado algo más que irregularidades, por lo que las entregaron en Comisaría.
El presidente de Aspromanis, Alfonso Rubio, ha informado hoy en un comunicado de que en la residencia La Milagrosa son atendidas 46 personas con discapacidad intelectual y graves afectaciones.
Al detectar posibles conductas constitutivas de delito, la asociación presentó una denuncia e informó a los familiares de las posibles víctimas y a las entidades públicas (Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y Diputación de Málaga) con las que tiene concertadas las plazas para atender a discapacitados.
A partir de entonces, impidió que los trabajadores implicados tuvieran contactos con las personas con discapacidad intelectual que son atendidas en el centro, ha indicado Rubio.
El colectivo, que se ha personado como acusación en el procedimiento que se ha abierto, muestra su colaboración con las instituciones públicas y familiares de los internos para que "nunca más puedan producirse hechos similares".
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La ONU admite otras dos denuncias contra España por vulneración de derechos de agentes con discapacidad
ARACELI GUEDE 08.05.2018 - 10:24h
Los afectados, un guardia urbano de Hospitalet y un mosso, alegan que se les discrimina al no permitírseles seguir en activo pasando a segunda actividad tras sufrir un accidente laboral.
Con estos son cuatro los casos admitidos en el mismo sentido, todos procedentes de Cataluña.

Un agente de los Mossos d'Esquadra. ARCHIVO
El camino lo abrió Vicente Flores. Este exguardia urbano de Barcelona logró en 2015 que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU admitiera a trámite su denuncia, interpuesta al serle denegado por parte del Ayuntamiento el paso a segunda actividad tras sufrir un accidente laboral. Le siguió Jordi en 2016, compañero de la localidad gironesa de Figueres. Y ahora Naciones Unidas ha aceptado otras dos comunicaciones individuales, una de un agente local del municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat y otra de un mosso d'esquadra.

Estas denuncias se presentan contra España, y de forma subsidiaria contra el Ayuntamiento de Hospitalet y el departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, según informan Ailmed y Ailpod, asociaciones creadas para ayudar a mossos y policías locales en la misma situación.
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Los afectados alegan que se les está discriminando al no permitírseles seguir en activo a través del desempeño de funciones no operativas y citan el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación a los problemas físicos sobrevenidos en el ámbito profesional.

Un tratado de 2008
El tratado, en vigor en España desde 2008, establece que los "Estados Parte" tienen dos obligaciones respecto al mundo laboral: la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, y su acceso y mantenimiento en el empleo.
Este texto internacional determina igualmente que los firmantes deben "tomar las medidas pertinentes para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad", así como "velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en la convención".
Tras acusar recibido de estas dos nuevas demandas, la ONU solicitará la información y las observaciones oportunas al Gobierno, que tiene un plazo de seis meses para pronunciarse. Estas les serán trasmitidas a los denunciantes, que podrán a su vez hacer los comentarios que consideren.
El proceso que se abre es largo y puede durar años. No en vano ni Vicente ni Jordi han recibido aún una resolución sobre sus casos.
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«Juan Cadenas tiene miedo constante de que le vuelvan a atacar»
El juzgado de lo Social acoge el juicio sobre el grado de invalidez del policía local de Puerto Serrano que perdió un ojo a manos de los Cachimbas
MARÍA ALMAGRO
@MariaAlmagroD
Actualizado:
15/05/2018 21:22h
Pérdida de globo ocular, derrame lacrimal constante, prótesis definitiva, trastorno depresivo, estrés postraumático, ansiedad, miedo continuo, falta de control de impulsos, insomnio, irritabilidad... la supervivencia de Juan Cadenas, el policía local que fue agredido por Los Cachimbas de Puerto Serrano que le reventaron un ojo con un cristal, continúa.
Han pasado más de tres años desde aquella fatal madrugada de enero de 2015 pero la huella de aquel daño sigue marcada. Tras ganar la batalla penal con una sentencia firme del Supremo que condenó a sus agresores de trece a ocho años de prisión, le queda todavía una larga lucha: la que mantiene para que se le reconozca la incapacidad permanente absoluta en vez de la total como le dieron, lo que le supuso una pérdida de más de un 50% de su sueldo, unos 700 euros menos al mes, más la productividad que antes podía conseguir y que ahora, encerrado en su casa, obviamente no.
«Es lamentable que yo tenga que andar de juicios y a mi agresor se le concediera la absoluta de oficio y a los nueve meses de casi matarme», decía este martes un emocionado Juan Cadenas en la puerta de los juzgados. Y es que al que acabó con su carrera profesional a los treinta y poco años de una puñalada en el ojo, a Pedro Venegas, el INSS le otorgó el derecho del cien por cien de su base reguladora por una «deficiencia psiquiátrica».
«Es lamentable que yo tenga que andar en juicios y a mi agresor le dieran la absoluta de oficio y en meses»
El policía asistía este martes al juicio relativo a la impugnación que ha presentado contra este grado de incapacidad. Acompañado de su letrado, el abogado Ramón Dávila, acudía al Juzgado de lo Social número dos de Cádiz para exponer sus razones. En frente, el INSS, el Ayuntamiento de Puerto Serrano ('empresa' responsable de la Policía Local del municipio)y la mutua.
«Las lesiones que sufrió este trabajador fueron terribles por una agresión completamente salvaje recibida durante el ejercicio de sus funciones», recordó Dávila en sala. «Después de asestarle varias puñaladas con la parte más punzante del cristal, le hizo una serie de cortes y lesiones que estuvieron muy cerca de la yugular. Todo ello le dejó unas graves limitaciones físicas y psicológicas». Dichas lesiones ya estaban recogidas, y por tanto admitidas, en la sentencia de la Audiencia Provincial de marzo de 2017 que fue dictada como firme por el Supremo.
Por su parte, el abogado del INSS reconoció, tal y como recoge la resolución que tomaron para otorgarle la incapacidad total, que Juan Cadenas sufre «dos patologías: el trastorno de estrés postraumático y la pérdida del globo ocular». Sin embargo, entienden que podría asumir «trabajos en ambientes protegidos o donde el contacto con terceras personas es mínimo y no se vea en situación de riesgo». Por lo que el letrado ratificó ante el juez la evaluación que le hicieron en su momento. Por su parte, el representante del Ayuntamiento se limitó a precisar que el Consistorio serrano mantiene un acuerdo de aplazamiento de deuda con el INSS, en relación a su aportación económica.
La versión de los peritos
Con respecto al estado mental del agente, declararon dos peritos aportados por los reclamantes. Ambos coincidieron en su repaso por las principales secuelas que el ataque de los Cachimbas dejó en Juan Cadenas.
La psicóloga que le ha tratado de la mutua aseguró que el trastorno que sufre el policía tras los hechos es «grave y crónico». «Padece miedo irracional. Tiene pánico e incluso obsesión por perder el ojo sano. Se encuentra en estado de hipervigilancia y de sobresalto continuo sobre cualquier situación que no controla. En el momento que sale de su zona de confort piensa que le puede pasar algo», detalló ante un Juan Cadenas que, durante unos minutos, tuvo que abandonar la sala de vistas visiblemente afectado.
Los psicólogos hablan de un trastorno «grave y crónico» que le impide trabajar con normalidad
Esto le lleva a «no controlar sus impulsos», continuó la experta «a tener episodios de ira, a tener cambios de humor constante y dificultad para relacionarse con normalidad», explicó la profesional. «Así no puede realizar ningún trabajo», le contestó al juez.
El otro perito describió este mismo cuadro psicológico. «Padece de ansiedad y depresión generalizada cuya evolución ha sido mala». «Revive continuamente el accidente y tiene problemas para mantener la atención y la concentración».
Tras los testimonios, las partes expusieron sus conclusiones. «No darle la absoluta sería condenarle a un riesgo que no es humano», afirmó Dávila. «Un trabajo no puede imponer la heroicidad sino que se debe desarrollar de manera responsable. Desde la normalidad».
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https://twitter.com/policiademadrid/status/999542687547252736?s=19
(https://www.patrulleros.com/foro/index.php?action=dlattach;topic=9228.0;attach=62480;image)
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Y al prójimo..que le jodan, eso debió pensar el que estacionó.
https://twitter.com/policiademadrid?lang=es
(https://www.patrulleros.com/foro/index.php?action=dlattach;topic=9228.0;attach=62846;image)
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El Congreso aprobará una reforma de la ley electoral para devolver el voto a 100.000 españoles con discapacidad
Salvo sorpresa, los grupos aprobarán este jueves por unanimidad cambiar la ley para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho al sufragio, siguiendo la convención de la ONU
Unas 100.000 personas, principalmente discapacitados intelectuales, han sido privadas del derecho a voto por la justicia
"Se alega que son personas influenciables. ¿Y alguien de 18 años que vive con sus padres no lo es"?, reflexionan desde las asociaciones pro inclusión
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Por Daniel Sánchez Caballero
17 oct 201820:23
El Congreso aprobará este jueves si no hay sorpresas una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para devolver el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, principalmente intelectual. La medida, que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de todos los grupos, afectará a unas 100.000 personas a las que la justicia había retirado la capacidad de ejercer el voto por distintas razones.
Con esta reforma España pasará a cumplir la convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que hasta ahora incumplía pese a que el Parlamento la ratificó en 2008. España se convertirá de esta manera en el octavo país europeo en adoptar en esta medida.
El director de Plena Inclusión España, Enrique Galván, celebra como "un gran avance en calidad democrática en este país" la votación, que sin embargo valora como "agridulce". "Era un elemento que deterioraba la democracia española [que hubiera personas sin derecho a voto], pero ha tardado mucho en llegar y lo hace tras una lucha permanente de las asociaciones, tendrían que haber sido los políticos los promotores", explica.
"Todos los partidos se han puesto de acuerdo" para revertir "una anomalía", destaca Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). En términos similares se manifiesta Ana Isabel Lima, secretaria de Estado de Servicios Sociales.
"¿Son manipulables?"
La inmensa mayoría de personas sin derecho lo perdieron (les fue retirado, más bien) por sentencia judicial firme que así lo especifica, según recoge el artículo 3 de la Loreg. Carecen de derecho a voto "los declarados incapaces en virtud de sentencia firme, siempre que la misma declare la incapacidad de derecho a sufragio", reza el artículo.
Será eliminado, como el inmediatamente siguiente, que también dice que carecen de derecho de sufragio "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el periodo que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".
Frente a esta afirmación, la convención de la ONU establece que los Estados que la ratifiquen deben "asegurar que las personas con discapacidad plena puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás (...), incluido el derecho y la posibilidad (...) de votar". Y ante una colisión de leyes, como es el caso, prevalece la de rango jerárquico superior; una convención internacional ratificada por un Estado solo queda por debajo de su propia Constitución.
Martín, de Cermi, especifica que si se les ha retirado el voto (su capacidad jurídica) a estas personas es porque "se considera que pueden ser manipuladas". Desde las asociaciones explican que, además, a quien ha sufrido esta circunstancia se le examina en los juzgados para determinar sus conocimientos de política, del sistema o de la ideología de los partidos, un agravio comparativo con el resto de los votantes. Muchos de los cuales, añaden, no superarían esta prueba.
Galván lamenta el "estigma" que sufren las personas con discapacidad. "Se vincula al déficit, a la presunción de problemas. Tendríamos que prestar más atención a las personas con mayores dificultades y es justo al revés", afirma.
"La Constitución habla del voto libre, no dice nada de la calidad de ese voto", reflexiona Martín. "Si una persona con discapacidad es influenciable, ¿no lo es también una de 18 años que viva con sus padres?", se pregunta.
Además, se da la paradoja de que la normativa no impide a una persona con discapacidad presentarse como candidato a un cargo público sin pasar examen alguno. "A ningún ciudadano se le exige que explique con qué independencia se vota. Ni siquiera hace falta saber leer o escribir", exponía la diputada madrileña de Podemos Beatriz Gimeno.
Las dudas
Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena Inclusión, recuerda que los Estados podrían tener derecho a retirar el voto a personas si lo hace de manera genérica, aplicable en teoría a cualquier persona (un reo, por ejemplo). Lo que no es legal es evaluar la capacidad de alguien para votar o no presuponiendo que no va a poder por tener una discapacidad, explica. Y subraya que Hungría fue condenada precisamente por esta práctica.
Por lo demás, la modificación de la Loreg deja algunas dudas. La principal: cuándo se hará efectiva la modificación. Las asociaciones pro inclusión esperan que sea a tiempo para las elecciones andaluzas, convocadas para el próximo 2 de diciembre. Pero fuentes del Congreso recuerdan que la reforma aún debe pasar por el Senado y creen que, aunque no se esperan enmiendas, esta opción es complicada. Aseguran sin embargo que sí estará lista para las autonómicas y municipales del próximo mes de mayo.
Por último, Galván recuerda que "sería importante garantizar que los medios de información estén habilitados para que [en unas elecciones] haya información en lectura fácil, pictogramas y accesibilidad cognitiva".
La iniciativa partió de la Asamblea de Madrid y lleva, según recuerda el diputado socialista Joan Ruiz, cinco años tramitándose. ¿Por qué ha tardado tanto entonces, si se estaba incumpliendo una convención internacional de obligado cumplimiento? "Eso habría que preguntárselo al anterior gobierno", responde.
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Qué es generalmente la administración?
Una cabrona....y de ahí no me muevo ni un centímetro, ya que el argumento de la SS y sus resoluciones son una constante para quitarse de encima medio al.funcionario yandarke a casa con una pensión que rondará los 1300€.
Barcelona debe readmitir a un agente al que jubiló por una discapacidad: "Fue una discriminación total"
ARACELI GUEDE 05.11.2018 - 06:40h
La ONU ha admitido cuatro denuncias contra España por vulneración de derechos de agentes con discapacidad.
La lucha de Rafael Prieto para no ser un policía jubilado con 31 años.
Manuel Abad fue jubilado forzosamente como guardia urbano por el Ayuntamiento de Barcelona al sobrevenirle una discapacidad. HUGO FERNÁNDEZ
Manuel Abad tenía 53 años y llevaba casi tres décadas como guardia urbano de Barcelona cuando, "de un día para otro", le obligaron a jubilarse por una discapacidad sobrevenida. Consciente de no poder realizar labores de calle pero plenamente capacitado para permanecer en lo que se denomina segunda actividad, Manuel denunció al Ayuntamiento. En primera instancia perdió, pero ahora, tres años y medio después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)le ha dado la razón y obliga al Ejecutivo local a readmitirle.
"Fue una discriminación total. A mí me echaron por ser discapacitado. Yo ya estaba desempeñando funciones más administrativas o sedentarias cuando me jubilaron: tareas de mantenimiento, en la centralita, atendiendo a las personas que llegaban a la unidad...", relata este agente al otro lado del teléfono. "A principios de 2015 me reconocieron el paso a segunda actividad y a los pocos días la Seguridad Social determinó mi incapacidad permanente total para el ejercicio de mi profesión habitual. En el Ayuntamiento me dijeron que eso les obligaba a jubilarme pero no es así, esa incapacidad me permite trabajar en cualquier otro sitio que no me requiera el mismo esfuerzo", continúa.
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Manuel sufre de artrosis en las dos caderas y por el momento ha sido operado de una de ellas, pero puede caminar sin muletas. Cuando ocurrieron los hechos que denuncia tenía reconocido un grado de discapacidad del 35%, que ha subido al 42 en la última revisión. Aquella decisión del Consistorio no solo le dejó con el 55% del sueldo sino también destrozado anímicamente, "hecho polvo, desconcertado", una situación que afectó igualmente a su familia: "Mi mujer se quedó muy mal también. Teníamos a nuestros dos hijos estudiando...".
La esperanza la encontraron en la Asociación para la Integración Laboral de la Policía Local con Discapacidad (Ail-pod), presidida por Vicenç Flores. Él lucha desde hace más de ocho años para ser readmitido en la Guardia Urbana de Barcelona en el desempeño de funciones no operativas y ayuda a otros funcionarios en su misma situación. La suya fue la primera petición individual de este tipo que se presentó contra España ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Este organismo la admitió a trámite y a ella le han seguido otras tres, todas procedentes de Cataluña. "En otras comunidades también hay casos pero vamos avanzando en la regulación. Aquí no", se queja Vicenç.
Un fallo poco motivado
A la espera de que la ONU se pronuncie, la sentencia sobre las circunstancias de Manuel tiene una gran importancia para este colectivo, al ser la primera condenatoria contra el Consistorio de Barcelona. Junto a ella se presentaron otras dos denuncias similares pero tras perder en primera instancia, los otros dos guardias decidieron retirarse y sólo él siguió adelante. "La gente tiene miedo. Les condenaron a pagar las costas. ¿Y si perdían otra vez y tenían que volver a pagar? Se habían ido a casa con la mitad del sueldo", apunta el presidente de Ail-pod.
La resolución del TSJC no solo anula el decreto por el cual se jubila a Manuel sino que se muestra muy crítica con el fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo número 16 y habla de "falta de motivación", "escuetos razonamientos" y de "incongruencia omisiva", lo que provoca "indefensión". "En una sentencia de medio folio la jueza le dio la razón al Ayuntamiento. Ahora, en más de veinte páginas, con argumentos, el Tribunal Superior de Cataluña le achaca que no contempló todo lo que nosotros alegábamos", expone el demandante.
El Gobierno municipal es condenado además a pagar las retribuciones salariales que el guardia dejó de percibir, así como las cotizaciones a la Seguridad Social, con los intereses que correspondan desde que fue jubilado. La asociación estima que esa cantidad podría ascender a los 200.000 euros. Este diario ha intentado sin éxito conocer la valoración de la Concejalía de Seguridad y si procedería a recurrir ante el Tribunal Supremo, plazo que expiró el viernes. Manuel aún no ha regresado al trabajo y podrían pasar hasta seis meses antes de que la sentencia sea ejecutada pero mientras ya disfruta de la alegría que ha supuesto para él y los suyos "haberle ganado a un Ayuntamiento, y más al de Barcelona, que no es poca cosa".
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Retiran por fraude casi cien tarjetas para aparcar de discapacitados desde 2017
La Policía Local ha intervenido acreditaciones que pertenecían a personas ya fallecidas y se seguían utilizando
José Ramón Villalba
JOSÉ RAMÓN VILLALBA
Lunes, 19 noviembre 2018, 19:53
La Policía Local de Granada ha retirado noventa y cuatro tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018 debido al uso fraudulento que los conductores hacían de ellas. Esta guerra contra el fraude en estas acreditaciones ha permitido a los agentes hallar auténticas perlas de la picaresca. Por ejemplo, identificar tarjetas de personas que ya estaban fallecidas, observar cómo todas las mañanas durante dos semanas una cuadrilla de albañiles dejaba el coche aparcado en un reservado para discapacitados para lo cual colocaban la tarjeta en el salpicadero del coche y se marchaban a trabajar, o encontrar la fotocopia de la acreditación donde figuraban los datos del vehículo manipulados.
«Para esta jefatura de Policía Local es una prioridad combatir el fraude existente con estas tarjetas de aparcamiento. Los más perjudicados son los miembros de un colectivo que necesitan este tipo de aparcamientos», apunta el portavoz de la Policía Local de Granada, Jacinto Sánchez.
La tarjeta para personas de movilidad reducida es un documento personal e intransferible de la persona titular de la misma. El titular del documento podrá ser el conductor de un vehículo de su propiedad o cualquier otro, o bien acompañante en otro coche conducido por cualquier persona, siendo requisito indispensable que el titular se desplace en el interior del mismo. La tarjeta debe ser colocada en el interior del turismo de una forma visible, siempre por el anverso, y en documento original. El incumplimiento de estas obligaciones puede llevar la retirada de la tarjeta de uno a 24 meses.
La persona titular de esta tarjeta puede estacionar en los aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida, detener el vehículo para recoger o dejar a personas con movilidad reducida en cualquier lugar de la vía pública, siempre que no impida la circulación; estacionar, sin limitación de tiempo, en los aparcamientos con horario limitado (zona azul); y acceder a las áreas de circulación y estacionamiento restringido en las mismas condiciones que las personas residentes.
Reserva de plazas
Además, sus titulares tienen la posibilidad de reservar plazas de aparcamiento, previa solicitud, en los lugares que se compruebe que es necesario, especialmente, cerca de los domicilios y lugares de trabajo.
La identificación para los vehículos de personas con discapacidad puede obtenerse ahora en el mismo momento de la solicitud o en un plazo máximo de dos días hábiles, siempre que se tenga reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33% y una movilidad reducida.
Este documento se puede solicitar también directamente a través de internet, con la firma digital, en la página web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
«La persecución de este fraude se está notando porque vemos a través de las comparativas con otros años anteriores que ha descendido bastante el uso ilegal que se hace de las mismas», advierte el portavoz de la Policía Local de Granada.
El distrito de la capital granadina donde se han encontrado más tarjetas fraudulentas es el Zaidín, que se lleva más del 38% de las acreditaciones retiradas, seguido de Centro.
La forma de actuar de la Policía Local en muchos de estos casos es a través de seguimientos al conductor de quien se sospecha que ha cometido algún tipo de fraude. «Para usar la tarjeta, la persona con discapacidad debe ir en el coche y son muchas las ocasiones en que vemos que el conductor va solo y no padece ningún tipo de minusvalía. Tras varios días de seguimiento, procedemos a actuar», explica Jacinto Sánchez.
Una vez comprobado el mal uso de la tarjeta, procedían a la intervención de la misma y remisión al Centro de Valoración de Granada, además de la correspondiente denuncia administrativa en base a la normativa de tráfico.
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Condenado a cinco años de cárcel por una “brutal y desmedida” agresión a un disminuido psíquico
La víctima fue empujada y golpeada reiteradamente en la cabeza y en el rostro
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AURORA INTXAUSTI
Madrid 25 FEB 2019 - 14:27 CET
Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid.
Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid. CARLOS ROSILLO
Luis Carlos M. E. ha sido condenado, por la Audiencia Provincial de Madrid, a cinco años de prisión como autor responsable de un intento de homicidio al agredir con repetidos golpes en la cabeza y en el rostro a un disminuido psíquico en septiembre de 2017. El tribunal le prohíbe aproximarse a su víctima a menos de 1.000 metros, así como comunicarse con él por cualquier medio durante seis años. Los magistrados, que han aplicado en el fallo el atenuante de intoxicación de sustancias no determinadas, también le han condenado a una indemnización de 8.280 euros, que deberá abonar al perjudicado junto con los intereses correspondientes.
En la sentencia, el tribunal considera probado que Luis Carlos M. E. se encontró con Jesús M., que padece disminución psíquica, en la madrugada del 24 de septiembre de 2017 y le abordó con intención de causarle la muerte. Tras tirarle al suelo y dejarle inconsciente, se colocó encima de él y le golpeó reiteradas veces en la cabeza y en el rostro. A consecuencia de los golpes Jesús sufrió importantes lesiones, “siendo necesario tratamiento médico quirúrgico consistente en ingreso en reanimación del Hospital General de la Paz, con tratamiento multisistémica -limpieza, cura de las heridas faciales; sueroterapia; sedoanalgesia; ventilación mecánica; drogas vasoactivas y cirugía- entre otras medidas”, según recoge la sentencia.
La víctima estuvo hospitalizada 69 días, si bien no se ha acreditado por parte de los peritos forenses que sus funciones cognitivas se hayan deteriorado más a consecuencia del ataque. Los tres magistrados razonan en la resolución que, debido a la “discapacidad de la víctima, así como su falta de recuerdos del hecho, y su confusión general” resulta complicado establecer “un relato seguro de lo ocurrido en base a su testimonio”. Sin embargo, en otro momento del apartado de la motivación jurídica de la sentencia se dice que “es cierto que desconocemos los motivos que llevaron a Luis Carlos a golpear de semejante modo a Jesús. Pero, en realidad, no importa, la agresión en cualquier caso fue brutal y desmedida. Se produjo sobre quien estaba inconsciente y no estaba en condiciones de defenderse”. La policía, según quedó probado en el juicio, acudió al lugar en el que se produjeron los hechos cuando todavía el procesado estaba golpeando a la víctima con la cara destrozada y algún diente en la camisa. Y fueron ellos los que telefonearon a los servicios de emergencia para trasladarle al hospital.
Esta sentencia aún no ha alcanzado firmeza y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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Naciones Unidas dictamina que el Ayuntamiento de Barcelona ha discriminado un policía local por impedirle pasar a una segunda actividad por motivo de su discapacidad
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Vicenç fue discriminado, por motivo de su discapacidad, en la “continuidad” en el empleo público que desarrollaba en el Ayuntamiento de Barcelona
Posted on 10 Abril, 2019 per AILPOLD in CERMI, Policies Locals // 0 Comments
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ya denunció en su informe de 2014 ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la discriminación que sufren determinados policías catalanes que adquieren una discapacidad y reclaman que se les reasigne otro lugar con diferentes funciones compatibles con su nueva situación.
Este informe lo elabora en su condición de organismo independiente de seguimiento de la aplicación a nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estatuto reconocido oficialmente al CERMI por el Estado español.
Recordemos que España estuvo en el primer bloque de Estados signatarios de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas el 30 de marzo de 2007, y que actuó con celeridad en su ratificación y entrada en vigor en nuestro ordenamiento jurídico el 3 de mayo de 2008.
Pues bien, desde hace muchos años, los agentes de policía que sufren alguna discapacidad sobrevenida o bien alguna dolencia degenerativa a lo largo de su carrera profesional, reivindican el derecho a poder trabajar en régimen de segunda actividad. Es decir, no son aptos para realizar acciones de calle pero sí que pueden desarrollar otras muchas funciones en el cuerpo policial al cual pertenecen, desde tareas administrativas a formación, planificación, etc. En cambio muchos son obligados a abandonar el cuerpo a partir del momento en que se les reconoce una discapacidad.
Como ya publicamos en su momento, en el informe sobre derechos humanos y discapacidad correspondiente al 2015 presentado por el CERMI se publicó el contenido de una Comunicación Individual por incumplimiento del artículo 27 de la Convención a Naciones Unidas (pág. 144-169). Se trataba de una comunicación denunciando precisamente esta situación sobre policías con discapacidad sobrevenida al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU).
En concreto, la Comunicación partía del caso de Vicenç Flores, funcionario de la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, que en 2009 sufrió un accidente laboral que le ocasionó una discapacidad. La situación discriminatoria objeto de denuncia fue la exclusión de forma directa de la posibilidad de mantenerse en activo a través del pase a segunda actividad, puesto que Vicenç tiene reconocida una discapacidad bajo la modalidad de incapacidad laboral permanente total.
La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas comunicó al CERMI, el dos de noviembre de 2015, la admisión de esta comunicación individual (pág. 168). Se trataba de la primera vez en la cual España ha sido denunciada ante la ONU por falta de igualdad de las personas con discapacidad.
Recientemente, en respuesta a esta comunicación, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) ha emitido un Dictamen aprobado por el Comité en virtud del artículo 5 del Protocolo Facultativo, a la luz de la Convención. Os ofrecemos un extracto de su contenido.
La cuestión que debía examinar el Comité era si se habían vulnerado los derechos de Vicençs, el autor de la Comunicación, a través de la aplicación de una norma del Ayuntamiento de Barcelona (artículo 7.2 del Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona) que impide el pase a segunda actividad de quienes han sido jubilados forzosamente producto de una “incapacidad permanente total” para la realización de las funciones habituales de policía local.
En el presente caso, el Comité observa que se descartó la posibilidad de iniciar un proceso de evaluación de las barreras que le impidieron permanecer en el cuerpo de policía, dado que el autor fue privado de su condición de funcionario público en el momento de su jubilación forzosa, y que no tuvo ninguna oportunidad de solicitar ajustes razonables que le hubieran permitido desempeñar funciones distintas.
En este contexto, el Comité recuerda que es responsabilidad de las autoridades del Estado Parte el adoptar todas las medidas de ajuste razonable que sean necesarias para adaptar los puestos existentes a las necesidades específicas del empleado o empleada. El Comité observa asimismo que el Estado parte no ha demostrado que no hubiera otro tipo de funciones dentro del cuerpo de policía en el que servía el autor que éste hubiera podido desempeñar.
Al respecto, el Comité observa que el autor ha visto disminuidas sus capacidades para el trabajo habitual de policía, hecho que no obsta las potenciales capacidades que podría desarrollar en una segunda actividad u otras actividades complementarias dentro del mismo cuerpo policial.
El Comité considera que la normativa que impidió al autor el pase a segunda actividad, esto es, el artículo 7.2 del Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona (ordenanza), no permite resguardar los derechos que le corresponden en virtud de la Convención, en especial, considerando la posibilidad que su discapacidad sea evaluada en concreto, a través de una gestión que fomente las capacidades que pueda tener para la realización de una segunda actividad u otras actividades complementarias.
La normativa que impidió a Vicenç el pase a segunda actividad, esto es, el artículo 7.2 del Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona, es contraria a los derechos que le corresponden en virtud de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El Comité considera, por tanto, que la normativa aplicada al autor para impedir el pase a segunda actividad u otro diálogo encaminado a la realización de actividades complementarias de las tareas habituales del trabajo de policía es contraria a los derechos incluidos en los artículos 5 y 27 de la Convención. Además, considera que, en la medida en que el artículo 7.2 del Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona impide a todos quienes han sido declarados con una “incapacidad permanente total” la posibilidad de solicitar el pase a segunda actividad, el autor fue discriminado, por motivo de su discapacidad, en la “continuidad” en el empleo público que desarrollaba, constituyendo una violación al artículo 5, que resguarda el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad, y al artículo 27, que protege el derecho trabajo y al empleo de aquellas personas.
Con respecto al artículo 5 de la Convención, el Comité considera que el presente caso revela una de las formas de discriminación prohibidas por la Convención, ya sea considerada como una discriminación directa o una denegación de ajustes razonables. Adicionalmente, con respecto al artículo 27 de la Convención, el Comité considera que, en el presente caso, la discriminación en relación con la continuidad en el empleo deriva de la denegación de cualquier diálogo o instancia orientada a una evaluación funcional alternativa de quienes, como el autor, han sido declarados con una “incapacidad permanente total”.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) considera que el caso de Vicenç revela una de las formas de discriminación prohibidas por la Convención
El Comité advierte, además, que el Estado parte observa una gran diversidad de normativas a nivel de las comunidades autónomas o incluso dentro de un mismo ayuntamiento, y que generan situaciones discriminatorias, con motivo de discapacidad, para el tratamiento de situaciones similares. El Comité considera, por tanto, que el Estado parte debe cumplir con las obligaciones generales contempladas en el artículo 4 de la Convención para modificar y armonizar las normas domésticas a nivel local, autonómico y nacional, que impiden el pase a segunda actividad sin una evaluación de las problemas y oportunidades que pueden tener las personas con discapacidad, y que constituyen, a su vez, una afectación del derecho al trabajo.
El Comité advierte que el Estado parte observa una gran diversidad de normativas a nivel de las comunidades autónomas o incluso dentro de un mismo ayuntamiento, y que generan situaciones discriminatorias, con motivo de discapacidad, para el tratamiento de situaciones similares. El Comité considera, por tanto, que el Estado parte debe cumplir con las obligaciones generales contempladas en el artículo 4 de la Convención para modificar y armonizar las normas domésticas a nivel local, autonómico y nacional
Por consiguiente, el Comité considera que la jubilación forzosa del autor constituyó una violación del artículo 27, conjuntamente con los artículos 3, 4 y 5, de la Convención. Por tanto, el Comité, actuando en virtud del artículo 5 del Protocolo Facultativo, dictamina que el Estado parte, España, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención.
Así pues, en relación con el autor, el Estado parte tiene la obligación de:
i) Proporcionarle al autor el derecho a una compensación por los gastos judiciales en que haya incurrido para presentar esta comunicación;
ii) Adoptar medidas apropiadas para garantizar que el autor pueda ser sometido a una evaluación funcional alternativa, ya sea considerando las capacidades que podría tener en una segunda actividad u otras actividades complementarias, incluyendo los eventuales ajustes razonables que puedan requerirse.
Y en general, el Estado parte tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se produzcan vulneraciones similares en el futuro, lo cual comprende:
i) Tomar todas las medidas que sean necesarias para ajustar el Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona (ordenanza) y su aplicación con los principios de la Convención y las recomendaciones del presente dictamen, para asegurar que “el pase a segunda actividad” no sea limitado a personas con grado de discapacidad parcial;
ii) De la misma manera, armonizar la diversidad de normativas locales y regionales que regulan el pase a segunda actividad de quienes se desempeñan como funcionarios en la administración pública, de conformidad con los principios de la Convención y las recomendaciones del presente dictamen.
https://ailmed.wordpress.com/2019/04/10/naciones-unidas-dictamina-que-el-ayuntamiento-de-barcelona-ha-discriminado-un-policia-local-por-impedirle-pasar-a-una-segunda-actividad-por-motivo-de-su-discapacidad/#prettyPhoto
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En febrero de 2015 Colau no era la alcaldesa...artículo tendencioso que pone la tilde donde no corresponde.
El Supremo 'toca la cara' a Colau: readmitirá a un urbano y le pagará 200.000 euros
El alto tribunal afea al Ayuntamiento de Barcelona la "indefensión" de un agente incapacitado y fuerza a pagarle el sueldo de cuatro años más las costas del juicio
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Ignasi Jorro @IgnasiJorro
11.04.2019 00:00 h.
Tortazo del Tribunal Supremo a la política del gobierno municipal de Barcelona, que comanda Ada Colau, con los guardias urbanos incapacitados. El alto tribunal ha forzado al Ejecutivo local de Barcelona en Comú (BComú) a readmitir a un agente al que echó tras perder movilidad por un problema de cadera y lograr la incapacidad. La máxima instancia judicial española corrige esa decisión, revierte la jubilación forzosa y obliga a resarcir al efectivo policial con 200.000 euros en concepto de salarios atrasados, intereses y las costas del juicio.
Según sentencia del Tribunal Supremo con fecha a 28 de marzo, texto al que ha tenido acceso este medio, Manuel A.P. deberá ser readmitido en la plantilla municipal. Volverá el policía a la estructura después de que la Gerencia de Recursos Humanos aprobara una resolución de jubilación forzosa del agente en febrero de 2015. Tomó la decisión la instancia administrativa después de que el denunciante lograra la invalidez permanente (más del 33% de disminución de capacidad de desempeñar su trabajo) por un problema de cadera derivado de un accidente de motocicleta. En otras palabras: el Ayuntamiento echó al guardia urbano pese a que éste pidió pasar a segunda actividad.
El Supremo 'toca la cara' al Ayuntamiento
Según la justicia, en una decisión que ya no es recurrible, el Ejecutivo local obró mal. El Tribunal Supremo inadmite un recurso del Ayuntamiento de Barcelona contra una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anulaba la jubilación obligada. Lo que es más: obliga al segundo mayor consistorio de España a pagar las costas. En esencia, el alto tribunal reafirma una sentencia anterior que concluyó que el efectivo policial "tenía reconocido el derecho a permanecer en servicio activo porque podía desempeñar un puesto de trabajo en segunda actividad".
Pese que tenía ese derecho, el gobierno local de Barcelona no lo entendió así. Echó al funcionario "interpretando erróneamente el artículo 67 del Estatuto Básico de Empleado Público (EBEP)". Le privó de seguir siendo policía, pese a que éste podía desempeñar otras funciones en la estructura de la Guardia Urbana o fuera de ella, aprovechando su formación anterior. El agente no se rindió y recurrió. Perdió en primera instancia en 2016, pero ganó en el TSJC. Ahora, el Tribunal Supremo lo arropa y da por buena la sentencia de la instancia judicial anterior, que peleó el bufete de abogados Crespo & Fanlo Advocats.
"Vulneraron los derechos de las personas con discapacidad"
Vicente Flores, presidente de la Asociación para la Integración Laboral de los Policías Locales con Discapacidad (AIL-POLD), ha lamentado que el Ejecutivo local de Colau y Barcelona en Comú (BComú) "hayan optado por la discriminación de los agentes discapacitados". Lo han hecho, según el efectivo policial y activista, en el caso del agente Manuel, "recurriendo la sentencia hasta el Supremo, cuando no tenían necesidad". ¿Por qué lo hicieron? "Porque no tuvieron en cuenta la jerarquía normativa. Pensaban que el reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de 2002 [leer aquí] era suficiente. Y no. No lo han actualizado a normas de rango superior que obligan a la inclusión de personas con minusvalía y prohíben la discriminación", lamenta.
Ello provoca, según él, casos como el de Manuel, pero otros muchos más. "Hay agentes de la Urbana con esquizofrenias o enfermedades infecciosas que prefieren no comunicarlas por miedo a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) los declare incapacitados y los echen", avisa. Reclama por ello la actualización del documento para alinearlo con normas superiores como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobada en 2006 y ya incorporada al ordenamiento jurídico nacional.
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Educación vial, educación ciudadana y respeto hacia los demás...por el forro de los c.....s
(https://pbs.twimg.com/media/D6RfuDdXoAAJKUM.jpg)
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Protección a la discapacidad
Cermi Madrid y la Policía Municipal de la capital firman un convenio en defensa de los derechos de las personas con discapacidad
09 Mayo 2019 11:58h MADRID
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi Comunidad de Madrid) y la Policía Municipal de Madrid han firmado un convenio con el fin de fomentar el intercambio de información y adoptar medidas que protejan y fomenten la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.
El convenio, que fue rubricado por el presidente de Cermi Madrid, Óscar Moral, y por el delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, establecerá líneas de colaboración para aunar esfuerzos e impulsar iniciativas, programas y acciones conjuntas que favorezcan la plena y efectiva inclusión y normalización social de las personas con discapacidad.
En la firma del convenio estuvieron presentes otras personas representantes tanto de la Policía Municipal de Madrid como de Cermi Comunidad de Madrid, según informó la plataforma de la discapacidad en una nota.
Con la firma de este documento, por parte del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid se compromete a realizar actividades informativas del trabajo que desarrolla la Unidad de Gestión de la Diversidad a la Red de entidades de Cermi Comunidad de Madrid, el registro, seguimiento y tramitación de infracciones relativas a la accesibilidad a establecimientos públicos, diseñar actividades formativas sobre hechos discriminatorios y delitos de odio e infracciones administrativas dirigidas hacia personas con discapacidad.
Además, se promoverá la adaptación de documentos de la Unidad en formato accesible, para garantizar la comprensión y mejor protección de los derechos de todas las personas con discapacidad.
Por su parte, Cermi Madrid se compromete a facilitar el contacto y el conocimiento de los servicios que presta la Policía Municipal de Madrid a las personas con discapacidad y a colaborar en la elaboración de Protocolos de Intervención en materia de delitos de odio contra personas con discapacidad.
Cermi Madrid agradeció “que el Ayuntamiento de Madrid siga impulsando convenios de vital relevancia para el colectivo”, y aseguró que “una colaboración estrecha en todos los ámbitos es una de las más eficaces herramientas para lograr el objetivo común de defensa de los derechos de las personas con discapacidad”.
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Actividades formativas . . .
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Le retiran la incapacidad permanente que le habían dado al estar deprimido por no tener trabajo
Un juzgado estimó que el INSS debía pagarle una pensión vitalicia mensual del 100% de su base reguladora y ahora el Tribunal Superior de Justicia lo rechaza
Le retiran la incapacidad permanente que le habían dado al estar deprimido por no tener trabajo
10.06.2019 | 11:39 | Efe | Comunidad
Los cuadros depresivos que sufre un administrativo por estar en paro no constituyen motivo suficiente para ser declarado incapacitado para toda clase de trabajo, según una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
La resolución estima el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra la sentencia de un juzgado que declaró en situación de invalidez permanente en grado de absoluta a un hombre que la reclamó al alegar la depresión que sufría por estar sin trabajo.
En la resolución que ahora se revoca, el juzgado fijó como hechos probados que este administrativo solicitó una pensión de incapacidad permanente en abril de 2015 tras haber agotado un año de incapacidad temporal por un episodio depresivo moderado grave con ideas autolíticas.
El informe médico recogió que padecía trastorno distímico reactivo a conflicto laboral y dactilitis en mano izquierda y pies.
El juzgado condenó al INSS a pagarle una pensión vitalicia mensual del cien por ciento de su base reguladora, con los incrementos correspondientes.
Ahora, la sala declara que la depresión no lo incapacita para todo trabajo, con independencia de que si se agudiza puede pedir un nuevo periodo de incapacidad temporal.
Y añade que el síndrome de apnea obstructiva del sueño que también padece debido a su patología psiquiátrica puede ser incompatible con la realización que impliquen riesgo para el propio trabajador o para terceros, "pero carece de relevancia incapacitante para la profesión de administrativo".
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La niña de 11 años con discapacidad expulsada de un campamento por presión de otros padres
Según su madre, el resto de niños no querían estar con ella después de que los monitores hiciesen públicas sus características.
1 julio, 2019 19:33
SUCESOS CAMPAMENTOS DE VERANO SALAMANCA (PROVINCIA)
Silvia Gil
Unos padres de una niña de 11 años han denunciado de manera pública a un campamento de inglés del que la menor ha sido expulsada tras las quejas del resto de padres. El motivo, cruel a la par que criticado: la niña sufre un retraso madurativo con una discapacidad del 33%, hecho que, según los propios padres, habría desencadenado el malestar y la desafección entre el resto de sus compañeros.
Según ha relatado C., la madre de la pequeña a la Cadena Ser, su hija va a un colegio de Madrid junto a otros niños con necesidades educativas y nunca ha tenido ningún problema para relacionarse con otros jóvenes. Además, ha contado que los últimos dos años ha pasado 15 días de sus vacaciones en campamentos de verano. Este año, a sus padres les pareció buena idea que fuera a un campamento de inglés. Eligieron el que se lleva a cabo en Aldeaduero, Salamanca.
"Me dijeron desde el minuto uno que no había ningún problema, que era todo mediante juegos y actividades y que lo iba a pasar fenomenal e iba a ir aprendiendo y soltándose”, ha explicado C. a la radio.
No querían estar con ella
Si I. llegó al campamento el pasado viernes a mediodía, a la noche sus padres ya recibieron la primera llamada con la queja del campamento. "Las madres se estaban quejando porque no querían que I. esté en la habitación con sus hijas".
Según C., tanto ella como el padre de la menor habían insistido al campamento educativo en que no "informase al resto de niñas de las características de I., porque la iban a etiquetar de entrada y no iba a tener la opción de que la demás vieran que ella ríe, baila y cuenta como el resto", pero -según consideran- los monitores incumplieron su promesa.
"Conforme entró a la habitación [la monitora] les dijo: chicas, vuestra compañera tiene una discapacidad así que espero que me echéis una mano para cuidarla", cuenta esta madre.
Campamento de inglés de Aldeaduero
Campamento de inglés de Aldeaduero
Tal y como ha podido averiguar esta mujer, el problema inicialmente se originó con otras dos chicas con las que tenía que compartir habitación, que se conocían previamente. "Decían [sus padres] que sus hijas están en un colegio de integración, que durante todo el año tienen que convivir con niños de necesidades especiales y que cuando llega el verano se merecen disfrutar del campamento sin tener que estar con estos niños".
I., incómoda con la situación, trató de cambiarse de habitación, pero los monitores no lo consintieron. Temían que el problema fuese a más y que el malestar se extendiese entre el resto de niños.
"Decía que si la cambiaba de habitación, se quejarían otras madres. Que le estaba poniendo entre la espada y la pared, y que lo único que se le ocurría es que I. se fuera a dormir con una monitora pero que la niña le decía que no, que quería dormir con sus compañeras". Al día siguiente, el centro solo contempló la decisión de expulsar a la niña del campamento.
Piensa que es su culpa
"Está hecha polvo, tiene la moral por los suelos, ella piensa que la culpa es suya que no consigue ser normal. Ya le he dicho que ni de broma, que por desgracia en este mundo hay gente muy buena pero también gente mala y hemos topado con gente no tiene empatía ni capacidad de entender lo especial que es ella", ha explicado la madre.
Tras la publicación de la noticia, la Cadena Ser ha adelantado que numerosos campamentos, consternados por la noticia, se han ofrecido para acoger a I. entre sus alumnos.
El periódico EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con Diverbo, la empresa encargada de la gestión de este campamento, pero no ha obtenido ninguna contestación.
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Chema, el policía olvidado por políticos y sindicatos, gana en la justicia
El funcionario fue despedido tras un accidente de tráfico que le destrozó la pierna; los jueces le han devuelto su puesto de trabajo en un ayuntamiento
ARCHIVADO EN: POLICÍA MUNICIPAL, DISCAPACITADO, GAVÀ
IGNASI JORRO @IgnasiJorro
(https://www.patrulleros.com/foro/index.php?action=dlattach;topic=9228.0;attach=65580;image)
12.07.2019 00:00 h.
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Es Chema, el policía municipal al que fallaron los políticos y sindicatos y a quien la justicia ha dado la razón. El funcionario fue despedido en 2016 tras un accidente de tráfico que le dejó lesiones graves en una pierna. Ahora, los jueces le han devuelto su legítimo puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Gavà (Barcelona).
Según sentencia de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la que ha accedido este medio, Chema Giménez debe reincorporarse como funcionario en la localidad barcelonesa. Lo que es más, el auto declara nulo de pleno derecho parte del reglamento de segunda actividad del municipio, ya que "no permite que los funcionarios del cuerpo de Policía Local que hayan sido declarados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en situación de incapacidad permanente total puedan pasar a desempeñar un puesto de trabajo de segunda actividad". El dictamen de la sala tercera del TSJC, que puede ser recurrido, llega después de una larga batalla del agente y su familia.
"Tuve que trabajar de vigilante"
"Sufrí un accidente de tráfico en 2014. En febrero de 2016 el INSS declaró mi incapacidad. Para mi sorpresa, el gobierno municipal me despidió por decreto, negándome un puesto de segunda actividad", ha explicado el efectivo policial en conversación con este medio. Según él, ello le dejó "desamparado por la Administración" ya que el ejecutivo local le arrebató el trabajo y, por ende, poco más de la mitad del sueldo. "Acudí a uno de los denominados sindicatos de clase. Me dijeron que no podía hacer nada, ya que me habían aplicado el artículo 67.1.c del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que permite una jubilación forzosa en caso de incapacidad permanente", ha agregado. Ello le ocurrió a Chema pese a que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada por España, emplaza a adaptar el puesto de trabajo a un empleado en su situación.
"Tengo mujer y dos hijos. Como te puedes imaginar, el impacto en la familia fue muy grande. Por un lado, me encontré con una pierna dañada a la altura de la rodilla, donde me colocaron unos clavos enormes, y con dificultades de movilidad en el tobillo. Por el otro, se dio la paradoja de que sí podía trabajar en el sector privado", critica Chema. Dicho y hecho. Buscó empleo mientras velaba armas en su batalla judicial y lo encontró de vigilante de seguridad. El policía, pues, podía trabajar en el sector privado pero no en el público, donde había ganado unas oposiciones. El funcionario buscó el apoyo de AIL-POLD y del bufete Crespo & Fanlo Advocats Associats. Recurrió la decisión. Perdió en primera instancia. Acaba de ganar en el TSJC. "Todos los agentes perjudicados deberían hacer lo mismo. Hay efectivos policiales que esconden enfermedades por miedo a ser declarados no aptos para trabajar, despedidos y quedarse con el 55% del salario", recuerda.
Entidades: "Que se cumpla la ley"
En conversación con este medio, Vicente Flores, presidente de la Asociación para la Integración Laboral de los Policías Locales con Discapacidad (AIL-POLD) ha valorado positivamente la sentencia. "Es un avance, pero hay que hacer más. Los ayuntamientos catalanes deben aprobar reglamentos de segundas actividades para sus funcionarios. Y que éstos estén adoptados a la normativa vigente y redactados con arreglo, por ejemplo, a la Convención de Naciones Unidas", ha prescrito. Recuerda Flores que apenas una minoría de municipios catalanes disponen de una normativa así. Y no en todos se cumple con el acervo legal supranacional. "La ley existe. Lo que deben hacer las administraciones es cumplirla. Si no lo hacen, además de vulnerar los preceptos de la ONU, lo que consiguen es que los agentes escondan enfermedades", ha subrayado el expolicía.
Precisamente, el caso de Vicente Flores es paradigmático. La Organización de Naciones Unidas (ONU), en un dictamen vinculante con fecha a 2 de abril, concluyó que el agente fue discriminado por el Ayuntamiento de Barcelona al ser despedido en septiembre de 2010, con 31 años. Nueve años después, el también activista halló justicia. Esto es precisamente lo que reclama Chema, que también acaba de ganar su pleito judicial. "Los ayuntamientos contratan a bufetes externos para tratar de evitar que los efectivos policiales reviertan la decisión. ¿Quién paga ese trabajo? El contribuyente. El alud de sentencias judiciales favorables debería hacer reflexionar a los políticos, ya que los policías ganan el 90% de los casos", ha aseverado. En este sentido, el agente de Gavà recuerda a los ciudadanos que un agente policial con discapacidad puede seguir en el cuerpo realizando tareas de oficina, intendencia o similares.
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Me alegro, la razón solo tiene un camino.
Son personas con discapacidad y NO minusválidos, todavía hay gente que utiliza esta palabra de manera incorrecta.
Hay trabajos en que se pueden desempañar igual, nadie es menos válido que otro.
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He visto hasta hace poco que en las ordenanzas de movilidad ponía.." estacionar en zona para minusválidos", directamente me negaba a poner eso.
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El Pleno del Ayuntamiento de Arrecife pide perdón y reincorpora por unanimidad a un policía local que fue expulsado por una discapacidad sobrevenida en acto de servicio
Posted on 24 Juliol, 2019 per AILPOLD in Policies Locals // 0
Noviembre del 2015 será una fecha que nunca olvidará Jonathan, Policía Local de Arrecife que vio truncada su vida laboral, profesional y familiar al ver como, a causa de una actuación en acto de servicio en una conocida zona de ocio de nocturna Arrecife, sufría una lesión que acabaría materializándose en una discapacidad sobrevenida.
Jonathan inició un periplo de operaciones que no solucionaban el dolor continuo que sufría y que le dejaba una movilidad muy reducida en el brazo y hombro.
Lamentablemente lo peor estaba por llegar.
Otra fecha que jamás olvidará será mayo del 2017. Fecha en la que el Ayuntamiento de Arrecife le comunicaba su expulsión del cuerpo y de la Unidad de Seguridad Ciudadana en la que llevaba años prestando servicio. Así se iniciaba su particular calvario. Un calvario que lamentablemente también sufren otr@s compañer@s del resto de España.
Meses antes de que esto sucediese Jonathan se puso en contacto con AILPOLD y, como muchos otros que nos conocieron, fue un pilar fundamental. Especialmente porque no se vio sólo. Se involucró y fue designado el delegado de la Asociación en Canarias. Iniciando así un largo viaje juntos que ha forjado un vínculo que, más allá de un simple asesoramiento, se ha convertido incluso en una amistad personal con los miembros de la Asociación.
Jonathan Rodríguez, a la izquierda, compareciendo en el Parlamento de Canarias
REPORT THIS AD
Visitamos el Parlamento de Canarias en el que nos reunimos con todos los grupos parlamentarios, lo que dio lugar a resoluciones parlamentarias e incluso a comparecer en la Comisión de Discapacidad del Parlamento, en la que participó el Presidente del CERMI, Sr. Luis Cayo Bueno. Participamos en el borrador del anteproyecto de ley de Coordinación de la Policía de Canarias que se paralizó a través de la FECAM. Asesoramos a otros compañer@s de las islas, trasladando lo que significaba la normativa internacional como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Normativa que llevábamos años denunciando que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y que, por lo tanto, es aplicable e invocable.
Mientras, pasaba el tiempo y la mente de Jonathan estaba ocupada. Hasta este martes día 23 de Julio de 2019, fecha en la cual el Pleno del Ayuntamiento decidió por unanimidad reincorporarlo acatando una sentencia favorable y no recurriéndola, reconociendo su derecho a un puesto en segunda actividad y no perder su condición de funcionario.
Lo importante de hoy también radica en las disculpas (ver vídeo) y el perdón que el Pleno del Ayuntamiento ha trasladado a Jonathan de forma pública. Y es que este hecho es de vital importancia porque cuando se entona con sinceridad como la vivida hoy, se reconoce el daño causado y se repara, la víctima podrá mirar el futuro con esperanza.
Esa esperanza a la que se acogen muchos otr@s compañer@s que vieron vulnerados sus derechos fundamentales.
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Pues desde aquí mi más sincera enhorabuena . . .
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25 delitos de odio por razón de discapacidad registrados oficialmente en 2018
18 Sep 2019 08:10h MADRID
Un total de 25 delitos de odio por razón o causa de discapacidad fueron denunciados en España en el año 2018, 2 más que el año anterior, según se desprende del 'Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España' dado a conocer por el Ministerio del Interior y comunicado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) por este departamento.
La discapacidad es el sexto factor de los que determinan la perpetración de delitos de odio, de los denunciados ese año, tras la ideología (599), racismo/xenofobia (531), orientación sexual/identidad de género (259), sexo/género (71) y creencias/prácticas religiosas (69). En total, el registro oficial policial sumó 1.598 delitos de odio en 2018.
El Cermi considera positiva la existencia de esta estadística policial y la atención y visibilidad que se otorga a la discapacidad en el seguimiento en España de los delitos de odio, para lo cual la plataforma global de la discapacidad viene colaborando con la Oficina Nacional de lucha contra los Delitos de Odio.
No obstante, entiende que las conductas criminales por motivos asociados a discapacidad son superiores, pero no afloran debidamente por el fenómeno de la infradenuncia, "resultado de las severas barreras y dificultades que los mecanismos legales, judiciales y policiales siguen presentando a las personas con discapacidad".
(SERVIMEDIA)
18 Sep 2019
GJA/
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Un policía se enfrenta a cuatro años de prisión por aparcar con una tarjeta de discapacidad
El inspector falsificó el documento y utilizó con su pareja una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida
J. MARTÍNEZ/A. RALLO
Viernes, 25 octubre 2019, 09:49
Un inspector de la Policía Local de Moncofa se enfrenta a una condena de cuatro años de cárcel por falsificar y utilizar una tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida. El procesado, cuya identidad responde a las iniciales L. F. M. G., cometió los delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Valencia.
Los hechos delictivos fueron descubiertos por la Policía Local de Torrent el 4 de septiembre de 2017, cuando un agente confiscó la tarjeta falsificada a la pareja del inspector, una mujer ucraniana de 49 años, después de que estacionara su coche en una plaza reservada para conductores discapacitados en el aparcamiento de un gimnasio municipal en la ronda del Escultor Vicente Pallardó en Torrent.
La Policía Nacional asumió la investigación y averiguó que el procesado había facilitado el documento, presuntamente, a su pareja sentimental para su propio beneficio. El ministerio público estima que el inspector de la Policía Local de Moncofa se atribuyó competencias que excedían de las propias de su cargo, y que elaboró la tarjeta con su nombre en una fecha sin determinar entre los años 2013 y 2017.
Tras considerar probados estos hechos, la fiscalía también solicita tres años de cárcel para la pareja del procesado al considerarla «cooperadora necesaria» del delito de falsedad en documento público. Además de las penas de prisión, el ministerio público pide la inhabilitación del acusado para ejercer un empleo o cargo público durante nueve años, así como el pago de dos multas con las cuantías de 12.000 euros para el inspector y 9.000 euros para su compañera sentimental. En el juicio está previsto que declaren los policías que se incautaron de la tarjeta y los agentes de la Policía Nacional que investigaron los delitos de falsedad en documento público y prevaricación administrativa.
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Durante 7,5 años de media
Cuidar a personas dependientes equivale a una jornada de 27 horas a la semana
Un estudio señala que el 80% de los cuidadores no son profesionales y que los dependientes a quienes más se atiende son padres o suegros, el 54%.
La Información
martes, 05 noviembre 2019, 04:30
(https://www.lainformacion.com/files/article_default_content/uploads/2018/11/26/5bfbf7cde3337.jpeg)
Discapacitados, personas dependientes (Ley Dependencia).
En el Día Internacional del Cuidador (que se celebra el 5 de noviembre) y con el objetivo de concienciar a la sociedad del papel tan importante que juegan quienes atienden de manera no profesional a una persona dependiente, la compañía tecnológica Merck ha dado a conocer los resultados de su tercera Encuesta sobre la situación de los cuidadores no profesionales en la sociedad española, de la que se extrae, entre otras cosas, que cuidar a personas dependientes equivale a una jornada de 27 horas a la semana.
Esta encuesta ha sido realizada en el marco del programa internacional Embracing Carers de Merck, que se lleva a cabo desde 2017 en colaboración con las principales organizaciones de cuidadores de todo el mundo. Según Ana Polanco, directora de Corporate Affairs de Merck en España, "el objetivo de esta iniciativa es hacer visible la importante labor que realizan los cuidadores, engranaje clave de la atención al paciente. Para Merck es vital que se conozca mejor la realidad de estas personas, que no son trabajadores profesionales y anteponen la atención del dependiente a su propia salud".
El cuidador (no profesional) es una figura de gran relevancia y, en España, hay 2,3 millones de personas dependientes atendidas en su mayoría (80%) por cuidadores no profesionales. Tras encuestar a 506 cuidadores no profesionales residentes en España, se ha concluido que estos invierten, de media, 27 horas semanales en la atención de padres o suegros (54%), abuelos (19%), pareja (9%), hijos o hermanos (5%) con problemas de movilidad asociados a la edad (46%), envejecimiento general (45%), discapacidad física (29%), patologías neurológicas (24%) como Parkinson, Alzheimer, Esclerosis Múltiple, o enfermedades crónicas (20%). Esta responsabilidad provoca que, en algunos casos, las jornadas se extiendan hasta 12 horas diarias. Además, en España, el cuidado de un familiar dependiente se suele prolongar en el tiempo durante un periodo medio de 7’5 años.
Aceptar el rol de cuidador de una persona en situación de dependencia tiene un gran impacto en la vida de los cuidadores. La presión económica (40%), el impacto profesional (34%) y el haber tenido que reducir horas de trabajo (32%) son los tres impactos más frecuentes a los que se tienen que enfrentar los españoles tras asumir el cuidado de un familiar o amigo dependiente.
Pero lo que más acusan los cuidadores no profesionales españoles es el impacto que esta responsabilidad ha tenido en su salud y bienestar. La mayoría de ellos (57%) relega su salud a un segundo plano y un 75% se ha visto perjudicado por no descansar correctamente, no hacer ejercicio físico y desatender sus propias citas médicas. Además, un porcentaje elevado sufre consecuencias psicológicas, como ansiedad (68%) y depresión (55%), debido a la carga y la falta de apoyo. Los cuidadores no profesionales no se sienten reconocidos (55%) ni apoyados (38%) por el sistema sanitario y un 43% ni siquiera ha recibido ofertas de ayuda por parte de amigos o conocidos.
Lo que más echan en falta los cuidadores españoles son recursos financieros (24%), seguido de alguien que les ayude con sus responsabilidades (19%). Si tuviesen ayuda durante una hora, el 58% asegura que pediría que se hiciesen cargo de la persona a la que ellos cuidan habitualmente, el 41% que les hiciesen la compra y el 37% que les ofrecieran oportunidades de ocio (como tomar un café o caminar) porque apenas tienen tiempo para ello, ya que la mayoría (63%) prefiere aprovechar el poco tiempo libre del que dispone para descansar.
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Es más que curioso que CERMI otorgue un distintivo a Policía Municipal cuando su sede principal no está habilitada para el acceso de personas con movilidad reducida....curioso.
https://twitter.com/CERMI_Madrid/status/1200404501922025477
(https://pbs.twimg.com/media/EKixhlJXkAAoQvf.jpg)
(https://pbs.twimg.com/media/EIqy8BvWsAMGvMM.jpg)
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Sino fuera por nosotros no habría un sólo discapacitado que pudiera estacionar en su plaza . . .
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https://twitter.com/Ail_pold/status/1201901761327435777?s=19
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Coja, en pañales y atada a una silla de ruedas: la justicia murciana da la espalda a Fátima, víctima de un accidente laboral
Le dio la razón la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y el Juzgado de lo Social número 5 de Murcia, pero el TSJ de la Región ha fallado ahora a favor de la mutua y deja a Fátima sin pensión ni indemnización "por un grave error judicial"
La marroquí sufrió en febrero de 2015 una caída en un almacén de cítricos manipulando cajas de más de 30 kg, "una tarea que no le correspondía y que llevaba a cabo sin respetar las medidas de seguridad"
Su abogado ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones porque el magistrado ha vulnerado de modo "flagrante e inaceptable" el derecho a la tutela judicial
Si la sentencia se hace firme, Fátima -que no puede valerse por sí misma- no podrá cobrar su pensión (443 euros) ni reclamar una indemnización fijada en 184.000 euros
Erena Calvo
17/01/2020 - 21:32h
(https://www.eldiario.es/fotos/Fatima-vehiculo-discapacitados-frecuenta-Murcia_EDIIMA20200113_0526_19.jpg)
Fátima, en el vehículo a motor para discapacitados que pudo comprar con una colecta en la mezquita que frecuenta en Murcia Carlos Trenor
Fátima Benouahi tiene 50 años. Desde hace tres se mueve por Murcia en una silla de ruedas que pudo comprar gracias a una colecta de sus compatriotas en la mezquita donde hace sus plegarias. Está coja de una pierna y sufre incontinencia. Lo cuenta llorando y tratando de contener la rabia. "Desde que me operaron por el accidente que tuve en el almacén no puedo caminar, mi pierna está muerta, tengo que usar pañales y la pensión que me ha quedado no da ni para el alquiler", solloza esta robusta mujer a la que le cuesta sonreír desde hace tiempo y que ya no puede valerse por sí misma para muchas tareas cotidianas.
El 26 de febrero de 2015 se cayó de una escalera de algo más de un metro que ella misma había improvisado en el almacén de cítricos en el que trabajaba. Los peldaños eran cajas de fruta vacías apiladas unas sobre otras. Su jefe, V. R., le ordenó descargar en la cinta transportadora unas cajas de mandarinas de más de 30 kilos "que estaban en columnas muy altas". Un trabajo que "normalmente hacían los hombres, pero de vez en cuando V. R. se lo mandaba a Fátima, que desempeñaba su trabajo en condiciones muy peligrosas", asegura una de las compañeras que estaban con ella cuando perdió el equilibrio. Al caer, "fui corriendo a ver qué le pasaba pero ya estaba inconsciente".
Tras el accidente, le quedó a Fátima una pensión de 285.88 euros que le transfería a su cuenta la mutua Ibermutuamur todos los meses, y que desde el pasado octubre ascendió a 443, al imponer la Seguridad Social un recargo de prestaciones al empresario que le obliga a pagar el 30% de la base reguladora de la pensión.
"La empresa asigna a la trabajadora funciones distintas a las previstas en su puesto de trabajo y no pone a su disposición los medios o equipos adecuados", aseguraba en febrero de 2015 la inspección de trabajo al reconocer el accidente laboral. Más tarde le daban también la razón a Fátima la Seguridad Social y el Juzgado de lo Social número 5 de Murcia, pero el TSJ de la Región ha fallado a favor de la mutua y -de ratificarse la sentencia- dejaría a Fátima sin pensión ni indemnización.
Fátima, natural de la ciudad marroquí de Meknés, emigró en el año 2000 a Francia y tres años después llegó a Murcia. Desde 2006 trabajaba en un almacén en la pedanía murciana de Santa Cruz. "Los empleados le duraban poco, no era fácil aguantar la presión ni las condiciones en las que allí se trabaja". Fátima, además, asegura que hacía "muchas horas, más de las permitidas" y que a final de mes "recibía en un sobre entre 1.000 y 1.400 euros, pero en mi nómina nunca sobrepasé los 700 euros de sueldo".
El día del accidente "estaba convaleciente y me sentía muy débil, se lo comuniqué a mi jefe pero me contestó que si no quería seguir ya sabía dónde estaba la puerta; yo necesitaba el empleo". Estuvo realizando esa tarea desde las ocho hasta las once y media de la mañana, cuando se precipitó de la escalera de cajas que había dispuesto ella misma. "Me caí encima de una caja vacía, y me desmayé".
Esta robusta mujer se viene abajo cuando rememora el accidente laboral que sufrió y que la ha dejado postrada en una silla de ruedas
Esta robusta mujer se viene abajo cuando rememora el accidente laboral que sufrió y que la ha dejado postrada en una silla de ruedas Carlos Trenor
"El tema judicial se está arrastrando hasta el día de hoy", se lamenta José Mateos Martínez, su abogado. El accidente que sufrió Fátima es grave, dice, pero "más grave es la forma en la que ha actuado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia".
Según relata el abogado, Fátima tuvo un primer proceso de incapacidad laboral derivado del accidente que duró 4 meses y que finalizó el 2 de julio de 2015; cuando Ibermutuamur le dio el alta, "pero ella seguía muy mal y no podía trabajar". A los cuatro días, acudió a su centro médico y le dieron la baja por enfermedad común. "En ese momento tendría que haber impugnado el alta de la mutua pero no conocía bien el idioma y menos la ley".
En el marco de esa nueva baja, le operan de artrodesis -intervención quirúrgica para fijar dos piezas óseas, anclando una articulación-, "una operación derivada del golpe en el almacén y tras la que se queda en silla de ruedas y con secuelas bastante importantes", refiere José Mateos Martínez. La Seguridad Social la declaró en situación de incapacidad permanente total; pero en el marco de contingencias comunes y no de accidente laboral. "Entonces fue cuando tomé las riendas del caso y como solo habían pasado 4 días entre una baja y otra pedimos una declaración de contingencias a la Seguridad Social, que la estimó porque no había habido entre una fecha y otra ningún hecho traumático".
La mutua, responsable de hacer frente a la prestación, alegó que la segunda baja no derivaba del accidente, pero su reclamación quedó denegada en el Juzgado de lo Social número 5.
"Arbitrariedades muy gordas"
Al aterrizar el caso al TSJ, "llega la parte verdaderamente sangrante porque el magistrado estima el recurso de la mutua y comete varias arbitrariedades muy gordas", cuenta Mateos. La primera es de naturaleza procesal porque contraviniendo la ley de jurisdicción social, el juez del TSJ no se ciñe a aceptar o rechazar el hecho presentado por la mutua sino que "redacta él un hecho probado quilométrico donde coge las partes del historial médico que más le interesan y viene a decir que la situación médica que tenía Fátima anteriormente era muy grave, que por eso le operan de artrodesis y no por el accidente".
El magistrado, continúa el abogado de Fátima, refiere que su defendida estaba en lista de espera desde 2011, "lo que no puede ser porque es una operación urgente y no podría haber esperado desde entonces, cuatro años, por mucha lista de espera que haya en la Región" y además no aparece en ningún documento de su historial médico, concreta.
Esta situación "nos ha dejado en una grave indefensión" porque al haber sido el juez el que ha cambiado los hechos unilateralmente "no hemos podido alegar nada".
Además, el magistrado dice en los fundamentos de derecho que al no tener Fátima cotizaciones suficientes para conseguir la prestación de incapacidad permanente total por enfermedad común, "hay elevados indicios de fraude en su conducta, de que fingiese el accidente para acceder a una prestación a la que no tenía derecho". Una manifestación "muy prejuiciosa", teniendo en cuenta que cuando se da una situación de incapacidad derivada de un accidente de trabajo "es la mutua la que tiene que desvirtuar el hecho".
Ahora han puesto un incidente de nulidad de actuaciones alegando que "el juez se ha colocado en el papel de abogado defensor de la mutua y se ha dedicado a redactar hechos probados sin que nadie se lo pida, cargándose la ley reguladora de la jurisdicción social".
Si desestiman el incidente de nulidad, "nos quedará el Tribunal Constitucional, pero soy consciente de que en ese caso tendremos muy pocas posibilidades de éxito". Si la sentencia termina siendo firme, el Ministerio de Trabajo le quitaría la pensión porque no tenía cotizaciones suficientes para cobrar una pensión por enfermedad y tampoco podría reclamar a la empresa la indemnización por daños y perjuicios, que está fijada en 184.000 euros.
Este medio se ha puesto en contacto con el abogado de la mutua, José Carlos Victoria Ros, que se ha negado a abundar en el tema. "Prefiero ser muy cauteloso, el caso está en manos de la justicia y estamos pendientes de la resolución", señala al otro lado del teléfono.
Sin poder reprimir el llanto, Fátima pide que se haga justicia: "¿Qué voy a hacer yo ahora, si no puedo casi ni vestirme sola; cómo me voy a ganar la vida, quién me devuelve mi pierna sana y mis fuerzas para trabajar?". A su lado asiente con el ceño fruncido una joven estudiante de Derecho de la Universidad de Murcia que acompaña a Fátima para hacerle las veces de traductora. "Siempre ha sido una mujer muy trabajadora, mírala ahora, si no recapacita el juez está perdida".
El periodismo independiente no se paga solo
Gracias a más de 35.000 socios y socias nadie nos dice qué podemos publicar y qué no. Tampoco lo que tenemos que opinar o investigar. Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
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Menos mal que los jorobados no generan tanto gasto....
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Ya ha sido apartado
Los insultos de un conductor de bus a una discapacitada: "No deberías existir"
También la obligó a bajar tres paradas antes, aludiendo a que en la suya siempre hay muchos coches aparcados en el lugar adaptado para la rampa.
miércoles, 12 febrero 2020, 13:34
Actualizado: 12/02/2020, 13:35
"La gente como vosotros no debería existir". "Es que vosotros sois retrasados mentales". "Sois unos niñatos, mira como lloras". Son algunos de los insultos que el pasado 6 de febrero escucharon los pasajeros de un autobús cuando se subió una discapacitada que viajaba con su scooter eléctrico. Desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMMA-Cocemfe Madrid) denuncian el comportamiento del conductor que manifestó a oídos de todos los viajeros del autobús que "no se podía retrasar porque personas como ella se subieran a su bus".
El conductor, que ya sido apartado de forma cautelar por parte de la empresa concesionaria, habría añadido que "vosotros no deberíais entrar al bus", "vuestros padres son unos irresponsables", entre otras expresiones. Además critican que la discriminación comenzó desde la subida de esta usuaria al autobús, ya que el conductor no esperó a que se colocase con seguridad con su scooter eléctrico, lo que puso en peligro su integridad y la de otros viajeros.
Según la federación, al "trato vejatorio" se unió el hecho de que el conductor de la línea interurbana 334 la obligó a bajar tres paradas antes, aludiendo a que en la parada a la que ella se dirigía, "siempre hay muchos coches aparcados en el lugar adaptado para bajar la rampa". "Esto supuso un problema adicional para la usuaria del scooter, ya que tiene problemas de orientación y ese cambio de su rutina, la puso en una situación comprometida que, gracias a la colaboración de otros viajeros pudo salvar", ha señalado.
En caso de confirmarse que el trato vejatorio a esta usuario se produjo, el Consorcio de Transportes se procederá a la apertura de expediente administrativo y la imposición de la correspondiente sanción. Sobre el conductor, corresponde a la empresa concesionaria adoptar las medidas disciplinarias llegado el momento. La Federación ha exigido a la empresa concesionaria que en los pliegos de condiciones de prestación de servicios, "se asegure de la adecuada aplicación de controles psicológicos a los conductores para evitar situaciones de estas características". "Cualquier conductor de autobuses como este interurbano, debe de tomar conciencia de la importante labor que supone ser un conductor de autobuses que presta un servicio público, ya que su labor es fundamental para facilitar la autonomía personal de las personas con movilidad reducida", ha indicado.
Según el artículo 510 del Código Penal, si se demuestra el delito de odio, el conductor del autobús podría enfrentarse a penas de, entre seis meses a dos años, y multa de seis a doce meses. La federación recuerda que no es el primer problema que un conductor de esta compañía genera con usuarios con movilidad reducida, en 2016, el cantante y actor El Langui protagonizó un acto de protesta después de que un conductor no le permitiese subir con su silla motorizada al autobús.
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Y ante todas esas barbaridades . . . ningún viajero interviene? . . . no disponen todos los autobuses de un sistema de videovigilancia? . . . A mí hay algo que no me cuadra, por lo exagerado de la conducta que se le imputa al conductor, hasta el punto de que llega hasta a escupir a la denunciante cuando se va . . . veo todo muy desproporcionado para que nadie intervenga . . .
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Un año de prisión y más de mil euros de multa, a un hombre por aparcar en una plaza reservada para discapacitados
La Audiencia Provincial de Albacete ha confirmado la condena al acusado que colocaba una tarjeta falsa en el cristal del coche
J.A.F. chevron_right 22/09/20 access_time 1:02
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la pena de un año de prisión y multa de 1.620 euros para a un hombre que estacionó en una plaza reservada para discapacitados. El acusado, no solo aparcó en un lugar no permitido, sino que para ello hizo uso de una tarjeta falsa que le acreditaba.
La sentencia, dictada el pasado enero por el Juzgado de lo Penal número 1 de Benidorm ha sido ahora ratificada por el Tribunal provincial. El hombre ha sido declarado autor de un delito de falsedad en documento oficial.
Los hechos sucedieron el 7 de junio de 2017, cuando un hombre aparcó en una plaza destinada para personas con discapacidades en la calle Mercat de Dénia. Colocó en el salpicadero una fotocopia a color de una tarjeta original a nombre de su excuñado.
El condenado alegó que el documento no era falso, sino que existía un original cuyos datos coincidían con el contenido de la tarjeta del cristal. Añadió que el original pertenecía al hermano de su exmujer y que fue su exsuegro el que hizo fotocopias para que las llevaran todos los miembros de las familias en sus vehículos. Alegó que a él se le olvidó retirarla.
Sin embargo, la Audiencia considera que esa coartada no está contrastada por ninguna prueba “contundente” y que, en todo caso, hace tres años que su excuñado y titular del documento no vive en España, por lo que “es de suponer que el ‘olvido’ en retirar la tarjeta ha durado dicho tiempo, no así su uso indebido de las plazas destinadas a estacionamiento para personas con capacidad reducida”.
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OCURRIÓ EL 24 DE SEPTIEMBRE EN DON BENITO
Plena Inclusión califica de “inadecuado con consecuencias graves” el disparo policial a un joven con discapacidad
Raúl Haba Jiménez
05/10/2020
La organización Plena Inclusión Don Benito ha calificado de “inadecuada con consecuencias graves” la acción policial que acabó con el disparo a un joven con discapacidad, usuario de esta asociación en Don Benito.
En ese sentido, la asociación ha hecho llegar una queja formal a la Delegación del Gobierno por la acción policial y critica que se pretenda presentar al usuario como un delincuente “y no la de una persona sencilla, trabajadora y humilde que ya con anterioridad ha sufrido este tipo de crisis y que nunca antes precisó este tipo de intervención policial”.
Los hechos a los que alude Plena Inclusión Don Benito se produjeron el pasado 24 de septiembre, cuando uno de sus usuarios del Centro Ocupacional resultó herido de bala en una intervención de la policía en su domicilio, tras la llamada de su madre que alertó al 112 de que su hijo, con discapacidad intelectual, sufría una crisis psicótica que era incapaz de controlar.
Plena Inclusión Don Benito quiere aclarar “las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, que utilizan los datos aportados por la Delegación Del Gobierno”, toda vez, que esta organización fue testigo directo del incidente por la presencia de dos de sus profesionales que siguieron los acontecimientos desde el minuto uno y que han corroborado, que algunos de los datos que se aportan, “son totalmente falsos, lo que ha generado, en algunos casos, una imagen equivocada de la víctima, que ha sido tratado injustamente, olvidando en todo momento su condición de discapacitado intelectual”.
Según la asociación, el usuario se hallaba en su domicilio acompañado de su madre y su hermana menor y sufrió una crisis psicótica, con comportamiento agresivo, lo que obligó a su madre, que ya había vivido estas situaciones con anterioridad, a abandonar la vivienda con su hija, y ponerse en contacto con el 112. Además, como ya había hecho en otras ocasiones, llamó también a la asociación pidiendo la ayuda de los profesionales que habitualmente lo tratan.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente las fuerzas del orden, que recibieron la llave de la casa de manos de la madre para entrar, “es decir, que nuestro usuario se encontraba solo, con lo que, ni su madre ni su hermana se vieron amenazadas en ningún momento”, señala Plena Inclusión.
“Al domicilio accedieron una serie de policías, fuertemente equipados, sin que en ningún momento, como se ha informado, se encontrara con ellos ningún médico facultativo, como aconsejan los protocolos en esta serie de intervenciones, y fueron ellos y sólo ellos, los que procedieron a la reducción de nuestro usuario, por medio de un procedimiento que desconocemos y en el que uno de los efectivos hizo uso de su arma reglamentaria”, informa Plena Inclusión.
Igualmente se desplazaron hasta el domicilio el director del Centro Ocupacional y la psicóloga que atiende habitualmente al usuario, y allí encontraron a la madre en la puerta de la calle, a su hija y a efectivos de la Policía Nacional “que les impidieron el paso a la vivienda a pesar de haberse identificado correctamente”.
La psicóloga intentó repetidamente entrar en la vivienda para hacer que el usuario se tranquilizara y neutralizar la situación, pero en ningún momento se le permitió la entrada, asegura Plena Inclusión.
En un primer momento, llegó al lugar una ambulancia, sin médico, y posteriormente, unos quince minutos después, otra con un médico y una enfermera que subieron a la vivienda, solo para asistir de las heridas a nuestro usuario, sin que la madre, recibiera en ningún momento, información sobre la situación y el estado de su hijo, que pocos minutos después, fue evacuado en una de las ambulancias para su ingreso en el Hospital Don Benito – Villanueva, sigue relatando la asociación.
Al final, se le comunicó a la madre que su hijo había sido detenido y que se le ingresaría en el hospital para tratarle de sus heridas, al tiempo que le indicaron de que debía acudir a declarar en comisaría. Aproximadamente una hora y media después, declararon también como testigos de lo sucedido, el director del Centro Ocupacional y nuestra psicóloga.
Ante la magnitud de los hechos, la familia ha puesto el caso en manos de su abogado y ha presentado la oportuna denuncia ante el Juzgado de Don Benito, ante lo que califican “una intervención desmesurada”. El usuario se encuentra fuera de peligro, recuperándose del disparo y el resto de sus lesiones y ya ha abandonado el hospital.
Plena Inclusión insiste en calificar la acción de "inadecuada con consecuencias graves", máxime al tratarse de una persona con discapacidad intelectual, tal y como comunicaron desde el primer momento al 112 y a las fuerzas del orden.
Esta organización dice que no va a permitir que se trasmita una imagen desvirtuada, “por motivos interesados de nuestro usuario, una persona sencilla, humilde y trabajadora, con una discapacidad intelectual que le permite un funcionamiento normalizado dentro de la comunidad, con constantes inclusiones laborales de éxito”.
Indican además que probablemente se reciban llamadas en el 112 por circunstancias parecidas a ésta un promedio de una vez al mes “y que en todos los casos, se ha contado al instante con la intervención de nuestros profesionales que conocen perfectamente a los usuarios y sus problemas, sin que haya sido necesario nunca antes, una intervención policial de dicho calado”.
Los órganos de gobierno de Plena Inclusión Don Benito quieren comunicar están estudiando junto a sus abogados personarse en la causa abierta por la familia como acusación particular.
Así mismo, ofrecen toda su ayuda a la familia en el proceso judicial abierto y agradecen el apoyo y la colaboración que en todo momento les ha prestado Plena Inclusión Extremadura.
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El Cermi se suma a Plena Inclusión en la denuncia contra la Policía en Don Benito
A finales de septiembre redujo a un discapacitado con brote psicótico disparándole en la pierna
elDiarioex
21 de octubre de 2020 14:26h
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (Cermi Extremadura) ha condenado la “desproporcionada” acción policial contra una persona con discapacidad intelectual en Don Benito (Badajoz).
De esta forma se ha sumado a la denuncia de Plena Inclusión Extremadura, entidad miembro de Cermi.
Los hechos ocurrieron el pasado 24 de septiembre cuando la madre de una persona con discapacidad intelectual llamó al 112 debido a la crisis psicótica que sufría su hijo en el domicilio.
Durante la intervención policial, los agentes le dispararon en un pierna para reducirlo.
Unos hechos que han sido denunciados por la familia, que cuentan con el apoyo de Plena Inclusión Extremadura, que se personará como acusación particular en el proceso judicial.
A juicio de Cermi , la actuación policial fue "improcedente e inadecuada con consecuencias graves", ya que "no se siguieron los protocolos y procedimientos habituales, ni se atendieron las reiteradas peticiones de la psicóloga de la entidad de intervenir en el momento de la reducción".
“Esta actuación policial pone en evidencia la falta de formación y de conocimiento sobre las personas con discapacidad intelectual en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
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La jueza cita como investigados a dos mandos de la Policía Local de Gijón por la muerte de Eleazar
OLAYA SUÁREZ GIJÓN.
Jueves, 5 noviembre 2020, 03:44
La jueza que instruye el procedimiento abierto por la muerte del joven discapacitado Eleazar García Hernández a las puertas de El Molinón ha citado a declarar como investigados a otros dos funcionarios de la Policía Local, exactamente, a los dos mandos que aquella tarde del 8 de septiembre de 2019 se encontraban al frente del servicio y que figuran en el atestado levantado sobre la intervención.
Será el próximo 10 de diciembre cuando presten testimonio ante la titular del juzgado de Instrucción número 2, que se encontraba en funciones de guardia el día en que el gijonés que tenía una severa discapacidad intelectual falleció tras un incidente con los porteros del estadio en el que en esos momentos se disputaba un partido entre la selección de España y la de las Islas Feroe.
Con los dos mandos de la policía llamados a declarar, ya son dieciocho las personas que la jueza mantiene en calidad de investigadas: diez son vigilantes de seguridad privada y los otros ocho son policías locales. La mayoría ya ha aportado en los juzgados su versión sobre lo ocurrido aquella fatídica tarde.
G. GALLEGO / P. SUÁREZ
Informe forense
La autopsia realizada por los médicos forenses determinó que Eleazar García había fallecido como consecuencia de un infarto. Tras el incidente con los guardias de seguridad después de salir del recinto e intentar volver a acceder sin la pertinente entrada, fue detenido por los agentes de la Policía Local por un delito de atentado. Fue introducido en un coche patrulla para trasladarlo al cercano centro de salud de El Parque-Somió. El personal sanitario intentó en vano practicarle las maniobras de reanimación cardiopolmunar, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.
La familia considera que existen indicios de criminalidad en la actuación de los vigilantes de seguridad y los policías, por lo que emprendió la acusación particular contratando al abogado madrileño Marcos García Montes, letrado de numerosos famosos de la prensa rosa.
La parte denunciada, sin embargo, mantiene la versión opuesta. Explica que el joven quiso entrar por la fuerza al campo después de que se despistase de su familia y que llegó a agredir al personal de seguridad, por lo que fue necesaria la intervención de los agentes de la Policía Local. La fase de instrucción continúa y será ahora la jueza quien decida si archiva el procedimiento o continúa con las imputaciones.
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El Supremo considera delictiva la copia de la tarjeta de discapacidad
Dice que es falsificación y admite un recurso de la fiscalía navarra tras una sentencia absolutoria
Eduardo Buxens
Gabriel González
Actualizada 20/11/2020 a las 06:00
Aparcar en una plaza reservada para personas con discapacidad con la fotocopia de una tarjeta ajena siempre conlleva multa administrativa, pero si además la copia supone o no un delito de falsificación es algo que en los últimos tiempos ha generado una controversia judicial que este jueves el Tribunal Supremo clarificó. El Pleno de la Sala Segunda considera que sí, que se trata de un delito de falsedad de documento oficial y revoca una sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, que había absuelto a un hombre que previamente había sido condenado a 6 meses de cárcel y 1.440 euros por el Juzgado de lo Penal nº 1. El Alto Tribunal refrenda la tesis de la magistrada de primera instancia y estima el recurso de la fiscalía navarra, ordenando a la Audiencia que dicte una nueva sentencia y resuelva cuestiones que planteó la defensa.
El caso hace referencia a un hombre que el 1 de marzo de 2018 estacionó su vehículo en una plaza reservada para personas con discapacidad en Pamplona, colocando en el salpicadero una fotocopia de la tarjeta de su padre, que no estaba presente. El Tribunal Supremo resalta que “no se trata de la realización de una mera fotocopia” ni tampoco el acusado se limitó a utilizar la tarjeta original de su padre con su conocimiento y autorización, en cuyos casos no sería delito. “Por el contrario, el acusado lo que hizo fue, valiéndose de una fotocopia en color que había realizado de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, simular un documento haciéndolo pasar por el original para su uso como si del propio original se tratara”. La sentencia prosigue que se trata de “una fotocopia de una calidad extrema que era una reproducción exacta y fiel del original a la que suplantó”, y que fue utilizada para aparcar en una plaza por una persona no autorizada. De hecho, el agente de policía la dio inicialmente por válida y solo detectó la simulación cuando observó “que la persona que se dirigía a coger el vehículo no parecía ser discapacitada”.
Por lo tanto, los magistrados disienten del razonamiento de la sentencia absolutoria: “Es evidente pues, en contra de la consideración que efectúa la Audiencia Provincial, que no se ha empleado ‘una fotocopia que no contiene ninguna alteración del documento original’, sino que se confeccionó íntegramente un documento falso con el fin de hacerlo pasar por el original”.
El Supremo destaca los argumentos que empleó el Juzgado de lo Penal nº 1 al exponer que el acusado “obtuvo un beneficio que no le correspondía y perjudicó a terceros”. “Se produjo una alteración de la realidad que tiene efectos en las relaciones jurídicas, dado que la fijación del número de plazas reservadas a discapacitados (...) no es un cálculo al azar sino que atiende a criterios concretos”, destaca el Alto Tribunal de la primera sentencia, que concluyó que además del perjuicio a particulares “hay un interés público en la protección a la discapacidad que se ve afectado con carácter general”.
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La fiscalía no aprecia delito en la actuación de los policías y vigilantes del 'caso Eleazar'
Pide el sobreseimiento de la causa penal abierta tras el fallecimiento del joven discapacitado al concluir que su muerte fue natural
OLAYA SUÁREZ GIJÓN.
Viernes, 15 enero 2021, 01:48
La fiscalía no aprecia indicios de delito en la actuación de los cinco policías locales y los ocho vigilantes de seguridad investigados por la muerte de Eleazar García a las puertas de El Molinón en septiembre de 2019. El ministerio público solicita el sobreseimiento de la causa al considerar que el fallecimiento se produjo por causas naturales y que la detención se ajustó a la legalidad, sin que existiese violencia física. Además, abunda en que los investigados desconocían que el hombre tuviera una severa discapacidad.
El auto ha sido remitido al juzgado de Instrucción número 2 que se encarga del procedimiento abierto. La jueza dio traslado a la fiscalía en diciembre para que se pronunciase sobre el asunto al apreciar posibles indicios de responsabilidad en el proceder de los investigados. En el caso de los cinco policías locales, por un posible delito de homicidio imprudente o de lesiones leves, de detención ilegal y de otro contra la integridad moral. A los vigilantes les investiga por un presunto delito de homicidio imprudente o de lesiones leves y por otro contra la integridad moral del fallecido.
Una vez que el ministerio pública no aprecia indicios de criminalidad, será la acusación particular la que se pronuncie en base a las pruebas existentes en los autos.
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Interior recomienda a policías evitar un lenguaje técnico con víctimas de delitos de odio con discapacidad
Europa PressNOTICIA22.01.2021 - 19:52h
El manual recuerda que les puede ser más difícil comprender que han sido víctimas de un delito de odio y denunciarlo.
La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior ha elaborado dos guías de actuación para mejorar la persecución de los delitos de odio y la atención a sus víctimas, con especial atención a las personas con discapacidad, caso en el que recomienda a policías y guardias civiles evitar un lenguaje técnico y complicado.
La guía para la actuación con víctimas de delitos de odio con discapacidad del desarrollo, tiene como principal destinatario las propias Fuerzas de Seguridad, a las que recuerda que a estas personas les puede ser más difícil comprender que han sido víctimas de un delito de odio y, por tanto, denunciarlo.
El manual recomienda a policías y guardias civiles que, cuando tengan que atender a una persona con discapacidad víctima de un delito de odio, eviten el lenguaje técnico o complicado y utilicen uno más sencillo y directo que les permita comprender la situación que sufren.
El jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, en una imagen de archivo.
Guardias civiles y policías sobre la vacunación del JEMAD: "Es una grave desconsideración hacia otros colectivos"
También apuesta por adaptar el entorno policial en el que se sustancia la denuncia y eliminar elementos estresantes para la víctima, así como usar documentos de lectura fácil cuando se les proporcione cualquier información o para facilitar la presentación de la denuncia.
En cuanto a la Guía de buenas prácticas para la denuncia de los delitos de odio, recuerda que hechos de este tipo siempre pueden ser denunciados ante Policía Nacional o Guardia Civil en sus dependencias, a través de sus números de emergencia (091 y 062, respectivamente) o mediante ALERTCOPS, una aplicación de móvil gratuita que actúa como canal de comunicación con las Fuerzas de Seguridad para notificar hechos de manera rápida y discreta.
También es posible denunciar los hechos ante la Fiscalía territorial para los delitos de odio y contra la discriminación o bien en el Juzgado de Instrucción correspondiente.
Según precisa, las denuncias deben incluir todos los detalles posibles sobre la descripción del autor, incluidas vestimenta, símbolos añadidos o tatuajes, así como sus expresiones y comentarios.
También indica que es muy útil aportar parte médico en caso de lesiones; fotografías o vídeos si los hubiese; identidad de testigos y cualquier otra información relevante para el esclarecimiento de los hechos.
Calle Democracia de València, en el distrito de Abastos
Disuelven grupos de 29 jóvenes sin mascarilla, bebiendo y consumiendo drogas en un parque de València
Ambos documentos recuerdan que toda víctima siempre tiene a su disposición las oficinas de asistencia, que cuentan con profesionales preparados para garantizarles la ayuda necesaria. En el caso de las personas con discapacidad, indica que además es posible la intervención del 'facilitador', un profesional vinculado a las organizaciones sociales del sector que favorece que el acceso a la justicia sea en condiciones óptimas de igualdad desde el primer contacto policial.
Las dos guías complementan el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, publicado en julio de 2020 por la Secretaría de Estado de Seguridad. Ese protocolo incluye directrices sobre cómo investigar los delitos de odio, cómo elaborar los atestados policiales, su posterior tramitación procesal así como la mejora del registro estadístico para obtener una visión lo más amplia y completa posible del fenómeno en España.
Las guías se han distribuido tanto a Policía Nacional y Guardia Civil como a otras instituciones con competencias en la protección de las víctimas, como es el caso del Ministerio de Justicia a través de sus oficinas de asistencia a las víctimas de delitos.
El texto centrado en la personas con discapacidad del desarrollo, también ha sido remitido a distintas organizaciones sociales que operan en el sector, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) o Plena Inclusión.
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El "final trágico" de Eleazar, el joven con discapacidad que murió tras ser reducido por vigilantes y policías
"Somos gitanos, pero tenemos los mismos derechos", defiende su familia. La jueza ve indicios de criminalidad en la actuación de ocho vigilantes y cinco policías; la Fiscalía pide archivar al entender que el fallecimiento fue por causas naturales
Javier Martínez Mansilla
1 de febrero de 2021 22:04h
"Esto es racismo". Así lo considera Diego García, tío de Eleazar García, el joven con discapacidad cerebral grave que fue detenido y golpeado a las puertas del estadio El Molinón de Gijón el 8 de septiembre de 2019. Pocos minutos después de la detención, falleció de un ataque cardíaco. Han pasado más de 500 días desde su muerte; hay ocho vigilantes jurados y cinco policías locales investigados y "mucha injusticia", en palabras de García, portavoz de la familia. A su entender, las instituciones han tratado de silenciar este caso "desde el comienzo". "Es como si aquí no hubiera pasado nada, como si se quisiera echar tierra encima", añade García. "Somos gitanos, pero tenemos los mismos derechos que cualquier otro".
La jueza ha concluido la investigación. Considera que hay indicios de delito y propone que se juzgue a los 13 acusados. La Fiscalía, sin embargo, ha pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que no ha habido ningún tipo de violencia por parte de los vigilantes o los policías locales y que se trata de una muerte natural. La familia García sí considera que hubo algún tipo de actividad delictiva en su muerte y pide lo que lleva haciendo desde hace más de un año: "justicia para Eleazar".
Los hechos se remontan al 8 de septiembre de 2019. Eleazar había asistido junto a su padre y un amigo al partido de la Selección Española de Fútbol contra Islas Feroe en El Molinón. Tenía una discapacidad del 75% y 34 años de edad. "Era un niño grande", como explica su tío. Sufría una parálisis cerebral grave y así se aprecia en el vídeo que comparte su padre minutos antes de que Eleazar dejase su asiento. Desorientado, se pierde, sale del estadio e intenta volver, pero no tiene la entrada que guardaba su padre. Los guardias de seguridad le impiden el paso, así lo recoge la investigación de la Policía Nacional y de la jueza a cargo del caso, Belén García Iglesias. Desde ese momento, se desencadena "una serie de desgraciadas desdichas". Así define García una actuación que desemboca en un "final trágico": la muerte de su sobrino.
Borracho, ultra o yihadista
"Fue como una jauría desatada", explica García. Ocho vigilantes de la empresa Prosegur reducen a Eleazar, lo inmovilizan contra una valla, lo tiran al suelo y le colocan unas esposas. Así lo recoge el informe de la titular del juzgado de instrucción número 2 de Gijón. También recoge que Eleazar estaba alterado y muy nervioso y que no supo explicar a los vigilantes que quería reunirse con su padre. En un forcejeo agredió a una guardia de seguridad, que fue atendida por la Cruz Roja.
Que Eleazar debía de estar "borracho o drogado"; que podía ser un "ultra de un equipo de fútbol" o un "terrorista yihadista", incluso. Eso fue lo que explicaron algunos vigilantes ante la jueza, que ha ido desmontando todas estas hipótesis. "¿Por qué todas estas teorías?", se pregunta el portavoz de la familia García. "Para tratar de justificar una acción desproporcionada y violenta", concluye. Los testigos señalaron que en ese momento se apreciaba que era un joven con discapacidad, que estaba desorientado, pero no borracho. Los informes posteriores así lo corroboran.
"Fueron detrás de él para agredirle", cuenta García. Eleazar desiste y abandona el estadio, salen tras él los vigilantes y cinco agentes de la policía municipal de Gijón, que habían sido avisados del incidente. El joven es detenido por atentado a un agente de la autoridad y dos testigos aseguran que, en dicho acto, los guardias de seguridad le propinan una paliza. El informe forense también lo corrobora.
Ante las lesiones, la policía municipal lo lleva al centro de salud del Parque-Somió, el más cercano, donde lo vuelven a reducir porque sigue muy alterado. En ese instante el joven muere de un ataque cardíaco. "Mi sobrino perdió la vida en manos de quienes se la tenían que haber protegido", explica Diego García. "Que se diriman responsabilidades".
"En aquel momento no creo que fuera racismo, pero ahora sí", comenta el portavoz de la familia de Eleazar. "No se entiende el trato que hemos recibido desde las autoridades. Parece que como mi sobrino era gitano y discapacitado no tiene tanta relevancia social. Es lo que sentimos desde el principio", añade.
Para la familia García, "el último capítulo de esta tragedia" es el informe presentado por la Fiscalía en el que pide sobreseer la causa al considerar que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no existió violencia en la intervención. El Ministerio Público pide eximir de cualquier responsabilidad a los cinco policías locales y los ocho vigilantes investigados. "Eleazar no sufría ningún tipo de patología cardíaca", asegura su familia, quien, a través de su abogado, Marcos García-Montes, ha recurrido el informe fiscal. "Queremos que se tengan en cuenta a los testigos oculares que dieron su versión". Y concluye García, "si unos policías y guardias han actuado mal, tendrán que dar cuenta de ello".
Tras las investigación, la jueza ve indicios de criminalidad y ha procesado a 13 acusados. A los ocho guardias de seguridad les atribuye indiciariamente presuntos delitos de homicidio imprudente o delito leve de lesiones, así como delitos contra la integridad moral. Estos mismos delitos —aunque a título de comisión por omisión— imputa a los cinco policías municipales implicados, a los que también atribuye presuntos delitos de detención ilegal, según el auto dictado el pasado 10 de diciembre. Serán los tribunales quienes decidan.
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La jueza rechaza el recurso de los agentes de seguridad acusados de la muerte de Eleazar y se reafirma en que haya juicio
Se sentarán en el banquillo ocho responsables de seguridad del Estado de El Molinón y cinco agentes de Policía. En el último auto, la jueza destaca la condición del fallecido, con una discapacidad diagnosticada del 75% y parálisis cerebral grave
— El "final trágico" de Eleazar, el joven con discapacidad que murió tras ser reducido por vigilantes y policías
Javier Martínez Mansilla
7 de febrero de 2021 21:24h
Eleazar García, un joven con discapacidad cerebral grave, murió el 8 de septiembre de 2019, minutos después de ser detenido y golpeado. Ocho vigilantes de seguridad y cinco policías locales han sido investigados y ahora serán juzgados. La jueza ha rechazado su último intento por cerrar el caso. “Aún hay muchos claroscuros en todo esto”, considera Diego García, tío de Eleazar. “Policía, guardias jurados, Fiscalía…Hay una orquestación contra nosotros. Después de matar, presuntamente, a mi sobrino, han querido abusar de que somos gitanos”, recalca.
En su último auto, y ante el recurso de los guardias jurados, la jueza se reafirma. Deben tenerse en cuentas todos los hechos que llevaron a la muerte de Eleazar García, no solo los actos de los policías locales, como demandan los vigilantes. Habrá juicio. Mientras tanto, la familia García, indignada con la postura de la Fiscalía que pidió archivar el caso, ya no espera disculpas ni respuesta de las autoridades cuyas actitudes, a su entender, “han sido racistas”. “Quieren pasar por encima de nosotros” afirma Diego García. “Lo único que esperamos es que haya un juicio y que se diriman responsabilidades”. Ya han pasado más de quinientos días.
Los testigos
Belén García Iglesias, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón, ha desestimado el recurso de reforma presentado por los ocho vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur, acusados de la muerte de Eleazar García, a las puertas del estadio de El Molinón de Gijón. Aun cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días hábiles desde la su notificación.
Eleazar salió solo del recinto, desorientado, y trató de volver dentro con su padre. “Intentó colarse por la barra del torno”, explicaba uno de los vigilantes ante la jueza en unas imágenes recogidas por TVE. “Nos pusimos en medio para darle el alto”. Los guardias jurados no le dejaron acceder al recinto ya que no tenía entrada; en el juzgado aseguraron que habría podido estar borracho, drogado, ser un ultra de un equipo de fútbol o incluso un terrorista.
“Había varias personas rodeándole”, añadía un testigo que presenció la escena. “Eran diez personas y otras cinco o seis que venían corriendo. Vi que le daban patadas a la altura de los tobillos para separarle las piernas”, añadía un testigo de la paliza.
“A su juicio se podía ver que (Eleazar) tenía alguna minusvalía física o psíquica. ¿Se reafirma usted en esto?” preguntaba la jueza a otra testigo. “Sí, ese chico no está borracho, le dije a mi marido, está enfermo o tiene un retraso”. En base a estos testimonios la magistrada ha ido descartando las diferentes teorías de los vigilantes y reafirmándose en cada auto que ha ido publicando el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El último auto
En el último auto, publicado esta semana, la jueza destaca la condición del fallecido, con una discapacidad diagnosticada del 75%, con parálisis cerebral grave, y la falta de un protocolo de actuación acorde a una situación como esta.
También recoge que Eleazar, al intentar acceder de nuevo al recinto, fue inmovilizado por los vigilantes e introducido posteriormente en un coche policial para ser trasladado a un centro de salud donde, finalmente, falleció una hora y 20 minutos después de un ataque epiléptico y fallo cardíaco agudo.
“A día de hoy no se sabe quién dio la orden de detener a mi sobrino”, señala el portavoz familiar. “La Policía dice que no mandó orden de arresto. Fue una detención ilegal, donde no le leyeron sus derechos”, añade García.
Sobre esta detención, la jueza también considera que, pese a que en el recurso los vigilantes la atribuyen a la Policía Local que intervino en el acto, “la presunta ilegalidad de esa detención no resulta indiferente para los ahora recurrentes, ya que pudiera incidir en los posibles delitos que sí se les atribuyen”, reza el auto. Fue una muerte natural, así lo recoge el informe forense. Sin embargo, pudo ocurrir por una mezcla de factores provenientes de una situación de estrés y desembocar en un ataque epiléptico y fallo cardíaco agudo.
El proceso judicial continúa y dependiendo de los delitos lo hará en la audiencia o en el juzgado de lo penal. A los vigilantes: homicidio imprudente, o un delito leve de lesiones y un delito contra la integridad moral. A los policías locales: detención ilegal y a título de comisión por omisión, por posible delito de homicidio imprudente, o un delito leve de lesiones y torturas.
“Ya se cansarán estos gitanos de hacer ruido”
Así describe Diego García la actitud adoptada por las instituciones: silencio o de tratar de silenciar lo ocurrido. “Se equivocan. No nos cansamos. Tenemos mucha gente detrás que nos apoya. Se están juzgando unos hechos y desmontando unas mentiras”, sentencia el tío del fallecido. El Ayuntamiento de Gijón es propietario del estadio de fútbol de El Molinón y responsable de la Policía Local. ¿Qué tiene que decir al respecto?
“El caso de Eleazar ya está en manos de la justicia, así que no procede ya hacer declaraciones al respecto por respeto al proceso”, explican fuentes del Ayuntamiento que no se ha vuelto a pronunciar desde el 8 septiembre de 2019. ElDiario.es ha tenido acceso al atestado redactado por la Policía Local de Gijón de lo acontecido aquel día.
“Requeridos por uno de los vigilantes de seguridad, en el lugar de los hechos (los agentes de la Policía Local) observan a un hombre de gran envergadura física, retenido por varios vigilantes tras haber agredido a uno de ellos, totalmente fuera de sí, y en un estado de nerviosismo y agresividad total”, así se cita en el atestado.
Eleazar fue detenido por atentado a un agente de la autoridad. A una vigilante en este caso, que dio el parte de lesiones, como asegura la familia García, “después de enterarse de la muerte de Eleazar”. “Para cubrirse las espaldas”, señala Diego García. “Los médicos dicen que no hay lesiones”.
Eleazar sigue con un “gran estado de agresividad”, como detalla el atestado, cuando la policía lo traslada al centro de salud más cercano. “Estaba fuera de sí”, continúa el informe, por lo que vuelven a reducirlo e inmovilizarlo contra el suelo. Entonces Eleazar, “se desvaneció, siendo necesaria la intervención de la UVI móvil realizando la maniobra de reanimación durante 35 minutos. Finalmente se certifica su muerte, pero no sus causas”. Así concluye el atestado de los policías locales que siguen desempeñando su actividad con normalidad, como ha comunicado el ayuntamiento de Gijón.
“Que ha sido una muerte tonta y que lo lamentan, eso nos dijeron”. Así relata Diego García la respuesta de la Policía Local cuando la familia acudió a la comisaría. “En su día (los policías) quisieron recurrir a la audiencia para que no se investigara”. Y concluye el portavoz familiar, “han sido una serie de atropellos y aún quieren seguir”.
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El joven, con una discapacidad intelectual del 75 por ciento fue reducido con violencia por los vigilantes de seguridad en el
Caso Eleazar García: La familia acusa de homicidio a 8 guardas de seguridad y 4 policías locales
Luis Miguel Montero
18 de marzo de 2021
La familia de Eleazar García, el joven con un 75 por ciento de discapacidad que murió en septiembre de 2019 tras ser reducido por los guardas de seguridad del estadio gijonés de El Molinón, acusa a los ocho vigilantes de Prosegur, que redujeron a Eleazar, de homicidio imprudente, mismo delito que imputa a los policías locales que acudieron aquella noche al campo de fútbol.
La familia de Eleazar García, el joven con un 75 por ciento de discapacidad que murió violentamente en septiembre de 2019 tras ser reducido por los guardas de seguridad del estadio gijonés de El Molinón, ha presentado ya, por medio de su defensa, la acusación particular contra ocho vigilantes jurados de Prosegur a los que acusa de "un delito de homicidio imprudente previsto y penado en el artículo 142.1 del Código Penal" o "subsidiariamente, un delito de lesiones, previsto y penado en el artículo 147. 1 del Código Penal del mismo cuerpo legal". También los acusa de un "delito contra la integridad moral", previsto y penado en el artículo 173.1 del Código Penal del mismo cuerpo legal".
Para otros cinco policías locales que intervinieron en su detención, que la defensa califica de "ilegal", la familia de Eleazar pide que se les culpe de "un delito de homicidio imprudente, subsidiariamente un delito de lesiones, un delito de detención ilegal y otro contra la integridad moral".
Además piden una responsabilidad civil a los acusados de 500.000 euros, tanto a los guardas de seguridad como a los policías locales, aunque se señala que en ambos casos deberían hacer frente a esta responsabilidad la empresa Prosegur y el Ayuntamiento de Gijón, respectivamente.
En este sentido la defensa de la familia García, ejercida por el despacho del abogado Marcos García Montes, ha pedido el contrato de Prosegur "para prestar los servicios de seguridad privada el día 8 de septiembre de 2020 en el estadio El Molinón, así como los protocolos de actuación vigentes en partidos de fútbol de la selección española".
Manifestación a las puerta de El Molinón para pedir justicia para Eleazar.
Hay que recordar que los hechos se remontan al 8 de septiembre de 2019, cuando Eleazar García Hernández se encontraba en el estadio de El Molinón, en Gijón, presenciando el encuentro de fútbol de la Selección Española frente a las Islas Feroe, en compañía de su familia.
No tenía patologías físicas
Eleazar no padecía ninguna patología física aunque estaba aquejado de una discapacidad intelectual del 75 por ciento, algo que se apreciaba a simple vista. El joven se alejó de la compañía de su padre y salió del estadio. Luego intentó volver, pero no llevaba la entrada, por las puertas 12 y 13 y luego por la 15 "exponiendo balbuceante, su intención de acceder al estadio, en tanto en cuanto quería volver junto a su padre", según relata la acusación particular.
En aquella puerta fue interceptado por un vigilante y luego inmovilizado por otros tres más. A continuación, otros cuatro lo pusieron boca abajo en el suelo con las manos en la espalda, y "le golpearon reiteradamente, causándole innumerables contusiones y eritemas, erosiones en ambas muñecas, erosiones profundas en ambas rodillas, contusiones en ambos pómulos, erosiones en cara interna de pirámide nasal, en ambos brazos y pierna, en región lateral del cuello y en cara superior del tórax a la altura de la clavícula", según la acusación, que presentó los testimonios de dos personas que lo vieron en directo.
Más tarde, los vigilantes llamaron a la policía, personándose cuatro agentes de Policía Local "quienes, actuando de una manera pasiva y con dejación de funciones, delegaron en los vigilantes de seguridad la reducción, engrilletado y su introducción en el vehículo oficial", según el escrito de acusación.
Eleazar fue trasladado al centro de Salud Parque-Somio, donde "nuevamente fue inmovilizado, en espera de que pudiera ser atendido por el doctor de guardia", prosigue la acusación. Fue entonces cuando "al incorporarlo para ser conducido a la consulta el Sr. García perdió el conocimiento, comenzando a convulsionar entrando en parada cardiopulmonar, certificando situación de exitus el SAMUR a las 22.08 horas".
La acusación pide además que se interrogue a los acusados, que presten testimonio los familiares de Eleazar y los dos testigos que presenciaron los hechos y varios policías nacionales. Entre las pruebas periciales, pide que declaren el forense que realizó la autopsia al joven y varios médicos del centro de salud.
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La Audiencia Provincial archiva el caso del joven con discapacidad que murió en Gijón tras ser retenido por agentes de seguridad y policías
La familia había presentado ya un escrito de acusación en el que comparaba su muerte con la de George Floyd y pedia penas de hasta 15 años de cárcel y una indemnización de un millón de euros al ayuntamiento de Gijón y a la empresa Prosegur
— El "final trágico" de Eleazar, el joven con discapacidad que murió tras ser reducido por vigilantes y policías
Javier Martínez Mansilla / Marcos Pinheiro
22 de marzo de 2021 16:56h
@m_pinhe
La Audiencia Provincial de Oviedo ha archivado el caso contra los policías locales y los vigilantes de seguridad que participaron en la detención de Eleazar García, un joven de etnia gitana con parálisis cerebral y una discapacidad del 75%, y que falleció en las inmediaciones del estadio de El Molinón tras ser detenido por la fuerza por varios policías y agentes de seguridad.
La decisión de la Audiencia Provincial choca con lo que había decidido la jueza instructora del caso, que veía indicios de homicidio imprudente y otros delitos en la actuación de policías y agentes de seguridad, y había acordado mandarles a juicio. “Lo único cierto es que mi sobrino fue un día a ver un partido de fútbol y ya no lo hemos vuelto a ver”. La familia de Eleazar García ya había presentado hasta el escrito de acusación ante el juzgado de instrucción número 2 de Gijón.
Pedían 15 años de prisión para los agentes locales y 9 años para los vigilantes de la empresa Prosegur involucrados. “Nadie tiene el derecho a quitar la vida a nadie, queremos que se diriman responsabilidades”, explicaba a elDiario.es Diego García, tío de Eleazar. Los delitos: homicidio imprudente, de lesiones, contra la integridad moral y, además, en el caso de los policías municipales, de detención ilegal.
Los jueces de la Audiencia Provincial aseguran que los informes forenses calificaron la muerte de "natural". Eso sí, señalan que al "shock cardiogénico" se añadió "el efecto estresante de la inmovilización y reducción" por parte de los agentes. Aseguran que las lesiones físicas que presentaba el cuerpo son compatibles con una actuación policial proporcionada. Para justificarlo, aluden a su corpulencia y a su agresividad, agravada, dicen, por los medicamentos que tomaba.
El auto insiste que hay que tener el cuenta los antecedentes médicos de Eleazar: que padecía epilepsia, obesidad y que consumía fármacos para el tratamiento de la ansiedad. Concluyen que de "no haber existido esas patologías previas" las maniobras de detención, reducción e inmovilización no habrían causado la muerte de Eleazar, sostienen los jueces.
Añaden, además, que los vigilantes de seguridad no tenían que haber detectado la discapacidad del 75% que padecía, y que el comportamiento de Eleazar podía ser compatible con haber consumido drogas o alcohol. "No es apreciable brutalidad en la actitud de los guardias de seguridad", sostiene el auto, y añaden que hay que tener en cuenta que esos agentes sabían que había cámaras de seguridad grabándoles y testigos observando su actuación.
George Floyd y Eleazar García
En el escrito de acusación al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación particular establece una relación entre el caso de Eleazar con el de George Floyd. En mayo de 2020, Floyd, ciudadano afroamericano, moría asfixiado por un agente de policía de Mineápolis; en septiembre de 2019, Eleazar García fallecía por parada cardiorrespiratoria tras un episodio de estrés grave, tras presuntamente recibir una paliza y ser retenido.
Un millón de euros es lo que reclamaba la familia García en materia de responsabilidad civil a los acusados o, de forma subsidiaria, al Ayuntamiento de Gijón en representación de los policías o a la empresa Prosegur en la de los vigilantes. “Lo cierto es que se ha cometido un crimen contra un discapacitado”, añade el tío del fallecido. Ahora, tras la decisión de la Audiencia Provincial de cerrar provisionalmente las diligencias, anuncian que recurrirán.
Eleazar García tenía 30 años y parálisis cerebral grave. “Era un niño dentro de un cuerpo de hombre”, afirman sus familiares. El 8 de septiembre de 2019 asistía en compañía de su padre y un amigo al partido de la Selección Española de Fútbol contras Islas Feroe en el estadio El Molinón de Gijón. Salió del recinto desorientado y trató de volver acceder al mismo sin llevar su entrada.
Los agentes de seguridad -a los que luego se sumaron los policías- lo inmovilizaron y golpearon, como así afirmaron varios testigos oculares ante la jueza Belén García. También así lo afirma el escrito de la acusación: “Lo posicionaron boca abajo, con las manos en la espalda, y le golpearon reiteradamente, causándole innumerables contusiones y eritemas, erosiones en ambas muñecas, erosiones profundas en ambas rodillas, contusiones en ambos pómulos, erosiones en cara interna de pirámide nasal, en ambos brazos y pierna, en región lateral del cuello y en cara superior del tórax a la altura de la clavícula”. Así se recoge en el documento donde, además, se añaden varias circunstancias modificativas: los agravantes de abuso de superioridad y de motivos racistas además de la evidente discapacidad de la víctima.
La Fiscalía pidió archivar el caso
Que era violento, que estaba borracho, drogado o, incluso, que podía ser un terrorista, fue lo que afirmaron los vigilantes de la empresa Prosegur para justificar su actuación. Sin embargo, la magistrada que ha instruido el caso ha ido desmontando estas teorías en cada uno de los autos que ha ido emitiendo, y que ahora se han visto rebatidos por la Audiencia Provincial.
Eleazar fue detenido por un delito de atentado a un agente de la autoridad. Sostienen los vigilantes que, al negarle el paso, actuó de forma agresiva golpeando a una trabajadora de Prosegur. Aún no se sabe quién dio la orden de arresto. “Fue una detención ilegal”, afirma el portavoz de la familia de la víctima, “no le leyeron sus derechos”.
Los jueces de la Audiencia Provincial rechazan los argumentos de los agentes sobre que podía ser un terrorista o un ultra. Pero entienden que no hubo detención ilegal porque Eleazar empujó a uno de los miembros de seguridad del Estadio, y ese era motivo suficiente para detenerle.
La policía local trasladó a Eleazar, muy alterado, al centro de salud del Parque-Somió. Allí, después de volver a inmovilizarlo, sufrió un ataque epiléptico y fallo cardíaco que le causó su muerte minutos más tarde. La autopista practicada por los forenses indica que fue una muerte natural.
En enero, tras finalizar la instrucción, la Fiscalía solicitaba el archivo del caso al “no apreciar indicios de criminalidad” en la actuación de los vigilantes de seguridad y los policías locales. Consideraba, de esta manera, que la muerte de Eleazar García había sido natural y, la detención, dentro de la legalidad, sin violencia física de ningún tipo. Además, argumentaba que los ocho vigilantes y cinco policías acusados desconocían la condición de discapacitado del fallecido. Sin embargo, la magistrada desestimaba esta petición de la Fiscalía y se reafirmaba en su postura.
Las penas
La familia de Eleazar pedía penas que llegan hasta los 15 años de prisión. Por delito de homicidio imprudente, cuatro años de cárcel; por lesiones, tres años; dos años por delito a la integridad moral y finalmente seis años de prisión y ocho de inhabilitación por detención ilegal. En suma, los guardias jurados y los policías municipales de Gijón se podrían haber enfrentado a condenas de 9 y 15 años respectivamente además de una indemnización a los padres de Eleazar.
“Estas personas tienen que dar cuenta de sus actos como lo tienen que hacer los entes que las respaldan”, comenta Diego García. La familia exige el pago de 500.000 euros a cada parte involucrada, la de los vigilantes y la de los policías locales. En el caso de que los acusados no pudiesen afrontar dichas cantidades, la acusación exigía que tanto la empresa de seguridad privada Prosegur como el Ayuntamiento de Gijón (también propietario del estadio donde sucedió el incidente), respondan subsidiariamente de esta indemnización.
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La Policía recaba información sobre la expulsión de un hombre con autismo de la EMT en Valencia: «Nos preocupa»
El concejal Aarón Cano apunta que estudiarán lo sucedido para «tomar decisiones más ajustadas y que estos hechos no vuelvan a repetirse»
D. V.
VALENCIA Actualizado:23/03/2021 18:14h
La Policía Local de Valencia está recabando información sobre la expulsión de un joven de 34 años con autismo y una discapacidad intelectual del 67 por ciento de un autobús de la EMT de la ciudad.
Así lo ha manifestado el concejal de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de Valencia, Aarón Cano, en una rueda de prensa sobre intervenciones de Policía en los últimos fines de semana y San José, al ser preguntado por las novedades en torno a esta expulsión.
[Denuncian el abandono de un hombre autista tras ser expulsado de un autobús de la EMT en Valencia]
Al respecto, el edil ha recordado que la familia del joven denunció los hechos ante la Policía Nacional aunque, no obstante, desde su departamento se está recabando toda la información, «desde todos los ángulos», para conocer «en profundidad» qué es lo que sucedió. «Es un tema que nos preocupa», ha aseverado.
«Vamos a estudiarlo todo para analizar qué ha pasado», ha insistido, para agregar que «hay que escuchar a todas las partes y circunstancias para tomar decisiones más ajustadas y que estos hechos no vuelvan a repetirse», ha manifestado.
Este caso fue denunciado por la Plataforma de Defensa TEA, quien puso de manifiesto que se expulsó al joven del autobús porque las estereotipias que realizaba, movimientos repetitivos y sonidos que emite de forma involuntaria, molestaban a uno de los pasajeros.
En concreto, los hechos ocurrieron el pasado día 14 de marzo cuando a algún pasajero le molestó las estereotipias que realizaba Eduardo, un joven con autismo de 36 años, y se quejó al conductor. El chófer mandó callar a Eduardoy le amenazó con expulsarlodel autobús, según manifestó la plataforma.
A los pocos minutos -según la plataforma- se presentaron dos agentes de la Policía Local a petición del conductor y le obligaron a bajar del autobús y, una vez en la calle, los agentes le cachearon y le interrogaron para después «abandonarlo a su suerte en un sitio desconocido».
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A mi lo que me sorprende que un Guardia Civil.haya de recurrir a Desokupa para resolver lo que en apariencia puede hacerlo la administración.
https://twitter.com/Alto_ControlPol/status/1377504987396370433?s=19
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
La Junta insiste y obliga a que haya plazas para discapacitados en Policía Local y Bomberos
El Ayuntamiento de Córdoba ya amplió las plazas reservadas en la OPE del 2020 pero el letrado de la administración andaluza sigue considerando que no son suficientes
Irina Marzo
CÓRDOBA | 07·04·21 | 06:00 | Actualizado a las 12:15
La Junta de Andalucía insiste en su criterio y quiere obligar al Ayuntamiento de Córdoba a reservar plazas de discapacidad en Policía Local y Bomberos. El letrado de la administración andaluza personado en esta causa, que se atiende en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Córdoba, ha insistido en sus alegaciones y pide al juez que no atienda los argumentos municipales que pedían el fin del proceso al entender que su rectificación --ya ampliaron la reserva de plazas para la discapacidad-- atendía lo solicitado por la Junta de Andalucía. En sus argumentos indica el letrado que la reserva de plazas hecha por el Ayuntamiento «vulnera claramente los principios de no discriminación, plena inclusión y efectiva igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público».
Esa tesis se sostiene a pesar de que el pasado 15 de marzo, el equipo de gobierno rectificó y reservó un 10% del cupo de plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2020 para discapacitados, pasando de las cuatro plazas iniciales hasta las 17 para un total de 168 empleos. Según explicó entonces el delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, el Consistorio consideró en su día que "el 10% de plazas para personas discapacitadas no era aplicable en la Policía Local", algo que no fue admitido por la Junta de Andalucía, que exigió que este criterio se aplicara de forma uniforme a todas las convocatorias. El gobierno local rectificó para no dilatar el proceso que, como en su día informó la portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, afecta directamente a la OPE, suspendida desde entonces por el juzgado.
Tanto el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), como los responsables sindicales lamentan que esta situación retrase la salida de la oferta de empleo tan necesaria en sendos cuerpos, que están bajo mínimos de personal desde hace años. Jordano entiende que lo que pide el letrado de la Junta es «un disparate» y recuerda que ningún otro ayuntamiento está aplicando la reserva de esas plazas en ese sentido. El concejal Jordano, que también tiene responsabilidades en la Delegación de Inclusión y Accesibilidad, recordó ya hace unas semanas que la legislación en reserva de contratos para la discapacidad es reciente y que los criterios no están consolidados, por lo que es normal que existan discrepancias entre las administraciones. En todo caso, después de que el Ayuntamiento se haya allanado al criterio de la Junta, el concejal se plantea "si lo que quiere el letrado de la Junta es que prevarique: o desiste porque ya nos hemos allanado, o será el juez quien diga cómo hacerlo".
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Ésto se nos va de las manos. . . nos estaremos volviendo locos?
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El fiscal de Discapacidad se opone también a la OPE del Ayuntamiento
Fernando Santos entiende que no se reservan las plazas suficientes
Irina Marzo
12·04·21 | 06:00
El fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores, Fernando Santos, asume, se adhiere y hace suya la oposición realizada por la Junta de Andalucía a la propuesta de distribución de reserva de plazas para personas con discapacidad realizada por el Ayuntamiento de Córdoba relativa a la Oferta Pública de Empleo (OPE) del 2020. En un escrito fechado el 8 abril, el fiscal se dirige al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 para adherirse igualmente a la ampliación del objeto del recurso en los mismos términos que solicitó hace unos días la representación de la Junta, al considerar que la nueva reserva de plazas hecha por el Ayuntamiento seguía vulnerando «claramente los principios de no discriminación, plena inclusión y efectiva igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público». El fiscal también considera que la distribución de plazas efectuada por la junta de gobierno local resulta contraria a los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas de las personas con discapacidad.
El problema radica en el porcentaje de plazas reservadas a personas con discapacidad en Policía local, Bomberos, plazas ocupadas por funcionarios de empleo interino y personal laboral temporal, así como personal indefinido no fijo. Tanto el letrado como el fiscal no entienden la distribución realizada en el cuerpo C2 (auxiliar administrativo) en dos grupos distintos (21 plazas y 10 plazas, respectivamente) individualizando para cada grupo los códigos de las plazas, en las que se realiza y en las que no, reserva de plazas, «salvo que lo que se pretenda es favorecer el acceso a determinadas plazas que pudieran hallarse ocupadas por personal interino, lo que de suyo sería una mayor vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad».
El fiscal también invoca los principios y directrices de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva York 2006) y especialmente lo dispuesto en el artículo sobre el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones; y en el sector público, la obligación de velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.
En la OPE del año 2020 (que se encuentra paralizada), el Ayuntamiento reservó primero 4 plazas para personas con discapacidad y luego, después del rechazo de la Junta, amplió a 17 de los 168 empleos ofertados.
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Un juzgado investiga a cuatro trabajadores de una residencia de la Comunidad de Madrid por la muerte a golpes de un joven autista
LUIS F. DURÁN
Madrid
Actualizado Martes, 27 abril 2021 - 01:38
El juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha citado para declarar mañana miércoles en calidad de investigados a cuatro trabajadores de la residencia para discapacitados Mirasierra, dependiente de la Comunidad de Madrid, por la supuesta muerte a golpes de Johanes, un joven autista de 28 años ingresado en este centro. También ha sido citada en calidad de testigo la directora para que aporte el seguro de responsabilidad civil y las grabaciones de las cámaras de seguridad durante la noche del 14 al 15 de mayo cuando el residente fue hallado en estado muy grave en su habitación. Johanes falleció al día siguiente en el Hospital de La Paz por un traumatismo craneoencefálico.
Los trabajadores citados como investigados por la muerte de Johanes son las últimas personas que entraron en la habitación antes de su muerte. La familia sospecha que el joven pudo morir como consecuencia de los golpes sufridos y los empleados mantienen que el paciente se autolesionaba desde hacía tiempo y que el día antes de morir también se golpeó el mismo.
Johanes era un joven que sufría un 92% de discapacidad intelectual. Tenía retraso mental severo, trastorno del desarrollo por autismo y apenas si hablaba. Llevaba nueve años ingresado en la residencia Mirasierra para personas con discapacidad intelectual grave, aunque todos los fines de semana y vacaciones los pasaba con sus parientes.
La noche del 14 de mayo Johanes tuvo sufrió una parada cardíaca de la que fue reanimado por los médicos del Samur. Fue trasladado al Hospital de La Paz con graves daños neurológicos. Entró en coma a las 01.00 horas y murió ese mismo día a las 19.59 horas. Una doctora del Hospital explicó a la familia que era una muerte muy rara y que podría haber sido golpeado.
La autopsia determinó que Johanes «murió de forma violenta» y que la causa de su fallecimiento «fue un traumatismo craneoencefálico». El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid decidió que se investigase el caso por un posible delito de homicidio por imprudencia y mandó un oficio al grupo V de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial para que iniciase las pesquisas al existir indicios de que el fallecido podría haber sido agredido por alguno de los cuidadores. Sin embargo, un juzgado archivó provisionalmente el asunto al concluirse que se podría haber autolesionado tras interrogar los agentes a trabajadores, sanitarios y personal del centro de discapacitados.
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado mes de diciembre que se reabriese el caso y autorizó nuevas pesquisas tras el recurso presentado por el despacho penalista Ospina Abogados, quien se encargó de recurrir el auto de archivo y sobreseimiento alegando la existencia de indicios de muerte violenta, posible complicidad entre los autores del delito e incluso posible asesinato.
El letrado de la familia, Juan Gonzalo Ospina, señaló: "Confiamos en la correcta administración de justicia y entendemos que la Policía Judicial realizará un excelente trabajo para poder esclarecer los hechos y determinar quién fue la última persona que vio con vida al fallecido y que sería el principal sospechoso de su fallecimiento".
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La directora declaró en su día que el fallecido «padecía episodios en los que se autolesionaba y que se golpeaba frecuentemente contra la pared y el suelo arañándose en la boca y la nariz». Otro trabajador señaló que el día anterior de su fallecimiento entró en crisis e intentó morderse y lesionarse y que "se le practicó la medicina de rescate (olanzapina) debido a que estuvo más de una hora agitado".
El abogado de la familia considera que pueden ser clave las grabaciones de las cámaras de seguridad del interior y exterior de las instalaciones que ya han sido reclamadas al centro así como las declaraciones de las personas que atendieron por última vez al fallecido.
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El Gobierno elimina el término “disminuido” de la Constitución
El anteproyecto de ley, que prohíbe cualquier tipo de discriminación para las personas con discapacidad, inicia ahora su trámite parlamentario
EFE
Madrid - 11 may 2021 - 19:59 CEST
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española para eliminar el término “disminuido” y sustituirlo por el de “personas con discapacidad”. Ahora el texto pasará al Congreso, donde se iniciará la tramitación parlamentaria de la primera reforma social que se acomete en el texto constitucional y que reclaman de forma unánime las entidades sociales, que han calificado el día de “histórico”. En diciembre de 2018 se inició el mismo trámite, pero no salió adelante debido al adelanto electoral de 2019.
Los cambios, ha destacado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, van más allá de un cambio de terminología y suponen “una reforma integral y en profundidad en la estructura y contenido” de la norma. Se actualiza la Constitución con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que ha supuesto un punto de inflexión en el reconocimiento y protección de sus derechos. Montero ha incidido en que “era evidente la necesidad” de la reforma dado que en España hay más de tres millones de personas con discapacidad.
Con esta modificación se prohibirá cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad. Se establece la obligación de los poderes públicos de promover su libertad e igualdad real y efectiva. Además, se reconoce expresamente, y por primera vez en la Constitución, la protección particular que requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por ser un colectivo especialmente vulnerable y discriminado.
El Ejecutivo ya había anunciado que sería una de las primeras medidas que se adoptarían tras decaer el estado de alarma, ya que la modificación constitucional no puede hacerse en tiempo de guerra, en estados de alarma, excepción o sitio. La iniciativa ha sido trasladada al Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que en su departamento trabajarán para que los cambios “no solo se reflejen en la Constitución, sino que se hagan realidad en el día a día”. “A partir de ahora España está más alineada con el discurso de derechos humanos, y se repara una anomalía jurídica, social y moral con las personas con discapacidad, porque el reconocimiento efectivo de los derechos humanos son la meta y la senda del Gobierno de España”, ha añadido en su cuenta de Twitter.
Las organizaciones han celebrado la medida. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha destacado la importancia de la reforma que lleva a suprimir “disminuidos”, un término “hiriente y que no encaja con el modelo social de la discapacidad”, pero sobre todo, que el nuevo artículo es “mucho más amplio e integral, cristaliza la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo”. La Confederación Española de Personas con Discapacidad (Cocemfe) añade que la modificación “incorpora el enfoque de derechos humanos, la defensa de la inclusión y vida independiente, la perspectiva de género, la interlocución con las organizaciones y el lenguaje inclusivo”.
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El uso indebido de la tarjeta de parking para discapacitados te puede llevar a la cárcel
La última reforma del Código Penal penaliza, no sólo la falsificación, sino también el uso indebido. Los tribunales están emitiendo sentencias contundentes contra esta práctica
Por Pablo D. Almoguera. Málaga
23/05/2021 - 05:00
Un coche se detiene junto a un aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida. Lo sobrepasa ligeramente, se encienden las luces traseras de marcha atrás y comienza a maniobrar hasta que el vehículo queda estacionado en la plaza delimitada. El conductor apaga el motor, coloca en el salpicadero una tarjeta para discapacitados y se baja del coche con total normalidad. Cierra la puerta y se va caminando tranquilamente sin ninguna dificultad.
Seguro que muchos de ustedes han sido testigos de esta escena. Un comportamiento que podría parecer pícaro, inocente, hasta travieso, pero que causa serios perjuicios a las personas que realmente necesitan estos estacionamientos y que pocos saben que puede ser un delito que conlleva pena de cárcel. Porque los jueces se están poniendo serios ante esta problemática y las sentencias están avalando un cambio de actitud.
La circunstancia que supuso este nuevo escenario judicial fue la última reforma del Código Penal y la modificación del cargo de falsedad documental. Los legisladores incluyeron un artículo, el 400 bis, que dice que también se considerará delictivo “el uso de documentos, despachos, certificaciones o DNI auténticos realizado por quien no esté legitimado para ello”. Es decir, no sólo se iba a perseguir la falsificación, sino también el uso indebido.
“Algunos creen que es como heredar una tierra y van a renovar la tarjeta de su familiar muerto”
Un agente experto en la materia explica que esta decisión supuso que “la mal llamada utilización indebida, que se sancionaba administrativamente”, pasase a tener una calificación penal. Y eso afectaba directamente a las tarjetas de aparcamiento para minusválidos. Unos documentos que utilizan familiares para estacionar fácilmente, que otros fotocopian y después ponen su nombre y que algunos siguen usándolo hasta cuando el titular ha fallecido.
Distintas modalidades de fraude
La casuística es muy amplia, detalla la citada fuente, que apunta que el quid de la cuestión es que estos documentos “son nominativos y sólo pueden ser utilizados cuando la persona a la que se le concedió viaja en el coche”. “Algunos creen que es como heredar un trozo de tierra y van a renovar la tarjeta de su familiar muerto”, señala este policía, que recuerda el caso de un conocido artista residente en Madrid que aparcaba su BMW X5 con el permiso de su madre fallecida.
Foto: Foto: iStockphoto. Opinión
¿Puede una promotora venderme como libre una plaza de aparcamiento de minusválidos?
Idealista
En otro caso acontecido en Málaga, el infractor llegó a falsificar la firma de su familiar muerto. Este hombre se personó en el Centro de Valoración y Orientación (CVO) de la capital malagueña solicitando la renovación de la tarjeta a nombre de la titular, identificándose como hijo y representante de la misma, aportando una fotocopia de la tarjeta, sin hacer entrega del original. Al proceder a tramitar la solicitud, el sistema avisó de que la mujer falleció en 2017.
“De estos hemos hecho tropecientos”, afirma, para recalcar que otra modalidad es “denunciar la pérdida de la tarjeta, después solicitar una nueva y así tienes dos oficiales”. En este tipo de casos, “se sumaría el delito de denuncia falsa”.
Venta de tarjetas falsa por 500 euros
Al final, la fotocopia es la tipología más burda, explica este agente, que cuenta que ha investigado casos con trazas de entramado delictivo. Uno de ellos tenía como centro de las pesquisas a un funcionario sobre el que existían sospechas de que vendía por 500 euros las tarjetas de aparcamiento para discapacitados. Su clientela la formaban personas que —evidentemente— no las necesitaban y que únicamente querían disponer de una ventaja extra a la hora de estacionar.
En otra ocasión, relata, “interceptamos a una persona mayor que acabó confesando que su sobrina trabajaba en un ayuntamiento y le había dado permisos a toda la familia”, para advertir de que se están empezando a realizar atestados por falsedad documental que conllevan multa y una pena de cárcel que oscila entre los seis meses y los tres años.
Sentencias condenatorias
“Los tribunales están cada vez más concienciados”, señalan fuentes policiales y confirman las decisiones judiciales que se están produciendo a este respecto. Una de las más recientes es del Tribunal Supremo y tiene un gran valor porque puede generar jurisprudencia para casos futuros.
El fallo, al que ha tenido acceso El Confidencial, responde a un recurso de casación interpuesto por la Fiscalía contra una resolución de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pamplona que absolvía a un acusado del delito de “falsificación en documento oficial” tras ser condenado previamente por el juzgado de lo Penal número 1 del mismo partido judicial.
En primera instancia se consideró probado que “el día 1 de marzo de 2018, hacia las 9:15 horas, C., mayor de edad y sin antecedentes penales, estacionó un vehículo en una plaza de aparcamiento reservada para minusválidos, sita en la calle Joaquín Beúnza número 27 de Pamplona”. El hombre “colocó en el salpicadero una fotocopia, elaborada por él mismo, de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad cuyo titular, el señor F. -su padre-, no estaba presente”. Un agente municipal que observó la secuencia intervino y acabó actuando por un presunto delito de falsedad documental.
La autoridad judicial concluyó que “la copia se había realizado sin autorización del ente administrativo que había emitido la original, el Ayuntamiento de Huarte”, por lo que condenó a C., “como autor responsable de un delito de falsificación en documento oficial, a la pena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, y multa de seis meses, con una cuota diaria de ocho euros, multa que en caso de impago se sustituirá por un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas”.
No obstante, la Audiencia Provincial revocó esta condena al considerar que no existía falsedad documental porque el acusado “ha empleado una fotocopia que no contiene ninguna alteración del documento original [...] Se trata de un mero uso no adecuado del mismo por quien no es su titular ni beneficiario del documento fotocopiado”.
El Ministerio Público, que recurrió ante el Supremo, estimó que no estaban ante una mera utilización ilícita de un documento oficial, sino frente a una simulación plena. “Se trata de una copia bastarda que está siendo utilizada en el tráfico jurídico como si fuese legítimo”, profundizó en este sentido, para añadir que “la fotocopia tenía una finalidad claramente ilícita, como lo demuestra el hecho de que el acusado estuviese utilizando esa tarjeta de estacionamiento en una plaza reservada a personas minusválidas sin que el beneficiario estuviese presente”.
El Alto Tribunal considera que C. “confeccionó íntegramente un documento falso con el fin de hacerlo pasar por el original”
La Fiscalía sostuvo que la realización de esa reproducción inducía a error sobre su autenticidad y defendió que al acusado actuó movido con “ánimo de lucro”, ya que esa fotocopia le permitió “beneficiarse de una plaza gratuita de estacionamiento en una zona regulada”. Además, reprochó que la acción causaba un daño a terceros porque perjudicaba a quien realmente necesitaba esos aparcamientos.
La defensa, por su parte, argumentó que “la mera fotocopia de un documento legítimo, válido, vigente y veraz no afecta a ningún extremo esencial del mismo” y remarcó que, “si no se ha producido alteración por supresión o adición de un dato, no es una simulación”: “La copia no puede modificar los efectos normales de las relaciones jurídicas atribuidas al documento y afecta a extremos inocuos o intrascendentes de la conducta, ya que el autor de la copia no puede obtener ventaja”, defendió.
El Alto Tribunal, entre otras valoraciones, considera que C. “confeccionó íntegramente un documento falso con el fin de hacerlo pasar por el original” y supuestamente utilizarlo “como si del propio original se tratara”. Estas circunstancias hacen que estimara el recurso del fiscal contra la resolución de la Audiencia Provincial de Navarra y anulase las resoluciones emitidas previamente. No obstante, destaca que en este órgano judicial no se resolvieron “otras cuestiones”, por lo que opta por devolver la causa al juzgado de Instancia “para que dicte nueva sentencia resolviendo con libertad de criterio, excepto en los puntos abordados por la sentencia de casación”.
El colectivo de discapacitados está “quemado”
El secretario de accesibilidad y vida independiente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Ramón Salas Tarrajona, atiende a este periódico y afirma que prácticas de este tipo “nos tienen quemados”. Asegura que reciben quejas de usuarios denunciando comportamientos que les genera un gran perjuicio, aunque reconoce que la situación ha mejorado gracias a una mayor concienciación ciudadana.
“Estamos en contacto con la Policía y animamos a los afectados a que llamen a un agente cuando sean testigos de un uso fraudulento de estas tarjetas”, recomienda, para añadir que ellos también hacen pedagogía entre sus asociados para que sus familiares no hagan un uso indebido de este documento.
300 tarjetas intervenidas en Madrid
Salas apunta que el último dato oficial que disponen sobre la retirada de tarjetas fraudulentas es de Madrid y de 2018, “año en el que se intervinieron casi 300”. La Policía Local de Málaga, por su parte, presentó a finales de 2020 un balance de actuaciones en torno a los estacionamientos para personas con movilidad reducida en el que hablaban de “cientos y cientos” de permisos requisados en los siete años anteriores.
El directivo de la Cocemfe, para explicar las dificultades a la movilidad que provocan estas conductas fraudulentas, recuerda que la proporción de plazas reservadas para discapacitados es de una por cada 40: “El 2,5 por ciento”. Y agrega que los problemas se extienden a las zonas de carga y descarga, “donde también tenemos derecho a estacionar”, pero “los conductores de furgonetas y camionetas de reparto nos echan”.
Ramón Salas relata que han vivido situaciones surrealistas, aunque la que nunca olvidará se produjo “en un pueblito de Mallorca” en el que habilitaron un aparcamiento para personas con movilidad reducida “pero en la señal pusieron que la estancia máxima era de cinco minutos”. “Tuvimos que ir, hablar con el alcalde y explicarle que ese es el tiempo que necesitamos sólo para sacar la silla del coche. Afortunadamente, entró en razón y lo cambiaron”.
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Saldremos mejores de esta pandemia....si.
Un hombre agrede a la madre de un niño autista al que insultó en el Parque Warner
Un hombre agredió y zarandeó a la madre del joven al que previamente había llamado "mongolito"
Qué es el autismo y cómo es vivir con un familiar que lo padece
EFEPUBLICADO 25/05/2021 12:15ACTUALIZADO 25/05/2021 12:36
La madre de un niño de 11 años que sufre autismo ha denunciado a un hombre que presuntamente la agredió, la zarandeó y la tiró al suelo en el Parque Warner, después de que esta le recriminara que insultara al menor en una de las atracciones del complejo situado en el municipio madrileño de San Martín de la Vega.
El suceso ocurrió la tarde del pasado 2 de mayo cuando la mujer, Mayte, y su hijo, Jimmy, acudieron al parque de atracciones junto con otros amigos, según adelanta El País y han confirmado a Efe fuentes de la Asociación ProTGD, entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin promover la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.
Tanto el niño como sus amigos contaban con un pase especial que la Warner ofrece a las personas con discapacidad para que tengan prioridad en el acceso a las atracciones. En una de ellas, donde la madre no subió por vértigo, el hombre denunciado, de entre 40 y 50 años, preguntó a los menores y a los acompañantes por qué tenían ese pase. "Sí, sí .. Yo también soy mongolito como tú", les dijo este individuo que estaba acompañado de otras dos personas.
Perdió el conocimiento
Al bajar de la atracción, Jimmy contó a su madre la situación, pero no le dio mucha importancia. Sin embargo, momentos después en el teatro del recinto se lo volvieron a encontrar y se sentaron en un sitio "más o menos cercano". Esta situación provocó que el niño entrara en un estado de nervios ya que no paraba de señalar al individuo y decir "ahí está el hombre malo".
Al final del espectáculo la mujer le reprochó al hombre sus palabras, y este, sin mediar palabra, la empujó y la tiró al suelo. Posteriormente, la víctima se encaró con el hombre, quien la zarandeó y la tiró al suelo, y, al golpearse la cara, perdió el conocimiento. Con las imágenes de la agresión y el parte de lesiones, Mayte se dirigió a esta asociación dos días después para pedir ayuda y colaboración.
El pasado 13 de mayo estaban todas las partes citadas para un juicio rápido, pero la médico forense determinó en su informe que el caso era más grave y tanto el juez como la fiscal derivaron el suceso a la Sala de lo Penal.
La coordinadora de la Asociación ProTG, Ana Vidal, ha explicado a Efe que "no es habitual" este tipo de palizas, si bien asegura que este colectivo sí sufre "agresiones verbales o situaciones discriminatorias en muchas ocasiones".
Ha opinado, además, que las personas autistas son más "carne de cañón", ya que es una discapacidad que no tiene ningún "rasgo físico". Vidal ha subrayado la importancia de las campañas de protección y sensibilización, y ha reprochado que incluso "algunos políticos" expresen la palabra "autista" de forma negativa en el Congreso de los Diputados.
La coordinadora ha destacado que este suceso se produjo en un entorno "familiar de entretenimiento" donde también existen personas con "cero empatía, cero comprensión y cero respeto".
Para Vidal, la visibilización de esta agresión es un "tirón de orejas a la sociedad" para que seamos "más empáticos" y no se "juzgue a las primeras de cambio". "Los derechos son los mismos que los de cualquier otra persona. No se puede utilizar como arma arrojadiza", ha advertido.
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Menudo "valiente" hijo de puta.
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La GuardiaCivil investiga una agresión a un joven con una discapacidad mental en Pontedeume (A Coruña)
El ataque se produjo en el paseo marítimo del municipio coruñés ante la mirada de otros jóvenes que, lejos de auxiliar a la víctima, se rieron y auparon al agresor
(https://static.eldiario.es/clip/ccd192fa-3f7b-4b46-b178-94d9309a1af6_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpgPontedeume)
Fotograma de la agresión en el paseo marítimo de Pontedeume
Javier H. Rodríguez
14 de julio de 2021 19:06h
@JavierHRguez
La Guardia Civil investiga la agresión a un joven con una discapacidad mental en el paseo marítimo de Pontedeume (A Coruña) el pasado fin de semana. Poco después de producirse, los presuntos autores de la agresión subieron un vídeo a las redes sociales en el que se puede observar cómo la víctima, descalza, recibe un fuerte golpe en la cara. Lejos de ayudarla, tanto quien graba las imágenes como las otras personas que presencian la agresión se ríen y jalean al atacante. Hacia el final del vídeo, puede escucharse una voz femenina diciendo: "Para que vuelvas a por otra".
Desde el puesto de la Guardia Civil de Pontedeume no han querido facilitar más datos sobre el suceso alegando que la investigación todavía está en curso. Lo que sí han podido confirmar es que ni el afectado ni nadie de su entorno ha interpuesto ninguna denuncia sobre los hechos. No obstante, la Guardia Civil ha iniciado una investigación de oficio con el objetivo de aclarar los acontecimientos. Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha confirmado que esa investigación está en curso y ha hecho un llamamiento a la prudencia hasta que se aclare lo que ha pasado. Sin embargo, sí ha aclarado que se trata de una agresión individual y no grupal.
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Menudos "valientes" hijos de puta, el de las gafitas seguro que con otro es tan "valiente"..., pena no poder explicárselo...
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PP y Vox vetan la reforma de la Constitución para dejar de llamar "disminuidos" a personas con discapacidad
La extrema derecha alega que los grupos que apoyan la iniciativa "en realidad" no buscan beneficiar al colectivo porque están a favor de una "ley del aborto que discrimina el derecho a la vida de los discapacitados" y los 'populares' lo vinculan con la "dependencia" del Gobierno de los independentistas que quieren "abrir en canal la Constitución"
Hemeroteca — El Gobierno elimina el término "disminuido" de la Constitución
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el líder de Vox, Santiago Abascal.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el líder de Vox, Santiago Abascal. EFE/Ballesteros/Archivo
Iñigo Aduriz
29 de septiembre de 2021 22:17h
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@inigoaduriz
La histórica petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para que se modifique la Constitución que, en su redacción actual, se refiere en su artículo 49 a esas personas como "disminuidos", no podrá ser aprobada esta legislatura por el rechazo de Partido Popular y Vox. Este jueves el Congreso de los Diputados ha debatido las enmiendas de devolución al texto de reforma aprobado en mayo por el Gobierno registradas por ambas formaciones que pugnan desde hace meses por el mismo electorado de derechas.
Se abre la puerta a que decenas de miles de personas con discapacidad recuperen el derecho al voto
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Esas enmiendas han sido rechazadas en el Pleno, por lo que la reforma continuará su tramitación parlamentaria. Pero el anunciado rechazo de los partidos a la citada modificación de la Carta Magna aventura que, una vez se aborde en ponencia, comisión y Pleno y se someta a la votación de la Cámara Baja –un proceso que puede demorarse durante meses–, el texto no logrará el apoyo reforzado que exige el artículo 167 de la Constitución para este tipo de reformas.
Dicho artículo señala que "los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras", una suma imposible con la aritmética actual y el rechazo de las derechas, y que "si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado".
"De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado", añade la Constitución, "el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma". Esta opción tampoco sería viable ya que PP y Vox –los dos partidos que rechazan la reforma– suman 140 diputados, por lo que ambas fuerzas alcanzan más de un tercio de los votos del Congreso –compuesto por 350 parlamentarios–, que es de 117 escaños.
El proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución aprobado por el Consejo de Ministros hace casi cinco meses modifica, por un lado, la terminología que emplea el precepto constitucional –ahora habla de "disminuidos"– para referirse al "colectivo de las personas con discapacidad". "Cumplimos un deber que tenemos como sociedad", ha asegurado este jueves el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante la defensa de la reforma en el Pleno del Congreso. "Lo importante es anteponer la palabra 'persona'. Las personas no son discapacitadas, tienen una discapacidad que no puede definirlas", ha apuntado el ministro en el Congreso. "El respeto a la dignidad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad es un consenso básico del siglo XXI. Proponemos un cambio que afianza la Constitución, nuestros valores y nuestro compromiso como sociedad", ha zanjado.
La iniciativa también plantea reformar la estructura del citado artículo para dividirlo en cuatro apartados en los que se refleja una dimensión diferente de la protección de este colectivo. Asimismo, también se modifica su contenido poniendo el énfasis en los derechos y deberes de las personas con discapacidad "como ciudadanos libres e iguales".
PP y Vox rechazan estos cambios. El martes, en rueda de prensa, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, relacionó su rechazo a las alianzas que sostienen al Gobierno progresista. A su juicio, la "apertura en canal" de la Constitución supone "un riesgo que no se ha medido" suficientemente por la "dependencia" parlamentaria del Ejecutivo "de los partidos independentistas".
Vox, en contra de la "colectivización"
En su enmienda de devolución que, como la de Vox, será previsiblemente rechazada este jueves por la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno, el PP argumenta además que la acepción "disminuidos" utilizada en el texto constitucional y que rechazan todos los colectivos de personas con discapacidad "no ha supuesto un obstáculo" para que los poderes públicos garanticen los derechos fundamentales de estos ciudadanos, por lo que ve "cuestionable" la reforma constitucional y aprecia necesario alcanzar el "consenso" político.
Los argumentos de Vox son más enrevesados. Según aseguró también el martes su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, con su iniciativa de reforma de la Constitución el Gobierno evidencia que "odia a quien no encaja en los patrones de colectivización". Además, sostuvo que, "en realidad" los grupos que apoyan la modificación de la Carta Magna no defienden a las personas con discapacidad porque han respaldado una "ley del aborto que discrimina el derecho a la vida de las personas con discapacidad". "Que dejen en primer lugar que nazcan", enfatizó.
Ambas formaciones arguyen también que la propuesta del Ejecutivo fue rechazada por el Consejo de Estado aunque, en realidad, el órgano consultivo tan solo realizó unas recomendaciones sobre la redacción de uno de los puntos, respaldando en todo caso el objetivo principal de la modificación que es cambiar el término "disminuidos" por "personas con discapacidad".
Si, una vez rechazadas sus enmiendas de devolución, PP o Vox cambian de parecer y, al finalizar la tramitación parlamentaria finalmente apoyan la modificación constitucional, esta sería la tercera reforma de la Carta Magna desde su aprobación, en 1975. La primera se produjo en 1992 para que los residentes extranjeros pudieran presentarse a las elecciones municipales. En 2011 se realizó la última y polémica modificación acordada por PSOE y PP en el marco de la crisis financiera que estalló en 2008 para introducir el principio de "estabilidad presupuestaria" para priorizar el pago de la deuda de las administraciones y dificultar su endeudamiento.
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Juicio al cómico para el que piden cárcel y prohibirle ejercer su profesión
El proceso contra este humorista se celebra este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. “Vivimos en la era en la que alguien ofendido te puede meter en un gran problema”, denuncia, en declaraciones a este periódico
David SuárezDavid Suárez Movistar
RUBÉN ARRANZPUBLICADO 28/11/2021 04:45
David Suárez arriesga con su humor negro y a veces, claro, derrapa. Hay quien repudia este género y tendrá la peor opinión de este cómico y hay quien le sigue porque le gusta la mezcla de maldad y cinismo del personaje que interpreta. Y hay una asociación que le ha denunciado por un chiste que hizo sobre las personas con síndrome de down.
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El juicio sobre este asunto se celebra este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid y tendrá un propósito, como es el de determinar si este joven cómico cometió un delito de odio al escribir el siguiente tuit: “El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down”.
El mensaje es grotesco y habrá quien considere que ni tiene gracia ni debía haber sido publicado. Ahora bien, la Asociación Plena Inclusión Madrid denunció este mensaje y la Fiscalía solicita 22 meses de prisión para Suárez, así como su inhabilitación como cómico durante el tiempo que dure la condena que le imponga el tribunal y por un lustro a mayores.
Un delito que puede suponer la suspensión de un derecho
Este periódico conversó recientemente con Suárez y dejó clara su postura: “No me voy a disculpar por el chiste porque considero que entra dentro de los límites del humor. Eso sí, desde que lo escribí, si ha venido alguien y me ha dicho que se sintió ofendido, en lo particular, le he pedido perdón".
Y aclara: "El matiz es importante: pido perdón a quien le haya ofendido, pero nunca lo haré por el chiste”.
¿Libertad de expresión u odio?
Suárez reivindica su derecho a interpretar a su personaje más conocido, una “mala persona que hace humor negro e incorrecto” y que “pega a todos por igual, sin tener en cuenta su ideología, sus defectos físicos o su profesión”. De hecho, defiende algo que es fácil de comprobar: uno de los personajes a los que más humilla es a sí mismo.
Según apuntó Infolibre, la acusación le imputa un delito contra el artículo 510.2 a) del Código Penal, que incide en que serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses “quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito “por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.
Suárez se muestra sorprendido porque un chiste pueda ser susceptible de una condena a pena de cárcel, pero sobre todo por la petición de vetar su ejercicio profesional durante más de cinco años. “Esto implica que en este tiempo no podría hacer actuaciones ni publicar contenido en mis redes sociales”, lamenta, en una conversación que duró diez minutos y en la que no alteró su tono serio y rotundo.
Más allá de lo que suceda en el juicio, lo cierto es que esta acusación ha tenido un coste profesional para Suárez, que incide en que, tras ser enjuiciado, perdió la colaboración que le unía a una televisión de Vodafone; y dejó de colaborar con otra productora. “Cualquiera que busque en Google mi nombre lo verá asociado a palabras como 'cárcel' o 'imputado'. No sé cómo terminará el juicio, pero aunque salga absuelto, eso no cambiará”, afirma.
Durante la llamada, también hace referencia a la capacidad de ofensa de determinados colectivos: “Yo empatizo con la situación que tenga cada persona, pero es que no me dirigí a ninguna en concreto. Y en mi perfil en Twitter, que es donde lo escribí, aparece claramente que soy cómico. El contexto es importante. Pero, aun así, es sorprendente cómo un colectivo ofendido puede llevarte a estos extremos y, con un poco de mala suerte, impedir que ejerzas tu libertad de creación”.
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Coto a un engaño inmoral
F.L.D. - miércoles, 8 de diciembre de 2021
El policía local Juan Jesús Pérez ha detectado en tres años unos 200 fraudes con tarjetas de personas con discapacidad, la mitad de ellas fotocopias o manipulaciones de la fecha de expedición. Las multas son de 3.000 euros
Pérez encabeza un equipo de agentes centrados en detectar falsificaciones. - Foto: Luis López Araico
Pérez encabeza un equipo de agentes centrados en detectar falsificaciones. - Foto: Luis López Araico
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A Juan Jesús Pérez ya ni siquiera le hace falta bajarse del coche patrulla para saber cuándo ha sido manipulada una tarjeta de estacionamiento en la plaza de personas con discapacidad. El brillo, el desgaste del color y el veteado blanco, entre otras cosas, delatan las falsificaciones. Un engaño deshonesto que, decidió tras localizar unos cuantos fraudes, no podía quedar impune. Desde entonces 'Jota', como le conocen sus compañeros de la Policía Local, encabeza un equipo de unas doce personas que, sin descuidar sus labores diarias, persiguen esta práctica que creció notablemente antes de la pandemia y que poco a poco van erradicando.
Pero antes de adquirir una gran destreza para detectarlos, Juan Jesús no tenía ni la más remota idea de que se pudieran llegar a manipular estos permisos. Fue un compañero de otra ciudad el que le puso en guardia. «Empecé a mirar y pronto me encontré cosas raras. A simple vista, cuando veía a un conductor saliendo del vehículo todo parecía correcto, pero poco a poco fui preguntando y me encontré muchas irregularidades», comenta. Las más flagrantes eran la utilización de tarjetas de familiares, algunos fallecidos, y las fotocopias.
En estos tres años, la Policía Local ha detectado cerca de 200 fraudes con las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Pese a que a simple vista apenas existen diferencias, los agentes detectan una serie de características que evidencian la falsificación de la original. El relieve del escudo de la Junta de Castilla y León, la impureza del color o las líneas de impresión son las más notorias. Aunque lo que más dolió encontrar a 'Jota' fue cazar a una mujer que utilizaba el permiso de su hijo alegando que estaba en coma, pero lo cierto es que llevaba cuatro años fallecido. «Me llegó al alma», reconoce compungido.
Pero el engaño no es algo exclusivo de los burgaleses, sino que se han llegado a encontrar tarjetas extranjeras manipuladas. En concreto, varios ciudadanos franceses, belgas y alguno búlgaro. En todos los casos, trataban de eludir la sanción con algún tipo de excusa, como que desconocían la fecha de caducidad o que era la primera vez que la utilizaban.
La normativa regional castiga duramente estas conductas. Solo el hecho de estacionar en una zona reservada sin autorización ya conlleva una sanción de 200 euros. Las manipulaciones o el uso indebido de las tarjetas elevan la multa a más de 3.000 euros. Los casos más graves, como puede ser un cambio en la fecha de expedición o del nombre del titular, han terminado en el juzgado para que se instruyan diligencias por un posible delito de falsedad documental.
Los fraudes se incrementaron notablemente justo antes de la pandemia, pero el trabajo de los agentes del cuerpo municipal ha logrado frenar muchas falsificaciones. No obstante, hace unos días, detectaron a un infractor en las inmediaciones de El Plantío, lo que muestra que los agentes no bajan la guardia. «Vamos a seguir muy atentos. Tenemos varios objetivos localizados», advierte Pérez.
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Localizan tras cuatro años encerrado en su casa al violador de un niño discapacitado en Madrid
Virginia Sarabia
11/12/AM
Twitter: @policia
El individuo abusó en 2016 de forma reiterada de un chico de 13 años con un retraso madurativo del 38%.
Después se ocultó en una vivienda familiar, donde ni se asomaba a la ventana. Solo salió para ser ingresado por Covid con el DNI de su hermano.
EUROPA PRESS / MADRID
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrejón de Ardoz a un fugitivo que llevaba cuatro años huido, desde que fue condenado a once años de prisión por un presunto delito de agresión sexual llevado a cabo de forma reiterada contra un menor que padecía una discapacidad psíquica.
El detenido abusó sexualmente en 2016 de un niño de 13 años con el que mantenía vínculos familiares y que presentaba un retraso madurativo del 38%. El individuo, con "acreditada habilidad para eludir la acción policial", se servía de las dificultades que ofrecía el entorno en el que se ocultaba para evitar cualquier tipo de vigilancia o control, y se apoyaba en la cobertura que le ofrecía su familia para mantenerse oculto.
"Se averiguó que utilizaba a determinadas personas de su entorno familiar con el fin de pasar desapercibido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no dejar rastro alguno que permitiera identificar su presencia. Ni siquiera se asomaba a la ventana por miedo a ser visto", ha añadido Policía.
Recopilados todos los indicios que apuntaban a que el fugitivo se encontraba enclaustrado en el domicilio familiar, los agentes establecieron un dispositivo policial en las inmediaciones del domicilio y tras la entrada a la vivienda, el fugitivo fue hallado y detenido por los agentes.
Afirmó que la única vez que salió de su vivienda fue por haber sufrido un episodio muy grave de Covid-19 que le dejó al borde de la muerte, por el cual estuvo hospitalizado haciéndose pasar por su hermano y usando su DNI.
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Seis meses de cárcel por aparcar en Málaga en una plaza PMR con la tarjeta de su padre fallecido
La mujer condenada por la Policía Local de Málaga utilizaba la tarjeta PMR de su padre, que había fallecido en 2011
Manuel J. Ruiz Berdejo López Manuel J. Ruiz Berdejo López
21/12/2021 12:12
Seis meses de prisión. Esa ha sido la condenada a una mujer por aparcar en Málaga en una plaza de movilidad reducida (PMR) con la tarjeta de su padre fallecido. El suceso tuvo lugar en el barrio de Pedregalejo.
La sentencia ha recogido que la mujer ha sido autora de un delito de uso indebido de documento público auténtico. Además, tendrá que afrontar tres meses de multa a razón de tres euros diarios, que son 270 euros.
También recoge la suspensión de la pena de cárcel durante dos años. Eso sí, si durante ese periodo comete un delito de cualquier naturaleza implicaría el cumplimiento íntegro.
El suceso se produjo el pasado 12 de junio de 2020, en la calle Ventura de la Vega, en Málaga. La mujer fue sorprendida por la Policía Local cuando tenía estacionado su vehículo en una plaza reservada para PMR junto a la iglesia del Corpus Christi.
Los agentes fueran a comprobar los datos de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, cuando se dieron cuenta de que estaba expedida a nombre de su padre. En ese momento no se encontraba con ella, lo que ya suponía una infracción.
Pero no solo eso, sino que tras las posterior gestión revelaron que el progenitor de la mujer murió en noviembre de 2011. Habían pasado casi nueve años del momento en el que ocurrió el suceso.
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Un guardia civil herido en un atentado de ETA consigue en los tribunales que no le rebajen la discapacidad y pierda ventajas fiscales
El agente fue reconocido con un 33% de invalidez, que da derecho a exenciones. En una revisión cuatro años después, la sanidad de Castilla y León lo dejó en un 30%
FECHA
28/01/22access_time 1:02
A.R.E.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado una sentencia que da la razón a un guardia civil que pleiteó para que no le disminuyeran el porcentaje de discapacidad que tenía reconocido por los daños que sufrió en un atentado de ETA.
Confidencial Digital ha consultado una sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León que resuelve el recurso de suplicación interpuesto por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Burgos.
Bomba de ETA contra la casa cuartel
Los hechos se remontan a 2009. La banda terrorista ETA hizo estallar (sin previo aviso, en esta ocasión) una furgoneta cargada de explosivos ante la casa cuartel de la Guardia Civil en la ciudad de Burgos.
Los etarras no lograron asesinar a nadie, pero sí provocaron 65 heridos entre agentes y familiares, sobre todo por cortes con cristales rotos. Afortunadamente, las dos primeras plantas del edificio estaban vacías, con lo que se evitó una masacre.
33% de discapacidad
A uno de los guardias civiles heridos en ese atentado de ETA se le reconoció, en diciembre de 2016, un grado de discapacidad del 33% desde el 16 de octubre de 2015 y con validez hasta el 22 de octubre de 2019.
La Gerencia territorial de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León constató que sufría trastorno de la afectividad por trastorno adaptativo de etiología no filiada (valoración parcial 24%), hipoacusia leve por pérdida neurosensorial de oído de etiología traumática (valoración parcial 8%), grado de limitaciones en la actividad 32% y factores sociales complementarios de 1 punto.
El Ministerio de Defensa (del que dependen en estos asuntos los guardias civiles) declaró el 16 de marzo de 2016 la incapacidad permanente para el servicio, a consecuencia de atentado terrorista por insuficiencia de condiciones psicofísicas del actor como guardia civil.
Hubo otros informes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y de la Junta Médico Pericial de las Fuerzas Armadas sobre distintos daños sufridos por el guardia civil, con distintos porcentajes de discapacidad.
Desde el 1 de mayo de 2016 este guardia civil cobra una pensión de retiro por actos de terrorismo
Rebaja al 30%
Los informes de discapacidad se revisan periódicamente. El 2 de octubre de 2019, la sanidad de Castilla y León dictó una resolución que modificó el grado de discapacidad reconocido al guardia civil.
Del 33% se la rebajó al 30% por limitación funcional en MSI por tendinopatía de etiología no filiada (valoración parcial 3%), trastorno de la afectividad por trastorno adaptativo de etiología no filiada (valoración parcial 20%), hipoacusia leve por pérdida neurosensorial de oído de etiología traumática (valoración parcial 8), grado de limitación de la actividad 29%, y factores sociales complementarios 1 punto.
Por debajo del 33% no hay ayudas
La ley establece distintas ayudas según el grado de discapacidad. A partir del 33%, hasta el 65%, los afectados pueden acogerse a exenciones fiscales en impuestos como el IRPF, el IVA de algunos productos, el de Circulación, el de Matriculación… y reciben ciertos beneficios a la hora de acceder a empleos públicos, viviendas y el bono social para pagar la luz.
Sin embargo, por debajo del 33% de discapacidad no se concede ninguna prestación.
Por tanto, ese cambio de porcentaje afectaba sensiblemente a este guardia civil herido en el atentado de ETA contra la casa cuartel de Burgos.
Demandó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, y tuvo éxito: el Juzgado de lo Social número 1 de Burgos anuló la resolución que rebajaba la discapacidad al 30%, y se la mantuvo en el 33%.
“No existe mejoría”
La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La Sala de lo Social del tribunal no aceptó los argumentos de la gerencia. Rechazó modificar el relato de hechos probados de la sentencia de instancia. La juez de lo Social había considerado que “no existe la mejoría en el actor apreciada en el expediente administrativo”, y concretamente, que los servicios sociales y sanitarios de Castilla y León no habían aportado “elemento probatorio alguno que permita llevar a cabo la reducción del porcentaje pretendida” en cuanto al grado de discapacidad.
La sentencia del TSJ parte “inalterado relato de hechos probados de la sentencia y de las apreciaciones de igual carácter realizadas en la fundamentación jurídica”, y de ello resulta “que el trastorno psiquiátrico que sufre el impugnante es crónico y supone alteraciones que se mantienen en la misma situación que cuando se concedió el porcentaje inicialmente reconocido”.
De ahí que desestime el recurso de la Junta de Castilla y León y confirme el grado de discapacidad del 33% para el guardia civil recurrente.
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Piden a Interior reservar el 5% de las plazas para el CNP a discapacitados en la próxima oferta
Consideran que hay múltiples trabajos, especialmente los que se realizan en oficina, que pueden ser realizados sin ningún tipo de impedimento por personas con algún grado de discapacidad | El objetivo es luchar contra la discriminación latente en la sociedad
por E.F. 28/01/2022
La Agrupación Reformista de Policías (ARP), con presencia nacional y también en Ceuta, se ha dirigido al ministro del Interior solicitando que "de forma urgente" considere su propuesta y eleve su traslado al Gobierno de la Nación para que se dicten las medidas oportunas para que "en la próxima convocatoria del Consejo de la Policía, a través de su Comisión de Personal y Proyectos Normativos, la Dirección General de la Policía proceda y apruebe la reserva del 5% de plazas en la próxima oferta de empleo público para el acceso a la Policía Nacional a personas con discapacidad".
Así lo ha informado ARP a través de nota de prensa agregando que, "como sindicato reformista y progresista, nos debemos a unos valores y principios acordes del siglo XXI, defendemos los derechos de los ciudadanos y policías que demandan de los poderes públicos reformas de calado en esta institución policial, la cual no puede permanecer por más tiempo estática, hierática ante ese sentimiento de cambio que se palpa en el conjunto de la sociedad".
La organización sindical considera que la discapacidad es una circunstancia presente en la sociedad y que, lamentablemente, dicha circunstancia es motivo de discriminación. En ese sentido recuerdan que el artículo 49 de la Constitución indica que “los poderes púbicos realizarán una política de visión, tratamiento, rehabilitación, e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que en ese título otorga a todos los ciudadanos".
"La Policía Nacional dispone de varias Comisarías Generales en las que un funcionario/a puede desempeñar distintos puestos de trabajo por especialidades, algunas más operativas que otras, todas importantes y dispone de un amplio abanico de puestos de trabajo", analizan desde el sindicato. Con ello defienden que "todos los policías no tienen por qué ser GEO o GOE". Reconocen que hay muchos puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personas con discapacidad tales como la Oficina de Denuncias, Policía Científica, Oficina de Documentación de Españoles y Extranjeros, Archivo, Secretaría, Sala del 091, Guías Caninos, Información, Participación Ciudadana. "Inclusive tras una valoración de aptitud física, hay personas con discapacidad física que pueden realizar funciones operativas sin limitación alguna con prótesis robóticas", considera la organización.
Sustentan esta demanda, además, en experiencias ya conocidas porque "ya se han producido actuaciones judiciales como la obligación de reservar plazas a Policía Local y Bomberos a personas con discapacidad en la Junta de Andalucía, y en uno de sus ayuntamientos, Córdoba".
"En el caso de Policía, entiende que hay cabida en las tareas de auxilio al ciudadano o que hay actividades como las de los agentes-tutores que imparten charlas preventivas para jóvenes (drogas, ciberacoso o nuevas tecnologías) que perfectamente se pueden acometer por estas personas con discapacidad, ya que de lo que se trata por esta organización, es de buscar soluciones audaces e imaginativas como las que propone la Agrupación Reformista de Policías", concluyen en su nota.
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Nos estamos volviendo locos? . . . que yo sepa el MIR tiene muchos funcionarios, que no son policías, para realizar labores que no son policiales, dentro de esos funcionarios, que pertenecen a la AGE, hay un turno de discapacidad. . . así que ese asunto está ya más que resuelto. . .
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La brutal paliza a Andrés, discapacitado: lo rodearon y lo han dejado casi sin visión a puñetazos
La Policía investiga lo ocurrido para esclarecer cuántos fueron los agresores. El joven se recupera de manera favorable en el Hospital Puerta del Mar.
9 febrero, 2022 01:28
Domingo Díaz @DomiDiaz7
Lunes, 31 de enero. Andrés Jesús Maganzón va caminando por las calles de Jerez de la Frontera, en concreto por el barrio conocido como Estancia Barrera, para ir en busca de su primo. Escucha música en sus cascos y va cantando y bailando. Es un chaval simpático, 19 años, tiene discapacidad intelectual. De repente, un tipo se le acerca. Le dice de malas formas que se calle que va a despertar a su hija, le hace buylling y, junto a otros secuaces, le da una brutal paliza: le tienen que operar de un ojo, del que pierde visión, e intervenirle de la mandíbula.
Ha pasado poco más de una semana de aquello y Andrés continúa hospitalizado. No está siquiera en Jerez, sino en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, debido a los graves daños causados por quienes le atacaron.
Por el momento, su estado de salud va mejorando, aunque tiene ataques constantes de pánico. Está nervioso. Ni siquiera quiere salir del hospital, porque se siente inseguro. Sus familiares le tranquilizan, puede volver a Jerez, ellos le acompañarán.
La familia, aseguran ellos mismos en medios locales y regionales, está recibiendo amenazas de quienes le pegaron para que no denuncien. De cualquier forma, la policía ya está investigando el caso. Su hermana, con un bebé lactante, lo está pasando bastante mal a causa de todo el revuelo. La abuela y la madre de Andrés sólo piden justicia. "Me han marcado de por vida a mi niño", afirman ante los medios.
Esther conservaba toda su ropa y no le habían robado nada: la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis
Carlos Frías
Los investigadores tienen abiertas todas las líneas de investigación a la espera de que se conozca el resultado de la autopsia.
"Fueron unos moros"
La familia de Andrés rememora aquel día constantemente ante los medios de comunicación que dan difusión al caso. Cuando Raquel, madre del joven, atiende a EL ESPAÑOL está hastiada, sobrepasada por todo lo ocurrido.
El joven jerezano salió a las 15.45 horas de su casa en busca de su primo el pasado lunes. Iban a casa de la hermana de Andrés, a ver sus sobrinos pequeños.
Una hora más tarde, su primo hizo el camino a la inversa. Andrés no había llegado a su casa. La madre comenzó a llamarle, pero no le cogía el móvil. Según contó la progenitora en medios locales, fue a su hermana a quien le respondió: "Saray, me han dado una paliza".
Raquel fue entonces a recoger a su hijo y lo llevó al hospital. Allí le hicieron una placa y le dijeron que no tenía nada roto. Todo parecía normal, pero Andrés empeoraba con el paso de las horas.
A la mañana siguiente, tocaba ir a comisaría a denunciar. Lo primero que contó el joven es que fueron "unos moros" quienes le habían pegado en la zona de Madre de Dios, cuyos límites se difuminan con el barrio donde le golpearon.
Su madre insistía en que le contara todo lo que ocurrió y descubrió la verdad. La primera versión corría a cargo de los propios agresores. Le habían dicho a Andrés lo que tenía que decir o volverían a por él. El joven tenía miedo y por eso contó aquello, pero al final se llenó de valor.
Mientras tanto, la salud de Andrés empeoraba. La Policía aconsejó a la madre que le llevara al hospital. Y una vez allí, ella pidió un TAC. Aunque los médicos no andaban por la labor, según la progenitora, finalmente se le realizó la prueba. Lo siguiente fue una llamada al Hospital Puerta del Mar de Cádiz: el joven tenía que ingresar de urgencia allí el día siguiente por la mañana.
Le operaron del ojo y, mientras su salud mejora, esperan otra intervención en la mandíbula. Esta segunda se hará una vez que Andrés esté mejor. Y, mientras, la Policía sigue buscando a los agresores.
Lo ocurrido
Andrés iba por la calle cantando, con los cascos puestos. Iba en busca de su prima, pero se cruzó en el camino de varios malhechores. Un individuo le dijo que se callara, que le iba a despertar a su hija. A partir de aquí, la narración se vuelve trágica.
Jerez Televisión hace viral un vídeo con la versión de los hechos contada por la madre.
"Lo acorralaron subiendo la cuestecita en una plazoletita muy pequeña. Allí estuvieron metiéndole (puñetazos), le sacaron un cuchillo y fue una brutal paliza. Alguien les gritó viene la policía y lo dejaron. Se acercó un chaval y empezó a reanimar a mi hijo. Pero como era mentira que venía la policía, la familia de los individuos, al ver que reaccionó Andrés, le dieron unas gafas, los sinvergüenzas, para que no dijeran que se las habían partido", narra Raquel, que se rompe durante el relato.
La familia pide justicia. "Lo que le han hecho en la cara, que se pague. Cómo han abusado de un niño, esa paliza tan grande y el socorrerlo… Tanto por los individuos como la familia, porque algunas familias estaban metidas en esto. Ni a un animal se le hacen estas cosas", dice Raquel en un vídeo viral que corre como la pólvora de Jerez TV.
Buscando a los agresores
La madre de Andrés Jesús Maganzón habla con EL ESPAÑOL en la tarde de ayer. Asegura que su hijo está mejor y que la policía, a la que está muy agradecida por la labor realizada, está investigando lo sucedido. "Me gustaría que los que hicieron esto ya estuvieran en prisión, pero hay que esperar a que los agentes hagan su trabajo".
Desde la Policía Nacional de Jerez no confirman que se tenga localizado a ninguno de los agresores. Aunque la familia ha expuesto en varios medios que sabían quienes eran, los agentes apuestan por la prudencia, ya que la investigación sigue en curso.
Todos los estamentos de Jerez están con Andrés. Francisco Zuasti, edil no adscrito al Ayuntamiento, ha denunciado lo ocurrido. "Tenemos que parar esto".
El concejal, que el pasado 27 de enero tomó cargo como el primero con una gran discapacidad en el Ayuntamiento de Jerez, piensa que lo ocurrido "pone de manifiesto el acoso y casos de bullying que sufren las personas con discapacidad".
"No es un caso aislado", apunta. Según recoge un informe de la Fundación ONCE y el CERMI, alrededor del 80% de los jóvenes con discapacidad ha sufrido alguna vez bullying. El mismo refleja que un 32,7% de los alumnos asegura sentirse siempre aislado, rechazado o excluido por el resto de los compañeros. 27,5% co
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El fraude de las tarjetas de aparcamiento para discapacitados: "Las falsifican o utilizan las de fallecidos", denuncia la Policía Municipal
LUIS F. DURÁN
MADRID
Actualizado Miércoles, 4 mayo 2022 - 00:47
Solo en tres años se han denunciado por el equipo de Documentoscopia de la Unidad de Policía Judicial a 300 personas que se enfrentan hasta dos años de prisión y a multas de 3.000 euros.
El fraude en las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida (TEPMR) sigue al alza en la capital. La Policía Municipal de Madrid ha denunciado en los últimos tres años a 300 personas por este engaño que puede acarrear hasta penas de dos años de prisión y 3.000 euros de multa. Los encargados de verificar la autenticidad o falsedad de estos distintivos son los agentes del Servicio de Documentoscopia Forense (SEDOFOR) pertenecientes a la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial que dirige el intendente de la Policía Municipal, Jesús María García Cortijo. En este departamento trabajan 11 experimentados agentes que cuentan con un laboratorio para examinar los documentos requisados. Son un referente en investigaciones judiciales, su trabajo es incesante y disponen de un laboratorio portátil para desplazarse a cualquier lugar si es necesario, incluso a un juzgado.
Las TEPMR, cuyo uso está regulado en el artículo 88 de la Ordenanza de Movilidad, permiten estacionar en zonas reservadas a vehículos de personas con discapacidad, así como en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). También facilitan el libre acceso a la zona de bajas emisiones y el estacionamiento en las zonas de carga y descarga. En la actualidad, hay alrededor de 60.000 permisos de este tipo en Madrid que se renuevan cada cinco años.
Cuando los agentes de un coche patrulla descubren en la calle una tarjeta que le ofrece dudas, se incautan del título y realizan un acta de intervención cautelar. La tarjeta se remite mediante una cadena de custodia a Documentoscopia de la Policía Municipal donde se examina para comprobar su posible falsedad.
El engaño más común al que se enfrentan los agentes es el uso indebido de una tarjeta válida por otra persona que no tienen ese derecho. En ese caso, los conductores pueden incurrir en un delito de falsedad documental siempre que haya un perjuicio. «Es lo que exige el tipo penal, si no hay perjuicio se queda en una simple infracción administrativa. El perjuicio es, por ejemplo, que por culpa de ese fraude un discapacitado no haya podido aparcar en esa plaza», explica uno de los mandos de la exclusiva unidad.
«Lo más habitual es ver a personas que siguen utilizando la tarjeta de una persona fallecida. Van al centro y saben que no van a pagar el SER y aparte no están pagando las tasas... Están ocasionando un quebranto económico al Ayuntamiento», explica otro de los policías.
El segundo caso más frecuente son los documentos íntegramente falsos. Son reproducciones exactas de tarjetas TEPMR que inducen a un error sobre su autenticidad al agente actuante. «Hay gente que hace copias, las recorta, las plastifica y las pone detrás del parabrisas. Siempre que induzcan a un error es un delito penal», enumera otro policía. El tercer supuesto es el uso de tarjetas originales a las que se les modifica la fecha de caducidad, a tenor de los agentes.
También han descubierto que hay grupos que roban estar tarjetas de los coches para revenderlas en el mercado negro o falsificadores que realizan tarjetas a personas que no tienen ningún tipo de discapacidad.
Los agentes cuentan en la unidad con un amplio catálogo de todas las tarjetas TEPMR que hay en España debido a que cada municipio cuenta con su propia tarjeta. «Todas deben ajustarse a la normativa europea, aunque luego cada una tiene un sello distinto y hologramas diferentes», agrega otro agente.
Aparcar en Madrid es cada vez más complicado y la Policía Municipal calcula que casi el 50%de las plazas de movilidad reducida pueden ser utilizadas de forma ilegal. Por eso, la vigilancia de esas plazas se refuerza a diario y las autoridades aseguran que, si se demuestra que el engaño es con la complicidad del propio discapacitado, se le retira a éste la tarjeta de dos a cinco años.
En sus últimas intervenciones los agentes han descubierto a un grupo de albañiles que aparcaba la furgoneta en plazas para personas con movilidad reducida con la tarjeta de un pariente y a la familia de un hombre con minusvalía en prisión que también utilizaba el distintivo para estacionar en Carabanchel en las mismas plazas reservadas para discapacitados.
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Más de 24 millones para adaptar las plazas de discapacitados en Madrid: "El 95% de ellas no cumplen la norma
DANIEL SOMOLINOS
Madrid
Actualizado Jueves, 11 agosto 2022 - 01:20
El Ayuntamiento estudiará las 14.000 plazas que hay en la capital, adecuando las que lo requieran, aunque desde FAMMA exigen "más disuasión, pintando todo el perímetro" de las mismas
El presidente de FAMMA, Javier Font, junto a una plaza PMR.
El presidente de FAMMA, Javier Font, junto a una plaza PMR.
JAVI MARTÍNEZ
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"Queremos evitar eso que siempre nos dicen cuando nos ocupan los aparcamientos para personas con discapacidad: 'Disculpe, pero no lo había visto'". Cansados de que el Ayuntamiento de la capital "no hiciera caso", la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA) decidió llevar ante la Fiscalía una denuncia en la que pedían que se investigara la responsabilidad del Consistorio por discriminación y vulneración de derechos respecto a la gestión de las plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida (PMR).
Las diligencias abiertas fueron archivadas, pero han servido para que, en boca del presidente de FAMMA, Javier Font, el Ayuntamiento "despierte".
El equipo de Almeida se ha marcado de plazo hasta 2026 para estudiar las 14.000 plazas PMR que existen en la capital y, en aquellas que sea necesario, adaptarlas a la normativa de accesibilidad universal. Desde el Área de Obras y Equipamientos apuntan a este diario que el precio de adecuar cada plaza sería, de media, 1.745 euros, estimando unos 24,4 millones de euros en caso de tener que rehabilitar todas.
"La mayoría de ese dinero será para obra civil. La norma dice que tiene que haber un espacio accesible a la acera para bajar por el lado del copiloto, evitando posibles atropellos si salimos por otros flancos. Diría que el 95% de las plazas actuales no cumplen este requisito por una mala gestión", desgrana Font.
"UNA EVIDENTE SEÑALIZACIÓN"
A los rebajamientos de bordillo, que facilitarán el día a día a estos ciudadanos, hay que sumarle una correcta señalización, tanto vertical (las señales de chapa) como horizontal, dejando claro en el suelo que esa plaza es específica.
Y aquí surge otro de los grandes problemas que denuncia FAMMA, tal y como señala Font. Ellos quieren que todo el perímetro de la plaza esté pintada, pero, "como hay libre interpretación de la norma, el Ayuntamiento sólo pintará un cuadro en el centro de 120 x 120 centímetros, alegando que así se evitarán deslizamientos".
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El presidente de FAMMA, Javier Font, saliendo de su vehículo.
El presidente de FAMMA, Javier Font, saliendo de su vehículo.JAVI MARTÍNEZ
"¿Para que no nos resbalemos? Se ríen de nosotros, es una tomadura de pelo porque existe pintura especial, antideslizante, como la utilizada en los centros comerciales donde todo el área está coloreada. Es una contradicción, y a nosotros no nos ayuda... Queremos que se fomente la disuasión y que no se ocupen de manera ilegal esas plazas".
Font evoca que, en un principio, sus únicas reclamaciones giraban en torno al tema de pintar el perímetro de los aparcamientos reservados. Una "evidente" señalización, pero como sus peticiones cayeron en saco roto "decidimos ir a por todo y exigir también la obra civil".
EN SEPTIEMBRE VOLVEREMOS A LA FISCALÍA
"Si nos hubieran hecho caso sólo habrían tenido que gastar unos 300 euros por pintar cada plaza, lo que da un total de unos cuatro millones, y no los 24,4 estimados... Imagina el ahorro", sostiene Font, quien avisa de que a la vuelta de verano volverán a ir a la Fiscalía para ver qué dicen sobre el cumplimiento del 2%: "La ley obliga a que el 2% de las plazas en la vía pública estén reservadas para personas con movilidad reducida, algo que no se cumple en absoluto, en la actualidad, en Madrid".
Desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento apuntan a este diario que en Madrid hay 146.095 plazas de estacionamiento regulado, "las únicas que están contabilizadas", y que de ellas "4.120 son PMR". "Cumplimos con la legislación vigente y estamos por encima del mínimo establecido, con una tasa del 2,82%", agregan.
Pero estas palabras no convencen a Font, que va más allá de la zona SER y exige que se cumpla esta ley en toda la ciudad: "Mienten mucho, es un auténtico desastre".
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El presidente de FAMMA, Javier Font.
El presidente de FAMMA, Javier Font.JAVI MARTÍNEZ
Respecto a lo de pintar todo el perímetro, desde el Área de Obras y Equipamientos explican que actuarán "ajustándose al a normativa" de accesibilidad. "Somos conscientes de las carencias que tienen las plazas PMR y nuestro compromiso con la accesibilidad es total. Ya hemos estudiado más de 400 de esas plazas para conocer sus necesidades e ir adaptándolas, el resto irán siendo adecuadas hasta 2026", concluyen.
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Pues si...hay normalizaciin a las buenas...a Echenique por su discapacidad.
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https://youtu.be/lfAiRMib1dU
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Detenidos cuatro jóvenes por apalear a otro con discapacidad en Calella
La víctima sigue ingresada en el hospital de la localidad tras ser operada de urgencia y haber perdido el bazo
NOELIA CARCELLER
29.09.2022 14:52 h.
2 min
Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro jóvenes por apalear a un joven con discapacidad durante la Fiesta Mayor de Calella el pasado fin de semana. Le dieron puñetazos y patadas, y le robaron la muleta que necesita para caminar, pues lleva una prótesis porque le falta una pierna.
A causa de las lesiones, la víctima tuvo que ser operada de urgencia y ha perdido el bazo. Hoy por hoy, el chico de 28 años todavía sigue ingresado en el Hospital de Calella.
Le tiraron al suelo y le apalearon
Según ha explicado la Ser Catalunya, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado, cuando el joven se distanció de la gente para ir al baño. En el entorno del campo de futbol, se cruzó con un grupo de chicos que le tiró al suelo. Tras caer, la víctima se dirigió al que le había empujado, mostrándole que llevaba una muleta. Después, llegó lo peor: “Cállate la boca, cojo de mierda”, le respondió uno de los acusados.
De repente, tal como avanza ese medio, el joven se vio rodeado de cinco adolescentes --de entre 18 y 19 años-- que lo tiraron al suelo, entre dos vehículos, y golpearon. Según los testigos, “no pararon hasta que los separaron de la agresión y dejaron a la víctima inconsciente en el suelo”. Después, huyeron corriendo.
En libertad provisional
Las agresiones le provocaron una hemorragia interna por la que ha perdido el bazo. Al día siguiente, cuatro agresores fueron detenidos y se denunció a otros cuatro.
Después de pasar a disposición judicial, el juzgado de guardia ha dejado a los cuatro principales investigados en libertad provisional con medidas cautelares. Deberán comparecer semanalmente ante el juez y tienen retirado el pasaporte.
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ESMASA dice que ambos tenían el mismo cargo
'A tortas' el día de su "jubilación" de ESMASA: "Mi jefe jerárquico inmediato me atizó una hostia con el móvil en la cara que flipé"
DANIEL SOMOLINOS
Madrid
Actualizado Domingo, 2 octubre 2022 - 01:51
El afectado posee una "discapacidad reconocida del 61%". Dice haber sufrido un "traumatismo facial leve" y denunció este hecho en comisaría
Tras ver en la página web del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que le había sido aprobada una "incapacidad permanente para el trabajo en el grado de total", Tomás Martín, a las puertas de sus 59 años, acudió a ESMASA, la empresa de limpieza municipal de Alcorcón donde trabaja desde hace 25 años, para informarse al respecto. "No sabía si tenía que firmar algún documento, es la primera vez, y espero que la última, que me jubilo".
Tras solventar sus dudas y despedirse de algunos compañeros, salió de la nave y allí se encontró a "mi jefe jerárquico inmediato". "Es un subencargado. Quise preguntarle qué hacer con algunas cosas que pertenecían a la empresa, como mandos de puertas. Le interpelé si podíamos hablar, pero siguió andando sin hacerme caso", comienza a relatar Martín, quien insistió en dialogar con esta persona.
"Me dijo que no tenía tiempo, de forma chulesca, a lo que contesté: 'Desde luego eres un impresentable'. Qué menos le podía decir... En ese momento se puso agresivo verbalmente, me pegó un empujón en el pecho que casi me tira y, sin mediar más palabra, me atizó una hostia con el móvil en toda la cara que flipé".
A partir de ahí, Martín le agarró del cuello "como acto reflejo" llegando a levantar el puño, dice, pero no le devolvió el golpe. "Me clavó el puente de las gafas en la nariz, me dobló la patilla... he tenido la cara dolorida una semana". Tras llamarle "hijo de puta", el agredido acudió a Urgencias, donde estimaron que tenía un "traumatismo facial leve", y acto seguido a la comisaría a presentar una denuncia, donde también se encontró a su agresor. "Habría hablado con el abogado de ESMASA y le recomendaría que pusiera una contradenuncia. Yo soy el agredido, pero me demanda él", explica con incredulidad.
"LOS DOS ERAN CAPATACES", DICE ESMASA
Sin posibilidad de hablar con el presunto atacante, desde ESMASA, en boca de su director general de servicios a la ciudad, Santiago Anes, le quitan hierro al asunto. "Es un incidente que tienen dos trabajadores en la calle, como los hay todos los días en todos los sitios y de hecho se han denunciado el uno al otro, no tiene más", apuntan, dejando claro que el suceso se ha producido "entre dos capataces": "Ninguno está por encima del otro. Además, la Seguridad Social le ha dado a Martín una incapacidad, que no una discapacidad, en teoría tiene una revisión en dos años. Por nuestra parte, hemos abierto expedientes sancionadores a los dos empleados, donde tendrán que explicarse con su derecho a defensa y a aportar pruebas".
Unas declaraciones que encienden más al agredido. "Mienten como bellacos. Él ha sido capataz, pero desde hace un par de años aproximadamente le hicieron a dedo encargado", declara, agregando que su situación de incapacidad es fruto de muchas dolencias, aunque la principal son sus «hernias discales". "Mi situación no tiene por qué revisarse dentro de dos años si consideran que mis patologías son graves, algo que por desgracia es así".
Martín especifica que ESMASA siempre ha tenido conocimiento de su condición de discapacitado. Actualmente tiene "reconocido un 61%", apunta, pero informó a la empresa "al año de entrar, cuando me reconocieron ya un 49%".
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Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), asegura los hechos acontecidos les preocupan sobremanera. "Ya ha habido otras malas experiencias con trabajadores con discapacidad, como en el año 2021 cuando se produjo un acosó a uno de ellos".
Es más, FAMMA lanzó esta semana una petición tanto a la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, como al presidente de ESMASA, Jesús Santos, para que investiguen las agresiones físicas a personas con discapacidad en la empresa, así como una reclamación a los distintos grupos municipales para que lleven a cabo una comisión de investigación para saber qué está ocurriendo en ESMASA con las personas con discapacidad.
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https://twitter.com/xavialias/status/1576828182203813889?t=DWHNwaWhKkmPnk6hLnnoCw&s=19
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El 'discapacitado' seguirá siendo 'disminuido' en la Constitución por la falta de acuerdos entre PP y PSOE
La reforma mínima de la Constitución está atascada en el Congreso con 55 ampliaciones de plazos de enmiendas y sin voluntad de pactos.
6 noviembre, 2022 04:14G
Fernando Garea @fgarea
La falta de acuerdos entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no sólo afecta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones. Supone también que las personas con discapacidad sigan siendo en la Constitución "disminuidos".
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El TSJ de Castilla y León absuelve a un cura de abuso sexual tras cuestionar el testimonio de la víctima por su discapacidad
La Sala ha revocado en su totalidad, y en apenas un mes y medio, la condena a seis años de cárcel para el sacerdote y su hermano que emitió en primera instancia la Audiencia Provincial de León
cura sacerdote iglesia católica católico
Elisabet Alba
16 de noviembre de 2022 15:19h
Actualizado el 16/11/2022 16:42h
@eliialba
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) resuelve con extraordinaria rapidez, en apenas un mes y medio, el recurso de un sacerdote y su hermano condenados en la Audiencia Provincial de León a seis años de cárcel por abuso sexual continuado a un joven de 26 años con una discapacidad reconocida del 64%.
Condenados un cura y su hermano a seis años de prisión por abusar de un joven con discapacidad
SABER MÁS
La Audiencia Provincial consideró probado que el cura “empezó a tocar” a la víctima “sus partes íntimas por encima de la ropa” y a “masturbarle hasta eyacular”, y que su hermano –teniendo constancia de la actuación del sacerdote– también le masturbó y, “al menos en una ocasión”, “intentó penetrar analmente” a la víctima, sin éxito debido a la negativa del joven. Los hechos, que se juzgaron en primera instancia el pasado mes de junio, tuvieron lugar en 2018 en la localidad leonesa de Carrizo de la Ribera.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aduce, ante el recurso de la defensa, que “no se acepta el relato de los hechos” y la sustituye por completo. Pone en cuestión la verosimilitud del testimonio del denunciante y utiliza su discapacidad para argumentar, textualmente, que “un intelecto como el examinado”, el de la víctima, es “capaz de fabular una historia acoplándola a la realidad y creyendo haber sido el protagonista de la misma, sustituyendo de ese modo la veracidad de lo sucedido por lo representado en su propia imaginación”. Y añade que, “otras personas cercanas le han podido sugerir lo que ellos pensaban que había sucedido”.
La Sala acusa al denunciante de tener un “nivel [intelectual] considerablemente inferior al promedio de la población”, por lo que considera que “la credibilidad es muy baja”, y asegura que “no consta que a consecuencia de los hechos narrados [el supuesto abuso sexual continuado] le resten secuelas o trastornos de ningún tipo”. “La conclusión que se extrae”, zanja el presidente del TSJ, José Luis Concepción Rodríguez, “es que ha faltado a la verdad”, por lo que “esta Sala no es capaz de alcanzar una plena convicción en orden a la culpabilidad de los recurrentes” y los absuelve de ir a prisión, así como de la indemnización económica de 6.000 euros por daño moral a la víctima que se les había impuesto en primera instancia.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
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Ramiro ya se había jubilado.
Una mujer, a juicio por asfixiar a su pareja metiéndole bolsas de plástico en la boca
Por Jorge G. García
18 de noviembre de 2022, 11:07 CET
Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid. Carlos Luján / Europa Press
Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid. Carlos Luján / Europa Press
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La Fiscalía solicita 22 años de cárcel a la acusada de asesinar a su pareja, a quien taponó su boca introduciéndole varias bolsas de plástico fijadas en el interior con cinta adhesiva para impedir que respirara.
El hombre se desplazaba con muletas como consecuencia de un accidente de tráfico.
EUROPA PRESS La Fiscalía de Madrid solicita 22 años de prisión para una acusada de asesinar de su pareja, a quien taponó su boca introduciéndole varias bolsas de plástico, fijándolas en el interior con cinta adhesiva para impedir que respirase.
La mujer se aprovechó del "estado de debilidad física y precario estado de salud", debido a que el hombre se desplazaba con muletas como consecuencia de accidente de tráfico anterior.
El juicio se celebrará el próximo lunes en la Audiencia de Madrid. En concepto de responsabilidad civil el representante del Ministerio Público le reclama 175.000 euros para los familiares del fallecido.
La acusada, según la Fiscalía, mantuvo una relación sentimental con la víctima con quien convivía en una vivienda ubicada en Madrid. Entre las 12:16 y las 14:59 del 3 de marzo de 2018, la pareja mantuvo una discusión en dicho domicilio, en el curso de la cual, V. C. H. "prevaliéndose del estado de debilidad física y precario estado de salud" del hombre (con deterioro constitucional severo, cardiopatía isquémica revascularizada mediante triple by-pass y antecedentes de VIH y de fracturas vertebrales y costales fruto de accidentes de tráfico, por lo que se desplazaba con muletas), acabó con su vida.
La víctima, además, se encontraba "altamente" afectada por el consumo de alcohol, cocaína, metadona, cannabis y otras sustancias psicoactivas. Pese a que todas estas circunstancias que le privaban de cualquier capacidad de reacción necesaria para repeler el ataque, "taponó su boca introduciéndole varias bolsas de plástico, fijándolas en el interior con cinta adhesiva transparente ocluyendo boca y nariz, impidiéndole respirar".
Como consecuencia de ello, el hombre falleció por asfixia mecánica por la citada oclusión de la vía aérea por las mencionadas bolsas de plástico. La acusada fue detenida el día 23 de octubre de 2018, decretándose su libertad provisional el día 25 de octubre de 2018 por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid, situación en la que permanece en la actualidad.
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Gracias a Dios, porque increíble que semejante hijo de puta no fuese expulsado.
Ramiro ya se había jubilado.
Una mujer, a juicio por asfixiar a su pareja metiéndole bolsas de plástico en la boca
Por Jorge G. García
18 de noviembre de 2022, 11:07 CET
Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid. Carlos Luján / Europa Press
Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid. Carlos Luján / Europa Press
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La Fiscalía solicita 22 años de cárcel a la acusada de asesinar a su pareja, a quien taponó su boca introduciéndole varias bolsas de plástico fijadas en el interior con cinta adhesiva para impedir que respirara.
El hombre se desplazaba con muletas como consecuencia de un accidente de tráfico.
EUROPA PRESS La Fiscalía de Madrid solicita 22 años de prisión para una acusada de asesinar de su pareja, a quien taponó su boca introduciéndole varias bolsas de plástico, fijándolas en el interior con cinta adhesiva para impedir que respirase.
La mujer se aprovechó del "estado de debilidad física y precario estado de salud", debido a que el hombre se desplazaba con muletas como consecuencia de accidente de tráfico anterior.
El juicio se celebrará el próximo lunes en la Audiencia de Madrid. En concepto de responsabilidad civil el representante del Ministerio Público le reclama 175.000 euros para los familiares del fallecido.
La acusada, según la Fiscalía, mantuvo una relación sentimental con la víctima con quien convivía en una vivienda ubicada en Madrid. Entre las 12:16 y las 14:59 del 3 de marzo de 2018, la pareja mantuvo una discusión en dicho domicilio, en el curso de la cual, V. C. H. "prevaliéndose del estado de debilidad física y precario estado de salud" del hombre (con deterioro constitucional severo, cardiopatía isquémica revascularizada mediante triple by-pass y antecedentes de VIH y de fracturas vertebrales y costales fruto de accidentes de tráfico, por lo que se desplazaba con muletas), acabó con su vida.
La víctima, además, se encontraba "altamente" afectada por el consumo de alcohol, cocaína, metadona, cannabis y otras sustancias psicoactivas. Pese a que todas estas circunstancias que le privaban de cualquier capacidad de reacción necesaria para repeler el ataque, "taponó su boca introduciéndole varias bolsas de plástico, fijándolas en el interior con cinta adhesiva transparente ocluyendo boca y nariz, impidiéndole respirar".
Como consecuencia de ello, el hombre falleció por asfixia mecánica por la citada oclusión de la vía aérea por las mencionadas bolsas de plástico. La acusada fue detenida el día 23 de octubre de 2018, decretándose su libertad provisional el día 25 de octubre de 2018 por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid, situación en la que permanece en la actualidad.
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La crueldad de unos alumnos de secundaria: atacan a un chico con síndrome de Down y lo graban en vídeo
CARLOS MANZANO
Barcelona
Foto: Redes sociales
13/12/2022 22:13
Actualizado 13/12/2022 22:13
Unos estudiantes de secundaria atacan a un chico con síndrome de Down de forma injustificada en los baños de la escuela, lo graban en vídeo y después hacen una difusión extrema hasta que se acababa haciendo viral en las redes sociales. El cruel y deplorable suceso ha tenido lugar en el centro de educación secundaria de la comunidad de York d'Elmhurst, en los suburbios de Chicago (Illinois, Estados Unidos). ¡"A por él!", gritaban en la grabación, mientras otros de los presentes les pedían que acabaran con los golpes y risas. El joven agredido, para intentar huir de ellos sin enfrentamiento, se esconde en uno de los lavabos y cierra la puerta, tras las golpes y empujones que le hicieron caer al suelo en varias ocasiones. Las imágenes han trascendido y desde la dirección del colegio han informado a los padres, según ha adelantado el Chicago Tribune.
Altercado físico contra un estudiante con discapacidad
Los funcionarios de la escuela han explicado, a los padres y a la prensa local, que al ver el vídeo se enteraron de un "altercado físico agresivo de un estudiante hacia otro con discapacidad". La superintendente del centro Keisha Campbell aseguró este domingo en un correo electrónico a los progenitores que un grupo de espectadores miró y reír mientras tenía lugar la agresión. "Estamos profundamente decepcionados y entristecidos por las acciones de este pequeño grupo de estudiantes. El acoso escolar, la intimidación y el acoso disminuyen la capacidad de aprendizaje de un estudiante y la capacidad de educación de la escuela", expresó la directiva escolar, según el medio citado. "Estos comportamientos no se toleran y cualquier estudiante que opte por participar en estos comportamientos se enfrentará a las consecuencias adecuadas", sentenció.
De hecho, la escuela de los suburbios de Chicago ya ha empezado a impulsar acciones al respecto. Más allá de avisar a los padres, entrevistó a los alumnos para saber quién o quién no participó en la vejación pública y grabada en vídeo en los baños de la institución educativa. El estado de Illinois, en los Estados Unidos, está estupefacto y conmocionado por las imágenes. Tanto es así que se ha abierto una petición popular en Internet en la que solicitan firmas para acabar con el bulling escolar. En estos momentos supera los 7.000 registros. El instituto continúa con su investigación interna con respecto a este incidente y han señalado que no pueden ser tolerados este comportamientos. Sin embargo, muchos padres aseguran no haber recibido el correo electrónico con las explicaciones tras el acoso a uno de los estudiantes.
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https://twitter.com/infayd/status/1603504959646998550
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Que paliza se merecen esos hijos de puta.
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https://twitter.com/bcnlegends/status/1608224526063616000?t=iHEWukyKA_slvnOqidntFw&s=19
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La Guardia Civil detiene a un hombre por maltratar a su padre de 80 años
02/01/2023
La Guardia Civil de Valencia ha detenido en Bétera a un hombre por maltratar a su padre de 80 años, quien presentaba múltiples limitaciones que imposibilitaban que pudiera valerse por sí mismo para sobrevivir. Según declaraciones de los vecinos, el anciano llevaría años sufriendo vejaciones, golpes e insultos.
Esta situación, según los vecinos, llevaba años produciéndose, no siendo denunciada ante las autoridades policiales por miedo y falta de pruebas. Este hecho cambió a comienzos del mes de diciembre, cuando uno de los vecinos pudo grabar con su teléfono móvil como el hijo insultaba, vejaba e incluso propinaba varios bofetones a su padre de 80 años de edad, que yacía tendido en el suelo sin poder defenderse y semidesnudo.
Cuando los agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de estos hechos, se iniciaron las oportunas gestiones para poder poner fin a esta situación de maltrato. Para ello, se dio cuenta a los Servicios Sociales de la localidad, quienes, en compañía del equipo técnico del Centro de Salud de Bétera, formado por Médico, Enfermera y Trabajadora Social, realizaron una primera intervención para valorar la situación del anciano.
Este presentaba una limitación total de la autonomía para las actividades instrumentales de la vida diaria, artrosis, ansiedad, incontinencia urinaria y de deposiciones y un deterioro cognitivo importante, siendo una persona totalmente dependiente para poder sobrevivir.
Por todo esto, se informa sobre la urgencia de ser ingresado en un centro, puesto que su hijo no se ocupa de sus cuidados y la vivienda no reúne las condiciones de habitabilidad necesarias, no disponiendo de baño ni de cocina. Además, la misma se encontraba repleta de heces, tanto animales como humanas.
Por todo ello, el 5 de diciembre del presente los agentes de la Guardia Civil de Valencia proceden a la detención del hijo de la víctima, un hombre de 51 años y de nacionalidad española, a quien se le atribuye un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Además, los agentes tuvieron conocimiento de que la misma mañana de la detención, el autor de los hechos se trasladó al Centro de Salud de Bétera para informarse sobre la posibilidad de internar a su padre y seguir cobrando él la pensión.
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Moncloa pacta con el PP una reforma quirúrgica de la Constitución ceñida al artículo 49
Félix Bolaños y Cuca Gamarra se han citado en la Cámara Baja para eliminar de la Carta Magna el término "disminuido". El Gobierno quiere consultar también al resto del arco parlamentario para no limitar el acuerdo a Génova
Foto: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la reunión con Cuca Gamarra en el Congreso (EFE/Zipi)
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la reunión con Cuca Gamarra en el Congreso (EFE/Zipi)
Por Ana Belén Ramos
25/01/2023 - 15:11
Gobierno y Partido Popular han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo para modificar el artículo 49 de la Constitución y dar respuesta al compromiso de sustituir en la Carta Magna el término "disminuidos" por "personas con discapacidad", una antigua reivindicación del sector en la que siempre ha existido un consenso aparente entre los dos grandes partidos, pero que sin embargo cuenta con años de retraso. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, han mantenido una reunión de algo más de una hora en la Cámara Baja, y han coincidido en que el acuerdo definitivo puede firmarse en las próximas semanas, una vez se haya trasladado la propuesta al resto de grupos parlamentarios para lograr un "amplio consenso" de la Cámara.
El PP acudía a la reunión con dos condiciones: que el nuevo texto tuviese como base el dictamen del Consejo de Estado; y que la reforma se limitase única y exclusivamente al artículo 49 de la Constitución, un extremo en el que Génova tenía serias dudas por la intención de los socios del Ejecutivo de aprovechar el melón abierto de la Carta Magna para 'colar' otras enmiendas. Por ejemplo, el PNV quería aprovechar el trámite para introducir en la Constitución el "derecho a decidir", así como introducir limitaciones a la inviolabilidad del Rey.
Foto: El portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
El PNV presenta una enmienda para incluir el derecho a decidir en la Constitución
EFE
No obstante, la cita ha finalizado con el compromiso de la Moncloa a "ceñirse" a la reforma del artículo referente a la discapacidad, comprometiéndose con el PP a que no aceptará enmiendas de sus socios que tengan que ver sobre cualquier otro asunto. Esta circunstancia tiene otra consecuencia, y es que Gobierno y PP no aprovecharán la reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano, una reclamación que, pese al consenso entre izquierda y derecha, se quedará fuera del proceso de apertura de la Carta Magna. El pasado verano, PP, PSPV-PSOE, Podem y Compromís dejaron una imagen poco usual en las Cortes Valencianas uniéndose para reclamar al Congreso de los Diputados que aprovechase la reforma de la Carta Magna para incluir un párrafo en la disposición adicional segunda que reconozca la capacidad legislativa en materia civil a todos aquellos territorios que tengan en sus estatutos esa competencia conforme a su derecho civil histórico o foral, una prerrogativa con la que ya cuentan Navarra, País Vasco o Aragón y por la que la Comunidad Valenciana lleva peleando años, de momento, sin éxito.
Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Javier Etxezarreta)
La guerra entre Sánchez y Feijóo anula el histórico compromiso con la discapacidad
Ana Belén Ramos
El ruido político y la guerra partidista se ha impuesto siempre en la consecución de un pacto de Estado que PSOE y PP siempre han defendido y reivindicado por separado. Cuando Feijóo llegó a la dirección de Génova, en abril de 2022, se comprometió a retomar este compromiso con la Moncloa, y llevó esta reivindicación a su primera cita oficial con Pedro Sánchez. Poco después, en junio, el líder del PP se presentó en la sede del Centro Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con ese compromiso bajo el brazo. Pero la primera reunión oficial en que se han constatado poderosos avances para alumbrar la reforma no ha llegado hasta este mismo miércoles. Gobierno y PP se culpan mutuamente de los retrasos en la tramitación de la modificación. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha recordado cómo los populares, bajo la dirección de Pablo Casado, ya presentaron en su día una enmienda a la totalidad y forzaron la devolución del proyecto cuando Sánchez quiso abrir ese melón. "Si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual, puede abocar a intentos de voladura de toda la arquitectura", justificó entonces el PP, poniendo de manifiesto su temor a que la introducción de lo que hoy califican como "enmiendas intrusas", y que hoy el Gobierno cierra la puerta a aceptar.
Foto: Sánchez y Feijóo, en uno de los plenos del Senado. (EFE/Fernando Alvarado)
Amplios sectores de la Justicia se mueven para forzar un pacto entre PP y PSOE tras las autonómicas
Beatriz Parera Iván Gil
"Nos felicitamos de que el PP haya cambiado de criterio y se avenga a reformar el artículo", celebraba Bolaños, que evidenció también su intención de que todos los grupos del arco parlamentario participen en esa modificación legislativa. El marco en que se mueve la Moncloa es el de evitar que el acuerdo sea concebido como un pacto de Estado entre PSOE y PP, para evitar otorgar a Feijóo el papel de 'socio' del Ejecutivo en esta cuestión. "Vamos a trabajar por un acuerdo amplísimo de la Cámara", reiteraba el ministro de Presidencia.
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El mensaje de la Policía sobre las tarjetas de aparcamiento PMR: «Hace falta Tarjeta, no JETA»
La Policía Local de Elche lanza un mensaje para evitar "confusiones" con respecto a las tarjetas de aparcamiento PMR
Manuel J. Ruiz Berdejo López Manuel J. Ruiz Berdejo López 23/01/2023 12:30 en Actualidad
En innumerable ocasiones hemos mencionado el mal o fraudulento uso que se hace de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR). Y es que el uso de estas personas va dirigido a aquellas personas con discapacidad o movilidad física a los que se les reserva una serie de plazas de aparcamiento en centro comerciales, estadios de fútbol, en la vía o cualquier parking con el fin de que ayudarles en materia de accesibilidad. Dichas plazas se caracterizan por ser más amplias y estar bien situadas.
Desde la Policía Local de Elche han lanzado un Twitter un mensaje claro para evitar «confusiones» en los aparcamientos para personas con movilidad reducida (PMR). En este caso, señalan que para hacer uso de la tarjeta de aparcamiento PMR, esta debe de ser original, para la que no son válidas fotocopias o reproducciones de la misma.
«Hoy trataremos de abordar una de las «confusiones» más extrañas que encontramos en la calle: en las plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida hace falta TARJETA, no JETA», recoge el Tweet de Policía Local de Elche.
Finalmente, concluye señalando que «la autorización PMR utilizada debe ser original, no son válidas fotocopias o reproducciones».
https://twitter.com/policiaelche/status/1614532972106891265?s=20&t=1_3oFbNFTLs3WGxF8Kd6aw
¿Quién puede solicitar la tarjeta PMR?
Recientemente, desde el Gobierno de Navarra elaboraron un listado con las personas que pueden solicitar la tarjeta de aparcamiento, e incluye a las personas que:
Utilicen necesariamente silla de ruedas
Utilicen dos bastones para andar
Presenten conductas agresivas o de difícil control, a causa de deficiencias psíquicas que dificultan la utilización de medios normalizados de transporte
Aquellas que tengan como mínimo 7 puntos en el baremo de movilidad reducida
Además, también las pueden pedir aquellas personas que muestren en el ojo con mayor agudeza visual una visión igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados menos.
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Por otro lado, pueden solicitar las tarjetas provisionales aquellas personas que presenten movilidad reducida. Aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida y que no le permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.
Temas: aparcamiento PMRdiscapacidadmovilidad reducidatarjeta PMR
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¿Cómo debe ser un perro de asistencia para personas con discapacidad?
Los perros de asistencia suponen una gran ayuda para determinadas personas con discapacidad o colectivos necesitados de especial apoyo
Manuel J. Ruiz Berdejo López Manuel J. Ruiz Berdejo López 22/01/2023 10:00 en Actualidad
Los perros de asistencia son esenciales en la vida de muchas personas con discapacidad
Los perros de asistencia son esenciales en la vida de muchas personas con discapacidad | CANVA
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Multa de 1.500 euros por utilizar una tarjeta PMR fotocopiada a color
Andalucía a la vanguardia en sostenibilidad en FITUR 2023
COGAMI lanza un plan para hacer más visible las demandas de las personas con discapacidad
Un 78,9% de personas aseguran que “su mascota” es un miembro más de la familia. Incluso para el 9,4% es el ser más importante dentro del núcleo familiar. Así lo recoge un estudio. Según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), el número de mascotas registradas asciende a los 13 millones, de los cuales algo más de 7 millones son canes. Y dentro de estos, encontramos a los perros de asistencia que ayudan a las personas con discapacidad.
Por ello, desde la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC, se pone en valor la labor de los perros de asistencia. Además, explican la necesidad que supone la ayuda de estos animales para determinadas personas con discapacidad o colectivos necesitados de especial apoyo, así como qué tipos de perros de asistencia existen.
«Según la ley, un perro de asistencia es aquel que ha sido individualmente entrenado para realizar labores en beneficio de una persona con discapacidad. Por ello, este animal debe recibir un entrenamiento específico por parte de personas o instituciones especializadas y reconocidas legalmente, vigilándose que no sea una nueva explotación más de los canes, desde su cría, selección, entrenamiento y convivencia, que debe hacerse creando una relación respetuosa». Así lo detalla Nuria Máximo, directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC.
Por ello, la relación con los perros de asistencia promueve la mayor calidad de vida e independencia de determinados sectores de la sociedad que tienen reconocida una discapacidad física, psíquica o sensorial como la ceguera o sordera o necesidades médicas específicas como la diabetes, la epilepsia o la narcolepsia. Estas personas, además, deberán:
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La Policía Local imputa a un conductor por falsedad documental por uso fraudulento de la tarjeta de movilidad reducida
16/02/2023 | Seguridad Ciudadana, Tráfico
Además existen 12 conductores a los que se les ha interpuesto denuncias administrativas por uso indebido, algunos de estos casos se interpusieron por llevar en el vehículo tarjetas caducadas y en otras ocasiones por llevarlas titulares distintos a los registrados en el ayuntamiento
La Policía Local de Mérida ha imputado a un vecino de la ciudad un delito de falsedad documental por uso fraudulento de la tarjeta de personas con movilidad reducida.
Además, la Policía informa que se encuentran en fase de investigación por el mismo motivo otros ciudadanos. A esto hay que sumar 12 denuncias que se han interpuesto por la vía administrativa por un uso indebido de las tarjetas de personas con discapacidad. Algunos de estos casos se interpusieron por llevar en el vehículo tarjetas caducadas y en otras ocasiones por llevarlas titulares distintos a los registrados en el ayuntamiento.
Desde la Policía Local se pide colaboración a las y los ciudadanos para que sean conscientes que las plazas de movilidad reducida y su uso son fundamentales para muchas personas de la ciudad, por lo que se perseguirá a aquellos que no hagan un uso reglamentario de las mismas.
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Piden 13 años para un acusado de violar varias veces a una compañera: ambos son discapacitados
Por Luis M. García
23 de abril de 2023, 09:58
Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial de Palma / Europa Press
Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial de Palma / Europa Press
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El Ministerio Fiscal señala que la violó tres veces cogiéndola con fuerza del pelo y las manos o tirándola al suelo. También se realizaba tocamientos frente a ella.
Agresor y víctima tienen reconocida una discapacidad superior al 40% y estaban empleados en un centro especial.
Culpable de asesinato con alevosía por matar a un joven discapacitado.
EUROPA PRESS La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca celebra este jueves desde las 9.30 horas la vista previa del juicio contra un hombre, para quien se reclaman 13 años de prisión, acusado de violar a una compañera de un centro especial de trabajo.
Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a la primera mitad del año 2016, mientras el encausado y la víctima, ambos con una discapacidad reconocida superior al 40%, estaban empleados en un centro especial.
En su relato, el Ministerio Fiscal señala que en al menos tres ocasiones, el hombre aprovechaba que se quedaban solos en el centro para violarla cogiéndola con fuerza del pelo y las manos o tirándola al suelo. En otras ocasiones, el encausado se realizaba tocamientos frente a la víctima, que por estos hechos ha sufrido secuelas psicológicas.
El hombre está acusado de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a víctima especialmente vulnerable. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público pide orden de alejamiento durante 20 años y ocho años de libertad vigilada.
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Castro Urdiales detecta el uso fraudulento de 100 tarjetas de movilidad reducida
Más de 60 de estos distintivos están a nombre de personas fallecidas
SER Asón
24/07/2023 - 11:43 h CEST
Castro Urdiales (Cantabria)El fraude en las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida se encuentra al alza. La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha puesto en marcha un nuevo procedimiento para controlar el buen uso de estos distintivos, un trabajo de colaboración con el departamento de Informática y la Policía Local, en constante comunicación con la Asociación de Personas con Discapacidad.
El modus operandi de este fraude es, en algunos casos, el de usar la tarjeta de una persona fallecida, ya que este tipo de documentos se renuevan cada cinco años.
La concejala responsable, Leticia Mejías, explica que se ha detectado casi un centenar de tarjetas que podrían estar siendo usadas de manera irregular.
Objetivos
El objetivo de esta actuación es concienciar sobre la necesidad de cumplir la Ordenanza Municipal para concesión y uso de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Entre las actuaciones de este procedimiento está la entrega a domicilio, por parte de auxiliares de la Policía, de notificaciones instando a la devolución de las tarjetas mal utilizadas.
Requisitos
Las tarjetas de movilidad reducida son tramitadas por los ayuntamientos cuando el titular solicitante aporta informe favorable donde consta expresamente que supera el baremo de movilidad reducida exigido para concederla.
La tarjeta, de uso personal e intransferible, autoriza a la persona titular o persona autorizada a estacionar el vehículo en algunas zonas donde el resto de conductores no pueden hacerlo. Específicamente, se podrá aparcar en las plazas reservadas para personas de movilidad reducida y, además, en otros espacios como zonas azules, zonas de carga y descarga e islas peatonales (siempre que el estacionamiento no ocasione molestias ni peligro para el resto de usuarios).
La Policía Local recuerda que el uso fraudulento de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida puede conllevar importantes sanciones económicas.
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Una mierda de ley.
https://youtu.be/c-X_9uRQJ_Q?si=MNorZUjP-ZUd1Gu8
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Esto es lo de siempre, los de los pisos altos quieren ascensor, las personas con movilidad reducida también, pero los de los pisos bajos no, al final, como siempre, el problema son las derramas, nadie quiere pagar, sobre todo los que dicen que solo suben cuatro escalones. . .
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La Junta no logra reducir las “demoras inadmisibles” para el reconocimiento de la discapacidad en Andalucía
Pese a la entrada en vigor en enero de 2022 de una nueva normativa destinada a paliar la tardanza en resolver expedientes, muchos superan los dos años de espera según alerta el Defensor del Pueblo Andaluz
Javier Ramajo
15 de diciembre de 2023 19:58h
Actualizado el 16/12/2023 05:30h
En enero de 2022 entraba en vigor en Andalucía una nueva normativa destinada a regular la organización y las funciones de los nueve centros de valoración y orientación de personas con discapacidad en Andalucía. Dos años después no ha variado mucho la cosa y los tiempos de respuesta para la valoración y revisión del grado de discapacidad siguen padeciendo unas “demoras inadmisibles” de hasta más de dos años de espera, a lo que se une “una falta de información sobre qué hacer y la desesperanza de no saberse asistido”, según concluye una actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz. Como media en Andalucía, sólo desde la solicitud hasta la asignación de cita pasan 477 días, según datos de 2021. Los dos últimos años la situación ha empeorado, según tiene constatado el Defensor.
El organismo dirigido por Jesús Maeztu, a la luz de su investigación y de la respuesta de la Consejería de Inclusión Social de la Junta, ha considerado conveniente iniciar quejas de oficio dirigidas a cada una de las ocho delegaciones territoriales con competencia en la materia. El Defensor tiene en cuenta los problemas trasladados en las quejas que viene recibiendo así como en los informes recibidos, la dilatada normativa y las actuaciones implementadas, “sin que se aprecie desde esta Defensoría una disminución de los tiempos para emitir resoluciones”, afectando de forma dispar a unas provincias con respecto a otras.
Recuerda el Defensor Andaluz que detrás de cada uno de los expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad se encuentran situaciones personales que requieren la mencionada resolución para acceder a determinados servicios públicos como son las prestación no contributiva de invalidez del sistema de seguridad social, prestación familiar por hijo o descendiente a cargo, desgravaciones fiscales, exención o bonificación en impuestos, complementos salariales, cualificación en el acceso al sistema de garantía de ingresos mínimos, estatal o autonómico, acceso a puestos de trabajo con reserva específica o cupo reservado para participar en procesos selectivos en el ámbito del empleo público, entre otras.
Las dilaciones, “lejos de mejorar”
Las medidas de discriminación positiva que permitan potenciar su igualdad material, permitir su integración social y facilitar la accesibilidad universal no tienen cabida sin ser reconocido el grado de discapacidad de cada persona solicitante, reflexiona el Defensor, que insiste en que es responsabilidad de los órganos gestores de la discapacidad adoptar las medidas necesarias para que se cumplan los plazos conforme la normativa de referencia. Sin embargo, “se aprecia una dilación que excede en muchos meses a los tiempos establecidos tanto para el reconocimiento de valoración inicial como de revisión”.
“Lejos de mejorar o cuanto menos estabilizarse, van en incremento” las dilaciones en las resoluciones de discapacidad, bien sea la inicial o la originada por los expedientes de revisión, dice el Defensor, que viene preocupándose desde hace años por esta cuestión. Son diversos los factores cocausantes de los retrasos, algunos residenciados en los propios Centros de Valoración (de personal y de procedimientos de gestión) y otros achacables al incremento de la demanda de la ciudadanía, explica la resolución.
Ya en enero de 2022, cuando entraba en vigor la nueva normativa, la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión indicaba al Defensor el “intenso esfuerzo” que por su parte se realizaba para obtener refuerzos estructurales de recursos humanos, tanto mediante la cobertura total de las plazas vacantes como a través de la actualización de la “desfasada” Relación de los Puestos de Trabajo. La Junta, incluso, solicitaba entonces el apoyo del Defensor para hacer valer esas cuestiones ante las consejerías competentes en materia de Hacienda y Administración Pública.
Máximo de seis meses, según normativa
Hace poco más de un año, la Junta proporcionó al Defensor del Pueblo Andaluz los datos actualizados comprendidos desde 2019 hasta 2021 sobre tiempos medios de respuesta para la valoración y revisión del grado de discapacidad. Desde la solicitud hasta la asignación de cita pasa tiempo medio de 776 días en Málaga en 2021 (344 en 2019), 506 días en Cádiz en 2021 (334 en 2019) o 460 días en Sevilla en 2021 (293 en 2019), como los ejemplos con mayores tardanzas. En Sevilla, el número de expedientes afectados en 2021 era ya de casi 3.000. En el total de Andalucía, casi 10.000 expedientes se encontraban afectados.
Sin datos de 2021 pero el Defensor ha constatado que “2022 ha sido una anualidad en la que se ha reproducido el recrudecimiento en el volumen de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo Andaluz en materia de discapacidad, continuando esta situación en 2023”. “Son abrumadoras las demoras inadmisibles en la respuesta de los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad, tanto en lo referido a las solicitudes de valoración inicial de la discapacidad o de revisión del grado”, resume la resolución, que concluye sin dudar que “hay personas que han esperado o están sufriendo dilaciones superiores a los dos años, cuando se prevé en la norma de referencia seis meses hasta dictar resolución”.
La Junta, sabedora de la situación, ya había aprobado la Instrucción 2/2021 de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión sobre Procedimientos de Valoración y Utilización de Trámites en los Centros de Valoración y Orientación que recoge, entre otras cuestiones, un plazo máximo de tres meses para dictar la resolución del grado de discapacidad en supuestos específicos: menores (especialmente entre los 0 y los 6 años), personas con enfermedades neurodegenerativas y solicitudes de pensión no contributiva, entre otros.
Asimismo, una segunda reforma normativa de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad vio la luz al borde de expirar el año 2022 en forma de Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, que, entre otras cuestiones de diversa índole, adoptaba medidas de carácter extraordinario y urgente en materia de simplificación de los procedimientos de atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
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Las demoras en conseguir un grado mínimo del 33%....porque como te califiquen por debajo y no estés de acuerdo entonces te toca acudir a tribunales en, seguramente, dos vueltas, y eso demorará la concesión dos o tres años como mínimo a añadir a esa media de 477 días.
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13.000 policías nacionales se vuelcan en apoyo de las personas con discapacidad
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U
02 ENE 2024 10:26H MADRID
SERVIMEDIA
Más de 13.000 agentes de la Policía Nacional demuestran tener una sensibilidad especial hacia las personas con discapacidad. Lo demuestra el hecho de pertenecer a la Asociación a favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional (Amifp). Su objetivo es “apoyar y ayudar” a este colectivo, que representa al 10% de la población, y además concede ayudas directas a 350 integrantes para tratamientos, rehabilitación y ocio rehabilitador.
Uno de ellos es Julio Lucas, policía jubilado de 73 años. “Tengo el 35% de discapacidad por un problema de corazón, por el que me operaron dos veces. Pero mi pertenencia a la asociación me ha ayudado, sobre todo, a cuidar de mi padre, que tuvo Alzheimer y asistí durante tres años en casa. También a cuidar de mi mujer, que falleció recientemente de una enfermedad neurodegenerativa denominada Steiner, que es una especie de ELA, aunque más suave”, explica en una entrevista a Servimedia.
Su caso es excepcional, ya que se trata de una persona muy positiva, que nunca ha entrado en depresión ni tiene trastornos de salud mental, a pesar de todas las dificultades a las que se ha enfrentado en la vida.
Además, él pudo seguir trabajando el Cuerpo sin ningún tipo de adaptación de su puesto de trabajo, a pesar de su grado de discapacidad. “Estuve unos seis meses de baja; luego tuve que cambiar la alimentación, porque el ejercicio físico ya lo hacía. Seguí trabajando en la Unidad de delincuencia económica, algo que me ha apasionado, y prácticamente al mismo ritmo”.
Este agente de policía madrileño ya jubilado atesora 50 años de experiencia: “Entré muy joven como inspector y a los 20 años ya estaba en la calle”. Dos décadas enteras las ha pasado en la Unidad de delincuencia Económica. Pero sus años como cuidador han sido para él un ‘curso acelerado’ en discapacidad severa.
Julio Lucas, con una amiga en la Rivera Sacra | Foto cedida por el protagonista
Por ello, Julio Lucas se apuntó a todo tipo de cursos para cuidadores y solicitó toda la ayuda posible a la Amifp, y también del Ayuntamiento de Madrid, para poder asistir a sus familiares con discapacidad. “La cabeza se le va a uno después de ocho años como cuidador. Por eso hay que tener los apoyos necesarios para seguir adelante”.
El truco que utiliza Julio Lucas para tener la cabeza bien amueblada es ser socio de multitud de asociaciones culturales, musicales o deportivas: “Pertenezco a la Asociación de Amigos de la Capa, canto en dos corales, juego en el equipo de mi barrio, soy socio de dos clubes gastronómicos…”, relata, todo ello, sin olvidar su pertenencia a la Asociación a favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional.
Reconoce que desde que se ha quedado viudo, sus actividades “se multiplican” y ello le ayuda a tener una vida saludable, especialmente cuando se trata de “ayudar a los demás”.
AYUDA A LA DISCAPACIDAD DESDE 1982
La Asociación nació de la inquietud de un grupo de funcionarios de policía que querían luchar por la defensa de los derechos e intereses de sus hijos e hijas con discapacidad.
“Era 1982, aún quedaba un camino por recorrer. El año pasado celebramos el 40 aniversario y llevamos ya 41 años de andadura”, señala Andrés Torquemada, director gerente de Amifp, quien calcula que el 10% de las personas con discapacidad que existen en España podría extrapolarse al Cuerpo, aunque no existen cifras oficiales que lo confirmen.
En un principio, se crea para ayudar a los miembros de la Policía Nacional que tienen a su cargo una persona con discapacidad. En algunos casos, el cónyuge, pero sobre todo son los hijos; y el último término ayuda al propio policía al que le ha sobrevenido una discapacidad, que suelen ser pocos, según la Asociación.
Actividad con personas con discapacidad de la asociación | Foto de Amifp
Torquemada subraya que la fuente principal de ingresos “proviene de las cuotas que desinteresadamente aportan más de 13.000 policías nacionales”, aunque también la entidad se presenta a "proyectos a todo tipo de convocatorias públicas y privadas".
Añade que la asociación es algo “especial y diferente”, ya que al ser una entidad sin ánimo de lucro, funciona en toda España y está abierta a más tipos de socios, incluso a personas con discapacidad que no son policías nacionales, que son "unos 180 socios en toda España".
“Atendemos a todo tipo de discapacidad. Nosotros tenemos dispersión geográfica porque nuestros beneficiarios están por toda España y, además, atendemos la discapacidad tanto intelectual o del desarrollo, como física orgánica y sensorial”, destaca el director gerente.
Además, la Asociación, en colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, ha logrado formar a 7.000 policías en cuestiones relacionadas con la discapacidad, gracias a un bloque de contenidos que barema dentro del Plan de Formación Anual. "Así los agentes saben actuar de una forma más correcta al tratar en su día a día a una persona con discapacidad, tanto si ésta es víctima como si es un presunto agresor".
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El debate de la reforma constitucional para eliminar el término 'disminuido' arranca hoy en el Congreso
El debate de la reforma constitucional para eliminar el término 'disminuido' arranca hoy en el Congreso
Vista general del hemiciclo
- CONGRESO
El sector de la discapacidad pide el "máximo consenso"MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Congreso debatirá este martes 16 de enero sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad" para tomarla en consideración y aprobar su tramitación por el procedimiento de lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.
Como acordaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la modificación se llevará a cabo por la vía exprés y sin que se acepten cambios en otros artículos, aunque Sumar ya tiene anunciadas al menos dos enmiendas. Asimismo, el jueves 18 debatirá las enmiendas que se hayan presentando, sean de totalidad con texto alternativo o parciales para modificar el articulado, y para aprobar la iniciativa y remitirla al Senado.
Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos".
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
Esta reforma pretende cambiar la redacción a "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas". "Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio", se añade.
Además, en el segundo punto constará: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".
En 2018 hubo un primer intento de reforma que contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara. En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción con discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante.
VOX NO APOYARÁ LA REFORMA
El objetivo del PP y PSOE es que la reforma se apruebe por unanimidad. Sin embargo, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha avanzado este lunes en rueda de prensa que su formación no la apoyará.
En esta línea, ha apuntado que no ve oportuno "abrir el melón" de una reforma de la Carta Magna "en un momento en el que los enemigos de España", en referencia a las formaciones separatistas, "son socios de Pedro Sánchez".
López (PSOE) ante la reforma del artículo 49: "La obligación que nos ha impuesto la sociedad española es el diálogo"
En todo caso, Garriga no ha aclarado si sus compañeros del Congreso votarán 'no' o abstención este martes y jueves cuando la reforma se debata en el Pleno.
Según ha señalado, la posición de Vox puede resumirse en un "sí, pero no así", pues si bien ha defendido que su partido mantiene un "compromiso total y absoluto con las personas con discapacidad y dependientes", no ve pertinente hacer ahora ese cambio constitucional.
EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD PIDE "MÁXIMO CONSENSO"
En este sentido, el sector de la discapacidad también pidió recientemente que se adopte la reforma con el "máximo consenso" y "sin ningún tipo de fisuras. "Tras una larga espera, es el momento de las personas con discapacidad", indicaba el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que destacaba que esta reforma debe centrarse "única y exclusivamente" en esta cuestión, "de enorme importancia".
"Es un avance para el país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España", exponía.
Al CERMI se unió la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) que pedía "celeridad", así como la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que recalcaba que "los grupos parlamentarios tienen la responsabilidad y el deber de sacar adelante la reforma del artículo 49".
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxi Queiruga, subrayaba que "es el momento de llegar al máximo consenso posible para todo lo que afecta a las personas con discapacidad".
Igualmente, la Plataforma del Tercer Sector solicitaba a los grupos políticos que la reforma se centre "exclusivamente" en esta cuestión, que entiende como "un avance de país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España".
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Para Vox los discapacitados deben seguir siendo disminuidos...de nota.
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Y la mujer en casa con la pata quebrada. . .
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32 noes....de Vox.
Vergonzoso.
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Para sus votantes disminuidos no. . .
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Condenado un político de Vox en Palencia por llamar "puto cojo" y golpear a un hombre con discapacidad
La sentencia, que se puede recurrir ante la Audiencia de Palencia impone al concejal y diputado provincial una multa de 450 euros como autor de un delito leve de maltrato de obra
Ricardo Carrancio / VoxPalencia
Redacción
Radio Palencia
26/01/2024 - 05:43 CET
PalenciaEl Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Palencia ha condenado al concejal de VOX en el ayuntamiento de la capital y diputado provincial, Ricardo Carrancio, al pago de una multa de 450 euros como autor de un delito de maltrato de obra por llamar "puto cojo" y golpear a la altura del pecho con la mano a un hombre que tiene una discapacidad del 35 por ciento y una movilidad reducida de siete puntos. Contra la sentencia se puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia de Palencia.
Según la resolución judicial a la que ha accedido Radio Palencia en las últimas horas, los hechos ocurrieron en abril de 2023, cuando Ricardo Carrancio todavía no ostentaba los cargos que desempeña en la actualidad, aunque ya había sido designado candidato al Ayuntamiento de Palencia por VOX. El condenado paseaba con su perro por el parque del Salón e increpó al denunciante que también paseaba a su can llevándolo suelto. Se da por probado que le dijo que era un "puto cojo" y que le golpeó a la altura del pecho con la mano.
Crucial ha sido el testimonio de un trabajador de un restaurante ubicado en la zona en la que ocurrieron los hechos. En el juicio confirmó que había escuchado como el denunciado se dirigió al denunciante llamándole "puto cojo de los cojones". El político denunciado quiso restar veracidad a la declaración del camarero con el argumento de que había llamado varias veces la atención por la terraza, presentando alguna queja.
En la sentencia se destaca que el denunciado "actuó molesto o enfadado porque el denunciante llevaba a su perro sin atar, lo que al parecer no era la primera vez que acontecía" La magistrada-juez entiende que los testigos del ahora condenado "poco o nada han aportado". Se viene a determinar que los dos testigos no llegaron a presenciar los hechos. Se recuerda en la resolución que el maltrato de obra es un término que en el derecho penal hace referencia a cualquier agresión física hacia una persona, sin producir lesiones. Este delito leve comprende todas aquellas conductas que atentan contra la integridad física de las personas y que no requieren de una asistencia facultativa médica, ni siquiera de primera asistencia, siendo el bien jurídico protegido no la salud, sino la dignidad de la persona.
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Confirman la prisión permanente para Beatriz, la viuda negra que estranguló a su marido discapacitado
El Supremo descarta que actuara por petición de la víctima y concluye que la crueldad del asesinato no se corresponde con un suicidio asistido.
31 de enero 17:55 31 de enero 17:57
(https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1hyOCm.img?w=768&h=432&m=6&x=263&y=188&s=465&d=465)Isaac y Beatriz, víctima y condenada, en una imagen.
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de prisión permanente impuesta a Beatriz, la mujer que asesinó en 2019 a su marido, que padecía una enfermedad degenerativa que le provocaba parálisis; enterró el cuerpo en una fosa cavada en una parcela de Godelleta, en Valencia, y lo cubrió con piedras y sosa cáustica.
Los magistrados rechazaron el argumento de que la acusada actuó por petición de la víctima para llevar acabo un suicidio asistido toda vez que le mató de forma "cruel". El cuerpo de Issac, marido de la condenada, fue hallado en junio de 2020.
La Sala de lo Penal concluyó que "los hechos declarados probados permiten afirmar sin duda alguna" que la mujer "no participó ejecutivamente en el suicidio de su marido, sino que decidió acabar con su vida".
[El Arzobispado de Valencia se retira del caso de Don Alfonso, el cura asesinado, porque no es familia directa]
En la sentencia, recogida por Europa Press, el tribunal recalcó "el modo, cruel, en que se causó la muerte". Además, consideró que "el sofisticado plan de ejecución trazado y el modo en que se pretendió deshacer del cadáver" evidencian que tenía una "intención homicida" que se aleja de la "compasión" y el "respeto por la autonomía y la dignidad personal" que caracterizan al suicidio asistido.
Nadie de su entorno podía imaginar que aquella mujer amable y dulce con la que se casó a cambio de cuidados Isaac, un exagente de Policía Local de Catarroja, a 9 kilómetros de Valencia, acabaría cometiendo un terrible crimen y enterrándolo en una finca sin llegar a deshacerse si quiera de la silla de ruedas que utilizaba.
Según estimó la Fiscalía, Beatriz lo enterró en una finca de Godelleta, un municipio situado a unos 50 kilómetros de la casa donde residían, que había alquilado poco antes de los hechos. El tribunal del jurado que juzgó estos hechos afirmó en su veredicto que la acusada le suministró a la víctima una pastilla para que se durmiera, bajo el engaño de que el medicamento era para calmar el dolor.
Con su marido dormido, Beatriz se fue hasta la finca que había alquilado, donde habría abierto una bombona de butano en el coche con el hombre en su interior con la intención de que muriera.
No obstante, como el hombre no falleció, poco después Beatriz le puso un cordón de zapatos alrededor del cuello hasta estrangularle. La investigación determinó que durante el estrangulamiento, Isaac se revolvió contra la acusada y le golpeó en la cara y en el cuerpo para salvar su vida.
A continuación, Beatriz tiró el cadáver de su marido en una fosa del terreno alquilado y lo cubrió con tierra, piedras y productos químicos. Durante meses, la procesada simuló que la víctima seguía con vida y mandaba mensajes desde su teléfono móvil para pedir a la familia que no le buscaran.
"Lo siento mucho, pero no voy a volver a casa. Cuando pase algo os avisarán de inmediato, es decisión mía y solo mía, y debéis respetar mi voluntad". Este es el mensaje que supuestamente escribió Isaac a su mujer cuando desapareció el 1 de diciembre de 2019 tras acompañarlo al barrio valenciano de La Luz.
Beatriz interpuso una denuncia por abandono del hogar y aseguró que lo acompañó para asistir a la fiesta de cumpleaños de un compañero del centro de día para personas con discapacidad al que acudía regularmente. Pero Issac nunca llegó a la celebración.
Seis meses después, en junio de 2020, la Policía Nacional detuvo a Beatriz. Los agentes la siguieron hasta el terreno que había alquilado: una parcela vallada y sin edificación alguna, al final de un camino de una urbanización de Godelleta.
Allí se entrevistaron con sus propietarios y confirmaron las sospechas. Beatriz ni siquiera se deshizo de la silla de ruedas eléctrica que necesitaba su marido para desplazarse y localizaron su cadáver.
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La acusada del crimen de su marido en Godelleta en el juicio celebrado en Valencia.
La acusada del crimen de su marido en Godelleta en el juicio celebrado en Valencia.
© Proporcionado por El Español
Eutanasia en Suiza
Desde el primer momento, la mujer trató de convencer a los investigadores de que la desaparición de su marido había sido voluntaria y de que llevaba un tiempo planteando su deseo de morir por su dolencia irreversible e incurable.
Según consta en las actuaciones, Beatriz declaró que entre junio y julio empezó a buscar información para ir a Suiza y que su marido estaba interesado en la eutanasia. En 2019, en España no estaba legalizada esta práctica y allí podía someterse a su voluntad sin poner en riesgo a sus familiares o amigos.
Además, según explicó, descubrió en el buscador del teléfono móvil de su marido que había estado mirando formas para quitarse la vida. .
Entre esta información que la esposa trasladó a la Policía también aparecían ensayos clínicos, el divorcio después de la muerte o "cómo desaparecer". Incluso puntualizó que pidió a un familiar que trabajaba en una funeraria que le diera presupuesto de cuánto costaba una incineración.
Pero los familiares dudaron de esta versión desde el principio e interpusieron una segunda denuncia por desaparición uno días después, el 5 de diciembre de 2019.
El hijo, condenado
El hijo de Beatriz, entonces menor de edad, ya fue condenado a finales de 2021 por ayudar a su madre a matar a su padrastro.
La Justicia le impuso una pena mínima de dos años de internamiento y la sentencia determinó que el adolescente actuó bajo la falsa creencia de que su madre cumplía con la voluntad de su marido, según la sentencia publicada por Levante-EMV.
El menor convivía con Isaac y Beatriz y, en ocasiones, con los otros dos hijos de la víctima en un piso de la avenida Ausiàs March de Valencia propiedad de Bea. El menor confesó su participación en el enterramiento y dijo que ayudó a su madre porque pensaba que Isaac había solicitado que le practicaran algo parecido a la eutanasia.
La autopsia reveló que Isaac tenía tierra en los pulmones, por lo que todo apunta a que aún estaba con vida cuando lo enterraron. Según declaró el hijo de Beatriz, su madre estaba empeñada en dejar morir a su marido y usó los cordones de sus zapatillas para estrangularlo.
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Vox expulsa a un concejal de Palencia condenado por insultar y golpear a un discapacitado
Historia de EFE • 10 h
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, formado por tres concejales, ha expulsado al edil Ricardo Carrancio, condenado por insultar y golpear a una persona con discapacidad, a quien se refirió como "puto cojo", por falta de lealtad, engaño y traición al grupo. "Se merece salir indignamente porque indignamente se ha comportado", ha manifestado a EFE la portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, quien ha confirmado que al finalizar el pleno municipal de este jueves su grupo ha decidido expulsarle.Lalanda ha asegurado que la actitud de Ricardo Carrancio, concejal y diputado provincial, durante el pleno de este jueves ha sido "lamentable e impresentable". El pleno ha aprobado, con los votos a favor del PSOE y de IU-Podemos, y la abstención del PP y Vox, la moción presentada por Izquierda Unida-Podemos para pedir la reprobación y la dimisión del concejal de Vox Ricardo Carrancio, condenado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Palencia por un delito de maltrato de obra.Los hechos ocurrieron en abril de 2023 cuando Ricardo Carrancio, que todavía no era concejal ni diputado provincial, estaba paseando con su perro por un parque de Palencia, cuando increpó a un hombre con una discapacidad y movilidad reducida por llevar suelto a su perro diciéndole que era un "puto cojo" y golpeándole a la altura del pecho con la mano.
La sentencia, que se puede recurrir, da por probado que Carrancio había actuado molesto o enfadado porque el hombre llevaba a su perro sin atar, que le golpeó con la mano sin causarle lesiones y que se refirió a él diciendo que era un "cojo de los cojones". La moción ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE e IU-Podemos) y la abstención del PP y de Vox, grupo éste al que pertenece el concejal reprobado que ha rechazado entregar su acta como concejal y diputado provincial.
"Si entregara mi acta estaría dando consentimiento a unos hechos que no cometí y que yo mismo repruebo", ha explicado durante el pleno. Carrancio ha recordado que es un concejal de Vox no afiliado al partido y ha considerado "especialmente gravosos" los comentarios de la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sonia Lalanda, a la que ha acusado de perseguir sus intereses personales a costa de los suyos.Durante el pleno Sonia Lalanda ha trasladado su decepción asegurando que Carrancio ha puesto a Vox en una situación muy desagradable, y le ha pedido que presente su dimisión y que abandone el Grupo Municipal para evitarle "la indignidad de tener que ser expulsado". Lalanda le ha acusado de "deslealtad, engaño, instrumentalización del grupo municipal Vox, traición y falta de compañerismo", y le ha pedido que abandone inmediatamente el Grupo Municipal de Vox apelando a su conciencia y honor y asegurando que no alcanza el mínimo exigible para representar a los ciudadanos.
Vox pide que se convoque la comisión de seguimiento del pacto de gobierno en la región tras la llegada de 13 menores no acompañados. Por su parte, el Partido Popular asegura que no se ha incumplido el acuerdo
Vista su negativa a renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento y la actitud que ha tenido a lo largo de la legislatura con sus dos compañeros de grupo, finalmente y a la salida del pleno han acordado expulsarle, como ha confirmado a EFE Sonia Lalanda. Sin embargo, Vox no puede expulsar a Carrancio del partido porque no es afiliado y no está sometido al Comité de Garantías del mismo ni se le puede sancionar.Durante su intervención en el pleno Carrancio, antes de ser expulsado del grupo municipal de Vox, ha advertido que "si no es acompañado, seguirá como edil independiente, no afiliado a ningún partido". Además ha asegurado que, aun acatando la sentencia, rechaza tajantemente su fallo porque "nunca" ha proferido "expresiones difamatorias contra nadie y menos contra una persona discapacitada".
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Un hombre mata de un golpe a otro por quitarle el aparcamiento para personas con discapacidad en Alzira
CARLOS MANZANO
Barcelona
Foto: Google Street View
Jueves, 29 de febrero de 2024
2 min
Agresión mortal en Alzira, València. Un hombre de 37 años y nacionalidad colombiana ha matado, supuestamente, de un golpe a otro de 62 y nacionalidad española, tras una discusión de tráfico en el municipio valenciano. La Policía Nacional ha detenido al individuo que propinó un puñetazo a la víctima, que había tenido previamente una discusión con la mujer del atacante por una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad para la que ella no tenía la tarjeta correspondiente para estacionar. Los hechos tuvieron lugar este martes por la tarde, alrededor de las seis y media, en la calle Ramón y Cajal.
En un principio, la Policía Nacional detuvo al hombre de 37 años por propinar "un fuerte golpe" al sexagenario, que cayó al suelo y tuvo que ser ingresado en el Hospital de la Ribera en estado crítico. De hecho, se encontraba en muerte cerebral desde primera hora de este miércoles y, según ha avanzado el diario Levante-EMV, ha fallecido este jueves poco después de las diez y media de la mañana. Al parecer, se desplomó en el suelo tras el puñetazo, con una brecha en la cabeza y esto le provocó la pérdida de mucha sangre y un derrame cerebral que, finalmente, le ha provocado la muerte. Mientras esto sucedía, el supuesto autor material de los hechos huía corriendo en dirección contraria.
Así acabó la discusión de tráfico por una plaza para personas con discapacidad
Todo comenzó como una discusión de tráfico sin más relevancia. Una mujer había estacionado en una plaza de aparcamiento reservada para discapacitados y, la víctima, al verla, le preguntó si tenía la tarjeta correspondiente para dejar allí el vehículo -como tenía él. Parece que no le gustó ese cuestionamiento y, según han apuntado varios medios locales, esto derivó en una discusión verbal y finalmente la mujer abandonó el lugar al carecer de dicho permiso para aparcar. El sexagenario dejó el coche y se fue a casa tranquilamente, dado que residía en un edificio cercano a la calle Ramón y Cajal.
Una hora más tarde, el sexagenario volvió a su vehículo y allí le estaba esperando la mujer con la que había discutido junto con su pareja, un hombre de 37 años. Ambos estaban esperándolo y, nada más llegar, recibió un puñetazo contundente por parte del ahora arrestado. Chocó contra la pared, se desplomó en el suelo, comenzó a desangrarse... todo ello mientras el agresor huía. Los vecinos bajaron a socorrer a la víctima mientras gritaban desde los balcones. Finalmente, ha fallecido este jueves por la mañana, según ha avanzado el medio citado.
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Que valiente. . .
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Mi mujer trata de aparcar dónde no puede y yo mató a una persona que le llamó la atención con razón.
Espero que se pudra en la cárcel por malnacido y por GILIPOLLAS.
DEP la víctima :Lazo_Negro
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Policía Local detecta el uso fraudulento de seis tarjetas asignadas a personas de movilidad reducida
Policía Local detecta el uso fraudulento de seis tarjetas asignadas a personas de movilidad reducida
Policía Local detecta el uso fraudulento de seis tarjetas asignadas a personas de movilidad reducida
- POLICÍA LOCAL
Europa Press Islas Baleares
@epbaleares
Las tarjetas estaban caducadas o manipuladas de diversas formas y una pertenecía a una persona ya fallecida
La sanción puede alcanzar los 6.000 euros por persona
PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Palma ha detectado el uso presuntamente fraudulento de seis tarjetas asignadas a personas con movilidad reducida, que habían caducado o sido manipuladas de diversas formas, perteneciendo una de ellas, incluso, a una persona ya fallecida, lo que puede suponer sanciones de hasta 6.000 euros por persona.
En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que, durante esta semana, agentes de la Unidad Motorizada procedieron a la retirada de seis tarjetas asignadas a personas de movilidad reducida, tras comprobar que sus usuarios no cumplían las condiciones que habilitaban para su uso.
Thank you for watching
En el marco del incremento de control de infracciones que afectan a las dificultades de movilidad que tienen las personas afectadas de diversidad funcional, se desarrolló en el estacionamento del hospital de Son Llàtzer, un control rutinario de utilización de espacios reservados para el aparcamiento de personas con movilidad reducida.
En el lugar los agentes detectaron seis tarjetas que presuntamente se estaban utilizando fraudulentamente.
Tras contactar con los conductores de los vehículos se comprobó que ninguno de ellos podía hacer uso de los distintivos. Uno correspondía a una persona ya fallecida y los otros presentaban algún tipo de manipulación o caducidad.
Todos los conductores fueron denunciados por infringir la Ley de accesibilidad de Baleares y las tarjetas intervenidas. Las sanciones pueden alcanzar los 6.000 euros.
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La Policía alerta del aumento de usos ilegales de tarjetas de discapacitados
Expertos advierten de la proliferación de este tipo de prácticas en Euskadi en unas jornadas sobre falsificaciones de documentos públicos
David S. Olabarri
Sábado, 4 de mayo 2024, 01:05
Unos 70 policías locales de Euskadi participaron ayer en Leioa en unas jornadas formativas sobre falsificación de documentos. El curso fue organizado por el jefe de la Policía Municipal de Leioa, Josu Uribe, y José Luis Minteguía, perito y docente en falsificación de la Asociación ...